1

FALANGES LOCALES, REPRESIÓN Y CONTROL SOCIAL EN LA CATALUNYA

RURAL INTERIOR DE POSGUERRA, 1938-1945

Josep Gelonch Solé

London School of Economics

La dictadura franquista, al igual que los otros regímenes fascistas y autoritarios

europeos del período de entreguerras, necesitó del apoyo de extensas bases sociales para

construir y consolidar el Nuevo Estado. En las dos últimas décadas se ha avanzado

cuantitativa y cualitativamente en un mejor conocimiento interno de la dictadura, en los

mecanismos de dominación, a través de numerosos estudios sobre las principales instituciones

políticas, centrales y periféricas, que nos han permitido conocer bastante al detalle el personal

político del régimen, a la vez que los canales de distribución y ejercicio del poder en las

provincias, la movilización de los apoyos sociales a través del partido único FET y de las

JONS, la represión sobre la que se sostuvo tantos años, etc.1 En los últimos años se ha venido

observando la aparición de destacados trabajos que han adoptado una perspectiva desde abajo

y con un marcado carácter social, que se han ocupado de las actitudes sociales de la

población, de las estrategias de supervivencia, de la corrupción económica o de la

delincuencia común durante la posguerra. Entre estos últimos han adquirido una notable

importancia aquellos estudios que han puesto énfasis en demostrar cómo el apoyo de las bases

sociales del franquismo permitió a los vencedores de la guerra edificar el Nuevo Estado

franquista sobre los ejes de la exclusión y la subordinación de los vencidos, cómo el control

social no fue impuesto de forma unidireccional de arriba abajo sino que dependió en buena

medida de la colaboración de los ciudadanos corrientes, cómo esta implicación y colaboración

1 Sin afán de ser exhaustivos, destacamos Á. CENARRO: Cruzados y camisas azules. Los orígenes del franquismo en Aragón (1936-1945), Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 1997; D. SANZ ALBEROLA: La implantación del franquismo en Alicante. El papel del Gobierno Civil (1939-1946), Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 1999; M. MARÍN: Els ajuntaments franquistes a Catalunya. Política i administració municipal, 1938-1979, Lleida, Pagès, 2000; M.C. RIVERO NOVAL: Política y sociedad en la Rioja durante el primer franquismo (1936-1945), Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2001; F. COBO / T. ORTEGA: Franquismo y posguerra en Andalucía oriental. Represión, castigo a los vencidos y apoyos sociales al régimen franquista, 1936-1950, Granada, Universidad de Granada, 2005; D. GONZÁLEZ MADRID: Los hombres de la dictadura. El personal político franquista en Castilla la Mancha (1939-1945), Ciudad Real, Biblioteca Añil, 2006; J. SANZ HOYA: La construcción de la dictadura franquista en Cantabria. Instituciones, personal político y apoyos sociales (1937-1951), Santander, Universidad de Cantabria, 2009.

2

activa en la represión y la venganza de posguerra resultó ser un elemento importante de

cohesión e integración de los vencedores.2

Sigue siendo todavía necesario recomponer muchas piezas del puzle que supone el

funcionamiento del régimen a escala local, la interacción entre el Estado y la sociedad que se

produjo a ras del suelo. Resulta necesario descender en profundidad a la realidad local, y

principalmente rural, para poder conocer cómo se articuló el entramado represivo del Nuevo

Estado y el papel ejercido en él por la Falange, porque, como anotaba Alfonso Lazo en su

retrato del fascismo rural sevillano, fue ahí, en los pueblos donde el control social y la

represión cotidiana ejercida por la Falange local fue más efectiva y más insoportable.3 Es

necesario hacerlo para empezar a conocer cómo funcionaba la maquinaria informativa de

Falange y la colaboración ciudadana, temas de los cuáles todavía sabemos poco, en contraste

con la historiografía internacional que, como señalaba José A. Parejo, ha puesto de relieve

con reveladores resultados la masiva e esencial participación de gente corriente en los

sistemas represivos de las dictaduras europeas de entreguerras.4 A semblanza de los partidos

fascistas europeos, al servicio de Información e Investigación de Falange le fueron atribuidas

unas funciones parapoliciales con amplias tareas, que actuó en colaboración con las fuerzas de

seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía.

Con esta comunicación nos proponemos analizar la participación de FET y de las

JONS en la represión y el control social durante la posguerra en la Cataluña rural interior y la

organización de sus tareas y cometidos a escala local. Lo abordamos a partir de los fondos

documentales provinciales y locales, básicamente leridanos, del partido único consultados en

archivos estatales, provinciales y comarcales. A pesar que resulta muy incompleta debido a

las destrucciones de los años setenta y que ha sido poco manejada hasta ahora por las

dificultades de consulta en los archivos municipales, la documentación de las Falanges locales

2 C. MIR: Vivir es sobrevivir. Justicia, orden y marginación en la Cataluña rural de posguerra, Lleida, Editorial Milenio, 2000; Á. CENARRO: "Matar, vigilar y delatar: la quiebra de la sociedad civil durante la guerra y la posguerra en España (1936-1948)", Historia Social, 44, 2002, pp. 65-86; C. MIR / C. AGUSTÍ / J. GELONCH (eds.): Pobreza, marginación, delincuencia y políticas sociales bajo el franquismo, Lleida, Universidad de Lleida, 2005; M.A. del ARCO: Hambre de siglos. Mundo rural y apoyos sociales del franquismo en Andalucía oriental, 1936-1951, Granada, Comares, 2007; Ó. RODRÍGUEZ BARREIRA: Migas con miedo. Prácticas de resistencia al franquismo. Almería, 1939-1953, Almería, Universidad de Almería, 2008; A. CABANA: Xente de Orde. O consentimiento cara ao franquismo en Galicia, Santa Comba, tresCtres, 2009; P. ANDERSON: The Francoist Military Trials: Terror and Complicity, 1939-1945, Londres, Routledge, 2010. 3 A. LAZO: Retrato de fascismo rural en Sevilla, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1998. 4 J. A. PAREJO FERNÁNDEZ: "Fascismo rural, control social y colaboración ciudadana. Datos y propuestas para el caso español", Historia Social, 71, 2011, pp. 143-159. Entre otros muchos trabajos dedicados al tema, destacan los de Robert Gellately y Götz Aly sobre la colaboración de la sociedad alemana con la Gestapo. Cfr. R. GELLATELLY: No sólo Hitler. La Alemania nazi entre la coacción y el consenso, Barcelona, Crítica, 2002; G. ALY: La utopía nazi. Cómo Hitler compró a los alemanes, Barcelona, Crítica, 2006.

3

ofrece una valiosa información para conocer de cerca su funcionamiento y, en este caso, su

implicación con la represión y el control social de posguerra.5

1. Falange, represión y castigo a los vencidos

Desde el momento en que las tropas franquistas entraron en Cataluña, en abril de

1938, y establecieron la línea del frente de guerra en los ríos Noguera Pallaresa, Segre y Ebro,

las recién creadas jefaturas provinciales de FET y de las JONS de Lleida y de Tarragona,

dirigieron sus esfuerzos en constituir jefaturas locales en los pueblos liberados, organizar

actos de propaganda, colaborar en las tareas asistenciales más urgentes y significativamente

colaborar con los militares en la represión de los vencidos. Fue ésta última, una tarea a la que

Falange se había dedicado con gran afán durante la guerra civil, como han mostrado los

estudios sobre la represión y la violencia en la retaguardia franquista.6 Durante la posguerra,

como veremos, el espionaje, la información y la colaboración con el ejército y las fuerzas de

seguridad del estado sería uno de los primeros trabajos políticos al que se dedicaría FET y de

las JONS.

