Embed Size (px)
Citation preview
XALAPA – ENRÍQUEZ, VERACRUZ A
VEINTISÉIS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS
MIL DIECISIETE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V I S T O S los autos del Toca número
2057/2017, para resolver sobre el recurso de apelación
interpuesto por ******, en contra de la sentencia de fecha
dieciséis de junio del año dos mil diecisiete, pronunciada por
el Juez del Juzgado ****** de Primera Instancia en
Materia de Familia del Distrito Judicial de ******, en el
Juicio Ordinario Civil número ******, promovido por
******, en contra de ******, sobre disolución del vínculo
matrimonial y otras prestaciones; y,- - - - - - - - - - - - - - - - - -
R E S U L T A N D O
Primero.- Los puntos resolutivos del fallo apelado
son como sigue: “…PRIMERO: Es procedente la acción
planteada por el actor, la demandada no dio contestación, en
consecuencia; SEGUNDO: Se declara la incompetencia de
este Juzgado para pronunciarse respecto de la disolución del
vínculo matrimonial, por los motivos expuestos en la parte
considerativa de este fallo: TERCERO: Con el divorcio
decretado con los cónyuges recobran su entera capacidad
para contraer nuevo matrimonio, sin necesidad de esperar el
plazo de un año, a que se refiere el artículo 163 del Código
Civil, por los argumentos vertidos en el cuerpo de este fallo.
CUARTO: Una vez que cause ejecutoria esta sentencia
expídase las copias certificadas de la misma, así como del
auto que declara que ha causado estado, al Oficial Encargado
del Registro Civil de esta Ciudad de ******, para que realice
la declaratoria de divorcio y levante el acta respectiva
haciendo la anotación correspondiente en el acta de
matrimonio número ****** del índice de esa Oficialía.
QUINTO: No se fija pensión compensatoria a favor de alguna
de las partes, al no haberse justificado necesidad manifiesta
T 2057/17 2
de uno de los cónyuges. SEXTO: No se hace condena de
gastos y costas del juicio, por tratarse de un asunto del orden
familiar. SÉPTIMO: Notifíquese…”.- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Segundo.- Inconforme la parte demandada con el
fallo emitido, interpuso recurso de apelación en su contra, el
que se tramitó por su secuela procedimental hasta llegar al
momento de resolver, lo que ahora se hace bajo las
siguientes:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C O N S I D E R A C I O N E S
I.- El recurso de apelación tiene por objeto que el
superior confirme, revoque o modifique la resolución del
inferior, en términos del artículo 509 del Código de
Procedimientos Civiles.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
II.- El artículo 514 del Ordenamiento Legal antes
invocado, establece que al interponerse el recurso de
apelación, se deben expresar los motivos que originaron la
inconformidad, los puntos que deben ser objeto de la segunda
instancia o los agravios que en concepto del apelante le
irrogue la resolución combatida.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
III.- La recurrente ******, en su escrito
apelatorio, hizo una exposición estimativa e invocó textos
legales para determinar sus agravios en contra de la sentencia
recurrida, por lo que sólo nos aplicaremos a su estudio en la
medida requerida, sin hacer transcripción de los mismos, por
economía procesal.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IV.- Impuestos los integrantes de esta Sexta
Sala en Materia de Familia de los agravios que hace
valer la apelante, tenemos que los mismos resultan
fundados en una parte e infundados en otra, por lo que
se impone MODIFICAR la sentencia recurrida, por las
razones que se expondrán a continuación.- - - - - - - - - - - -
La apelante como agravios de su parte
expresó los que se reseñan a continuación: PRIMERO.-
T 2057/17 3
Violación al artículo 57 del Código Procesal Civil, ya que el
A quo no dictó una sentencia clara, al determinar que no es
competente para decretar la disolución del divorcio (sic?),
aunado a que a pesar de haberse demandado la disolución de
****** misma que se mencionó en la contestación de
demanda, no se resolvió nada respecto a esta, por lo que no se
decidió sobre todos los puntos litigiosos, violándose los
derechos humanos establecidos en el artículo 14 de nuestra
Carta Magna. SEGUNDO.- Inexacta aplicación del artículo
261 fracción II y 265 del Código Procesal Civil, ya que el
inferior no le da pleno valor probatorio al acta de ******
celebrado entre las partes bajo el régimen de ******, toda
vez que si el actor demandó la disolución de dicha sociedad y
la aquí apelante al contestar la demanda manifestó que estaba
de acuerdo con dicha prestación, el juez tenía la obligación
de resolverla, y al no hacerlo violentó los numerales
invocados y el arábigo 57 del Código Adjetivo Civil.
TERCERO.- Inexacta aplicación de la tesis jurisprudencial
con número de registro 2009591, ya que el juez no decretó el
divorcio y no se pronunció sobre la disolución de la sociedad
conyugal, además, descartó los alimentos del ****** porque
existe un convenio celebrado en el expediente ****** del
índice del Juzgado ****** de Primera Instancia del Distrito
Judicial de ******, pero aduce la recurrente que el actor no
cumple con el mismo, ya que únicamente deposita ******
como se observa de los ****** que obran en actuaciones y
que no fueron debidamente valorados, transgrediendo el
numeral 326 de la ley de proceder en la materia, que es la
mitad de lo pactado ******, sumado a que no ha pagado el
******, y tampoco se resolvió sobre la disolución de la
******, a pesar de que es una prestación que se demandó y
que la apelante también pidió al contestar la demanda.
CUARTO.- Inaplicación de los artículos 161 y 165 del Código
T 2057/17 4
Civil. Igualmente le agravia que el Encargado del registro
Civil declare la disolución del matrimonio, pues éste
únicamente puede hacerlo en el supuesto establecido por el
arábigo 146 del Código Civil -divorcio administrativo-, y no en
el divorcio establecido en la jurisprudencia que hace valer el
resolutor, aduciendo que caso tendría promover el divorcio en
el juzgado de lo familiar si el juez no es competente.- - - - - - -
Son fundados parcialmente los agravios de la
apelante.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Este Tribunal coincide con la recurrente
****** en que el juez emitió una sentencia violatoria
del artículo 57 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado, por cuanto se apartó de la demanda, la
contestación de demanda y las pruebas recibidas, de tal
suerte que no es clara, precisa y completa, más aún
resulta incongruente por las consideraciones y resolutivos
contradictorios en que sostuvo el sentido de su fallo,
causando agravio a la esfera jurídica de la apelante al
dejar de resolver la litis sometida a su jurisdicción al
declararse incompetente para decretar el divorcio de las
partes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cierto, el juez en el considerando segundo de
su sentencia externó razonamientos que evidentemente
apuntaban a la procedencia de la acción de divorcio
incoado por ******, y por ende a la disolución del
vínculo matrimonial de las partes, toda vez que sostuvo
que el divorcio debe prosperar sin necesidad de prueba
de causal alguna. Tales razonamiento fueron expresados
por el juez natural con apoyo en la jurisprudencia 1a./J.
