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De peras y olmos: la reforma de los servicios de inteligencia en Guatemala

Manolo Vela

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Palabras preliminares Un régimen democrático puede convivir con el secreto a condición que tal régimen sea capaz de

controlar al secreto. En el caso de Guatemala, el régimen democrático ha convivido con el secreto.

Por momentos, y en una inversa relación, pareciera que el secreto ha logrado controlar al régimen

democrático. Podría pensarse que la consolidación de la democracia implica en esencia, consolidar

aquellas formas que sirven al sistema político para controlar el poder.

Pasados 18 años desde el inicio de la transición a la democracia (1982), los servicios de inteligencia

representan hoy un buen recuerdo de lo que el autoritarismo llegó a ser. Dichos servicios no sólo nos

sirven para ver de dónde partimos en el tránsito hacia la democracia, sino también, cuáles son las

cargas de pasado sobre el presente.

Los modernos servicios que conforman la comunidad de inteligencia de Guatemala, son una

creación de la guerra fría y de los tres ciclos por los cuales transcurrió el enfrentamiento armado

interno1. Tal idea principal es la que nos proponemos explicar en este estudio.

El presente trabajo tiene por objeto presentar una mirada a la vez actual, a la vez retrospectiva acerca

del trabajo de inteligencia en Guatemala. Desde una línea cronológica se entrelazan los análisis de

los servicios a través de distintos procesos sociopolíticos. De esa forma, se exploran los grados de

control democrático sobre éstos, los patrones de la relación entre poder político y profesionales de la

inteligencia, las culturas organizacionales y las formas operativas, entre otros aspectos.

Una parte del trabajo está dirigida a revelar de forma sintética los antecedentes de los servicios de

inteligencia. Se trata de intentar dar una mirada a la forma como se entrelazaron coyunturas políticas

y servicios de inteligencia. Al respecto, es preciso aclarar que la historia de los servicios de

inteligencia no constituye el foco del presente trabajo. Nos propusimos realizar este breve repaso

dado que el conocimiento que se tiene en torno a este tema en Guatemala es incompleto. Como

1 En el primer capítulo del trabajo La transición en la transición: reconversión militar en Guatemala 1997-1999, presentamos una propuesta de periodización del conflicto armado interno en tres ciclos. Tesis de grado para optar al título de Sociólogo. Universidad de San Carlos. Escuela de Ciencia Política. Guatemala, 2001.

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muchos aspectos en esta materia, se trata de una tarea pendiente para las ciencias sociales. El peso

de la naturaleza secreta de muchas informaciones que serían de utilidad para elaborar una historia de

los servicios, es todavía un obstáculo por librar. Es por ello que en torno a este punto estaremos

satisfechos si logramos aproximar una idea de la forma en que desde la segunda mitad del siglo

veinte evolucionaron los servicios de inteligencia. Antes que detenernos en los pormenores de tales

fechas, se ha privilegiado un enfoque que intenta establecer grandes características de los procesos

más importantes.

Es por la prevalencia de este enfoque que el ensayo se presenta dividido en tres partes que se

aproximan a los grandes ciclos históricos por los que la actividad de inteligencia ha transcurrido. El

riesgo de este enfoque radica en alcanzar el balance justo entre la interpretación de las grandes

tendencias y lo exacto de los datos que revelan los hechos específicos, algo que anticipadamente

esperamos no haber alcanzado, a la espera de nuevas y mejores aproximaciones.

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I EL PRIMER CICLO:

TRAS LA OPERACIÓN ÉXITO Este primer momento inicia con la contrarrevolución de julio de 1954 y las acciones que con ella se

desataron. Concluye con el golpe de Estado del 29 de marzo de 1963.

Este ciclo está caracterizado por procesos de creación de nuevos aparatos que pudieran funcionar

bajo las nuevas directrices en materia de seguridad. Tales directrices podrían simplificarse en la

persecución de personas y organizaciones que caracterizadas como comunistas, abarcaban un amplio

foco de activismo social y político. Dentro de tales procesos de creación de instituciones, también se

incluyen las reformas o refundaciones que se desplegaron sobre varios aparatos de seguridad.

El fin último de esta etapa fue la consolidación de los logros de la operación éxito impulsada por la

Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, en coalición con hombres de negocios,

propietarios de grandes plantaciones, oficiales conservadores del ejército y políticos de derecha. De

esa forma, desde la emergencia del momento posterior a la contrarrevolución, el trabajo de

inteligencia fue paulatinamente homologándose a la acción represiva que empleaba métodos fuera

de la ley para aplacar las disidencias existentes o probables.

Dentro de la administración pública, el esfuerzo se concentró principalmente en las fuerzas de

seguridad interior del Estado. Aún no sobre las fuerzas armadas.

Gráfico No. 1 Propuesta de periodización de los ciclos del desarrollo de la inteligencia en Guatemala

Período de auge 1954 1963 1979 1984 1993 2 001 Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo Elaboración propia.

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Algunas de aquellas nuevas unidades operativas fueron especializadas en acciones paramilitares de

terror de estado, las cuales se realizaban luego de una extensa recolección de información, que

sistematizada seria útil para conformar las listas de personas a quienes se reprimiría. Dentro de tales

unidades se distingue:

a) El Comité de Defensa Nacional contra el Comunismo (1954) (creado con los Decretos 23-54;

39-54 (28. VII); 51-54 (12. VII); 59-54 (29. VII); 99 (27. IX)).

b) La Guardia de Hacienda (13. XI. 1954) (Reglamento orgánico del 28. I. 1955).

c) La Policía Nacional, en especial su Cuerpo de Detectives (también conocido como la Policía

Judicial) (28. VI. 1955) (Decreto 332. Ley orgánica de la Policía Nacional).

d) La Dirección Nacional de Seguridad Nacional (Decreto 553-56), del Ministerio de Gobernación.

Esta comprendía dentro de su estructura al Departamento de Seguridad, el cual a su vez se

dividía en dos unidades: Servicio Secreto, y Dirección de Defensa Contra el Comunismo.

e) La Policía Militar Ambulante (19. IV. 1958).

Los momentos finales de este período fueron demarcados por las constantes luchas dentro del

liderazgo que tomó el mando tras la contrarrevolución, lo que es fielmente ejemplificado con el

asesinato del cnel. Carlos Castillo Armas (1957), el conflicto armado interno (1962) y el inicio del

ejercicio directo de gobierno por parte de las fuerzas armadas, con el Golpe de Estado de 1963. Se

asistía con ello a la presencia de un nuevo factor: la guerra de guerrillas. En correspondencia con lo

cual se requería de un nuevo tipo de recursos de inteligencia, es lo que veremos a continuación.

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II EL SEGUNDO CICLO:

1963-1993, TREINTA AÑOS DE INTELIGENCIA A. LA PREPARACIÓN La coyuntura sociopolítica del golpe de Estado militar del 29 de marzo de 1963, marcaría el punto

de partida para la entronización del alto mando del cuerpo de oficiales en el ejercicio directo de

gobierno. El antecedente inmediato a tal decisión la constituye el alzamiento militar del 13 de

noviembre de 1960 y las acciones militares que las organizaciones revolucionarias emprenden en

1962.

El ciclo concluye en 1993, cuando se inician los preparativos para la creación de la primera

Secretaría de Asuntos Estratégicos. Este hecho abriría un proceso de adaptación de las estructuras de

inteligencia, que sólo se afirmaría posteriormente como intento de reforma, con los compromisos

que en materia de inteligencia establecieron los Acuerdos de Paz, tres años más tarde (1996).

Este momento comprende un período relativamente extenso -treinta años- que va de la fase

preparatoria, al desarrollo y consolidación del trabajo de inteligencia en Guatemala.

A diferencia del primer ciclo, durante el segundo la atención se centró en la modernización de las

estructuras de inteligencia militar, con vistas a la preparación para el desarrollo de la guerra interna

que se libraría.

Durante este período se observa también la forma en que otros servicios de seguridad operaron con

grados variables que van de la autonomía a la penetración, respecto de las fuerzas armadas. En su

fase inicial, este proceso de preparación de los recursos de inteligencia militar se llevaría a la

práctica fundamentalmente a través de:

a) El montaje de un nuevo servicio: El Centro Regional de Telecomunicaciones;

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b) Las reorganizaciones operadas en el servicio de inteligencia militar; y,

c) La realización de los primeros cursos en materia de contrainteligencia (1965)2.

Desde el año 1963, fuentes de inteligencia de Estados Unidos dan cuenta de los preparativos para la

instalación de un nuevo servicio de inteligencia especializado en la lucha contra subversiva. El

documento desclasificado EEUU HD/6.12 de fecha (25.IX.1963) indica que: “...hay avances

alentadores en cuanto al establecimiento de un aparato de Inteligencia contra subversivo

guatemalteco”3. Tales avances se cristalizarían un año más tarde (1964) con la creación del Centro

Regional de Telecomunicaciones. El nuevo servicio funcionaría bajo la cobertura del Estado Mayor

Presidencial, que ya para 1968 dejó de ser un comando especial, para pasar a depender directamente

de la Presidencia de la República (Ley constitutiva del Ejército. Decreto 1782, 5 de septiembre de

1968).

Una evaluación de las capacidades de contrainsurgencia, realizada entre 1968 y 1969, por la

estadounidense Agencia Internacional para el Desarrollo (US-AID) describía de esta forma al nuevo

servicio de inteligencia: “Una fuerza relativamente pequeña de aproximadamente 30 efectivos, el

NSSAG [National Security Subversive Activities Group] recibe inteligencia por medio de la

penetración del movimiento insurgente y la censura telefónica y de correspondencia. Se comunica

por medio del teletipo con sus contrapartes en otros países centroamericanos y mantiene los

archivos más completos sobre los subversivos”4.