Pese a la dificultad que existe en documentar la participación de los falangistas en el

terror caliente de los primeros meses de la ocupación de Cataluña, la memoria popular

conservó preciso recuerdo de ello. Con otros elementos derechistas locales, se encargaron de

identificar y detener los rojos de cada localidad para ponerlos a disposición de los militares.

En los locales de Falange, en los cuarteles de la Guardia Civil, o incluso en los domicilios

particulares, interrogaron, propinaron palizas y torturaron a los detenidos, con el objetivo de

sacarles declaraciones inculpatorios. Las humillaciones de los rojos y sus familias eran

públicas, a la vista de todos, para que sirvieran de ejemplo del destino que esperaba a muchos

de los vencidos y del poder que la Falange tenía en la Nueva España. Antes de ser puestos a

disposición de la justicia militar, algunos de los detenidos fueron paseados por los pueblos

después de haberles administrado aceite de ricino. Algunas mujeres fueron rapadas en la plaza

del pueblo, y después obligadas durante tiempo a limpiar los locales de Falange o del

ayuntamiento. Familias desplazadas por la guerra, o los combatientes republicanos, cuando

5 La comunicación parte de nuestra tesis doctoral Falange i poder. Lleida durant la dictadura franquista, dirigida por la Dra. Conxita Mir, que fue defendida en mayo de 2010 en la Universitat de Lleida. Disponible en la base colectiva Tesis en Red http://www.tesisenred.net/handle/10803/8225. 6 P. PRESTON: El Holocausto español. Odio y exterminio en la Guerra Civil y después, Barcelona, Debate, 2011. Más en concreto, sobre la implicación de la Falange, requetés y otra gente de orden en la imposición del terror, la represión y el castigo durante los años de guerra y la inmediata posguerra, véase F. SEVILLANO CALERO: Exterminio. El terror con Franco, Madrid, Oberon, 2004.

4

retornaban a sus pueblos eran recibidos con menosprecio, antipatía, sospecha y acoso, y a

veces se encontraban las casas saqueadas, requisados sus muebles, enseres e incluso los

animales de carga por parte de los vencedores, que a menudo hacían gala del botín de guerra

conseguido. Otros muchos casos de intimidación, amenaza y extorsión fueron frecuentes,

protagonizados por los falangistas y otros elementos derechistas, muchos de los cuales

quedaron identificados de por vida con la represión de aquellos momentos.7

En torno a las jefaturas locales de Falange se articuló un primer núcleo importante de

consenso favorable al régimen. La solicitud del carnet del partido era una forma de expresar la

identificación con los vencedores, una manifestación de adhesión al Nuevo Estado franquista.

Más allá de una identificación genérica con los valores fundamentales de orden, propiedad y

catolicismo del régimen, muchas personas que se afiliaron a FET y de las JONS compartían

una experiencia común de guerra (excombatientes franquistas, excautivos, perseguidos y

expropiados por los comités, familiares de caídos, etc.). Hubo también, claro está, quienes

buscaron camuflar en Falange un pasado político quizás no del todo decoroso. Pero, en

general, se sentían vencedores y ello les daba potestad para participar directamente en la

construcción del Nuevo Estado, ya fuera ocupando parcelas locales de poder (en el partido, en

el ayuntamiento o en el sindicato agrícola) ya fuera tomando parte en la represión de los

vencidos. Los ciudadanos fueron llamados a participar en el proceso de represión y castigo a

los vencidos, aportando información sobre los posibles responsables de lo sucedido en cada

uno de los pueblos, denunciando a sus vecinos sospechosos. Ello dio rienda suelta a todo tipo

de actuaciones, unas motivadas por venganza por los sufrimientos de familiares y amigos

durante la guerra, otras por motivaciones más materiales y económicas, otras por rencillas

enquistadas en las comunidades locales, otras incluso por el miedo a sufrir represalias.

También, como han señalado Peter Anderson y Miguel Ángel del Arco, al hecho que muchos

falangistas y otros ciudadanos comunes, compartieron la voluntad de castigar a los vencidos

como un "acto de justicia" conforme a la cultura de guerra que los señalaba como enemigos.8

Participar de esta violencia higiénica era una forma de compromiso político con el nuevo 7 Sobre la participación de falangistas en el terror caliente de los primeros momentos en la provincia de Lleida, cfr. M. BARALLAT: La La repressió a la postguerra civil a Lleida (1938-1945), Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1991, pp. 399-404; M. GIMENO: Revolució, guerra i repressió al Pallars (1936-1939), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1989, pp. 55-56, 58, 65-66; N. BONET; A. CARDONA; G. CORBELLA: Tàrrega, 1939-1961. Aproximació a la repressió, l'exili i la vida quotidiana, Tàrrega, Ajuntament de Tàrrega-Museu Comarcal de Tàrrega-Memorial Democràtic, 2008, pp. 76-77; C. MIR: Vivir es sobrevivir..., op. cit., pp. 39-40, a través del análisis de la documentación judicial ordinaria, puso de manifiesto que militantes y jefes locales de Falange intentaron sacar provecho de las circunstancias recorriendo si era necesario a la intimidación y la extorsión. 8 P. ANDERSON / M.A. del ARCO: "Construyendo la dictadura y castigando a sus enemigos. Represión y apoyos sociales del franquismo (1936-1951)", Historia Social, 71, 2011, pp. 125-141.

5

régimen y, como han señalado en sus trabajos Conxita Mir, Ángela Cenarro o Peter

Anderson, a su alrededor se manifestaron viejas redes de relaciones, favores y lealtades

personales y familiares y se tejieron otras de nuevas.9

Desde las jefaturas provinciales de Falange, así como desde las locales, partieron

muchas de las denuncias contra aquellos individuos que habían contraído responsabilidades

con la República, que habían participado en los comités y las colectivizaciones o que

supuestamente habían cometido delitos de sangre durante la guerra. Había una clara voluntad

de señalar a los culpables por acción u omisión de lo sucedido durante la guerra, de hacerles

pagar por ello. Se desprende de los informes que desde las jefaturas locales y las delegaciones

comarcales de Información e Investigación se enviaban a las jefaturas provinciales, con el

nombre de los vecinos con influencia social y política que habían sido dirigentes o afiliados a

los partidos del Frente Popular, con todos los cargos que se les imputaba. En diciembre de

1939, el delegado comarcal de Información e Investigación de Balaguer (Noguera) enviaba un

listado señalando más de treinta personas de la ciudad, buena parte de los cuales fueron

expedientados por el Tribunal de Responsabilidades Políticas en los meses siguientes. A

medida que iba recibiendo los listados e informes de los pueblos de su dominio, éstos eran

elevados a la delegación provincial.10

El gran esmero puesto en la tarea denunciante por parte de los falangistas a veces

sobrepasaba la actuación de la Guardia Civil, que debía hacer caso omiso o no podía atender

tantas denuncias presentadas. Esta situación o actitud del cuerpo benemérito provocaba

malestar entre los afiliados, a tenor del informe del jefe provincial de FET y de las JONS en

julio de 1940 en que afirmaba que "al no hacer caso debido a las denuncias que firman y

sellan las Jerarquía citadas [delegados de Información e Investigación y Jefes Locales] cunde

en ellas la desmoralización y alienta en extremo a los elementos rojos".11 Aunque los afiliados

al partido eran llamados a ajustar su conducta con los vencidos a los principios de la piedad y

la educación en los nuevos valores, se les exigía no mostrar "ni tibieza ni debilidad, y

empleando energía y dureza para los que, despreciando el perdón, no os escuchen".12 Con

9 C. MIR: Vivir es sobrevivir..., op. cit.; CENARRO, Ángela: «La lógica de la guerra, la lógica de la venganza: violencia y fractura social en una comunidad bajoaragonesa, 1939-1940», en Enfrontaments Civils: Postguerres i Reconstruccions, Segundo Congreso Recerques, Lleida, Pagès Editors, 2002, vol. II, pp. 703-715; P. ANDERSON: The Francoist Military Trials..., op. cit. 10 Archivo Comarcal de la Noguera (ACN), Fondo Delegación Comarcal de Información e Investigación de FET y de las JONS, caja 8. Datos cruzados con los expedientes contenidos en C. MIR / F. CORRETGÉ / J. FARRÉ / J. SAGUÉS: Repressió econòmica i franquisme. L'actuació del Tribunal de Responsabilitats Polítiques a la província de Lleida, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1997, pp. 395-396. 11Archivo General de la Administración (AGA), Presidencia, SGM-DNP, caja 51/20.554. 12 "Circular nº11", septiembre de 1939. ACN, Fondo Jefatura Local del Movimiento de Balaguer, caja 2.