28/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, de rubro: “DIVORCIO NECESARIO. EL
REGIMEN DE DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO QUE EIXGE LA ACREDITACIÓN DE
CAUSALES, VULNERA EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA
PERSONALIDAD (CÓDIGOS DE MORELOS, VERACRUZ Y LEGISLACIONES
T 2057/17 5
ANALOGAS)”, en que la que el máximo Tribunal estableció
la inconstitucionalidad del régimen de causales de
divorcio previsto en el artículo 141 del Código Civil del
Estado de Veracruz, por ser restrictivo del derecho
humano al libre desarrollo de la personalidad.- - - - - - - - -
Para constatar lo anterior conviene transcribir
los razonamientos que el juez hizo respecto a la acción
de divorcio (el subrayado es nuestro): “…CONSIDERANDOS …II.- el
señor ****** reclama de la señora ******: la disolución del vínculo matrimonial,
así como otras prestaciones. … Ahora bien, es concepto del suscrito declarar
procedente la petición de ****** en atención a la dignidad humana, libre
desarrollo de la personalidad, en virtud de que con la sola manifestación de la
voluntad de uno de los cónyuges, en este caso del actora, el divorcio
necesario debe establecerse aun cuando no queden demostradas las
causales que nuestra Legislación establece, tomando en consideración el
derecho fundamental a la dignidad humana …. En esa tesitura, ante la causa
de pedir del actor señor ******, quien ha expresado su voluntad de no seguir
unido en matrimonio con su todavía cónyuge …. Por lo tanto, al demostrarse
la existencia del matrimonio de las partes, con el acta de número ******, ante
el Encargado del Registro Civil de esta Ciudad de ****** , (…) al haberse
manifestado la voluntad de uno de los cónyuges (actor) para no seguir unido
en matrimonio, el divorcio necesario debe proceder aun cuando no queden
demostradas las causales invocadas en nuestra Legislación Civil, tomando en
consideración el derecho fundamental a la dignidad humana.”.- - - - - - - -
La transcripción anterior corrobora que los
razonamientos del A quo mostraron las razones jurídicas
por las cuales era factible que la acción de divorcio
necesario ejercida por ****** fuera precedente, y por lo
tanto se decretara la disolución del matrimonio de los
contendientes con todas sus consecuencias.- - - - - - - - - - -
En misma líneas ideas, el juez se pronunció
expresamente sobre dos consecuencias derivadas del
divorcio, como son: a) la restitución a los divorciados
de su aptitud para contraer nuevas nupcias y, b) la
declaración judicial sobre los alimentos entre
excónyuges, pues dijo (el subrayado es nuestro):- - - - - - - - - - - -
T 2057/17 6
“…Con el divorcio ambos cónyuges recobran su entera
capacidad para contraer nuevas nupcias, sin necesidad de esperar el plazo
de un año, a que se refiere el artículo 163 del Código Civil, pues siendo
congruentes con la propia interpretación que se ha dado al derecho humano,
al libre desarrollo de la personalidad, (…) se inaplica el precepto invocado
anteriormente, por vulnerar el derecho al libre desarrollo de la personalidad
de las partes.”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
“…El artículo 162 del Código Civil para el Estado de
Veracruz, establece: que en los casos de divorcio, cuando haya necesidad
manifiesta de alguna de las partes, el Juez fijará una pensión (Pensión
compensatoria a favor de aquel que tenga dicha necesidad), bajo esa premisa
normativa, éste Tribunal encuentra innecesario fijar una pensión
compensatoria a favor de alguna de las partes, al no haber justificado
necesidad manifiesta de alguno de los cónyuges.”.- - - - - - - - - - - - - -
Consecuencias que solo pueden ser abordadas
por el juez si ha emitido pronunciamiento sobre la
procedencia del divorcio, pues la restitución de la
capacidad de los sujetos para contraer nupcias, descansa
en la condición de que sea disuelto su matrimonio a
través del divorcio; y el otorgamiento de alimentos entre
excónyuges, igualmente tiene como presupuesto la
extinción del vínculo matrimonial, tal como se colige de
los artículos 162 y 163 del Código Civil.- - - - - - - - - - - -
Sin embargo, en subsecuentes párrafos de la
sentencia, el juez se apartó de tales razonamientos,
exponiendo consideraciones incongruentes que le llevaron
a declararse incompetente para disolver el vínculo
matrimonial decretando el divorcio de los interesados y
para disolver la sociedad conyugal que éstos formaron,
por estimar -el juez- que de acuerdo al artículo 653 del
Código Civil para el Estado, la autoridad competente
para hacer sendas declaratorias es el Registro Civil,
aduciendo que al “desaparecer” el divorcio contencioso
también desapareció el procedimiento que daba a los
jueces facultades y competencia para condenar a los
cónyuges a otorgarlo. En esa línea argumentativa el juez
T 2057/17 7
“reservó” la resolución de las cuestiones familiares
controvertidas, condicionando la continuación del juicio a
que las partes acudieran previamente ante el Encargado
del Registro Civil competente para el levantamiento del
acta de divorcio correspondiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Para corroborar las ideas reseñadas, resulta
oportuno transcribir en lo conducente las consideraciones
externadas por el juez (el subrayado es nuestro):- - - - - - - - - - -
“… Sin que se haga declaratoria respecto de la disolución del
vínculo matrimonial así como de la ******, régimen por el cual contrajeron
matrimonio, esto es así, dado que ala analizar, en cuanto a la autoridad del
Estado Mexicano, facultada para declarar el divorcio voluntario, es menester
hacer alusión al numeral 653 del Código Civil el cual a la letra reza: (…). De
acuerdo a lo previsto en los artículos transcritos, se advierte que el Registro
Civil es la Institución de orden público y de interés social por la cual el Estado
inscribe, autoriza, certifica y da publicidad a los hechos y actos constitutivos o
modificativos del estado civil de las personas y que, tratándose del divorcio
voluntario, basta con que los interesados se presenten personalmente ante el
Oficial del Registro Civil del lugar de su domicilio, comprueben con las copias
certificadas respectivas que son casados y mayores de edad, así como
manifiesten de una manera terminante y explícita su voluntad de disolver su
matrimonio, para que, previo levantamiento y ratificación del acta respectiva,
el Oficial del Registro Civil declare el divorcio, haciendo anotación
correspondiente. En ese contexto, debe establecerse que, si en el Estado
Mexicano ya no existe el divorcio contencioso por un estado de culpabilidad y,
por tanto, desapareció aquel procedimiento que le había sido atribuido a los
jueces de instancia civil para condenar a alguno de los cónyuges a otorgar de
manera obligada el divorcio; entonces los citados jueces ya no tienen ninguna
facultad para pronunciarse acerca de la disolución matrimonial por carecer de
competencia para ello; por tanto, en tratándose de divorcio, la única autoridad
facultada legalmente para declarar la disolución del vínculo matrimonial es el
Encargado del Registro Civil, sin que se obstáculo, el hecho que acuda ante
éste Tribunal uno solo de los consortes, pues como ya se expuso, atendiendo
al derecho al libre desarrollo de la personalidad del individuo y, a la obligación
que tienen todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar
los derechos humanos, establecida en el artículo 1º, párrafo tercero, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es suficiente la
solicitud unilateral del matrimonio, sin que se desconozca la necesidad de
resolver las cuestiones familiares relacionadas con la disolución del
matrimonio, tales como la guarda y custodia, régimen de convivencia,
alimentos o alguna otra cuestión semejante, pues la contienda judicial, deberá
versar sobre las cuestiones relativas al matrimonio que se disuelve,
T 2057/17 8
encontrándose previstas en el artículo 147 del Código Civil para el Estado,
por lo que previa exhibición de la declaratoria de divorcio efectuada por el
Encargado del Registro Civil, corresponde al suscrito abordar, en la vía
contenciosa, el estudio de los puntos a los que se va a constreñir la contienda
civil; debido a que ésta si es una facultad que se sigue reservando al Juez de
primera instancia; no así la declaratoria de la disolución del vínculo
matrimonial, de hacerlo así, resultaría violatoria al derecho humano, de la
libertad, garantía de legalidad la que se encuentra consagrada en el artículo
16 Constitucional, son restricciones que guarda nuestra carta magna
centrando el límite en forma inmediata y directa, justificándose a la necesidad
de proteger o preservar no solamente derechos fundamentales, sino otros
bienes protegidos, las que no se consideran arbitrarias, si son razonables y
proporcionales.”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Argumentos del juez que resultan
contradictorios con los razonamientos que él mismo
expresó al inicio de su sentencia respecto a la acción de
divorcio, que fueron, como explicamos, encaminados a
estimarla procedente con apoyo en la jurisprudencia de
rubro: “DIVORCIO NECESARIO. EL RÉGIMEN DE DISOLUCIÓN DEL
MATRIMONIO QUE EXIGE LA ACREDITACIÓN DE CAUSALES, VULNERA
EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD (CÓDIGOS
DE MORELOS, VERACRUZ Y LEGISLACIONES ANÁLOGAS).”; y
asimismo contradictorios con las consecuencias -del
divorcio- que declaró, o sea, la restitución a las partes de
su capacidad para contraer nupcias y, la de no imponer
a los excónyuges el pago de alimentos por estimar que
ninguna de ellos presenta necesidad manifiesta de
recibirlos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Afirmamos que son contradictorios los
argumentos del juzgador, en virtud de que una
pretensión (de divorcio) no puede reunir al mismo tiempo
cualidades opuestas, como son la procedencia y la
improcedencia, puesto que una excluye a la otra; es
decir, una acción no puede ser procedente y al mismo
tiempo improcedente. Asimismo, la negativa del juez a
decretar el divorcio resulta incompatible con las
consecuencias (propias del divorcio) que estableció para las
T 2057/17 9
partes, las cuales solo pueden producirse si ha sido
procedente la disolución del matrimonio.- - - - - - - - - - - - -
Más aún, la señalada contradicción
considerativa que hemos venido exponiendo, quedó
confirmada en los resolutivos de la sentencia, cuenta
habida que el juez resolvió (el subrayado es nuestro):
“…RESUELVE. PRIMERO.- Es procedente la acción planteada por el actor,
la demandada no dio contestación, en consecuencia; SEGUNDO: Se declara
la incompetencia de este Juzgado para pronunciarse respecto de la disolución
del vínculo matrimonial, por los motivos expuestos en la parte considerativa
de este fallo: TERCERO: Con el divorcio decretado los cónyuges recobran su
entera capacidad para contraer nuevo matrimonio, sin necesidad de esperar
el plazo de un año, a que se refiere el artículo 163 del Código Civil, por los
argumentos vertidos en el cuerpo de este fallo. CUARTO: Una vez que cause
ejecutoria esta sentencia expídase las copias certificadas de la misma, así
como del auto que declara que ha causado estado, al Oficial Encargado del
Registro Civil de esta Ciudad de ******, para que realice la declaratoria de
divorcio y levante el acta respectiva haciendo la anotación correspondiente en
el acta de matrimonio número ****** del índice de esa Oficialía. QUINTO: No
se fija pensión compensatoria a favor de alguna de las partes, al no haberse
justificado necesidad manifiesta de uno de los cónyuges.”.- - - - - - - - - -
Pues bien, la manifiesta incongruencia de la
sentencia apelada sin duda agravia a la apelante ******,
toda vez que el juez, no resolvió de manera clara,
precisa y completa los puntos litigiosos sometidos a su
jurisdicción, de acuerdo con la demanda y la
contestación de demanda, como lo dispone el artículo 57
del Código Procesal Civil. sobre este aspecto invocamos
como ilustrativa la tesis que dice: “SENTENCIAS CIVILES,
CONGRUENCIA DE LAS (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL PARA
EL ESTADO DE VERACRUZ). El principio de congruencia de las
sentencias que establece el artículo 57 del código procesal civil para el
Estado de Veracruz, implica la exhaustividad que debe regir en las
mismas, es decir, la obligación del juzgador de decidir las
controversias que se sometan a su conocimiento, tomando en cuenta
todos y cada uno de los argumentos aducidos tanto en la demanda,
como aquellos en que se sustenta la contestación a ésta y demás
pretensiones hechas valer oportunamente en el pleito, de tal forma que
T 2057/17 10
se condene o absuelva al demandado, resolviendo, sobre todos y cada
uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate,
debiéndose tomar en cuenta que en tratándose de una reconvención, el
actor principal se convierte a su vez en demandado, pues constituye
propiamente una contrademanda que el reo hace valer frente al actor
en el mismo juicio en que fue emplazado. Por ello si esa reconvención
se presenta oportunamente y cumple con los requisitos de forma, el
juzgador al resolver deberá necesariamente atender y decidir en la
misma sentencia, tanto lo deducido por la parte actora en su escrito de
demanda, como lo alegado por la demandada en la acción
reconvencional; todo ello en exacta concordancia con lo establecido en
los numerales 57 y 214 del código adjetivo civil de la entidad antes
referida.”, publicada con los datos: Época: Novena Época,
Registro: 193136, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis:
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, Materia(s): Civil, Tesis: 1a./J.