2 En el documento desclasificado EEUU HD/7.5. de fecha 15. VII. 1964 puede leerse lo siguiente: “La G-2 ha logrado una importante capacidad de comunicaciones...La Escuela de Inteligencia realizó un curso de doce semanas de contrainteligencia [...] existen planes para reorganizar al personal de la G-2 de manera más eficiente y funcional”. En: El ejército de Guatemala: Lo que revelan los archivos de los Estados Unidos. Kate Doyle (Edit.). The National Security Archive. The George Washington University. Guatemala, 2000. En otro documento puede leerse lo siguiente: “El entrenamiento en inteligencia para los efectivos militares es impartido en Panamá y dentro del país en la escuela de contrainteligencia apoyada por el MAP”. Assessment of Guatemalan contrainsurgency. Agency for International Development US-AID. Secret report. 1968-1969. En: El ejército de Guatemala: Lo que revelan los archivos de los Estados Unidos. Kate Doyle (Edit.). The National Security Archive. The George Washington University. Guatemala, 2000. 3 En: El ejército de Guatemala: Lo que revelan los archivos de los Estados Unidos. Kate Doyle (Edit.). The National Security Archive. The George Washington University. Guatemala, 2000. 4 Assessment of Guatemalan contrainsurgency. Agency for International Development US-AID. Secret report. 1968-1969. En: El ejército de Guatemala: Lo que revelan los archivos de los Estados Unidos. Kate Doyle (Edit.). The National Security Archive. The George Washington University. Guatemala, 2000. Grupo de Seguridad Nacional sobre Actividades Subversivas (National Security Subversive Activities Group NSSAG), fue el nombre con el que la AID

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Dentro del mismo reporte de la AID, se realiza un análisis de las capacidades del servicio de

inteligencia militar para 1969. Del producto inteligencia que es procesado se afirma que “...es

mínima en términos cuantitativos y cualitativos. Prácticamente no existe análisis y evaluación [...]

La calidad de la inteligencia producida es de regular a pobre”. Por aparte, al señalar algunos de los

problemas que afronta dicho servicio, el reporte dice que: “...frecuentemente el personal con

formación en inteligencia no es destinado al área de inteligencia o asuntos relacionados con la

inteligencia [...] En este momento el ejército no cuenta con un servicio de carrera de inteligencia

[...] El calibre de los agentes es pobre, los fondos escasos y hay diferencias en la cotejación y el

análisis sistemático de inteligencia”.

Tres años más tarde (1972), el Departamento de Defensa no contradecía las evaluaciones que la AID

había realizó sobre el servicio de inteligencia militar. En un cable secreto se puntualizan más

precisamente las debilidades de la Sección de Inteligencia del Ejército en los inicios de la década del

setenta: “La Sección G-2 del Ejército de GT [Guatemala] es relativamente pequeña e ineficaz [...]

La ineficacia se debe también a otras razones que derivan de la ausencia de un sistema de selección

de personal agente apropiado, los procedimientos de personal deficientes, la debilidad general en

identificó al Centro Regional de Telecomunicaciones. No es de extrañar las confusiones en cuanto a distintos nombres, dado que el listado de denominaciones que dicho servicio ha recibido es extenso: La regional o El archivo, serían los nombres más usuales para el caso de Guatemala. Otra fuente de Estados Unidos, esta vez el Departamento de Estado, denomina a La regional Unidad de Comando Especial de Contrainsurgencia SCUGA. Se trata de una nota que Thomas L. Hughes, secretario del director de inteligencia e investigación del Departamento de Estado, dirige al Secretario de la misma dependencia de los Estados Unidos, bajo el sugestivo titulo de Guatemala: una contrainsurgencia desbocada. Guatemala: A counter-insurgency running wild? Thomas L. Hughes, Director of intelligence and research. U.S. Department of State, to the Secretary of the Department of State. Intelligence Note 843. October 23, 1967. Declassified III. 13. 90. En: El ejército de Guatemala: Lo que revelan los archivos de los Estados Unidos. The National Security Archive. The George Washington University. Guatemala, 2000. De 1974 a 1978 (Kjell Laugerud) La regional es conocida como Servicios Especiales de Comunicaciones de la Presidencia de la República. En 1982 (Efraín Ríos Montt) pasó a llamarse Archivos Generales y Servicios de Apoyo a la Presidencia de la República del Estado Mayor Presidencial AGSA-EMP, con Víctor Manuel Argueta Villalta como Jefe. Por aquellas fechas, un cable secreto de la Agencia Central de Inteligencia CIA, caracterizaba así a este servicio: “...Después de la última reunión a finales de octubre de 1982 [CENSURADO] se informó a los oficiales del AGSA-EMP que ellos eran libres de arrestar, retener, interrogar y deshacerse de guerrilleros sospechosos a su conveniencia”. Central Intelligence Agency CIA. Secret Cable. February 1983. En: El ejército de Guatemala: Lo que revelan los archivos de los Estados Unidos. The National Security Archive. The George Washington University. Guatemala, 2000. Para octubre de 1983 (Oscar Humberto Mejía Víctores), La regional se denominó Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la República (Decreto 17-86).

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todos los elementos del ciclo de inteligencia, la pobre administración y control de las fuentes, la

excesiva compartimentación, etc...”5.

De estas líneas, una interrogante salta a la vista ¿Por qué si éstas eran las evaluaciones que de las

capacidades de inteligencia militar se realizaban, Estados Unidos prefirió apoyar la creación de un

servicio paralelo especializado en la contrainsurgencia? La respuesta a esta incógnita viene dada por

una serie de factores capaces tan sólo de esbozar una explicación. Por ejemplo, es preciso tomar en

cuenta que a raíz de los hechos que suscitó el apoyo del alto mando militar a la invasión a Cuba, las

relaciones entre Estados Unidos y el Ejército se habían llenado de sospechas. Además, podría

parecer lógico que la decisión de crear un servicio paralelo se viera influenciada por cierta necesidad

de no centralizar toda la inteligencia en un solo servicio. Por motivos de control sobre las propias

fuerzas armadas, pero también, para tratar de empezar de cero y no arrastrar los problemas por los

que atravesaba inteligencia militar, dificultades que en un plano estratégico sólo podrían ser

solventadas en el mediano y largo plazo.

No obstante el carácter especializado en contrainsurgencia, que desde el momento de su creación se

intentó otorgar a La regional, la división de ámbitos entre ésta y el servicio de inteligencia militar

fue bastante difusa. Focalizados en el adversario insurgente, la división entre elementos militares de

inteligencia en el ámbito rural (a cargo del servicio de inteligencia del Ejército) y elementos

político-militares en el ámbito urbano (a cargo de La regional), nunca adquirió una distinción

precisa. El informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico señala que se definieron dos líneas

de trabajo: “...una militar, encabezada por la Sección de Inteligencia del Ejército, y una política,

desarrollada por El archivo. La línea militar de la G-2 priorizó el trabajo contrainsurgente y la

línea política de El archivo prefirió el trabajo contra los opositores políticos y los activistas de

derechos humanos”. En la citada evaluación de las capacidades de inteligencia que realizó en 1972

el Departamento de Estado norteamericano se lee por ejemplo: “La G2 se encarga de obtener,

analizar y difundir inteligencia de combate, presentar informes sobre las actividades subversivas

5 Armed Forces: Army G-2 organization. Department of Defense. Secret Intelligence - Information Report. June 13, 1972. Evaluation: Source A - Information 2. En: El ejército de Guatemala: Lo que revelan los archivos de los Estados Unidos. Kate Doyle (Edit.). The National Security Archive. The George Washington University. Guatemala, 2000.

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militares y civiles, y obtener y analizar información sobre las intenciones y el potencial para

realizar acciones militares de los países vecinos”.

En cuanto a la estructura orgánica, el reporte de la AID señaló que inteligencia militar, para 1969

estaba organizada en cinco divisiones: administración, inteligencia, contrainteligencia, apoyo y

enlace. Además de ello y como parte de la estructura del ejército, se apuntaba que “Cada una de las

ocho principales bases militares cuenta con un S2, un oficial de inteligencia con uno o más

segundos y tanto la fuerza de marina como la fuerza aérea cuentan con un N2 y un A2

respectivamente. La organización G2 está integrada por unos 40 efectivos, y cada base y servicio

militar cuenta con tres a cinco efectivos dedicados exclusivamente a asuntos de inteligencia. En

materia de contrainteligencia se señalaba la existencia de “Un pequeño destacamento integrado por

16 efectivos (apoyado por el MAP). Cuando esté en pleno funcionamiento, éste contará con un

personal autorizado de 60 efectivos”. Finalmente, esta evaluación de las capacidades de

contrainsurgencia señala la existencia de “30 a 40 agentes confidenciales, los cuales visten de civil y

operan desde la oficina de la G2 o desde una de las bases”.

Tres años más tarde (1972), el Departamento de Defensa en un reporte secreto de información de

inteligencia especifica las características de los cuatro negociados principales: “Primer negociado

Inteligencia: Esta división procesa los informes de inteligencia recibidos desde todos los S-2 de

batallones con periodicidad diaria, semanal y mensual. Prepara resúmenes de inteligencia y los

análisis de inteligencia estratégica, y reciben información del personal diplomático y consular que

vuelve a GT del exterior [...] Segundo negociado Enlace: Esta división tiene una responsabilidad de

enlace limitada, principalmente con otras secciones del Estado Mayor [...] Tercer negociado

Contrainteligencia: Esta división conduce investigaciones basadas en las pistas recibidas de la

Primera División y otras secciones del Estado Mayor y agencias, incluido el Ministerio de Defensa,

con frecuencia sin coordinarse con la Primera División. Opera un Radio Transmisor / receptor

PRC-12 para comunicarse con los vehículos camuflados de la unidad y unidades del ejército. Los

oficiales de la división están encargados de los agentes y los agentes aislados hacen sobre todo el

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trabajo [...] Cuarto negociado Apoyo: Esta división mantiene una sección técnica con laboratorio

fotográfico, sección de huellas dactilares, cámaras, entre otros” 6.

