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COMISIÓN ESPECIAL QUE INVESTIGA LOS HECHOS IRREGULARES OCURRIDOS

EN LAS ZONAS MINERAS DEL MUNICIPIO SIFONTES DEL ESTADO BOLÍVAR

INFORME FINAL

Corresponde a esta Comisión Especial, conformada por los Diputados AMÉRICO DE

GRAZIA, Presidente; LUIS SILVA, Vicepresidente; OLIVIA LOZANO, RACHID YASBEK y JOSÉ

HERNANDEZ, presentar a la Plenaria de la Asamblea Nacional este INFORME FINAL

contentivo de las conclusiones y recomendaciones derivadas de la investigación sobre los

acontecimientos que conmocionaron a la población del Municipio Sifontes del Estado

Bolívar y, por su repercusión, a Venezuela entera; conocidos públicamente como “la

masacre de Tumeremo”.

DE LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL

Ante las denuncias presentadas por testigos y pobladores locales, divulgadas por medios

de comunicación y recibidas por diputados de esta Cámara, sobre la posible desaparición

física masiva de personas relacionadas con la explotación minera en el ámbito territorial

del municipio Sifontes del Estado Bolívar, esta Asamblea Nacional acordó en sesión

ordinaria de fecha 8 de Marzo del año en curso, la creación de la presente Comisión

Especial a los fines de investigar los hechos, en uso de sus atribuciones constitucionales

contenidas en los artículos 193, 223 y 224 de la Constitución de la República Bolivariana

de Venezuela.

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DEL OBJETO DE LA COMISIÓN ESPECIAL

Desde su primera reunión ordinaria los integrantes de esta Comisión Especial

establecieron el marco de trabajo para lograr los siguientes objetivos: 1) Contribuir útil y

oportunamente al propósito de conocer la verdad de los hechos, de modo solidario con

los familiares de las víctimas, y la población de Tumeremo; verdad que empezaba con el

hecho de que un gran número de mineros fueron vilmente asesinados y que el individuo

conocido como alias “El Topo” estaba involucrado. 2) Contribuir a que se materialice el

hallazgo de los cuerpos y la posterior identificación de cada uno de los mismos. 3) Ayudar

a determinar los autores materiales así como los instigadores intelectuales de los hechos.

4) Intentar identificar las causas que generaron dichos eventos, en la búsqueda de evitar

que se repita un suceso similar. 5) Ayudar a establecer las responsabilidades penales de

los involucrados, exigir y velar por que se apliquen las sanciones judiciales

correspondientes. 6) Aportar sugerencias en relación a un plan adecuado de

ordenamiento de la actividad minera, que contribuya a lograr que ésta se desarrolle ajena

a bandas y a organizaciones de carácter criminal. 7) Proponer elementos que contribuyan

al diseño de una política minera acertada, en armonía con el ambiente y con la

preservación de nuestros ríos y grandes reservas forestales.

DE LOS HECHOS QUE ORIGINAN LA CREACIÓN DE ESTA COMISIÓN ESPECIAL

El viernes 4 de marzo 2016 en horas de la noche, los habitantes de Tumeremo, Municipio

Sifontes del Estado Bolívar, recibieron noticias que alertaban sobre una presunta masacre

en el fundo Atenas ejecutada por la banda de Jamilton Andrés Ulloa Suárez, alias “El

Topo”, a raíz de lo cual decidieron acudir al Hospital de la entidad y otras dependencias

oficiales, incluidas la sede de la Policía del Estado Bolívar, la comandancia del Cuerpo de

Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) y el Comando de la Guardia

Nacional Bolivariana (GNB), a fin de solicitar ayuda y obtener posibles respuestas sobre la

condición de los familiares de los que hasta el momento no tenían noticias; sin embargo,

los funcionarios de guardia hicieron caso omiso a la exigencia de búsqueda y de registrar

el hecho, negándose a actuar bajo el alegato de tener órdenes de acuartelamiento

provenientes de Caracas. (Anexo1)