34/99, Página: 226.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
De igual forma, esta Sala considera que tiene
razón la recurrente ******, cuando afirma que el juez
violentó los artículos 146, 161 y 615 del Código Civil,
al declararse incompetente para decretar el divorcio
solicitado y disolver la sociedad conyugal constituida por
los contendientes; y, en cambio, reconocérsela al
Encargado del Registro Civil.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
En efecto, vemos que el juez desconoció su
competencia para decretar el divorcio y disolver la
sociedad conyugal, atribuyéndosela al Registro Civil, con
base en los siguientes argumentos:- - - - - - - - - - - - - - - - -
1. Que al haber declarado nuestro Alto
Tribunal la inconstitucionalidad del régimen de causales
de divorcio contemplado en el artículo 141 del Código
Civil Veracruzano, desapareció el divorcio contencioso
por un estado de culpabilidad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T 2057/17 11
2. Que tal declaratoria también trajo como
consecuencia la desaparición del procedimiento de
divorcio contencioso.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. Que esa desaparición del procedimiento
provocó que los jueces carezcan de facultades y
competencia para resolver sobre la disolución del
matrimonio.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. Que la competencia para declarar la
disolución del matrimonio es del Registro Civil, por ser
la institución de orden público y de interés social, por
la cual el Estado inscribe, autoriza, certifica y da
publicidad, a los hechos y actos constitutivos o
modificativos del estado civil de las personas.- - - - - - - - -
5. Que el divorcio puede obtenerse con la
voluntad de uno de los cónyuges, debido a la obligación
que tienen las autoridades de proteger y garantizar los
derechos humanos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Argumentos que este Tribunal de alzada no
comparte, porque si bien la declaración de
inconstitucionalidad del régimen de causales de divorcio
contempladas el artículo 141 del Código Civil, eliminó
la posibilidad de contienda sobre la disolución del
matrimonio, pues para su procedencia basta con la
voluntad de uno de los cónyuges. Lo cierto es que esa
declaración no estableció como efecto o consecuencia, la
“desaparición” del procedimiento para la sustanciación y
resolución del mismo, es decir, la inaplicación de las
normas procesales establecidas para el divorcio otrora
llamado necesario, pues de la lectura de la
jurisprudencia respectiva que dice: “DIVORCIO NECESARIO.
EL RÉGIMEN DE DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO QUE EXIGE
LA ACREDITACIÓN DE CAUSALES, VULNERA EL DERECHO AL
LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD (CÓDIGOS DE
T 2057/17 12
MORELOS, VERACRUZ Y LEGISLACIONES ANÁLOGAS).- El libre
desarrollo de la personalidad constituye la expresión jurídica del
principio liberal de "autonomía de la persona", de acuerdo con el cual
al ser valiosa en sí misma la libre elección individual de planes de vida,
el Estado tiene prohibido interferir en la elección de éstos, debiéndose
limitar a diseñar instituciones que faciliten la persecución individual de
esos planes de vida y la satisfacción de los ideales de virtud que cada
uno elija, así como a impedir la interferencia de otras personas en su
persecución. En el ordenamiento mexicano, el libre desarrollo de la
personalidad es un derecho fundamental que permite a los individuos
elegir y materializar los planes de vida que estimen convenientes, cuyos
límites externos son exclusivamente el orden público y los derechos de
terceros. De acuerdo con lo anterior, el régimen de disolución del
matrimonio contemplado en las legislaciones de Morelos y Veracruz (y
ordenamientos análogos), que exige la acreditación de causales cuando
no existe mutuo consentimiento de los contrayentes, incide en el
contenido prima facie del derecho al libre desarrollo de la
personalidad. En este sentido, se trata de una medida legislativa que
restringe injustificadamente ese derecho fundamental, toda vez que no
resulta idónea para perseguir ninguno de los límites que imponen los
derechos de terceros y de orden público. En consecuencia, los artículos
175 del Código Familiar para el Estado de Morelos y 141 del Código
Civil para el Estado de Veracruz, en los cuales se establecen las
causales que hay que acreditar para que pueda decretarse la disolución
del matrimonio cuando no existe mutuo consentimiento de los cónyuges,
son inconstitucionales. De acuerdo con lo anterior, los jueces de esas
entidades federativas no pueden condicionar el otorgamiento del
divorcio a la prueba de alguna causal, de tal manera que para decretar
la disolución del vínculo matrimonial basta con que uno de los
cónyuges lo solicite sin necesidad de expresar motivo alguno. No
obstante, el hecho de que en esos casos se decrete el divorcio sin la
existencia de cónyuge culpable no implica desconocer la necesidad de
resolver las cuestiones familiares relacionadas con la disolución del
matrimonio, como pudieran ser la guarda y custodia de los hijos, el
régimen de convivencias con el padre no custodio, los alimentos o
alguna otra cuestión semejante.”, publicada con los datos
siguientes: Época: Décima Época, Registro: 2009591, Instancia:
Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario
T 2057/17 13
Judicial de la Federación, Publicación: viernes 10 de julio de 2015
10:05 h, Materia(s): (Constitucional), Tesis: 1a./J. 28/2015 (10a.), no
se desprende razonamiento alguno que conduzca a
estimar que pueda o deba acudirse a procedimientos
distintos de los que compete conocer a los jueces
tratándose de la acción de divorcio.- - - - - - - - - - - - - - - -
Por el contrario, de la jurisprudencia
transcrita se puede colegir que el único alcance que
tuvo la declaración de inconstitucionalidad fue establecer
que para la procedencia de la acción de divorcio (en
Veracruz y legislaciones análogas) no debía exigirse la
demostración de causal alguna, bastando para ello la
petición de uno de los cónyuges sin mediar razón o
motivo alguno, en atención al derecho humano al libre
desarrollo de la personalidad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Constata la conclusión anterior lo señalado
por el Alto Tribunal en la ejecutoria que dio origen a
la transcrita jurisprudencia que enseguida citamos (el
destacado es nuestro): “…De acuerdo con lo anterior, la
inconstitucionalidad de dichos artículos debe tener como efecto que los Jueces de instancia decreten el divorcio sin que exista cónyuge culpable.