6

piedad pero con energía y dureza, así debían actuar los falangistas con los vencidos. En

muchos casos, esas llamadas a la piedad eran ignoradas y el espíritu de venganza se imponía,

con lo que, en aquellas circunstancias, no debían resultar del todo extraños los abusos y

excesos de prepotencia de los vencedores. Así lo da a entender una circular del jefe provincial

de Tarragona, que en julio de 1940 se refería a la necesaria magnanimidad con aquéllos que

salían de las cárceles en libertad condicional: "Comprendo perfectamente las graves ofensas

que todos habéis recibido de los rojos, pero tenemos el deber inexcusable de hacer el máximo

esfuerzo para conseguir la completa Hermandad entre todos los hombres españoles y tenemos

la mejor ocasión en las sabias disposiciones el Caudillo".13

El poder intimidador de las Milicias falangistas era grande entre una población

amedrentada por el clima represivo general y la impunidad de sus actuaciones. A pesar de que

fueron progresivamente desarmadas al final de la guerra (motivo de queja de delegados

locales y provinciales, que lo consideraban una legítima prerrogativa), y que en algunos

pueblos pronto dejaron de funcionar, muchas armas nunca fueron devueltas a la Guardia Civil

y los falangistas siguieron haciendo gala de ellas, y, en algunos casos, usándolas. Las

jerarquías locales, comarcales y provinciales del partido, por ejemplo, conservaron el derecho

a solicitar licencia de uso de arma corta, en teoría para su propia seguridad personal. La

existencia de armas fuera de control debían resultar un motivo de preocupación para las

fuerzas de orden público, lo que motivó que desde las jefaturas provinciales se intentara poner

fin al descontrol. En abril de 1942, el jefe provincial de FET y de las JONS de Tarragona

enviaba una orden a los jefes locales de la demarcación recordándoles la absoluta obligación

de entregar y poner en conocimiento de la Guardia Civil todas las armas no autorizadas en

poder de las jefaturas locales, sus delegaciones y sus afiliados. La orden aseguraba que la

Jefatura Provincial "no se hace responsable de los perjuicios que pudieran caber y desde ahora

os anuncio que no debéis esperar nuestra intervención o gestión en ninguna clase de cuestión

que pudiera surgir en perjuicio de afiliados al Partido por incumplimiento de esta orden".14

Hasta su desaparición en julio de 1944, las Milicias de Falange fueron a menudo

llamadas a colaborar en las tareas de mantenimiento del orden público. Hay ejemplos del

requerimiento de su actuación por parte de los servicios de seguridad del Estado. En distintas

ocasiones, en 1939, el Gobierno Civil de Lleida solicitaba a la jefatura provincial de Falange

la colaboración de sus milicias. En una ciudad que había sido frente de guerra a lo largo de

13 Archivo Comarcal de la Ribera d'Ebre (ACRE), Fondo Jefatura Local de FET y de las JONS de la Serra d'Almos, caja 2. 14 Ibídem.

7

casi nueve meses en 1938 y que todavía sufría visiblemente los estragos de los bombardeos y

los combates, con casas derruidas y calles llenas de escombros, resultaba insuficiente el

número de agentes y personal de asalto y policía para hacer frente al aumento de la

delincuencia común. Por ello, requería una lista de falangistas de conducta y moralidad

intachable que pudiesen ser nombrados agentes honorarios de orden público y prestar sus

servicios de vigilancia e investigación voluntariamente, siempre en contacto y bajo la

dirección de la policía.15

En el mundo rural, además de los hurtos y robos muy frecuentes por la extrema

miseria y hambre de posguerra, eran las partidas armadas de emboscados y guerrilleros las

que amenazaban y ponían en riesgo la seguridad de pueblos y comunidades locales. En la

provincia de Lleida, especialmente en las áreas montañosas del pre-Pirineo (fuera de la zona

pirenaica de control militar) existían grupos de huidos (o, según las informaciones falangistas,

de elementos peligrosos retornados de los campos de concentración franceses) que asaltaban

las masías de una zona que resultaba difícil de controlar y vigilar por la falta de medios

humanos y materiales y la extensión del territorio adscrito a cada dotación de la Guardia

Civil. Algunos alcaldes pedían el rearme de las Milicias de Falange para hacer frente al

peligro que aquéllos grupos suponían. Era el caso del alcalde de Pinós (Solsonès), que en

enero de 1940 denunciaba al Gobierno Civil la existencia de partidas de "rojos

extremadamente complicados en hechos delictivos graves" amagados en el bosque que, por la

noche, se presentaban a las masías para proveerse, bajo amenazas y malos tratos. Consideraba

necesario el rearme de las Milicias falangistas, por ser éstas la "única fuerza eficaz para estos

servicios", y que salieran a dar batidas por el término.16

Igualmente en la demarcación de Tarragona, Josep Sánchez Cervelló ha documentado

el papel de las Milicias en el mantenimiento del orden público, en cooperación con las fuerzas

de seguridad del Estado. En las comarcas tarraconenses salían día y noche a rondar por el

ámbito rural para detectar y evitar actividades clandestinas y, con los efectivos de la Guardia

Civil, para perseguir los guerrilleros que se refugiaban en las montañas del interior.17

La disolución de las Milicias falangistas en julio de 1944 creó malestar entre los

falangistas, que la identificaban con el espíritu más genuino del partido y, además, les ofrecía

un instrumento parapolicial nada desdeñable. Sin embargo, los falangistas no dejaron de

15 Archivo Histórico de Lleida (AHL), Fondo Gobierno Civil, Leg. 7, Exp. 81. 16 AHL, Fondo Gobierno Civil, Leg. 17, Exp. 36. 17 J. SÁNCHEZ CERVELLÓ: "Metodologia de la repressió franquista (1938-1947)", en DD.AA.: La província de Tarragona durant el franquisme (1938-1976). Política, societat i cultura, Tarragona, Cercle d'Estudis Històrics i Socials "Guillem Oliver" del Camp de Tarragona, 1996, pp. 11-37, pp. 29-31.

