Programa anticrisis: legitimidad y eficacia

No.9 mar/abr 2009

DirectorFrancisco Muñoz Jaramillo

Comité EditorialSantiago Ortiz

Franklin Ramírez

EditorÁngel Enrique Arias

Consejo EditorialJaime Arciniegas, Augusto Barrera,

Jaime Breilh, Marena Briones, Carlos Castro, Galo Chiriboga, Eduardo Delgado,

Julio Echeverría, Myriam Garcés, Luis Gómez, Ramiro González, Virgilio Hernández,

Guillermo Landázuri, Luis Maldonado Lince, René Maugé, Paco Moncayo, René Morales, Melania Mora, Marco Navas, Gonzalo Ortiz,

Nina Pacari, Andrés Páez, Alexis Ponce, Rafael Quintero, Eduardo Valencia, Andrés Vallejo,

Raúl Vallejo, Gaitán Villavicencio

EdiciónRaúl Borja

Gonzalo Burbano

DiseñoVerónica Ávila / Activa Diseño Editorial

Fotografías / IlustracionesArchivo Activa

AuspicioILDIS - FES

Avenida República 500, Edificio PucaráTeléfono (593) 2 2 562 103

Quito - Ecuadorwww.ildis.org.ec

ImpresiónGráficas Araujo

08 44 90 582

Los editores no comparten, necesariamente, las opiniones vertidas por los autores, ni estas comprometen a las instituciones a las que prestan sus

servicios. Se autoriza a citar o reproducir el contenido de esta publicación, siempre y cuando se mencione la fuente y se remita un ejemplar a la revista.

© de esta edición: cada autorISSN: 13902571

Marzo/Abril de 2009 mar/abr 20099

Santiago Ortiz CrespoDiego Mancheno P.

Fander FalconíAdriana AlvearGrace Jaramillo

Margarita AguinagaJuan Cuvi

Pablo Ospina PeraltaNorman Wray Reyes

Luis VerdesotoHumberto CholangoEsperanza MartínezLuis Augusto Panchi

Santiago PérezPaulina Recalde Velasco

René MaugéPaco MoncayoMartha RoldósAlberto Acosta

Virgilio HernándezFernando Buendía

Rafael GuerreroMaría Arboleda

EditorialPrograma anticrisis: legitimidad y eficaciaFrancisco Muñoz Jaramillo

5

La crisis mundial: una prueba de fuego para la revolución ciudadanaSantiago Ortiz Crespo

11

Una crisis global del modo de producción capitalistaDiego Mancheno P.

16

Política exterior y desarrolloFander Falconí

21

Negociaciones CAN-UE: la integración se cayó del barcoAdriana Alvear / Grace Jaramillo

28

Balance del Foro Social Mundial Belem 2009Margarita Aguinaga

32

El Ecuador en la época de cambiosPaco Moncayo

93

El programa de la izquierda humanista, plural, intercultural y plurinacionalMartha Roldós

98

La maldición de la abundancia: un riesgo para la democraciaAlberto Acosta

103

Nueva Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones PolíticasVirgilio Hernández

116

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La incertidumbre: instrumento de gobiernoJuan Cuvi

42

El gobierno de la revolución ciudadana: entre la crisis económica y los cambios del poder realPablo Ospina Peralta

46

Una lectura de la Comisión Legislativa y de FiscalizaciónNorman Wray Reyes

53

Ecuador en el informe 2008 de LatinobarometroLuis Verdesoto

60

20 de enero: retos y perspectivasHumberto Cholango

64

Yasuní: dejar el crudo en tierra es un reto a la coherenciaEsperanza Martínez

67

La efectiva implementación de laparticipación ciudadana Luis Augusto Panchi

73

Balance de las primarias de PAISSantiago Pérez

Elecciones 2009: el nuevo horizonte del gobierno de Rafael CorreaPaulina Recalde Velasco

81

El bicentenario y su proyección en la actualidadRené Maugé

86

Regimen del buen vivir, autonomía y descentralizaciónFernando Buendía

(Ecuador Dialoga)

121

El estatuto autonómico y la izquierda guayaquileñaRafael Guerrero

126

Mujeres hacia la paridad: cambios moleculares y resistencias al cambioMaría Arboleda

130

5Programa anticrisis: legitimidad y eficacia4

Programa anticrisis: legitimidad y eficacia Cuando este número de la revista La Tendencia se encuentre en circulación el Ecuador estará de lleno en un nuevo proceso y campaña electoral. El gobierno habrá definido los objetivos, medidas y alianzas para hacer frente a los efectos de la crisis, por una parte y por otra, habrá asumido los efec-tos generados en contra del gobierno y Alianza País, derivados del caso del ex subsecretario de Gobierno, Ignacio Chauvin, acusado de mantener contactos con las FARC y cierto cartel de narcotráfico. Así mismo, se habrá formulado una coherente orientación internacional capaz de incidir en los retos regionales y mundiales en el contexto de la debacle financiera global.

Las elecciones del 26 de abril constituyen un momento decisivo para con-solidar el cambio histórico propuesto, luego de que el Gobierno y la “revo-lución ciudadana” han logrado “arrinconar” a la “partidocracia” y mante-ner una relación privilegiada con el eje de los gobiernos progresistas de Sudamérica, lo que ha determinado que el presidente Rafael Correa, junto a otros mandatarios de la región, participe en el Foro Social Mundial reali-zado en Brasil en febrero pasado.

De otro lado, el pueblo ecuatoriano –que aprobó en referéndum una nueva carta política– espera que su implementación se ajuste al espíritu consti-tucional y que efectivamente el Ecuador se encamine –a través de las leyes secundarias subsecuentes– a concretar el modelo de desarrollo propuesto y a consolidar el régimen político democrático. Sin duda, uno de los retos principales del próximo periodo gubernamental es adecuar de manera transparente su capacidad y conducta política a las disposiciones constitu-cionales vigentes. Esto determinará que el diseño del nuevo régimen demo-crático, formulado en la Constitución, exprese fidedignamente, su sentido a través de las normas secundarias, de manera que los contrapesos entre las funciones del Estado eviten la concentración del poder en la función ejecu-tiva y promuevan una democracia efectiva y legítima en el Ecuador del siglo XXI.

Los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas esperan también, que la difícil situación económica generada por la “debacle mundial”, no obstaculice ni distorcione el proceso de cambio impulsado por el gobierno de Correa .

editorial

6 E D I T O R I A L 7Programa anticrisis: legitimidad y eficacia

Que en su política económica se establezcan relaciones y alianzas necesa-rias con sectores económico - sociales de tal manera de sopesar el costo de la crisis en una línea basada en el principio de la redistribución . Una conducta pragmática –reductoramente pragmática– puede conducir a incongruencias y contradicciones que podrían trastrocar el proyecto plan-teado. Viceversa, una postura “principista”, subjetiva podría conducir a “sin salidas” y “quiebras” mas graves para el desarrollo del país. Recordar una vez mas –como lo hicimos en un editorial anterior de nuestra publi-cación– que la “política es el arte de lo posible”, es al parecer el emblema que debe orientar la política gubernamental especialmente la económica, la internacional y la social, para evitar ser sometidos a las fuerzas fácticas y a las “mafias” organizadas en el Ecuador que han manipulado gobiernos y poder, en el viejo régimen. El inmenso caudal político de Rafael Correa, su carisma y su extraordinario liderazgo es la condición para generar el dialogo con los distintos sectores económicos, sociales, regionales, para desde la fuerza y la representación constituida en estos años, colocar los andariveles –desde los principios y objetivos de la mentada “revolución ciu-dadana”– en pos de un acuerdo nacional. Mantenerse en esta línea de trans-formación histórica es la demanda soberana del pueblo, y en consecuencia, la razón por la cual ha ratificado en las urnas tantas veces al gobierno y a la revolución ciudadana.

El número nueve de la revista La Tendencia está orientado por las siguien-tes líneas:

1. El examen de la situación y la crisis financiera internacional, que como “un detonante”, ha afectado y reorientado la definición de las políticas econó-micas, sociales e internacionales, tanto en nuestro país como en la región.

En el planeta se vive un momento de incertidumbre, producida por la aún no clara dimensión de la presente debacle mundial, cuyas causas verdaderas, alcances y efectos que se pueden generar en el mundo, no son suficientemente conocidos aún. Para el caso de la región, se advierte situaciones graves, (lo sostienen algunos organismos) como el decrecimiento económico que será, aproximadamente, de 1.5 – 2%. Se asiste a una caída de las exportaciones de los productos tradicionales y no tradicionales por la contracción de la demanda internacional; a una marcada desinversión e incremento del desempleo; a una difícil situa-ción del sector fiscal determinada por la disminución de los ingresos provenientes de las exportaciones, y al desbalance y vulnerabilidad del sector financiero, entre los principales efectos.

Recordemos lo que dijimos en el editorial del número 8 de La Tendencia que circuló en noviembre de 2008, al caracterizar la crisis internacional:

“El entorno internacional será decisivo y quizás determinante de este ciclo histórico que vivirá el país en los próximos meses, cuando

asistimos a la crisis capitalista más importante luego de la ocurrida en 1929, la misma que surgida en Estados Unidos provoca efectos críticos en la economía mundial y en la región sudamericana; pero al mismo tiempo, permite evidenciar el fin de una etapa hegemónica del capital financiero, así como de la unilateral hegemonía norteamericana sobre el planeta que se encamina hacia la llamada “multipolaridad” o “apolari-dad” de la dirección mundial; y la apertura de condiciones para conso-lidar una posición integradora regional, que soberanamente se inserte en el cambiante mundo globalizado. Será una oportunidad económica y política. El gobierno de Correa deberá atenderla privilegiadamente impulsando una política económica que neutralice los efectos de la cri-sis en la producción, la exportación, los precios y en la estructura fiscal del Estado”.

Atendiendo a lo señalado en la sección de la Tendencia número 9 refe-rida a la situación y crisis mundial, hemos colocado artículos que bus-can acercarse a la compresión de esta debacle financiera mundial, de manera que mantenemos una línea de continuidad con el examen reali-zado en La Tendencia 8 a pocos días de ocurrida la explosión de la crisis internacional del capital. También hemos incluido un análisis del vínculo entre la debacle económica y el curso político del gobierno de Rafael Correa y la “revolución ciudadana”. Se publica también una exposición de la propuesta de política internacional del Estado ecuatoriano, hoy en manos de un nuevo ministro. Fue necesario, así mismo, destacar los puntos de vista y enfoques del Foro Social Mundial ante la debacle finan-ciera, y de la situación de los procesos integracionistas de la omunidad Andina con la Unión Europea. En esa sección se coloca un artículo que compara los principales ejes de las constituciones de Bolivia y de Ecua-dor, con el propósito de mostrar aspectos relativos a la formulación del nuevo paradigma constitucional que opera en Sudamérica, en correspon-dencia con las cambiantes condiciones mundiales y regionales.

2. Una segunda línea de La Tendencia 9 es el análisis de la coyuntura política y del proceso electoral de abril. Ecuador asiste a un momento coyuntural decisivo, en el que se combinan varios “ingredientes”: la cri-sis internacional ya referida, y las respuestas económicas del gobierno de Rafael Correa; la implementación constitucional –en la que se ha advertido situaciones inconstitucionales que se debe revisar y corre-gir– y finalmente el escándalo provocado para afectar al gobierno de Correa, en torno a los ya mencionados vínculos del ex subsecretario de gobierno Ignacio Chauvin, lo que ha determinado que algunos medios de comunicación y sectores políticos generen un ambiente de descon-fianza y oposición al gobierno de Correa en medio de la competencia electoral en la que agrupaciones de derecha y populistas buscan acceder a la representación en la próxima Asamblea Nacional y en los gobier-nos seccionales, con el afán de disputar el sentido del próximo periodo gubernamental.

8 E D I T O R I A L 9Programa anticrisis: legitimidad y eficacia

En este contexto, en la sección de Coyuntura hemos acogido artículos sobre la política gubernamental en torno a la posibilidad de explota-ción del campo petrolero ITT, alrededor de lo cual el Presidente Rafael Correa ha decidido demorar indefinidamente el plazo de la dicha extracción hasta encontrar el financiamiento mundial alternativo. En la misma sección hemos incluido artículos en que se hace un balance de la situación del gobierno y de los efectos provocados por el caso de los funcionarios acusados de estar ligados a las FARC y a carteles de narco-tráfico. Se ha colocado también en este acápite artículos que examinan las tendencias electorales y las “elecciones primarias” realizadas por el Movimiento Acuerdo País. Finalmente, hemos incluido un análisis sobre el Bicentenario del Grito de la Independencia a celebrarse el próximo 2 de Agosto de 2009.

3. La tercera línea del número 9 de La Tendencia se orienta a conocer las propuestas programáticas de las distintas posiciones de la izquierda y centro izquierda en el nuevo periodo gubernamental, así como tam-bien algunas propuestas legales y otras en curso de aprobación en la Comison de Legilación y fiscalización. Siguiendo la misión de la revista queremos difundir los distintos puntos de vista de las izquierdas, hacer posible el diálogo entre ellas y generar niveles de coincidencia, para abrir el espacio del acuerdo e incidir en el rumbo del gobierno a ele-girse. Generar niveles de concertación al interior de nuestra tendencia a escala nacional para enfrentar la crisis y “pasar el bache” de los efectos que esta produce en nuestro país, constituye una demanda urgente.

Un programa anticrisis concertado al interior de nuestra tendencia y a nivel de todas las fuerzas sociales y políticas ecuatorianas es –quizás– el reto más importante del gobierno de Rafael Correa, de las agrupa-ciones que intervienen en la competencia electoral y del próximo presi-dente de la república a elegirse el 26 de abril.

En el editorial de la revista La Tendencia 8 decíamos:

“El reto de estos meses es decisivo: implementar el acuerdo de la ten-dencia de las izquierdas en el marco del impulso al acuerdo nacional –planteado por el Presidente Correa– es prioritario; así como desplegar comportamientos y actitudes que generen niveles de confianza. La dia-léctica, legitimidad y eficacia es el secreto de una óptima gobernanza, donde el diálogo, por una parte, y la firmeza en la defensa de posicio-nes de izquierda y gubernamentales, por otra, constituyen el sendero por donde se debe transitar. Lo decíamos en el editorial de un número anterior: creer que gobernar es sólo dialogar, es una ingenuidad vacía carente de experiencia democrática. Diálogo y firmeza de posiciones es el camino del buen gobierno en este ciclo coyuntural para profundizar la tendencia progresista e impedir y neutralizar los intentos por socavar su posición, que puedan conducirle a una involución.”

En esta sección de la revista destacamos precisamente importantes pro-puestas de las izquierdas expresadas por representantes políticos que en las próximas elecciones de abril, disputarán la presidencia, las repre-sentaciones nacionales y provinciales. Lamentablemente no pudimos contar con la participación de algunas de las posiciones electorales.

Se expone también en esta sección artículos sobre políticas y legisla-ción claves en el próximo periodo. Se parte examinando el modelo de desarrollo propuesto en la Constitución vigente, lo que ha permitido –una vez más– hacer un balance sobre el proceso de implementación constitucional en la coyuntura post referéndum. En este acápite se han incluido artículos sobre descentralización y participación, para lo cual hemos invitado a uno de los integrantes de Ecuador Dialoga que nos muestra los principales ejes de esta propuesta de la sociedad civil; una exposición de la visión de las izquierdas sobre el proyecto autonómico de Guayaquil; y un análisis de la Ley Electoral . Se incluye de manera especial, como homenaje y en ocasión al mes de la mujer, un balance empírico de los resultados de la aplicación de la ley de cuotas.

Finalmente quiero informar que la revista La Tendencia ha sido acogida, como uno de sus integrantes, por la Red Ecuador Dialoga. Esperamos desde nuestra tribuna contribuir con esta importante iniciativa de organizaciones de la sociedad civil.

No sería posible esta publicación sino contáramos con la participación desinteresada del los miembros del Comité Editorial, los y las articulistas que han escrito en este número; el auspicio del FES-ILDIS, de su Directora Ejecutiva Claudia Detsch, del equipo de esta importante institución, parti-cularmente de Wilma Suquillo, quien ha estado atenta a la coordinación y asistencia del diseño, articulistas, edición y diagramación de la Tendencia 9. Vayan a todas y todos mis agradecimientos.

Quito, 3 de Marzo de 2009

Francisco Muñoz JaramilloDirector Revista La Tendencia

10 11S I T U A C I Ó N I N T E R N A C I O N A L Y C R I S I S laTendencia 

Santiago Ortiz Crespo

Santiago Ortiz Crespo— Docente investigador de FLACSO. Miembro del Consejo Editorial de La Tendencia.

s i tuación internacional+c r i s i s

La crisis mundial: una prueba de fuego

para la revolución ciudadana

El proyecto de la “revolución ciudadana” fue el producto de la convergencia de varias

vertientes sociales y políticas, que buscaban una alternativa de cambio desde hace una década. Diversos núcleos de centro e izquierda, técnicos, intelectuales, políticos, líderes sociales, aporta-ron con sus experiencias, ideas, propuestas, en la constitución de Alianza País. Estás se expresaron primero en el plan de gobierno, luego en el plan de desarrollo y posteriormente en el texto constitucional de Montecristi. Paralelamente fueron tomando forma en las políticas públicas del gobierno de Correa.

En un contexto de caída del neoliberalismo y de emergencia de gobiernos progresistas de América Latina, la “revolución ciudadana” se movió entre plan-teamientos nacionalistas, del “socialismo del siglo XXI”, del neodesarrollismo y de demandas democráticas y ecológicas radica-les. Debido a que las propuestas se construyeron en el camino no siempre ha existido coheren-cia en los planteamientos. Así hay expresiones avanzadas en la Constitución, en cambio la viabilidad y el pragmatismo han marcado las políticas desde la gestión de gobierno.

Hasta hoy el éxito acompañó la primera fase del gobierno de Correa y la muestra es el capital político acumulado, el control institucional y la amplia corriente de opinión favorable a Rafael Correa. Pero es el tsunami de la crisis económica, el que hoy somete a la prueba de fuego al proyecto de la Revolución Ciuda-dana y revelando con Rayos X los componentes de dicho proyecto.

Sin embargo la crisis revela un fenómeno menos visible: se ter-minó la bonanza económica de los últimos años, bonanza que

fue un factor clave en el éxito gubernamental. Cuando enfrenta-mos un escenario de crisis inter-nacional que afecta al país en varios frentes, hay que ver cuáles son los alcances y la consisten-cia del proyecto para ver si el capital político y la popularidad del Presidente, que seguramente se refrendarán en las elecciones de Abril, son suficientes para resolver los problemas que trae la crisis y sostener el proceso de cambio que Alianza País ha prometido.

El proyecto

De manera sintética se podría caracterizar el proyecto de Alianza País como una propuesta de cambio para salir de la fase neoliberal y acceder a una nueva fase de desarrollo del país. Si bien esta propuesta no está muy clara y tiene mucho componente

12 S I T U A C I Ó N I N T E R N A C I O N A L Y C R I S I S 13

retórico1 , se pueden señalar algu-nos rasgos: ofrece mayor equi-dad social; afirma una economía sustentada en las potencialidades económicas del país y se plantea el cuidado del medio ambiente. Es una propuesta que requiere un papel activo y protagónico del Estado, que conduce el pro-ceso, regula e invierte en grandes obras buscando generación de empleo y cierta distribución de la riqueza. Además requiere amplia legitimidad en todos los estra-tos sociales para así neutralizar a los grupos de poder fáctico que, comandados por el capital financiero, gobernaron el país y se beneficiaron de las políticas públicas en la etapa previa.

Hay que anotar que esta pro-puesta se acerca al llamado “neodesarrollismo” –una pro-puesta en boga en otros países de América del sur como salida al neoliberalismo –rol activo del Estado, reactivación pro-ductiva interna e impulso a las exportaciones, desarrollo de la competitividad, redistribución social. Pero, al mismo tiempo, hay diferencias pues el Ecuador hereda –y de alguna manera el gobierno prioriza– el eje prima-rio exportador y no se preocupa tanto de promover el eje pro-ductivo agrícola-manufacturero orientado a la economía interna. Otra diferencia es el protago-nismo que el gobierno de Correa da al Estado, pues no encuentra empresariado nacional ni consi-dera actores sociales con capaci-dades de impulsar un desarrollo endógeno. Esto lleva a opacar la intervención de la sociedad civil que, luego de dos décadas de neoliberalismo, ha terminado debilitada.

1 Se habla de socialismo del siglo XXI, se plantea un plan de desarrollo con muchos componentes neodesarrollistas, se habla de no pagar la deuda, pero muchos de estos elementos son mas ideológi-cos que programáticos.

Para Alianza País políticamente lo importante es el Estado central y un movimiento electoral que se construye desde las altas esferas del gobierno, junto con la legiti-midad que traen las elecciones; pues, esto bastaría para realizar los cambios que el país necesita.

Por cierto, haber llegado a este modelo de “neodesarrollismo andino”, luego de una década de crisis política, es bastante en un país en donde la otra alternativa era continuar en la senda de la “banana republic”, con un Estado vaciado de soberanía y supedi-tado a las decisiones de Washing-ton. En ese sentido hay que reco-nocer que Alianza País ha tenido hasta hoy capacidad y bastante éxito en dar un giro político al país. Sin embargo, con la crisis económica mundial se plantea la inquietud de donde el éxito y el propio carácter de la Revolución ciudadana fueron una expresión remozada de la bonanza petro-lera, de las remesas y los buenos precios de nuestros productos de exportación; o, mejor expresado, hasta dnde los vientos favora-bles de la economía y la bonanza que el país vivió en estos años incidieron en la configuración de este proyecto nacional.

La aplicación del proyecto

Hay que tomar en cuenta que el proyecto planteado por Alianza País se está aplicando parcialmente en el país. En lo económico, la regulación de los bancos, la afirmación del papel del Estado con un rol activo en la obra públicas, la dinamización de la demanda interna, con cierta acciones de reactivación vincula-dos al gasto estatal. Sin embargo, el crecimiento logrado en esta fase se ha dado sin reactivación del aparato productivo interno.

En lo social, la ampliación de la inversión en salud y educa-ción, así como la cobertura de

los programas de bienestar y vivienda, que generan cierta distribución social. En lo ambien-tal, el frente más polémico, se mantiene la iniciativa del ITT, pero se negocia con las empresas petroleras y se abre la inversión extranjera a la gran minería, sin dar pasos firmes en temas ambientales como el agua.

En lo internacional el gobierno expuso su compromiso con una política independiente de sobera-nía nacional y vocación latinoa-mericana, que se concretó en la terminación del convenio de la Base Manta y en otras medidas como la respuesta al gobierno de Uribe, aunque esta política ha tenido algunos traspiés debido a cierta ambigüedad retórica que acompaña al gobierno: se buscó fortalecer las relaciones con A. Latina y estuvimos al borde la ruptura de relaciones con Brasil; y, luego de denunciar la deuda externa, vamos al mes siguiente al BID, a pedir prestado 500 millones de dólares para cubrir el bache que nos deja la crisis internacional.

Desde el punto de vista ideoló-gico, el proyecto de Alianza País ofreció y concretó una nueva

Constitución que sintetiza varias de las banderas nacionalistas, ambientalistas y democráticas fueron levantadas por los actores que se movilizaron en la última década. En gran medida estas orientaciones se estamparon en la constitución de Montecristi que dejó atrás el enfoque “neoli-beral” del texto de 1998 y genera un marco normativo amplio para el proceso de cambio y la reforma institucional que están en camino.

En el campo político,, Alianza País tuvo en este período una dirección con una fuerte capa-cidad táctica que pudo acumu-lar el capital político necesario para iniciar el giro que el país necesitaba. Este sector ejecutó una línea de confrontación polí-tica contra las elites políticas y económicas del país, que tuvo sus hitos en las cinco disputas electorales que le permitieron un acumulado político apreciable. Para ello ha sido clave el manejo de la moderna política mediática como las encuestas, los símbolos, la propaganda, un discurso que convoca y el liderazgo del Presi-dente. Todo ello le ha permitido constituir una mayoría electoral y de opinión, ganar el control de las diversas funciones del Estado y neutralizar a la derecha, quien se halla aun dispersa.

A pesar de, ello AP no ha tenido un lineamiento de construcción como movimiento o partido y más bien se ha configurado como fuerza electoral, como una amplia convergencia de tenden-cias políticas de centro, izquierda y grupos populistas de diversos partidos, que se han articulado no sin incidentes. Todo ello orga-nizado bajo la dirección de un buró que durante estos tres años ha sido una instancia importante de conducción política. Rafael Correa ha sido clave en este pro-ceso, quien ha sabido combinar

de manera peculiar un liderazgo carismático al tiempo que una conducción pragmática y efi-ciente de gobierno.

En resumen se puede interpretar que el proyecto diseñado sobre la marcha por Alianza País, tiene sus grandes enunciados estra-tégicos en la Constitución, que se acerca a una visión neodesa-rrollista, pero que aterriza en políticas concretas que continúan las rieles de una economía que se orienta a la exportación sin reactivación del aparato pro-ductivo interno.. Se trata de un modelo que genera actividad económica desde la inversión pública y aspira a beneficiar a sectores mas deprimidos de la sociedad, donde sus afanes desarrollistas se quedan cortos. Correa no aspira a realizar refor-mas estructurales o un desarrollo sustentable como quieren los ecologistas, al menos en el corto plazo. La visión pragmática del gobierno, a lo que debe sumarse la “camisa de hierro” de la dolari-zación y la llamada “enfermedad holandesa”2, atan al país a un modelo primario exportador con protagonismo estatal y cierto con un sesgo redistributivo.

El remezón de la crisis

La crisis económica mundial viene a remover el cómodo esce-nario en que actuaba el gobierno. Se trata de un tsunami que pone a prueba la propuesta de esta corriente política y modifica drásticamente las condiciones para los próximos años.

El segundo boom petrolero (2002 - 2008) en que el petróleo subió a 140 dólares (WTI) generó un flujo constante de recursos al Estado ecuatoriano, que sumados a las

2 Sobre el modelo económico ver el articulo de Alberto Acosta en esta misma revista “La maldición de la abundancia”

remesas, ingresos por exporta-ciones y turismo, suscitaron un clima de bonanza y, más que todo, una fiebre de consumo. Este fenómeno se dio también en otros países andinos que desa-rrollaron una política de renego-ciación o nacionalización con las empresas trasnacionales, canali-zando para el Estado un porcen-taje mayor de renta petrolera.

Desde el 2000 al 2008 el PIB en Ecuador creció en un promedio del 4%, que si bien no fue tan alto como en la década del 70, si implicó dejar atrás el estan-camiento de la economía en la fase neoliberal. El Eco. Rafael Correa ocupó la presidencia solo en el último momento de este miniboom. En el 2007, el primer año de su administración, hubo un crecimiento del PIB del 2%, mientras que en el 2008 subió el 6%. Debido a la nueva orientación del gobierno, este crecimiento vino acompañado por un proceso político dirigido a fortalecer lo público y lo social. Esta política levantó expectativa en las capas medias y populares, que veían en el horizonte –¡por fin!– la posi-bilidad de tener salud, vivienda, educación pública y seguridad social, lo cual contribuyó a dina-mizar la corriente de opinión favorable al cambio y una adhe-sión electoral a favor de Correa.

Es decir, el proyecto de la Revo-lución Ciudadana tuvo el viento a su favor en la economía. Hay otros factores de carácter polí-tico e ideológico que también han incido en estos relativos éxitos de dicho proyecto, pero el factor económico ha sido un elemento clave, que a veces no ha sido considerado.

Hoy Alianza País tiene un gran capital político acumulado que seguramente se verá reforzado en las elecciones de Abril, y enfrenta las circunstancias difíci-les que vienen con la crisis.

La crisis mundial: una prueba de fuego para la revolución ciudadana

“

El gobierno expuso su compromiso con una política indepen-diente de soberanía nacional y vocación latinoamericana.

”

14 S I T U A C I Ó N I N T E R N A C I O N A L Y C R I S I S 15

En el campo político el gobierno manejó una estrategia que le dio sus réditos. Sin embargo, esta estrategia privilegió el voto en el terreno electoral, sin conside-rar alianzas con grupos socia-les o políticos. Se trata de una estrategia en que el Estado se mueve con su lógica y recursos por encima de la sociedad. Esta estrategia puede agotarse. Segu-ramente Alianza País ganará las próximas elecciones; pero en el futuro, a menos que sigamos de referéndum en referéndum, el gobierno tendrá dificultades para manejarse sin acuerdos con sec-tores sociales, que de lo contra-rio podrían movilizarse o actuar por diversos medios para frenar el proceso.

La existencia de un agrupación política que se construye desde arriba, sin una base ideológica compartida, ignorando la exis-tencia de grupos, nacionalidades, pueblos, organizaciones sociales, que tienen derecho a participar, tal como fue reconocido en la carta de Montecristi, puede con-vertir a Alianza País en una agru-pación sustentada en lazos asis-tenciales o clientelares tradicio-nales, que son bastante efímeros para sostener gobiernos, como se demuestra en la última década en Ecuador. Esto, además, le pone pies de barro para enfren-tar la oposición de las elites, la derecha, los bancos y el gobierno norteamericano, que tiene mucha experiencia, información y meca-nismos para debilitar a actores que buscan el cambio4.

De lo dicho se evidencia que varios de los pilares del proyecto de Alianza País podrían ser afec-tados, dándose la paradoja que

4 El Caso Chauvin es apenas el primer caso de escándalo, en donde se demuestra lo que pueden hacer agencias secretas, gobiernos extranjeros y medios de comunicación cuando se coaligan para desgastar a un gobierno.

la crisis del capitalismo mun-dial pueda afectar las bases de un proyecto de cambio. Si bien Correa ha ofrecido capear el tem-poral, hay síntomas que revelan las dificultades que tendrá para hacerlo.

Cuando se reduce el pastel, hay que ver quienes comparten la mesa. Es decir la crisis lleva al gobierno a la hora de las defi-niciones en términos de priori-dades, alianzas y objetivos del proyecto. Y en este sentido hay varias alternativas: o se pacta con las empresas extractivas, las eli-tes exportadoras e importadoras o se profundiza la relación con grupos empresariales nacionales, capas medias y sectores campe-sinos, indígenas y populares en una perspectiva de aprovechar la crisis para fortalecer la economía interna desde las capacidades locales y recuperar el tejido social interno.

Estimando que la victoria elec-toral de Abril refuerce su acu-mulado político y el control de las principales funciones del Estado, la crisis puede pasar factura en varios escenarios: uno donde se mantenga una corriente mayoritaria con Alianza País; un segundo donde los sectores no ideológicos interesados en una respuesta a sus necesidades más inmediatas se decepcionen, pero que el bloque mayoritario se mantenga; y, un tercero en donde a la decepción de las masas se sumen factores de poder al interior del Estado: la oposición y el gobierno norteamericano, forzando la salida de Correa, especialmente en condiciones de desdolarización. En todo ello, por cierto, incidirá la política inter-nacional del gobierno, en donde está por verse si logra rearmar las alianzas regionales, en lo que hasta ahora no se ha mostrado muy consistente.

Por cierto no se ve aún la luz al final del túnel de la crisis mun-dial que permita caracterizar con certeza los escenarios futuros. El proceso electoral y el cambio de gabinete que se viene rearticulará las fuerzas al interior de Alianza País y modificará los factores de la coyuntura. Habrá que ver cuál será el comportamiento de la derecha y de los grupos eco-nómicos fuertes del país, que se están volviendo más agresivos. También habrá que ver la actitud de las fuerzas armadas y de los movimientos sociales. Igual-mente cómo se desenvuelve el Sr. Obama en la conducción del gobierno norteamericano.

En este marco de incertidumbre se pueden constatar, sin embargo, los límites del proyecto de la Revolución Ciudadana. Más allá del fuerte discurso ideoló-gico y de los éxitos logrados, no se puede ocultar que la herencia del modelo primario exportador y la dolarización siguen pesando, al igual que el carácter del Estado centralista y dependiente que aún sobrevive. Para que la Revo-lución Ciudadana llegue a soste-ner una propuesta neodesarro-llista, con reactivación produc-tiva y equidad social, integrando contenidos ambientales y demo-cráticos, hace falta impulsar polí-ticas de fortalecimiento de la economía interna y también dar un giro en la estrategia de alian-zas; en la relación del Estado con los actores de la sociedad; y, en el diseño del movimiento polí-tico, que permitan formar un bloque democrático y nacional más sólido para enfrentar la cri-sis y los adversarios que acechan al proceso.

Los recursos ahorrados en la época de vacas gordas le pueden servir para pasar la época de las vacas flacas; es decir, amortiguar la crisis en el primer semestre del año 2009. Sin embargo el cuello de botella está dado y habrá que preguntarse si todo ese capital político le va a permi-tir enfrentar los problemas que se vienen en lo posterior3.

Por otro lado la baja de las remesas, el déficit de la balanza comercial no petrolera, la reduc-ción de las exportaciones de alimentos, la baja del turismo, la salida de capitales de los gran-des empresarios y la parálisis de la inversión privada también afectan a la economía y provocan problemas de empleo e ingresos. A esto deben sumarse las dificul-tades de financiamiento debido a cierto aislamiento internacional y al congelamiento de los créditos en el mercado financiero.

El gobierno tiene un programa de emergencia que, según el Pre-sidente Correa podría capear el temporal y con ello lograr que el gobierno sobreviva. Con esta base el gobierno se propone con-tinuar varios proyectos priorita-rios iniciados en el 2008. El régi-men han señalado en repetidas ocasiones que no se sacrificarán los gastos sociales que se habían mantenido hasta el día de hoy. El Presidente anunció que China estaría interesada en invertir en el proyecto Coca Codo Sinclair que es clave para la transición energética futura del Ecuador del petróleo a la hidroelectri-cidad. Sin embargo, es posible que se posterguen para el futuro algunos megaproyectos como la

3 Durante el 2009 la economía crecerá a un ritmo del 2% (CEPAL) y tenemos un presupuesto desfi-nanciado por mil quinientos millones de dólares con un precio de barril de petróleo estimado en torno a 45 dólares, según declaraciones del Ministro de Coordinación Económica Diego Borja.

refinería de Manabí, que pasó a la congeladora, porque el Presi-dente Chávez también debe ajus-tarse los cinturones.

Los escenarios económicos futu-ros pueden ser diversos. Nuestra economía es tan frágil que todo depende del precio y volumen exportable del petróleo, en un escenario donde es incierta la duración de la crisis (…uno, dos, tres años?) y la profundidad de la crisis. Una crisis más larga y

profunda puede hacer más lenta la recuperación del precio del petróleo y por cierto afectará las exportaciones y el turismo.