B. LOS AÑOS DE LA INTELIGENCIA

No obstante la victoria militar que el ejército alcanzó en octubre de 1966 sobre las organizaciones

político-militares que participaron en el primer ciclo de la guerra, la inteligencia continúa con su

proceso de modernización. Ello vendría a ser puesto a prueba durante los momentos más álgidos de

la guerra: la situación revolucionaria de 19817. Coincidentemente, tal coyuntura desemboca en la

época de consolidación de la inteligencia (1979-1984). Los desarrollos alcanzados en la materia

permitieron a la inteligencia guatemalteca ser un factor decisivo en este momento de la guerra

interna librada en los ámbitos urbanos (la ciudad capital de Guatemala8) y rurales,

fundamentalmente en el noroccidente del país. La consolidación de la inteligencia guatemalteca fue

posible por una mezcla de diversos factores, dentro de los cuales podemos señalar:

a) Desarrollo de recursos en materia de informática: apertura del Centro de Informática de La

regional (1979) con el apoyo de Israel;

b) Creación de capacidades propias para la formación de recursos humanos: instalación de la

Escuela de Inteligencia (1980-1987) y el montaje del curso avanzado de inteligencia (1983), con

asistencia de la CIA;

6 Armed Forces: Army G-2 organization. Department of Defense. Secret Intelligence Information Report. June 13, 1972. Evaluation: Source A - Information 2. En: El ejército de Guatemala: Lo que revelan los archivos de los Estados Unidos. Kate Doyle (Edit.). The National Security Archive. The George Washington University. Guatemala, 2000. 7 Momento caracterizado por el efecto paralizante sobre las fuerzas contrainsurgentes. En Los fusiles de octubre, Mario Payeras, utiliza el concepto -puesto en práctica originalmente por Engels en el análisis de la guerra civil norteamericana- de situación estratégica de la guerra, entendiendo como tal cuando ”el teatro de operaciones ha quedado conformado como totalidad, y el desenlace de la situación en su conjunto depende a partir de ese momento del resultado propiamente militar del enfrentamiento”. Así mismo, para Lenin este momento político estaba marcado por el signo de lo militar. De esa forma, cuando la lucha de clases entra en tal proceso, se dice que es ese el momento supremo y decisivo. Los fusiles de octubre, ensayos y artículos militares sobre la revolución guatemalteca 1985-1988. Mario Payeras. Juan Pablos Editor. México, 1991. 210 p. 8 El trueno en la ciudad: episodios de la lucha armada urbana de 1981 en Guatemala. Mario Payeras. Juan Pablos. México, 1987.

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c) Desarrollo de recursos en materia de comunicaciones militares: apertura -con apoyo israelí- de la

Escuela de Transmisiones y Electrónica del Ejército (1981)9;

d) Formación masiva de recursos humanos en otros países: cursos intensivos en inteligencia y

contrainteligencia realizados en Chile, Colombia, Argentina y Brasil (1978-1982); Namibia y

Sudáfrica (1983 en adelante);

e) Asistencia de asesores internacionales: presencia de 300 expertos israelíes en inteligencia

(1982)10;

f) Formación de recursos humanos en operaciones psicológicas: realización de cursos en Taiwán y

la fundación del Departamento de Información y Divulgación del Ejército DIDE (1982 -

Decreto-Ley 78-82)11.

g) Crecimiento del número de personal: diversas fuentes apuntan que para 1983, la Dirección de

Inteligencia contaba con dos millares de efectivos.

h) Desarrollo de una extensa red de inteligencia humana, a través de la creación, en 1981, de las

Patrullas de Autodefensa Civil (Acuerdo Gubernativo 222-83. Del 14.IV.1983)12. A ello se suma

la red de comisionados militares, conformada años atrás.

9 El 1 de noviembre de 1981 se crea la Escuela de Transmisiones y Electrónica del Ejército que depende de la Jefatura del Servicio de Transmisiones del Ejército. Tras varias modificaciones a su denominación, por Acuerdo Gubernativo (469-84, del 15 de junio de 1984) se llama Escuela de Comunicaciones y Electrónica del Ejército. 10 Excélsior. Ciudad de México. 11 de octubre de 1983. Dato referido en el Informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. 11 El Departamento de Información y Divulgación del Ejército es un centro de operaciones psicológicas (OPSIC) que por momentos desarrolló algunos componentes del ciclo de inteligencia. El DIDE fue creado con el Decreto-Ley 78-82, del 30 de septiembre de 1982. Su antecedente inmediato lo constituye el Departamento de cultura y relaciones públicas, creado el 17 de abril de 1980. Se integró originalmente con cuatro secciones: a) Sección de Relaciones Públicas del Ejército; b) Sección de radio y televisión; c) Sección de operaciones psicológicas; y, d) Sección de educación. 12 Las PAC constituyen una táctica de guerra primigeniamente utilizada por la Real Fuerza Armada del Reino Unido en Malasia. Las Patrullas de Autodefensa Civil tendrían con el paso de los años, un impetuoso auge durante la guerra en la península de indochina. Fue ésta la vitrina desde donde tal táctica fue difundida hacia otros conflictos. Las palabras, en boca de Douglas Blaufard (agente de la CIA en Viet Nam, Laos, Grecia, Singapur y Washington) citados por la experta en guerra de baja intensidad Lilia Bermúdez (Guerra de baja intensidad: Reagan contra Centroamérica. Siglo XXI. México, 1989), no se diferenciarían de lo planteado en Guatemala: “En lugar de enfatizar la eliminación por medios militares de las bandas armadas del Viet Cong, el programa intentaba ir directamente al corazón de la fortaleza de la

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Como puede advertirse, la consolidación de las estructuras de inteligencia se debe a la reunión de

una serie de factores que apuntalaron el desarrollo técnico e informático, la formación de recursos

humanos y la implantación de redes de inteligencia humana que en medio del conflicto utilizaron a

la población como recurso de información. Es el resultado de experiencias de una amplia diversidad

de países. Contrastando el momento histórico con los países comprometidos en la campaña mundial

en contra del comunismo, puede afirmarse que se recibió cooperación de los países clave en aquel

momento. A pesar de la suspensión de la ayuda militar de Estados Unidos a Guatemala, se reconoce

que la asistencia en materia de inteligencia nunca cesó.

La suma de los anteriores factores apuntaló un sentimiento de grupo que a la postre derivaría en la

fundación del club de inteligencia: La cofradía (1979). Una columna vertical de oficiales de

inteligencia que a la fecha representa la más fuerte red de lealtades dentro de la institución castrense.

Tal red de lealtades funciona de manera informal, operando bajo un sistema de rotaciones, en donde

desde la DI-EMDN se realizan traslados hacia otras unidades, las que de esa forma son

prácticamente sumadas a la estructura de inteligencia.

En un cable secreto de la Agencia de Inteligencia para la Defensa, fechado el 27 de agosto de 1991,

este fenómeno se analiza en los términos siguientes: “Bajo los directores de inteligencia como el

entonces coronel Manuel Antonio Callejas y Callejas, a principios de los 80s, la Dirección de

Inteligencia avanzó dramáticamente en sus capacidades, tanto así que hasta hoy debe conferírsele

mucho del crédito por ingeniar el deterioro militar de la guerrilla desde 1982 hasta el presente.

Pero mientras hacían esto, la Dirección de Inteligencia (D-2) se volvió un “club” de élite dentro del

cuerpo de oficiales, reteniendo a lo mejor de los oficiales para asignaciones de inteligencia

consecutivas dentro de la D-2, o como mínimo siempre reincorporando a la D-2 a aquellos oficiales

que habían partido para convertirse en comandantes, segundos comandantes o jefes de inteligencia

(G-2) en batallones, zonas militares y brigadas. En la actualidad, estos oficiales con este tipo de

insurgencia:, su habilidad para ganar el apoyo voluntario o renuente de la población rural [...] La población fue bombardeada, reubicada por la fuerza o atrapada en fuego cruzado como fuerza contendiente en encuentros en, o alrededor de sus casas”. Como citamos en el trabajo La Transición en la Transición: Reconversión Militar en Guatemala: Las patrullas se institucionalizan en 1983 bajo la cobertura de los programas fusiles y frijoles, para luego ser legitimadas por tres gobiernos civiles. En sus años de mayor desarrollo alcanzarían una participación de un millón de ciudadanos, una octava parte de la población total, uno de cada cuatro ciudadanos mayores de 18 años.

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antecedentes como D-2 o G-2 y que están en buenos términos con los círculos de inteligencia

militar, son considerados miembros de la “cofradía”13.

En paralelo con las transformaciones operadas en la órbita militar, en este período se crearon

unidades policiales que desarrollaron funciones de contrainteligencia: el Cuerpo de Detectives

(3.XI.70. Decreto ley 56, de 1971); el Octavo Cuerpo de Detectives (Sección Judicial o Policía

secreta), dirigida por el Ministerio Público, adscrita a la Policía Nacional (Acuerdo Gubernativo 5-

76, del 21 de enero de 1976); el Comando seis (1978); el Reglamento de la Guardia de Hacienda

(28.V.1978), creó las secciones de Servicios Confidenciales, Inteligencia y Narcóticos; el

Departamento de Seguridad e Investigaciones Especiales del Ministerio de Finanzas Públicas

(24.III.1980); el Centro de Reunión de Información y Operaciones CRIO (1981), una especie de

instancia coordinadora de máximo nivel para asuntos de seguridad.