8

cooperar en el control del orden público con los servicios de seguridad del Estado. En

noviembre de 1944, en plena movilización guerrillera en el Pirineo, los alcaldes del partido

judicial de Solsona solicitaban permiso otra vez al Gobierno Civil para armar partidas de

vecinos adictos y falangistas para vigilar, perseguir y detener los grupos de "maleantes" que

ponían en peligro la seguridad de aquellos pueblos.18 Significativamente, por estas mismas

fechas, el jefe provincial de FET y de las JONS de Tarragona felicitaba a las jefaturas locales

de las comarcas del Priorat y de la Ribera d'Ebre por su respuesta ante la infiltración "de unos

desgraciados que intentaban perturbar el orden en nuestra provincia. […] Todos, Jefes y

Camaradas, han cumplido con su deber como esta Jefatura esperaba".19

La Guardia de Franco, creada en 1944, tomó el relevo de aquéllas como "milicia

activa de la Falange". De carácter voluntario y formada básicamente por falangistas

excombatientes, era organizada en escuadras, falanges y centurias, y conservó algunas de las

tareas parapoliciales de las extintas Milicias, entre las cuales la de fuerza auxiliar en la

represión de la guerrilla y las actividades contrarias al régimen.20 De entre sus miembros se

formaba el Somatén, el cuerpo armado de protección tan arraigado en el medio rural catalán,

que el franquismo reorganizó, en el cual el jefe local de Falange solía ser el sub-cabo y el

comandante del puesto de la Guardia Civil el cabo. En la provincia de Lleida, como en otras,

hubo dificultades para formas centurias de la Guardia de Franco, en unos momentos en que la

vida pública tendía a la desfascistización, por imposición del guión político internacional.

Tenemos pocos datos de sus efectivos, pero destacó por su actividad continua la "Antonio

Camps Sabanés" de la Ribera del Sió, con centro neurálgico en Cubells (Noguera). En un

fecha tan avanzada como 1959, y cuando muchas de las jefaturas locales del partido se

encontraban ya en una situación de total inactividad, esta centuria de la Guardia de Franco era

formada por 8 falanges y 28 escuadras, con un total de 183 afiliados, dirigida por el

lugarteniente comarcal Miguel Gómez Benet, que posteriormente sería lugarteniente

provincial durante muchos años. Algunos de sus miembros, entre los cuales el mismo Gómez

Benet, tenían licencia de uso de arma y durante los años 60 y 70 se destacaron en acciones

violentas contra la militancia antifranquista leridana.21

18 AHL, Fondo Gobierno Civil, Leg. 17, Exp. 36. 19 ACRE, Fondo Jefatura Local de FET y de las JONS de la Serra d'Almos, caja 4. 20 Sobre la Guardia de Franco, véase J. L. RODRÍGUEZ JIMÉNEZ: Historia de la Falange Española de las JONS, Madrid, Alianza Editorial, 2000, pp. 446-456. 21 ACN, Fondo Jefatura Local del Movimiento de Cubells, caja 1.

9

2. Control social, espionaje y vigilancia: el Servicio de Información e Investigación de

Falange

Los servicios de Información e Investigación de FET y de las JONS y la red de

vigilancia y espionaje que dispuso desempeñaron una tarea fundamental en el entramado

represivo de posguerra. Las tareas que se les encomendó fueron muy amplias. Junto con los

ayuntamientos, los curas parroquiales y las comandancias de la Guardia Civil, la Falange

emitía informes político-sociales de los encausados por la justicia militar y por los Tribunales

especiales de responsabilidades políticas. Tomaban parte en las comisiones de depuración de

los funcionarios públicos o testimoniaban en el proceso de la Causa General. Elevaban

propuestas e informaba sobre los individuos que debían constituir las comisiones gestoras,

también sobre los solicitantes del carnet de Falange, cuyas solicitudes debían ir acompañadas

de un informe sociopolítico que elaboraba la delegación provincial de Información e

Investigación y según los cuales se aceptaban o denegaban los ingresos al partido. Recogían

información del día a día, de la opinión pública, de los bulos y los chismes que corrían, del

funcionamiento de las instituciones y del propio partido, etc. Vigilaban cualquier tipo de

actividad sospechosa, informaban de cualquier movimiento extraño, controlaban los presos en

libertad condicional, etc.

En unos momentos en que los avales y certificados de buena conducta eran

imprescindibles para muchas personas, la capacidad que Falange tenía para expedirlos les

infundía un poder notable. Esta competencia requería una estricta reglamentación sobre quién

podía expedir los certificados y avales y quién no, así como la necesidad de centralizar un

funcionamiento eficiente. En febrero de 1939 desde la jefatura provincial de Lleida se enviaba

a las jefaturas locales la orden que sólo los militantes de Falange podían avalar y que, al igual

que los jefes locales, se abstuvieran de hacerlo personalmente sin pasar por la delegación

provincial de Información e Investigación, que era la que los enviaba a la institución que lo

requería. Era, por tanto, la delegación provincial la que garantizaba el certificado, pero éste se

emitía sólo previo informe de las jefaturas locales, que no solían hacer sólo referencia a

actitudes políticas, sino también a comportamientos privados, asuntos familiares o costumbres

morales y sexuales.22 El elevado volumen de peticiones de certificados llevó a que a partir de

cierto momento se estableciera el pago de seis pesetas para su expedición, como forma para

recaudar unos fondos necesarios para el funcionamiento de Falange y de prevenir documentos

22 ACPJ, Caja FET Senterada y Sarroca de Bellera. Cfr. A. LAZO: Retrato de fascismo rural en Sevilla, op. cit., pp. 54-55.

10

innecesarios.23 En torno a los avales y certificados se construyeron más de una red de

corrupción, de las que algunos falangistas intentaron sacar buen provecho. En 1941, el

mismísimo delegado provincial de Información e Investigación de Lleida fue acusado por un

vecino de la capital de estar al frente de la trama sobre la expedición de informes favorables

para individuos enjuiciados o encarcelados, de ser el autor material de muchos de aquellos

informes a cambio de dinero y regalos. Era una grave acusación para alguien que debía ser

ejemplo de moralidad, pero difícilmente demostrable, y el peso de la justicia recayó en el

acusador, mientras todo ello no fue obstáculo para que el delegado falangista siguiera su

carrera política ascendente dentro de la jefatura provincial, y tres años después, en 1944, fuera

nombrado subjefe provincial de FET y de las JONS.24

Desde el primer momento, pues, las delegaciones provinciales desplegaron una

extensa red de delegados comarcales y locales, de informantes, colaboradores y confidentes

en todo el territorio para acometer tan importantes tareas encomendadas al partido. En la

provincia de Lleida, incluso antes de ser creadas muchas de las jefaturas locales en los

pueblos recién liberados, en mayo de 1938, ya se había puesto en funcionamiento el servicio

de información y desde la delegación provincial se cursaban órdenes a los jefes locales y los

Alcaldes para recabar datos sobre personas sospechosas de haber tenido actuaciones

contrarias al Movimiento Nacional. Igualmente, desde las páginas de la prensa del partido, se

llamaba a los ciudadanos para que aportaran información sobre determinadas personas, a la

vez que otros individuos eran requeridos para que se personaran a las oficinas de la

delegación en Lleida para facilitar datos.25 Estas oficinas eran un ir y venir de informes,

agentes y personas citadas a las cuales se interrogaba a menudo sin reparar mucho en las

formas. A pesar de lo disuasorio que podía resultar la impunidad de los agentes del partido, en

los fondos del Gobierno Civil de Lleida se han conservado algunas denuncias por malos tratos

y palizas recibidas en las oficinas de Información e Investigación de Falange, lo que nos hace

pensar que debía ser bastante habitual.26

Dada la importancia de unas competencias tan amplias, se puso mucho esmero en

nombrar las personas adecuadas para ejercer los cargos y funciones de vigilancia a nivel

provincial, comarcal y local. Debían cumplir las condiciones de discreción, sagacidad, 23 Oficio del delegado provincial de Información e Investigación, 10-3-1942. ACN, Fondo Delegación Comarcal e Información, caja 8. 24 El sumario del caso en C. MIR: Vivir es sobrevivir..., op. cit., 2000, pp. 150-151. 25 En los Archivos Comarcales de la Noguera o del Pallars Jussà existen distintas órdenes cursadas a los jefes locales de Falange para recabar este tipo de información. Ruta. Órgano de FET y de las JONS y Hoja Informativa Militar del 5ºCuerpo del Ejército de Aragón, ambos publicados en Lleida en 1938. 26 AHL, Fondo Gobierno Civil, Legajo 7, Expediente 81.