Otro factor importante tiene que ver con la política económica y fiscal del gobierno con una dola-rización que se convierte en una camisa de fuerza, en donde debe demostrar capacidad de conse-guir inversiones o préstamos

en este año y frenar el drenaje de divisas por importaciones. Es posible que el gobierno logre manejar la balanza y el comercio exterior, y con un buen precio del petróleo pueda reestablecer un ritmo gradual de crecimiento a comienzos del 2009, sosteniendo el proceso. Si no lo logra tendrá que pensar en un escenario sin dolarización.

Efectos politicos

Sin embargo el impacto no solo hay que buscar en la economía. También hay que examinar los posibles efectos en lo político. Hay varios terrenos sensibles como el de la reforma institu-cional pendiente, el social, el político... y hay que preguntarse sobre la suerte de la revolución ciudadana en estas condiciones.

En primer, lugar la reforma ins-titucional del Estado prometida luego de la constituyente, tendrá dificultades en su implementa-ción dado que será más difícil aplicarla cuando faltan recursos. El gobierno antes tenía capacidad para negociar con gobiernos loca-les, ampliar los servicios sociales, reordenar el caos en las empre-sas públicas, realizar cambios en la organización ministerial o en las Fuerzas armadas y Policía: ahora tendrá menos recursos para incentivar esos cambios.

Cuando se recorta el pastel, los diversos actores se ponen a la defensiva y defienden sus intereses. En un país en que la UNE, sindicatos públicos, fuer-zas armadas, tienen un fuerte espíritu de cuerpo, ellos actua-rán para defender lo suyo. Por lo pronto ya los militares han levantado su voz contra las refor-mas en las Fuerzas Armadas y la unificación del presupuesto en la cuenta única provocó ame-nazas de movilización en las Universidades.

La crisis mundial: una prueba de fuego para la revolución ciudadana

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La reforma institucional del Estado prometida luego de la constitu-yente, tendrá dificulta-des en su implementa-ción dado que será más difícil aplicarla cuando faltan recursos.

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16 S I T U A C I Ó N I N T E R N A C I O N A L Y C R I S I SlaTendencia  17

Diego Mancheno— Economista de la PUCEMaster en Economía de la Universidad de Londres UK. Ex Director General de Estudios del Banco Central del Ecuador. Ex Subsecretario de Presupuestos y de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas. Profesor de las Universidades PUCE y UDLA.

Una crisis global del modo de producción capitalista

Diego Mancheno P.

capitalismo mundial luego de Bretton Woods.1 La consecuente implementación de los tipos de cambios variables globalizó-flexi-bilizó el proceso de valorización del valor de la fuerza de trabajo, hasta ese momento circunscrito a las fronteras “nacionales”. Este esquema cambiario y la inconver-tibilidad le permitieron al dólar asumir además la función de unidad de medida o patrón de precios de todas las mercancías transadas en los mercados del mundo occidental. Finalmente, bajo este esquema, el Banco de la Reserva Federal (el banco emisor de los Estados Unidos) recuperó el poder de la gestión moneta-ria (política monetaria) de una moneda que se había convertido en moneda mundial.

Un primer ejemplo de esta nueva configuración monetaria mun-dial, y por tanto de la asimetría arriba referida, se dio en lo que fue la crisis de la deuda a ini-cios de los años ochenta. Desde entonces hasta acá, las funciones del dólar se han ampliado de uni-dad de cuenta y medio de circu-lación a reserva de valor y medio ideal de pago; e incluso, a medio de acumulación en jurisdicciones que van más allá de las fronteras nacionales.

Empero, como lo señaló Carlos Marx en su magistral exposición sobre el Dinero2, su aparición a más de resolver eficientemente los problemas del trueque y de la circulación y realización de las mercancías, lleva en sí mismo el germen de la crisis por las contradicciones que contiene y potencia. Posiblemente, la más relevante en el momento actual sea la de volver al medio de cambio en un fin en sí mismo;

1 Bretton Woods, la Conferencia de NNUU (1944) que acordó los principios del sistema mone-tario internacional.

2 K. Marx, El Capital, Cap. III: El Dinero

y, cuando para tal objeto y por efectos de su función de medio “ideal” de pago, convierte al ven-dedor en acreedor y al compra-dor en deudor, en un contexto en el que por su otra función de reserva de valor “seca los merca-dos monetarios”.

La caída del llamado “socialismo real” permitió al capital mono-pólico financiero de los Estados Unidos, como de la Unión Euro-pea, trasladar importantes seg-mentos o eslabones de sus pro-cesos de producción hacia estos países en los que encontraron fuerza de trabajo altamente cali-ficada relativamente barata, lo que permitió explotar economías de escala en sectores económicos de alto componente tecnológico.3 Este proceso de relocalización industrial coincidía además con el éxito de la revolución tecno-lógica producida en los años noventa en los Estados Unidos. La inversión extranjera de este país se disparó considerable-mente, pero esta vez no solo para extraer recursos naturales, sino incluso para trasladar pro-cesos de trabajo de agregación tecnológica,4 lo que convirtió a este país, primero, en el consu-midor fundamental del planeta; y, después, en el deudor más importante; pues ya para media-dos de esa década, los Estados Unidos absorbían las dos terce-ras partes del ahorro del resto del mundo.

En todo este proceso los bancos comerciales cedieron el paso o se transformaron en bancos de inversión (llamados ahora

3 Como ejemplo se puede decir que el 23% de las exportaciones del Japón y el 45% de las exportacio-nes totales de China se dirigen a Estados Unidos.

4 Las inversiones extranjeras en Estados Unidos pasaron de $ 60 mm en 1990 a $ 600 mm en 1997 y la renta neta de la propiedad en este mismo año se volvió negativa en 14,3 mm. En ese año un tercio de los Bonos del Tesoro estaban en manos de no residentes.

“bancos a la sombra”). Las nor-mas regulatorias perdieron efi-cacia y muchas de ellas incluso fueron eliminadas a lo largo de los años noventa y en los prime-ros años del presente siglo.5 La búsqueda incesante de liquidez, así como la gestión y el reparto del riesgo se convirtieron en el negocio de estas instituciones financieras.6 En este empeño hubo una explosión de efectos derivados, que incluso convir-tieron al crédito en sí mismo en mercancía; en sujeto de valori-zación; y, en objeto de cambio a escala mundial.7 Esto les permitió a esos bancos alcanzar niveles de apalancamiento sorprenden-tes; la relación agente-principal se rompió o, en el mejor de los casos, se enturbió de manera significativa y a los hogares de los depositantes se los convirtió en inversionistas globales.

5 Ver: Gilani Shah, How Deregulation Eviscerated the Banking Sector Safety Net and Spawned the US Financial Crisis; Money Moring, 2009

6 Ver una interesante exposición sobre esto en Taylor L., 1998

7 Según el FMI, la emisión de determinados ins-trumentos crediticio-financieros en Estados Unidos y en Europa pasó de $ 500 mil millones en el año 2000 a 2,6 billones en 2007 y los colaterales de cré-ditos pasaron de $ 150 mil millones a 1,2 billones. Otro dato interesante se extrae de Luigi Spaventa (2008) quien en cita a George Magnus (Financial Times, enero, 2008, que señala que en la década de los cincuenta del siglo pasado, por cada dólar de crecimiento del PIB se generó 1,5 dólar de crédito. En los años noventa esta relación pasó a 3 dólares y en 2007 llegó a 4,5 dólares.

No se puede entender a cabalidad la magnitud de la crisis mundial actual

sin una revisión y comprensión de lo que ha sido el proceso de globalización de la acumulación y reproducción del modo de producción capitalista en su fase monopólico-financiera. Para ello, es vital el estudio detenido del funcionamiento de la economía y de la política de los Estados Unidos, tanto por su importancia relativa en el ciclo global de la reproducción ampliada del capi-tal y en cada uno de sus eslabo-nes; por su capacidad de asimila-ción y recuperación; como por su liderazgo indiscutible en los cam-pos científico-técnicos orientados tanto a la satisfacción como a la destrucción de la vida en el pla-neta, lo que le ha permitido lide-rar al capitalismo durante tres cuartos de siglo.

Obviamente, este propósito escapa al alcance de este artí-culo. Esta es una tarea pendiente que deberá ser el resultado de un esfuerzo colectivo y multi-disciplinario, un esfuerzo epis-temológico conjunto si se desea efectivamente aportar de modo cualitativo al conocimiento en su interpretación, así como en la posibilidad de actuar sobre ella para convertirla en una oportuni-dad de renovación, redefinición y cambio.

En las siguientes líneas se pre-tende nada más aportar con un ordenamiento metódico de varios “hechos estilizados”, que permi-tan elaborar algunas líneas de investigación y acción futuras, orientadas a identificar las posi-bles vulnerabilidades de la econo-mía de Ecuador ante esta crisis.

El dólar como reserva de valor reemplaza al oro

La comprensión de la profun-didad y de las características de esta crisis del capitalismo se debe remontar a los años setenta cuando se declaró la inconver-tibilidad del dólar en oro. Este hecho convirtió al dólar en el “equivalente general” de todas las mercancías en el mundo occi-dental de ese momento y, en tal virtud, estableció una relación social asimétrica y cohesionada entre quien emite esa moneda –los Estados Unidos– y se sitúa en el un extremo del circuito de la reproducción, en tanto se apropia de su valor y de su valor de cambio; y quienes –en el otro extremo– usan al dólar como un medio de cambio, papel moneda o mercancía-dinero.

La ruptura de la convertibilidad del dólar en oro implicó además el abandono de las paridades fijas en los tipos de cambio, ancla constitutiva del ordena-miento de las relaciones del

Una crisis global

del modo de producción

capitalista

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18 S I T U A C I Ó N I N T E R N A C I O N A L Y C R I S I S 19Una crisis global del modo de producción capitalista

A la crisis del régimen de acu-mulación monopólico financiero, esta vez se suma una crisis de sus mecanismos de regulación. En ocasiones pasadas, los ins-trumentos monetarios (aumen-tar los pasivos de los bancos centrales; reducir las tasa de interés; reducir los requerimien-tos de reserva); los instrumen-tos fiscales (aumentar el déficit público; reducir los impuestos); y los cambiarios y comerciales (devaluaciones; barreras comer-ciales) parecían suficientes para alcanzar nuevos equilibrios. Hoy, estos mismos instrumentos pierden efectividad y en muchos casos incluso corren el riesgo de agudizar antes que resolver los conflictos. Basta observar lo que ocurre en Estados Unidos, definitivamente el epicentro de la crisis, con sus tasas de interés a niveles cercanos a cero; con su gigantesco déficit fiscal, con los niveles de emisión monetaria y la velocidad de circulación del dinero, la evolución del tipo de cambio y los niveles de des-inter-mediación financiera.

Los efectos de la crisis en la economía ecuatoriana

Los canales de trasmisión de los efectos de esta crisis sobre la economía ecuatoriana son diver-sos. El primero y más evidente es el que tiene que ver con la res-tricción de los mercados a nues-tras exportaciones, tanto en volú-menes como en precios. La OCDE ha revelado que para el año 2009 la economía mundial contraerá definitivamente la demanda de productos, principalmente de los primarios (commodities) en los mercados internacionales, con efectos negativos sobre precios y volúmenes.

El estudio citado advierte que 21 de los 30 países de la OCDE atravesarán una “prolongada recesión de una magnitud que no se había visto desde principios de los 80s”; y que la recuperación será lenta. El FED de Estados Unidos –nuestro principal socio comercial– ha revisado las pro-yecciones del crecimiento de su economía para 2009; de un mar-gen inicial del 2% y 2,8%; a otro entre –0,2% y 1,1% y el desempleo podría acercarse al 8%, con un aumento, en los dos últimos meses, de algo más del millón de personas en la desocupación.10

Se estima que por efecto de la nueva situación de los hogares norteamericanos su consumo podría contraerse en no menos de 500 mil millones de dólares. Alemania ha hecho lo propio, una proyección del 1,2% a menos del 0,5%; y, el Japón cayó en el año

10 En 2008 habrían perdido sus puestos de trabajo alrededor de 2,6 millones de personas en estados Unidos, la cifra más grande después de la gran crisis de 1929. Según un estudio de Money Morning (26 de enero) realizado por Don Miller, si se suma la ci-fra del desempleo oficial a los trabajadores que han dejado de buscar trabajo recientemente, y los que no lo han buscado, la tasa de desempleo en Estados Unidos llega al 14%. En este mismo estudio se señala que 785 empresas de transporte con un promedio de 39 mil camiones cada una han quebrado.

2008 a una tasa del 12,7%. El Banco Mundial –de su lado– ha estimado que el comercio mundial se contraería en 2,1% en el año 2009, en respuesta de los países ante la crisis. Estas cifras afectarán significativamente el monto y el valor de las exporta-ciones del Ecuador.

Para finales de 2008 el índice de los commodities de S&P había caído en cerca del 30%; y el petróleo caería en un porcentaje similar. Entre el ultimo trimestre de 2007 y el último de 2008, el valor del Dow Jones Industrial había caído en el 35%; el índice NASDAQ en el 43% y el S&P 500 en 41%.

Pero no solo se presenta un problema de restricción de los mercados y de caídas en los pre-cios de los principales produc-tos de exportación de Ecuador, sino que, adicionalmente, se ha producido un efecto cambiario complicado. Paradójicamente, el dólar se ha apreciado y nuestros principales socios comerciales en América Latina han devaluado sus monedas, afectando direc-tamente la capacidad competi-tiva de nuestras exportaciones. Colombia, Brasil, Chile y Perú han dejado que sus monedas se deprecien.

Finalmente, otro impacto por el lado del sector externo de nues-tra economía tiene relación con la caída de las remesas. El Banco Central del Ecuador informó que estas ya habrían caído en un 22% en el ultimo trimestre de 2008 en relación con igual período de 2007; y en un 8,9% en relación con el tercer trimestre. Si el país recibe cerca de 2.9 mil millo-nes de dólares en remesas, una contracción del 20% para el año 2009 significaría una caída en el ingreso de divisas cercano a los 600 millones de dólares.

Se rompe la burbuja del capital

El dólar como reserva de valor reemplazó al oro.8 Los países socios comerciales y acreedores de Estados Unidos empezaron a acumular dólares en sus reser-vas internacionales. Pero no solo ellos, también los receptores de sus inversiones, o los que se beneficiaron del boom de los precios de los denominados commodities.9 Estas reservas vol-vían a Estados Unidos a través de la compra de sus papeles en la bolsa, de la adquisición de Bonos del Tesoro o de bonos privados; de la adquisición de acciones de empresas públicas y privadas de Estados Unidos; y, del finan-ciamiento del capital de trabajo de los grandes conglomerados financieros, tecnológicos, auto-movilísticos, etc.; comprando “papeles comerciales”, certifi-cados de depósito, seguros de crédito respaldados en hipotecas, etc. Todo esto a través de los famosos “fondos” o “bancos a la sombra”, que tenían la ventaja legal de no estar restringidos en sus niveles de apalancamiento, función que luego del estallido de la burbuja se observó que lle-gaba a una relación de 30 a 1.

8 En los meses previos a la crisis los tres más im-portantes tenedores de reservas internacionales en el mundo eran China con cerca de 2.000 mm de dó-lares, de los cuales el 70% estaba colocado en pape-les de los Estados Unidos (Bonos del Tesoro, títulos, acciones, fondos de inversión etc.); le seguía Japón, con cerca de 1.000 mm de dólares, de los cuales el 80% eran valores en dólares; y Rusia con 500 mm de dólares, que había decidido en 2006 modificar la estructura de su portafolio a 40% en euros, 50% en dólares y 10% en libras esterlinas.

9 Bienes básicos o primarios.

El resto es conocido: la crisis empezó con la quiebra del mercado del crédito de las hipo-tecas en Estados Unidos y se fue extendiendo progresiva y agre-sivamente a otras esferas de la reproducción del capital: asegu-radoras, financieras, bancos, fon-dos de inversión, dinero plástico y monedas han caído cual efecto dominó. Efecto que luego se tras-ladó a la industria automotriz y al empleo. De Estados Unidos el efecto dominó golpeó a Inglate-rra, a Francia y España; a Alema-nia y Suiza; a Rusia y Turquía; a China y Japón; a Corea…

En un artículo del Financial Times del 13 de marzo del 2008, Larry Summers graficó la pre-sente crisis en la que se conjugan tres círculos viciosos de manera simultánea: (i) el de la liquidez, en el que los precios de las accio-nes caen y la gente vende esos papeles atropelladamente, pro-vocando que los precios caigan aun más; (ii) el keynesiano, en el que el ingreso de las personas cae significativamente por lo que se ven obligadas a gastar menos, lo que provoca el que los ingresos de otros hogares también caigan, por lo que a su vez también se ven obligados a

gastar menos; y (iii) el círculo del multiplicador del crédito, por el que las pérdidas de la economía causan problemas financieros en las empresas, los que a su vez desencadenan más problemas en la economía real porque limitan el crédito…

Los recursos puestos a dispo-sición de los gobiernos y de los bancos de emisión de los países socios principales de los Estados Unidos con el objeto de “asistir” o enfrentar la crisis, superan cualquier cifra imaginable. Solo en Estados Unidos cifras actua-lizadas calculan un monto supe-rior a los 8 billones de dólares (o trillones en su propio lenguaje, es decir, cifras de 12 ceros). La Unión Europea, de su lado, anun-ció un paquete global cercano a los 260 mil millones de dólares (9 ceros). El Reino Unido lanzó en octubre de 2008 un paquete por algo más de 700 mil millones de dólares, y luego un programa de garantías por 30 mil millones de dólares adicionales. China ha informado de un paquete de asistencia cercano a los 700 mil millones de dólares.

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La crisis empezó con la quiebra del mercado del crédito de las hipotecas en Estados Unidos y se fue extendiendo pro-gresiva y agresivamente a otras esferas de la reproducción del capital.

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20 21S I T U A C I Ó N I N T E R N A C I O N A L Y C R I S I S laTendencia 

Fander Falconí— Economista. Maestría de Economía otorgada por FLACSO. Maestría y Doctorado en Economía Ecológica en la Universidad Autónoma de Barcelona. Antes de ser nombrado Canciller, se desempeñó como Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, desde el inicio del gobierno del Presidente Rafael Correa.

Una crisis global del modo de producción capitalista

Fander Falconí

Política exterior y desarrollo

Las relaciones exteriores del Ecuador han sido parte de las prácticas políticas,

comerciales y culturales que dividen al Planeta en dos tipos de sociedades: las desarrolladas y las subdesarrolladas. En esta división, producto de la historia de Occidente, la identidad y el orgullo de las segundas han sido condicionados –en términos de deficiencia, de atraso y de anar-quía– por la identidad dominante de las sociedades desarrolladas.

Esta categorización ha impedido, además, imaginar que una socie-dad “subdesarrollada” pueda ser mejor (o más rica) en ciertos aspectos que, desde el pensa-miento dominante, no se consi-deran relevantes. O que, para los cánones de la cultura occidental, carecen de “valor”. Si algún valor tiene una sociedad “subdesa-rrollada”, solo puede ser con-cebido dentro de los referentes establecidos por el discurso del desarrollo.

Esta forma de representar la evolución de las sociedades humanas tiene una historia de al menos 500 años. En ella se consolidaron los procesos de coloniaje de América, África y Asia, iniciados en Europa, para promover intercambios desigua-les interpretados luego como simples permutas mercantiles, como divisiones internacionales del trabajo, o como sistemas de economía-mundo de dimensio-nes variables.

Los cinco siglos de relaciones asimétricas de acumulación/des-acumulación, definidas en el proceso de consolidación de los Estados-naciones promoto-res del exclusivo club creado en Versalles con el nombre de Socie-dad de Naciones (28 de julio de 1919), desembocaron finalmente en la Organización de Naciones Unidas, ONU, fundada el 24 de

octubre de 1945, ya bajo la égida de EEUU, luego de la Segunda Guerra Mundial.

La ONU, junto a los tratados de Bretton Woods (New Hamps-hire, 1-22 de julio de 1944) y al Tratado General de Aranceles y Comercio (1947), transformado tras ocho ‘rondas’ en Organiza-ción Mundial de Comercio, OMC (1 de enero de 1995), son el refe-rente de las relaciones interna-cionales contemporáneas. Dados sus antecedentes, y considerando sus limitados y desiguales resultados en el ámbito global, es claro que en ese referente persisten los arcaís-mos de su matriz histórica, que se expresan en toda su dimen-sión en la carencia de consensos o en un poder de veto que repre-senta perfectamente las diferen-cias de sus miembros.

Estimaciones optimistas han calculado que el superávit comercial del Ecuador en 2008 que estuvo en un valor cercano a los 2 mil millones de dólares, fácilmente podría transformarse en un déficit entre los 4 y 5 mil millones de dólares para 2009, tomando en consideración el impacto efectivamente esperado por el gobierno nacional con las medidas adoptadas.

Un segundo impacto directo y obvio es sobre las cuentas fisca-les. Con una caída en los precios del petróleo de un promedio anual cercano a los 90 dólares el barril en 2008 a otro que podría estar en alrededor de 35 dólares el barril para 2009; y con una caída en el crecimiento del PIB de alrededor del 6% en el año ante-rior, al 2% en el presente año, los ingresos fiscales por concepto de exportaciones del hidrocarburo y por las recaudaciones tribu-tarias se contraerán de manera significativa.

Nada más con estos dos cambios por el lado de los ingresos y bajo el supuesto de que se mantiene el mismo nivel de gasto fiscal de 2008, en el año 2009 la nece-sidad total de financiamiento del SPNF estaría en alrededor de 4 mil millones de dólares. Lo que se esperaría cerrar con colocaciones en el IESS y con los desembolsos de nuevos créditos de la CAF, el FLAR y el BID y solo marginalmente con restricción en el gasto de inversión.

Los efectos de tan significativa caída en los ingresos fiscales se observan ya en la evolución de los depósitos del gobierno en el Banco Central, los que luego de alcanzar un pico algo superior a 2 mil millones de dólares en sep-tiembre de 2008, cayeron acele-radamente a cerca de 500 millo-nes a enero del año en curso.

Un tercer impacto se puede monitorear en las cuentas del sistema bancario y las cuen-tas relevantes por el momento serían, en primer lugar, aquellas relacionadas con sus operaciones internacionales; y en segundo lugar, los depósitos y créditos en el mercado doméstico. La ten-dencia registrada por la cartera en enero de 2009 resulta pre-ocupante, pues luego de crecer en 2007 a una tasa superior al 17%, en el año 2008 cae en 4%. La evolución de la cartera también llama la atención, pues luego de crecer en el mismo período a tasas superiores al 27% cae en el mes de enero en 8%.

El ejercicio de la política econó-mica en una economía abierta, pequeña y dolarizada como la ecuatoriana no es fácil. Los países vecinos han optado por devaluar sus monedas y relajar su política monetaria, dando espacios para el gasto público compensatorio, recurriendo para tal efecto a sus fondos de ahorro y al endeudamiento externo.

La defensa de la liquidez y del empleo se convierte en los obje-tivos vitales para el hacedor de la política económica ecuatoriana, tarea que debe enfrentarse en el corto, mediano y largo plazos, desde una visión y comprensión sistémica del ciclo de la produc-ción-circulación-consumo de la economía nacional.

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La necesidad total de financiamiento del SPNF estaría en alrededor de 4 mil millones de dólares.

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22 S I T U A C I Ó N I N T E R N A C I O N A L Y C R I S I S 23Política exterior y desarrollo

institucional y un entorno social suficientes para garantizar el goce pleno de los derechos humanos (en especial econó-micos, sociales y culturales), el cumplimiento de estos princi-pios constitucionales supone una articulación fluida entre el servicio exterior y el resto de entidades del sector público, pues el primero deviene en instrumento facilitador de las políticas públicas desarrolladas por las segundas, en todo cuanto implique relacionamiento, coope-ración o intercambio con el resto del mundo. Y también supone un nuevo perfil para el servicio exterior ecuatoriano, capaz de vincular en forma funcional las políticas externas a las necesi-dades definidas en las políticas de desarrollo endógeno pro-movido por el Plan Nacional de Desarrollo.

La acción del Ministerio de Rela-ciones Exteriores, Comercio e Integración debe sincronizarse con las políticas públicas defi-nidas por el Ejecutivo, para contribuir a la consolidación de las instituciones democráticas, al desarrollo sustentable y a la construcción de una sociedad más justa, respetuosa de la eco-logía y con plena vigencia del Estado Social de Derecho. Debe ajustar su realidad institucional y sus prácticas administrativas para lograr una acción concer-tada con las instituciones del Estado y con toda la sociedad, en beneficio de los objetivos enun-ciados en el Plan Nacional de Desarrollo, de una política exte-rior democrática, transparente y soberana, que refleje las priori-dades del Gobierno elegido por los ecuatorianos.

El desarrollo endógeno es impo-sible sin relaciones internaciona-les soberanas, ejercidas mediante políticas internacionales –comer-ciales y financieras– pragmáticas,

concebidas como apoyos para el armónico desarrollo territorial del país. Esto implica promover el multilateralismo y la negocia-ción en bloque, y solo si estos no son posibles recurrir a las nego-ciaciones bilaterales.

El socialismo del siglo XXI rechaza relaciones cortesanas plasmadas como “planes” que, a cambio de millonarias ayudas en pertrechos, elementos bélicos y dinero, permiten la intromisión de fuerzas militares foráneas en América Latina.7 Como rechaza la celebración de convenios sobre materias territoriales, alian-zas políticas o militares, sin la ratificación expresa del poder Legislativo, o directa de los ciu-dadanos, mediante referéndum. Sin este imprescindible aval, esos convenios solo expresan la com-plicidad y el entreguismo de fun-cionarios que, a cambio de nada, están dispuestos a ceder sobera-nía nacional, como ya ocurrió en Manta, en la provincia de Manabí.

Tampoco se admiten concesio-nes unilaterales no negociadas, sujetas a evaluaciones de ‘buen comportamiento’ de indelegables políticas públicas que, en todo caso, siempre pueden ser objeto de convenios no sometidos a condicionamientos, en especial para combatir cooperativamente crímenes de lesa humanidad.

La nueva estrategia

Para definir un nuevo orden mundial es necesario intensificar la integración subregional y for-talecer los mercados Sur–Sur. Si se acepta que el intercambio de bienes primarios por bienes ela-borados de mayor valor agregado ha sido históricamente adverso

7 El Capítulo Segundo del Título VIII de la Consti-tución de la República establece los límites y requi-sitos que se debe observar para celebrar tratados y otros instrumentos internacionales.

El más persistente de esos arcaís-mos es la supuesta completitud de la cultura occidental, y su pretensión imposible de cons-tituirse en cultura universal. Todas las formas culturales son incompletas, y es a partir de esta característica esencial que aparece el diálogo como única alternativa frente a la violencia y a la opresión (que siempre es, además de cultural, política, social y económica). Es en esta única posibilidad, en el diálogo entre culturas, en la que adquie-ren todo su sentido los derechos humanos: no como una imposi-ción de Occidente, sino como una conversación entre pueblos que se aceptan y que se complemen-tan sin imponerse, sin ejercer violencia para prevalecer.

Objetivos y principios de la política externa

Las líneas previas sirven para inferir los retos esenciales que promueve el Gobierno de la Revolución Ciudadana en sus relaciones internacionales. Retos incompatibles con conductas pasivas, meramente receptivas o condicionadas por el orden inter-nacional vigente.

La política externa ecuatoriana es otro instrumento de su estra-tegia de desarrollo, es decir un ejercicio práctico de la doctrina del socialismo del siglo XXI en el ámbito internacional. Busca, en última instancia, definir un con-junto de acciones de consistencia y coherencia suficientes como para promover un nuevo orden internacional en el que predomi-nen la paz, la justicia social, la igualdad y la autodeterminación de todos los pueblos, así como la cooperación, la integración y la solidaridad.1 Dadas las

1 Este objetivo ya fue prefigurado en el PLANEX 2020 (aunque sin la claridad conceptual necesa-ria), elaborado con la participación de un amplio

pronunciadas asimetrías prevale-cientes en el concierto internacio-nal, la promoción de ese nuevo orden internacional plantea la necesidad de establecer alianzas estratégicas con países ideológi-camente afines, sin descuidar las tradicionales vinculaciones diplo-máticas, comerciales y de coope-ración cultivadas por el Ecuador.

Un objetivo tan ambicioso requiere partir de una noción de soberanía que supera la tradicio-nal acepción liberal de integridad territorial –sin descuidarla, ni mucho menos– para enriquecerla con las nociones más funcionales de independencia política y de autodeterminación económica, financiera, cultural, alimentaria, energética y ambiental.2 Esta forma compleja de soberanía no puede ejercerse de manera ais-lada. Demanda cultivar y fortale-cer relaciones externas que persi-guen tres objetivos fundamenta-les: garantizar la paz y la propia soberanía nacional; proteger los derechos de los ciudadanos y ciu-dadanas ecuatorianos en el exte-rior y, en general, los derechos humanos y la libre movilidad de las personas; y, promover una inserción inteligente en el orden económico y político mundial.3

y representativo conjunto de personas y entida-des, por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en 2006 (todavía sin competencias en lo comercial y en integración). En ese documento se afirma que el mundo vive un momento de transición entre el ordenamiento del sistema internacional que sur-gió de la Segunda Guerra Mundial –que ya no se adecua a las realidades actuales–, y un nuevo orden en construcción que debería profundizar la coope-ración internacional frente a nuevos retos que no pueden ser enfrentados por los Estados de forma aislada (deterioro del ambiente, delincuencia trans-nacional, intercambio económico, desarrollo huma-no). Según el PLANEX 2020, el desafío del Ecuador es participar activamente en la construcción de ese nuevo orden.

2 Noción más compleja y de alcance mayor a la del PLANEX 2020: Plan Nacional de Política Exte-rior 2006-2020, Ministerio de Relaciones Exteriores, Quito, 2006, pp. 27-30.

3 El Planex 2020: Plan Nacional de Política Exte-rior 2006-2020 plantea diez objetivos de la política

La noción de soberanía ha sido especialmente desarrollada en el Capítulo cuarto del Título VI (Régimen de Desarrollo) de la Constitución de la República. En la Sección séptima de ese capítulo se establecen los objeti-vos de la política comercial y la renuncia implícita a toda recla-mación diplomática que conten-drán los contratos celebrados por el Estado con personas naturales o jurídicas extranjeras, lo que constituye un avance inequívoco del país hacia la recuperación plena de la soberanía nacional.4 Este avance también se entiende hacia dentro, como recuperación para el Ejecutivo de las facul-tades públicas de regulación y control de la política arancelaria (Art. 305 de la Constitución de la República).

Estos objetivos están afinada-mente articulados al Plan Nacio-nal de Desarrollo 2007-20105 y se sustentan en el respeto a la identidad nacional y al reco-nocimiento de la diversidad de género, étnica, cultural, social, económica y política de los dis-tintos grupos humanos que com-parten el territorio ecuatoriano.•

La promoción de este cambio no parte de la nada. Principios como el respeto mutuo y la coopera-ción en las relaciones internacio-nales, la autodeterminación de

exterior, que se pueden condensar en los tres expre-sados en este texto. Ver pp. 25 y 26 del PLANEX.

4 Según el Art. 304 de la Constitución de la Re-pública, “La política comercial tendrá los siguientes objetivos: • Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a par-

tir del objetivo estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.

• Regular,promover y ejecutar las acciones correspondientesparaimpulsar la inserción estratégica del país en la economía mundial.

• Fortalecerelaparatoproductivoylaproducciónnacionales.• Contribuiraquesegaranticenlasoberaníaalimentariayenergéti-

ca, y se reduzcan las desigualdades internas.• Impulsar el desarrollo de las economías de escala y el comercio

justo. • Evitar las prácticasmonopólicas y oligopólicas, particularmente

en el sector privado, y otras que afecten el funcionamiento de los mercados.

5 Aprobado como obligatorio para la adminis-tración pública central mediante Decreto Ejecutivo No. 745, de 14 de noviembre de 2007.

• Propugnalasoluciónpacíficadelascontroversiasylosconflictosinternacionales, y rechaza la amenaza o el uso de la fuerza para resolverlos.

• Condena la injerenciade losEstadosen losasuntos internosdeotros Estados, y cualquier forma de intervención, sea incursión armada, agresión, ocupación o bloqueo económico o militar.

• Promuevelapaz,eldesarmeuniversal;condenaeldesarrolloyusode armas de destrucción masiva y la imposición de bases o instala-ciones con propósitos militares de unos Estados en el territorio de otros.

• Reconoce los derechos de los diferentes pueblos que coexistendentro de los Estados, en especial el de promover mecanismos que expresen, preserven y protejan el carácter diverso de sus sociedades, y rechaza el racismo, la xenofobia y toda forma de discriminación.

• Propugnaelprincipiodeciudadaníauniversal, lalibremovilidadde todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la con-dición de extranjero como elemento transformador de las relacio-nes desiguales entre los países, especialmente Norte-Sur.

• Exigeelrespetodelosderechoshumanos,enparticulardelosde-rechos de las personas migrantes, y propicia su pleno ejercicio me-diante el cumplimiento de las obligaciones asumidas con la sus-cripción de instrumentos internacionales de derechos humanos.

• Condenatodaformadeimperialismo,colonialismo,neocolonia-lismo, y reconoce el derecho de los pueblos a la resistencia y libe-ración de toda forma de opresión.

• Reconoceelderecho internacionalcomonormadeconducta,ydemanda la democratización de los organismos internacionales y la equitativa participación de los Estados al interior de estos.

• Promueve la conformación de un orden global multipular conla participación activa de bloques económicos y políticos regio-nales, y el fortalecimiento de las relaciones horizontales para la construcción de un mundo justo, democrático, solidario, diverso e intercultural.

• Impulsaprioritariamentelaintegraciónpolítica,culturalyeconó-mica de la región andina, de América del Sur y de Latinoamérica.

• FomentaunnuevosistemadecomercioeinversiónentrelosEs-tados que se sustente en la justicia, la solidaridad, la complemen-tariedad, la creación de mecanismos de control internacional a las corporaciones multinacionales y el establecimiento de un sistema financiero internacional, justo, transparente y equitativo. Rechaza que controversias con empresas privadas extranjeras se convier-tanenconflictosentreEstados.

• Impulsalacreación,ratificaciónyvigenciadeinstrumentosinter-nacionales para la conservación y regeneración de los ciclos vitales del planeta y la biosfera.

los pueblos, la igualdad jurídica de los Estados, la no injerencia en los asuntos internos de otros países, la solución pacífica de las controversias y el manteni-miento de estrechas relaciones de amistad y de buena vecindad con los países limítrofes han sido históricamente honrados por el Ecuador y siguen siendo, en la actualidad, esenciales en la tradición diplomática ecua-toriana; más aún cuando el Art. 416 de la Constitución de la República los confirmó y amplió sustancialmente.6

Dado que los nuevos retos necesitan desarrollar un marco

6 El Art. 416 de la Constitución de la República determina que “Las relaciones del Ecuador con la co-munidad internacional responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuentas sus responsables y ejecutores, y en consecuencia:Proclama la independencia e igualdad jurídica de los Estados, la convi vencia pacífica y la autodeter-minación de los pueblos, así como la cooperación, la integración y la solidaridad.