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El sábado 5 de Marzo, a tempranas horas de la mañana, vecinos y familiares de personas

que no llegaron a sus hogares el día anterior, luego de constatar la parálisis de los

organismos de seguridad del Estado, decidieron cerrar el paso de la Troncal 10 –carretera

que une a Venezuela con Brasil– para hacer públicas sus denuncias y exigencias. (Anexo2)

Al lugar se hicieron presentes los medios de comunicación, el Alcalde Carlos Chancellor

Ferrer, el Diputado electo por el Estado Bolívar ante la Asamblea Nacional, Amerigo De

Grazia (Anexo 3) y fue entonces cuando se empezó a tener conocimiento a nivel nacional

e internacional de la tragedia ocurrida en la entidad y comenzaron las muestras de

solidaridad con los familiares de las víctimas y desaparecidos, con testimonios similares

sobre prácticas criminales con precedentes en todas las zonas mineras del sur del Estado

Bolívar: Ikabarú y la Gran Sabana, Las Claritas, El Dorado y Tumeremo en el Municipio

Sifontes; en el Callao, en Guasipati y el Miamo del Municipio Roscio; el Manteco en el

Municipio Piar; La Paragua en el Municipio Angostura y lugares apartados de los

Municipios Sucre y Cedeño al oeste del Estado Bolívar.

Un reporte del Diputado Amerigo De Grazia permite establecer cómo desde los primeros

momentos, y a través de su persona, la Asamblea Nacional empieza a ser contactada.

(Anexo 4)

Según su propio relato, el parlamentario recibió a las 5:45 a.m. del día sábado 5 de marzo,

una llamada de su amigo JJ COELLO desde Tumeremo, quien con la frase “Amérigo, me

mataron a mi hijo”, le ofreció las primeras informaciones sobre el hecho y lo motivó a

dirigirse a esa localidad.

Una vez llegado a Tumeremo el Diputado pudo constatar que la protesta se desarrollaba

ante la indiferencia de los cuerpos de seguridad. Al exigir conversar con los manifestantes

le presentaron a un testigo que le aseguró haber estado presente en dicha masacre, haber

presenciado cómo, según sus propias palabras, “los mataron uno por uno”, y aseguró

haber contado 28 cadáveres que fueron sacados en un camión de volteo color azul. El

testigo alegó que pudo reconocer, entre esa cantidad de muertos, a 17 lugareños de

Tumeremo y aseveró que alias “El Topo” y su gente, estaban acompañados de agentes del

CICPC, SEBIN, GNB y OLP que iban vestidos con uniformes negros portando armas largas,

pistolas y chalecos. De igual manera, el testigo le informó al Diputado que el individuo

conocido como “El Topo” recibió varias llamadas telefónicas de alguien a quien se refería

como “Patrón”, mientras le reportaba el número de ejecutados y cómo, según su

testimonio, en horas de la noche se llevaron los cadáveres a la mina de Hoja de Lata.

Ese mismo sábado 5 de marzo, los presentes en el cierre de la vía le dictaron al Diputado

De Grazia los nombres de las personas que reportaban como desaparecidas (Anexo 5), al

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tiempo que los familiares iban colocando sus fotografías en una gran pancarta al borde de

la carretera (Anexo 6); lo que permitió hacer de conocimiento público la tragedia de la que

fueron víctimas:

José Ángel Ruiz Montilla

Néstor De Jesús Ruiz Montilla

José Armando Ruiz Montilla

Mary Dalia Ruiz Muñoz

Mariellys Ruiz Muñoz

Ángel Ignacio Trejo

Roger José Romero Ángel

José Gregorio Nieves Aguinagalde

Jesús Alfredo Aguinagalde González

Keiner Zambrano

Gustavo Guevara Aguinagalde

José Gregorio Romero Ara

Junior Henrique Romero Ara

Cristobal José Heredia Caña

Luis Díaz Guzmán

Jairo Rodríguez

Carlos José Carvajal Custodio

Muchos medios no se atrevieron a abrir sus micrófonos para narrar el dolor de los

familiares; sin embargo, cabe reconocer la disposición de Globovisión a transmitir cuanto

denunciaban los familiares de las víctimas, permitiendo que se fuera tejiendo toda una red

de solidaridad local, regional, nacional e internacional que ayudó, al menos, a que

aparecieran los cadáveres de los 17 ciudadanos reclamados por sus familiares en

Tumeremo.