Tal despliegue institucional implicaría a la postre un reto para la propia institución militar. Las

unidades policiales paulatinamente alcanzaban relativos grados de autonomía, a la vez que eran

vistas como una competencia para la institución castrense. Por ello, las primeras acciones en la

materia, tras el golpe de Estado de 1982 se dirigieron a disolver y controlar tales aparatos. En marzo

de 1982 (Decreto-Ley 17-82) se realiza la disolución del octavo cuerpo de detectives (Sección

Judicial o Policía secreta), pasando tales funciones a ser desarrolladas por el Departamento de

Investigaciones Técnicas DIT14. Posteriormente, ya en 1986, se da la disolución del Centro de

Reunión de Información y Operaciones CRIO, que sería sustituido por el Sistema de Protección

Civil SIPROCI, dos años más tarde15. En 1991 se establece el Centro de Informática y Control

13 Why the “tanda” phenomenon does not exist in the Guatemalan military. Defense Intelligence Agency. Secret cable. August 27, 1991. En: El ejército de Guatemala: Lo que revelan los archivos de los Estados Unidos. Kate Doyle (Edit.). The National Security Archive. The George Washington University. Guatemala, 2000. 14 La Sección de investigaciones criminales de la Policía Nacional recibió, a partir de 1982, diferentes nombres: Brigada de Investigaciones Especiales y Narcóticos BIEN (Acuerdo Gubernativo 88-86), Departamento de Investigaciones Criminológicas DIC (Decreto 332 del 16.VIII.1988). 15 De conformidad con el Acuerdo Gubernativo No. 639-88, del 11 de agosto de 1988 (Publicado el 16 de agosto de 1988) dentro del Sistema de Protección Civil -que depende directamente del Presidente de la República-, participan: los Ministerios de la Defensa Nacional y de Gobernación, con representantes del Ejército de Guatemala, a través de los Comandos Militares de la República, Comandos Militares Especiales y Comités Voluntarios de Defensa Civil y representantes de Policía Nacional, Guardia de Hacienda, la Dirección General de Migración, el Departamento de Control Administrativo de la Presidencia de la República y el Departamento de Seguridad Presidencial.

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15

Antinarcóticos de Guatemala CICANG, del Departamento de Operaciones Antinarcóticas DOAN,

de la Policía Nacional (Acuerdo Interno No. 002-91 del 1. XII.1991).

En las postrimerías de los dos gobiernos de facto originados de los golpes de estado de 1982 y 1983,

el 14 de enero de 1986 -dos días antes de la toma de posesión del nuevo gobierno- entró en vigencia

el Decreto Ley 17-86. Con éste decreto se creaba el Consejo de Seguridad del Estado, cuya

Secretaría Ejecutiva sería ejercida por un nuevo servicio: la Secretaría de Inteligencia y Seguridad

Nacional, adscrita al Ministerio de la Defensa Nacional. Tal decisión era reflejo de las desconfianzas

prevalecientes en el alto mando militar en torno a la llegada del nuevo gobierno. Al final, como

ahora veremos, ni la Secretaría, ni dicho Consejo serían necesarios para la implementación de los

patrones que las relaciones cívico en adelante seguirán.

C. LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA EN LA DEMOCRACIA

Las reformas políticas operadas con el proceso de transición a la democracia no llegaron nunca hasta

los fueros de los servicios de inteligencia. La explicación a ello la obtenemos del sentido que el alto

mando del cuerpo de oficiales le otorgó a este proceso: legitimar la continuación de la guerra.

Dicho concepto estratégico es sintetizado por el general (r) Héctor Alejandro Gramajo Morales,

cuando en una entrevista efectuada en 1988 por el lt. Col. José Luís Cruz Salazar, citada en el

estudio de Jennifer Schirmer, apuntó que: “La presencia de un gobierno civil ha permitido [al

ejército] mayor eficacia en batir a la guerrilla, porque la legitimidad del gobierno actual en

contraste con lo ilegítimo de los gobiernos anteriores, no deja oportunidad a la insurgencia de

movilizar opinión pública internacional [en contra de nosotros] que fue tan determinante, antes,

para que el ejército se abstuviera de hacer más efectivos sus ataques a la guerrilla”16. Una visión

eminentemente instrumental del proceso de reforma política, que a su vez era reflejo de la acotación

que del poder político se permitía realizar la institución armada.

16 El proyecto político de los militares en Guatemala. Jennifer Schirmer. FLACSO. Guatemala, 2000.

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16

Librar la guerra con total autonomía respecto de los nuevos decisores políticos, con la cobertura de

lo democrático y reservarse el derecho de veto de ciertas decisiones trascendentales en otros ámbitos

de la acción de gobierno: tal era la fórmula mediante la cual la autonomía militar finalmente se

concretó.

Gráfico No. 2 Los alcances del servicio de inteligencia militar a principios de los 90

Elaboración propia. Fuente: Intelligence Directorate (D-2) of the guatemalan national defense general staff. Defense Intelligence Agency DIA. Department of Defense. Secret Cable. February 16, 1990. El ejército de Guatemala: Lo que revelan los archivos de los Estados Unidos. Kate Doyle (Edit.). The National Security Archive. The George Washington University. Guatemala, 2000. Los números de personal están tomados de: Informe de la experta independiente, señora Mónica Pinto, sobre la situación de derechos humanos en Guatemala. Consejo Económico y Social. Naciones Unidas. Resolución 1993/88 de la Comisión de Derechos Humanos. 20 de enero de 1994. El dato del número de personal que llegó a tener El archivo es tomado de: Guatemala: Nunca Más. Arzobispado de Guatemala, Oficina de Derechos Humanos de Guatemala -ODHA-, Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica -REMI-. Guatemala, 1998. Volumen III.

Para tales fines, uno de los servicios de inteligencia se especializó en construir alrededor de la figura

de los mandatarios civiles una torre de marfil. Se trata del Estado Mayor Presidencial, que se perfila

como una pieza clave en el juego de inteligencia que las fuerzas armadas desarrollaron desde la

Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional D-2

(450)

CVDC (PAC) 16 mil armados (550 mil)

Redes de Agentes (G-2) de otras unidades

Comisionados militares (8,000) PMA - Extraordinaria - Reservistas

Brigada PMA (2,200) EMP (730) El Archivo (200)

La Policía Nacional Redes de Agentes (D-2) de las unidades principales (1,500)

Secciones

G-2

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17

segunda mitad de la década del ochenta. Las pautas de tal relación se fundamentaban en presentar al

mandatario información de inteligencia en torno a hipotéticos o reales adversarios políticos. La

recolección de dicha información se realiza por medios encubiertos -ilegales de acuerdo al

ordenamiento jurídico guatemalteco- y tiene la virtud de comprender excepcionales niveles de

detalle.

Tal información es la base para la creación de escenarios, en donde el servicio se presenta como el

único que puede coadyuvar en su resolución. A cambio, los decisores políticos declinan en su

potestad de definir asuntos de hecho reservados al mundo militar. Lo cierto es que durante el primer

gobierno de la transición La regional recibiría el nombre de Departamento de Seguridad

Presidencial17.

En los inicios de la gestión del gobierno democratacristiano, fuentes de inteligencia de Estados

Unidos, tienen referencias de traslados de datos desde El archivo, a la Dirección de Inteligencia del

Estado Mayor de la Defensa Nacional: “Las Fuerzas Armadas también han desmantelado el

Servicio de Inteligencia Presidencial, mejor conocido como los Archivos, antes de entregar el

poder. Los expedientes fueron entregados a la Dirección de Inteligencia Militar (D-2) o destruidos

[...] El Presidente Cerezo ha organizado su propio Estado Mayor Presidencial de Seguridad para

reunir y analizar inteligencia política”18.

17 La referencia a dicho nombre se encuentra en el Acuerdo Gubernativo 639-88, del 11 de agosto de 1988 (Publicado el 16 de agosto de 1988), por medio del cual se creaba el Sistema de Protección Civil SIPROCI. Dentro de la integración del nuevo aparato de coordinación para asuntos de seguridad se menciona al Departamento de Seguridad Presidencial, como parte integrante del SIPROCI. En 1988 se presenta una de las pocas referencias a servicios de inteligencia, existentes dentro del corpus jurídico guatemalteco. El Artículo 26 del Reglamento General del Estado Mayor de la Defensa Nacional (Orden General 14-88) describe así a la DI-EMDN: “La Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, será el principal órgano asesor de la jefatura del Estado Mayor en asuntos relacionados con la Inteligencia nacional e internacional del adversario y lo concerniente a los países amigos y el propio país, así como informar, apreciar, recomendar, planificar y supervisar, en los aspectos de Inteligencia y de Contrainteligencia relacionados con la defensa y desarrollo de la República de Guatemala”. 18 “The Armed Forces also disband the Presidential Intelligence Service, better know as the directorade of military intelligence (D-2) or destroyed. President Cerezo has organized his own Presidential Security Staff to gather and analyze political intelligence”. The Cerezo Government. From: Morton I. Abramowitz, Director of the State Departament´s Bureau of Intelligence and Research, to: Dave Durenberger, chairman of the US-Senate Select Committee on Intelligence. July 1986. En: El ejército de Guatemala: Lo que revelan los archivos de los Estados Unidos. The National Security Archive. The George Washington University. Guatemala, 2000.

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18

Héctor Alejandro Gramajo Morales, el Ministro de la Defensa que acompañaría de cerca al primer

gobierno de la transición, detalla en sus memorias la manera en que se apoyó en los recursos de

información que los servicios de inteligencia le brindaban19. Jennifer Schirmer nos refiere además

que: “...Gramajo tomó la decisión de reformar la institución desde adentro, escogiendo a oficiales

de la cofradía de la G-2, quienes estaban profundamente implicados en los episodios más violentos

y represivos de la G-2”. Tal relación entre el Ministro y los servicios de la inteligencia militar fue

puesta a prueba en los dos golpes de Estado de 1988 y 1989, de los cuales el gobierno

democratacristiano salió librado.

Los alcances de dicho proceso de reforma estaban dados por la necesidad de continuar con el

proceso de consolidación de los servicios, al paso que inútilmente se intentaba controlar las

operaciones paramilitares de inteligencia realizadas por unidades militares y otras fuerzas de

seguridad. Dicho proceso apuntaba a mantener un equilibrio de poder entre los liderazgos militares,

por la vía de continuar con la tecnificación de los servicios, proceso que se realizaba con la

cooperación de la CIA, a manera de incentivos, en palabras del general Gramajo.