24 S I T U A C I Ó N I N T E R N A C I O N A L Y C R I S I S 25Política exterior y desarrollo

los países asiáticos, en espe-•cial China y Japón, por las oportunidades aún no apro-vechadas de intercambio que ofrece la Cuenca del Pacífico. Adicionalmente, la Comunidad de Estados Independientes y los países de Medio Oriente ofrecen oportunidades de intercambio que se deben aprovechar.

En general, la política comer-cial debe promover los sectores estratégicos del sistema pro-ductivo ecuatoriano en función de sus capacidades actuales y potenciales, y constituirse en otro elemento de coordinación intersectorial y territorial para facilitar acuerdos entre el Estado, los empresarios, los trabajado-res, los pequeños productores urbanos y los campesinos, aso-ciaciones, cooperativas y otras formas de participación econó-mica privada o colectiva.

Dado que la liberalización comer-cial unilateral puede promover el crecimiento económico, pero no necesariamente el desarrollo humano, en especial cuando el intercambio se realiza en forma prioritaria con países que tienen estructuras produc-tivas muy diferentes a la del Ecuador, el ejercicio activo de la política comercial constituye un instrumento de cambio del patrón de especialización pro-ductiva y exportadora del país. Como lo ha sido en los países ya industrializados, esta política también puede emplearse para diversificar los mercados y la gama de productos exportados, con preferencia de aquellos que generen mayor empleo y valor agregado y en particular aque-llas procedentes de pequeños y medianos productores. Al mismo tiempo, el Estado debe evitar la creación de enclaves bajo control extranjero, pues estos inhiben la difusión tecnológica y repelen los

encadenamientos productivos y el control financiero, tributario y laboral del Estado.

Como pragmáticamente se señaló en la sección inicial de esta nota, existe un orden jurí-dico internacional establecido. La política comercial activa puede aprovechar las posibilidades que actualmente ofrece la nor-mativa internacional de la OMC mediante el uso de subsidios, aranceles selectivos, promoción de exportaciones y otros meca-nismos para acelerar el cambio de la matriz productiva. En este sentido, las normas de propiedad intelectual deben vincularse a las políticas de ciencia, tecnología e investigación aplicada, así como a las estrategias de sustentabili-dad ambiental, de conservación y aprovechamiento de la dota-ción de recursos de biodiver-sidad, no a los requerimientos monopólicos de las empresas transnacionales.9

Los flujos financieros interna-cionales y la banca extranjera también se entienden subordina-dos a la estrategia de desarrollo y a la política comercial y deben servir para acelerar el desarrollo productivo. El ingreso de capita-les se considera benéfico cuando se los destina a la inversión y financiamiento de iniciativas productivas de largo plazo.10

9 El Art. 421 de la Constitución de la República prescribe que “La aplicación de los instrumentos comerciales internacionales no menoscabará, direc-ta o indirectamente, el derecho a la salud, el acceso a medicamentos, insumos, servicios, ni los avances científicos y tecnológicos.”

10 El carácter específico que debe asumir la inver-sión lo establece el Art. 339 de la Constitución de la República, que establece que “El Estado promoverá las inversiones nacionales y extranjeras y establece-rá regulaciones específicas de acuerdo a sus tipos, otorgando prioridad a la inversión nacional. Las inversiones se orientarán con criterios de diversi-ficación productiva, innovación tecnológica, y ge-neración de equilibrios regionales y sectoriales. La inversión extranjera directa será complementaria a la nacional, estará sujeta a un estricto respeto del marco jurídico y de las regulaciones nacionales, a

Una de las principales causas de las recurrentes crisis del capita-lismo es la extrema movilidad de los capitales financieros, por lo que su control es un mecanismo apropiado para reducir la espe-culación y el riesgo, así como para controlar el endeudamiento privado.

La acumulación de capital para acelerar el crecimiento econó-mico demanda preferir al sector financiero local como el mejor oferente de recursos financieros para los sectores productivos, en especial para los estratégicos. La inversión extranjera directa es alentada como canal de trans-ferencia de tecnología y conoci-miento en sectores clave y se la estimula por medio de la política comercial como soporte para la innovación tecnológica interna.

Una de las contradicciones más evidentes que oculta el discurso del libre cambio es el de la supuesta libre movilidad de los factores de producción; pues, mientras se permite la circula-ción del capital financiero y de todo tipo de bienes y servicios, sea para consumo intermedio o para consumo final, se proscribe y criminaliza por todo medio la movilidad de los seres humanos, se levantan barreras y se gene-ran directivas discriminatorias y xenófobas. Más que un argu-mento económico, es intuitivo que la ecuación del comercio mundial jamás encontrará el equilibrio mientras no se liberen todos los factores productivos. Ecuador condena estas prácticas y las considera atentatorias a la plena vigencia de los derechos humanos en el mundo.11

la aplicación de los derechos y se orientará según las necesidades y prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo, así como en los diversos planes de desarrollo de los gobiernos autónomos descentralizados...”

11 Los principios contenidos en los numerales 6,

para los países especializados en la producción de los primeros, una forma de atenuar o evitar esta asimetría es ampliar los canales de intercambio con los países llamados ‘emergentes’, con los cuales las distancias geopolíticas, tecnológicas e incluso de escala son menores.8

Pese a los soterrados esfuerzos externos por preservar el statu quo, la integración suramericana ha cobrado nuevo impulso y se inscribe en los requerimientos nacionales para acceder a una inserción eficiente en el sistema económico internacional. La crea-ción de UNASUR es prueba de la decisión política de los gobiernos de la región por avanzar en ese camino. Ecuador ha sido selec-cionado como sede de ese orga-nismo, lo que confiere al país una especial responsabilidad.

8 Esta estrategia se considera de la mayor impor-tancia, tanto que ha sido específicamente recogida en el Capítulo Tercero del Título VIII de la Constitu-ción de la República, en un único artículo –el 423– que prescribe: “La integración, en especial con los países de Latinoamérica y el Caribe será un objetivo estratégico del Estado.” Esta disposición constitu-cional compromete al Estado ecuatoriano a impul-sar la integración económica, la unidad productiva, financiera y monetaria, la adopción de una política económica internacional común, el fomento de políticas de compensación para supera las asime-trías regionales; a promover estrategias conjuntas de manejo sustentable del patrimonio natural, en especial la regulación de actividades extractivas, la cooperación y complementariedad energéticas, la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas, el intercambio de conocimientos y tecnología, y la implementación de estrategias coordinadas de so-beranía alimentaria; a fortalecer la armonización de las legislaciones nacionales; a proteger y promover la diversidad cultural, el ejercicio de la intercultura-lidad, la conservación del patrimonio cultural y la memoria común de América Latina y del Caribe; a propiciar la creación de la ciudadanía latinoameri-cana y caribeña, la libre circulación de las personas en la región, la implementación de políticas que garanticen los derechos humanos de las poblacio-nes fronterizas y de los refugiados, y la protección de los latinoamericanos y caribeños en los países de tránsito y destino migratorio; a impulsar una política común de defensa; y a favorecer la conso-lidación de organizaciones de carácter supranacio-nal conformadas por Estados de América Latina y del Caribe, así como las suscripción de tratados y otros instrumentos internacionales de integración regional.

Con motivaciones muy similares el Presidente de la República, Rafael Correa, promueve activa-mente la creación de una Organi-zación de Estados Latinoamerica-nos y del Caribe liberada de tute-lajes extraños a la subregión, con capacidad suficiente para velar en forma imparcial por los prin-cipios del derecho internacional latinoamericano y el nuevo esce-nario de integración.

Los vínculos económicos del país con el resto del mundo ocupan una atención central de su polí-tica exterior. Esta es la razón por la cual la Cancillería ha asumido nuevas responsabilidades, con la creación del Viceministerio de Comercio Exterior e Integración, cuya primera responsabilidad es promover y diversificar el comercio exterior para distri-buirlo más equitativamente entre Norte América y América Latina, Europa y Asia, lo que disminui-ría la vulnerabilidad externa del país.

La política comercial debe pro-piciar una inserción inteligente en los mercados mundiales, subordinada a la estrategia de desarrollo productivo del país. La promoción del crecimiento económico necesita una política comercial que apoye el mejo-ramiento de la productividad interna; la creación de encade-namientos productivos; el apro-vechamiento de economías de escal; las opciones que propone el comercio justo; regímenes de protección y reconocimiento de la propiedad intelectual más amplios que los promovidos por la individualización de los derechos de propiedad en el paradigma del mercado y la reducción de las desigualdades territoriales del país.

A pesar de la preferencia por el multilateralismo que corres-ponde a un país de las caracterís-ticas del Ecuador en el concierto

internacional, es necesario considerar las dificultades que afronta, como lo demuestra la limitada capacidad operativa del sistema de seguridad colec-tiva de la ONU para detener el conflicto en Oriente Medio o el estancamiento de la Ronda Doha de la OMC y la subordinación de los imperativos ambientales del Planeta a los intereses eco-nómicos de los países industria-lizados. Frente a esta realidad es indispensable fortalecer el diseño y la ejecución de políticas bilaterales que afiancen las rela-ciones de amistad y cooperación con los principales socios del Ecuador:

los países latinoamericanos y, •entre ellos, los países vecinos por determinación geográfica e histórica y por voluntad de sus pueblos;

Estados Unidos de América, •por su gravitación hemisfé-rica y el impacto global de su política ambiental, en especial sobre el cambio climático y la limitación que supone para una amplia y fructífera coope-ración entre ambos Estados su enfoque de seguridad hacia la región andina, que puede afectar la consolidación de la democracia y el respeto a los derechos humanos;

la Unión Europea, por la visión •compartida sobre los proble-mas internacionales, la demo-cracia y los derechos huma-nos, así como por la necesidad de lograr relaciones económi-cas equitativas y de que sus políticas migratorias respeten los derechos humanos de los migrantes, en especial el de reunificación familiar. Aten-ción particular merece España, por los vínculos históricos y culturales reforzados con la presencia de más de medio millón de ecuatorianos en su territorio;

26 S I T U A C I Ó N I N T E R N A C I O N A L Y C R I S I S 27Política exterior y desarrollo

paso y, en forma específica, es necesario:

Superar la visión restringida •–arancelaria y comercial– de la integración latinoamericana, e intensificar los procesos vigen-tes; o, reformularlos cuando fuere del caso, para remozar sus potencialidades, de manera que se creen mecanismos de integración que permitan con-solidar un bloque político, eco-nómico y cultural que confiera a América Latina y al Caribe su peso específico en el concierto mundial.

Definir una política exterior •basada en el multilateralismo –como resguardo mínimo frente a las directrices hege-mónicas de la política y de los intereses de los países del Norte– y en la libre determi-nación de los pueblos, como alternativa a las condiciona-lidades promovidas desde las entidades multilaterales de financiamiento para el desarrollo.

Generar opciones frente a las •entidades financieras multila-terales tradicionales que ope-ran en la región, de amplitud suficiente para instaurar una nueva arquitectura financiera regional, basada en un Banco del Sur capaz de intensificar la formación de capital, y en un sistema único de compensacio-nes recíprocas (SUCRE) capaz de promover el intercambio regional sin las limitaciones impuestas por el uso de divisas foráneas.

Promover la libre movilidad •de todos los seres humanos –en todo el Planeta– y la plena vigencia de los derechos huma-nos –evitando convertirlos en el instrumento de censuras parciales– para recuperar su universalidad a partir del diá-logo y de todas las expresiones

locales de los seres humanos.

Definir una estrategia comer-•cial para cumplir dos objetivos de largo plazo: superar el rol tradicional del Ecuador como país exportador de bienes primarios y diversificar los mercados de destino de las exportaciones ecuatorianas, con continuidad y sostenibili-dad, en especial hacia la región latinoamericana.

Promover la sustentabilidad •ambiental del Planeta basada en relaciones internacionales responsables y solidarias, con propuestas de corresponsabi-lidad internacional, como el Proyecto Yasuní-ITT, e instru-mentos innovadores, como los impuestos a la extracción de hidrocarburos.

Revisar profundamente las •relaciones bilaterales con EEUU, con el fin de “desnar-cotizar” la agenda y reducir el alcance de los temas de seguridad, ampliándola hacia otros campos, como la movi-lidad humana, el intercambio cultural, relaciones comer-ciales estables y la mutua cooperación.12

12 Es necesario “desecuritizar” el control del tráfico de estupefacientes, asumiéndolo como un problema de sociedades consumidoras y de sociedades pro-ductoras, un problema de salud pública que consi-dere los temas de salud y política social comparti-dos. Esto implica sacarlo del espacio de la seguridad nacional y colocarlo en el espacio de la seguridad humana, en la lógica de las Naciones Unidas. En lo comercial, una relación de las dimensiones –y de la tradición– de la mantenida con EEUU no puede quedarse en el terreno del fracaso del Alca y de su residual evolución hacia tratados del libre comercio. En el más alto interés para el Ecuador está negociar un instrumento comercial que implique evolucionar desde los “ATPDEA” hacia acuerdos estables, no su-jetos a certificación, que incluyan las implicaciones ambientales y las corresponsabilidades internacio-nales en el cambio climático. Estos problemas ya tie-nen significación suficiente como para no evitarlos. Por último, EE UU no ha discutido los temas migra-torios que interesan al Ecuador, pues los ha conside-rado de exclusiva competencia interna. Dada la gran presencia de ecuatorianos en ese país, es necesario reflexionar si estos temas yadeben serpartede la

Integrar al Ministerio de •Relaciones Exteriores, Comer-cio e Integración al proyecto de reforma del Estado, para articularlo a los objetivos de modernización democrática, transparencia, eficiencia y ren-dición de cuentas promovidos por el Gobierno nacional.

Los objetivos, políticas, estrate-gias y prioridades brevemente esbozados en estas líneas están respaldados por un proceso social que se inició en 2006 como alternativa a la frustración provo-cada por un neoliberalismo crio-llo incapaz de sintonizar los pro-fundos y básicos requerimientos de la sociedad ecuatoriana. Los retos que plantea su gestión son gigantescos ...pero son ineludi-bles si se honra el compromiso de encontrar un nuevo orden internacional en que el desarrollo humano alcance concreción plau-sible y deje de ser el utópico obje-tivo de una globalización equí-voca, y hasta falaz, si se la deja expuesta a dinámicas descontro-ladas.

agenda bilateral.

Se ha calculado que alrededor del 15% de la población econó-micamente activa del Ecuador reside en otros países, por lo que la atención de sus necesidades es prioritaria. Pero, más allá de la obligación legal y moral que tiene el Estado de proteger a sus nacionales en el extranjero, se debe aprovechar la oportunidad de proyección que brinda al país la permanencia en el exterior de cerca de dos millones de ecua-torianos, con un gran potencial para promover los valores cul-turales y las oportunidades que ofrece el país. Al mismo tiempo, es necesario diseñar mecanismos para incorporar los conocimien-tos tecnológicos y destrezas que los compatriotas adquieren en las sociedades de destino.

La libre movilidad de las per-sonas es un derecho humano olvidado por los apóstoles del capital que promueven las bon-dades de una globalización que jamás será sincera mientras no se garantice ese derecho. En el caso ecuatoriano este imperativo es más intenso, pues es necesario además vincular al país cultural y económicamente a los emi-grantes y a sus descendientes, mediante acciones y programas específicos desarrollados por el Ministerio de Relaciones Exterio-res, Comercio e Integración con el apoyo de los proyectos de la Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI), creada como demos-tración concreta de la decisión gubernamental de respaldar los derechos de los emigrantes y de mejorar sus condiciones de vida.

Ecuador considera prioritarias las negociaciones internacionales en temas de medio ambiente y cambio climático, la necesidad de negociar compensaciones

7 y 8 del Art. 416, exigen el respeto a los derechos humanos, propugnan la ciudadanía universal y con-denan toda forma de imperialismo.

con los países industrializados debido a los efectos causados en el ambiente, el establecimiento de mecanismos globales para el pago de la deuda ecológica y el fomento de una visión respon-sable de alcance mundial para la gestión de los recursos hídricos, en base a convenios y acuerdos regionales y mundiales.

El escenario internacional está marcado por profundas asime-trías –económicas, tecnológicas, de desarrollo científico, de res-ponsabilidades ambientales y de todo tipo de capacidades– entre países. Ni el diálogo político ni el intercambio comercial son sufi-cientes para evitar esta realidad y difícilmente pueden atenuarla por sí solos. Es por esto, y por-que Ecuador honra el principio de solidaridad internacional, que se alienta la cooperación interna-cional para acelerar los cambios sociales, económicos y políticos considerados indispensables para alcanzar los objetivos del desarrollo.

Sin embargo, para que la coope-ración internacional sea una funcional herramienta de la propuesta de desarrollo endó-geno promovida por el Gobierno nacional, es necesario que asuma dos características. La primera, que opere en forma sincronizada con los objetivos, políticas y metas fijados en el Plan Nacional de Desarrollo. Y, la segunda, no menos importante, que no se la acepte sujeta a condicionamien-tos institucionales, empresaria-les, políticos o de cualquier tipo, determinados en su lugar de origen.

Prioridades de acción

Ecuador es un país intensa-mente involucrado con el resto del mundo. Esta es una razón adicional por la cual la Revolu-ción Ciudadana que promueve

el Gobierno nacional necesita el soporte y el acompañamiento de un Ministerio de Relaciones Exte-riores, Comercio e Integración, tanto como de un servicio exte-rior, absolutamente comprometi-dos con los objetivos de desarro-llo endógeno promovidos por las políticas públicas internas, con la consolidación de la paz mundial y con la custodia de la soberanía nacional, en la acepción multi-dimensional establecida en la Constitución de la República.

La consolidación de este com-promiso merece, de partida, una revisión profunda de las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional, sobre la base de la nueva economía política promovida por el Ejecu-tivo, al tenor de la Constitución de la República y de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Esta revisión implica recuperar nexos estratégicos que fueron abandonados en el apogeo del neoliberalismo, como ocurrió con la separación del país de la Orga-nización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), en detrimento de una estrategia solidaria y con-junta entre proveedores; pero, en beneficio de un mercado que siempre quiere regresar a la escena del predominio abruma-dor de transnacionales empeña-das en alcanzar volúmenes de extracción apropiados para redu-cir el precio de la materia prima a niveles que faciliten la acumu-lación del Norte, a costa de la desaparición del capital natural del Sur.

La innovación de la estrategia internacional del Ecuador es imperativa y urgente, pero sus resultados se verán solo en el largo plazo, incluidos los relati-vos al nuevo orden internacional imprescindible para alcanzar los objetivos del desarrollo humano en todo el Planeta. Ese nuevo orden debe construirse paso por

“

Superar el rol tradicional del Ecuador como país exportador de bienes primarios y diversificar los mercados de destino de las exportaciones.

”

28 S I T U A C I Ó N I N T E R N A C I O N A L Y C R I S I SlaTendencia  29

Adriana Alvear— investigadora FLACSOGrace Jaramillo— Profesora-investigadora FLACSO

lo más pronto posible, dado que la orientación de la política exte-rior en lo económico de ambos países se orienta a la apertura. Perú ya había logrado obtener un TLC ratificado con los Estados Unidos, mientras que Colombia tiene un acuerdo negociado y listo para ser aprobado por el Congreso de los Estados Unidos. Es evidente que esta situación contrasta mucho con la del Ecua-dor que inició un proceso de negociaciones de un TLC con los Estados Unidos; proceso que no se llegó a concretar debido a pre-siones internas y políticas en el Ecuador, pese a que el mercado estadounidense es el de mayor importancia para las exporta-ciones ecuatorianas. En el caso de Bolivia, el mercado europeo no es muy relevante y dada su situación de país más vulnerable dentro de la CAN, el acuerdo fue visto como una amenaza a su situación económica.

Las dos primeras rondas de negociaciones realizadas en el 2007 sirvieron de plataforma para que ambos bloques dieran a conocer sus intereses y expecta-tivas, así como para delimitar las

áreas de trabajo que se tratarían dentro de los tres pilares –polí-tico, comercial y de cooperación– que conformarían el Acuerdo de Asociación entre los dos bloques. Es preciso señalar que en el transcurso de estas dos rondas se había llegado a determinar que tanto Ecuador como Bolivia recibirían un trato diferenciado, por ser los dos países de menor desarrollo del grupo y a efectos de acortar las asimetrías existen-tes entre los países miembros de la CAN. Se había previsto que en la tercera ronda de negocia-ciones, que se realizó en Quito – Ecuador, se tratarían más pro-fundamente los temas de cada uno de los pilares. Sin embargo, en esta ronda de negociaciones, cuya coordinación estaba a cargo del Ecuador por ocupar la Presi-dencia pro tempore de la CAN, se produjeron hechos que llega-ron a provocar el estancamiento de las negociaciones a nivel de bloque.

Es necesario tener en cuenta que, si bien dentro de este Acuerdo de Asociación, se tienen tres pilares de diálogo: político, comercial y de cooperación; el pilar de

comercio es el de mayor impor-tancia; ya que su objetivo era llegar a conformar un Área de Libre Comercio (ALC).

Dentro de estas negociaciones, al igual que en el proceso del TLC con Estados Unidos, en Ecuador, la injerencia de la sociedad civil organizada tuvo mucho peso en el desenvolvimiento de las negociaciones, aunque el eje de la integración tuvo eco en la mayoría de organizaciones sólo como una forma de resistir la presión de los países desarrolla-dos; dinámica ajena al acuerdo regional andino frente a la UE. Dado que este tipo de acuerdos comerciales tienen un alto grado de complejidad y especialización, la sociedad civil organizada tuvo pronto una percepción pesimista y de alerta roja sobre la integra-ción comercial de la CAN con la UE, que condujo a que en la tercera ronda se formaran dos grupos intrarregionales. Una muestra de esta participación se vio durante la tercera ronda de negociaciones, cuando ONGs participantes en la tercera ronda de negociaciones denunciaron “concesiones inaceptables” en

Han pasado ya diez meses desde la III Ronda de Negociaciones para lograr

un Acuerdo de Asociación entre la Comunidad Andina de Nacio-nes (CAN) y la Unión Europea (UE) la cual dio como resultado un estancamiento de las nego-ciaciones entre ambos bloques. Dentro de este escenario nace la pregunta sobre cuáles han sido los factores que han llevado a que la negociación CAN – UE no se pueda realizar a nivel de bloques, sino que al final de esta ronda en abril del 2008, el conjunto andino se presen-tara fragmentado e incapaz de generar consensos en bloque que permitieran avanzar en las negociaciones. Pero, para llegar a comprender esta situación es necesario realizar una revisión de todo el proceso de negociaciones que nos permita ver los puntos

de quiebre que han llevado a esta situación.

Las negociaciones se iniciaron con muchas expectativas de lado de ambos bloques y fue la UE la que decidió iniciarlas, bajo la condición de que se realizaran en forma conjunta, ya que uno de los principales intereses de los europeos es fortalecer y consoli-dar los procesos de integración regionales. Pero, si bien éste es uno de los objetivos principales de la UE, la realidad de la CAN permite apreciar que, dadas las asimetrías, existen aún muchas debilidades internas en las per-cepciones políticas y económi-cas de sus miembros. Un claro ejemplo de esto fue cuando en el año 2006 Venezuela decidió salir de la CAN debido a diferencias profundamente políticas dada la decisión de Perú, Ecuador y Colombia sobre iniciar negocia-ciones para llegar a concretar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos. Es evi-dente que la salida de Venezuela del grupo andino trajo consigo un ahondamiento en las debilida-des de la CAN.

A pesar de esta panorámica para la CAN, los cuatro países miembros: Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia decidieron iniciar las negociaciones con la UE el 14 de junio del 2007 con el Acta de Tarija. Claro que éstas tuvieron su base en los acuerdos previos que se habían logrado en el año 1998 y en el año 2003 el Acuerdo de Diálogo Político y Coopera-ción, en el cual se incluyeron diversos aspectos además lo rela-cionado a lo comercial.

Es evidente que cada país miem-bro de la CAN asumía su propio nivel de interés en lograr que el Acuerdo de Asociación se concre-tara con la UE. Colombia y Perú, por su parte, mostraron mucho interés en firmar este Acuerdo

Adriana Alvear Grace Jaramillo

Negociaciones CAN-UE: la integración se cayó del barco

30 S I T U A C I Ó N I N T E R N A C I O N A L Y C R I S I S 31Negociaciones CAN-UE: la integración se cayó del barco

situación, Ecuador se mantuvo a la defensiva, al parecer conti-nuaba prevaleciendo la posición de mantenerse a la defensiva ante las negociaciones.

Después de un año y medio de negociaciones, aún el Ecuador mantiene una conducta ambi-gua sobre el proceso de nego-ciaciones con la UE. Ahora la negociación no es más de bloque a bloque y esto ha llevado al gobierno a sentirse extraño en su casa negociando un acuerdo de liberalización, aún cuando dentro de las prioridades esta-blecidas por el gobierno está la ampliación y diversificación de mercados para la produc-ción ecuatoriana. Es decir, el gobierno no sabía –y tal vez aún no sabe– qué exactamente quiere conseguir del acuerdo, cuáles son los costos y la dinámica de la negociación y tampoco tuvo un equipo de trabajo estable que pidiera asumir la responsabilidad teniendo al mismo tiempo com-pletas atribuciones políticas para tomar decisiones. A partir de la tercera ronda, el Ecuador estuvo escindido en diversos grupos al interior del gobierno, respecto al tema de las negociaciones: Canci-llería por un lado, Senplades y el Ministerio de la Producción por otro y el Ministerio de la Política Económica central.

La fractura, sin intentar decir con esto que este aspecto fue el único, sí fue uno de los más relevantes para que las nego-ciaciones se estancaran. Una muestra de la manera de cómo se manejan estos temas en Ecua-dor, es que con el cambio de las autoridades de la Cancillería Ecuatoriana en al año 2009, se logró que se incluyera a Ecuador nuevamente en las negociacio-nes quedando al final el grupo integrado por Colombia, Ecua-dor y Perú. Es indudable que la fragilidad interna de la CAN ha

sido un factor determinante en el estancamiento de las negocia-ciones con la UE, pero sobretodo del fracaso de la negociación en bloques. Actualmente dentro la CAN, la política comercial de Colombia y Perú está orientada a buscar nuevos mercados, mien-tras que en Ecuador y Bolivia aún se percibe esta apertura como un peligro eminente que debe ser rechazado. La decisión de Ecuador de entrar a negociar plurilateralmente es sin duda una buena señal. Pero es indu-dable que la falta de decisión interna de los países se ha visto plasmada en el contexto regional dando como resultado el fracaso de la negociación en bloques.

La negociación en bloque se rom-pió por la incapacidad de los países andinos para ponerse de acuerdo en temas mínimos como el tiempo de la negociación, la urgencia de ésta, las mesas que debían abrirse y agotarse en la negociación y las ya famosas asimetrías existentes. De todas maneras, la negociación por posi-ciones, defensiva y poco elabo-rada del lado ecuatoriano ha ter-minado generando un proceso simplemente inercial, donde si algo no tenemos es la iniciativa, aún cuando esta negociación puede representar una tabla de salvación en medio de la cre-ciente disminución de demanda en el mercado internacional. Casualmente es la UE la que ahora está forzando a los tres socios andinos que quedan nego-ciando, a ponerse de acuerdo en los temas antes de la celebración de las rondas. Una triste historia de otro ejercicio de integración fallida.

materia de propiedad intelectual y biodiversidad. El Ministerio de Coordinación de la Política Eco-nómica acogió estas denuncias y el proceso de negociaciones del lado ecuatoriano colapsó. Los miembros de la CAN terminaron dividiéndose en dos grupos bien marcados: Colombia y Perú, en uno de ellos; y, Ecuador y Bolivia, en el otro.

Los dos primeros países trataron de encontrar un punto medio a las demandas existentes, mien-tras que la posición de Ecuador y Bolivia se orientaba a frenar la forma en que se estaban llevando a cabo las negociaciones. Sin embargo, Bolivia podía presionar porque el mercado europeo no es suficientemente significativo; pero para Ecuador el mercado europeo representa el segundo destino de sus exportaciones. La importancia de la UE para Ecua-dor no radica únicamente en lo comercial, sino también en lo referente a cooperación, ya que la UE representa una importante región de donde provienen fon-dos para fomentar el desarrollo.

Las cifras hablan por sí mismas: las exportaciones a la UE se han incrementado de casi 1.5 millo-nes de dólares, en el año 2006, a casi 2 millones de dólares en el año 2008. Lo fundamental de estas cifras es que no se trata de exportaciones petroleras; es decir, el mercado europeo repre-senta una oportunidad para el futuro de la diversificación de exportaciones ecuatorianas. Ade-más, es interesante analizar que si bien las importaciones prove-nientes de la UE se han incremen-tado de 1.1 millones de dólares en el 2006, a 1.4 millones en el 2008, este incremento no ha pro-ducido variación en la balanza comercial que ha arrojado saldos positivos para el Ecuador.

Gran parte de incentivos para que las exportaciones

ecuatorianas no petroleras encuentren buena acogida en el mercado europeo, son los beneficios que la UE brinda a través del Sistema General de Preferencias (SGP). Pero, al ser éste un mecanismo otorgado unilateralmente por la UE para los países en vías de desarrollo, tiene vigencia determinada y está sujeto a variaciones sin que los países andinos tengan capaci-dad de decisión. Esta situación podría ser totalmente diferente si se llega a firmar un Acuerdo de Asociación e e los países andinos

y la UE, porque, en ese caso las preferencias no se concederían concedidas unilateralmente, sino: serían producto de las negocia-ciones de ambos bloques que podrían eliminarse tiempos de vigencia.

Bajo la perspectiva comercial, es evidente que los empresarios ecuatorianos se han mostrado muy interesados en concretar el Acuerdo de Asociación ya que,

tras el fracaso del TLC con Esta-dos Unidos, lo consideran una buena oportunidad para ampliar mercados y diversificar la pro-ducción para exportación. Poco a poco, Ecuador optó por una posición un tanto neutral que trataba de servir de puente entre Colombia y Perú, por un lado, y Bolivia por otro. Sin embargo, esto no fue suficiente ya que colombianos y peruanos decidie-ron continuar negociaciones bila-teralmente y no entre bloques.

Ecuador privilegió defender la negociación en bloque, en gran medida porque había defendido desde el inicio del mandato de Alianza País, el portaestandarte de la integración y porque en la consntituci’on aprobada en septiembre de 2008, se habían incluido disposiciones sustan-tivas al respecto. Además, en este año ocupó la Presidencia Pro-Témpore de la Comunidad y no quería ser visto como un detractor de la integración. La decisión fue tratar hasta el final de defender un acuerdo birre-gional, ayudado por el hecho de que éste era uno de los prin-cipales intereses de la UE, que desde un inicio fue el fomentar la integración regional a través de la negociación en bloque. De todas maneras, Ecuador tuvo serios problemas para llegar a un acuerdo con sus socios andinos, en especial con Bolivia quien insistía en demandas no negociables y en mantener la negociación en bloque en térmi-nos absolutos. La UE no entendió bien los mensajes cruzados del Ecuador y de los demás socios y esto llevó a que se cancelara la cuarta ronda de negociacio-nes que estaba prevista para julio del 2008 en Bruselas. Ante esta situación tanto Perú como Colombia continuaron realizando peticiones a la UE para lograr que las negociaciones se lleguen a dar de manera bilateral. Ante esta

“

La importancia de la UE para Ecuador no radica únicamente en lo comercial. sino también en lo referente a coope-ración, ya que la UE representa una impor-tante región de donde provienen fondos para fomentar el desarrollo.

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“

Tanto Perú como Colombia continuaron realizando peticiones a la UE para lograr que las negociaciones se lleguen a dar de manera bilateral.

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32 S I T U A C I Ó N I N T E R N A C I O N A L Y C R I S I SlaTendencia  33Balance del Foro Social Mundial Belem 2009

Hacia la lucha anticapitalista, ¡que la crisis la paguen los ricos!!

Revisando las declaraciones del Foro Social Mundial de Belem puede identificarse un encuentro político centrado en el profundo cuestionamiento al sistema capi-talista, origen y causa de la crisis múltiple; en la exigencia a los gobiernos del mundo para que no descarguen la crisis sobre los más pobres; en el llamamiento a la movilización en contra de los responsables de la crisis: en la proposición de reformas para enfrentar la crisis; y, en la convo-catoria a repensar el mundo y la vida misma para avanzar hacia otro estadio de civilización

Lo dicho representa apenas un cambio de discurso, sin embargo, las definiciones muestran un paso más allá que implica la modificación de la orientación política anterior del FSM. Por ello, serán sustanciales los primeros años de luchas de resistencia a la crisis.

La caracterización a la crisis eco-nómica mundial ocupó el debate central del FSM de Belem, según el cual:

La crisis económica actual es •sistémica, civilizatoria y la expresión de varias crisis al mismo tiempo: financiera, ali-mentaria, climática, cultural. El sentir colectivo se debe a la afectación integral del planeta y de la humanidad;

La profundización de la crisis •neoliberal devino en la pro-fundización de la crisis actual. Es decir, el capital financiero, el G8, las instituciones como el FMI, el BM y la OMC, no lograron ni en mínimo resolver la pobreza, los límites de la recesión, de la especulación financiera. Aún con el congela-miento de salarios, las privati-zaciones y la descentralización

del estado, no fue posible pasar a un nuevo modelo de acumulación de capital;

Se coincidió en que la irresolu-•ción de los graves problemas que arrastra estructuralmente el capitalismo, muestra la crisis de modo más grotesco aun cuando colapsan bancos y empresas, pues históricamente no encuentra respuestas a sus límites;

Todos los modelos de acumu-•lación capitalista han traído como consecuencia la sobre-explotación de recursos natu-rales; de la tierra, del agua; pero, particularmente la crisis actual agravaría como nunca los conflictos climáticos y de alimentación;

No obstante ser una crisis •profunda, no se trataría de una crisis terminal: su curso dependerá de la lucha de fuer-zas políticas y sociales del mundo;

La presión sobre los gobiernos •del sur para sostener la crisis del norte será política y econó-micamente mayor;

Los efectos sobre los más •pobres será terrible, Haití, África, son muestra de la radicalidad del impacto. Se expusieron cifras alarmantes del crecimiento de la pobreza, del desempleo mundial, del avance de la hambruna, de las medidas en contra de los migrantes;

Los problemas militares y •políticos en pos de una hege-monía mundial, parte de la disputa del planeta, ahondaría conflictos bélicos altamente destructivos.