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A Guayana y sus ciudadanos no les sorprendió la actitud irresponsable del Gobernador

Rangel Gómez, quien, sin pestañear, negó categóricamente la masacre y la desaparición

de los 17 mineros, alegando que la información era “absolutamente falsa” y advirtiendo

que el hecho era un show político de los factores de oposición para aterrorizar a la

población de Tumeremo. Todo ello en declaraciones en su propia voz ante el canal oficial

Venezolana de Televisión cuyo video y transcripción se adjuntan a este informe (Anexo7).

Luego de haber transcurrido más de 24 horas de haberse registrado los hechos, los

canales oficiales del Estado Venezolano no fueron menos irresponsables, fijando una

posición similar a la del Gobernador del Estado Bolívar, calificando los acontecimientos

como una maniobra para restarle brillo a los eventos programados por el gobierno para

conmemorar la “siembra” del comandante eterno, y haciendo publicaciones que

calificaban al hecho como una “masacre virtual” (Anexo8). Semejante descalificación no

logró intimidar a los familiares de los desaparecidos, que no dejaban de protestar día tras

día, manteniendo cerrada la vía de la troncal 10, en espera del regreso de sus hijos, o de

sus cadáveres, para darles cristiana sepultura (Anexo9). Pudieron más los gritos públicos y

desgarradores de los padres, que la hegemonía comunicacional de quienes pretendían,

inútilmente, vender una historia oficial, negando lo que finalmente se concretó con el

hallazgo de una fosa común de, al menos, 17 cadáveres. (Anexo 10)

Es a raíz de estos hechos que el martes 08 de marzo, esta Asamblea Nacional, tomó la

firme determinación de nombrar una Comisión Especial que le hiciera seguimiento al caso

e investigara los hechos que enlutaron a Tumeremo, Guayana y Venezuela entera. Al

respecto, debe señalarse que la bancada del oficialismo se negó a participar en esta

iniciativa parlamentaria, intentando descalificar el propósito de la investigación.

DEL MARCO GENERAL QUE ENVUELVE A LOS HECHOS INVESTIGADOS

El Estado Bolívar es el de mayor riqueza minera de toda Venezuela. A sus enormes

recursos hidrográficos con los más caudalosos ríos del país, así como la más grande

reserva forestal, se añade una impresionante gama de yacimientos minerales donde

destacan oro, diamante, hierro, bauxita, plata, cobre, carbón y coltán; sin embargo, en los

últimos años se ha convertido en el gran centro operacional de bandas criminales que

imponen su ley ante la pasividad en ocasiones, y complicidad en otras, de todos los

estamentos de seguridad del Estado. Ahí se encuentra la población de Tumeremo, en el

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municipio Sifontes, sede de numerosos yacimientos auríferos donde la minería artesanal

se convirtió en la principal fuente de trabajo.

A raíz de la estatización de la minería por decreto del ex Presidente Chávez, en septiembre

de 2011 (Anexo 11), la explotación por parte de mineros artesanales, que constituyen la

mayoría, quedó fuera del marco legal.

A las minas de Guayana no llegan los medicamentos necesarios para tratar la fiebre

amarilla, pero sí llegan armas y municiones de distintos calibres y dimensiones para

amedrentar a la población y existen funcionarios beneficiarios del cobro de vacunas

impuestas a los mineros, comerciantes y pobladores, por parte de estas mafias

autodenominadas “Sindicatos” que actúan como si estuvieran administrando una

concesión y donde las reglas las fija un jefe llamado “pran”. La guerra por el oro incluye el

control de las minas, tráfico de drogas, venta ilegal de gasolina y gasoil y prostitución, y las

bandas delictivas se enriquecen mediante la extorsión y el sicariato.