11

austeridad, moralidad, anonimato, para garantizar eficazmente el cumplimiento de las tareas.

Eran personas que podían y debían fiscalizar la vida de sus vecinos y podían informar sobre

las conductas de todo el mundo, desde los sospechosos habituales hasta los derechistas más

aposentados, incluso los curas estaban vigilados. En el cometido debían observar una especial

colaboración con las fuerzas de seguridad del Estado, y el partido les ofrecía cobertura legal.27

En la delegación provincial de Lleida, además del delegado y el secretario

provinciales, la oficina contaba con un agente, dos auxiliares, dos mecanógrafas y un enlace.

Un informe de inspección de mediados de 1939, la presentaba como el servicio mejor dotado

de la jefatura provincial y su funcionamiento aparecía como "modélico", en contraste con el

conjunto de las delegaciones cuya situación era definida como "francamente mala" y su

actividad mínima.28 En Lleida capital, en agosto de 1940, se procedió a la división de la

Secretaría Local en seis distritos con un delegado al frente, con funciones informativas sobre

los afiliados y sobre la población entre otras. Aunque no tenemos constancia para el caso de

Lleida, José L. Rodríguez Jiménez señalaba incluso se crearon los cargos de delegado de

barrio, de bloques y de casas, lo que hacía que la red de control social de Falange fuera

verdaderamente densa.29 Sin embargo, estos recursos no eran suficientes para atender todos

los servicios, informes, fichas y expedientes requeridos, como se deduce de las distintas

quejas del jefe provincial Sáez de las Moras elevadas a la Secretaría General del Movimiento

en noviembre de 1941, cuando se les encargó la depuración del partido, tarea de revisión de

todos los antecedentes y actuaciones de los afiliados a nivel nacional que exigió la máxima

vigilancia interna pero que, en realidad, se saldó con pocas expulsiones.30

Desde la delegación provincial de Información e Investigación se nombraba a los

delegados comarcales del servicio en las capitales de los partidos judiciales, que dependían

directamente de aquélla, así como los delegados locales en los casos que, por su importancia o

por su tamaño, aconsejaran disponer de dicho cargo, "teniendo en cuenta lo restringido que ha

de ser el número de éstos en la Provincia y además el carácter delicado, secreto y de máxima

responsabilidad de nuestro cometido".31 En general, en los núcleos pequeños (que era la

27 J. A. PAREJO FERNÁNDEZ: "Fascismo rural, control social y colaboración ciudadana...", art. cit., 2011, pp. 148-151. 28 Informe del inspector Pablo Ruiz de Alda, 8-8-1939. AGA, Presidencia, SGM-DNP, caja 51/20615. 29 Las organización de las secretarías locales y sus atribuciones en las circulares nº54 y nº92, Boletín del Movimiento FET y de las JONS, 20-2-1939 y 15-6-1940. Cfr. J.L. RODRÍGUEZ JIMÉNEZ: Historia de la Falange Española de las JONS, op. cit., 2000, p. 447. 30 AGA, Presidencia, SGM-DNP, caja 51/20554. 31 ACN, Fondo Jefatura Local del Movimiento de Balaguer, c. 2, circular nº 8; y Fondo Delegación Comarcal de Información e Investigación de FET y de las JONS, caja 8, escrito de 28-8-1941.

12

realidad mayoritaria en el mundo rural del interior de Catalunya) eran los jefes locales los

encargados de ejercer la tarea de recabar información y elaborar todo tipo de informes que les

fueran requeridos. Responsabilidad y secretismo que exigía una estricta subordinación

jerárquica y una eficiente coordinación. En esta estructura jerárquica las delegaciones

comarcales ejercían de eslabón intermedio entre las delegaciones provinciales y los pueblos,

dónde en definitiva se recababa la información al detalle sobre las personas, las instituciones,

las actividades, las opiniones. Eran las delegaciones comarcales las que canalizaban y

centralizaban la tramitación de los informes y certificados individuales y archivaban copia de

los emitidos por los jefes o delegados locales del servicio, con quienes estaban en contacto

directo. La subordinación de estos últimos a los delegados comarcales y provinciales, y no a

las jefaturas locales, fueron origen de algún que otro conflicto de competencias. En Tremp

(Pallars Jussà) tenemos noticia que la Falange local envió varios escritos a la jefatura

provincial de Lleida entre mayo y julio de 1940 quejándose de la actuación del delegado local

de Información e Investigación, a quien se acusaba de incorrección e indisciplina por negarse

a facilitar unos datos sobre personas peligrosas y malos antecedentes que se le había

requerido. Ante tal falta de confianza, se amenazaba con dimitir todos los cargos de la jefatura

local si el delegado seguía en su puesto. Aunque el delegado local no estaba subordinado

directamente a ella, la jefatura local consiguió que la delegación provincial de Información e

Investigación sustituyera el anterior delegado por otro de mayor consenso.32

El volumen de trabajo encargado hacía necesario disponer de un buen número de

agentes y colaboradores repartidos por el territorio. Según los datos correspondientes al año

1940 aportados por José A. Parejo para el conjunto español, en la provincia de Lleida

trabajaban para el servicio de Información e Investigación un total de 41 falangistas, de los

que 33 eran agentes (efectivos, auxiliares o de oficina) y 8 colaboradores, que atendieron

aquel año un volumen de 10.656 informes, de los que 602 eran internos y el resto destinados a

otras instituciones. En la provincia de Barcelona la delegación provincial de Información e

Investigación contaba con una extensa plantilla de 674 personas, que atendieron un total de

193.322 informes; en la provincia de Girona, con 30 personas, se cursaron 8.128 informes; en

la provincia de Tarragona, eran 39 los falangistas que trabajaban para el servicio y atendieron

4.709 informes.33 En estos números de efectivos no estaban contabilizados ni los jefes locales

(que en la mayoría de pueblos asumieron las tareas de vigilancia e información) ni tampoco

32 ACPJ, Fondo Jefatura Local de FET y de las JONS de Tremp, Libros de entrada y salida de correspondencia, 1938-1953. 33 José A. PAREJO: "Fascismo rural, control social y colaboración ciudadana...", art. cit., 2011, pp. 157-159.