Así, la difícil situación sería muestra de que los caminos están abiertos. Para algunos, hacia un largo momento de

transición, en el que no está defi-nido el rumbo de la economía mundial. Para otros, las contra-dicciones, que se acentuarían, podrían radicalizar la conflicti-vidad social: explotación sexual, opresión racial, xenofobias, fundamentalismos. Una posición diferenciada fue la de quienes aprehenden esta fase de profun-das contradicciones como una oportunidad para avanzar y dar un giro hacia otra humanidad, replanteándose la vida en su conjunto.

Hablar de anticapitalismo hace diez años era el discurso de la vieja izquierda en crisis; el para-guas común: era el antineolibe-ralismo. Sin embargo, la crisis actual, la conciencia de la dimen-sión que está tomando y de las consecuencias para la humani-dad, el espectro de las duras con-diciones objetivas a las que nos enfrentamos, permitieron rebro-tar el anticapitalismo como alter-nativa y espacio de encuentro.

El análisis de la crisis económica supone recobrar categorías esen-ciales para analizar el capita-lismo. Me pareció que la mayoría de debates, aún sin mencionarlo, se reencontraban con los análisis de clases y de una u otra forma, con el retorno social, al mar-xismo o a fuentes comunes.

La lucha integral, también es antipatriarcal, antirracista, ecologista y socialista

Fue sumamente esperanzador ver como los movimientos socia-les, intelectuales, instituciones progresistas que participaron en el FSM, tuvieron la capacidad de mirar y de criticar el problema actual, desde distintas ópticas y desde las múltiples contradiccio-nes que le atraviesan al mundo.

Esto no fue mera coincidencia, la composición social de las y los participantes, permitió

Margarita Aguinaga— Socióloga, militante feminista de izquierda, realiza investigaciones y análisis en temas de feminismo y economía. Forma parte del Colectivo Feminista-Refundación Socialista y participa en la Casa Feminista de Rosa.

Margarita Aguinaga

Balance del Foro Social Mundial Belem 2009

El Foro Social Mundial tiene una historia De forma gene-ral, cabe señalar que el sen-

tido político de su constitución fue el enfrentamiento a la crisis del modelo neoliberal, a partir de la convergencia social y política de una serie de procesos que jun-taban sus fuerzas y sus diversas estrategias de enfrentamiento. Convergencia, por un lado, del movimiento antiglobalización, que nació en la lucha contra la OMC y en la solidaridad con los pueblos del sur; por otro lado, movimientos sociales del sur: indígenas, campesinos, muje-res, jóvenes, ecologistas, etc., quienes habían construido una representación política propia e impulsado importantes movili-zaciones de rechazo a gobiernos favorables a los grupos finan-cieros internacionales, a la que se integraron, ONGs y espacios

institucionales coadyuvando a la existencia del FSM. Todos estos procesos, tenían una caracterís-tica común, habían logrado arti-cular no solamente desarrollos nacionales, sino que miraban en el encuentro global de redes y organizaciones regionales e internacionales, la posibilidad de influir en el cambio hacia otro mundo posible. De ahí que, las resoluciones siempre se basaron en el despliegue de una serie de campañas y autoconvocatorias a la movilización mundial.

Cuando leí los resultados poco alentadores del Foro Social Mun-dial de Nairobi, pareció evidente su crisis política. Para algunos era producto del avance de posiciones moderadas frente al modelo neoliberal; de la institu-cionalización del proceso, por decir, el costo de la inscripción excluyó a muchísimos pobla-dores senegaleses. Se decía que existían graves dificultades para lograr un encuentro político de mayor fortaleza entre los foros regionales y los foros internacio-nales (1). De hecho, para muchos que han pasado por los FSM’s, el debilitamiento del proceso repre-sentaría un revés para las resis-tencias de los últimos diez años.

En la política no existen cami-nos únicos, la presencia de los gobiernos de izquierda y los pro-cesos antineoliberales de Amé-rica Latina, también seguían su propio curso.

El encuentro de estas esencias contradictorias, se mantuvo presente en el FSM de Belem. Sin embargo, es preciso señalar nue-vos aspectos que, sin provocar un giro o vuelco total, abrieron posibilidades de una nueva corre-lación de fuerzas a favor de la lucha mundial de los pueblos contra el capitalismo.

34 S I T U A C I Ó N I N T E R N A C I O N A L Y C R I S I S 35Balance del Foro Social Mundial Belem 2009

Cabe indicar dos aspectos más frente a este avance: la decla-ratoria de movilización, combi-nando la recuperación de fechas históricas significativas –como 1 de mayo, 8 de marzo y 12 de octubre– como fechas de movili-zación global que podrían mos-trar y revalorizar estas luchas como expresiones esenciales de un movimiento anticapitalista global que requiere ser suma-mente amplio en su capacidad de lucha; por otro lado, la semana dedicada a la movilización en contra de la crisis y el G20, y, el 30 de marzo como la fecha de movilización por Palestina y la exigencia del establecimiento de un Tribunal Internacional, que juzgue los crímenes cometi-dos por el estado israelita en la última invasión en Gaza.

Propuesta de reformas urgentes

Se definió una plataforma de reformas urgentes: nacionaliza-ción de la banca; reducción del tiempo del trabajo sin reducción del salario; garantía de la sobe-ranía alimentaria y energética; fin a las guerras e invasiones; reconocimiento de la soberanía y autonomía de los pueblos; garan-tía del derecho a la tierra, territo-rio, trabajo educación y salud; y, democratización de los medios de comunicación.

Aún habiendo señalado ciertas medidas transitorias comunes, ese es unos de los límites más fuertes del FSM de Belem, y que más bien se podría asumir como un reto.

La reunión de los presidentes con los movimientos sociales.

Con el afán de destacar su importancia, que rebasa los acon-tecimientos del FSM-Belem, he preferido referirme a la reunión de los Presidentes Evo Morales, Hugo Chávez, Rafael Correa

y Fernando Lugo, convocada por los movimientos sociales, luego de introducir el contexto anterior.

Durante los días del evento, al calor del debate, uno de los aspectos que surgió como parte de los análisis del capitalismo emergente, fue el señalamiento de la presencia de Brasil en cali-dad de potencia sub-imperialista, ocupando el espacio debilitado de los Estados Unidos en Amé-rica Latina. Debate que está abierto, pero, cada vez más sen-tido por los movimientos socia-les, lo que se expresaría en la no invitación al FSM al Presidente Lula.

El significado de esta reunión es muy importante; en América Latina no todos los gobiernos son progresistas o de izquierda; en ella hay dos procesos guber-namentales diferentes: gobiernos neoliberales, con todo y sus erro-res; y, gobiernos organizando un proceso favorable al capital financiero y las trasnacionales. Ello marca horizontes políticos y propone aliados frente a la crisis. Los movimientos sociales en el FSM hicieron una clara elección

y demarcaron límites, esta-ban luchando en ese momento mismo una correlación de fuer-zas. Fue muy significativo que esto ocurriera en Belem, en Bra-sil, donde Lula es todavía un pre-sidente progresista para muchos, en tanto que para otros no repre-senta más ninguna alternativa progresista o de izquierda.

De hecho, también hubo la reunión de los presidentes, con-vocada por el Presidente Lula D Silva, al que asistieron 10.000 personas.

Lo dice la carta de principios del FSM, antes no hubo una invita-ción de esta forma a una reunión entre movimientos sociales y presidentes; esta vez se la hizo porque estos presidentes tienen una posición anti-neoliberal. Posiblemente en esas contradic-torias tendencias, demarcadas simbólicamente por esta reunión y aún no definitivas, será por donde transiten las futuras reso-luciones políticas de los gobier-nos latinoamericanos frente a la crisis.

Los presidentes que asistieron •a la reunión con los movi-mientos sociales, también mostraron cautela. Sus discur-sos fueron más ideológicos, no muy claros frente a qué tipo de respuestas iban a dar frente a la crisis. ¿Por qué no tienen claro el rumbo que van a seguir? ¿Por qué van tomar medidas de protección a las economías nacionales, y/o de shock en contra del pueblo? ¿Por qué no sabían cómo asumir el planteamiento anti-capitalista propuestos por los movimientos sociales?

La asistencia de los cuatro •presidentes a un llamado de los movimientos sociales a ser interpelados y, por intermedio del representante del MST, exigidos a un compromiso

aproximarse a los debates de clase, de género, étnicos, ecológi-cos. Casi 140.000 personas estu-vieron presentes, la mayoría de participantes eran mujeres, jóve-nes, trabajadores sindicalizados y grupos indígenas-campesinos. La mayoría brasileños.

El debate sobre cambio climático fue un acierto en la discusión ecologista. Fue vital mostrar la importancia del cambio climá-tico en la reorganización de la industria, en la biotecnología, en la producción de recursos natu-rales, en el desarrollo urbano y rural y en la reproducción de la vida.

En la carpa de la Marcha Mundial de Mujeres hubo una amplia representación feminista que exponía los problemas de clase y de género en relación a la crisis climática del mundo. La crítica al capitalismo y al patriarcado

como sistemas combinados, se expresaron esta vez con mayor centralidad a partir de una corriente feminista orientada abiertamente a la crítica antica-pitalista, antipatriarcal y ecoló-gica con lo que las mujeres más pobres del mundo lograron reba-sar las fronteras del género.

En la carpa de los movimientos indígenas pasaba algo similar; se percibía un esfuerzo manifiesto por entrelazar la problemática étnico racial, con los problemas de desigualdad económica que ha traído el capitalismo y con la destrucción ecológica del mundo. Así, para los pueblos indígenas, la crisis actual puede representar no solo una extracción más agre-siva de recursos, sino la expul-sión de sus tierras y la muerte de muchas comunidades originarias a manos de las transnacionales. Advierten con mucha conciencia

lo que significaría la profundiza-ción de las relaciones neocolonia-les desde el norte. La declarato-ria Panamazónica, la declarato-rias de los movimientos indígenas frente a la crisis, y la inclusión de los derechos colectivos y el debate étnico serían ejes a desarrollarse en los siguientes FSM.

Existe un avance metodológico por caracterización articular una mirada específica y general de la crisis, propiciada por los propios movimientos sociales dentro del FSM. Este debate, no es un problema solo teórico metodológico o de sensibilidad social; será, de una u otra forma, la base de la propuesta práctica que los movimientos sociales y la izquierda están avocados a cons-truir para ganar la mayoría hacia una alternativa integral de vida para la humanidad y –se decía– el socialismo. “

En América Latina no todos los gobiernos son progresistas o de izquierda; en ella hay dos procesos gubernamentales diferentes.

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36 37S I T U A C I Ó N I N T E R N A C I O N A L Y C R I S I S laTendencia Balance del Foro Social Mundial Belem 2009

para enfrentar juntos la crisis social, fue importante cuando la relación entre los movimien-tos sociales y estos cuatro presidentes, en cada contexto, es bastante contradictoria. En Bolivia hay un avance de la relación entre Evo Morales y el movimiento indígena y campesino, en medio de una tensión con grupos de dere-cha. Hugo Chavez, pedía votar una enmienda para su reelec-ción en medio de una serie de críticas sociales al proceso bolivariano. En Ecuador hay tensión y un mayor distan-ciamiento entre el gobierno y el movimiento indígena, que emitió un pronunciamiento de rechazo a la presencia del presidente Correa en el FSM, por haber aprobado la nueva ley minera. En Paraguay, Lugo prácticamente no tiene la com-pañía próxima de fuertes orga-nizaciones sociales.

La reunión también deja claro •que deberán avanzar la capa-cidad de acción política de los movimientos sociales y los espacios que dirigen el FSM para enfrentar su propia cri-sis. Hacer la presión necesaria para que el ejercicio político e institucional de los gobiernos mencionados asuman las pro-puestas de izquierda, requiere acuerdos internacionales muy amplios que superen la capa-cidad de acción y de movili-zación de los actuales actores sociales y de los gobiernos anti-neoliberales. Urge cons-truir un pacto social y político mundial, que potencie y per-mita el encuentro con la movi-lización que va a surgir por el impacto de la crisis mundial: mientras estábamos en el FSM, en Francia se producía una movilización de casi tres millo-nes de personas en contra del desempleo y la crisis.

Otro hecho que parece impor-tante es el encuentro en el FSM de partidos anticapitalistas, que aunque no tuvo la dimensión de las declaratorias ni el peso de los movimientos sociales, mostraba que el debate sobre la importan-cia de las organizaciones políti-cas, aunque advertía la necesidad de una red anticapitalista, no se ha cerrado aún.

Finalmente, quiero señalar que sólo cuando llegué a Quito, pude colocarle nombre a aquello que estaba discurriendo entre mis pensamientos, a los retos que me dejaron los acontecimientos de esos días. No sabía cómo nom-brarlos ni tenía el apuro siquiera de hacerlo. Pero luego empezó a pujar, por ocupar el espacio en mi decir, en mi lucha íntima y que está entre anhelo, práctica y esperanza. Repensar la vida misma tiene su símil en la eman-cipación que volví a abrazar. Es que no se puede pensar en un nuevo gobierno, en una nueva humanidad, en el amor profundo, en los y las otras, en la justicia y en la construcción de otro hori-zonte colectivo sin pasar por ella.

Rubén Martínez Dalmau— Profesor de Derecho Constitucional en el Departamento de

Derecho Constitucional y Ciencia Política y de la Administración de la Universitat de València, y autor

de El proceso constituyente boliviano (2006-2008) en el marco del nuevo constitucionalismo

latinoamericano (La Paz, 2008) y coeditor de Desafíos constitucionales. La Constitución

ecuatoriana del 2008 en perspectiva (Quito, 2008).

Rubén Martínez Dalmau

Los nuevos paradigmas

constitucionales de Ecuador y Bolivia

En septiembre de 2008 la mayor parte del electo-rado ecuatoriano votaba a

favor de la nueva Constitución, cuyo proyecto había redac-tado la asamblea constituyente durante los meses anteriores. Por su parte, en enero de 2009 se decidía con éxito el proyecto de Constitución de Bolivia, fruto de un proceso constituyente heterodoxo, más accidentado y de mayor duración que el ecua-toriano. El proyecto de Consti-tución de Bolivia, en la versión aprobada por la Asamblea Cons-tituyente, estaba preparado un año antes –desde diciembre de 2007–, pero sufrió varios meses de parálisis que acabó con cam-bios en el proyecto introduci-dos tras la negociación entre el gobierno y la oposición, en el marco Congreso boliviano, en diciembre de 2008. Aunque fue aprobado con posterioridad, el texto boliviano fue redactado, en su mayor parte, con anterio-ridad al de Ecuador; la influen-cia del proyecto boliviano es clara en el texto ecuatoriano, tanto en algunos aspectos con-cretos como, más en general, por el denominador común de las dos constituciones: pertene-cer al nuevo constitucionalismo latinoamericano y, por lo tanto, formar parte de esta última corriente que propugna, con base en la legitimidad, recuperar las raíces revolucionarias del constitucionalismo.

Este trabajo busca enmarcar a las recientes constituciones de Ecuador y Bolivia en el marco del nuevo constitucionalismo latinoamericano, señalar algu-nas diferencias entre los dos procesos constituyentes en buena medida paralelos, y resaltar la relación existente entre ambos textos como últi-mos ejemplos de esta nueva corriente constitucional.

El nuevo constitucionalismo latinoamericano

La hipótesis de la existencia de un nuevo constitucionalismo plantea necesariamente la sus-titución de un viejo constitu-cionalismo. Estos cambios, que en la historia constitucional se han dado en momentos históri-cos –constitucionalismo liberal, constitucionalismo democrático y constitucionalismo social, que se resumen en la expresión Estado Social y Democrático de Derecho–, aparecen en las últi-mas décadas en América Latina con fuerza renovada, marcando diferencias con el constitu-cionalismo latinoamericano anterior. Frente a una constitu-ción débil, adaptada y retórica, propia del viejo constituciona-lismo latinoamericano, el nuevo constitucionalismo, fruto de las asambleas constituyentes

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Hay un avance de la relación entre Evo Morales y el movimiento indígena y campesino.

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38 S I T U A C I Ó N I N T E R N A C I O N A L Y C R I S I S 39Los nuevos paradigmas constitucionales de Ecuador y Bolivia

El proceso constituyente boli-viano arrancó con las luchas sociales que desde la década de los noventa han reivindicado la necesidad de un cambio consti-tucional en el país que apuntara hacia la integración social, la mejora del bienestar del pueblo, la ampliación y aplicación de los derechos, y hacia un gobierno responsable que responda a las expectativas de participación que propugnaban los ciuda-danos. La convocatoria de la Asamblea Constituyente se rea-lizó en el marco de los poderes constituidos4, una vez instalado el gobierno del Presidente Evo Morales. Las condiciones par-ticulares de negociación de la mencionada ley –el MAS, partido de Morales, contaba con mayo-ría suficiente en la Cámara Baja, pero no así en el Senado, donde necesitó propiciar acuerdos con la oposición para la aprobación del instrumento legal– plantea-ron una Asamblea Constituyente que se debatía entre la necesidad de mayoría absoluta para una serie de decisiones menores, y de dos tercios –de los presentes o del foro en su totalidad– para otras disposiciones de mayor envergadura. A pesar de los numerosos obstáculos que se plantearon –no sólo desde los poderes constituidos, sino también en el mismo seno de la Asamblea, e incluso en deter-minadas reacciones sociales internas y externas al proceso de cambio– la Asamblea pudo culmi-nar su labor a tiempo, contando con la ampliación de la que fue objeto a través de la modifica-ción legislativa correspondiente, y presentar el 14 de diciembre su proyecto de Constitución.

4 A través de la Ley Especial de Convocatoria n° 364.

De esta manera, el año 2007 se cerró con un proyecto de Cons-titución de Bolivia aprobado en todas sus estaciones; pero el proceso no había terminado. La suspensión temporal de la Asam-blea Constituyente, considerada en la Ley de Convocatoria y sus modificaciones, estaba prevista hasta la incorporación del resul-tado del referéndum consultivo sobre la extensión máxima de las tierras. No obstante, la Asamblea Constituyente ya no se volvería a reunir formalmente nunca más, y el proceso constituyente boli-viano tardaría trece meses en ser resuelto por medio del prescrip-tivo referéndum constitucional. Finalmente se establecieron una serie de acuerdos cerrados por los que, sobre la base del pro-yecto de Constitución aprobado por la Asamblea Constituyente, se determinó un nuevo texto que incorporaba centenares de cambios, muchos de ellos de poca trascendencia y algunos más importantes 5. El proyecto de consenso del Congreso, como fue calificado por el Gobierno, fue finalmente el que se presentó a referéndum constitucional ape-nas dos meses después de los acuerdos. Necesariamente, el pro-yecto de constitución negociado era, en términos generales, más conservador que el aprobado por la Asamblea Constituyente.

La Constitución de Bolivia incor-pora un alto grado de prescrip-ción valorativa y de principios. Es característicamente principista, y traduce el esfuerzo determinante de sintetizar los valores propios de su realidad plurinacional, mayoritariamente indígena, con la utilización de un instru-mento liberal como es el propio

5 Un cuadro técnico comparativo entre los dos textos puede verse en http://www.repac.org.bo/documentos/comparativo%20NCPE.pdf (marzo 2009).

concepto de constitución. Los artículos 7 y 8 de la Constitución son claves para entender esta trascendental síntesis. Ambos se integran en el Capítulo segundo del Título I, Principios, valores y fines del Estado; pero mientras el artículo 7 determina la soberanía del pueblo –esencia de la revo-lución liberal–, a continuación el artículo 8 enriquece el conjunto de principios partiendo de una voluntad integradora nunca vista hasta el momento: “El Estado asume y promueve como princi-pios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble)”.

Seguramente el reto más compli-cado para el texto boliviano era hacer realidad estos principios y, a la vez, dar satisfacción a deter-minadas reivindicaciones regio-nales de la Media Luna, lo que significaba una reestructuración del poder. Como afirma Noguera, dos son los elementos fundamen-tales sobre los que se establece esta estructuración territorial del poder: plurinacionalidad y autonomías. La plurinacionalidad constituye una de las grandes novedades a nivel internacio-nal, con pocos precedentes, por cuanto no se trata de un mero adjetivo, sino que se transversa-liza a lo largo de la Constitución; por ejemplo, con la inclusión de la esfera simbólico-lingüística de los diversos pueblos y naciones en la dimensión ética de legiti-mación política del Estado, en la conformación del Parlamento y su sistema electoral, en el reconocimiento del pluralismo jurídico o en la comisión mixta del Tribunal Constitucional Plu-

comprometidas con procesos de regeneración social y política, plantea un nuevo paradigma de constitución fuerte, original y vinculante, necesaria en unas sociedades que han confiado en el cambio constitucional la posibilidad de una verdadera revolución.

El nuevo constitucionalismo latinoamericano ha planteado la idea de necesidad desde su inicio1. Las últimas propuestas constituyentes latinoamericanas surgen de movimientos cívicos combinados con proyectos polí-ticos adoptados por los pueblos, en escenarios de alta conflicti-vidad social y política. Las con-diciones políticas y sociales que experimentaba Colombia a fina-les de la década de los ochenta, el caracazo venezolano o la caída de sucesivos gobiernos en Ecuador y en Bolivia a finales del siglo XX y durante los primeros años del siglo XXI, señalan cla-ramente el origen esencialmente social de las reivindicaciones constituyentes. La activación del poder constituyente, en este sen-tido, guarda relación directa con el carácter revolucionario de su origen. En efecto, la reivindica-ción del poder constituyente que está planteando el nuevo cons-titucionalismo latinoamericano vuelve a formas primeras de ejer-cicio de este poder. Frente a las transiciones pactadas, el poder constituyente –que entra plena-mente en vigencia cuando ya no es necesaria sólo una transición política, sino también jurídica– plantea la fórmula original de democracia y da forma al cons-titucionalismo. A medida que el poder constituyente marca sus

1 En general, cfr. Martínez Dalmau, Rubén, “As-embleas constituíntes e novo constitucionalismo en América Latina”. Tempo Exterior. Revista de Análise e Estudos Internacionais vol. IV, nº 17, julio-diciembre 2008, págs. 5-15.

“Pocos procesos consti-tuyentes en el mundo se han caracterizado por las dificultades en su desarrollo y resolución como el caso boliviano.

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diferencias con el constituido, con todo lo que ello conlleva de replanteamiento de conceptos como el de legitimidad o repre-sentación, cada uno se refugia en su naturaleza: el poder consti-tuido, en la institucionalidad y el orden de pretensión inalterable, y el poder constituyente en la legitimidad primera y la creación.

El proceso constituyente boliviano y la Constitución de 2009

Sin embargo, y a pesar de la teoría, pocos procesos constitu-yentes en el mundo se han carac-terizado por las dificultades en su desarrollo y resolución como el caso boliviano de 2006-2009.

A pesar de que tenía por objetivo plantear el primer proyecto de Constitución votada en la histo-ria política del país, tendríamos que remontarnos a las revolucio-nes liberales de finales del XVIII, cuando tuvieron lugar los prime-ros partos constituyentes, para encontrar tanta resistencia al desarrollo de la democracia como la ha habido en Bolivia en pleno siglo XXI. Responde esta situa-ción a numerosas circunstancias,

entre ellas varias directamente vinculadas a la dureza de la reacción contra el proceso, fun-damentada en el conocimiento que ya poseían las clases domi-nantes de experiencias anteriores y/o paralelas –y, por lo tanto, al aprendizaje lógico en cualquier sujeto social ante una situación que potencialmente afectará de forma sensible a sus intereses–, en particular asentadas territo-rialmente en la serie de departa-mentos de tierras bajas conocida generalmente como Media Luna2, haciendo alusión a su forma geo-gráfica; en las características ins-titucionales y sociales del país; y en determinados errores cometi-dos en el transcurso del proceso por parte de sus impulsores, debidos no sólo a la idiosincrasia de la acción revolucionaria, sino a las condiciones en que ésta ha debido darse. Y todo ello porque el último proceso constituyente boliviano es heredero de los pro-cesos de cambio latinoamerica-nos, tanto en su forma y como su fondo, lo que explica en buena medida las resistencias que pueda causar3

2 El concepto de Media Luna ha sido objeto también de tratamiento académico, en particular a partir de la denominada agenda de enero de 2005, que planteaba la creación de un marco de deman-da organizada de autonomía autonomías por parte de los departamentos de tierras bajas, entre otras reivindicaciones. Como afirma Assies, esta agenda se centra en el rechazo al centralismo de La Paz y las tierras altas. “En el fondo, es una agenda pro-puesta por los departamentos de las tierras bajas: primordialmente Santa Cruz, junto con Tarija en el Sur y Beni y Pando en el Norte. Este grupo de de-partamentos orientales ha recibido el apodo de la «Media Luna» y persigue su autonomía como de-partamento con un alto grado de militancia. Santa Cruz se encuentra en el centro de este movimiento regionalista”. (Assies, Willem, “La Media Luna sobre Bolivia: nación, región, etnia y clase social”. América Latina Hoy nº 43, 2006, pág. 88).

3 Cfr. Martínez Dalmau, Rubén, El proceso consti-tuyente boliviano (2006-2008) en el marco del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Enlace, La Paz, 2008.

40 S I T U A C I Ó N I N T E R N A C I O N A L Y C R I S I S 41Los nuevos paradigmas constitucionales de Ecuador y Bolivia

los más importantes avances de la ciencia jurídica del siglo XX. Una Constitución que garantice su aplicación directa, que sea contundente a la hora de hacer efectivas las decisiones del poder constituyente, y que sea capaz de colocarse en el centro de la vida pública y, en buena medida, pri-vada, del país11.

Como no podría ser de otra forma, determinadas cuestiones que podrían considerarse menos afortunadas también se incorpo-raron al texto. Algunos debates, por ejemplo, no quisieron o no pudieron llevarse a sus últimas consecuencias en el proceso constituyente. Se trata, por citar algunos aspectos, del desarrollo del concepto del Estado plurina-cional que, aunque alegado por la doctrina12 y mencionado en el primer artículo de la Constitu-ción, no se traduce –a diferencia de la Constitución boliviana– en el texto constitucional en un cambio trascendental en la insti-tucionalidad y el reconocimiento de derechos colectivos; de la falta de una verdadera ciudadanía universal, planteada por los cons-tituyentes en un principio pero abandonada en el transcurso de los debates; de cierta desvir-tuación de los derechos de los pueblos indígenas; o del carác-ter progresivo del desarrollo de determinados derechos.

Justicia y Derechos Humanos/Tribunal Constitucio-nal, Quito, págs. 275 y ss.

11 Martínez Dalmau, Rubén, “Supremacía de la Constitución, control de la constitucionalidad y re-forma constitucional”, en Ávila, Grijalva y Martínez, Desafíos… cit., págs.. 279 y ss.

12 V. gr., LLasag Fernández, Raúl, “Plurinacionali-dad: una propuesta constitucional emancipadora”, en Ávila Santamaría, Ramiro (ed.), Neoconstitucio-nalismo y sociedad. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Quito, 2008, págs. 314 y ss, para quien la plurinacionalidad, propuesta liderada por el movi-miento indígena, se sustenta en la diversidad real e innegable del Ecuador, por lo que es concebida como un nuevo modelo de Estado, institucional, cultural, económico, democrático, territorial, que incluya a todas las personas ecuatorianas.

De hecho, una diferencia mucho más profunda de lo que pudiera pensarse a primera vista entre las constituciones boliviana y ecuatoriana es la reforma consti-tucional. De acuerdo con el último artículo del texto boli-viano, el 411, toda reforma a la Constitución requiere de referén-dum aprobatorio por parte del pueblo boliviano, en ejercicio de su soberanía. En el caso ecuato-riano la mayor parte –y la más relevante– de la Constitución no puede modificarse sin la aproba-ción en referéndum del pueblo ecuatoriano (art. 441). Pero el poder de reforma delegado en los órganos constituidos no ha quedado conjurado del todo, por cuanto una parte relevante de la Constitución –aquella que no altere su estructura fundamental, o el carácter y elementos consti-tutivos del Estado, que no esta-blezca restricciones a los dere-chos y garantías, o que no modi-fique el procedimiento de reforma de la Constitución– podrá ser modificada por el par-lamento. Se trata de una de las sombras de la Constitución ecua-toriana, aunque no esencialmente preocupante porque, por un lado, sustrae del poder constituido la posibilidad de modificar aspec-tos sustanciales de la Constitu-ción, y por otro incorpora la ini-ciativa popular tanto para la pro-puesta de enmiendas y reformas constitucionales, como para con-vocar al máximo exponente del cambio constitucional: la asam-blea constituyente. Éstas, con otras varias cuestiones, alimenta-rán futuros debates, en los que podrán plantearse como poten-ciales reformas constitucionales.

rinacional6. Las autonomías, por otro lado, no sólo dan respuesta a las reivindicaciones departa-mentales de la Media Luna, sino que además suponen una verda-dera forma de autogobierno para las naciones y pueblos indígenas bolivianos.

El proceso constituyente ecuatoriano y la Constitución de 2008

Ecuador vivió un proceso cons-tituyente durante 2007-2008 mucho más tranquilo que el boli-viano. La propuesta de Alianza País y el Presidente Rafael Correa de activar el poder constituyente directamente por referéndum, ampliamente refrendada en las urnas, no cayó en el error cometido por los bolivianos de convocar al poder constituyente en el marco de los poderes cons-tituidos. Por otro lado, en buena medida la historia constitucional ecuatoriana había sido más evo-lucionada, hasta el punto que la Constitución de 1998 incorporó una serie de avances que, si bien no fueron suficientes, sí apunta-ban hacia el nuevo constitucio-nalismo latinoamericano. De esta forma, la Constitución de 2008, a diferencia del caso boliviano, tenía en el proceso constituyente y la Constitución de una década atrás dos claros referentes que sólo debía mejorar7.

Si el nuevo constitucionalismo latinoamericano no es un cons-titucionalismo breve ni sencillo, tampoco lo es el texto ecuato-riano. Con 444 artículos, preám-bulo y demás disposiciones, es

6 Noguera Fernández, Albert, “Plurinacionalidad y autonomías. Comentarios entorno al nuevo pro-yecto de Constitución boliviana”. Revista Española de Derecho Constitucional nº 84, septiembre-diciem-bre 2008, págs. 147-177.

7 Cfr. Martínez Dalmau, Rubén, “El Proyecto de Constitución de Ecuador como último ejemplo del nuevo constitucionalismo latinoamericano”. Entre-voces nº 15, agosto-septiembre 2008, págs. 67-71.

capaz de incorporar nuevos dere-chos con sus garantías, formas institucionales diferentes a las habidas, y mecanismos de demo-cracia participativa impensables en otras latitudes. La voluntad de ser útil al pueblo ecuatoriano está presente desde su primera línea, y en algunos casos conlleva un efecto secundario no siempre bien considerado: la originalidad. La Constitución está impregnada de esa necesidad de servicio del poder público, comenzando por la propia Constitución, que comienza simbólicamente por decisiones como denominar Régi-men de desarrollo a la otrora lla-mada constitución económica, o incorporar el lenguaje de género8, hasta cuestiones que penetran con profundidad en la institucio-nalidad del Estado y su papel en

8 Denominación de los sujetos en masculino y femenino, que cuenta como precedentes la Cons-titución venezolana de 1999 y el proyecto de Cons-titución de Bolivia. En el caso ecuatoriano, para no obstaculizar en demasía la lectura, se optó por de-terminar los atributos sólo en masculino.

la economía y en la sociedad, y que se resumen en el conjunto de sistemas que desarrollan los derechos sociales, y que el texto denomina Régimen del buen vivir en su Título VII. El concepto indígena del sumak kawsay (buen vivir), que, como hemos visto, ya se mencionó en el artículo 8.I del proyecto de Constitución de Boli-via –vivir bien o suma qamaña–, es la piedra angular de la acción del poder público, así como de buena parte de la actividad privada9.

Si el primer artículo de la Cons-titución boliviana de 2009 cali-fica al Estado de comunitario, término que requerirá de una construcción doctrinal y jurispru-dencial por su novedad, el artí-culo primero de la Constitución de 2008 define al Ecuador como un Estado constitucional de dere-chos y justicia, recogiendo buena parte de las construcciones doctrinales de los últimos años. Es el primer texto del nuevo constitucionalismo que supera la calificación de Estado Social y Democrático de Derecho hacia la más completa, y que incorpora la anterior, de Estado constitu-cional. Un concepto que va de la mano de la creación de un sis-tema concentrado de control de la constitucionalidad y una Corte Constitucional cuyo objetivo, como afirma grijalva, es fortale-cer la justicia constitucional en su conjunto10, siguiendo uno de

9 Concepto directamente relacionado con la cosmovisión indígena andina y que, en términos de Silva, puede ser inicialmente definido como “el en-cuentro del equilibrio entre los diferentes aspectos de la realidad” (Silva Portero, Carolina, “¿Qué es el buen vivir en la Constitución?”, en Ávila Santamaría, Ramiro (ed.), Constitución del 2008 en el contexto an-dino. Análisis de la doctrina y el derecho comparado. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Quito, 2008, pág. 116).

10 Grijalva Jiménez, Agustín, “Perspectivas y desa-fíos de la Corte Constitucional”, en Ávila, Grijalva y Martínez, Desafíos Constitucionales. La Constitución ecuatoriana de 2008 en perspectiva. Ministerio de

“Si el nuevo constitucio-nalismo latinoamericano no es un constituciona-lismo breve ni sencillo, tampoco lo es el texto ecuatoriano.

”

“La mayor parte de la Constitución no puede modificarse sin la apro-bación en referéndum del pueblo ecuatoriano.

”

42 C O Y U N T U R AlaTendencia  43 Juan Cuvi— Dirigente de Alfaro Vive Carajo, Director de la Fundación Donum, Cuenca.

Las denuncias oficiales sobre la intervención de la CIA y sus adláteres en el caso son insuficientes. Históricamente, los organismos de inteligencia de las grandes potencias siempre han metido la mano en la política latinoamericana. Ese es un asunto de defensa de intereses y de control geopolítico. El pro-blema actual es que ese trabajo ha sido facilitado desde las más altas esferas del gobierno. Habría que analizar si esto es el resultado de los errores y la falta de seriedad de algunos de sus miembros, o si res-ponde a algún grado de complicidad de otros, como lo evidenció la “infidencia” de un ex alto colaborador del régimen a propósito del asilo en Nicaragua de una connotada militante de las FARC.

Hasta ahora, la respuesta del gobierno ha recurrido a un elemento efectivo pero a la vez riesgoso: la capa-cidad de convencimiento del presidente de la repú-blica; es decir, su credibilidad. Efectivo porque aún cuenta con un alto porcentaje de simpatía popular; riesgoso porque en la medida en que no presente argumentos de descargo contundentes, la credibi-lidad puede terminar devorándose a sí misma. Uno de los tantos taxistas consultados en estos días no mostró tanto preocupación por la eventualidad de que el narcotráfico hubiera financiado la campaña electoral del oficialismo —dando a entender que se trataría de un fenómeno común en nuestra polí-tica— cuanto por la posibilidad de que el gobierno estuviera ocultando o encubriendo algo grave. ¿Pragmatismo extremo, curiosidad morbosa o ratifi-cación de la vieja moral católica de nuestro pueblo? Llámenlo como quieran; lo cierto es que en un país acostumbrado al ocultamiento escandaloso de los escándalos, la gente simplemente quiere saberlo todo. La confesión como acto reivindicativo y la con-trición como catarsis política.