Así, los Jueces no pueden condicionar el otorgamiento del divorcio a la
prueba de alguna causal, de tal manera que para decretar la disolución del
vínculo matrimonial basta con que uno de los cónyuges lo solicite sin
necesidad de expresar motivo alguno. En este sentido, el hecho de que en
esos casos se decrete el divorcio sin la existencia de cónyuge culpable, no
implica desconocer la necesidad de resolver las cuestiones familiares
relacionadas con la disolución del matrimonio, como pudieran ser la guarda y
custodia de los hijos, el régimen de convivencias con el padre no custodio, los
alimentos o alguna otra cuestión semejante.”.- - - - - - - - - - - - - - - - -
Entonces, podemos afirmar que la declaración
de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación no autorizó a descocer la vigencia y eficacia
de las normas procedimentales aplicables, mucho menos
autorizó a implementar procedimientos no previstos en la
T 2057/17 14
ley, o acudir a la aplicación de normas procesales por
analogía.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Esta afirmación que externamos encuentra
apoyo en la tesis que la Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación emitió al definir la
naturaleza de la disolución del vínculo matrimonial en el
llamado “ divorcio sin expresión de causa” que a
continuación citamos (el subrayado es nuestro): “DIVORCIO SIN
EXPRESIÓN DE CAUSA. LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO
MATRIMONIAL DERIVADO DE AQUÉL, SÓLO CONSTITUYE EL
RECONOCIMIENTO DEL ESTADO DE UNA SITUACIÓN DE
HECHO RESPECTO DE LA DESVINCULACIÓN DE LOS
CÓNYUGES. Considerando que en el divorcio sin expresión de causa
es suficiente la solicitud unilateral de la disolución del matrimonio para
que el juez la decrete, donde incluso no importa la posible oposición
del diverso consorte, pues la voluntad del individuo de no seguir
vinculado con su cónyuge es preponderante, no está supeditada a
explicación alguna, sino exclusivamente a su deseo de ya no continuar
casado. Así, la disolución del vínculo matrimonial por parte del Estado
constituye sólo el reconocimiento de éste de una situación de hecho
respecto de la desvinculación de los cónyuges, donde la voluntad de uno
solo de ellos, de no permanecer en matrimonio atiende al derecho al
libre desarrollo de la personalidad.”, publicada con los datos: Época: Décima Época, Registro: 2008495, Instancia: Primera Sala,
Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, Materia(s): Civil,
Tesis: 1a. LX/2015 (10a.), Página: 1394, criterio en el que,
como puede verse, se señala que es suficiente la
solicitud unilateral de uno de los cónyuges para que los
jueces decreten el divorcio; expresión “jueces decreten”
que confirma que son los órganos jurisdiccionales los
competentes para disolver el matrimonio decretando el
divorcio solicitado por uno de los cónyuges.- - - - - - - - - -
En esa tesitura, es incierta la aseveración del
juez de que los jueces carecen de competencia para
T 2057/17 15
decretar el divorcio, como también es inexacta su
afirmación de que ha desaparecido el procedimiento que
da a los jueces facultades y competencia para decretar el
divorcio; habida cuenta que el juzgador soslayó que el
único efecto que trajo la referida declaratoria de
inconstitucionalidad fue el de constreñir a los jueces a
declarar procedente el divorcio sin exigir prueba de
alguna causal.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
No es óbice a la afirmación anterior la
ausencia de contienda debido a la imposibilidad del otro
cónyuge para oponerse a la pretensión del actor; porque
esta nueva situación que guarda el derecho sustantivo
del divorcio es distinta de la que guardan aquellos
matrimonios que pueden obtenerlo por mutuo acuerdo
(acudiendo al Registro Civil en términos de los artículos 146 y 147 del
Código Civil); motivo por el cual no puede darse un
tratamiento procesal idéntico a unos y otros, como lo
hace el juez al pretender que el divorcio (por voluntad de uno
de los consortes) sea declarado por el Registro Civil en
forma análoga al divorcio basado en el acuerdo de los
cónyuges, porque de esta forma se inobservan las
normas sustantivas y adjetivas aplicables.- - - - - - - - - - - -
Por consiguiente, la remisión que hizo el juez
de las partes ante dicho órgano registral, solo puede
entenderse referida a los supuestos normativos del
artículo 146 del Código Civil, pues de otro modo,
habría obligado a los contendientes a realizar un trámite
imprevisto en la ley que rige las facultades el Registro
Civil, lo que resultaría indebido e injustificado. - - - - - - -
Es vedad que el juez fundamentó su decisión
en el contenido del artículo 653 del Código Civil que
define al Registro Civil y enuncia de manera general su
competencia. Sin embargo, esta fundamentación es
T 2057/17 16
insuficiente para convenir con su criterio, porque dicho
precepto legal no puede desligarse del resto de las
normas que regulan la función de ese órgano
administrativo y establecen los límites de sus facultades,
entre las cuales ciertamente está la de declarar el
divorcio, pero solamente en los supuestos indicados en
el artículo 146 del mencionado ordenamiento sustantivo
civil, o sea, en el llamado divorcio administrativo y en
el divorcio por mutuo consentimiento.- - - - - - - - - - - - - - -
Ahora bien, esta Sala estima que en ninguna
de las posibilidades jurídicas que la ley permite al
Registro Civil disolver el matrimonio, y no al juez,
puede ubicarse el caso del divorcio por voluntad de uno
de los cónyuges, como explicamos más adelante.- - - - - - -
A nuestra consideración, la obtención de ésta
clase de divorcios (con independencia de la denominación que se
les dé) compete a los jueces, porque de acuerdo con los
artículos 140, 157 y 165 del Código Civil; y 109, 116
fracciones IV y XII, y 117 del Código de
Procedimientos Civiles, ambos para el Estado de
Veracruz, la vía para obtener la disolución del
matrimonio a través de la acción de divorcio sin
comprobación de causal alguna, es la jurisdiccional ante
los jueces de primera instancia especializados en materia
familiar.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Por tanto, tiene razón la apelante en dolerse
de que el juez se haya negado a resolver de manera
congruente las pretensiones deducidas en juicio,
remitiéndolos ante el Encargado del Registro Civil para
obtener su divorcio, porque de ese modo se apartó del
procedimiento respectivo, y en cambio, implementó la
aplicación de procedimientos previstos para supuestos
legales distintos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T 2057/17 17
En efecto, es fundada la inconformidad de la
recurrente ******, habida cuenta que el legislador
veracruzano en ejercicio de sus facultades -legislativas-
dispuso de tres procedimientos para la obtención del
divorcio, cada uno con sus respectivos requisitos
sustantivos y procesales, que en el presente asunto el
juez primario desatendió. Veamos- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Uno es el “divorcio necesario”, llamado así
justamente por la necesidad de que un tribunal sea quien
determine su procedencia, fijando las consecuencias para
los cónyuges a virtud de su conducta y culpabilidad en
la causa del divorcio, aunque, como hemos explicado
líneas supra, el régimen de causales y las consecuencias
para los cónyuges por su conducta, es inaplicable debido
la declaratoria de inconstitucional que hizo el Alto
Tribunal. Este divorcio obtenido por vía de acción ante
los jueces de primera instancia especializados en materia
familiar, se encuentra regulado en su aspecto adjetivo a
través del procedimiento de juicio ordinario civil,
previsto en el Titulo Sexto del Código de
Procedimientos Civiles de nuestra Entidad.- - - - - - - - - - - -
Otro es el denominado “divorcio por mutuo
consentimiento”, sustentado precisamente en la voluntad
de ambos cónyuges, y que el legislador reguló en los
artículos 146 y 147 del Código Civil para el Estado de
Veracruz, sometiéndolo al procedimiento especial
señalado en los artículos 498 a 501 del Código de
Procedimientos Civiles para nuestra Entidad Federativa.- -
Un tercero conocido como “divorcio
administrativo”, llamado así por la naturaleza del órgano
competente para tramitarlo y decretarlo, como es el
Registro Civil. Divorcio que se rige por las reglas
establecidas en el artículo 146 del Código Civil y el
T 2057/17 18
Reglamento del Registro Civil del Estado de Veracruz-
Llave.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pues bien, el juez sostuvo en su sentencia
que el órgano competente para decretar el divorcio es el
Encargado del Registro Civil, bastando para ello que los
interesados se presenten personalmente ante ese órgano
estatal y comprueben la existencia de su matrimonio,
que además sean mayores de edad y manifiesten de
manera terminante y explícita su voluntad de divorciarse,
siendo suficiente la solicitud unilateral de disolución del
matrimonio, en atención a la obligación que tienen todas
las autoridades de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos contenidos en la
Constitución Política Mexicana, como es el derecho al
libre desarrollo de la personalidad.- - - - - - - - - - - - - - - - -
Argumentos del juez que a criterio de esta
Sala resultan incongruentes y contrarios a los artículos
146, 147, y 157 del Código Civil, y 1º, 57 y 60 del
Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Estado
de Veracruz, todos interpretados conforme a los derechos
humanos y garantías contenidos en los artículos 1º
párrafos primero, segundo y tercero, 14 párrafo cuarto,
16 párrafo primero, y 17 párrafo segundo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- -
A esta conclusión llegamos, en virtud de que
el legislador facultó al mencionado órgano administrativo
para la declaración del divorcio en dos supuestos
normativos (previstos en el artículo 146 del Código Civil),
ambos bajo la condición de que exista concurrencia y
manifestación expresa de la voluntad de los dos
cónyuges, y además, no exista controversia sobre los
derechos derivados del matrimonio, o que de haberlos
hayan sido resueltos ante el juez competente; requisitos
T 2057/17 19
que no se cumplen en el caso de la acción de divorcio
apoyado en la voluntad de uno de los cónyuges, como
se explica a continuación.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
En el primer supuesto la ley civil sustantiva
establece (el destacado es propio): “…Artículo 146.- Cuando ambos