En fecha 26 de Enero 2016 el Comisario Jefe del SEBIN José Gregorio Lezama Gómez,

mediante informe remitido al Mayor General Gustavo González López Director General

del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) (Anexo 12) indica que el actual

comisionado del Gobernador Rangel Gómez, el General del Ejército Julio Cesar Fuentes

Manzulli, desde el año 2010, en su condición de Director de la Policía del Estado Bolívar,

otorgaba credenciales policiales y armamento a determinadas bandas delictivas

asignándoles responsabilidad de control en diversos sectores citando a alias “El Capitán en

el sector Vista El Sol de San Félix, alias “El gordo Bayón” en el sector sindical, alias “el

Ciego” en Ciudad Bolívar y minas de La Paragua, alias “el Topo” en minas de Guasipati y

Tumeremo, alias “el negro Juancho” en las minas del sur desde el Dorado hasta Las

Claritas, alias “el Sapito”-mano derecha y coordinador del Alcalde de Ciudad Bolívar

Sergio Hernándezmuy cercano al Gobernador, entre otros denominados pranes.

La “masacre de Tumeremo” sucede a los pocos días de la creación de la empresa

Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG) –

Gaceta del 10 de Febrero 2016– (Anexo13) y del anuncio de la puesta en marcha del

motor minero con la firma por Nicolás Maduro –el 24 de Febrero 2016– del Decreto para

la certificación de reservas en el llamado "Arco Minero del Orinoco"(Anexo 14), abarcando

más 111.800 km2 (Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro),lo que constituye cerca del 12%

del territorio nacional en el que se encuentran aproximadamente 200 millones de

toneladas de bauxita y 44.000 toneladas entre oro y diamantes, con la intención de

otorgarle concesiones de explotación a 150 empresas mineras de 35 países (Anexo 15).

Destaca, sorpresivamente, la reincorporación de la empresa transnacional aurífera

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canadiense GOLD RESERVE a las áreas previamente expropiadas por el gobierno en el

sector Las Claritas, Municipio Sifontes, luego de que dicha empresa le ganase al Estado

venezolano una cuantiosa demanda ante tribunales internacionales (Anexo 16) y para

cuya explotación se requiere la desocupación, en su totalidad, de los actuales ocupantes,

todos ellos mineros artesanales y trabajadores conexos.

El 28 de Febrero 2016 el Presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes,

anunció que varias empresas mixtas con capital canadiense, estadounidense y alemán

iniciarían en abril 2016 la extracción de oro, cobre, plata y coltán como parte de los

convenios suscritos por el Gobierno.(Anexo17)

El 4 de Marzo tiene lugar la masacre.

DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA COMISIÓN ESPECIAL

La Comisión Especial, formada a los efectos antes señalados, inició sus actividades a partir

del día miércoles 9 de marzo del año en curso, y en el desarrollo de sus actividades: 1)

Procedió a hacer extensiva, a todos los Diputados y Diputadas electos por el Estado

Bolívar, cualquiera fuera su signo o militancia política, la invitación a formar parte de la

investigación y a contribuir con esta Comisión para esclarecer los hechos y dar respuesta a

los familiares y sociedad civil; 2) Por cuanto el estudio y la investigación del caso se

realizaría atendiendo asuntos relacionados a los Derechos Humanos, procedió a consultar

a diferentes Organizaciones No Gubernamentales de defensa y promoción de los

mismos, tales comoPROVEA, Foro Penal, Centro De DDHHUCAB, COFAVIC, al igual que al

ciudadano RAFAEL NARVÁEZen su condición de ex diputado del antiguo Congreso de la