Complots, conspiraciones y maniobras

¿Busca la CIA tumbar al gobierno? Lo veo difícil. Las estrategias actuales distan mucho de las clásicas conspiraciones del pasado, y se revisten de mayor sutileza. La agitación por el caso Chauvín tiene un propósito evidente: debilitar electoralmente a Correa. Para ello apuntan a deteriorar su imagen y, al mismo tiempo, obligarlo a distraer esfuerzos. Es lo que en términos militares —ya que de eso esta-mos hablando, si de por medio están actuando mili-tares— se denomina dispersión de fuerzas. ¿Cómo puede el gobierno concentrarse en una próxima contienda electoral si tiene que destinar tiempo y recursos a defenderse, a esclarecer entuertos y deshacer enredos? Abrirle varios frentes para inten-tar derrotarlo por partes parece ser la consigna de una oposición que, en medio de su ineptitud y de sus discrepancias internas, terminará entregándole el liderazgo al menos deseado.

En esta lógica, las principales alcaldías del país y la Asamblea Nacional se convierten en el principal campo de batalla del próximo proceso electoral. Esto explicaría la premura del congresillo por apro-bar leyes a la voz del carnaval. La incertidumbre por asegurar una mayoría absoluta en el seno del poder legislativo, así como la profundización de la crisis económica a partir del segundo trimestre de 2009, pueden alterar profundamente la hoja de ruta del gobierno. En ese caso, es conveniente al menos contar con los permisos de vuelo.

La próximas elecciones constituyen, dadas las cir-cunstancias, el único insumo para un análisis de coyuntura. Toda la carne, tanto la del gobierno como la de la oposición, están puestas en ese mismo asa-dor, en una puja desgaste–credibilidad concentrada en una sola persona. La pregunta de rigor, enton-ces, es cuánta fuerza tiene Correa para jalar varias carretas a la vez: la de su propia reelección, la de la Asamblea Nacional y la de las alcaldías de Quito, Guayaquil y Cuenca.

En el primer caso está en juego el triunfo oficial en la primera vuelta. Ello dependerá del destino de los votos del creciente anti-correísmo que ya se percibe,

Juan Cuvi

Si nos atenemos a la opinión de los taxistas de Quito, quienes según sus propias palabras constituyen un auténtico termómetro electoral, el descenso de la populari-dad de Correa estaría siendo recogido por Lucio Gutiérrez, con lo cual ya tendríamos a los dos finalistas para las elecciones de mayo próximo. Lo primero parece probable, sobre todo luego de las fallidas primarias del movimiento PAIS y de los estragos cau-sados por el caso Chauvín; lo segundo luce aterrador.

No es casual, entonces, que la ofensiva mediática de la oposición esté encabezada por reconocidas figuras de Sociedad Patriótica, así como por una serie de elementos policiales y militares sobres quienes recae la sospecha de mantener afinidades polí-ticas con el coronel Gutiérrez. Aunque todavía falta confirmar esta percepción trans-portista con SP, el gurú de las encuestas oficiales, no se puede descartar un posible cambio de escenario en los próximos tiempos.

Cometería un grave error el gobierno si trata el caso Chauvín como un escándalo y no como una estrategia de la oposición. No hay dudas de que detrás de este episo-dio existe una planificación hábilmente estructurada varios meses atrás, y en cuya secuencia se olfatea la presencia de organismos internacionales especializados en el arte de la conspiración. Desde que el affaire estalló, al gobierno prácticamente lo tienen contra las cuerdas. Como en esas viejas y memorables peleas de box, apenas quiere reaccionar le cae una andanada de nuevas evidencias y acusaciones, frente a las cuales no es suficiente el minuto de descanso para recuperarse. Impresiona la exactitud de los acusadores y la dosificación de los golpes. El libreto ha sido muy bien preparado, confirmando así que los métodos de las agencias de inteligencia no son meros guiones cinematográficos sino contundentes realidades.

instrumento de gobierno

incertidumbreLa

c o y u n t u r a

44 C O Y U N T U R A 45La incertidumbre como instrumento de gobierno

negocios con el Estado, hay que preocuparse por la verdadera naturaleza del actual ejercicio del poder. Al parecer, una vez en las altas esferas es imposible escapar del viejo hábito patrimonialista premoderno, donde las familias sustituyen no solo a los partidos, sino a las propias galladas. ¿Es posible avanzar al socialismo sin haber entrado de lleno a la moderni-dad, o al menos sin haber establecido parámetros básicos del liberalismo como la preeminencia de las instituciones y la supremacía del ciudadano sobre el compadre?

Y la misma pregunta cabe hacerse respecto de otros personajes con alto grado de incidencia en las decisiones oficiales. Hasta ahora han logrado desha-cerse con gran elegancia de los sectores o figuras más identificados con una tradición de izquierda, como Alberto Acosta y el grupo de Gustavo Larrea. En el caso de otros grupos, como Metamorfosis 30, el sometimiento es por demás obvio. Es necesario realizar una disección de la estructura del gobierno, así como de las relaciones que sus miembros man-tienen con distintos sectores de poder, para poder esbozar una posible orientación del mismo, siempre con el riesgo de que la variopinta integración del movimiento PAIS se refleje a su vez en una multipli-cidad de horizontes y en una amplia secuencia de objetivos contradictorios. ¡Viva la posmodernidad!

Última oportunidad

La oportunidad nunca toca dos veces a la misma puerta, sentenciaba Shakespeare en su célebre obra Macbeth. Habría que preguntarse si esta afirmación se aplicaba a una época en que la dinámica social era previsible y el costo de los errores irreversible, época en que el destino parecía tener las riendas de la vida de la gente. El profundo relativismo de la

sociedad actual permitiría, al contrario, jugar exten-samente con la fatalidad.

Es posible que el movimiento PAIS haya dejado esca-par la oportunidad, en estos dos años, de construir una sólida organización política, moderna, a la altura de los tiempos e incuestionablemente democrática, que le previniera contra los extravíos y dedazos cometidos últimamente. La forma en que se con-formaron las listas para las próximas elecciones, así como los acuerdos locales con los más diversos candidatos, alejan esa posibilidad. No obstante, un cómodo triunfo electoral en abril reciclaría dicha oportunidad, siempre y cuando ese objetivo conste dentro de la agenda del movimiento.

El gobierno, por su parte, también tiene en sus manos la posibilidad de contrarrestar algunas de las adversidades y dificultades que le están agobiando, de manera especial en el plano electoral, y alterar así el sombrío panorama que tiene en el futuro inme-diato. Podría por ejemplo incrementar el bono de la pobreza, con lo cual consolidaría un segmento elec-toral numeroso y decisivo; podría destapar la olla del caso Chauvín aún a riesgo de perder algunas cabe-zas, con lo cual se reivindicaría con otro importante segmento de votantes. En ambos casos, la mayor amenaza es el costo posterior de tales medidas. Perder cuadros de gobierno y comprometer recur-sos financieros indispensables complican la con-ducción del país durante una etapa que se anuncia tormentosa.

Pero a última hora también podría sacar algún conejo de la chistera.

En todo caso, por primera vez desde su posesión el gobierno está enfrascado en una titánica lucha con-tra el desgaste.

sobre todo en los sectores medios urbanos (aunque para esto también habrá que esperar el pronuncia-miento de los encuestadores). ¿Se concentrarán en una sola figura o se dispersarán entre varias, inclu-yendo la anulación? Aunque esta votación no ame-naza el triunfo del presidente, sí puede forzar a una segunda vuelta, con lo cual la estrategia de desgaste de la oposición podría darse por satisfecha.

La carreta de la Asamblea Nacional se vuelve un fardo más pesado de echarse a cuestas, sobre todo por el descrédito del congresillo y la ausencia de figu-ras con combustible propio. Errores de bulto, como la elección del Consejo de Participación Social, y de detalle, como la adquisición de vehículos, celulares y computadoras, tienen la virtud de provocar la ani-madversión simultánea de distintos sectores socia-les. Y mientras no se difumine la suspicacia popular, los intentos mediáticos por tunear la imagen del con-gresillo y la de su presidente pueden resultar, al final, contraproducentes.

Si el movimiento PAIS no logra una mayoría legisla-tiva suficiente como para vacunarse contra posibles deserciones, contra sus discrepancias internas y contra el acoso de la oposición, podríamos estrenar la “muerte cruzada” antes de lo imaginado. Por ello se equivocan quienes creen que tendremos receso electoral durante los próximos cuatro años. La esta-bilidad y la solidez son incompatibles con la dinámica del actual proceso, y no porque exista una supuesta similitud con el proceso venezolano, sino porque, como magistralmente lo ha planteado Z. Bauman en su estudio sobre la posmodernidad1, en estos tiem-pos de transitoriedad, velocidad y volatilidad la única opción para mantenerse es la renovación constante de la incertidumbre. Consultas populares y eleccio-nes son al gobierno de Correa lo que los soplidos son a los globos de fiesta. Y el gobierno ya ha adelantado insinuaciones al respecto, a propósito de la eventual consulta popular para la explotación del ITT.

Tener éxito en la pelea por las tres grandes alcal-días del país es la tercera faena del presidente de la

1 Zygmunt Bauman, Modernidad Líquida, 2005.

república. En Quito y Cuenca el oficialismo está obli-gado a ganar; en Guayaquil, a evitar que la derrota sea amplia. Contrariamente a lo que se pudiera pen-sar, esta última misión resulta la menos complicada. Vista como la joya de la corona partidocrática, la alcaldía del puerto principal será disputada con todo el arsenal disponible, tal como ya lo insinúan cier-tas previsiones del presidente. No sería raro que los quince días de licencia que ha anunciado sean para concentrar la campaña en esa ciudad, cuyo control se ha convertido casi en una obsesión personal. El mayor peligro para el movimiento PAIS es que Correa no tenga el tiempo suficiente para apuntalar las can-didaturas en las otras dos ciudades.

¿La ambigüedad como estrategia?

Un elemento dificulta el análisis no solo de la coyun-tura, sino del rumbo del proyecto PAIS: la imposibili-dad de establecer con claridad los intereses en juego, los movimientos de los poderes reales. Al menos así aparece para los legos como el suscrito. La ambigüe-dad de ciertas decisiones, así como las permanen-tes contradicciones entre declaraciones y medidas, refuerzan la idea de liquidez política a la que hace alusión Bauman: un proyecto que se acomoda rápi-damente a las situaciones cambiantes, que actúa por reacción o por pálpito, que puede redefinir los objetivos en función de los hechos coyunturales.

Por ejemplo la Ley de Minería, que vino acompañada por un belicoso discurso nacionalista y de reivindica-ción social, fue celebrada por lo alto por los grandes empresarios de la minería no metálica, quienes se dieron el lujo de sacar a las calles a sus trabajadores para exigirle al Ejecutivo su aprobación inmediata. O la retórica de la soberanía interpuesta en las rela-ciones con la Unión Europea, que contrasta con los términos en que se estaría negociando el acuerdo comercial, más perjudiciales que el TLC que nos quiso imponer Estados Unidos. O la antiimperialista solicitud de crédito al imperialista Banco Mundial. ¿Quién o quiénes están detrás de estas decisiones?

Cuando el hermano del presidente de la república declara orondamente en un canal de TV que mantiene

Un cómodo triunfo electoral en abril reciclaría dicha oportunidad, siempre y cuando ese objetivo conste dentro de la agenda del movimiento.

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47C O Y U N T U R A laTendencia 

Pablo Ospina Peralta— Profesor del área de historia de la Universidad Andina Simón Bolívar, investigador del Instituto de Estudios Ecuatorianos y militante de la Comisión de Vivencia, Fe y Política. El presente artículo se basa en dos informes de coyuntura preparados previamente para el Comité Ecuménico de Proyectos: “El referéndum y después: ¿un camino despejado?”, Quito, octubre de 2008; “Transiciones. Ecuador después del referéndum”, Quito, febrero de 2009.

El balance del poder real se está definiendo en tres actos

El primero, en el seno del propio movimiento político del gobierno, tanto entre los fun-cionarios gubernamentales de alto nivel como entre las filas organizadas en todas las provincias. Acuerdo País es un movimiento muy heterogéneo, muy poco estructurado y conjuga en su seno tanto grupos de distintas tendencias de las izquierdas, como grupos empresariales, aspirantes a grandes empresarios y representantes de viejos partidos y liderazgos reencauchados. Los sectores sociales que manejan el poder real buscan reinventarse en el seno mismo del nuevo movimiento político.

En el segundo, la confrontación política de los primeros años de la revolución ciuda-dana dejó pendiente el problema de la conformación de los gobiernos locales, las alcaldías y prefecturas. En muchos casos, especialmente, pero no exclusivamente en la costa ecuatoriana, los gobiernos locales están comandados por representantes de poderes locales ligados a los viejos partidos de la derecha más recalcitrante (el Partido Social Cristiano - PSC, el Partido Renovador Institucional Acción Nacional - PRIAN, o el Partido Roldosista Ecuatoriano-PRE o diversas combinaciones de los tres). En otros casos, especialmente pero no exclusivamente en la sierra, el gobierno compite con movimientos sociales y de izquierda asentados hace tiempo en la región. Muchas veces Acuerdo País local está formado por grupos opositores que compiten por el favor del estado central con las autoridades locales. La verdad final de la situación es, sin embargo, que las elecciones venideras, en especial las elecciones de gobiernos seccionales, aumentarán la heterogeneidad política de Acuerdo País. En el caso de las elecciones a representantes a la Asamblea Nacional, casi cualquier candidato colo-cado por el gobierno tendrá la primera opción de ganar las elecciones. Esto aumenta notablemente el poder de veto y la libertad de acción de la dirección nacional del movimiento del gobierno. Pero en las elecciones seccionales, los alcaldes en funcio-nes no podrán ser desalojados con la misma facilidad y las tensiones internas del movimiento político del gobierno pueden desatarse con más fuerza centrífuga.

Los vectores del poder real

Con la aprobación de la nueva Constitución a fines de septiembre de 2008, la dura tarea de desplazar a los poderes tradicionales del sistema político, de des-truir la capacidad de representación de los antiguos partidos y aparatos electo-rales, puede considerarse un éxito rotundo. No era fácil y el gobierno usó con inteligencia todas las herramientas que tenía a mano. Queda la tarea, incom-parablemente más compleja y dura de cambiar los vectores del poder real en la sociedad y el Estado. El sistema político corresponde solamente al cuerpo directivo formal de las instituciones estatales. Pero está lejos de ser la única. Todavía existen factores clave como toda una serie de intermediarios ubicados estratégicamente entre los sectores dominantes y la burocracia estatal. Existen también los principales medios de comunicación, baluartes de la oposición, y los camaleónicos sectores empresariales, que constantemente buscan su mejor acomodo en situaciones peligrosas.

Pablo Ospina Peralta

entre la crisis económica y los cambios del poder real

El gobierno de la revol ución ciudadana

48 C O Y U N T U R A 49El gobierno de la revolución ciudadana: entre la crisis económica y los cambios del poder real

dólares, fue sensiblemente menor a lo esperado, como reconoció el propio Presidente. El Frente Uni-tario de los Trabajadores convocó a una marcha el 15 de enero de 2009, cuando se presentaba el informe de labores presidencial4. Esa manifestación callejera, relativamente pequeña, fue la culminación de un dis-tanciamiento progresivo. En noviembre el gobierno eliminó los aportes del Estado a los fondos de jubila-ción y cesantía privada de los trabajadores del sec-tor público, especialmente en Contraloría, BCE, BNF y Finanzas. Al mismo tiempo, aceleró la revisión de los contratos colectivos en PETROECUADOR, cemen-tos Guapán, IESS, MOP y cementos Chimborazo. La revista Vanguardia concluye: “Es una revolución sin antecedentes en el país y que hace apenas dos años lucía totalmente imposible”.

Otro tanto ocurre con la Unión Nacional de Educa-dores (UNE), el mayor y más poderoso gremio del país, con cerca de 150.000 afiliados, todos ellos maestros de escuelas y colegios públicos. Este gre-mio ha sido históricamente dominado por un par-tido político, el Movimiento Popular Democrático (MPD), con quien el gobierno ha mantenido lo que podríamos llamar una “alianza distante” o “guerra fría”5. Hacia fines de enero ese conflicto parece estar llevando a una verdadera fractura del gremio y posiblemente a un mayor distanciamiento entre el MPD y el gobierno6. Esto coincidió con las más vio-lentas declaraciones realizadas por Correa desde que está en el poder contra la UNE el día sábado 13 de diciembre de 20087. El gremio de maestros convocó a una movilización para el 22 de enero (un día después del levantamiento de la CONAIE) que finalmente no se realizó porque el Presidente

4 “Trabajadores, estudiantes y jubilados protestarán mañana, día en que Correa cumple 2 años de mandato”, El Comercio, 14 de enero de 2009.

5 Calificada así en un reportaje de la revista Vanguardia No. 161, 28 octu-bre al 3 de noviembre de 2008, p. 18-24.

6 “La UNE enfrenta fuga de militantes”, El Telégrafo, 27 de enero de 2009. El reportaje señala que en Guayas el dirigente y asambleísta de Acuerdo País, Gustavo Darquea impulsaba las nuevas agrupaciones, mientras que el gremio escindido, el Frente Unionista de Trabajadores de la Educación (FUTE), incluía a militantes del Partido Socialista y la Izquierda Democráti-ca. El reportaje estimaba que la adhesión al FUTE podría ser de unos 40.000 maestros.

7 “Presidente: “Vamos a buscar crear otra agremiación para profesores””, Informe Semanal de Actividades No. 99, La Libertad, 13 de diciembre de 2009, en http://www3.presidencia.gov.ec/noticias.asp?noid=16845&hl=true

decidió firmar el decreto de alza de sueldos el 14 de enero8.

El conflicto más prolongado, sin embargo, lo ha man-tenido el gobierno con la Confederación de Naciona-lidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). El conflicto por la Ley Minera agudizó el distanciamiento entre ambos. Este conflicto se acentuó a fines de enero con el anuncio de que no se le entregarían fondos al Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE)9 y que se aceleraría su conversión en “Consejo Nacional por la Igualdad” donde el directorio estará formado paritariamente por representantes gubernamentales y sociales y su presidente será el delegado del ejecutivo en lugar de ser nombrado por los representantes indígenas10. Como culminación de este alejamiento, la CONAIE convocó a un levantamiento el día 21 de enero de 2009 en rechazo a la Ley de Minería y en defensa del agua. Finalmente, el 26 de enero, al conocerse que Rafael Correa participaría en el Foro Social Mundial en Belem do Pará (Brasil), emitió una carta pública solicitando que el Foro declarara persona no grata al Presidente ecuatoriano y lo acusó de racismo y autoritarismo11. Recientemente, el 18 de febrero, se concretó un nuevo paso en este alejamiento con la eliminación de la autonomía de la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (DINEIB) mediante el decreto 1585.

Con excepción del paro minero en el sur del país los primeros días de enero, ninguna de estas

8 “La UNE desistió de la protesta contra Correa”, El Comercio, 15 de enero de 2009.

9 “El Codenpe se queda sin su presupuesto”, El Comercio, 26 de enero de 2009. Los fondos congelados suman doce millones setecientos mil dólares previstos para el año 2009. El CODENPE fue creado en el año 1998 como un organismo estatal autónomo encargado de definir políticas para los pueblos y nacionalidades indígenas. En su directorio las organizaciones indígenas te-nían mayoría.

10 Constitución Política del Ecuador, 2008, arts. 156, 157 y disposición tran-sitoria sexta.

11 “La CONAIE ante la presencia del Presidente Correa en el Foro Social Mundial en Brasil”, Quito, 26 de enero de 2009. Este no es lugar para desa-rrollar un análisis de la crisis política y organizativa en la que se encuentra la CONAIE. Al respecto cfr. Pablo Ospina Peralta. “Nos vino un huracán políti-co”. La crisis de la CONAIE. En P. Ospina, Olaf Kaltmeier y Ch. Buschges. Los Andes en movimiento. Identidad y poder en el nuevo paisaje político. Quito: Corporación Editora Nacional – Universidad Andina Simón Bolívar – Uni-versidad de Bielefeld. En Prensa.

Finalmente, en el tercero, la crisis económica mun-dial ejerce una presión significativa sobre la acción gubernamental. La forma específica de dicha pre-sión puede variar inmensamente dependiendo de su profundidad, duración y desenlaces. Ningún analista nacional o internacional puede saber a ciencia cierta si las declaraciones mundiales de puesta en cintura –de los mercados financieros internacionales– casi unánimemente planteadas por los dirigentes políti-cos de los países capitalistas avanzados al tiempo que anunciaban los multimillonarios planes de salva-taje, conducirán efectivamente a un cambio sustan-tivo de las reglas de funcionamiento del capitalismo mundial. Tampoco nadie puede saber la intensidad y forma específica de la afectación a los países de las periferias. Las tres formas discernibles de afectación directa de la crisis internacional sobre el Ecuador son la caída de las remesas de los migrantes interna-cionales (avaluadas en aproximadamente en 3.088 millones de dólares para 20071); la caída del precio del petróleo (y de otras materias primas de expor-tación por efectos de la recesión); y, la reevaluación del dólar que hace peligrar la competitividad de las exportaciones privadas ecuatorianas, conforme la devaluación de las monedas vecinas se acen-túa, ejerciendo una presión cada vez mayor sobre la dolarización. Ni la intensidad, ni la duración, ni la amplitud del cambio en cualquiera de estos facto-res, son previsibles. Lo que sí puede preverse es que mientras más amplios, duraderos e intensos sean, mayores serán las presiones sobre las exportaciones privadas, sobre los ingresos del presupuesto general del Estado y sobre la estabilidad de la dolarización.

Primeros desenlaces

¿Qué reacomodos estamos viendo en las primeras señales de respuesta a la crisis económica? Lo esen-cial es que los sindicatos, especialmente del sector público; las organizaciones gremiales, campesinas e indígenas, vieron significativamente reducidos sus ya mínimos espacios de negociación en el gobierno,

1 Como referencia, las exportaciones de petróleo representaron el año pasado 8.332 millones de dólares. Todos los demás bienes de exportación alcanzaron, en total, los 6.000 millones.

mientras que los empresarios y las empresas no financieras vieron crecer su lugar en la constelación de las políticas gubernamentales. No es casual que en el discurso de inscripción de su candidatura a la presidencia de la República, el 4 de febrero de 2009, Rafael Correa insistiera en que “el peor enemigo” de la revolución ciudadana son el izquierdismo, el ecologismo y el indigenismo “…fundamentalistas, extremistas e infantiles…”2. En la situación de estos días, al parecer, los principales enemigos del proceso político liderado por Correa, ya no serían la “partido-cracia”, los “banqueros corruptos” y los “grupos de poder”.

La crisis económica no creó la distancia entre las organizaciones gremiales y populares con el gobierno sino que acentuó y consolidó lo que era una opción ideológica más antigua. María Paula Romo, desta-cada asambleísta de Acuerdo País y figura de una corriente ideológica de centro izquierda, expresó el sentido de la relación con las organizaciones popula-res, tal como ella lo entiende: “El socialismo del siglo XXI no es un socialismo totalitario; es un socialismo organizado. ¿Quiénes son hoy los actores políticos y cómo se organizan? Este es uno de los grandes desafíos de la izquierda ecuatoriana: representar a las mayorías y no a las corporaciones y los gremios (…) El reto no es unir a la izquierda que tenemos, lo verdaderamente urgente es reinventarse la izquierda (…)”3. Ni el gobierno ni Acuerdo País se plantearon jamás como objetivo unir a la izquierda, ni lograr acuerdos con las organizaciones populares y gre-miales. En su perspectiva, éstas son fundamental-mente “corporativistas”, en el sentido de privilegiar sus intereses particulares; peor, son un lastre electo-ral puesto que no son bien vistas por la mayoría de la población no organizada.

La crisis económica reforzó los intentos de des-pegarse de ese lastre. Respecto a los sindicatos, el aspecto más importante fue, por supuesto, que el alza de salarios de enero de 2009, de dieciocho

2 El Universo, 5 de febrero de 2009.

3 ¿Cómo es el socialismo del siglo XXI? En La Tendencia. Revista de análisis político. No. 8. Octubre – noviembre de 2008. Quito, p. 120-1. Subrayado en el texto.

50 C O Y U N T U R A 51El gobierno de la revolución ciudadana: entre la crisis económica y los cambios del poder real

o de la votación de un electorado difuso. Un proyecto necesita actores y no solo electores. Con la oposi-ción en desbandada y sin ningún acuerdo orgánico formal con otras organizaciones gremiales o políti-cas, todo hace pensar que una parte importante de la articulación de intereses y actores sociales se hará en el seno del propio partido de gobierno. Hay que dirigir la mirada a la constitución interna de Acuerdo País.

El domingo 25 de enero se realizaron sus elecciones primarias. Participaron alrededor de 14.000 candida-tos a gobiernos locales y a asambleístas provinciales. Para presidente y vice-presidente solo se presentó el binomio Rafael Correa – Lenin Moreno, mientras que las listas de asambleístas nacionales serán designa-das por la dirección del movimiento. Hubo cerca de 2,400 recintos electorales en todo el país con 6.000 juntas a un costo estimado de un millón de dólares. La decisión del movimiento fue organizar unas prima-rias abiertas en los mismos recintos y con papeletas similares a las que se usan en las elecciones genera-les. La expectativa mencionada por la presidenta del

Tribunal Electoral interno de AP, Manuela Gallegos, era lograr movilizar el voto voluntario de un millón de personas15. El sábado 31 de enero, en su habitual cadena radial sabatina, el Presidente Correa dijo que en 14 provincias habían asistido a votar, en realidad, 230.000 personas y esperaban que al final del conteo se llegara a 300.000 (es decir, un promedio de alrede-dor de veinte votantes por candidato inscrito)16.

El intento y sus dimensiones no tenían precedentes en la historia de los partidos del Ecuador. Era una apuesta arriesgada. El costo político fue alto por los conflictos que desató y todavía es muy temprano para valorarlo plenamente porque una parte de la factura será cobrada luego, cuando las divisio-nes internas que afloraron terminen de expresarse

15 “Primarias con 14 mil precandidatos”, El Universo, 24 de enero de 2009; “Primarias de PAIS cuestan un millón”, El Telégrafo, 17 de enero de 2009; “PAIS ultima detalles de las primarias”, El Telégrafo, 22 de enero de 2009.

16 Informaciones de prensa posteriores hablan de 350.000 votantes en todo el país. Estas cifras son muy grandes, pero su tamaño comparativo evi-dencian una mayor movilización para ser candidatos que para votar en las elecciones internas.

movilizaciones sociales fue poderosa ni multitudina-ria. Lo importante, más allá de su fuerza cuantitativa, es que define un escenario político donde las orga-nizaciones formales de los sectores populares, se alejan significativamente del gobierno.

Al mismo tiempo, los empresarios se acercan. Salvo el sector financiero y bancario, con el cual los desacuerdos y conflictos se mantienen por la Ley de Seguridad Financiera y por la moratoria al pago de los Bonos Global 2012, la crisis permitió acercar al gobierno con los empresarios, como varios de ellos reconocieron al evaluar el último semestre del año 200812. El “puente” entre los dos fue la ministra coor-dinadora de la producción Susana Cabeza de Vaca. Como ella misma dijo, meses antes, al evaluar el proceso de consensuar las medidas contra la crisis: “Este proceso (…) ha permitido al gobierno conocer más de cerca a los empresarios”13. La culminación más espectacular de dicho acercamiento y del con-siguiente “mejor conocimiento” que ganó el gobierno frente al hasta entonces enigmático mundo empresa-rial, fue el acuerdo con los principales importadores del país para fijar cuotas de importación y alzar los aranceles. El objetivo declarado por el gobierno fue salvar una dolarización amenazada por la baja en el ingreso de divisas y el aumento de las compras en el extranjero. Las medidas fueron tomadas en el marco

12 “Tensa relación entre el Estado y las empresas”, El Comercio, 1 de enero de 2009.

13 Vanguardia No. 161, 28 octubre al 3 de noviembre de 2008, p. 27.

de las restricciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC), e incluyen 627 partidas de importa-ción. En concreto se espera reducir en el 30% ó 35% las compras en 294 partidas, se elevará el arancel en 30 - 35% a 50 sub-partidas, se introducirá un aran-cel específico por kilogramo neto de carga para 257 sub-partidas adicionales (prendas de vestir, zapatos y otros). Inicialmente el gobierno esperaba ahorrar más de 2.000 millones de dólares en importaciones, lo que fue reducido a 1.459 a millones con el objeto de llegar a un acuerdo con los importadores14. El Presidente mencionó varias veces que la restricción importaciones es la única salida que queda en una economía sin moneda nacional donde no se puede recurrir al expediente al que cualquier país recurre para favorecer exportaciones y encarecer importa-ciones, es decir, a la devaluación.

Acuerdo País

¿Este giro político es tan solo una táctica del momento o expresa una opción estratégica duradera? Es muy difícil decirlo con precisión, pero es claro que ni este gobierno ni ningún otro puede funcionar exclusiva-mente con el peso político de los sondeos de opinión

14 “627 Sub-partidas con restricciones para su importación”, 20 de enero de 2009, en El ciudadano.gov.ec, Periódico Virtual Presidencia de la Repúbli-ca. Una mirada más amplia del acercamiento a los sectores empresariales a raíz de la crisis, que incluye medidas compensatorias por 256 millones de dólares, en “El gobierno buscó aliados en el sector privado”, El Comercio, 1 de enero de 2009.

¿Este giro político es tan solo una táctica del momento o expresa una opción estratégica duradera? Es muy difícil decirlo con precisión, pero es claro que ni este gobierno ni ningún otro puede funcionar exclusivamente con el peso político de los sondeos de opinión o de la votación de un electorado difuso.

52 C O Y U N T U R A

53C O Y U N T U R A laTendencia 

Norman Wray Reyes

Norman Wray Reyes— Doctor en JurisprudenciaEx Asambleísta Nacional Constituyente. Candidato a concejal del Distrito Metropolitano de Quito por el Movimiento País.

en cada localidad. Pero la alternativa tampoco era barata. Eludir las primarias hubiera significado que las mismas divisiones internas se manifestaran en acusaciones públicas al buró político nacional o al de cada provincia. En síntesis, los conflictos internos evidenciados en las primarias eran inevitables por-que provienen tanto de la profunda heterogeneidad del movimiento político del gobierno como de sus escasas y débiles estructuras de organización.

La distribución regional de los conflictos internos surgidos en las primarias nos ofrece un primer pano-rama nacional de la forma desigual en que el movi-miento de gobierno se va estructurando. Los inci-dentes mayores se produjeron en Guayas, Los Ríos, Manabí y Loja. Las elecciones se suspendieron, pero sin incidentes mayores, en Esmeraldas. En Chimbo-razo el conflicto significó la ruptura entre dos posi-bles aliados: el prefecto de Pachakutik y el goberna-dor de Acuerdo País. La denuncia más grave ocurrió en Manabí, donde Ricardo Zambrano, precandidato a la prefectura, denunció que encontraron papeletas rayadas en Portoviejo, Puerto López y Chone. En Los Ríos, grupos descontentos recorrieron varios recin-tos incendiando las urnas. Las disputas internas más conocidas son las que oponen en Guayas a Pierina Correa, hermana del presidente, a Carlos Alvarado, hermano de Vinicio, el Secretario de la Administra-ción, y a los grupos ligados a Ricardo Patiño y Gus-tavo Darquea, viejos militantes socialistas17. Mientras tanto, en Bolívar, Cañar y Carchi la afluencia de votan-tes superó el número de papeletas. En Tungurahua no se hicieron primarias por un acuerdo previo

de los grupos existentes para apoyar la reelección de las autoridades locales. En Quito, donde triunfa-ron los candidatos Augusto Barrera a la alcaldía y Gustavo Baroja, a la reelección en la prefectura de Pichincha, hubo más calma. Pero el precandidato a alcalde y ex ministro de minas y petróleos, Galo Chi-riboga, protestó y pidió la anulación de las internas

17 “Según explicó María Teresa Mendoza, del Tribunal Electoral de PAIS de Guayas, en 144 juntas receptoras de voto, de un total de 953, se suspen-dió el proceso porque en las papeletas no constaban las fotos de todos los candidatos” (“Denuncias opacaron primarias”, El Telégrafo, 26 de enero de 2009).

en las juntas en donde hubo irregularidades por la votación de personas no empadronadas18.

Es claro, en síntesis, que en la costa hubo más pro-blemas que en la sierra. Esto debe tener alguna razón general, más allá de los matices locales de cada caso. Una explicación plausible es que en la costa los grupos de izquierda animados por motiva-ciones ideológicas son históricamente más débiles mientras los caudillos locales provenientes de los partidos tradicionales son más fuertes. Los prime-ros encontraron su oportunidad política en Acuerdo País, luego de décadas de marginalidad política. Los segundos, en cambio, no piensan aceptar que estos “advenedizos” que no pudieron ganar peso político por sí mismos, les roben la autoridad local ampara-dos en la popularidad de Correa. Por eso, la distancia política, ideológica y cultural junto a la pugna entre intereses de grupo y redes locales, hizo allí más poderosas las expresiones de un conflicto político interno que existe a lo largo y ancho de País.

¿Cuál de estas corrientes es la vencedora de los comicios internos? Los primeros indicios apuntan a resultados mixtos en los que se entremezclan las victorias de autoridades locales en funciones con militantes o personalidades nuevas. Mientras en Pichincha y Azuay parecen haberse consolidado corrientes ideológicas de centro izquierda, en Gua-yas parecen haberse consolidado grupos de ideas más pragmáticas. Lo que puede decirse a ciencia cierta es que la decisión de realizar las elecciones primarias fortaleció a quienes pugnan por darle al partido de gobierno una vida orgánica más estable y una estructura más funcional en contra de aquellos que preferirían postergar la creación de la estructura política partidaria y dejar las manos libres a los lide-razgos fuertes. La depuración realizada por el buró político como castigo por los incidentes públicos de división y conflicto, parece haber ratificado la victoria de estos grupos ideológicos.

18 “Denuncias opacaron primarias”, El Telégrafo, 26 de enero de 2009.

No se puede analizar el trabajo de la Comisión de Legislación y Fisca-lización con una típica matriz de evaluación de resultados. Por lo tanto, el análisis que integra este artículo será político y nada más que político. En tal sentido, en este artículo se responderá algunas de las preguntas que han liderado el debate nacional sobre el trabajo de la Comisión.