D. ASESINATOS, ATENTADOS Y SECUESTROS: EL ARREGLO DE LAS DIFERENCIAS

A pesar que el gobierno fue capaz de resistir los dos intentos de golpe de Estado, al final el proceso

arrojó un serio déficit. La falta de acciones en contra de los asesinatos selectivos que se sucedieron,

terminó por encubrir tales actos y envolver al Ministro de la Defensa en las campañas de

desinformación que estigmatizaban a las víctimas20. De esa forma, este período se cierra con la

aparición de importantes contradicciones entre diversos liderazgos al seno de las fuerzas armadas, en

19 De la Guerra... a la Guerra. La difícil transición política en Guatemala. Héctor Alejandro Gramajo Morales. Fondo de Cultura Editorial. Guatemala, 1995. 499 p. 20 Tras los hechos de agosto de 1989 en contra del directorio de la Asociación de Estudiantes Universitarios, el general Gramajo declaró que las muertes se originaron por una pugna entre organizaciones guerrilleras. Para ejemplificar tal tendencia, Schirmer hace referencia al secuestro de Diana Ortiz, cuando el general Gramajo desvió la atención, indicando que se trataba de un problema entre lesbianas. Schirmer sintetiza la actitud de Gramajo frente a éstos hechos con una cita de fuente anónima: “(Gramajo) no quería saber cómo, quién o dónde. Se enojaba por los asesinatos, pero no hacía nada al respecto. Era una forma de protegerse a sí mismo. Y si el Ministro de la Defensa no sabía, el Presidente sabía aún menos”.

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un período que va de los últimos dos años del gobierno de la Democracia Cristiana (1989 y 1990) a

los dos años y meses que duró el gobierno de Jorge Serrano Elías (1991, 1992, a mayo de 1993).

Este turbulento período se abre con el intento de golpe de Estado ocurrido en mayo de 1989, acción

que el General Gramajo califica en sus memorias como más intenso en comparación con los sucesos

de mayo de 198821. Un año más tarde, también en mayo de 1990, el general Gramajo deja el

Ministerio de la Defensa. Las relaciones con el nuevo funcionariado político, el avance de las

negociaciones de paz, la política de neutralidad activa en el contexto de la guerra en Nicaragua, las

actividades de nuevas organizaciones sociales, el intento de reforma tributaria, fueron los factores

que larvados por el tiempo, cohesionaron al liderazgo militar de línea dura y exacerbaron los

ánimos.

Se abre así uno de los capítulos más complejos de la historia de la inteligencia en Guatemala.

Durante éste momento fue evidente que las disputas entre los liderazgos militares se tradujeron en

atentados y asesinatos selectivos en contra de personas del liderazgo político, académico y social.

Schirmer explica tales expresiones de poder comprendiendo que son: “...manifestaciones de

oportunismo político por parte de una línea que utiliza la violencia para socavar la imagen de

respeto a los derechos humanos de un régimen que depende de su imagen, a fin de obtener

concesiones de la otra línea y, al hacerlo, tratan de restablecer relaciones internas tradicionales de

poder de la cofradía de los ultra, propias de la G-2 [...] (éstos hechos) ...han sido utilizados por los

«más intransigentes» de la G-2 para avergonzar y minar a los institucionalistas, a quienes se les

consideraba trabajando para «el otro bando»”.

Dentro de este período se ubican operaciones de inteligencia en contra del movimiento social, entre

ellas: el asesinato de una parte del directorio de la Asociación de Estudiantes Universitarios (agosto

y septiembre de 1989), los atentados en contra de las sedes de Brigadas de Paz, del Grupo de Apoyo

Mutuo (agosto de 1989), entre otros hechos que se ubican dentro de este patrón22.

21 Gramajo apunta la participación directa de dieciséis oficiales, siete ex-oficiales quienes habían sido dados de baja por participar en el intento golpista de mayo de 1988, y veinte oficiales más en servicio activo, quienes fueron dados de baja. 22 Fuentes de la inteligencia militar de los Estados Unidos indican que inteligencia militar está implicada en los hechos acaecidos en contra de las sedes de Brigadas de Paz y el Grupo de Apoyo Mutuo. Específicamente, las fuentes hacen referencia a la Sección de Operaciones Especiales de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa

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Los asesinatos de Carmen Valenzuela (febrero de 1990), de Humberto Gonzáles Gamarra (octubre

de 1990) y de Dinora Pérez (abril de 1991), son analizados en un documento desclasificado del

gobierno de Estados Unidos. En este se comprende la tesis según la cual tales hechos pudieron ser

una acción de inteligencia militar que creía ver en las actividades políticas de éstas personas una

cabeza de playa para la incorporación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca a la

política partidista23. Para comprender tales supuestos es preciso recordar que el 30 de marzo de 1990

se firmó en Oslo, Noruega el Acuerdo básico para la búsqueda de la paz por medios políticos. El

acuerdo consistía esencialmente en la realización de una serie de rondas de pláticas entre las

organizaciones insurgentes y diversos sectores nacionales. Tal proceso se desarrollaba en un

contexto en el que meses antes (noviembre de 1989) empezaba en Europa del Este el fin del

comunismo real. Otro hecho relevante lo constituyó el fin de la era sandinista en Nicaragua, tan sólo

un mes antes de la firma del Acuerdo de Oslo (febrero de 1990).

De esa forma, los supuestos que fundamentaban la tesis de las fuerzas armadas apuntaban que tras

agotar las rondas de diálogo establecidas en el Acuerdo, el paso siguiente sería la incorporación de

URNG a la política nacional. Las visiones que en torno a las negociaciones de paz se forjaron dieron

sustento a los hechos en contra de la izquierda legal. Para los estrategas militares, la incorporación

de las organizaciones insurgentes a la política electoral era cuestión de corto plazo. Los casos de

Byron Barrera y Luís Zurita, podrían inscribirse en esta misma lógica.

Golpear al movimiento social, desarticular a la izquierda legal que eventualmente podría abrir la

puerta a la participación de la insurgencia como partido político, complicar las relaciones

diplomáticas entre Estados Unidos y Guatemala (casos de Diana Ortiz, 1989 y Michael Devine, julio

de 1990), golpear a líderes próximos al partido en el poder vinculados activamente en las

Nacional. El mismo cable, involucra al Archivo, la organización de seguridad de la Presidencia encabezada por el myr. Juan Valencia Osorio y el cap. Oliva Carrera, en estos hechos (el texto que podría detallar su involucramiento fue censurado). Possible Guatemalan Government involvement in recent capital violence. Defense Intelligence Agency DIA. Joint Staff - Info Service Center. Department of Defense. Secret cable. August 31, 1989. En: El ejército de Guatemala: Lo que revelan los archivos de los Estados Unidos. Kate Doyle (Edit.). The National Security Archive. The George Washington University. Guatemala, 2000. 23 Selective violence paralyzes the left. American Embassy AMEMBASSY, Guatemala. From Ambassador Thomas Strook, to Secretary of State, Department of State. Secret cable. Guatemala, May 10 1991. En: El ejército de Guatemala: Lo que revelan los archivos de los Estados Unidos. Kate Doyle (Edit.). The National Security Archive. The George Washington University. Guatemala, 2000.

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negociaciones de paz (Danilo Barillas, agosto de 1989), impedir el conocimiento de los hechos de

violencia que mantenían en zozobra a poblaciones de desplazados (Myrna Mack, septiembre de

1990), la realización de operaciones psicológicas que repercutieran sobre las negociaciones de paz

(Maritza Urrutia, julio de 1992), y complicar las relaciones entre gobierno y empresarios (caso

Castillo Love, 1989), son los fragmentos dispersos de una estrategia militar que se apoyó en la

realización de operaciones paramilitares de inteligencia.

Del recuento de tales actos, fueron las acciones legales emprendidas luego del asesinato de Myrna

Mack (septiembre de 1990) las que dieron pábulo al trabajo desde la sociedad civil para el control de

los servicios de inteligencia. De esa forma, en febrero de 1992 el especialista del Estado Mayor

Presidencial, Noel de Jesús Beteta Álvarez fue condenado a treinta años de prisión por el asesinato

de Myrna Mack. En diciembre 1994, la Corte Suprema de Justicia ordenó la apertura a juicio en

contra de tres oficiales de la misma unidad militar: el entonces Jefe del EMP, gral. Edgar Augusto

Godoy Gaitán; el Jefe del Archivo, cnel. Juan Valencia Osorio; y, el Sub-Jefe del Archivo: tte. cnel.

Juan Guillermo Oliva Carrera, también involucrado en la detención ilegal en contra de Maritza

Urrutia García (julio de 1992). Desde el 2 de diciembre de 1989, el gral. de brig. Luís Francisco

Ortega Menaldo, había llegado a la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa

Nacional. El myr. Jacobo Esdras Salan Sánchez, era Jefe de la División de Contrainteligencia de la

DI-EMDN24.

En medio de tales acciones, como una muestra de los descontentos prevalecientes al seno de la

institución armada, el 3 de septiembre de 1990 se anuncia el retiro de Marroquín Siliézar al frente

del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Para el general Gramajo ello se debió al apoyo de

Marroquín a un partido político (la Unión del Centro Nacional). Fuentes militares de la inteligencia

24 El contexto del asesinato de Myrna Mack estaba acotado por la Ofensiva del pueblo 89 en contra de las Comunidades de Población en Resistencia, CPR del Ixcán y del área Ixil. La campaña estaba vinculada con el Plan fortalecimiento institucional 1989. Este plan tenía como objetivo: “Reducir los espacios de presencia de los delincuentes terroristas”; la misión era conceptuada así: “Desarrollar operaciones militares en todo el territorio nacional”. A tales planes prosiguió Avance 90, el cual tenía como objetivo: “Asegurar el desarrollo normal del país, previo al proceso electoral”, en tanto que la misión se conceptuaba como: “Desarrollar operaciones de AACC para lograr el apoyo de la población a las FFAA”. Estos últimos mantendrían como foco principal el área de las CPR. La información acerca de los planes se encuentra en: Testigo de conciencia. Mario Mérida. Guatemala, 2000.

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estadounidense consideran que la remoción de Marroquín tuvo su origen en las desaveniencias de

éste con Gramajo25.