República y abogado defensor de los DDHH; todos quienes no solo aportaron sus

opiniones respecto al caso, sino que tuvieron a bien la disposición de formar parte activa

en el desempeño esta Comisión participando en la elaboración de un plan de acción,

brindando su asesoría durante el tiempo que esta se mantuviera en el ejercicio de sus

funciones yaportando a esta Comisión Especial recomendaciones jurídicas que fueron

valiosas para arribar a las conclusiones finales que se exponen en el presente informe. 3)

Acudió a la población de Tumeremo el díaviernes 11 de marzo del año en curso con el

propósito de efectuar una reunión con los familiares de las víctimas a fin de recoger sus

testimonios y obtener de los mismos, información de interés para el análisis y estudio

encomendado a esta Comisión Especial. En tal sentido, la Comisión conoció y registró los

testimonios del Sr. LUIS JOSÉ NIEVES, padre de JOSÉ GREGORIO NIEVES AGUINAGALDE, la

Sra. JOLYS MILAGROS CABELLO FERMÍN, esposa de JOSÉ GREGORIO NIEVES

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AGUINAGALDE, el Sr. HENRIQUE ROMERO, padre deJOSÉ GREGORIO ROMERO ARA Y

JUNIOR HENRIQUE ROMERO ARA, la ciudadana LUZ MARINA CASTILLO, concubina de

JOSÉ GREGORIO ROMERO ARA, la Sra. MIGDALIA ÁNGEL MORENO, madre de ROGER JOSÉ

ROMERO ÁNGEL y la Sra. MELAIDA CUSTODIO, madre de CARLOS JOSÉ CARVAJAL

CUSTODIO (Anexos); todos de los cuales se destaca la falta de diligencia en la actuación de

los funcionarios pertenecientes a los cuerpos de seguridad del Estado, así como la

negligencia, falta de respeto y falta de ejecución en las funciones de quienes fueron

encargados de llevar a cabo las investigaciones correspondientes, custodiar la zona minera

y brindar seguridad a la ciudadanía. Asimismo, de las declaraciones ofrecidas por los

familiares, esta Comisión Especial recabó datos importantes en relación a los hechos que

permitieron señalar al individuo conocido con el alias de “El Topo” como el principal

ejecutor de la masacre, dejar constancia de la participación de individuos equipados con

armas largas y chalecos del SEBIN y el CICPC, señalar a la ciudadana Rosa Gil como

implicada, e identificar las minas de Atenas, Hoja de Lata y Nuevo Callao como zonas de

alta importancia en el caso. 4) Cursó invitación al Ciudadano Francisco Rangel Gómez,

para reunión con esta instancia parlamentaria el día 29 de marzo, a fin de que este

expusiera la información que pudiera tener sobre los hechos ocurridos el pasado 4 de

marzo en la población de Tumeremo, en su calidad de Gobernador del Estado Bolívar; y,

en vista de la ausencia del mismo, remitió cuestionario al Ciudadano Gobernador, el día

30 de marzo, con la finalidad de que con sus respuestas pudiera contribuir a aclarar los

hechos y llegar a lo medular del asunto. 5) Recabó y registró denuncias de otras personas

desaparecidas en distintos lugares en otros actos, en otras circunstancias y quizás bajo

otros móviles, en asuntos relacionados o no al tema de la minería. 6) Acudió a dos (2)

reuniones y mantuvo conversaciones con el Ciudadano Defensor del Pueblo, Tarek

William Saab, en el marco de la mutua cooperación entre los poderes del Estado;

teniendo lugar la primera reunión el día 16 de marzo del año en curso y la segunda el día

lunes 11 de abril del mismo año, a propósito de contribuir en el esclarecimiento del caso

que propició la creación de esta Comisión, determinar a los responsables materiales e

intelectuales de tan despreciable acontecimiento y lograr que se haga justicia, así como

aportar la información recogida de las otras denuncias que recibiera la Comisión Especial

sobre desapariciones en hechos distintos. 7) Sostuvo reunión con representantes de la