consortes convengan en divorciarse y sean mayores de edad, no tengan
hijos y de común acuerdo hubieren liquidado la sociedad conyugal, si bajo
ese régimen se casaron, se presentarán personalmente ante el Encargado del
Registro Civil del lugar de su domicilio; comprobarán con las copias
certificadas respectivas que son casados y mayores de edad, y manifestarán
de una manera terminante y explícita su voluntad de divorciarse.- El
Encargado del Registro Civil, previa identificación de los consortes,
levantará un acta en que hará constar la solicitud de divorcio y citará a los cónyuges para que se presenten a ratificarla a los quince días. Si los
consortes hacen la ratificación, el Encargado del Registro Civil los declarará
divorciados, levantando el acta respectiva y haciendo la anotación
correspondiente en la del matrimonio anterior.- El divorcio así obtenido no
surtirá efectos legales si se comprueba que los cónyuges tienen hijos, son
menores de edad o no han liquidado su sociedad conyugal, y entonces
aquéllos sufrirán las penas que establezca el Código de la materia.”,
como puede leerse, en el llamado divorcio
administrativo los cónyuges deben ser mayores de edad,
no tener hijos, o de haberlos sean mayores de edad y
no necesiten alimentos y, de común acuerdo, hayan
liquidado la sociedad conyugal si se casaron bajo este
régimen.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
En el segundo supuesto normativo, el artículo
en consulta dispone: “…Los consortes que no se encuentren en el
caso previsto en los anteriores párrafos de este artículo, pueden divorciarse
por mutuo consentimiento, ocurriendo al juez competente en los términos
que ordena el Código de Procedimientos Civiles; y una vez ejecutoriada la
resolución del divorcio voluntario el juez mandará remitir copia de ella al
Encargado del Registro Civil del lugar en que se efectuó el matrimonio para
que, sin mayor trámite, se hagan las anotaciones en el libro correspondiente y
se expida la copia certificada del acta de divorcio respectiva.”, del texto
citado se desprende que en esta hipótesis legal llamado
divorcio por mutuo consentimiento, quedan comprendidos
los matrimonios que existiendo el consentimiento de los
T 2057/17 20
dos consortes, no reúnen alguno de los demás requisitos
señalados para el divorcio administrativo. Tiene
aplicación sobre el particular la tesis siguiente:
“DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO. EL CONVENIO
RELATIVO NO TIENE EFECTOS DE COSA JUZGADA AUNQUE
EL JUEZ LO HAYA APROBADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO
DE VERACRUZ). Del análisis de lo dispuesto por los artículos 498 y
501 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, así como del
diverso 149 del Código Civil de la propia entidad se desprende que
cuando los consortes convienen en separarse, pero son menores de
edad, tienen hijos y/o no han liquidado la sociedad conyugal, si bajo
ese régimen se casaron, podrán acudir ante el Juez de su domicilio para
completar su personalidad, fijar la situación en que deben quedar los
hijos y/o liquidar y dividir los bienes que correspondan a dicha
sociedad, según sea el caso, y una vez hecho lo anterior, el Juez
mandará expedir copia de las diligencias correspondientes a los
interesados para que se presenten ante el encargado del Registro Civil,
quien procederá de acuerdo con lo dispuesto por el segundo párrafo del
artículo 146 del Código Civil del Estado. De lo anterior se concluye que
al Juez sólo le corresponde aprobar el convenio presentado por los
cónyuges, como requisito sine qua non para que puedan acudir ante el
encargado del Registro Civil, ya que de lo contrario no es posible que
obtengan el divorcio por mutuo consentimiento, pues es este funcionario
quien lo declarará, una vez que los cónyuges ratifiquen ante él la
solicitud correspondiente, según se observa de la lectura del aludido
artículo 146, en el párrafo indicado; luego entonces, es claro que la
situación de que el Juez haya aprobado el convenio respectivo no
implica la disolución del vínculo matrimonial y ese acuerdo, aun
sancionado por la autoridad judicial, no constituye cosa juzgada ya que
para los efectos de la referida disolución sólo podría constituirla la
declaración del encargado del Registro Civil.”, publicada con los
datos: Época: Novena Época, Registro: 182416. Instancia: Primer
Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, Tipo de
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Tomo XIX, Enero de 2004, Materia(s): Civil, Tesis: VII.1o.C.80
C, Página: 1517.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T 2057/17 21
En los dos casos, se advierte que el
Encargado del Registro Civil requiere de la
manifestación expresa de ambos consortes de divorciarse.-
Requisito legal que no puede se surte en el
caso de la acción del otrora divorcio necesario que la
doctrina ha denominado “sin causa”, el cual dicho sea
de paso es un nombre no utilizado en el derecho
positivo veracruzano.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Decimos que el divorcio necesario (con la
voluntad de uno de los cónyuges) no puede recibir el tratamiento
dado por la ley a los mencionados procedimientos
voluntarios, porque de existir acuerdo de ambos
consortes en divorciarse y voluntad de acudir a
expresarlos ante el Encargado del Registro Civil, es
evidente que se actualizaría alguno de los supuestos
señalados en el artículo 146 del Código Civil (divorcio por
mutuo consentimiento, o divorcio administrativo).- - - - - - - - - - - - -
Por el contrario, de faltar el consentimiento
de alguno de los cónyuges para divorciarse, o
habiéndolo existe renuencia de uno de ellos a expresarlo
en la forma que exige la ley (acudir ante el Registro Civil),
es palmario que la pretensión de divorcio debe obtenerse
ante el órgano judicial competente y no ante el
Encargado del Registro Civil, dado que éste carece de
facultades para tramitar y declarar esta clase divorcios,
pues de hacerlo violentaría el principio fundamental que
rige a todo órgano del Estado, cualquiera que sea el
fuero y grado de su jurisdicción, que consiste en que
las autoridades solo pueden hacer lo que les está
expresamente permitido, como lo constata la
jurisprudencia siguiente: “AUTORIDADES.- Las autoridades sólo
pueden hacer lo que la ley les permite.”, consultable con los datos
que se anotan enseguida: Época: Quinta Época, Registro: 917621,
T 2057/17 22
Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Apéndice
2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Materia(s): Común,
Tesis: 87, Página: 69, principio que se encuentra consagrado
en el artículo 16 párrafo segundo de la Constitución
Mexicana que consagra la garantía de legalidad, que
constriñe a las autoridades a actuar dentro de sus
facultades y competencia, pues de no hacerlo el acto
que realice resulta inconstitucional.- - - - - - - - - - - - - - - - -
Por tanto, es evidente que la exigencia del
acuerdo de ambos cónyuges para divorciarse constituye
una limitante para que el Encargado del Registro Civil
pueda decretar el divorcio, pues las normas que regulan
el ejercicio de su facultades le impone el deber de
recabar el consentimiento de los cónyuges como requisito
sine qua nom, no le es legal divorciarlos. De
consiguiente, la manifestación de uno de los consortes
impide a ese órgano administrativo ejercer las facultades
y competencia que el legislador ordinario le dio para
decretarlo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
En esa tesitura, podemos afirmar que agravia
a la apelante ****** el argumento del juez natural de
que los interesados pueden acudir al Registro Civil para
que decrete el divorcio, pues es claro que éste órgano
estaría impedido para ejercer sus facultades por no
reunirse los requisitos necesarios previstos en la ley que
le confiere facultades y competencia.- - - - - - - - - - - - - - - -
Es menester destacar que la obligación que
tienen todas las autoridades del Estado Mexicano de
respetar y proteger los derechos humanos, no es motivo
suficiente para concluir que el repetido Registrador
pueda divorciar a los interesados con base en la
manifestación unilateral de uno de ellos, toda vez que
por su naturaleza y facultades (autoridad administrativa)
T 2057/17 23
solo puede aplicar la ley, pero no interpretarla para fijar
su sentido y alcance jurídico en caso de duda, de tal
suerte que no podría apartarse del contenido del artículo
146 del Código Civil para el Estado de Veracruz, y
tampoco podría dejar de aplicarla, porque las autoridades
administrativa tienen vedada la posibilidad de ejercer un
control difuso de las normas, aún en aras de tutelar
alguno derecho humano como sería el derecho al libre
desarrollo de la personalidad. Corrobora la conclusión
expuesta la tesis siguiente: “CONTROL CONSTITUCIONAL
CONCENTRADO O DIFUSO. LAS AUTORIDADES
ADMINISTRATIVAS NO ESTÁN FACULTADAS PARA
REALIZARLO.- El artículo 1o. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos establece que todas las autoridades, en el
ámbito de sus competencias, deben cumplir con una serie de
obligaciones en materia de derechos humanos. Sin embargo, en
términos de la tesis P. LXIX/2011 (9a.) (*), del Tribunal Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, las autoridades
administrativas no están facultadas para realizar algún tipo de control
constitucional, sea concentrado o difuso; es decir, no pueden declarar
la invalidez de un determinado precepto e inaplicarlo, ni siquiera bajo
el argumento de una reparación de derechos humanos, ya que ello
implicaría desatender los requisitos de procedencia señalados por las
leyes para interponer un medio de defensa, y que deben cumplirse de
manera previa a un pronunciamiento de fondo del asunto. En todo caso,
han de interpretar las disposiciones jurídicas en el sentido más
favorable a las personas, pero sin que ello llegue a descuidar las
facultades y funciones que deben desempeñar en atención a sus ámbitos
competenciales. Aceptar lo contrario, generaría incertidumbre jurídica
en franca contravención a otros derechos humanos como los de
legalidad, debido proceso y seguridad jurídica, previstos en los
artículos 14 y 16 constitucionales.”, publicada con los datos
que se anotan a continuación: Época: Décima Época, Registro:
200757, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente:
Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 03 de
T 2057/17 24
octubre de 2014 09:30 h, Materia(s): (Constitucional), Tesis: 2a.