De esa forma, en enero de 1991 El archivo empieza un proceso de reconstitución con la llegada de

Francisco Ortega Menaldo a la jefatura del Estado Mayor Presidencial. El estudio de Jennifer

Schirmer señala que Ortega Menaldo se traslada desde el cargo de Director de Inteligencia Militar,

junto a 30 oficiales. “...el EMP, bajo la dirección del coronel Ortega Menaldo, fue transformado en

una entidad burocrática encerrada en sí misma, emprendiendo muchas más tareas de vigilancia y

operaciones represivas...”. Ello puede ser ejemplificado con el escándalo desatado en 1993, cuando

se descubre el trabajo de espionaje que una unidad del Estado Mayor Presidencial desarrolla en la

oficina central del servicio postal (Dirección General de Correos y Telégrafos). Se trata de la

llamada Oficina Técnica Postal26.

Las informaciones que señalan las tensiones en torno al proceso de reconstitución de La regional, de

1991 hasta mayo de 1993, y, posteriormente, el montaje del nuevo servicio de inteligencia: La

Secretaría de Asuntos Estratégicos, marcarían el cierre de este período. La inteligencia empezaba así

a pensar en la necesidad de realizar ajustes, que sólo con los Acuerdos de Paz se convertirían en la

posibilidad de reformas.

25 Background to the removal of general Marroquín, chief of Staff of the Army. Defense Intelligence Agency DIA. Department of Defense. Secret cable. Septiembre 12, 1990. Information report - not finnaly evaluated intelligence. En: El ejército de Guatemala: Lo que revelan los archivos de los Estados Unidos. Kate Doyle (Edit.). The National Security Archive. The George Washington University. Guatemala, 2000. El reporte de la DIA detalla que el cnel. Luís Francisco Ortega Menaldo, ofreció apoyo a Marroquín, sin embargo, este sería puesto bajo arresto domiciliario. 26 Procurador de Derechos Humanos. EIO 46-93/DI. Guatemala, 13 de abril de 1993.

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III EL TERCER CICLO:

UNA REFORMA QUE NO EMPIEZA

A. REFUNCIONALIZAR O REFORMAR

Tras los sucesos que pusieron fin al coup de etat de 1993, El archivo pasa a denominarse Secretaría

de Asuntos Estratégicos. A diferencia de lo que anteriormente ocurría, que con la llegada de un

nuevo gobierno simplemente se le cambiaba de nombre a dicha entidad, ahora se trataba del intento

por crear una nueva institución. De esa forma, a la desactivación de las unidades operativas del

Archivo, seguirá la organización de una sección de inteligencia en el Estado Mayor Presidencial, y la

creación -dentro de la nueva Secretaría de Estado- de una división de análisis. Durante este proceso,

el general Otto Pérez Molina estuvo a cargo del Estado Mayor Presidencial EMP.

Para 1995, el proyecto de la secretaría de inteligencia estaba plenamente implantado. José María

Argueta fue el director de esa primera SAE, que se intentó normar con el Acuerdo Gubernativo 543-

95 de la Presidencia de la República. Pasaría el tiempo y la Corte de Constitucionalidad declaró la

inconstitucionalidad general de dicho Acuerdo Gubernativo (Gaceta No. 39; Expediente No. 867-95;

sentencia del 22 de febrero de 1996). La resolución de la Corte sería respondida con la aprobación

de la Ley del organismo ejecutivo, el 13 de noviembre 1997, mediante la cual dicha Secretaría

pasaría a denominaría Secretaría de Análisis Estratégico.

La idea detrás de este corte en el tiempo, consiste en comprender que los intentos de revisión de la

inteligencia guatemalteca dan inicio con este primer proyecto de SAE. Ello se confirma con el hecho

que el Acuerdo Gubernativo de creación de esta primera SAE, vendría a ser el primer marco

normativo en la historia de Guatemala en torno a un servicio de inteligencia. Pero además, es preciso

destacar el hecho que el órgano encargado de ejercer el control de constitucionalidad de las leyes -la

Corte de Constitucionalidad- había fallado en contra de la instauración de un servicio de inteligencia

mediante Acuerdo Gubernativo, calificando dicho acto jurídico como un exceso de la potestad

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legislativa del Organismo Ejecutivo. Con el paso del tiempo, paulatinamente la implantación de esta

primera SAE abrió el debate en torno a la comunidad de inteligencia en Guatemala.

B. LOS SERVICIOS Y LOS ACUERDOS DE PAZ

Con el gobierno que tomó posesión en enero de 1996, las acciones en materia de inteligencia se

dirigieron en dos sentidos contrapuestos en el papel, pero plenamente coincidentes en las prácticas

que dan sentido a las acciones de gobierno.

En diciembre de ese mismo año se asistía a la firma de los Acuerdos de Paz. Éstos acuerdos

comprendían una serie de acciones en materia de inteligencia que, vistas en su conjunto, delineaban

un proceso de reforma. En el plano del cumplimiento de tales compromisos se intentó inútilmente

crear el Departamento de Inteligencia Civil y Análisis de Información, del Ministerio de

Gobernación. Los demás compromisos nunca llegaron siquiera a sus fases preparatorias.

Por aparte, la nueva gestión de gobierno se enfrentó a un inusitado auge de la criminalidad

organizada. Algunas de las expresiones más notorias de tal actividad se reflejaron en el incremento

de los casos de robo de vehículos y de furgones cargados de mercadería y los asaltos al sistema

bancario (agencias y vehículos blindados)27. Empero, serían los secuestros por motivos económicos

los que llevarían a la administración a institucionalizar el apoyo que desde mucho tiempo atrás,

inteligencia militar daba a las fuerzas de seguridad28. De esa forma se creó -desde el Estado Mayor

Presidencial- una unidad militar de inteligencia y combate especializada en la lucha contra el crimen

27 Para el análisis de dicho fenómeno de cambio entre las formas de violencia, ver: El lado oscuro de la eterna primavera: violencia, delincuencia y criminalidad en la Guatemala de posguerra. Manolo Vela, Hugo Antonio Solares y Alexánder Sequén-Monchez. Introducción de Arnoldo Ortiz Moscoso. Presentación de René Poitevin. FLACSO. Guatemala, 2001. 28 Tales apoyos son constantes y se dan para una amplia diversidad de temas, como puede constatarse en el reporte de información hemerográfica Incidencia pública de los aparatos de inteligencia militar en investigación criminal, realizado por CREAN a solicitud de SEDEM, para el período que va de enero de 1998 a mayo de 1999.

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organizado: el Comando Antisecuestros29. Tal desarrollo era una muestra de la forma ilegal con la

que recursos de inteligencia militar accionaban en la persecución penal.

En tal contexto, a lo que en realidad se asiste en este período es a la consolidación de una institución

híbrida entre el Estado Mayor Presidencial y la SAE. Tal es la mezcla entre ambas estructuras que el

sub-jefe del Estado Mayor Presidencial, cnel. Antonio Villagrán Alfaro, era a su vez sub-secretario

de Análisis Estratégico.

De allí se desprende que la relación entre este último proceso y los acuerdos de paz es de

contradicción en el papel, con lo signado en los acuerdos, dado que en materia de inteligencia el

gobierno nunca dispuso de la voluntad política suficiente para llevar a delante los compromisos

suscritos. No obstante, la actitud de incumplimiento guarda coherencia respecto del apoyo de la

inteligencia a la lucha contra el crimen y respecto del modelo de la SAE. Más allá de los juegos de

palabras, esta distinción nos remite a las claves del proceso de cumplimiento de los compromisos de

la paz en las fases más importantes del cronograma.

Con el termino de la guerra, al interés por el proceso de la Secretaría se sumarían los compromisos

en materia de inteligencia que estaban comprendidos en los Acuerdos de Paz. De esa forma, para

finales de 1997, representantes del Ministerio de Gobernación presentan a la Comisión de

Acompañamiento al Cumplimiento de los Acuerdos de Paz, un proyecto de ley que normaría a la

SAE. El texto -que no fue considerado por la Comisión de Acompañamiento- sería finalmente

aprobado como Reglamento Orgánico Interno de la Secretaría (Acuerdo Gubernativo No. 663-98;

del 30 de septiembre de 1998), derivado de la Ley del Organismo Ejecutivo.

En 1998, el Ministerio de Gobernación presentó a la misma Comisión un anteproyecto de Ley

Marco en materia de inteligencia, la llamada Ley reguladora de la actividad de inteligencia el

acceso a información y el secreto de Estado. Aunque dicho anteproyecto tampoco fue considerado

al seno de la Comisión de Acompañamiento, tendría una segunda versión que también fue remitida a

la Comisión. Este sería el texto base -en lo que concierne- del Acuerdo Gubernativo 462-2000 de la

29 Diversos informes de la Misión de Naciones Unidas para Guatemala señalaron este hecho, advirtiendo una clara

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Presidencia de la República (22 de septiembre de 2000) con el que se intentaría crear la Dirección de

Inteligencia Civil y Análisis de Información, del Ministerio de Gobernación, ya en el gobierno de

Alfonso Portillo. Acuerdo que dos meses más tarde sería derogado por el Acuerdo Gubernativo 816-

2000, debido a la presentación de un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad. El

argumento que al final prevaleció en la sentencia de la Corte, sería el mismo por el cual el Acuerdo

de creación de la primera SAE fue derogado en febrero de 1996: un exceso en la potestad legislativa

del Organismo Ejecutivo. De esa forma, con los Acuerdos de Paz, el tema de inteligencia empezó a

abordarse en diversos ámbitos del sistema político.

A tales acciones en la materia se sumaron las repercusiones que compromisos que abordaban otros

asuntos comprendidos dentro de los Acuerdos de Paz implicaron para el tema de inteligencia.

Dentro de éstos, nos permitimos mencionar los siguientes: La desactivación de la Policía Militar

Ambulante - extraordinaria (1997), la disolución de las Patrullas de Autodenfesa Civil (1997) y de la

red de Comisionados Militares (1995), el inicio del nuevo proceso de reforma policial (1997) y el

consecuente ajuste que se operó sobre el Departamento de Investigaciones Criminológicas DIC, el

que es reemplazado en 1997 por el Servicio de Investigación Criminal SIC.