13

todos los colaboradores informales, contactos, chivatos o los ciudadanos corrientes, quienes

de una forma u otra ocupaban un puesto en la base de la cadena de información y vigilancia,

no reconocidos estadísticamente pero no menos importante su papel. Sólo así se puede

entender que los servicios de Información e Investigación de Falange pudieran realizar tal

carga burocrática, teniendo en cuenta los recursos humanos y materiales siempre escasos e

insuficientes que dispusieron a lo largo de su existencia. Un elevadísimo trabajo burocrático

que perduró en los años siguientes, tal y como muestran los partes mensuales enviados por las

jefaturas provinciales de Falange a la Secretaría General del Movimiento, y que para el caso

leridano nos ofrecen un volumen superior a los 7.000 informes en 1943 y 6.308 en 1944.34

La documentación que se ha conservado de la delegación comarcal de Información e

Investigación de Balaguer (Noguera) da buena cuenta de las grandes dificultades del delegado

y sus agentes colaboradores para poder cursar todo lo que se les pedía desde la delegación

provincial de Lleida, dadas las condiciones de funcionamiento más bien precarias en las que

debían trabajar. La correspondencia muestra la continua petición de informes, expedientes

personales y todo tipo de servicios. Por ejemplo, a finales de junio de 1939 era requerido "con

carácter de suma urgencia" un informe sobre cada uno de los jefes locales de FET y de las

JONS de los 36 pueblos de la comarca; en septiembre eran solicitados informes político-

sociales de 170 individuos de la comarca; o, en diciembre de aquel mismo año, se le pedía

con carácter "urgente e inaplazable" un largo informe sobre la situación política de la

comarca, consignando los antecedentes y partidos políticos de antes de la guerra, las personas

que ejercían como caciques, la composición actual de los ayuntamientos de cada uno de los

municipios, la situación de FET y de las JONS y de la delegación, con los trabajos realizados

y las medidas para subsanar posibles errores.35

Alfonso Gilabert, panadero de profesión, era el delegado comarcal y con él trabajaban

en la oficina de información un secretario y dos agentes auxiliares. Según se quejaba a

menudo el delegado, tenía que satisfacer de su bolsillo los gastos que ocasionaba el servicio

(local, luz, material) y las dos horas diarias de trabajo del secretario. Tanto él como los dos

agentes auxiliares no cobraban ningún tipo de remuneración. Por todo ello, y a pesar de

manifestar una gran abnegación y celo en el cumplimento de su tarea, a la que dedicaba todas

las tardes, el delegado escribía en agosto de 1940 que "no logro poder cumplir como es mi

34 AGA, Presidencia, SGM-DNP, partes mensuales de la jefatura provincial de FET y de las JONS de Lérida, años 1943 y 1944. 35 ACN, Fondo Delegación Comarcal de Información e Investigación de FET y de las JONS, caja 8.

14

deseo todo cuanto se me encomienda".36 El trabajo que se les encargaba no resultaba

fácilmente alcanzable y suponemos que la situación era la misma en el resto de las

delegaciones comarcales. Más difícil si cabe en la situación en que se encontraban muchas de

las Falanges locales, en general bastante desorganizadas y con una crónica falta de recursos

para atender la mínima actividad.37 Ello suponía amonestaciones y amenazas de sanción por

parte de la delegación provincial o incluso de la jefatura provincial, que consideraban los

retrasos como "actos de indisciplina". El delegado no tenía más remedio que excusarse en

mayo de 1941, "no creas que sea negligencia por mi parte, antes al contrario, tendría un

verdadero interés en poder suministrar todo cuanto se me pide al día, pero me veo

imposibilitado, por mis ocupaciones diarias, que me dejan poco tiempo libre", por lo que se

veía obligado a proponer su relevo, "lamentándolo mucho de no poder cumplir al día mis

obligaciones como Delegado, yo creo que si se pudiera encontrar otra persona que tuviese

más horas libres sería en beneficio del buen servicio de esta Delegación".38

Unos meses más tarde, en julio de 1941, se ordenaba a los delegados comarcales la

elaboración de unos informes quincenales sobre la situación política de la comarca, que

debían enviar los días 10 y 25 de cada mes. Los informes debían incluir distintos apartados

sobre la marcha del partido, el ambiente político, el estado de la opinión pública, los rumores,

las falsedades y los comentarios que corrían por los cafés y los comercios, intentando

identificar "los nombres de las personas que lo realizan". La orden iba acompañada de un

escrito del Delegado Nacional de Información e Investigación en que les exhortaba al

cumplimiento de la tarea encargada, porque en aquellos momentos de dificultad era cuando

"el verdadero espíritu falangista debe superarse hasta llegar a más" y "que por tu amor a

España, a la Falange y magnífico espíritu de servicio, te sobrepondrás a todas las dificultades

que puedan surgirte y cumplirás […] por ser la demostración de que este Servicio es uno de

los más obligados a ser fiel cumplidor de los postulados de nuestra Falange".39 Con la

información recabada por las delegaciones comarcales de Información e Investigación y que

las delegaciones provinciales enviaban a la delegación nacional se editaban los boletines

nacionales, también de periodicidad quincenal, sobre la situación en el conjunto del Estado. El

celo por la recogida de información tuvo que extremarse aún más cuando en marzo de 1942,

además del boletín quincenal referido, se pedía a las delegaciones comarcales un comunicado 36 Ibídem. 37 Sobre el estado de las jefaturas locales de la comarca de Balaguer en 1941 y 1944, cfr. J. GELONCH: "FET y de las JONS en el món rural català de la postguerra", Segle XX. Revista catalana d'història, 5, 2012, pp. 85-114. 38 ACN, Fondo Delegación Comarcal de Información e Investigación de FET y de las JONS, caja 8. 39 Ibídem.

15

diario de novedades donde se reflejaran todos los hechos ocurridos en la comarca. En el

archivo comarcal de la Noguera sólo se han conservado los comunicados diarios

correspondientes a las fechas 20-31 de marzo de 1942, todos ellos resueltos con un "sin

novedad".40

La militancia y el servicio a la Falange debía ser sacrificio y abnegación, así lo decían

los textos doctrinales y las órdenes recibidas. Muchos de los delegados comarcales o

provinciales de Información e Investigación, por su relevante y estratégica posición, hicieron

carrera dentro del partido. En el caso de Gilabert, éste ocupó el cargo de delegado comarcal

de Información e Investigación durante muchos años, lo que le convirtió en el hombre fuerte

de la Falange en Balaguer. En octubre de 1941, sin abandonar aquel cargo, fue nombrado jefe

local y comarcal de FET y de las JONS y, en noviembre de 1943, Alcalde de la ciudad, cargos

que desempeñaría hasta el año 1946.

3. Rumores, sospechas, críticas y corrupciones en una sociedad intervenida

Las informaciones comprenderán preferentemente la expresión de todas aquellas

actividades que atenten o puedan atentar contra la seguridad del Estado, sean

cuales fueran las personas o entidades que las lleven a efecto, con indicación, sin

omisión alguna, de todos cuantos datos sean conocidos para la adopción de las

medidas que se estimen pertinentes, así como la exposición del ambiente existente

en todos los aspectos que deban considerarse: político, social, económico, de

trabajo, vida sindical y de las corporaciones, orden público, disciplina y moralidad

de costumbres: es decir, cuantos antecedentes estén relacionados con la provincia

y se considere conveniente, por su importancia, poner en conocimiento de la

Superioridad.41

La amplitud de estas instrucciones enviadas desde la delegación provincial a las

comarcales en 1939 da la idea que, en general, los delegados eran exhortados a recabar datos

e informar de todo aquello que considerasen oportuno sobre el territorio que se les había

encomendado. Ello tanto quería decir recoger la opinión popular sobre la marcha y los

acontecimientos de la guerra mundial, como tomar nota de los movimientos sospechosos y las

supuestas actividades clandestinas, tanto fijarse bien en las actividades ilícitas del estraperlo 40 Ibídem. 41 Ibídem.

16

como afinar el oído a los rumores y críticas que corrían en los bares y las calles. La sociedad

de posguerra era una sociedad vigilada e intervenida, por las fuerzas de seguridad del Estado

y también por los agentes falangistas y los centenares de informantes que tenían repartidos

por ciudades y pueblos.