CIV/2014 (10a.).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A mayor abundamiento debemos señalar que
si el citado registrador solo puede ejercer sus facultades
en los supuestos que la ley le permite, dentro de los
cuales no se encuentra el divorcio apoyado en la
voluntad de uno de los cónyuges. Entonces, es inconcuso
que los aquí contendientes no pueden obtener su
divorcio en la forma que dispuso el juez.- - - - - - - - - - - -
Sin que sea óbice que la resistencia que
ofreciera el Registro Civil a la petición de divorcio,
pudiera vencerse a través de la instancia de amparo,
dada la naturaleza y objeto que tiene éste juicio, que
son distintos de los que identifican a las instancias
ordinarias como es la administrativa en comento, pues
de acuerdo con los artículos 103 y 107 de la
Constitución Federal, el amparo es un juicio de
naturaleza constitucional que tiene por objeto el examen
de actos de autoridad presuntamente violatorios del
bloque constitucional mexicano, de tal suerte que
resultaría incorrecto acudir a ésta instancia (amparo) para
forzar a la autoridad administrativa (registrador) y a la
ley ordinaria a fin de alcanzar la satisfacción de un
derecho humano (el divorcio como expresión del libre desarrollo de
la personalidad) que el legislador veracruzano ha tutelado a
través de una vía específica como es el procedimiento
de juicio ordinario civil.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Por otra parte, es necesario indicar que la
sentencia apelada no puede tener el alcance de una mera
“autorización” para que el actor, o ambos cónyuges,
acudan ante el Encargado del Registro Civil a obtener
su divorcio, porque la sentencia aun siendo declarativa
(por cuanto solo reconoce la voluntad de las partes de divorciarse)
T 2057/17 25
resuelve la pretensión de divorcio permitiendo que se
proceda conforme al artículo 165 del Código Civil, es
decir, proceda a levantar el acta de divorcio respectiva,
de tal suerte que su naturaleza procesal no puede ser
igual o análoga a la que se dicta en el procedimiento
de divorcio por mutuo consentimiento que no decreta el
divorcio.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Suponer que la sentencia del juez primario es
una mera autorización semejante a la que se emite en el
procedimiento por mutuo consentimiento, implicaría
atribuir incorrectamente al juicio ordinario una doble
naturaleza procesal, contenciosa por una parte y
“voluntaria” por otra.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
De allí que insistamos en que la sentencia
del juicio ordinario civil no puede ser una simple
“autorización” para que los cónyuges acudan ante el
Encargado del Registro Civil, a tramitar su divorcio,
máxime que tal “autorización” sería innecesaria a la luz
de los propios razonamientos del A quo.- - - - - - - - - - - - -
En otro aspecto del mismo agravio, este
Tribunal de alzada estima que al remitir el juez a las
partes a un procedimiento diverso al judicial, les negó el
acceso a la justicia y obstaculizó el derecho al libre
desarrollo de la personalidad, toda vez que dejó de
cumplir con lo dispuesto en el artículo 57 del Código
Procesal Civil de resolver la controversia resolviendo
todos los puntos litigiosos y, en cambio, condicionó de
manera indebida e injustificada la resolución de los
derechos de las partes, al cumplimiento de un requisito
no previsto en la ley procedimental aplicable, al
establecer en su sentencia (el subrayado es nuestro): “… por lo
que previa exhibición de la declaratoria de divorcio efectuada por el
Encargado del Registro Civil, corresponde al suscrito abordar, en la
T 2057/17 26
contenciosa, el estudio de los puntos a los que se va a constreñir la contienda
civil…”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Condicionamiento del juez que sin duda riñe
con el argumento toral de la jurisprudencia número 1a./J.
28/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (invocada por el juez en su
sentencia), el cual como hemos visto fue el de estimar
inconstitucional el régimen de causales de divorcio por
estorbar u obstaculizar el ejercicio del derecho al libre
desarrollo de la personalidad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Esto concluimos, en razón de que el juez se
apartó del procedimiento ordinario civil una instancia
para implementar un requisito o instancia –administrativa-
imprevista en la ley, que condicionó la resolución de
todos los puntos litigiosos sometidos a su jurisdicción
por las partes, estorbando u obstaculizando,
injustificadamente, el ejercicio del derecho de las partes
al libre desarrollo de su personalidad, y asimismo, al
derecho de acceso a la justicia pronta y expedita. Apoya
los argumentos aquí expresados la jurisprudencia que se
transcribe: “GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS
ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse
como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los
plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a
tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a
defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se
respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la
defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende
a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos
-desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los
plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en
cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no
puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de
T 2057/17 27
establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los
gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la
tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos
impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales
trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o
proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir
el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al
proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con
aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental,
están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses
constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada
proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del
cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios
previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa
consignación de fianzas o depósitos.”, publicada como: Época:
Novena Época, Registro: 172759, Instancia: Primera Sala, Tipo de
Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta, Tomo XXV, Abril de 2007, Materia(s): Constitucional, Tesis:
1a./J. 42/2007, Página: 124.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
De consiguiente, para reparar los agravios
cometidos a la esfera jurídica de la recurrente ******,
esta Sala debe pronunciarse sobre las pretensiones de
las partes, en la medida que la indecisión incongruente
de primer grado sobre el divorcio incoado y la
disolución de la ****** demandados, trasciende a los
derechos de la demandada aquí apelante.- - - - - - - - - - - - -
Así este Tribunal concluye que es procedente
la acción de divorcio incoada por ******, toda vez que
en autos obra el acta de matrimonio número ******,
expedida por el Oficial Encargado del Registro Civil de
******, con valor demostrativo pleno en términos de los
artículos 261 fracción IV y 265 del Código de
Procedimientos Civiles, la que se acreditó la existencia
del matrimonio habido entre los contendientes; y así
también consta la voluntad expresa de ****** de no
T 2057/17 28
continuar casado con la demandada ******; elementos
suficientes en términos de los artículos 140 y 157 del
Código Civil, y 57 y 60 del Código Adjetivo Civil,
todos interpretados conforme a los derechos humanos en
términos de los artículos 1º párrafos primero, segundo y
tercero, y, 17 párrafo segundo, de la Constitución
Mexicana, para declarar DISUELTO EL VÍNCULO
MATRIMONIAL de ******, en observancia del derecho
al libre desarrollo de la personalidad de ambos, toda vez
que resulta suficiente la voluntad del actor para
decretarlo con independencia de que la demandada
****** no se opuso a la acción. Por lo tanto, deberá
librarse oficio con copia de esta sentencia al mencionado
registrador para que levante el acta de divorcio
correspondiente de conformidad con el artículo 165 del
Código Civil de la Entidad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Asimismo, en virtud de que los cónyuges
celebraron su matrimonio bajo el régimen de ******,
como se lee del acta de matrimonio número ******,
expedida por el Oficial Encargado del Registro civil de
******, y que de acuerdo al artículo 185 del Código
Civil la disolución del vínculo matrimonial extingue
dicho régimen matrimonial de bienes. En consecuencia,
SE DECLARA DISUELTA LA ****** CONSTITUIDA
por ******, la cual será liquidada en ejecución de
sentencia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Por otro lado, en vista de que ha quedado
disuelto el matrimonio de ******, se les restituye su
capacidad para contraer nupcias sin mayor retardo,
inaplicando para ello el artículo 163 del Código Civil
por ser restrictivo del derecho al libre desarrollo de la
personalidad. Tiene aplicación al respecto la tesis
siguiente: “DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA
T 2057/17 29
PERSONALIDAD. EL ARTÍCULO 163 DEL CÓDIGO CIVIL PARA
EL ESTADO DE VERACRUZ, AL ESTABLECER UNA
PROSCRIPCIÓN TEMPORAL A LOS EXCONSORTES PARA
CONTRAER NUEVO MATRIMONIO, TRANSGREDE AQUÉL. El
artículo 163 del Código Civil para el Estado de Veracruz, al establecer
una proscripción temporal a los exconsortes para contraer un nuevo
matrimonio restringe injustificadamente la potestad autónoma de todo
sujeto a elegir su plan de vida y transgrede el derecho al libre