A finales de finales de 1995 se lleva a cabo el desmantelamiento de la red de comisionados

militares, una extensa red de inteligencia humana compuesta oficialmente por unas ocho mil

personas (otras fuentes llegan a referir un número de veinticinco mil). El Acuerdo Gubernativo 434-

95, sería la versión pública de lo que en realidad aconteció: un proceso de reformulación de dicha

red de inteligencia, ideado por el Estado Mayor de la Defensa Nacional y el Estado Mayor

Presidencial. Así lo señaló un cable secreto de la Agencia de Inteligencia para la Defensa de los

Estados Unidos, de fecha 13 de septiembre de 1995, que contenía el sumario de inteligencia que

periódicamente prepara el Comando Sur, en éste se detalla que: “Los oficiales de inteligencia de

cada comando están compilando una lista de todos los comisionados militares que han provisto

información de inteligencia, y una segunda lista de los comisionados militares que han causado

problemas o no han sido productivos para los militares. La Dirección de Inteligencia (D-2) en el

Estado Mayor de la Defensa Nacional, mantiene una lista maestra de todos los “colaboradores”,

contradicción con los Acuerdos de Paz.

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los comisionados que han prestado servicios útiles. Éstos individuos recibirán tarjetas (para el

porte) de armas de parte del Departamento de Control de Armas y Municiones, y tarjetas de

identificación que les darán acceso a los clubes de oficiales y privilegios en los comisariatos

militares. Hay informes de que más de 25.000 colaboradores serán retenidos y tendrán un papel

“invisible” dentro del ejército”30. Este patrón de refuncionalización podría ser referido para el caso

de lo que aconteció con otra red de inteligencia humana: las Patrullas de Autodefensa Civil.

Con todo, esa contradicción entre lo que los Acuerdos de Paz establecían en torno al tema, la urgencia de su

implementación y su no-cumplimiento por parte del gobierno, serían puestos al descubierto en abril de 1998 con el

asesinato del obispo Juan Gerardi, coordinador del Proyecto para la Recuperación de la Memoria Histórica que la Iglesia

Católica había desarrollado. Este hecho ejemplificaría claramente los riesgos que para el régimen democrático significa

obviar la reforma de sus aparatos de inteligencia.

El involucramiento de un agente del Estado Mayor Presidencial, el capitán Byron Lima, de un ex-agente, el especialista

Obdulio Villanueva y de otros colaboradores e informantes fuera de nómina31, dejaron al descubierto el hecho que las

reformas al régimen político no han llegado hasta los servicios de inteligencia. A ello se suma la manera con la que el

caso fue manejado por parte de las autoridades militares, en un claro intento por obstruir las investigaciones judiciales32.

En la misma línea de discusión, mayo de 1999 vendría a significar un golpe para los intentos de

reforma. El resultado adverso de la consulta popular a la que fueron sometidas las reformas a la

Constitución Política de la República, implicó un retroceso para una serie de importantes contenidos

derivados de los Acuerdos de Paz. Para el tema que nos ocupa, dentro de las reformas se proponía la

creación de la Comisión de Inteligencia del Congreso de la República y la delimitación precisa de

las funciones de las fuerzas armadas, conceptuadas en el proyecto de reformas, como la seguridad

30 USS-SOUTH-COM Intelligence Summary for 13 September 1995. Defense Intelligence Agency. Secret cable. En: El ejército de Guatemala: Lo que revelan los archivos de los Estados Unidos. The National Security Archive. The George Washington University. Guatemala, 2000. 31 En materia de inteligencia se reconoce como informante, al individuo específico al que se le encomienda la recolección de determinado conjunto de informaciones de interés, a cambio de una remuneración o favor. Tal relación tiene un carácter informal. Regularmente, el individuo es parte de una red compartimentada entre sí. 32 Acerca de este punto se señalan: el extravío de la placa P-3201, asignada al Estado Mayor Presidencial; las amenazas e intimidación en contra de diversos operadores de justicia vinculados al proceso, pero en particular las amenazas en contra del Juez Henry Monroy de parte del titular de la Secretaría de Análisis Estratégico de la Presidencia de la República, Howar Yang Luke; los dimes y diretes entre el Ministro de la Defensa, la titular de la Secretaría de la Paz y el Gerente de la Presidencia, quienes intentaron exculpar la presencia de miembros del Estado Mayor Presidencial en la escena del crimen, lo que anteriormente el propio Ministro había negado; la comprobación que la placa vehicular vista

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exterior y la defensa de la soberanía y la integridad territorial, eliminando el ámbito de la seguridad

interior. El resultado mantiene la misma definición de funciones para el ejército, lo que a su vez es

interpretado para determinar el ámbito en el que inteligencia militar puede operar.

A pesar de todo, en este período se empiezan a gestar las primeras iniciativas de control legislativo

en esta materia. En noviembre de 1999, el último día de sesiones ordinarias del Congreso de la

República, el diputado Antonio Móbil Beltetón presentó al Pleno el proyecto de Ley Reguladora de

la actividad de inteligencia, el acceso a información y el secreto de Estado. El primer proyecto de

ley que sobre el tema se ha presentado en la historia de Guatemala. Como antecedente de la labor de

control podemos mencionar los intentos de fiscalización sobre el Estado Mayor Presidencial,

emprendidos por el Diputado Héctor Klee Orellana. El día 23 de junio de 1998, Klee Orellana

ingresó al EMP a efecto de determinar la participación de este servicio en hechos de espionaje

telefónico. En abril de 1999, en un confuso incidente el Diputado aparentemente se suicidó33. En la

misma línea se presentan diversas declaraciones de parte de otros Diputados de oposición34.

C. LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA Y EL FRENTE REPUBLICANO GUATEMALTECO

La situación entre la SAE y el Estado Mayor Presidencial seguirá presente hasta enero de 2000,

cuando finalmente la Secretaría adquiere una institucionalidad propia que rompe los vínculos con el

Estado Mayor Presidencial.

Asimismo, la disolución del Estado Mayor Presidencial pactada en los Acuerdos de Paz, empieza a

concretarse en enero de 2000 con la creación de la Secretaria de Asuntos Administrativos y de

por uno de los testigos sí pertenece al Ejército, cuando el propio Ministro lo había negado, aduciendo la venta del mismo; y, finalmente la salida del país -por motivo de estudios- de varios oficiales a quienes se había citado a declarar. 33 La Procuraduría de Derechos Humanos acusó a los servicios de inteligencia militar de haber desatado una persecución contra el representante Klee Orellana posterior a que este intentara fiscalizar las instalaciones del EMP. En razón del Procurador de Derechos Humanos, tal persecución fue causa suficiente para que el Diputado decidiera quitarse la vida. 34 Tales intentos de parte de distintos bloques parlamentarios de oposición contrastaron con las declaraciones del Presidente del Congreso que en 1998 advirtió que el Partido de Avanzada Nacional (partido en el poder durante 1996-2000) no aceptaba que se fiscalizara a los entes de seguridad e inteligencia del Estado, ya que éstos son confidenciales y sirven mucho al gobierno. PAN tampoco comparte la creación de comisión legislativa que fiscalice a entes de seguridad. La hora. 5 de septiembre de 1998. Pág. 9.

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Seguridad de la Presidencia de la República (Acuerdo Gubernativo 32-2000, del 14 de enero de

2000 y Acuerdo Gubernativo 73-2000, del 4 de febrero de 2000).

Posteriormente, a pesar de los antecedentes de esta unidad militar y de las promesas de la campaña

electoral, en donde el actual mandatario se ofrecía como el acérrimo enemigo de dicha unidad, el

proceso de disolución del EMP fue aplazado para los momentos finales de la gestión de gobierno del

FRG. Antes bien, durante este período, el EMP ha incrementado su presupuesto, pasando de casi

Q40 millones en 1999 a Q93 millones en el presupuesto ejecutado (hasta agosto) del año 2001. Ha

afirmado además su triple función: servicio de seguridad, servicio de inteligencia y una especie de

súper-secretaría de asuntos particulares y privados de la Presidencia35. La máxima que indica que no

existe persona que no tenga un punto débil y que por lo tanto, de lo que se trata es tan solo de

detectarlo y presionar, funcionó nuevamente.

Como punto aparte, desde el inicio de la gestión de gobierno (2000-2005) el Presidente de la

República decidió hacerse acompañar de dos militares retirados de trayectoria en el campo de la

inteligencia: el gral. (r) Francisco Ortega Menaldo y el cnel. (r) Jacobo Salan Sánchez, a quien

nombró Jefe del Estado Mayor Presidencial. A mediados de mayo de 2000 una investigación

periodística realizada por El Periódico de Guatemala dió cuenta que Salan Sánchez coordinaba una

red de inteligencia. Lo notorio de dicha red es que se estructuró desde el Estado Mayor Presidencial,

extendiéndose hacia la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional. La red

se sustentaba en las lealtades de los jefes de las principales divisiones de la DI-EMDN, quienes

suministraban información al grupo de Salan Sánchez. Dicha red también llegaría a tener capacidad

de realizar operaciones de inteligencia en contra de la propia Secretaría de Análisis Estratégico. Los

puestos principales que estructuraban la red fueron relevados en mayo de 2000 y las estructuras

aparentemente volvieron a la normalidad. Luego de algunos meses, Salan también fue removido del

Estado Mayor Presidencial.

Simultáneamente se abrían dos procesos en el tema de inteligencia. Por una parte, el nuevo

directorio de la SAE es consciente de la necesidad de una reforma normativa de la actividad de

35 Tres hechos ejemplifican esta última función. Durante el año 2001, el ejecutivo dispuso que uno de los más grandes programas de apoyo alimentario a los estudiantes del interior del país fuera administrado por el Estado Mayor

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inteligencia. Es así como da inicio un proceso de elaboración y discusión de dos anteproyectos de

ley en la materia. El secreto de Estado y el libre acceso a la información, por separado, serían los

temas de éstos dos proyectos. Al final, el grupo de trabajo constituido por el personal de la SAE y

diversos actores sociales alcanzó consensos en un noventa por ciento del anteproyecto de Ley de

libre acceso a la información, presentado al Congreso de la República en el año 2001. Como parte

de la reforma normativa del sector inteligencia, la SAE anunció la voluntad de concertar otros

proyectos de ley, especialmente para el tema del secreto de Estado. A pesar de ello, y producto de la

heterogénea composición del gabinete y el partido de gobierno, la voluntad política de éste último

para discutir y aprobar los proyectos de ley que en torno a este tema el Organismo Ejecutivo remita

es incierta. Tal situación sirve para ejemplificar la estrecha relación que guarda el régimen político y

el tipo de servicios de inteligencia.