Sociedad Venezolana de Ingenieros de Minas y Metalúrgicos, el día 5 de abril, a los fines

de obtener de los mismos la opinión que como especialistas en el tema pudieran tener

sobre la implementación de una política del Arco Minero del Orinoco, así como las

recomendaciones que tuvieran a bien hacer en cuanto a la parte administrativa y técnica

de ingeniería minera, de modo que esta Comisión pudiera dejar constancia de las mismas,

con el objeto de contribuir en el desarrollo de un plan adecuado de ordenamiento que

logre que la actividad minera se desarrolle en armonía con el ambiente y la haga ajena a

bandas y a organizaciones de carácter criminal. 8) Se reunió con la Ciudadana Fiscal de la

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República, Luisa Ortega Díaz, el día 11 de abril del año en curso, en el entendido de la

cooperación interinstitucional entre los poderes del Estado, con la finalidad de

contribuir en el esclarecimiento del caso, determinar a los responsables materiales e

intelectuales, lograr que se haga justicia, y aportar la información recogida de las otras

denuncias que recibiera la Comisión Especial sobre desapariciones en hechos distintos.

CONCLUSIONES GENERALES

A pesar de la complejidad del caso investigado, que aún no ha sido esclarecido sino muy

superficialmente por parte de los organismos de Seguridad del Estado; de las

contradicciones en las declaraciones y datos proporcionados entre la Fiscal General, el

Defensor del Pueblo, el Ministro de Interior, el Gobernador del Estado Bolívar y otros

cuerpos del Estado (Anexo 18); de la recurrente aparición de nuevos elementos y

denuncias; de la sucesión de eventos sobrevenidos como la desaparición o asesinato de

testigos claves; del cúmulo de denuncias de nuevos casos de desapariciones (Anexo19) en

la zona y otros puntos del país; de las presiones y amenazas recibidas por algunos de sus

miembros (Anexo20), esta Comisión Especial, ajustándose al lapso otorgado, puede poner

en conocimiento de la Asamblea Nacional las siguientes conclusiones:

1. Producto de las denuncias, la creación de esta Comisión Especial de la Asamblea

Nacional y su desempeño, con la colaboración de ONGs especializadas en la

defensa de los Derechos Humanos, el trabajo de valientes comunicadores sociales,

el escándalo internacional y el reclamo ante organismos del Estado como la Fiscalía

y la Defensoría del Pueblo, se logró hasta ahora demostrar que SÍ HUBO UNA

MASACRE, se rescataron los cadáveres de al menos 17 víctimas y el Ministerio de

Interior y de Justicia ha corroborado la participación material en los hechos de

Jamilton Andrés Suarez Ulloa, alias “El Topo” y sus secuaces cuyas órdenes de

captura ya han sido emitidas y con el resultado de algunas detenciones. (Anexo21)

2. Hubo numerosas masacres anteriores (Anexo22) ante la mirada complaciente del

Estado pero en esta oportunidad, a diferencia de ocasiones anteriores, la mayoría

de las víctimas fueron vecinos de Tumeremo, no foráneos y tienen dolientes, con

lo que se puede concluir que la movilización de los afectados y la solidaridad de

todo un pueblo fueron determinantes a la hora de obligar al Estado a ofrecer,

aunque parcialmente, respuestas a sus demandas.

3. En las áreas mineras del Estado Bolívarse violan los Derechos Humanos de manera

sistemática. Los mineros artesanales venezolanos son sometidos a la violencia, al

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miedo, a la extorsión, a la criminalización de su trabajo, con ánimo de inducirlos a

la clandestinidad y al tráfico de miseria con consecuencias nocivas en lo social,

económico y ambiental. Es inconcebible este estado de cosas en una zona

totalmente militarizada sin la complicidad directa de algunos altos mandos de la

Fuerza Armada Nacional.