¿Existe realmente un Congresillo?

La Constitución del Ecuador aprobada en referéndum el 28 de septiem-bre tiene un Régimen de Transición. Su naturaleza y aplicación estaban estrictamente ligadas a un hecho incierto antes de la fecha del refe-réndum: la aprobación de la Constitución. Una vez que esa duda fue disipada mayoritariamente en las urnas, la transición de un régimen jurídico y político hacia uno distinto, empezó a operar.

Si se lee con detenimiento la parte correspondiente a la transición insti-tucional, se entiende que los preceptos ahí consagrados tienen un obje-tivo: viabilizar los cambios institucionales previstos en la Constitución, basados en el camino trazado en las normas de transición.

En ese sentido, respecto a la Función Legislativa se estableció lo siguiente: uno, la conclusión del periodo de los diputados y diputadas, principales y suplentes, elegidos el 15 de octubre de 2006; dos, el man-dato para la conformación de la Comisión Legislativa y de Fiscalización, y los criterios para su estructuración; y tres, el objetivo y competencia de la misma Comisión.

El segundo y tercer punto mencionados están íntimamente ligados. Por un lado, se establece que se debe conformar la Comisión, pero al mismo tiempo se indica el modo se la debe conformar. Se propuso que se procure mantener, en su confor-mación, la proporcionalidad política que tuvo el Plenario de la Asamblea Nacional Constituyente. No se hubiera redactado la norma en esa línea si es que no hubiera existido una preocupación respecto a la legitimidad que ese ente legislativo debía tener. Legitimación que es necesaria solo para cumplir la continuidad de las funciones de la Asamblea Nacional Constituyente previstas en la Constitución. No podía ser de

U nalecturade La Comisión Legislativa y deFiscalización

54 C O Y U N T U R A 55 Una lectura de la Comisión Legislativa y de Fiscalización

otra manera, si es que se aspiraba a que esa Comi-sión tenga efectivamente la legitimidad, la constitu-cionalidad y la legalidad para legislar. Es decir, elabo-rar normas con carácter general y obligatorias, que manden, prohíban o permitan, y que rijan en todo el territorio nacional, además de todas las otras atribu-ciones constitucionales de una Asamblea Nacional.

Por lo tanto, por su naturaleza y funciones, la Comi-sión lejos de ser un ente legislativo disminuido en sus facultades (un “congresillo”), limitado en su accionar, con atribuciones de hacer solo ciertas cosas, es en realidad una Asamblea Nacional de transición, con los únicos límites que se establecen en la Cons-titución para la Función Legislativa. Límites que se enmarcan en la división de poderes y el sistema de pesos y contrapesos entre las distintas funciones del Estado, ambos necesarios para la plena vigencia del sistema democrático.

¿Es verdad que la Comisión Legislativa ha trabajado al apuro?

Los procesos constituyentes son fundamentalmente procesos políticos que se expresan de distintas maneras, una de ellas la jurídica. Dentro de un pro-ceso de esas características era necesario estable-cer prioridades legislativas, plazos y metas a cum-plirse en el corto, mediano y largo plazo. La Constitu-yente de Montecristi, como hecho y proceso político no tenía punto de comparación con la naturaleza del proceso de 1998. Los congresos sucesivos que se establecieron luego de que la Asamblea Constitu-cional de Sangolquí puso en vigencia la Constitución de 1998 no se sintieron compelidos por los plazos que ahí se establecieron, o al no existir los mismos

se sintieron con la amplia libertad de organizar su agenda legislativa a su antojo o al de la coyuntura.

Este no ha sido el caso de la Comisión de Legislación posterior a Montecristi. Primero, porque las dispo-siciones transitorias son obligatorias respecto a las leyes que deben elaborarse y aprobarse; y porque hay plazos constitucionales que debían o deben cumplirse. Segundo, la proporcionalidad que se tenía en el plenario de la Asamblea Constituyente fue la que se mantuvo en la Comisión de Legislación por mandato de la propia Constitución aprobada en refe-réndum. Como resultado de lo anterior, Movimiento País mantiene la mayoría en el plenario de la Comi-sión como en las comisiones especializadas. Tres, al ser Movimiento País una organización política de la cual es parte también el Ejecutivo, hay un proyecto político conjunto que actúa en coordinación, tanto en la Comisión como en el Ejecutivo.

Los plazos constitucionales, los de más rápido cum-plimiento, aquellos que han sido denominados como fatales, se circunscribieron a cinco leyes (ley que desarrolle el Régimen de Soberanía Alimentaria, Ley Electoral, ley de la Función Judicial, ley del Consejo de la Judicatura, y la que regule al Consejo de Parti-cipación Ciudadana y Control Social); y a los plazos que fueron expuestos en los mandatos constituyen-tes para la regulación de ciertas materias por ley (por ejemplo, el Mandato Minero y la Ley de Minería).

De ahí existe otro grupo de leyes –once leyes en total– que debe ser aprobado en 360 días. Leyes que por su complejidad y plazos con seguridad serán tratadas por la Asamblea Nacional que resultará del proceso electoral del 26 de abril de 2009.

Por otro lado, hay que ser claros en comprender que el proceso constituyente aun no ha terminado. Ya en su momento se sostuvo que un proceso consti-tuyente tiene tres fases: un antes, un durante y un después. El centro desde donde se marca el pasado y el futuro del mismo es la construcción de la Cons-titución. Sin embargo, el antes y el después son tan importantes como el durante. El sentido del cambio también está en definición en el proceso de elabora-ción de la ley y la política pública. Por eso los tiempos son perentorios. Tienen que ser urgentes, más aun cuando el proceso constituyente se impulsa hacia adelante y es necesario apuntalar la Constitución en el andamiaje jurídico secundario.

La política, además de ser una herramienta para definir la forma en que vivimos, también es un espa-cio de disputa de sentidos. En una comprensión his-tórica de lo que se ha vivido estos últimos dos años, sería un error no medir los tiempos y las urgencias. Caso contrario la historia juzgaría, como lo hizo en su momento al gobierno de la Izquierda Democrá-tica, que tuvo la mayoría en los dos primeros años del Congreso de 1988 a 1990), y que desperdició una oportunidad.

Pero también cabe señalar que los cuerpos nor-mativos discutidos en la Comisión han tenido el condumio suficiente en extensión y contenido. Por ejemplo, la Ley de Elecciones y Organizaciones Polí-ticas tiene 400 artículos, y si en su elaboración se hubiera empezado desde cero en un proceso colec-tivo de construcción, hubiera sido imposible apro-bar las leyes en los plazos señalados. Recordemos que a la Asamblea Nacional Constituyente le tomó ocho meses la elaboración de la Constitución de 444 artículos.

Sin embargo, la oposición –al igual que en Monte-cristi– ha jugado una estrategia compleja. Por un lado ha intentado desprestigiar el trabajo de la Comi-sión y por otro, ha buscado dilatar las discusiones de los temas. Al mismo tiempo, algunos medios de comunicación han creado una atmósfera esquizoide a través de preguntas recurrentes, en actos de tres partes, que se pueden enumerar de la siguiente manera:

Uno: ¿Podrán cumplir con los plazos establecidos en la Constitución para la aprobación de las leyes de transición?

Dos: A lo cual el asambleísta contesta: “Claro, esta-mos trabajando fuerte para cumplir con lo que esti-pula la Constitución”...

Tres: Acto final, pregunta el periodista: ¿Pero no se está sacrificando la calidad de la ley por querer aprobar todo al apuro”.

¿En la Comisión Legislativa y de Fiscalización tan solo se levanta la mano?

Hay una canción ecuatoriana que expresa con ironía en una frase la tensión resultante entre un bloque parlamentario y un ejecutivo fuerte: “Quien te dijo que el amor es fácil”. Desde los días constituyentes en Montecristi se fue construyendo la ficción de que el bloque de Movimiento País en la Asamblea era un grupo de “levanta manos”. Como el origen de la Comisión fue la integración proporcional de las fuer-zas políticas representadas en la Asamblea de Mon-tecristi, la oposición no encontró mejor argumento para intentar desprestigiar a este cuerpo colegiado, que sostener que se seguía haciendo lo que el Eje-cutivo dictaba desde Carondelet.

Pero el problema es un poco más complejo que esa simplista generalización. Movimiento País es la fuerza política mayoritaria comprometida con la Constitución de Montecristi. Al contrario de otras fuerzas políticas, Movimiento País tiene represen-tación mayoritaria en el ente legislativo y al mismo tiempo es gobierno. Lo que para la oposición es un

56 C O Y U N T U R A 57 Una lectura de la Comisión Legislativa y de Fiscalización

la ciudadanía. Una regulación sin precedentes en las anteriores leyes orgánicas de la Función Legislativa.

Pese a los plazos perentorios las comisiones especia-lizadas han hecho sus mejores esfuerzos para recibir a distintas delegaciones, organizar foros públicos de discusión en el seno de la propia Comisión y fuera de ella. Han sido iniciativas de sociabilización de la discusión, publicitarla y abrir las puertas de la Legis-latura, para superar el secretismo y la lejanía de los debates en los congresos anteriores.

Sin embargo, quedan muchas cosas por hacer para que los procesos de participación ciudadana en el proceso de formación de la ley se consoliden. Los tiempos son uno de ellos. Hacia el futuro y en la elaboración de una nueva Ley Orgánica de la Fun-ción Legislativa se tendrá que estipular plazos más extensos para la elaboración del informe de primer debate, así como el del segundo debate. Por otro lado, quizá sea importante consignar la obligación de que se realicen audiencias públicas, por lo menos dos, en que cada una de las comisiones discuta el contenido de la ley en una convocatoria pública. Las audiencias, con la ayuda de la tecnología, podrían ser transmitidas a varios lugares del país, a fin de ampliar mucho más la participación de la ciudadanía interesada en la discusión. Pero para ello los tiempos deben ampliarse, no para dilatar innecesariamente la discusión de una propuesta de ley, sino para profun-dizarla, enriquecerla y democratizarla. Pese a todo,

se debe afirmar categóricamente que esta legislatura así lo ha hecho. Es decir, empezó dando los pasos iniciales para consolidar y legitimar esa participación ciudadana en el tiempo.

La tecnología también permite ampliar la informa-ción que se produce en la Legislatura. La Asamblea Constituyente de Montecristi fue pionera en ese sen-tido. La Comisión Legislativa ha seguido ese camino y de esa forma se conoce en su totalidad lo que se discute y el contenido del debate al interior de la legislatura. De esta forma se ha transparentado aun más la Función Legislativa. Algo difícil de imaginar en los días de los anteriores congresos, no por falta de tecnología sino de voluntad política.

La integración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

El funcionamiento de la Comisión Legislativa y de Fis-calización marca la pauta para un nuevo accionar de la legislatura, en el marco de la nueva Constitución. Uno de los temas centrales de la reforma política fue el diseño de mecanismos para democratizar la inte-gración de los organismos de control.

Con ese reto por delante la Comisión Legislativa decidió en un primer momento que era el Consejo Nacional Electoral quién debía llevar adelante el con-curso para la integración del Consejo de Participación

ejercicio de subordinación, para el bloque de país es un intento de construcción de una relación orgánica y respetuosa de la naturaleza distinta de cada una de las funciones: Ejecutivo y Legislativo. Un ejercicio de responsabilidad política con un proyecto político que se refleja en una Constitución y en el apoyo mayori-tario de la población a ese proyecto.

Por lo tanto, se ha trabajado de cerca con el Ejecu-tivo con la coordinación necesaria para mantener una coherencia política en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales. En ese sentido, las leyes que han llegado desde el Ejecutivo han sido de gran utilidad. La legislatura al contar con textos completos ha podido trabajar sobre ellos, ratificarlos, modificarlos o cambiarlos sustancialmente.

Para entender lo expuesto, también hay que com-prender el proceso de elaboración de la ley. En el procedimiento constitucional existen “momentos” en los cuales la ley se va forjando. De manera gene-ral y formal, a la ley se la hace en las comisiones especializadas y en el primer y segundo debate en el pleno de la Comisión Legislativa. En cada uno de esos espacios es factible modificar la propuesta ori-ginal. Dicho de otra forma, en la Legislatura ninguna ley que ha sido calificada para su trámite, ha conser-vado inalterable su contenido. Y está bien que haya sido así y que lo siga siendo, puesto que el ejercicio de deliberación democrática así lo exige.

Los aportes a los cuerpos jurídicos no solo han venido de los asambleístas del bloque del Movimiento País, sino también de los asambleístas de la oposición. Las sugerencias que han fortalecido la aplicación de la ley en el marco del respeto a los preceptos consti-tucionales, han contado con el apoyo del bloque de Movimiento País. Incluso las sugerencias de la opo-sición se han introducido más allá de que se hayan planteado informes de minoría por parte de ella.

Por otro lado, los asambleístas de Movimiento País han sostenido puntos de vista distintos al Ejecutivo en varios temas. Los disensos se han discutido y se han construido acuerdos, que han sido la base para la elaboración de los textos definitivos. Lo que es muy cierto es que en función de la coherencia y el respeto a lo “orgánico”, esos debates no han sido públicos. Como organización política hemos prefe-rido discutir los temas en lo interno e intentar posi-ciones públicas únicas.

También es cierto que el liderazgo de Rafael Correa, su estilo y sus declaraciones, han generado compli-caciones en la forma como un sector de la opinión pública ha valorado el trabajo de la Comisión. Sin perjuicio de lo anterior, en la Comisión se ha podido mantener un debate de argumentos al interior del bloque de Movimiento País, con el Ejecutivo y con la oposición, más allá del show mediático–noticioso que intenta obsesivamente demostrar lo contrario.

La cuestión de la participación ciudadana

La Comisión Legislativa y de Fiscalización fue la que inauguró el nuevo edificio del parlamento ecuato-riano. Los ventanales grandes, los vidrios de las ofi-cinas y el diseño arquitectónico del mismo intenta enviar un mensaje claro al país: la transparencia. De esta forma se quiere superar los oscuros días de los congresos anteriores, esos recovecos de la legisla-tura que desaparecieron con el incendio que motivó la nueva construcción.

En ese escenario la Comisión de Legislación ha inten-tado abrir la discusión de los proyectos de ley, desde un ejercicio democrático, pero también por obliga-ción legal. El mandato 23 estipula que debe darse un plazo de diez días para recoger las observaciones de

Los tiempos deben ampliarse, no para dilatar innecesariamente la discusión de una propuesta de ley, sino para profundizarla, enriquecerla y democratizarla.

Un ejercicio de responsabilidad política con un proyecto político que se refleja en una Constitución y en el apoyo mayoritario de la población a ese proyecto.

58 C O Y U N T U R A 59 Una lectura de la Comisión Legislativa y de Fiscalización

mandato 23, estableciendo un proceso y ampliando el término para que la información pueda ser entre-gada. Así se intentó racionalizar el pedido de infor-mación, para que no sea utilizado como una estrate-gia de bloqueo por parte de la oposición, y a su vez no exima al funcionario de entregar la misma.

Por otro lado –algo que nunca fue comprendido por los medios de comunicación– la fiscalización puede iniciar su acción sin ningún inconveniente si es que el peticionario recoge las firmas necesarias para el efecto. No tiene que mediar ningún requisito adicio-nal que no sea el pedido sustentado con las firmas de asambleístas que apoyan la solicitud. Y aunque suene paradójico, los pedidos de enjuiciamiento polí-tico a ministros del actual régimen que han sido des-echados, lo fueron por errores de forma e incumpli-mientos en los requisitos. Dicho de otra forma, fallas cometidas por los propios interesados en impulsar estos procesos.

Por otro lado, Movimiento País con un profundo crite-rio de responsabilidad política, no ha permitido que se detenga el trabajo legislativo, desde una estrategia de la posición de utilizar una supuesta fiscalización con esos fines y con objetivos meramente electorales.

A manera de conclusión

La Comisión Legislativa y de Fiscalización ha tenido en sus manos una responsabilidad inmensa: demos-trar al país que la legislatura puede llevar adelante una discusión democrática y transparente sobre la ley. El reto se ha cumplido pese a los inconvenientes, los cuales en gran medida han sido descritos en este texto.

Quizá uno de los mayores inconvenientes ha sido el de no contar con una comunicación fluida con la opinión pública. De una parte, es necesario generar mejor y más variada información sobre el trabajo legislativo; y de otra, es necesario que los medios de comunicación den una cobertura distinta a la tradi-cional forma de cubrir el hecho noticioso legislativo. El funcionamiento de la Comisión ha marcado una diferencia con el pasado. Por un lado, ha transpa-rentado la discusión de la ley, ha generado espacios de participación ciudadana, ha abierto sus puertas a la veeduría ciudadana, mantiene un ágil sistema de información a través del internet y ha asumido de la mejor manera posible sus obligaciones constitucio-nales, pese a los tiempos cortos y las exigencias del cumplimiento de los famosos “plazos fatales” en la elaboración de las leyes.

Por otro lado, más allá de los argumentos propios de la lucha política, la oposición sabe que la mayoría de Movimiento País democráticamente ha discutido y dialogado con miras a lograr convergencias alrede-dor de las propuestas legislativas. Que adicional-mente, con “paciencia franciscana” ha sabido supe-rar los embates de discursos ardientes y ofensivos frente a las cámaras y los micrófonos, en aras de cumplir la tarea legislativa, que sigue siendo y será el propósito fundamental de una legislatura.

Ciudadana y Control Social. La intención de esta decisión fue la de no generar sospecha alguna sobre la designación de los miembros de ese ente. Los medios de comunicación haciéndose eco de algunos de las criticas de la oposición, empezaron a sostener que quienes iban a integrar el Consejo, con seguri-dad iban a ser de Movimiento País.

Desde mi perspectiva, aquella decisión fue un error. Puesto que la responsabilidad política no es dele-gable una vez que constitucionalmente ya fue dele-gada. Ese fue el aprendizaje, más aun cuando el pro-ceso de selección y designación regresó otra vez a la Comisión, por intermedio de un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Quizá este ejemplo nos per-mite ver con perspectiva la trascendencia de contar con una legislatura que asuma sus compromisos constitucionales y su responsabilidad política, incluso con los costos que dicho ejercicio puede traer.

Más allá de las criticas y de ciertas declaraciones de personajes que por su dilatada vida pública se sen-tían predestinados a ejercer el cargo de vocales del Consejo, el concurso fue un intento de transparentar los procesos de integración de los órganos de con-trol. Los problemas se dieron por tratar de compati-bilizar un proceso de selección a través de requisitos y evaluaciones (la meritocracia), con la necesidad política de integrar un Consejo de Participación y Control Social que represente un espacio de poder ciudadano distinto, alternativo. Como Comisión Legislativa se puso énfasis en el proceso formal y en un momento –por la necesidad de cumplir con los plazos constitucionales y enviar un mensaje de transparencia a la opinión pública– no se encon-tró una salida idónea para lograr una convergencia entre los objetivos señalados arriba. Pese a ello, una vez que el proceso culminó se vio que su integración

respondió y posibilitó espacios de participación a sectores tradicionalmente excluidos de esos cargos. Adicionalmente se tomaron decisiones importantes: garantizar la paridad en la representación, lograr presencia de pueblos indígenas y afroecuatorianos, y reconocer la experiencia organizativa social y no partidista en su integración.

¿Qué pasó con la fiscalización?

La Comisión Legislativa estableció plazos y proce-dimientos para que la fiscalización se lleve a cabo. Uno de esos, el término de cinco días para que las distintas instancias del sector público remitan información a la Legislatura, fue el que más incon-venientes causó. Con un poco de ironía cabe decir que “las mentes lúcidas y los corazones ardientes” nos llevaron a establecer en cinco días el término improrrogable para que las autoridades remitan esa información, con consecuencia de destitución sino no lo hacían.

Como era de esperarse, la reacción de la oposición no se hizo esperar. Los pedidos de información –en algunos casos innumerables cajas con copias y copias de documentos– paralizaron algunos minis-terios. No había que ser muy lúcidos para darnos cuenta que en un afán de transparentar y agilitar los procesos de información resbalamos en nuestras buenas intenciones.

En ese sentido, cometimos un error político al poner un plazo tan corto con consecuencia de destitución, pues dimos pauta a generar una causal de destitu-ción de un funcionario, sin que medie un proceso para el efecto: la no entrega de información. Como respuesta al error, la Comisión procedió a reformar el

Se tomaron decisiones importantes: garantizar la paridad en la representación, lograr presencia de pueblos indígenas y afroecuato-rianos, y reconocer la experiencia organizativa social y no partidista en su integración.

laTendencia  61

Luis Verdesoto— Sociólogo. Director de la Corporación Municipal Instituto de la Ciudad. Sus últimos libros sobre Ecuador son Instituciones

y gobernabilidad en el Ecuador; ¿Quién hace qué en el territorio? y Procesos constituyentes y reforma institucional.C O Y U N T U R A60

Luis Verdesoto

El Informe Latinobarómetro es un estudio regional de opinión pública, que permite una lectura comparativa de los resultados por país en relación con otros países y con las medias regionales. A continuación presentamos los datos de 2008 que el reporte consigna en su versión de conocimiento amplio para el caso del Ecuador.1

Asuntos internacionales Mientras el individuo latinoamericano medio ha subido su interés en temas internacionales en los últimos años,2 el 45% de personas ecuatorianas tienen interés sobre esos asuntos. El 55% de los ecuatorianos manifestaron “no tener interés” en los asuntos internacionales, lo que contrasta con el 53% de los latinoamericanos que manifestaron tener “mucho interés” y “algo de interés” en esos temas. El promedio ecuatoriano casi corresponde al latinoamericano de 2004. En este indicador el país se muestra aun resistiendo a la internacionalización, lo que forma una base para poner en escena nacionalismos de “antiguo corte”.

Los Estados Unidos La opinión de los ecuatorianos acerca de Estados Unidos (sumadas las respuestas “muy buena” y “buena”) es el 59%, apenas superior a la media latinoamericana (58%). La más pronunciada opinión de “mala” y “muy mala” corresponde a Argentina (68%), Uruguay (60%), Venezuela (59%) y Bolivia (55%). Se desprende que, en este plano de la opinión pública, no existe una especial oposición de los ecuatorianos hacia Estados Unidos.

En la región, el país con opinión más favorable a los Estados Unidos es República Dominicana (88%), probablemente como consecuencia de la consistente migración dominicana a Estados Unidos, y pese a la invasión de este país a República Dominicana (1965). Esta aparente paradoja refleja, sin embargo, el manejo de la política exterior norteamericana hacia ese país. Conviene destacar que a lo largo del presente siglo, la opinión media de los latinoamericanos ha descendido del 68% (2000) al 58% (2008) de opiniones favorables con oscilaciones temporales.

1 Informe 2008, Corporación Latinobarómetro, noviembre, 2008, Santiago de Chile, en: www.latinobarometro.org

2 En el año 2004 el 44% de personas consultadas manifestaron mucho interés en los asuntos internacionales contra el 53% en el 2008.

Victimización Respecto a la victimización por delitos (el interrogado o un pariente ha sido víctima de un delito en el último año), el promedio regional es 33%, en el que se ubica Ecuador junto con Bolivia y Costa Rica. En los extremos están, por un lado, Venezuela (53%) y México (42%); y, por otro lado, Panamá (12%) y República Dominicana (25%). Esto quiere decir que la situación ecuatoriana en este indicador está en el promedio de la región, lo que no indica si ha mejorado o empeorado.

Desempleo La preocupación por el desempleo ha cambiado radicalmente en la región. Si en 2002 ésta alcanzaba a 76% (manifestaciones de preocupación y mucha preocupación), en 2008 ha caído al 40%. Respecto de este promedio, la preocupación en Ecuador es incluso inferior y alcanza al 38%, siendo Uruguay (24%) y Argentina (26%) los menos preocupados al respecto, y Venezuela (53%) y El Salvador (48%) los más preocupados. Es necesario tomar precaución en especial en relación con esta cifra, pues no refleja al ascenso de la crisis económica, cuyas repercusiones llegan aún lentamente a la región y a Ecuador en particular. Sin embargo, reflejando la coyuntura interna, el Ecuador (91%) está alrededor del promedio regional (92%) de preocupación extrema y media acerca de la situación económica familiar afectada por el alza de precios de los alimentos.

Previsiones El optimismo de los ecuatorianos acerca de las previsiones económicas para el país en el año 2009 (“mucho mejor” y “mejor”) suman el 44% (promedio latinoamericano 38%). En la parte superior de la escala están Paraguay (78%), Brasil (61%), Colombia (51%), Venezuela (49%) y Uruguay (45%). Previsiones iguales –medidas desde el punto de vista personal– también se reflejan en la media regional de 46% porcentaje igual al manifestado por los ecuatorianos. En los dos casos, la opinión de los ecuatorianos es refleja y es arrastrada por la alta opinión favorable y la credibilidad del Presidente de la República, situación que también se asimila a los países de la parte alta de la escala.

Bancos La “poca” o “ninguna” confianza de los ecuatorianos acerca de los bancos (31%) sigue siendo una de las más bajas de América Latina (promedio 44%), como producto de la crisis del fin de siglo en el Ecuador, que culminó en un costoso y rechazado “salvataje bancario” y en un deterioro del ahorro de amplios sectores de la población.

Sin embargo, la desconfianza en los bancos no nece-sariamente arrastra a la empresa privada ecuato-riana que logra el 36% dentro de una media regional de 41% de confianza. Como se puede observar, la tendencia de la región es a confiar más en los ban-cos y menos en la empresa privada. Cabe señalar que al concretar la confianza en los empresarios, en Ecuador el promedio se mantiene (35%), pese a que en América Latina crece (44%). Esta cifra segura-mente obedece a los estímulos emitidos por el dis-curso gubernamental.

Economía de mercado La valoración de la economía de mercado (acuerdo con su desarrollo) en Ecuador (55%) es casi la misma que la media de la región (56%), y muy parecida a la de El Salvador, Bolivia y Venezuela (54%). La mayor sorpresa es que Ecuador encabeza la satisfacción (“mucho más satisfecho” y “satisfecho”) con los servicios públicos estatales que han sido privatizados (57%), siendo el promedio regional 32%. Probablemente corresponda al bajo grado que alcanzó la privatización en el Ecuador, en un contexto de equilibrio entre los servicios a cargo del Estado y la empresa privada.

Responsabilidad del Estado A continuación se presentan algunos promedios de percepción de la ciudadanía sobre de la responsabilidad del Estado o del mercado en la “resolución de problemas” (en la escala mientras más cerca de 1 la responsabilidad es del Estado y mientras más cerca del 10 es del mercado). El promedio regional es 3.9, lo que denota un acento en la responsabilidad estatal, pero que no está extraordinariamente distante del punto de equilibrio (5).

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62 C O Y U N T U R A 63 Ecuador en el informe 2008 de Latinobarómetro

Violencia El índice de percepción de violencia en el Ecuador es bajo (4.6) y similar a Uruguay (4) siendo la media regional 5.6.

Discriminación La percepción de mayor discriminación a los pobres en el Ecuador y en Bolivia es de 25, siendo que la media regional es de 31, en aumento durante este siglo. Estos dos países se separan al medir la discriminación a los indígenas, siendo que Bolivia se ubica en el primer lugar (40) y Ecuador en el sexto (17), con relación a una media regional de 11. Sin embargo, al afinar criterios de discriminación racial en situaciones de violencia, Ecuador (48) y Bolivia (42) se vuelven a juntar y ocupan, luego de Argentina (56) y de Brasil (59) los primeros puestos de la región (la media es 30).

Ideologías Ecuador ocupa el segundo lugar de los países menos identificados con una ideología política (33%) (la media regional es de 19%), luego de Guatemala y Paraguay (32%), proceso de desideologización constante, con eventuales ascensos en la región. Más de un tercio de ecuatorianos se identifica con una posición de centro (36%), siendo inferior solamente en Nicaragua (28%),

lo que es un signo de polarización política (la media de la región es 42%). El Ecuador se iguala con la región en el 17%, siendo que el 15% se identifica con la derecha, cuya media regional es 22%.

Democracia y Partidos Políticos Los ecuatorianos se dividen en dos mitades exactas respecto al apoyo o rechazo a la indiferencia (“no importa”) acerca de la existencia de un gobierno democrático o no democrático que resuelva los problemas económicos. No obstante, cuando se les pregunta si puede haber democracia sin Congreso, Ecuador ocupa el primer lugar de la región cuando el 58% opina que sí puede haber (la media regional es de 43%). Igual es el caso de partidos políticos (61%) (la media regional es de 44%). Apenas el 18% de los ecuatorianos evalúa el trabajo de los partidos como “bien” o “muy bien” (la media regional es de 30%). La confianza a los partidos desciende a 15%, debiendo destacarse la cercanía con Argentina (14%), Bolivia (12%) y Perú (11%), los últimos de la escala cuya media es de 21%.

Los indicadores antes citados muestran la base de opinión de la sociedad que llevó a deconstrucción de instituciones básicas de la democracia como el Congreso y a la experimentación con instituciones tales como el Quinto Poder del Estado.

Aprobación del gobierno La aprobación al gobierno de Rafael Correa es del 66% por detrás de Colombia (75%), Brasil (79%) y Paraguay (86%) (la media latinoamericana es de 52%). La confianza disminuye en el Ecuador a 52%, tanto como lo hace en la media regional que también desciende a 44%.

Ecuador se sitúa en el 3.7, apenas inferior a la media, siendo que el rango va de Argentina (3) a Guatemala (4.6). En este sentido, la opinión ciudadana no es de un acentuado estatismo en el servicio público, obvia-mente, con variaciones, como puede ser el caso del servicio de telefonía, en que el 71% de los latinoame-ricanos piensan que debe estar en manos del Estado, frente al 74% de ecuatorianos que piensan lo mismo. La situación se invierte en el caso de las pensiones, en que la situación de la seguridad social en Ecuador lleva al 76% a pensar que debe estar en manos del Estado, siendo que el promedio regional es 82%. En el extremo superior se encuentran Chile, Uruguay y Argentina con el 90%, que arrastran al conjunto de los países de la región, en la que en 2005, el 68% pensaban que las pensiones son una responsabili-dad estatal.

Ley Respecto al papel del Estado en el cumplimiento de la Ley, Ecuador (5.8) y Uruguay (6.4) encabezan la lista cuyo promedio regional es 5.2, siendo que de 5 (promedio en la región) hacia abajo expresa el grado en que el Estado no logra el cumplimiento de la ley.

Satisfacción con los servicios básicos Como se puede observar en la tabla, en Ecuador la “satisfacción media” con el funcionamiento público sube en el primer año de gobierno de Rafael Correa en un 5%, mientras que la “satisfacción alta” sube también en el mismo porcentaje durante el segundo año de su administración, lo que, en suma, plantea que la “satisfacción baja” o insatisfacción plena disminuye en un 10% en los dos años iniciales del gobierno de Correa. Este panorama

es inédito en Ecuador. Seguramente está influenciado por una sensación de igualdad - inclusión y de cumplimiento de las promesas electorales mediante subsidios y obra pública.

Funcionarios públicos y corrupción Las tres cuartas partes de ecuatorianos (74.5%) creen que los funcionarios públicos son corruptos, en relación con una media regional de 68,6% y un mínimo de Uruguay de 45,6%. También creen que los políticos son más corruptos que el resto de la sociedad (61%). La media regional en este tema es 54%.

Acerca del conocimiento de actos de corrupción, los ecuatorianos son los que menos “han oído” de actos de corrupción (6%) (la media regional es 15%) y que el progreso es sustantivo. Las categorías “mucho” y “algo” en relación al reconocimiento de reducción de la corrupción alcanzan al 49% (media regional de 38%, que ha subido 12% en los últimos 4 años) junto con Uruguay (58%) y Colombia (59%). Sin embargo, la percepción de probabilidad de soborno a la Policía es en Ecuador de 47% –por sobre la media regional de 44%– y de soborno a un juez es de 29% –notable-mente inferior al 38% promedio latinoamericano–.

Satisfacción Alta Satisfacción Media Satisfacción Baja

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008

Ecuador 27 26 31 15 20 20 58 54 49

Región 27 25 26 24 25 25 49 50 48

64 C O Y U N T U R AlaTendencia  65

Humberto Cholango— Presidente ECUARUNARI. Agricultor. Egresado de la Facultad de Ciencias Humanas, de la Escuela de

Gestión de la Universidad Politécnica Salesiana

históricamente; que, desde nuestra perspectiva, es el Estado Plurinacional. Bajo estos principios y objetivos hemos actuado durante el periodo cons-tituyente, tanto fuera como dentro de la Asamblea Constituyente. Si bien la nueva Constitución no recoge muchas de las propuestas construidas por varios sectores sociales, entre ellos el movimiento indígena, el reconocimiento de la plurinacionalidad e interculturalidad, en la dimensión que está, el Sumak Kawsay –Buen Vivir– como instrumento que garanti-cen y viabilicen parte de los derechos políticos, eco-nómicos, sociales y culturales en el nuevo Estado, son razones suficientes para su aprobación: argu-mento con que el movimiento indígena promovió e impulso el SI en el referéndum.

Aprobada la nueva Constitución y fuertemente derrotada la derecha, veíamos el momento propicio para impulsar la construcción de los instrumentos jurídico-institucionales para hacer viable y cumplir con las disposiciones y derechos constitucionales. Lo más urgente era –es– desmontar las privatiza-ciones más nefastas realizadas por los oprobiosos gobiernos neoliberales. Desde esta perspectiva lo más prioritario era discutir el nuevo marco jurídico de aguas, de tierras territorios y reforma agraria, y de soberanía alimentaria, pero el gobierno decidió poner énfasis y urgencia en la ley de minería.

Desde el inicio del debate de la ley minera el gobierno defendía su propuesta en dos puntos: que dada la crisis internacional esos recursos son los que nece-sitamos para financiar el desarrollo del país, que actualmente existe suficiente tecnología para mini-mizar daños ecológicos; lo demás era pura verbo-rrea tendiente a descalificar y denigrar a quienes se opusieran.

Del lado del movimiento indígena, iniciamos apo-yando la resistencia de las comunidades afectadas por la explotación minera existente y de las que ini-ciaban sus actividades. En ninguno de los casos que tenemos en el Ecuador se evidencian la tan mentada “tecnología de punta”, ni los beneficios económicos para el Estado; menos aún para las comunidades locales. Los daños ambientales, socioculturales y económicos son muy graves. Luego avanzamos

a la elaboración de propuestas y observaciones al proyecto gubernamental. Pero el gobierno no dio pruebas reales de querer dialogar con otros secto-res que no fueran sus obsecuentes partidarios. Decía haber recogido las observaciones “racionales”, pero un ejemplo de cómo recogió esas observaciones lo encontramos cuando se refiere a las prohibiciones de otorgar concesiones en áreas protegidas, que, “excepcionalmente”, si se concederían. El recurso de la excepcionalidad en materia minera fue utili-zado por primera vez por la dictadura pinochetista en Chile.