desarrollo de la personalidad, el cual, aunque no se plasme
expresamente en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, está implícito en disposiciones de los instrumentos
internacionales suscritos por México y, en todo caso, debe entenderse
derivado del reconocimiento al derecho a la dignidad humana, previsto
en el artículo 1o. constitucional, el cual, como lo ha señalado la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, implica el reconocimiento del
Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente
como quiera ser, sin coacción ni controles o impedimentos externos
injustificados, con el fin de cumplir las metas y objetivos que se ha
fijado; por tanto, es la persona humana quien decide el sentido de su
existencia de acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, gustos,
etcétera, cuyos límites externos son exclusivamente el orden público y
los derechos de terceros.”, consultable con los datos: Época: Décima
Época, Registro: 2012270, Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en
Materia Civil del Séptimo Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente:
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de
2016, Tomo IV, Materia(s): Constitucional, Tesis: VII.2o.C.105 C
(10a.), Página: 2536.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Por otro lado, se deja intocado lo resuelto en
primera instancia en relación al derecho alimentario de
los excónyuges de acuerdo con lo establecido en el
artículo 162 del Código Civil, porque además de que
no existe agravio de la recurrente sobre dicho aspecto
jurídico, este Tribunal no advierte motivo alguno para
suplir la queja a efecto de otorgarla alimentos.- - - - - - - -
Ahora bien, en otro agravio la recurrente
****** se duele de que el juez no se pronunció sobre
los alimentos de su hijo ******.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T 2057/17 30
Agravio que deviene infundado, porque
además de que las partes no ejercieron acción alguna
sobre el derecho alimentario del menor (pago, aumento o
disminución), el A quo resolvió: “…En el presente caso, no se hace
pronunciamiento sobre cuestiones inherentes al menor procreado por las
partes, toda vez que, se cuenta con la instrumental de actuaciones
consistente en el expediente número ****** del índice del Juzgado ****** de
Primera Instancia, con valor pleno en términos del artículo 261 fracción VIII
del Código Procesal Civil, advirtiéndose que el día ****** se aprobó ******
exhibido por ******, en todas y cada una de sus partes.”.- - - - - - - - - - - -
Conclusión que este Tribunal comparte, en
virtud de fue recibida como prueba la instrumental de
actuaciones consistente en el expediente número ******,
relativo al juicio ordinario civil promovido por ******
en contra de ******, que se radicó en el Juzgado
****** de Primera Instancia del Distrito Judicial de
******, en el que consta el ****** de fecha ******,
celebrado por las partes, que es del tenor siguiente (el
destacado es nuestro): “…******”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
****** que fue aprobado y elevado a cosa
juzgada por el juez mediante acuerdo de fecha
veinticuatro de junio del año dos mil dieciséis que dice:
“…RESOLUCIÓN: POZA RICA DE HIDALGO, VERACRUZ, VEINTICUATRO
DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. (…) Con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 2877, 2878 y 2886 del Código Civil; 338, 339 y 340
del Código de Procedimientos Civiles, se aprueba en todas y cada una de sus
partes el presente ****** y se eleva a la categoría de cosa juzgada,
condenando a las partes a estar y pasar por el como si se tratara de una
sentencia ejecutoriada.”, la cual aparece no fue recurrida por
las partes litigantes, por lo que causó ejecutoria.- - - - - - -
En ese orden de ideas, si ninguna de las
partes expuso al juez un cambio en la necesidad de
****** o en la posibilidad de ******, las cuales
sirvieron de base para fijar el monto alimenticio
establecido en el ****** de fecha ******, es inconcuso
T 2057/17 31
que no se justifica el otorgamiento de una nueva
pensión alimenticia para el menor acreedor, puesto que
se trata de una pensión emanada de un ****** firme
que tiene la misma eficacia que los alimentos fijados
por el juez en sentencia, aunado a que esta Sala tampoco
advierte motivos para modificar el monto de dicha
pensión, por lo que fue correcto que el juez se sujetara
a lo convenido por las partes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cabe agregar que la conclusión antes
expresada no restringe el derecho que tiene ****** en
representación de ****** para pedir el pago de las
pensiones que afirma no le han sido cubiertas por el
aquí accionante, formulando para ello su planilla de
liquidación respectiva en el juicio número ****** del
índice del Juzgado ****** de Primera Instancia del
Distrito Judicial de ******, dando oportunidad al deudor
de expresar lo que a su derecho convenga, esto de
acuerdo con lo establecido en los artículos 248 del
Código Civil y 361 del Código Procesal Civil. Por su
sentido se invocan como aplicables las tesis siguientes:
“PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE PENSIONES ALIMENTICIAS
PROVISIONALES DEJADAS DE PAGAR Y DEFINITIVAS. EL
HECHO DE HABERSE PROMOVIDO AMBAS EN UN SOLO
ESCRITO, NO HACE QUE DEBA REPROBARSE LA PRIMERA, EN
ATENCIÓN AL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR
(INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 361 DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ).
Si bien es cierto que a la liquidación de pensiones alimenticias
provisionales dejadas de pagar, no le resulta aplicable el artículo 361
del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, en
virtud de que en la sección de ejecución de sentencia, debe estarse a lo
resuelto en ésta y no a la medida cautelar, por tratarse de una pensión
alimenticia definitiva; también lo es que al haberse promovido en un
solo escrito, con fundamento en el referido precepto legal, la planilla de
liquidación de ambas pensiones alimenticias provisionales dejadas de
T 2057/17 32
pagar y definitivas, no hace que deba reprobarse la primera, pues ante
el nuevo marco constitucional de derechos humanos de suplir la
deficiencia de la queja en forma total, cuando esté de por medio directa
o indirectamente la afectación jurídica de menores de edad o de
incapaces, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los
derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien sea
el promovente; suplencia que opera desde la demanda y hasta la
ejecución de la sentencia, incluyendo omisiones de aquélla, de
conceptos de violación, agravios, recabación oficiosa de pruebas, y de
la deficiencia en la exposición de sus pretensiones, para lograr con ello
el bienestar del infante; dado el interés superior del menor, de no hacer
nugatorio su derecho a recibir alimentos y cumplir la obligación que le
imponen los artículos 4o., párrafo octavo y 17 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 19 y 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos; y, 3 y 27 de la Convención sobre
los Derechos del Niño; que en todos los procedimientos judiciales -no
sólo los órganos jurisdiccionales, sino cualquier otra autoridad- deben
tomar siempre en consideración que el interés del niño es superior a
cualquier circunstancia, para velar por el aseguramiento del pago de la
pensión alimenticia a que los niños tienen derecho, pues éstos ya fueron
fijados en un proceso de naturaleza jurisdiccional, llevándose a cabo
todas las formalidades del procedimiento, lo que obliga al juzgador a
tomar en consideración dos aspectos fundamentales: el derecho de
acceso a la impartición de justicia y el interés superior de los menores
o de incapaces. Luego entonces, ante la obligación de todo juzgador de
hacer efectivo el derecho de acceso a la impartición de justicia rápida y
completa, sin poner obstáculos innecesarios para obtener sus derechos
alimentarios frente a cuestiones meramente formales, soslayando el
interés superior del menor de edad o de incapaces a que se les supla la
deficiencia de la exposición de sus pretensiones, dada las
características de la obligación de los alimentos, de ser recíprocos,
personalísimos, intransferibles, inembargables, proporcionales,
divisibles, preferentes; por tanto, ninguna razón formal por sustentarse
en una disposición legal que hace referencia a la sección de ejecución
de sentencia, puede constituir ante el nuevo marco constitucional de
derechos humanos, un obstáculo jurídico válido que impida
pronunciarse respecto a la pretensión de liquidar a través de una
planilla las pensiones alimenticias provisionales dejadas de pagar, aun
T 2057/17 33
en sección de ejecución, ante una falta de claridad de su promoción;
pues con ello se cumpliría con los estándares de protección a los
derechos humanos de los menores de edad y de los incapaces que
establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
evitando así, cualquier táctica tendiente a entorpecer o dilatar el
cumplimiento del deudor alimentista en la satisfacción de los alimentos
para sus hijos, necesidad que debe procurarse satisfacer
inmediatamente. Por lo que se concluye que, el juzgador dentro del
ámbito de su competencia, puede implementar las medidas que estime
necesarias y tomar las decisiones que considere adecuadas, para lograr
tal finalidad.”, consultable con los datos: Época: Décima Época,
Registro: 2008249, Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en Materia
Civil del Séptimo Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del
Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Enero de 2015, Tomo
III, Materia(s): Constitucional, Civil, Tesis: VII.2o.C.80 C (10a.),
Página: 1989; así como la tesis que dice: “ALIMENTOS.
LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO RECTOR DEL INTERÉS
SUPERIOR DEL MENOR, NO SIGNIFICA QUE DEBA DEJAR DE
OTORGARSE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA A SUS DEUDORES
ALIMENTARIOS, EN LA CUANTIFICACIÓN DE CANTIDADES
DERIVADAS DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA DEFINITIVA. Si
bien es cierto que toda contienda judicial en que se vean involucrados
los derechos inherentes a los menores, debe resolverse sin desatender el
principio básico del interés superior del niño, de conformidad con el
artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, también lo es
que tal circunstancia no se traduce en que el Juez deba dejar de
conceder a sus deudores alimentarios la oportunidad de ser oídos
previamente a establecer el monto líquido a pagar por concepto de
pensión alimenticia definitiva, pues ello equivaldría a dejar de cumplir
con la garantía de audiencia establecida en los artículos 14
constitucional y 8 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y, en cambio, otorgarles la oportunidad de hacer valer lo que
corresponda con relación a la liquidación, no significa que se dejen de
atender las necesidades del acreedor alimentario, ya que las
formalidades esenciales del procedimiento deben observarse dentro de
un justo equilibrio que, por un lado, no deje en estado de indefensión a
las partes y, por el otro, asegure una resolución pronta y expedita de la
T 2057/17 34
controversia; además de que el caso referido actualiza un supuesto
distinto del que se configura tratándose de la fijación de la pensión
alimenticia provisional, hipótesis en la que el Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación ha determinado que debe darse
preferencia al derecho de percibir alimentos inmediatamente, sobre el
derecho a ser escuchado previamente, por tratarse de una medida
transitoria, que se aplica durante el procedimiento y, por ello, sólo
constituye un acto de molestia y no de privación. Tampoco es obstáculo
a lo señalado, lo dispuesto por el artículo 942, primer párrafo, del
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, conforme al
cual no se requieren formalidades especiales para acudir ante el Juez
de lo Familiar cuando se solicite la declaración, preservación,
restitución o constitución de un derecho o se alegue la violación del
mismo o el desconocimiento de una obligación, tratándose de
alimentos; pues en el caso que nos ocupa, atinente a la liquidación de
pensiones alimenticias adeudadas, dicho precepto legal no tiene el
alcance de establecer que en materia de alimentos pueda dejar de
cumplirse con las garantías de audiencia, legalidad y debido proceso
del deudor alimentario pues, de estimarse así, se colocaría a la ley
secundaria por encima de las normas constitucionales, en
contravención a lo dispuesto por el artículo 133 constitucional.”,
visible con los datos: Época: Décima Época, Registro: 2003914,
Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer
Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 2, Materia(s):
Civil, Tesis: I.2o.C.9 C (10a.), Página: 1296.- - - - - - - - - - - - - - - -
No omitimos indicar que respecto al derecho
de convivencia del menor ******, no es necesario hacer
un pronunciamiento, toda vez que la misma también fue
regulada por los interesados, quienes establecieron en el
****** de fecha ******, que celebraron en el juicio
número ****** del índice del Juzgado ****** de
Primera Instancia del Distrito Judicial de ******, los
lineamientos para su ejercicio. Esto sin perjuicio de que
pueda modificarse ese régimen de conformidad con el
artículo 58 fracción II del Código Procesal Civil, si han
T 2057/17 35
variado las circunstancias que sirvieron de base para su
fijación y si la posible modificación ha de producir
beneficio del interés superior del menor ******. Apoya
la conclusión anterior la tesis de rubro y texto que se
citan: “GUARDA Y CUSTODIA DE MENORES. PARA LA
MODIFICACIÓN DE LA SENTENCIA RELATIVA EL JUZGADOR
DEBE EXIGIR Y TENER EN CUENTA NO SÓLO LA
DEMOSTRACIÓN PLENA DE LAS CIRCUNSTANCIAS
FUNDAMENTALES QUE SUSTENTARON LO DECIDIDO EN LA
RESOLUCIÓN FIRME, SINO TAMBIÉN QUE ELLO REDUNDE
EN EL INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉLLOS, DE MANERA QUE
QUIEN LA EJERZA CONCRETE UN BENEFICIO REAL Y
EFECTIVO QUE INCIDA EN SU DESARROLLO Y EJERCICIO
PLENO.- En la pretensión del cambio de la guarda y custodia de un
menor decretada previamente en una sentencia definitiva, basada en
que existe una modificación de las circunstancias en que aquélla se
resolvió, el juzgador debe exigir no sólo la demostración plena de las
circunstancias fundamentales que sustentaron lo decidido en la
sentencia firme preexistente, sino también que ese cambio esencial
redunde en el interés superior del menor, de manera que el cambio de
guarda y custodia, en lo relativo a la persona que en lo sucesivo la
ejerza, concrete un beneficio real y efectivo que incida en el desarrollo
y ejercicio pleno de los derechos del menor, considerando que la
responsabilidad de los padres en el cumplimiento de sus deberes hacia
sus hijos, comprende no sólo el apoyo económico, sino también la
formación espiritual, emocional y social que propicie el desarrollo
armónico e integral del menor, lo que puede lograrse si el medio
ambiente en el que se desenvuelva es benéfico para éste.”, publicado
con los datos: Novena Época, Registro: 170514, Instancia: Décimo
Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Tesis
Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
XXVII, Enero de 2008, Materia(s): Civil, Tesis: I.14o.C.51, Página:
2785.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Congruentes con lo razonado, se impone
MODIFICAR la sentencia apelada para quedar como
sigue: “…PRIMERO.- El actor probó su acción y la
T 2057/17 36
demandada se excepcionó oportunamente, en
consecuencia.- SEGUNDO.- Se declara disuelto el
matrimonio celebrado entre ****** y ******, por lo
que deberá librarse oficio con copia de esta sentencia
al Encargado del Registro Civil de ******, para los
efectos del artículo 165 del Código Civil.- TERCERO.-
(…).- CUARTO.- Se declara disuelta la sociedad
conyugal que conformaron las partes al celebrar su
matrimonio, la cual será liquidada en ejecución de
sentencia.- QUINTO.- (…) SEXTO.- (…) SÉPTIMO.-
(…).”, dejando intocados los puntos resolutivos que no
fueron materia de modificación.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V.- Por tratarse de un juicio del orden
familiar, no se hace condena en el pago de gastos y
costas de la alzada, de conformidad con el artículo 104
del Código de Procedimientos Civiles para el Estado.
Tiene aplicación sobre el particular la jurisprudencia que
se transcribe enseguida: “GASTOS Y COSTAS. ES
IMPROCEDENTE LA CONDENA A SU PAGO EN LOS JUICIOS O
PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON EL DERECHO
FAMILIAR, E IGUALMENTE, CON EL DE MENORES DE EDAD O
INCAPACES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).- El
artículo 104 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de
Veracruz prevé la condena al pago de gastos y costas con base en la
teoría del vencimiento, al establecer que siempre será condenado el
litigante que no obtuviere resolución favorable, ya en lo principal, ya
en los incidentes que surgieren. Sin embargo, acorde con la reforma a
su primer párrafo, última parte, aprobada por decreto publicado en la
Gaceta Legislativa de 8 de enero de 2015, esa condena no operará y,
por tanto, es improcedente en los juicios o procedimientos relacionados
con el derecho familiar, y con el de menores de edad o incapaces.”,
consultable con los datos: Época: Décima Época, Registro:
2012948, Instancia: Plenos de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia,
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35,
T 2057/17 37
Octubre de 2016, Tomo III, Materia(s): Civil, Tesis: PC.VII.C. J/5 C
(10a.), Página: 1825.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de
resolverse y, se; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R E S U E L V E
PRIMERO.- Se MODIFICA la sentencia de
primer grado, para los efectos precisados en la parte
final del considerando IV de esta resolución de segunda
instancia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SEGUNDO.- Notifíquese por lista de acuerdos.-
Remítase copia autorizada de este fallo al Ciudadano Juez del
conocimiento; devuélvasele el expediente principal y una vez
que acuse el recibo de estilo, archívese el Toca.- - - - - - - - - -
A S I, por unanimidad de votos, lo
resolvieron y firmaron los Ciudadanos Magistrados que
integran la Sexta Sala en Materia de Familia del H. Tribunal
Superior de Justicia del Estado, Licenciados ROBERTO
ARMANDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, a cuyo cargo estuvo
la Ponencia, Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros y Jorge
Espinosa Castillo, Vocales, por ante el Ciudadano Licenciado
Aurelio Reyes Gerón, Secretario de este Cuerpo Colegiado.-
Doy Fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