4. La criminalización de la actividad minera a través de los decretosque han sido

producto de Leyes Habilitantes, es decir, sin debate parlamentario ni consulta

amplia a todos los sectores de la vida productiva del país, colocan a una población

de más de 150.000 personas sin garantías ni protección alguna, en situación de

cómplices directos o indirectos, voluntarios u obligados, a expensas o al servicio de

mafias, grupos armados, guerrilla y paramilitares que operan con total libertad e

impunidad. Esto induce a señalar que el oro, el diamante y el coltán del subsuelo

de nuestro territorio, son extraídos, movilizados y exportados por vías totalmente

irregulares ante la pasividad, la negligencia o la complicidad de gran parte de los

muy numerosos efectivos de la Fuerza Armada Nacional abrumadoramente

presentes en la zona, causando un gravísimo daño al patrimonio de la República.

5. Esta Comisión concluye que el ciudadano Rangel Gómez en su calidad de

Gobernador del Estado, actuó de manera negligente desde los primeros momentos

al negar de forma categórica los hechos denunciados, cosa que contribuyó a que

las autoridades policiales y de la Fuerzas Armadas incumpliesen con sus

obligaciones de brindar colaboración inmediata a los denunciantes y se

desarrollasen las labores de rescate, protección y liberación de los, para ese

entonces, desaparecidos o de ubicación exacta del lugar de la masacre, el

oportuno análisis de la escena del crimen y el descubrimiento inmediato de los

cadáveres que, ante la negligencia oficial, fueron trasladados a otra ubicación.

Igualmente la negación rotunda de los hechos y la subsecuente desmovilización de

los cuerpos de seguridad, y muy especialmente del CICPC local, pudieron contribuir

a permitir la fuga de quien ha sido plenamente identificado como principal autor

material de la masacre y, por ende, dificultar las investigaciones que conduzcan a

determinar quiénes ordenaron la matanza.

6. La masacre de Tumeremo, tuvo lugar días después de la creación de la empresa

militar Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas

(CAMIMPEG) y del anuncio, por parte del Presidente Maduro y del Presidente del

Banco Central de Venezuela, de las negociaciones con 150 empresas

multinacionales de 35 paísespara la explotación de yacimientos en el marco del

denominado “Arco Minero del Orinoco”. En dichos acuerdos entra la restitución a

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la empresa transnacional aurífera canadiense Gold Reserve de las áreas mineras

expropiadas por el Gobierno en Las Claritas, Municipio Sifontes, luego de que esta

empresa le ganase al Estado Venezolano una demanda ante tribunales

internacionalespor un monto superior a los 740 millones de dólares para cuya

implementación es necesario desalojar de las zonas comprometidas, a miles de

mineros y trabajadores conexos que ocupan actualmente esos territorios.

RECOMENDACIONES

Se recomienda a la Asamblea Nacional, previa aprobación del presente INFORME FINAL,

contentivo de los resultados derivados de la investigación sobre los hechos irregulares que

tuvieron lugar en la población de Tumeremo, zona minera del Municipio Sifontes del

Estado Bolívar;

PRIMERO: Se Recomienda a la plenaria de la Asamblea Nacional Remitir este INFORME

FINAL a la Fiscalía General de la República y Exhortar a su máxima autoridad a que

establezca responsabilidades de todos los involucrados en el hecho y logre la captura y

condena de los autores materiales e intelectuales del caso; entre ellos, el ciudadano

Jamilton Andrés Ulloa Suárez, quien está plenamente identificado como autor material de

los hechos ocurridos en el Municipio Sifontes del Estado Bolívar –conocidos como la

masacre de Tumeremo– y quien, habiendo transcurrido dos (2) meses del hecho, aún se

encuentra en libertad.

SEGUNDO: Remitir este INFORME FINAL, por aprobación de la plenaria, a La Defensoría

del Pueblo para la prosecución de las averiguaciones referentes al caso.