Ante la nula respuesta por parte del gobierno a las propuestas, observaciones; motivados por los agra-vios y humillaciones provenientes del presidente Correa, las organizaciones de base fueron avan-zando a la toma de una medida de hecho, contando con la experiencia de la masiva movilización reali-zada el 19 de noviembre del año pasado. Luego de varias asambleas se definió la movilización general de un solo día; el 20 de enero.

Los objetivos de la movilización fueron: denunciar ante los ecuatorianos que la ley de minería presen-tado por el gobierno no cumple con los objetivos de superar las privatizaciones de los recursos natura-les realizadas por el neoliberalismo; demostrar al gobierno que nuestras propuestas si cuentan con respaldo social; y, reclamar al presidente Correa res-peto a los pueblos y nacionalidades indígenas y a las comunidades afectadas por la minería.

Pese a la vulgar –y poco honrada– propaganda guber-namental, emitida en todos los medios de comuni-cación del país, cuyo objetivo no era contrarrestar los argumentos del paro, sino ofender y deslegitimar a los dirigentes de las organizaciones, la medida se cumplió dentro de las expectativas. Se produjeron movilizaciones en todas las provincias que el movi-miento indígena cuanta con bases organizadas.

El gobierno ha venido continuamente publicitando la imagen que el tiempo que vivimos es de una “Revo-lución Ciudadana” y del “Socialismos del Siglo XXI”. Históricamente hemos visto que el socialismo se construye “mandando obedeciendo” a favor de los

20 de enero: retos y perspectivas

Humberto Cholango

Los círculos políticos y académicos, todos, señalan que la malhadada alianza del Movimiento Pachakutik PK con Lucio Gutiérrez PSP, es el inicio del fin de la CONAIE, por lo tanto ahora ya no es un sujeto político activo. Todos estos intelectuales se olvidan

que la realidad es más amplia que sus oficinas, para ellos la derrota del TLC por parte del movimiento

indígena y otras organizaciones populares, marcó el real inicio de la descalabro del

neoliberalismo, que permitiera abrir el actual periodo que estamos viviendo.

También se olvidan mencionar que todos los mentalizadores y usu-fructuarios de la alianza PK-PSP ahora son prominentes funcio-narios del gobierno. Mientras no se tomen en cuenta todos los hechos ocurridos, no podremos superar prejuicios que perjudi-can a todos.

El movimiento indígena, en coherencia con su carácter de movimiento social de izquierda anticapitalista1 se plantea impul-sar en este periodo de cambios

la derrota definitiva del capita-lismo y del neoliberalismo y sen-

tar las bases de los cambios más profundos por los que la mayoría de

los y las ecuatorianas hemos luchado

1 Proyecto Político de la CONAIE. 2007. Pág. 16

retos y perspectivas

de enero:

66 C O Y U N T U R A 67C O Y U N T U R A laTendencia 

Esperanza Martínez— Bióloga, Maestría en Auditorías Ambientales en Aberystwyth, Gales.M iembro de Acción Ecológica y coordinadora de la Campaña Amazonía por la Vida. Trabaja en la red internacional Oilwatch, que da seguimiento a temas petroleros en países tropicales.

Esperanza Martínez

La iniciativa Yasuní –presentada por Alberto Acosta cuando fue Ministro de Energía y Minas en los primeros tiempos del gobierno de Rafael Correa– recogió las propuestas de varias personas, movimientos y organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana y fue asumida por el Presidente de la República, Rafael Correa, en la sesión del Directorio de Petroecuador, el 30 de marzo de 2007. De esta

manera, Rafael Correa congeló las pretensiones de Petroecuador de empezar inme-diatamente el proceso de licitación para la extracción del crudo del campo Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT).

En esa ocasión el pronunciamiento del Ministerio de Energía fue muy claro:

“Se aceptó como primera opción la de dejar el crudo represado en tierra, a fin de no afectar un área de extraordinaria biodiversidad y no poner en riesgo la existen-cia de varios pueblos en aislamiento voluntario o pueblos no contactados. Esta medida será considerada siempre y cuando la comunidad internacional entregue al menos la mitad de los recursos que se generarían si se opta por la explotación del petróleo, recursos que requiere la economía ecuatoriana para su desarrollo”.

De esta declaración se deducen dos asuntos: desde la perspectiva presidencial, siem-pre había una segunda opción: el extraer el petróleo. Los objetivos de conservación de la biodiversidad de Yasuní y de respeto al territorio de los pueblos en aislamiento voluntario se garantizaban en la medida en que se obtuviese una compensación inter-nacional estimada entonces en 350 millones de dólares. Adicionalmente, el dejar el crudo en el subsuelo suponía concentrar en esa opción los esfuerzos prioritarios y, sobre todo, ser coherente con ella.

más necesitados, de los excluidos; pero, en la dis-cusión y aprobación de la ley minera el gobierno ha favorecido a las transnacionales y reprimido y encarcelado a los indígenas, campesinos y comune-ros afectados por la minería. En todo este tiempo el gobierno ha enjuiciado a ningún empresario minero responsable de desastrosas contaminaciones de los ríos y fuentes de agua en las provincias de Azuay y Zamora Chinchipe. Seguimos con un Mandato Minero, emitido por la Asamblea Constituyente, no ejecutado.

¿Será que el problema pueda radica en el concepto de revolución que cada cultura tenemos? Para noso-tros –y para muchos– revolución es que los pueblos, la Pacha Mama (naturaleza), vivan juntos; que cada uno, cada comunidad, tenga el derecho de vivir en la tierra donde nació o donde haya elegido vivir; que allí donde la gente es orgullosa de sí misma, desarrolle sus capacidades para producir por sí mismos y para la comunidad, alimentándose de lo que produce la tierra trabajada por sus propias manos; ahí donde la diversidad de identidades es una fortaleza y una condición para la igualdad de condiciones. Entonces la revolución no es para gobernar simplemente, sino para que la los pueblos gobiernen.

El 20 de enero además se exigió que se debata en forma democrática y respetuosa el modelo de desa-rrollo del país; que trate urgente de ley aguas para terminar con las privatizaciones, por la democra-cia y la vida. En lugar de una respuesta “civilizada”, varios de los ministros atacaron con mucha violen-cia al movimiento indígena, tachándonos de “crimi-nales”, “canallas” e inclusive de estar aliados con la derecha.

La respuesta gubernamental a la movilización del 20 de enero es la que misma que parece convertirse en costumbre de este régimen: intransigente con los sectores populares y transaccional con los empresa-rios. Sin ninguna modificación aprobó la ley minera; pero, a renglón seguido, se vio obligado a cambiar de estrategia política y publicitaria respecto del tra-tamiento de la ley de soberanía alimentaria; según voces provenientes de Carondelet, no querían sufrir otro desgaste parecido al trámite del tema minero, ni soportar otra movilización como la del 20 de enero.

Después del 20 de enero el proceso del movimiento indígena ve la necesidad de fortalecer la unidad interna; de profundizar sus propuestas y ampliar las alianzas sociales y políticas. Seguir enfrentando y denunciando las incoherencias e inconsistencias de las políticas de la “Revolución Ciudadana”, a quien le asusta la posibilidad de un ejercicio autónomo y propositivo del poder por parte de los pueblos.

Por parte del gobierno, a partir del 20 de enero aumentaron los atropellos a las nacionalidades indí-genas, mediante la abolición de los derechos gana-dos con la lucha y esfuerzo de sus organizaciones.

Los espacios de poder por cierto, no fueron una graciosa concesión del estado, ni de los gobernan-tes; tampoco se consiguieron en un siglo o veinte años de luchas; este ejercicio del poder por parte de los pueblos y nacionalidades indígenas a través de espacios de ejercicio propio, comenzó a gestarse allá lejos en la historia, apenas terminó la ejecución de Atawalpa, continuó en la época de los hacendados.

Aprendimos a leer y escribir con la letra de los con-quistadores para romper esa misma dominación.

¿Será que el problema pueda radica en el concepto de revolución que cada cultura tenemos? Para nosotros –y para muchos– revolución es que los pue-blos, la Pacha Mama (naturaleza), vivan juntos; que cada uno, cada comunidad, tenga el derecho de vivir en la tierra donde nació o donde haya elegido vivir.

Yasuní: dejar el crudo

en tierra

es un reto a la coherencia

68 C O Y U N T U R A 69Yasuní: dejar el crudo en tierra es un reto a la coherencia

Un reto con implicaciones éticas

Mantener bajo tierra el crudo del campo ITT tiene importantes implicaciones éticas imposibles de cuantificar en términos monetarios. En primer lugar, evitaría la extinción del pueblo Waorani, cuya subsis-tencia se ha basado en actividades de caza, recolec-ción y agricultura itinerante. Sin embargo, la explo-tación de los bosques y la actividad petrolera han afectado irreversiblemente a la mayor parte de esa población. Los Tagaeri y los Taromenane, pertene-cientes a esa cultura, han optado por el aislamiento voluntario y sobreviven en la zona intangible al sur del Parque Yasuní.

De otra parte, la propuesta evitaría la emisión de 407 millones de toneladas métricas de CO2. Más todavía, obviaría los efectos de la deforestación y contami-nación causada por la explotación petrolera, lo que acarrearía la afectación de un ecosistema declarado Parque Nacional en 1979, y considerado a partir de 1989 Reserva Mundial de la Biosfera, por la UNESCO. Las reservas del ITT se encuentran debajo de una de las áreas de mayor biodiversidad del planeta, que alberga a no menos de 165 especies de mamíferos, 110 de anfibios, 72 de reptiles, 630 de aves, 1130 de árboles y 280 de lianas, sin contar con innumerables especies de invertebrados todavía no estudiados.

Las reservas del ITT alcanzan de acuerdo con las últimas estimaciones, 846 millones de barriles recu-perables de crudo pesado (14.7° API) que se explota-rían durante unos 13 años, a razón de 107 mil barri-les diarios, a partir del quinto año, a menos que se aplique la recuperación temprana, y luego de que hubiese culminado satisfactoriamente un proceso de licitación petrolera.

A los dos años de presentada la propuesta, es nece-sario evaluar lo que ha pasado con esta iniciativa. Con el Decreto 1579 del 5 de febrero de 2009, se abre un plazo indefinido para lograr la compensación demandada y se encarga al Ministerio de Relaciones Exteriores la continuidad de las acciones. A la cabeza de esa cartera de Estado se halla ahora Fander Fal-coní, que conoce y comprende la propuesta y que ha mantenido públicamente su compromiso con la

iniciativa. Esto sin duda abre un importante espa-cio para la viabilidad y recuperación de la iniciativa original.

Sin embargo, es necesario dar una mirada de con-junto y analizar cuál ha sido el apoyo político, la cla-ridad de las acciones desplegadas y la estrategia de acción, en relación con el Yasuní - ITT.

Una de cal y otra de arena en la acción gubernamental

Luego de la toma de posición del Presidente Correa en el referido Directorio de Petroecuador, hay dos hitos importantes a favor de la propuesta ambien-talista: la presentación por el mismo Correa, de la Política de Protección a los Pueblos en Aislamiento Voluntario, en abril de 2007, y la exposición oficial de la Iniciativa ITT en el Palacio Presidencial, también por Correa, en junio de aquel año. La opción de no explotar el crudo del ITT ha sido –además– parte destacada del discurso del Presidente en el exterior, tanto cuando se conformó la UNASUR, como en las Naciones Unidas, en la Cumbre de Presidentes en Caracas, en la OPEP y en el reciente Foro Social Mun-dial. Esta iniciativa le ha traído al Presidente múlti-ples reconocimientos a nivel internacional, y sonoras ovaciones en varias ocasiones.

Sin embargo, en un ejercicio que raya con la esqui-zofrenia, cada uno de los pasos dados en dirección a salvar el Yasuní, ha estado acompañado de otras señales de igual fuerza, en apoyo a la opción petro-lera… Aquí podemos destacar la firma del memo-rando de entendimiento para explotar el ITT con las empresas estatales PETROBRAS (Brasil), SINOPEC (China) y ENAP (Chile), el mismo mes de marzo de 2007, así como la licencia ambiental otorgada a Petrobrás para entrar al Bloque 31, vecino del Blo-que ITT, las propuestas presidenciales en China e Irán para negociar los campos petroleros ligados al ITT, los reiterados anuncios de que ya se iniciarían las actividades de exploración y –por cierto– la perma-nente descalificación a los grupos ecologistas que son los más entusiastas con la propuesta.

El peregrinaje de la propuesta

La opción de no-explotación del crudo ha tenido –por decir lo menos– un deambular errático. Del Ministe-rio de Energía y Minas, en donde se fraguó esta ini-ciativa, pasó a la Vicepresidencia de la República. En poco tiempo migró de allí a la Cancillería. A momen-tos parecía que era “una papa caliente” que nadie quería tenerla en sus manos. Sin embargo, aunque en el Ministerio de Relaciones Exteriores parecería haber adquirido una mayor institucionalidad, desde la perspectiva conceptual la propuesta sufrió una profunda metamorfosis. Esto aumentó la confusión entre quienes tenían interés por defender la vida en el ITT.

En esa instancia se ligó la iniciativa a un sistema de canje de deuda que era al mismo tiempo una forma de endeudamiento externo; luego, se la vinculó con la propuesta de emisión de bonos de carbono y más adelante a la emisión de unos bonos que deberían ser aceptados como “bonos de carbono” a pesar de no serlo. Su consistencia estaba, por decir lo menos, enredada en las contradicciones conceptuales de una propuesta confusa: por una parte, es crítica con los mecanismos de mercado de Kyoto y por otra, se enmarca dentro de ellos… Esta falta de definición no ha permitido hasta ahora disponer de un mecanismo claro para captar los recursos financieros ofrecidos desde hace rato. A esto se suma la ambigüedad del accionar presidencial.

La viabilidad de la opción de no-explotación del crudo depende de las garantías que se ofrezca a quienes quieran hacer donaciones, de asegurar el uso eficiente y correcto del dinero que se recaude, y de garantizar la intangibilidad de las reservas petro-leras una vez cristalizado el proyecto. Hasta ahora no hay un certificado que respalde las donaciones.

En el proyecto pesa por igual la falta de dialogo con la sociedad civil ecuatoriana e internacional, que deberían ser los pilares más sólidos de esta iniciativa verdaderamente revolucionaria.

La opción de explotar el petróleo del Bloque ITT

Por el contrario, la opción de explotar el petróleo del ITT ha avanzado. Primero se pensó en entregar el campo a Petrobrás. Al respecto, recordemos que el Bloque 31 era un proyecto clave para el ITT, por eso los empresarios brasileros insistieron tanto en la licencia ambiental del Bloque 31. Con su mira en el crudo del ITT, estos empresarios consolidaron el Bloque 117 en el Perú1 y establecieron un convenio para la evaluación técnica con PLUSPETRO en seis bloques a lo largo del río Marañón.2 Incluso hubo la firma del memorando de entendimiento mencionado anteriormente. Sin embargo, Petrobrás cambió de prioridades, tanto por la crisis económica mundial, como por el descubrimiento del yacimiento PRESAL, un inmenso depósito de petróleo en aguas profun-das brasileñas.

En respuesta, PETROECUADOR centró sus esfuerzos en generar el interés de otras empresas. Se conso-lidó la posibilidad de una producción temprana, evi-tando que se maneje al ITT como un bloque aislado, y buscando “sinergias” que aprovechen la infraestruc-tura existente en el Bloque 15 de PETROAMAZONAS. Para poder mover el crudo pesado del Bloque ITT se encontró una fuente de crudo liviano en el campo

1 El Bloque 117 del Perú fue suscrito el 2006. Afecta la reserva natural Guepi y limita con la frontera ecuatoriana.

2 Las empresas PETROBRAS y PLUSPETRO suscribieron la participación cada una del 50% en 6 áreas, del área XXVI a la XXI, con 5.7 millones de hectáreas.

En un ejercicio que raya con la esquizofrenia, cada uno de los pasos dados en dirección a salvar el Yasuní, ha estado acompañado de otras señales de igual fuerza, en apoyo a la opción petrolera…

70 C O Y U N T U R A 71Yasuní: dejar el crudo en tierra es un reto a la coherencia

de dólares, es decir, 9 veces más de lo demandado por el Presidente Correa como compensación para no explotar el Yasuní.6

Aunque las posiciones contradictorias golpearon a la iniciativa ITT a escala internacional, se ha logrado posiciones favorables de varios parlamentos, par-ticularmente del Parlamento Alemán, y de varias organizaciones de la sociedad civil. Sobre todo hay parlamentarios de diferentes países que han expre-sado su entusiasmo a favor de proteger el Yasuní, y esperan que el gobierno del Ecuador determine los procedimientos para poder cristalizar su apoyo.

En este punto es bueno constatar que esta iniciativa tuvo eco en otras regiones petroleras del mundo. Hay varios países trabajando en propuestas similares, buscando ser compensados de alguna forma por no extraer el crudo y contribuir a evitar el calenta-miento global. La propuesta de Nigeria7 por ejemplo. Tan hondo ha calado esta iniciativa que George Mon-biot, conocido analista petrolero, escribió a propósito de la reunión de Cambio Climático de diciembre de 2007 lo siguiente:

“Señoras y señores, ¡tengo la respuesta! ¡Por increíble que parezca, me he topado por casua-lidad con la única tecnología que nos salvará del cambio climático desenfrenado! Sin patente, sin letra chica, sin cláusulas escondidas. Esta tec-nología –una nueva forma radical de capturar y almacenar carbono– ya está causando revuelo entre los científicos. Es barata, es eficiente, y se puede aplicar de inmediato. Se llama... dejar los combustibles fósiles en el subsuelo.”

6 El costo es el presentado por el perito de la Corte en 2008, como un estimado de lo que la Chevron debe pagar dentro de la demanda.

7 Se calcula que lo que se obtendría de las nuevas operaciones petroleras sería equivalente 156 dólares al año por ciudadano nigeriano, y que quienes no puedan pagarlo por estar debajo de la línea de extrema pobreza podrían ser ayudados por la cooperación internacional.

Repensar el concepto y la estrategia de la propuesta Yasuní

La propuesta Yasuní continuará vigente, tanto por que hay un decreto que así lo establece, como porque ya no es solo una iniciativa ecuatoriana. Sin embargo, es necesario resolver dos temas críticos. Uno, la falta de un concepto claro para cristalizar la propuesta. Y dos, la ausencia de una verdadera estrategia para la acción.

En relación con el primer punto, hay que retomar el camino de la conceptualización política por encima de la relación de mercado. Este es un tema central a la hora de hablar de la consistencia de la propuesta. Es necesario recargar de contenido la iniciativa, recu-perar las motivaciones iniciales, dotar de claridad a la propuesta.

El mercado del carbono es un mercado poco fiable y que probablemente terminará desapareciendo, como sucedió con la venta de parcelas en la Luna.8 Es imposible que el mercado de carbono pueda extender títulos de propiedad sobre situaciones no verificables, como son las cuotas de carbono y las funciones de la naturaleza. En este tipo de mer-cantilización se cometen abusos imperdonables, como son el tratar de extender derechos sobre los bosques o declararse arbitrariamente dueños de la atmósfera. El negocio depende de la cantidad de títulos que se colocan en el mercado. Allí también la especulación ha echado raíces. El mercado de crédi-tos de emisiones imposibles de verificar, está satu-rado. Este sistema de comercio se ha convertido en una burbuja similar a la que motiva la actual crisis económica mundial.

8 La llamada Embajada Lunar, de origen norteamericano, fue fundada en 1980 por Dennis Hope, y ofrecía al mercado acres de la Luna (0,405 hectá-rea) a 37 dólares (30 euros).

Pañacocha.3 Eso explicaría la decisión oficial de entrar –a cualquier costo– en Pañacocha a pesar del rechazo de la población.

En el Directorio de Petroecuador (20 de noviembre de 2008) el Presidente Correa acogió una propuesta técnica y señaló que se podría quitarle “una T” al proyecto ITT, para arrancar, al menos en una parte del campo con la explotación temprana de petróleo. La propuesta de no explotar el crudo quedaría así reducida a Ishpingo y Tambococha. De ese modo se crearon las condiciones para empezar la explotación petrolera en cualquier momento.

Pero la historia continua y a la aprobación de la nueva Ley Minera que consagra la continuidad del modelo extractivista correspondía una medida fuerte, bajo la lógica del gobierno, de “una de cal y otra de arena”. Esta medida llegó al prorrogarse de modo indefinido el plazo de la iniciativa ITT.

La propuesta vigente

A pesar de las señales oficiales contradictorias, de las sorpresas y las decepciones, la propuesta de mantener el crudo en el subsuelo del Yasuní tiene una fuerza gigantesca. Los qué, quién y porqué de esta causa han mantenido viva la opción de no sacar el petróleo del Yasuní, lo que se explica por varias razones:

1. Diversas voces que dieron y dan credibilidad a la propuesta, como la del propio ex ministro Alberto Acosta, quien tanto en su calidad de titular de esa cartera, como en la de Presidente de la Asamblea Constituyente de Montecristi, se mantuvo como un vocero calificado de la causa. Así también, la voz de varios funcionarios gubernamentales que se han empeñado en mantener vigente las expectativas a pesar de las señales contradicto-rias de la Presidencia.

3 Para sacar 44MBP del Tiputini que tiene 14.7 grados API requerían 35 MBD del Eden Yuturi, 19.8 API, 17 MBP de Pañacocha de 24 grados API de acuerdo con el Estudio de Visualización para el Desarrollo del Bloque ITT (ESPE y NCT, julio, 2008)

2. La nueva Constitución establece una serie de restricciones a la opción petrolera. Ya no es posi-ble hacer operaciones sin contar antes con una aceptación de la Asamblea Nacional (ex Con-greso) y eventualmente del conjunto de la socie-dad a través de una consulta popular (Artículo 407 de la Constitución). En la Carta Política queda explícitamente establecido que el afectar el terri-torio de los pueblos en aislamiento voluntario puede configurar el delito de genocidio. (Artículo 57). Estos pueblos cuentan ya con medidas cau-telares otorgadas el 10 de mayo de 2006, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

3. Gracias a la Campaña Amazonía por la Vida y con el lema El Yasuní depende de ti… la sociedad civil ha ido posicionado un sentido de pertenencia, de fascinación y de responsabilidad frente al Yasuní.

4. El impacto de la caída de los precios del petróleo provocada por la crisis financiera internacional. El valor presente neto de la renta esperada para el Estado ecuatoriano por la explotación del Campo ITT ha declinado de 11 mil millones de dólares (847 millones anuales)4 a 1290 millones de dóla-res (99 millones anuales), a consecuencia de un precio del barril de crudo WTI (mucho menos pesado que el del ITT) de 41 dólares.5

De otra parte, crece en el país un creciente cues-tionamiento al modelo extractivista y a lo que se denomina “desarrollismo senil”. Las pasadas movili-zaciones indígenas, más que una simple protesta en contra de la Ley de Minería, fueron expresiones en tal sentido. Los habitantes del Ecuador conocemos los daños provocados por las operaciones petroleras durante los últimos 35 años. Estos daños –llamados con el eufemismo de “pasivos ambientales”– des-montan el discurso de “la gran oportunidad”. Del juicio contra la Chevron - Texaco no solo tenemos las imágenes y testimonios de lo desastroso de esas operaciones petroleras, sino que hoy sabemos el alto costo de la reparación, calculada en 27 mil millones

4 En abril del 2007 se hablaba de una ganancia neta de 700 millones al año.

5 Las cifras corresponden al 22 de diciembre de 2008.

La iniciativa de salvar el Yasuní carece de futuro si no se dan pasos afirmativos dentro del país para ir superando el modelo extracti-vista que sigue vigente, y si la misma iniciativa no forma parte de una agresiva política exterior del gobierno ecuatoriano.

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73C O Y U N T U R A laTendencia 

Luis Augusto Panchi V. — Expostulante al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Profesor universitario. Consultor en temas de economía, política y responsabilidad social corporativa.

Luis Augusto Panchi V.

No cabe duda que uno de los grandes aportes que hace la Constitución que entró en vigencia el 20 de octubre de 2008 es la Participación Ciudadana, entendida no sólo como una instancia de democratización que se agota en un par de artículos, sino como un eje transversal en el que se inserta todo el texto constitucional.

Es deseable, pues, que la participación integre todos los procesos de debate y delibe-ración; de toma de decisiones, planificación de presupuestos y rendición de cuentas del sector público, no sólo de los gobiernos seccionales sino también del gobierno nacional.

La conformación del primer Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sin embargo, nos deja en este punto un sabor amargo. Cuando confiábamos que la trans-parencia, la independencia de los procesos, la probidad, la ética, los méritos y la ciuda-danía fueran los orientadores de tal proceso de selección, la mayoría de participantes y testigos de tal evento hemos salido con la impresión de que nuevamente se trasto-caron los principios por el oportunismo, el interés del poder de turno, el palanqueo, la politiquería y la desvergüenza.

Dar una nueva oportunidad a la participación ciudadana en el contexto de la ley de la materia, así como de la juridicidad que rija al Consejo, es un reto que legitimaría su acción, ya que no su origen.

A continuación, partiendo de un sencillo concepto de participación ciudadana, desa-rrollaré las instancias de su implementación y aportaré con ideas para la conforma-ción de las leyes y reglamento nombrados.

Por lo demás, este modelo resulta una farsa. Se renun-cia a la justicia. Se premia a quién más contamine. Y se permite que se siga contaminando. Se trata de un negocio sucio, pues en el mercado no rigen normas de solidaridad, ni de responsabilidad. Y es un mal negocio reconocido por muy diferentes sectores:

Wall Street Journal, en marzo de 2007, afirmó que •el comercio de emisiones “dejará ganancias a algunas empresas muy grandes, pero no crean ni por un minuto que esta charada será de alguna utilidad para resolver el calentamiento global”. El comercio de carbono es una “búsqueda de ganancias al viejo estilo... ganar dinero haciendo trampa al proceso de regulación”.

Newsweek, también en marzo de 2007, afirmó •que este mercado “no está funcionando... (y que representa) un camino groseramente ineficiente de reducción de las emisiones en el mundo en desarrollo”. Es un comercio comparable al frau-dulento “juego de las tapitas”, que ha transferido “3 mil millones de dólares a algunos de los peo-res contaminadores de carbono en el mundo en desarrollo”.

The Guardian, en junio de 2007, opinó: “la verdad •sobre Kyoto –ganancias enormes, y un poquito de carbono ahorrado… Abuso e incompetencia en la lucha contra el calentamiento global... La verdad inconveniente sobre la industria de las compensaciones de carbono”.

Cuando en la misma arena internacional se trabajaba por la superación del racismo, hubo hasta quienes apostaron a las medidas de mercado y destinaron fondos al pago por la libertad… desgraciadamente los rescates pagados se convirtieron en incentivos para los mercaderes para elevar la cotización de sus esclavos.

Al igual que la lucha a favor de la igualdad, la lucha a favor de la justicia climática ha empezado. Ya se habla con fuerza y cada vez con menos evasivas, del crimen que supone poner en riesgo la vida del planeta. En cuanto al cambio climático, también está incorporado un concepto de justicia. La justicia

climática implica enfrentar la desigual distribución de los impactos de los desastres del clima, así como de los beneficios económicos generados por el modelo que causa el cambio climático. Los países del Norte han acumulado riquezas económicas a costa de la naturaleza y del empobrecimiento de los pueblos del Sur, quienes son, a su vez, las víctimas del calenta-miento global.

La próxima Cumbre de Copenhague (diciembre de 2009) será un nuevo momento de negociaciones, en donde se puede lograr saltos cualitativos tras-cendentes, dependiendo de la fortalezca y claridad de las propuestas. Ya basta de parches. El mundo requiere soluciones radicales y estructurales. Para esto habrá que llegar con una propuesta consistente que permita dejar el crudo debajo del Yasuní y cami-nar hacia la justicia climática.

Si bien por un lado hay que discutir nuevamente el concepto básico de la propuesta, por otro lado y simultáneamente, hay que redefinir de modo urgente la estrategia de acción. Hay mucho espacio para desarrollar la propuesta de no explotar el crudo en el subsuelo del Yasuní. Se puede buscar su posi-cionamiento en las discusiones de Naciones Unidas. Se puede motivar a los diversos fondos de la coope-ración internacional. Se puede apelar incluso al sen-tido común y a la participación de la sociedad civil internacional. Esto implica mucha coherencia dentro y fuera del país. Y para lograrlo no se debe jugar arbi-trariamente con las dos opciones: el dejar el crudo en tierra y el explotarlo. Sería intolerable que des-pués de este manejo ambiguo por parte del gobierno ecuatoriano, se pretenda endilgar del fracaso a los potenciales donantes sean o no gubernamentales, y menos aún a los ecologistas…

La iniciativa de salvar el Yasuní carece de futuro si no se dan pasos afirmativos dentro del país para ir supe-rando el modelo extractivista que sigue vigente, y si la misma iniciativa no forma parte de una agresiva política exterior del gobierno ecuatoriano. Se requiere consistencia en la acción dentro y fuera del Ecuador, no solamente discursos presidenciales.

La efectiva implementación de la

participación ciudadana

74 C O Y U N T U R A 75La efectiva implementación de la participación ciudadana

La participación: deliberación y empoderamiento

A mi modo de ver, dos cuestiones fundamentales integran la discusión sobre participación ciudadana: la deliberación pública y el empoderamiento.

La deliberación pública se entiende como el amplio debate, accesible a todos, sobre los asuntos que son de interés público; o sea, los asuntos que nos com-peten a todos porque de algún modo nos tocan a todos: ya como interesados, ya como afectados. Este es un primer asunto no tan obvio como parece.

En una sociedad del conocimiento especializado, la tendencia es a dejar que los asuntos sean resueltos por los expertos… y siempre hay expertos para todo, incluso “todólogos”. En este ambiente, un profano o ajeno al conocimiento de los expertos es mal visto. Los asuntos técnicos tienen que ser dejados a los tecnócratas, a los políticos, a los politiqueros; los pro-blemas socioeconómicos a los “cientistas” y así por lo demás. ¿Qué lugar tiene, entonces, el ciudadano? ¿Dónde podrá expresarse el ciudadano? ¿Cuál es el lugar de la deliberación pública?

La respuesta evidentemente es la participación ciu-dadana. Ésta concentra en sí el derecho a deliberar, no por ser experto sino por el simple hecho de ser ciudadano; por la simple circunstancia de formar parte de lo público y de ser afectado por las decisio-nes que se toman “en beneficio de todos”. Claro que deliberar es el arte de dar y recibir razones, porque el arte de dar y recibir sinrazones, injusticias, bofetones y violencias se llama guerra.

El arte de deliberar se realiza en condiciones de res-peto y acogida a la voz del otro; de consideración y ponderación en lo que se dice, dentro de un inter-cambio inteligente y divertido de razonamientos, proyectos y experticias para construir la ventaja recíproca de los participantes. En suma, se delibera dentro de un marco ético adecuado, como lo manda el artículo 95 de la Constitución: “La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad”.

Rafael González Ballar define la participación como “un proceso gradual mediante el cual se integra al ciudadano en forma individual o participando en forma colectiva, en la toma de decisiones, la fisca-lización, control y ejecución de las acciones en los asuntos públicos y privados, que lo afectan en lo político, económico, social y ambiental para permi-tirle su pleno desarrollo como ser humano y el de la comunidad en que se desenvuelve”.

Importante destacar que la participación no es sólo del ciudadano individual, sino también del colectivo en forma organizada. La participación se orienta a conseguir mejores condiciones de vida individual y colectiva; busca influir sobre quienes tienen poder de decisión y han sido elegidos como mandatarios de un colectivo para su beneficio general y no par-ticular. Es importante destacar que la participación implica diálogo en pluralismo y diversidad y que los temas que ameritan participación son señalados por los mismos ciudadanos y no por una “autoridad competente”. Estos lineamientos deberían tenerse en cuenta a la hora de hacer una ley de participación ciudadana.

La otra cuestión fundamental de la participación ciu-dadana es el empoderamiento de los procesos de toma de decisión y de los espacios de rendición de cuentas. Este empoderamiento amerita algunas con-diciones como accesibilidad, oportunidad y transpa-rencia en la información, reconocimiento legal de veedurías, observatorios, colectivos y otras formas asociativas para la participación, financiamiento adecuado, cuidado y protección de los involucrados, apertura a denuncias y procesos de investigación y educación ciudadana permanente.

El rol del Estado dentro de la perspectiva de demo-cracia participativa, no puede reducirse al clásico rol de autoridad determinante sino que tiene que abrirse al de motivador de propuestas, canalizador de procesos sociales y facilitador de recursos. Un Estado capaz de asumir el empoderamiento de sus ciudadanos.

El empoderamiento ciudadano no debe concen-trarse sólo en la proyección de políticas públicas y

rendición de cuentas; debe también extenderse, de acuerdo a la capacidad organizativa y efectiva de los ciudadanos, a la gestión de su espacio territorial, a la determinación del origen y finalidad de sus pre-supuestos y a su articulación institucional con el Estado nacional.

El Estado participativo reconoce una participación diferenciada por sectores poblacionales, culturas, etnias, género, edad, discapacidad, distribución geográfica y grado de afectación de las decisiones públicas. La diversidad étnica, biológica, geográfica y cultural del país debe reflejarse también en una participación diferenciada, de modo que dé lugar al mayor número de participantes en el mayor número de cuestiones públicas; éste es el ideal de la demo-cracia participativa.

Instancias de participación y control social

Según el artículo 204 de la Constitución, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, junto con la Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo y Superintendencias, conforman la Función de Transparencia y Control Social, o el denominado “quinto poder”.

En una democracia, lo propio del poder es su repre-sentatividad. Los miembros de la Función de Trans-parencia y Control Social, que en sí es un poder, deben representar a los ciudadanos. Por ello es deseable que los candidatos que se postulen a esta función no se presenten por sí mismos para una representación; sino que sean postulados por orga-nizaciones ciudadanas formales e informales repre-sentativas, sin perjuicio de los respectivos concursos de oposición y méritos.

Las autoridades de la Función de Transparencia y Control Social a ser designadas, directamente por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social o indirectamente a través de comisiones ciudadanas de selección, son: Procurador General del Estado y Superintendentes, de sendas ternas propuestas por el Presidente de la República, Defensoría del Pue-blo, Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado

y Contraloría General del Estado; y, los miembros de: Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo de la Judicatura.