A la par de ello, desde 1999, instituciones de la sociedad civil empezaron a gestar un proyecto para

instalar mesas de trabajo en torno a diversos temas vinculados a las relaciones cívico militares. El

proyecto Hacia una política de seguridad para la democracia, en el que participa una amplia

diversidad de actores sociales y el gobierno, creó en abril de 2000 un Grupo de trabajo para atender

el tema de inteligencia. Luego de más de un año de trabajo se elaboró un proyecto concertado de

reforma del sistema de inteligencia, que reúne un conjunto de planteamientos que podrían

perfectamente ser parte de una ley marco en la materia. Los antecedentes a este nivel, vienen dados

por el interés de algunas instituciones de la sociedad civil en el tema. Interés que empezó a reflejarse

desde 1998 con la presentación de una serie de publicaciones y estudios.

Coincidente con aquello, entre octubre y noviembre de 2000 tres Bloques Parlamentarios (Partido de

Avanzada Nacional, Bloque Unionista y Frente Republicano Guatemalteco) presentaron al pleno

tres proyectos de ley para crear una comisión que se encargara de entender los asuntos de

inteligencia. La Comisión de control legislativo de los órganos de inteligencia del Estado, en el

proyecto del Diputado Jorge Mario Vásquez. La Comisión de Inteligencia e información, en el

proyecto presentado por los representantes Mariano Rayo, Ángel Mario Salazar Mirón, Ricardo de

la Torres y otros. La Comisión de Inteligencia y Seguridad Nacional, en el proyecto de los

Presidencial. Similar resulta siendo el caso de la entrega de fertilizantes. Por último, durante este mismo año, trascendió

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Diputados César Leonel Soto Arango, Zury Ríos Montt, Luís Rosales Marroquín y Carlos

Hernández Rubio. Ésta última iniciativa es un proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Organismo

Legislativo, del que finalmente fueron aprobados en el 2001 algunos artículos con el objeto de

limitar la conformación de Bloques Legislativos y permitir la reelección del Presidente del

Congreso. Los otros proyectos, al igual que lo acontecido con el proyecto que se presentó en 1999,

no obtuvieron dictamen de las Comisiones a donde el Pleno los remitió.

que el EMP emite transferencias para pagar los estudios que la hija del mandatario realiza en el Reino Unido.

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IV EL BALANCE DE LOS AÑOS

A la vista de este balance de los años, podemos decir que los desarrollos alcanzados apuntan

fundamentalmente a la formación de capacidades para comprender el tema, algo que hasta hace

apenas cinco años era difícil de pensar. Dicha formación de capacidades se ve expresada en los

trabajos que diversas instituciones de la sociedad realizan, el nivel de debate que en la opinión

pública se manifiesta, el desarrollo de trabajos de investigación periodística desde algunos medios

de comunicación escrita, la formación de profesionales civiles desde la Secretaría de Análisis

Estratégico, y el interés de algunos parlamentarios de oposición en torno al tema.

Lo cierto es que la reforma del sistema de inteligencia se ha topado con una profunda crisis del

régimen político. Tal crisis se ha agudizado durante la gestión de gobierno que dio inicio en enero

de 2000. Los conflictos han mantenido en una especie de parálisis a la labor del Congreso de la

República, enfocada más en los aprietos por los que el partido de gobierno ha atravesado que en la

agenda legislativa. Si bien es cierto no se aprecia una salida que dé estabilidad a la gestión de

gobierno 2000-2004, el empeño en la formación de capacidades no puede ser vista como un trabajo

menor.

Actualmente, el rostro de la inteligencia en Guatemala está compuesto por: dos servicios

especializados en inteligencia -la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa

Nacional y la Secretaría de Análisis Estratégico-; un servicio de seguridad presidencial que combina

labores propias de un servicio de inteligencia, en proceso de disolución -el Estado Mayor

Presidencial-; un servicio de seguridad presidencial en formación -la Secretaría de Asuntos

Administrativos y de Seguridad-, y un servicio de inteligencia para el ámbito de la seguridad

interior, pendiente de crear -la Dirección de Inteligencia Civil y Análisis de Información. Se trata de

la implementación de complejos procesos que simultáneamente demandan disolver, crear y

reformar.

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Por ahora, este proceso ha alcanzado de forma parcial al complejo de servicios civiles de

inteligencia. De ello son reflejos los cambios operados al seno de la SAE, los intentos de

constitución del DICAI y la instauración no de un servicio de inteligencia, sino de un servicio para

la seguridad presidencial, la SAAS, que servirá para disolver a un servicio de seguridad y de

inteligencia, el EMP. Tales desarrollos, que no obstante tendrán repercusiones en el mundo de la

inteligencia militar, no se ven acompañados de en un proceso de reforma de la DI-EMDN. Tal

desbalance entre uno y otro proceso entorpece y pone en duda las posibilidades de desarrollar la

reforma de la inteligencia.

Además, una insuficiencia que cuestiona la sostenibilidad de tales procesos en el campo de lo que

podría denominarse inteligencia civil, radica en el hecho que los mismos carecen de marcos

normativos. Son procesos de reforma en el vacío de las intenciones y las decisiones del

funcionariado de alto nivel. La actual SAE funciona con el marco normativo con el que operó la

primera SAE. Por su parte la SAAS, ante la imposibilidad de finalizar la discusión de un

anteproyecto de ley que la norme, presentado en el primer semestre de 2000, opera con un marco

normativo limitado, el que se deriva de los acuerdos gubernativos de su creación (32-2000, del 14 de

enero de 2000 y 73-2000, del 4 de febrero de 2000). Se acompaña a esto, el hecho que ante la

decisión de la Corte de Constitucionalidad de declarar inconstitucional el Acuerdo Gubernativo de

creación del DICAI, el Ministerio de Gobernación ha preferido aplazar momentáneamente la

creación de este servicio.

Antes una intención por normar la actividad de inteligencia, pareciera que es irresistible la tendencia

por dejar el tema fuera del control normativo, que se deriva de su constitución mediante leyes

emanadas de la asamblea legislativa. A ese respecto, las dos sentencias de la Corte de

Constitucionalidad, mediante las cuales se ha fallado en contra de la constitución de servicios por la

vía de los Acuerdos Gubernativos, han llegado a sentar precedentes en materia de jurisprudencia

constitucional.

Los cambios operados en la órbita de la inteligencia civil corren dos riesgos graves. Por un lado,

ante la ausencia de un nuevo marco normativo -limitado inclusive a las propias secretarías- nada

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imposibilita que el próximo gobierno que tomará posesión en enero de 2005 pueda introducir

cambios organizacionales que signifiquen un retroceso en relación con lo hasta ahora avanzado. Es

este un ejemplo de cómo, cuando los servicios no cuentan con sólidos marcos normativos, son los

profesionales de la inteligencia quienes deciden qué hacer con sus aparatos. De esa cuenta, los

cambios realizados quedarían en manos de la siguiente gestión de gobierno. Estaría claro que se

trató de un proceso que duró cuatro años.

La otra posibilidad parte de considerar la posición de los titulares de los servicios analizados, frente

a la dirigencia del partido en el poder y las voraces crisis políticas por las constantemente ha

atravesado la actual gestión de gobierno. Nada indica que la reforma de la SAE y la SAAS pueda

eventualmente quedar en manos de funcionarios que dentro del partido en el poder, pueden hacer

retroceder los procesos. Esta es la razón por la cual la SAE no ha logrado que la bancada de

diputados del partido en el poder -que cuenta con la mayoría simple que una ley de este tipo

requeriría- discuta y apruebe la Ley de libre acceso a la información, presentada por el Secretario. Si

aquello es así, se puede fácilmente evaluar cuesta arriba la eventual aprobación de una Ley marco de

inteligencia o de una ley que mínimamente norme a la Secretaría.

Por ahora, la reforma del sistema de inteligencia es el esfuerzo focalizado en algunas instituciones

del Estado de forma aislada. Funcionarios que dirigen compartimentos de la administración pública

realizan acciones de forma dispersa. Pensar que la reforma de la inteligencia guatemalteca es posible

desde un solo servicio es un absurdo.

Desde el gobierno no se ha pensado la reforma del sistema de inteligencia. No existe una decisión de

gobierno en torno a este tema, que pudiera derivar -con el concurso de otras fuerzas políticas

representadas en el Congreso- en una política de Estado.

Mientras tanto, alrededor de las instituciones antes mencionadas se entrelazan inexistentes prácticas

de control democrático, sobre todo en lo relativo a la inteligencia en el ámbito interior, la que no

conoce límite alguno; la ausencia de marcos normativos que establezcan en ley las bases orgánicas y

funcionales de los servicios; una interpretación discrecional del secreto Estado, utilizada para

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impedir el acceso a información; una cultura organizacional caracterizada por inapropiadas

competencias y la superposición de ámbitos entre servicios.

De esa cuenta, servicios, patrones de trabajo y las condiciones en las que se encuentra inmerso el

régimen político, demarcan los caminos por los que atraviesa la difícil reforma del sistema de

inteligencia de Guatemala. El debate de la reforma es posible siempre y cuando se realice alrededor

de una ley marco en la materia. Es ese el único camino viable para acometer este proceso. Mientras

tanto el régimen político seguirá conviviendo y lo que es peor, creyendo hacer uso de unos servicios

que en realidad pueden hacer cualquier cosa.

Washington, D. C. septiembre de 2000. ÚLTIMA PÁGINA...............................................................................................................................................