Los presos que salían de la cárcel en libertad condicional eran objeto de especial

vigilancia, no sólo porque los jefes locales de Falange informaban en sus expedientes sino

también porque a través de sus movimientos y sus contactos, podían seguirse tramas de

desafectos al régimen o de actividades clandestinas. El delegado comarcal de Balaguer

informaba en agosto que en un bar de aquella capital se reunían "todos los elementos

marxistas que existen en esta Ciudad y los antiguos componentes de Izquierda Republicana de

Cataluña, así como cuando sale un individuo de la Cárcel su primer punto donde acude es en

dicho café". El propietario del bar era acusado de activo propagandista de las izquierdas antes

de la guerra y un anticlerical declarado, por lo que el delegado pedía que el local fuera

clausurado. El Gobierno Civil tomó cartas en el asunto y encargó otra investigación a la

Guardia Civil que, aunque ratificaban el pasado político del propietario y que ahí se reunían

elementos extremistas, no era aconsejable cerrar el local, puesto que el propietario había

informado en distintos casos de las manifestaciones contrarias al régimen. O sea, que el

propietario, al menos de vez en cuando, actuaba de confidente de la Guardia Civil.42

En octubre de 1940, el jefe local de Falange de Benavent de Segrià pedía al

Gobernador Civil poder interceptar las cartas de varios vecinos del pueblo porque los suponía

en contacto con dos individuos considerados responsables de los asesinatos cometidos durante

la guerra, que se suponía se escondían en Barcelona. En contacto con el jefe de Correos, que

en no pocas localidades ejercía tareas de informante, solicitaba poder abrir la correspondencia

de los supuestos contactos para conocer las direcciones de aquéllos y facilitar su arresto. El

Gobernador negaba la solicitud y le indicaba que toda correspondencia sospechosa debía ser

enviada sin abrir al Gobierno Civil.43

No sólo las conductas sospechosas debían ser denunciadas, sino también todos

aquellos comentarios críticos e infundados sobre el régimen o sobre Falange. El chisme y los

bulos debían ser cazados y sancionados. "Lo que no podemos concebir es que se opine de

política, de gestiones públicas, de organismos del Estado, con el mismo desenfado con que se

abordan los temas intranscendentes, apoyados en la barra del bar, o sobre el tapete verde del

juego del azar y enredo. […] La función ordenadora del Estado no puede, de ninguna forma, 42 AHL, Fondo Gobierno Civil, Legajo 7 Expediente 81. 43 Ibídem.

17

andar vapuleada de corro en corro, a la intemperie desolada de la charlatanería. El

Movimiento que ha creado aquél, estructurando el salvador sistema nacional, mucho menos",

se podía leer en los editoriales de la prensa falangista leridana.44 Las conversaciones en la

calle, en la cola del racionamiento, en el transporte público, etc., debían hacerse en voz baja e

ir con cuidado en hacer algún comentario malsonante. Los agentes informantes podían estar

en cualquier parte, con el ojo y la oída siempre al acecho. Fue lo que sucedió a un grupo de

cinco personas que viajaban en el tren de Barcelona a Zaragoza que, según la información

falangista, "atacaban en voz alta y sin reparo alguno las Instituciones del Nuevo Estado,

refiriendo además una serie de bulos en descrédito de nuestra División Azul y de los

productores que van a trabajar a Alemania", sin saber que en el mismo compartimento viajaba

un agente de la delegación provincial de Información e Investigación de Lleida, que, después

de identificarse, tomó nota de su identidad y su documentación y denunció lo sucedido a la

delegación provincial de Barcelona, de donde aquéllos eran originarios.45

Claro que la potestad para dar el alto a cualquier persona, pedirle la documentación y

tomar nota de ello para luego interponer una denuncia originó también algún que otro abuso

por parte de falangistas desaprensivos que intentaban sacar provecho de ello. Así, a mediados

1939, el jefe provincial de Falange y el Gobernador Civil de Lleida publicaban sendas notas

en la prensa advirtiendo que se habían dado casos de individuos que "fingiéndose agentes de

la autoridad o de Información e Investigación de FET han cometido en algún caso actos

punibles o ilícitos" por lo que se aconsejaba exigir siempre la acreditación de los agentes.46

Elementos de la Falange que se otorgaban unas competencias que no les tocaba, generando

con ello conflicto con las autoridades gubernativas. Fue el caso de dos falangistas de Juneda

(Garrigues) que se dedicaban a pedir las guías de circulación a individuos sospechosos de

tráfico clandestino de harina, según declararon "con el exclusivo objetivo de colaborar en pro

de la justicia". Estos mismos falangistas se habían tomado el tema del estraperlo como una

cruzada personal que les llevó a presentar numerosas denuncias contra otros significados

vecinos del pueblo, incluso contra el Alcalde, por todo tipo de irregularidades en materia de

abastos y ocultación de bienes intervenidos.47

44 "Hay que raer el chisme", La Mañana, 17-5-1942. 45 "Boletín nº 557 de información y ambiente de la delegación provincial de Información e Investigación de Lérida", 15-3-1942. AGA, Presidencia, SGM-Vicesecretaría General del Movimiento, caja 17. Conxita Mir ha documentado casos de comentarios y opiniones críticas en voz alta que pasaron por la justicia ordinaria. C. MIR: Vivir es sobrevivir..., op. cit., pp. 84-88. 46 La Mañana, 19-8-1939, 30-8-1939. 47 Véase nuestro J. GELONCH: "Lluites pel poder municipal en temps de fam. Juneda, 1939-1943", en DD.AA.: Un segle d'electricitat a Juneda, 1902-2002, Juneda, Editorial Fonoll, 2003, pp. 147-162.

18

El estraperlo y todas las corruptelas en torno a la cuestión de los abastos fue, como en

otras provincias españolas, un tema casi obsesivo en los informes periódicos que la Falange

leridana enviaba a la Secretaría General del Movimiento. Cualquier tipo de actividad de

acaparamiento, ocultación, desviación y venda ilegal o a precios abusivos era un ataque

frontal a la tan predicada revolución nacionalsindicalista que encarnaba la Falange. Por ello

era necesario perseguirla y castigarla de forma ejemplar. Los falangistas leridanos redactaban

en abril de 1940 que, pese algunas actuaciones de la policía urbana, el estraperlo sigue en la

ciudad "con descaro e impunidad sin igual". A la estación de tren llegaban vagones cargados

de trigo, azúcar y aceite, pero el reparto era irrisorio. "No hay azúcar, pero con 'sobreprecio'

se alcanzan las cantidades que se precisan", lo que producía un gran malestar en la población

porque "conoce mil casos, hechos y sucedidos con respecto a tan importantísimo problema

como es el de Abastos, y cunde un desaliento, una desmoralización grande por parte de la

vecindad".48 A pesar de las sucesivas campañas en la prensa, el endurecimiento de la ley para

castigar el estraperlo y la exhortación a los ciudadanos a denunciar a cambio de una parte

proporcional de la sanción impuesta, solían ser los pequeños estraperlistas, para quienes era

una estrategia de supervivencia, aquellos que sufrían las sanciones ejemplares de la Fiscalía

Provincial de Tasas y sus nombres aparecían en la prensa. Existía la idea popular, recogida

por los informes de Falange, que los grandes estraperlistas, aquellos que se jactaban de

influencias e impunidad, nunca serían sancionados, "porque de hacerlo tendría que castigarse

a personas muy influentes, cuya actuación delictiva en dicha materia es de sobra conocida.