TERCERO: En vista de la magnitud del caso y de las graves denuncias formuladas por el

Comisario Jefe del SEBIN José Gregorio Lezama Gómez, contenidas en su informe de fecha

del 26 de enero de 2016 (Anexo12), que incriminan a autoridades civiles y militares y les

relaciona con el autor material de la llamada masacre de Tumeremo y las bandas

irregulares que operan en la zona; Se Recomienda a esta Asamblea Nacional, Remitir este

INFORME FINAL, por aprobación de la plenaria, al Ministerio del Poder Popular para

Relaciones Interiores, Justicia y Paz para la prosecución de las averiguaciones referentes

al caso y Exhortar a su máxima autoridad a que determine y establezca las

responsabilidades que corresponden, de todos los Cuerpos de Seguridad del Estado y

miembros del Gobierno regional y nacional.

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CUARTO: Se Recomienda a esta Asamblea Nacional, remitir este INFORME FINAL, por

aprobación de la plenaria, a la Comisión Permanente de Política Interior para la

prosecución de las averiguaciones referentes al caso.

QUINTO: En el entendido de que la zona en la que tuvieron lugar los hechos está bajo el

control de la Fuerza Armada Nacional, se Recomienda remitir este INFORME FINAL, por

aprobación de esta plenaria, al Ministerio del Poder Popular para la Defensa para la

prosecución de las averiguaciones y Exhortar a su máxima autoridad a que defina y

determine las responsabilidades de la presencia de las fuerzas del Estado en las zonas

mineras, y en consecuencia establezca las responsabilidades que corresponden a los

funcionarios destacados en el lugar.

SEXTO: Remitir este INFORME FINAL, por aprobación de la plenaria de esta Asamblea

Nacional, a la Contraloría General de la República a fin de que inicie las investigaciones

administrativas pertinentes en vista de las denuncias mencionadas en el punto primero.

SEPTIMO: Vista la urgente necesidad de una evaluación y reorganización de la

institucionalidad del sector minero, así como la necesidad de un plan adecuado de

ordenamiento territorial y minero; Se Recomienda a la plenaria de la Asamblea Nacional

Remitir este INFORME FINAL al Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería de

manera que se plantee una evaluación y reorganización de la institucionalidad del sector

minero y una política de minas que promueva la racionalidad y establezca códigos dentro

de un marco institucional adecuado que estipule la participación real del sector público y

privado.

OCTAVO: Se sugiere a esta plenaria, Remitir este INFORME FINAL a la Comisión

Permanente de Energía y Petróleo de esta Asamblea Nacional en atención a la revisión y

adecuación del marco legal concerniente a la actividad minera, a fin de establecer

lineamientos de ejecución minera, públicos y transparentes, y normar sobre el derecho

sólido de quienes ejerzan la minería.

NOVENO: Remitir este INFORME FINAL, por aprobación de la plenaria de esta Asamblea

Nacional, al Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas y Exhortar a su

máxima autoridad a que estimule la participación multisectorial para garantizar

acciones eficientes de minería responsables, mediante la implementación de un consejo

asesor que facilite la participación de instituciones y organizaciones vinculadas a la

minería, academias y universidades, a fin de lograr establecer códigos y normas de buena

práctica minera que resulten en que esta actividad se desarrolle en armonía con el

ambiente.

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DECIMO: Se Recomienda a esta Asamblea Nacional, remitir este INFORME FINAL, por

aprobación de la plenaria, a la Comisión Permanente de Ambiente, a fin de que haga las

averiguaciones correspondientes en materia ambiental referentes a la actividad minera.

DECIMO PRIMERO: Dar publicidad al presente Informe

En Caracas en el Palacio Federal Legislativo a la fecha cierta de su presentación.

Conformes firman:

Diputado AMERICO DE GRAZIA Presidente

Diputado LUIS SILVA Vicepresidente

Diputada OLIVIA LOZANO

Diputado RACHID YASBEK

Diputado JOSE HERNANDEZ