[…] Se rumorea que el que tiene influencia logra evitar toda sanción, y que únicamente se

sanciona al desgraciado que transporta víveres para su consumo particular o al que vende a

precios abusivos pequeñas cantidades de artículos".49 La situación descrita para la provincia

era dramática: "siendo zona productiva y estando tan próxima al mar, no consiguen obtener

razonados suministros alimenticios, ni llega pescado de ninguna clase que pueda ser

comprado públicamente y dentro de la legalidad. Por esta causa el estraperlo es el único

medio de abastecimiento que efectivamente existe en la Provincia; lo que provoca un estado

de descontento y profunda crítica que propala el pueblo afectado".50

48 "Información relacionada con nuestro escrito nº 18.141 del pasado año, sobre Lérida", 10-4-1940. AGA, Presidencia, SGM-DNP, c. 368. 49 Distintos ejemplares del "Boletín de información y ambiente de la delegación provincial de Información e Investigación de Lérida", entre abril y agosto de 1942. AGA, Presidencia, SGM-Vicesecretaría General del Movimiento, caja 17. 50 "Boletín nº 1001 de información e ambiente político general de España". AGA, Presidencia, SGM-DNP, caja 240.

19

Los agentes de Falange informaban detalladamente de los puntos de la ciudad donde

se practicaban las ventas clandestinas, se señalaban responsables, enlaces y chivatos. Muy a

menudo se acusaba la complicidad y connivencia de militares, guardias civiles, empleados del

ayuntamiento, funcionarios de la delegación provincial de abastos, funcionarios de la prisión,

ferroviarios y vigilantes de los trenes, etc. Sin mucho resultado, eran plenamente conscientes

de ello. Las acusaciones de acaparamiento y ventas abusivas en el mercado negro fue un

argumento recurrente para la Falange para atacar autoridades y poderes económicos de los

pueblos, formaba parte de la demagogia falangista para poner fin a la vieja política que iba en

contra de la justicia social que representaba la revolución nacionalsocialista. Acusaciones de

corrupción se cruzaban en los conflictos políticos con los Gobernadores Civiles, como fue el

caso en Lleida de Juan A. Cremades (1939-1943), al que se acusaba de estar, junto con el

delegado provincial de abastos del momento, al frente de la trama estraperlista. No fue el

único gobernador acusado. En 1947, la Falange leridana denunciaba a la Secretaría General

del Movimiento, la operación clandestina (cabe decir que "conocida por todos los leridanos")

de un destacado estraperlista de la ciudad, que había vendido 890.000kg de azúcar en

Barcelona, con el conocimiento y acuerdo el Gobernador Civil, a la vez que jefe provincial

del Movimiento, José Carrera Cejudo (1945-1951), íntimo amigo del estraperlista. Sin

embargo, ambos quedaron sin sanción, poniendo de manifiesto que, mucho más allá de la

moralidad, el ejercicio de autoridad era buena garantía de impunidad.51

Cabe decir que los propios falangistas no se escapaban de la rumorología popular que

los identificaba como unos arribistas y aprovechados y los señalaba como los principales

beneficiarios del estraperlo y la corrupción. De hecho, los rumores no siempre eran

infundados porque algunas jerarquías locales del partido se aprovecharon del poder para sacar

tajada del comercio ilícito. A finales de 1939, por ejemplo, el jefe local de Juneda y otros

delegados locales fueron detenidos y encarcelados por tráfico ilícito de mercaderías.52 O el

jefe local de Maials (Segrià), implicado en una trama ilegal de comercio de aceite en la que

también estaban el Alcalde y otras autoridades locales.53 La opinión popular atribuía a

Falange parte de las prácticas corruptas del régimen, lo que era motivo de grave desprestigio

para el partido, contra el que las jerarquías provinciales intentaban luchar, muchas veces en

vano.

51 AGA, Presidencia, SGM-DNP, caja 51/20691 52 AHL, Fondo Gobierno Civil, Legajo 73 Expediente 85. 53 La Mañana, 30-10-1940.

20

*****************************

Si pudiéramos recuperar y realizar una lectura a fondo en los miles y miles de

informes y expedientes que redactaron los agentes de Información e Investigación de Falange

durante aquellos años, seguro que el cuadro resultante sería una fotografía bastante

aproximada de las miserias y abusos de la posguerra, de los temores y aspiraciones fundados e

infundados de los falangistas, que, con el concurso de muchos otros ciudadanos corrientes y

anónimos llevaron a cabo una intensa tarea de vigilancia e intervención de la sociedad. La

participación del partido único en la maquinaria represiva y de control social franquista

durante la posguerra fue eficiente y sustancial. Quizás fue éste uno de sus mayores logros,

entre muchos otros fracasos de carácter político y socializador.

Con la derrota de los fascismos en 1945, y en un contexto de acelerada

desfascistización del régimen franquista e incluso de FET y de las JONS, ésta vio reducidas

sus funciones parapoliciales y muchos de sus agentes y personal de las delegaciones

provinciales de Información e Investigación se integraron en las estructuras de la Dirección

General de Seguridad. Con todo, por la eficacia demostrada en los años anteriores y la

posesión de amplios ficheros, todavía le fue encargado en 1946 el proceso de auscultación

política del conjunto de la población española, que tenía por finalidad preparar el terreno para

el referéndum de la Ley de Sucesión de 1947 y las elecciones orgánicas de 1948. El proceso,

que se realizó entre mayo y julio de 1946, trataba de conocer el estado de opinión de la

sociedad, "no de una manera apriorístico, sino por medio de una labor de verdadera

investigación, discreta y eficazmente llevada por las Jefaturas Locales", señalaba el jefe

provincial del Movimiento de Tarragona, lo que no podía llevarse a cabo "sino es con celo y

espíritu de servicio que la Falange nunca rehusó en los momentos en que fueron necesarios".

Para ello se debía recoger información, pueblo por pueblo, de todos los españoles mayores de

21 años censados, con el objetivo de calificarlos en falangistas (F), adictos al Movimiento (A)

o enemigos del régimen (E), clasificación que debía hacerse siendo "altamente ecuánimes, sin

apasionamiento, no dejándose llevar por las apariencias ni los sentimientos, sino penetrando

en el fondo psicológico de su adhesión a Franco y a su Régimen". El proceso se llevó a cabo

con una meticulosa organización y la coordinación de los inspectores comarcales y los jefes

locales, siguiendo a rajatabla las directrices emanadas por la superioridad. Era una labor de

investigación que requería discreción, "oír sin ser oídos el pensar y el sentir de todo el

personal de tu local al expresar sus simpatías o aversión a lo relacionado con el Estado" para

21

conseguir "el más exacto conocimiento del sentido popular con relación al cuerpo social en el

que operamos".54 La Falange, como hemos visto, llevaba años haciéndolo.

Los resultados mostraron como afectas al régimen una gran mayoría de provincias.

Sólo dos, Guipúzcoa y Vizcaya, aparecían como enemigas, y seis aparecían como dudosas,

Álava, Málaga, Navarra, Sevilla, Teruel y Lleida.55 En unos momentos críticos para su

supervivencia, estos resultados hacían pensar al régimen que la población española estaba al

lado de su Caudillo. La auscultación sin duda movilizó todas las jefaturas locales de Falange y

puso a prueba su capacidad real de control social de la población. Muy seguramente fue éste

el último gran servicio de investigación y espionaje que se requirió a las Falanges locales,

muchas de las cuales en aquellos momentos habían ya perdido buena parte de su

protagonismo en la vida local, con pocas funciones reales y sin recursos, subordinadas al

poder de los alcaldes y de los ayuntamientos.

54 "Circular nº 85: Estadística de auscultación" y otros documentos enviados por el inspector comarcal de FET y de las JONS de Flix (Tarragona) a las jefaturas locales de su demarcación en ACRE, Fondo Jefatura Local de FET y de las JONS de la Serra d'Almos, caja 4. 55 J. TUSELL: Franco y los católicos. La política interior española entre 1945 y 1957, Madrid, Alianza Editorial, 1984, pp. 163-164.