La selección de los miembros de esta Función debe contar, como lo manda la constitución, con veeduría e impugnación. Las veedurías no pueden, ni deben, ser coartadas por conflictos de intereses; pues la acción de veeduría es, en su más puro sentido, atender al derecho ciudadano a información y par-ticipación dentro de los procesos, sin tornarles “quí-micamente neutros”; es decir, sin negarles derecho a exponer sus simpatías o antipatías, pues para eso está una veeduría. Tal neutralidad si es necesaria en el comité seleccionador para, así, atender sólo a los méritos y normas del concurso, no a sus simpa-tías o allegados, lo que no ocurrió en la selección del primer Consejo de Participación Ciudadana; es deseable que tal neutralidad sea un dstintivo del proceso de elección del Consejo definitivo, de modo que el Consejo llamado a legitimar la participación y la lucha contra la corrupción, nazca legitimado por los mismos valores que va a defender: mientras más veeduría pluralista tenga un proceso de selección, mejor será para la legitimación y probidad de las autoridades electas. Esperamos que en la selección del nuevo Consejo, que lo realizará el Consejo Nacio-nal Electoral y ya no una Comisión Legislativa, por esencia política, la neutralidad, ese valor propuesto por la Comisión Nolan en 1995 como un valor que debería estar presente en toda función y funcionario públicos, sea realmente respetado.

Las impugnaciones deberían ser resueltas por ins-tancias independientes del comité o comisión selec-cionadora. Si la selección va a estar a cargo del Con-sejo Nacional Electoral, las impugnaciones deberían ser resueltas por el Tribunal Contencioso Electoral, así se aseguraría independencia entre las instancias de resolución de impugnaciones y de elección de autoridades. Sobra decir, pero queda la duda de que en este proceso pasado se haya hecho, que se seguirá el debido proceso y se protegerán los derechos de los involucrados.

Otro aspecto a tenerse en cuenta para la confor-mación del Consejo de Participación Ciudadana y

76 C O Y U N T U R A 77La efectiva implementación de la participación ciudadana

informales de participación ciudadana, que deben ser promovidas en los procesos de formación.

La participación que promueve el Consejo no es toda la participación ni representa a todos los participan-tes. El Consejo no es más que una herramienta para extender y garantizar cada vez más participación en más asuntos públicos, debería entenderse como un facilitador de la participación ciudadana. La partici-pación sin embargo la hacen, conforman y extienden los mismos ciudadanos, quienes se movilizan a favor de sus intereses comunitarios, a favor de mejorar las condiciones de vida de sus comunidades y para ello escogen los asuntos, espacios y actores más pertinentes.

Evitar el peligro de instrumentalización de la par-ticipación ciudadana debería ser una finalidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Para ello deberán implementarse controles internos y externos, como una oficina o dirección de asun-tos éticos que asegure transparencia, objetividad, neutralidad, representación en los procesos y sea un lugar de recepción de reclamos, denuncias, suge-rencias y observaciones de veedurías. Sería un espa-cio de legitimidad pública del Consejo, incluso desde aquí se podría proponer programas de formación ética para todos los servidores públicos.

Participación ciudadana en interdependencia con el Estado

En el Ecuador actual las alternativas para la supera-ción del neoliberalismo pasan por líneas ideológicas de izquierda, que promueven el aparecimiento de nuevos grupos políticos, al menos formalmente aun-que sus actores, en muchos casos, sean los mismos del pasado. La participación muestra dos orígenes muy claros: a) las organizaciones sociales corpora-tivizadas en personas jurídicas y b) los ciudadanos individuales por sus propios derechos.

Las demandas de transparencia, anticorrupción, participación del poder, rendición de cuentas y

autonomía no son banderas de grupos claramente identificables sino ideales compartidos de ciudada-nía. La diversidad étnica, cultural, social y lentamente también la ideológica, distinguen las formas de parti-cipación y sus finalidades plurales.

La participación ciudadana en el Ecuador seguirá por un lado su rumbo institucional delimitado en la Cons-titución y por otro desarrollará iniciativas que supe-ren dicho marco institucional ya sea por su número o sus intereses, que no necesariamente deben coin-cidir con los del gobierno local o nacional de turno. Los intereses ciudadanos de indígenas amazónicos, indígenas de la sierra, campesinos de la costa, cam-pesinos de la sierra, mestizos de la sierra, mestizos de la costa, pobladores del oriente, habitantes urba-nos, pobladores urbano-marginales, habitantes rura-les y sectores de cultura popular, no necesariamente coinciden, deben sin embargo encontrar cabida en los planes de desarrollo del gobierno en la medida que sean directamente afectados por los mismos.

La participación ciudadana debe trascender el ámbito de autolegitimación de cualquier gobierno para convertirse en una auténtica instancia de parti-cipación y control social. La tensión entre institucio-nalización y espontaneidad de la participación ciuda-dana determina la interdependencia entre ciudada-nos y Estado. La justificación de un gobierno a través de seudomecanismos de participación significaría en realidad la dependencia de los ciudadanos de estructuras institucionales delimitadas por el poder. Una participación ciudadana supeditada a un sinnú-mero de intereses locales o gremiales, significaría la relativización del Estado y su dependencia de los grupos que se alinean con el poder. La interdepen-dencia se muestra como una sana dependencia mutua de legitimación para el Estado y de considera-ción de los intereses de la ciudadanía. Una ética pública al interior de los organismos estatales, ética pública como proceso de formación de los servido-res públicos, incluidos mandatarios, funcionarios y autoridades, lo mismo que como elemento de una gestión transparente, con procesos claros y delimita-dos, es la garantía de una acción estatal legítima.

Control Social definitivo se relaciona con el artículo 97 de la Constitución que “… reconoce al volunta-riado de acción social y desarrollo como una forma de participación social”.

Tal y como hemos definido aquí la participación ciu-dadana, se trata de una acción voluntaria que, sin coerción ni rédito o salario, tiende al beneficio colec-tivo. No se pueden considerar como participación ciudadana trabajos remunerados o negocios, en los que alguien tenga un beneficio pecuniario por inte-ractuar con una comunidad determinada. Acciones libres y voluntarias que trascienden el beneficio particular son las que delimitan el ámbito propio de la participación ciudadana. Así, por ejemplo, en Alemania se reconoce oficialmente el servicio civil voluntario en acciones que van desde la limpieza de las cabinas telefónicas públicas hasta el servicio de voluntarios viales que ayudan a cruzar a los niños las calles rumbo a sus escuelas. Un Consejo de Partici-pación Ciudadana y Control Social debería estar ocu-pado por personas que voluntariamente entregan su tiempo y dedicación para ocuparse de los asuntos públicos y no por quienes hacen acción social remu-nerada o peor políticos profesionales. Este punto será un buen criterio de selección para escoger per-sonas auténticamente interesadas por el desarro-llo del país y de sus comunidades; será un criterio para distinguirlos de aquellos que buscan un puesto público que les asegure una buena remuneración o figuración política. Quien quiere hacer participación ciudadana busca, más allá del tiempo dedicado a sus labores de subsistencia, tiempo para dedicar a la construcción de un proyecto común compartido. Hoy más que nunca la responsabilidad social, incluso en las empresas, va más allá de la paga por hacerlo; se orienta al compromiso comunitario, a la satisfac-ción del compartir y del deber cumplido. Ahí un crite-rio importante para seleccionar gente idónea.

El artículo 100, numeral 5 de la Constitución habla de “…promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación”. Esta formación deberá considerar el nivel formal e informal de educación. En el nivel formal, existen ya propuestas de retomar la formación cívica en el nivel de educación secun-daria, materia que puede recoger los contenidos de la participación ciudadana. Estos contenidos abarca-rán desde un conocimiento elemental de la realidad nacional hasta una lectura atenta de la Constitución y el comentario de los derechos y deberes en ella contenidos. Conocer el texto fundamental que rige la vida de los ecuatorianos debería ser una primera y urgente tarea dentro de la formación ciudadana. De aquí se dará paso a la formación en el resto de elementos que conforman la participación ciuda-dana (art. 208): la deliberación pública, los valores, la transparencia, la lucha contra la corrupción, la rendición de cuentas, las denuncias sobre actos que afecten a la participación o generen corrupción. Retomar la educación cívica, la educación del ciu-dadano es una tarea urgente para el desarrollo de la República; es una tarea de la que no podemos desentendernos.

En el Ecuador se ha elevado la participación ciuda-dana a una instancia institucional con autoridad, autonomía y presupuesto. Sin embargo cabe adver-tir que la participación ciudadana no se agota en la instancia institucional formal reconocida por la ley y el Estado, sino que se extiende más allá, hacia las instancias informales. El voluntariado, el trabajo comunitario, la buena conciencia en el pago de los impuestos, el cuidado de los parques, jardines, calles e infraestructura pública que cualquier ciudadano lo hace sin coacción, la participación en marchas de protesta o respaldo, la movilización social o gremial, la organización deportiva barrial o local, la gestión en beneficio de la propia comunidad son instancias

La participación ciudadana debe trascender el ámbito de autolegitimación de cualquier gobierno para convertirse en una auténtica instancia de participación y control social.

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Santiago Pérez— Antropólogo y consultor político. Aplica las herramientas de la mercadotecnia política adaptándolas a la cultura ecuatoriana. Considera a los estudios de opinión

instrumentos de apoyo a las luchas sociales en procesos de cambio.

El primero que propuso públicamente la realización de elecciones primarias en PAIS fue Alberto Acosta, al día siguiente del Referéndum que aprobó la nueva constitución. La idea era marcar un camino sin retorno para las organizaciones políticas identificadas como principales responsables de la crisis y del atraso que vivimos. Que había llegado el momento para su transformación en agentes efectivos del proceso de cambio.

Durante las semanas siguientes se desató un intenso debate interno, sobre las alterna-tivas para definir el proceso de selección de candidaturas de este movimiento político. Se pudieron diferenciar al menos tres posiciones. Una promovía primarias “cerradas” para los militantes, pero tenía la limitación que PAIS no es un partido orgánico, sino un conjunto de agrupaciones y personas, con una gran diversidad regional, provincial y local, que no ha logrado establecer un mecanismo único de registro de afiliados. Otra posición proponía la realización de encuestas nacionales y locales para determinar la viabilidad electoral de las precandidaturas, que debían ser designadas directamente por la instancia directiva nacional. Finalmente, la posición que se impuso fue la de primarias abiertas; es decir, permitir que cualquier persona registrada en el padrón electoral pueda escoger voluntariamente a los candidatos a Presidente, Asambleístas, Alcaldes, Prefectos y Concejales.

Santiago Pérez

Balancede las primarias de PAIS

Balance de las primarias de PAIS

Se elaboró un reglamento y se fijó el 25 de enero como día único para la realización de las elecciones primarias. En el trascurso de este artículo analizare-mos el impacto de algunas decisiones, así como las opiniones y percepciones que generó este proceso en la opinión pública.

Lejos de los detalles operativos, la población tenía una lectura muy favorable de las primarias de PAIS. Más de la mitad de los encuestados afirmaba que quería acudir, aunque la información era escasa, y a veces se confundía este evento con el de las elec-ciones generales de abril. El porcentaje de electores que considera a PAIS su movimiento político prefe-rido ha sido superior al 30% durante el último año, y gracias a la expectativa creada, este apoyo se man-tenía en alza.

En enero se inició la campaña. Algunos precandida-tos desbordaron el sentido común. Creían que era LA elección. A sus posibles contrincantes, supues-tamente sus compañeros de partido, los trataban como enemigos a aniquilar por todos los medios, y dedicaron recursos y energía sin moderación. Esto anticipaba en parte los problemas y sucesos que se vieron después.

El domingo 25 de enero, más por curiosidad, fui a mi recinto de votación, el Colegio Juan Montalvo de la parroquia Santa Prisca en Quito, a las 8h00. Está-bamos cuatro personas de la Comisión electoral del movimiento, un grupo de policías, los conserjes del colegio y yo. Los materiales llegaron media hora después. Era evidente que las delegadas no tenían ni experiencia ni la suficiente

capacitación para el manejo de la Junta. En pocos minutos se hizo una cola de gente, ellas luchaban por encontrar los nombres en los padrones, entregar las papeletas y

entregar la credencial de voto. Durante la mañana, se hizo evidente que había problemas en muchos luga-res, como resultado de una defectuosa impresión de las papeletas, con errores de nombres, omisión de fotos y más.

Durante ese día, se realizó un Exit Poll, que tenía por objetivos medir el grado de participación y la inten-ción de voto en dos plazas: Pichincha y Azuay. Al cierre de la jornada, se estimó que en estas dos pro-vincias la participación había bordeado el 6% o 7% del padrón electoral y que el binomio presidencial había obtenido más del 85% de los sufragios. Tam-bién declaraba como posibles ganadores a la Prefec-tura a Gustavo Baroja en Pichincha y Paúl Carrasco en Azuay; y, para las alcaldías, a Augusto Barrera en Quito y Paúl Granda en Cuenca. Finalmente, el escrutinio final entregado por el Tribunal electoral del movimiento PAIS, habla de una participación bas-tante menor.

Debido principalmente a la interrupción de la elec-ción en varias provincias y cantones, el total de votantes es aproximadamente 200.000 personas. De acuerdo con una encuesta realizada el 31 de enero, más del 30% de electores hubieran querido parti-cipar en las primarias, pero no lo hicieron, por una combinación de los fallos en la organización, falta de información u otros. Es así que el balance es mixto: la participación no fue alta, pero también vale decir que, a pesar de todas las dificultades, miles de ecua-torianos asistieron a un hecho inédito en la vida polí-tica del Ecuador.

A continuación reproduzco los resultados de algunas preguntas que se hicieron en una encuesta nacional (1500 personas entrevistadas en zonas urbanas y rurales de todas las provincias de la Costa y de la Sierra):

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Paulina Recalde Velasco— Estudios de Sociología y Ciencias Políticas en la Facultad de Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica de Quito. Gerente General de Datanalisis. Directora de Perfiles de Opinión.

Paulina Recalde Velasco

Elecciones 2009: el nuevo horizonte del gobierno de Rafael Correa

El proceso electoral en marcha es catalogado como uno de los más complejos que haya vivido el Ecuador en los últimos tiempos. En esta oportunidad se elegirá Presi-dente y Vicepresidente de la República, representantes al Parlamento Andino, miem-bros de la Asamblea Nacional por las circunscripciones provinciales, nacional y espe-cial del exterior, Prefectos y Viceprefectos provinciales, Alcaldes municipales, Conce-jales cantonales y Vocales de Juntas Parroquiales Rurales. Según el padrón electoral actualizado, un total de 10 millones 532 mil ciudadanos y ciudadanas están habilitados en esta oportunidad para sufragar, con la inédita inclusión de militares (55.067), poli-cías (39.501), extranjeros residentes en el país (88.657), y jóvenes entre 16 y 18 años (597.541). Aún cuando el voto de estos ciudadanos será facultativo (no obligatorio), significa un importante avance en el campo de los derechos de participación política.

Además de la complejidad del proceso en términos logísticos –razón por la que el Consejo Nacional Electoral (CNE) estará atento en la mira– las elecciones de abril de 2009 serán el evento en que distintos actores salgan a la luz con sus fortalezas, debi-lidades y potencialidades.

Este proceso también marcará el inicio de una nueva etapa para el Ejecutivo, su inte-rrelación con el Legislativo y las administraciones locales, fenómeno coincidente ade-más con una situación fiscal compleja y la progresiva puesta en vigencia del nuevo andamiaje jurídico e institucional del Ecuador.

El binomio Correa - Moreno

El presidente Rafael Correa llega a este evento electoral aspirando a la reelección, con un amplio nivel de aprobación de su gestión (70%) y un alto porcentaje de credibilidad (57%)1. En sus dos años de gobierno no se registra descensos importantes en estos dos perfiles, más bien se comprueban momentos de crecimiento asociados siempre

1 Perfiles de Opinión, Quito, 15 de enero de 2009, inédito.

¿CÓMO CALIFICA LA ORGANIZACIÓN DE LAS ELECCIONES PRIMARIAS DE CANDIDATOS DEL MOVIMIENTO PAÍS?

Nsc. Muy mala

Mala Buena Muy buena

Nación 2.7 18.9 49.5 27.0 1.9

Costa 1.9 23.9 48.1 23.7 2.5

Sierra 3.6 13.3 51.2 30.7 1.2

¿ESTÁ BIEN O ESTÁ MAL QUE SE HAYA SANCIONADO A LOS CANDIDATOS QUE PROTESTARON EN LAS PRIMARIAS DEL MOVIMIENTO PAÍS?

Nsc. Está bien Está mal Indiferente

Total 10.0 59.6 18.8 11.6

Costa 11.5 58.2 17.3 13.0

Sierra 8.2 61.2 20.5 10.1

¿EL PROCESO DE ELECCIONES PRIMARIAS DEL MOVIMIENTO PAÍS MUESTRA QUE ES DIFERENTE O IGUAL A LOS OTROS PARTIDOS POLÍTICOS?

Nsc. Es diferente Es igual

Total 13.4 47.6 39.0

Costa 14.1 45.1 40.8

Sierra 12.5 50.5 37.0

Desde el punto de vista de un observador externo, buscando un análisis objetivo de los hechos, consi-dero que los resultados de las primarias de PAIS y las lecturas que ocasionó en la opinión pública llevan a las siguientes conclusiones:

La población ecuatoriana se siente alejada del •sistema político y sus agentes, candidatos y par-tidos. Salvo grupos específicos, más vinculados a las luchas de los movimientos sociales de los ochentas y los noventas, el ecuatoriano común

y corriente pasa de largo frente a este tipo de eventos que suscitan entusiasmo solo entre quienes son propensos a la movilización y la organización.

El Ecuador es un país complejo y diverso, y eso no •debe escapar a cualquiera que pretenda lanzar una operación de alcance nacional como esta. Se requiere una enorme capacidad operativa para calificar candidaturas, preparar padrones, pape-letas, urnas, realizar el escrutinio de los votos y, sobre todo, informar y educar a la población. Se necesitaba más tiempo, más recursos, mejor organización y, sobre todo, una cabal compren-sión de la desintegración territorial y la diversidad social y cultural.

También faltó una adecuada preparación frente •al comprensible zafarrancho que iban a armar los perdedores y que también era obvio que los medios de comunicación se revolcarían con el escándalo. Algunos dicen que emergió de PAIS lo peor de sus entrañas. Pero me parece que, otra vez, son los mismos medios de comunicación los que quedan en evidencia al aprovecharse para montar un reality show lamentable, que refleja la falta de contenido en el tratamiento de las noticias.

Le queda al movimiento PAIS y al resto de organiza-ciones políticas sacar las lecciones positivas y propo-sitivas de las primeras elecciones primarias para defi-nir candidaturas. Queda claro que, de ahora en ade-lante, no se podrán dejar en manos de las cúpulas las definiciones de las candidaturas; que la precampaña sirvió para potenciar a candidatos que antes eran poco conocidos; y, finalmente, que de cara a todo el Ecuador, esta agrupación pudo limpiar la casa y librarse de elementos viciados tres meses antes de las elecciones generales. Eso ya es bastante.

Queda claro que, de ahora en adelante, no se podrán dejar en manos de las cúpulas las definiciones de las candidaturas; que la precampaña sirvió para potenciar a candidatos que antes eran poco conocidos; y, finalmente, que de cara a todo el Ecuador, esta agrupación pudo limpiar la casa y librarse de elementos viciados tres meses antes de las elecciones generales. Eso ya es bastante.

82 C O Y U N T U R A 83Elecciones 2009: el nuevo horizonte del gobierno de Rafael Correa

En este escenario, la propuesta de cambio sigue siendo verosímil para la población. Adicionalmente, por ahora se mira la consecución del cambio como un hecho inacabado y en esta medida aparece cohe-rente el reelegir a Rafael Correa.

La figura del Vicepresidente Lenin Moreno, contrario a lo que ocurre con el resto de funcionarios del Eje-cutivo, ha logrado trascender relativamente a la de Rafael Correa, habiendo generado una imagen posi-tiva y aprobación de su gestión. El binomio Correa – Moreno cuenta con esa fortaleza adicional.

El Movimiento PAIS

Aunque resulte difícil separar al gobierno de Rafael Correa del Movimiento Patria Altiva Y Soberana, Movimiento PAIS, definitivamente esta organización política vive su propia lógica y perspectivas electo-rales. No es suficiente trasladar mecánicamente el previsivo éxito del binomio Correa - Moreno al resto de candidaturas del ente oficialista. El reto para éste no debería ser el terminar con el triunfo en las urnas. Amén de la exitosa gestión demostrada hasta el momento a la hora de convocar y movilizar adhesio-nes, más allá de lo que ha logrado organización polí-tica alguna a escala nacional, el Movimiento PAIS no ha podido gestar lealtades con coherencia política e ideológica. Así, los tiempos complejos de gestión que se avecinan le podrían “pasar factura”.

El proceso de selección de candidatos a las próxi-mas elecciones y más aún las elecciones primarias (enero 2009) dejaron ver no solo cuan heterogénea es la composición del movimiento, sino sobre todo la ausencia de organicidad y de cuadros políticos genuinos para encarar el proceso electoral y lide-rar la gestión en los distintos poderes en el próximo período de gobierno.

Con el ánimo de cumplir con el artículo 108 de la nueva Constitución de la República, el Movimiento PAIS convocó a un proceso interno de elecciones primarias, excepto en casos puntuales en los que, sin discusión alguna, se consideró que era suficiente con la nominación por parte del buró político: la can-didatura a la Presidencia de la República y a la Alcal-día de Guayaquil, por ejemplo.

El reglamento de las elecciones primarias del Movi-miento PAIS reveló que hay dos principios en cons-tante pugna en la lógica de esta organización: para ser precandidato o precandidata se establecieron como condiciones indispensables “el que se comparta los principios político-ideológico del movimiento, se res-palde la Constitución y al gobierno de la Revolución Ciudadana, y se haya mantenido una actitud ética y moral compatible con los principios que la inspiran”; pero también que haya “la posibilidad de éxito elec-toral, medido por el criterio político de los organis-mos de dirección del Movimiento PAIS, apoyado por encuestas; o que se cuente con suficiente respaldo para revertir un inicial desconocimiento de esa can-didatura por parte del electorado”6.

En el camino hacia las elecciones primarias, la forma bajo sospecha de seleccionar los precandidatos, la ineficiente organización logística del evento, la ausencia de normativas –además de lo vulnera-ble que demostraron ser las normas que se ensa-yaron en esa ocasión– y por último, la fragilidad de las alianzas electorales logradas para el efecto se sumaron unas a otras para revelar fraccionamientos, disputas y una serie de arbitrariedades que suman

6 Reglamento de elecciones primarias para la selección de candidaturas del Movimiento Patria Altiva Y Soberana -PAIS, Listas 35, Versión 05.12.08, Art.34

a los procesos electorales vividos durante sus dos años de gobierno. Sin duda, las elecciones se han convertido en una suerte de horizontes medios que revitalizan la relación del Presidente con sus adhe-rentes, que renuevan las expectativas hacia su ges-tión y especialmente hacia “el proyecto”. Los abul-tados triunfos obtenidos en ese lapso se convierten fácilmente en el argumento más visible para denotar el apoyo con el que cuenta el Presidente Correa y para marcar distancia con movimientos, figuras y organizaciones políticas a los que el gobierno y Alianza País desafían constantemente a demostrar el apoyo electoral del que gozan a fin de legitimar sus cuestionamientos.

Rafael Correa sigue arremetiendo en la escena polí-tica ecuatoriana con un carisma inédito. Su condi-ción de Presidente itinerante ha construido la imagen de un mandatario omnipresente, cercano a la gente, en trabajo constante y que, además, rinde cuentas tanto de los más sencillos actos de gobierno, cuanto de los más protocolarios eventos. El discurso y accionar del gobierno llegan directo a la población a través del portavoz ideal –él mismo– sin interme-diarios en esa relación. El lenguaje cotidiano de la población se impregna de los términos y calificativos utilizados cada semana por el mandatario para cues-tionarlos o adoptarlos. Sus tomas de posición son la pauta para la construcción de la agenda de relación con los otros actores políticos del país: cámaras de la producción, gremios, medios de comunicación, organizaciones sociales y figuras de la oposición.2 De este modo, el gobierno está permanentemente un paso adelante en el juego político.

La percepción de cumplimiento de las promesas es una de las fortalezas del actual gobierno, que alcanza especial reconocimiento en las áreas sensibles de la salud, educación y vivienda. A la consulta de ¿Cuánto cree usted que ha hecho el gobierno para solucionar el problema de…? las respuestas fueron:3

2 Pablo Ospina, Ecuador: al ritmo de la iniciativa política del gobierno de la revolución ciudadana, análisis de coyuntura, Comité Ecuménico de Proyec-tos, CEP, Quito, agosto, 2008

3 Perfiles de Opinión, op.cit., 536 entrevistados en Quito y Guayaquil.

Los bonos de desarrollo humano y de vivienda alcan-zan significativa recordación cuando se interroga a la población sobre los principales aciertos de este gobierno y han significado un esfuerzo importante en términos de la cobertura lograda4. El incremento en gasto social no solo que ha sido eficientemente comunicado, sino que se ha sentido en las capas bajas de la población.

Por el contrario, no se percibe mayores logros en empleo, control del alza de precios y seguridad ciu-dadana, temas sumamente sensibles para la pobla-ción en general. Sin embargo, alrededor de este tema no se desprenden cuestionamientos importantes al gobierno.

Actos como la renegociación de contratos con la operadora de telefonía celular PORTA, con algu-nas empresas petroleras, e incluso los impasses del Estado ecuatoriano con la empresa brasileña Odebrecht5 han sido recibidos por la población como señales de ejercicio de la soberanía y de firmeza de las decisiones del Ejecutivo.

4 “El porcentaje de individuos beneficiados por el bono de desarrollo hu-mano aumentó un 3.6% entre 2006 y 2007, cubriendo al 63.8% de la pobla-ción más pobre (quintil 1) y el 48.6% de la población en el siguiente estrato de ingresos (quintil 2)” En: Análisis de coyuntura económica. Una lectura de los principales componentes de la economía ecuatoriana durante el año 2008. FLACSO-ILDIS-FES. Febrero, 2008

5 El Estado con la aplicación mediante un decreto de emergencia (sep-tiembre de 2008) embargó los bienes de la empresa y ordenó arraigo para algunos de sus ejecutivos. Las diferencias surgieron en junio de 2008 cuando la central hidroeléctrica San Francisco colapsó. La central había sido cons-truida por un consorcio en que participó Odebrecht.

Total Mucho Algo Poco Nada

La delincuencia 14,5% 39,8% 25,3% 20,4%

El desempleo 8,5% 35,2% 29,3% 27,1%

La vivienda 30,7% 39,2% 22,5% 7,6%

La salud 37,4% 38,4% 17,2% 6,6%

La educación 45,2% 36,0% 13,7% 5,1%

El alza de precios 14,3% 26,9% 26,2% 32,2%

La corrupción 22,8% 25,7% 22,2% 29,3%

84 C O Y U N T U R A 85Elecciones 2009: el nuevo horizonte del gobierno de Rafael Correa

La elección de Rafael Correa en el 2006, la aproba-ción en plebiscito de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes (2007), y el respaldo popular en referéndum a la nueva Cons-titución (2008), fueron eventos políticos nutridos de participación. De otra parte, los constantes pro-nunciamientos del Presidente Correa retando a los movimientos sociales de izquierda a demostrar que tienen más del 2% de votación; y algunas acciones concretas del oficialismo, como la aprobación de la Ley Minera, la deslegitimación y represión a movili-zaciones populares, los pronunciamientos contradic-torios sobre la explotación del campo petrolero ITT, entre otras acciones, han determinado un distancia-miento por el momento insalvable, entre las figuras y colectivos de izquierda, y el gobierno.

Con el ánimo de canalizar este distanciamiento y no necesariamente en estricta representación de los movimientos sociales, los binomios Martha Roldós – Eduardo Delgado y Diego Delgado - Méntor Sánchez se lanzan a la escena electoral actual presuponiendo que la población aspira tener una administración genuina de izquierda, y se presentan con ímpetu a develar la gestión de un gobierno que consideran está bajo sospecha.

El gobierno de Rafael Correa fija claramente la pauta y el ritmo; es el centro de atención de otras figuras y organizaciones políticas que, al no haber logrado descifrar y trascender las razones y asideros de su prolongada vitalidad se vuelven previsibles y poco novedosos.

Conclusiones

El escenario actual, a menos que el gobierno se vea directa y evidente-mente vinculado con episodios de corrupción, es totalmente favorable para la reelección del binomio Correa

- Moreno y para el triunfo de muchos de los candida-tos de Movimiento PAIS y Alianza País. Estos tendrán que convivir con otras viejas y nuevas organizaciones políticas que triunfen en las elecciones próximas.

El siguiente período de gestión en medio de una pro-funda crisis económica internacional se vivirá en un escenario donde las demandas de la población serán fundamentalmente de orden económico. El recorte del gasto social podría prontamente despertar movi-lizaciones sociales en las que la vocación democrá-tica del gobierno se ponga a prueba.

Para el ejercicio del poder las organizaciones políti-cas que triunfen en las elecciones de abril próximo tendrán que trascender el horizonte medio de los procesos electorales y establecer metas de creación de estructuras organizativas fuertes, consecuentes con formas reales de participación ciudadana. Debe-rán ser –sobre todo– innovadoras para escuchar y potenciar las nuevas formas de acercamiento a la política que podrían estar gestándose entre la pobla-ción ecuatoriana.

Solo bases sociales sólidas permitirán a las fuerzas políticas trascender de la meta del mero ejercicio del poder que sufre frecuentemente la tentación de vin-cularse con lógicas de interés personal por sobre los intereses de carácter colectivo.

Para una gestión consecuente en las distintas ins-tancias de poder se deberá formar cuadros capaces de ser coherentes y leales a principios ideológicos más que a las figuras de turno que por su matiz per-sonalista son agotables y vulnerables.

El reto de las fuerzas políticas del país es mucho más complejo y tiene una mirada mucho más distante que el próximo proceso electoral.

Aun no se ve un “acuse de recibo” de las protestas ciudadanas vividas en los últimos años.

un capítulo más de los desencuentros relativizados e irresueltos que viene arrastrando Movimiento PAIS durante el ejercicio del poder.

La posibilidad de dotar al movimiento de fuerza pro-pia para dejar de ser el apéndice de un gobierno con altas cifras de aceptación parece empezar –una vez más– a diluirse. El ejercicio de construcción de bases colectivas alrededor de la organización y sobre todo de gestación de nuevas y novedosas formas de acercamiento entre el ciudadano y el poder, sigue pendiente.

La mirada ciudadana en el próximo período de ges-tión gubernamental se disparará hacia las otras ins-tancias del poder (gobiernos locales, función legisla-tiva, etc.). El diálogo entre los distintos poderes en el próximo período de gestión será el que le dé mayor o menor vigor a la administración.

Al momento de escribir este análisis las probabilida-des de Movimiento PAIS de copar varios espacios de poder a escala nacional son altas, las expectativas de lograr ejercicios con ideas e identidades claras son, en cambio, inciertas.

La oposición

El próximo proceso electoral pone en juego –como era previsible– a las fuerzas y figuras políticas que han logrado mantener aliento desde el último pro-ceso electoral. Álvaro Noboa, Lucio Gutiérrez, Jaime Nebot, Paco Moncayo, por citar algunos nombres, han insistido en marcar distancia con los partidos políti-cos tradicionales, aunque dicho distanciamiento no

siempre haya resultado verosímil para la población.

El guión que orientará la participación electoral de esas figuras desde sus distintas instancias de elec-ción, es el de la denuncia. Cada uno de ellos se con-vertirá en un francotirador desde diversos ángulos para al menos distraer y en el mejor de los casos, “herir” desde su punto de vista al gobierno en camino a su reelección. El fin de su participación es el de promover y colocar legisladores, alcaldes, pre-fectos etc. para hacer un contrapeso al gobierno, en el ejercicio de poder y forzar al cabildeo.

Las maquinarias electorales vigentes y la cooptación de figuras despechadas del movimiento de gobierno pueden coadyuvar a que, desde la oposición, Socie-dad Patriótica y el PRIAN logren alguna presencia en el próximo período político. Es previsible también que el Movimiento Madera de Guerrero recién inau-gurado por el Alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, el Movimiento Municipalista que tiene en su seno a varias figuras de administraciones locales, entre ellas la de Paco Moncayo, y el Movimiento Pachacu-tik logren colocarse en algunas instancias de poder y en esta medida puedan ejercer presión.

Las únicas novedades que se dejan ver hasta el momento son la inscripción de dos binomios que buscan trascender la coyuntura, reivindicando su perfil ideológico de representantes de la verdadera izquierda. Son los binomios Martha Roldós – Eduardo Delgado (Movimiento Izquierda Unida), y Diego Del-gado - Méntor Sánchez (Movimiento Integración y Transformación), así como la formación del ya men-cionado Movimiento Municipalista. Estas novedades tienen su lógica y su origen.

7 Al cierre de este artículo (15 de febrero de 2009) el gobierno anunció el congelamiento indefinido del plazo para la explotación del campo ITT y la promoción de la iniciativa de emisión de bonos de carbono. Ver: El Comer-cio, Quito, 14.02.09.

86 C O Y U N T U R AlaTendencia 

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No pasaron 14 años de la muerte de Espejo para que su proclama se convirtiera en realidad, cuando un selecto grupo de patriotas con “genial altivez, deter-minación y tino” resolvieron romper con la jurisdic-ción inmediata de las autoridades españolas y cons-tituirse en Junta Suprema Autónoma de Quito.

El 10 de Agosto de 1809 es, en consecuencia, el día de la patria; el día en que la nación oculta en el ropaje

colonial pugnaba por expre-sarse: aspiraba ser, afirmarse

y comenzar a construir un proyecto largamente acari-ciado por las mentes más lúcidas y cultivadas en el

siglo de las luces y por el pensamiento ilus-

trado que abatía las murallas del mundo medieval.

El 10 de Agosto no fue un hecho casual, improvisado; fue la eclosión de

las fuerzas vitales, un acumulado histó-rico, una conjunción de causas internas y exter-nas; la manifestación de factores objetivos y subjetivos que en su conjunto expresaban el espíritu, la razón y la necesidad histórica de toda una época que, en apretada síntesis, tuvo, entre otras causas, las siguientes:

Problemas acu-a. mulados y repre-

sados por un pro-longado período

de crisis de la Real Audien-

cia que se

manifestaban en una fragmentación endémica, geográfica, social, económica y política de sus regiones y principales ciudades;

Una administración corrupta y abúlica que no b. tomaba en cuenta con suficiente seriedad los problemas locales, los intereses de los criollos y de las capas subalternas de la población, y que provocaba constantes protestas populares como la llamada “Revolución de las Alcabalas”;

La manifestación de intereses contradictorios c. entre la Real Audiencia y la metrópoli;

Los recurrentes desentendidos con los Virreina-d. tos de Nueva Granada y Lima que fueron mani-festados con singular claridad en la exposición que hiciera el Presidente de la Audiencia de Quito, Barón de Carondelet, a don Manuel Godoy, influyente funcionario de la monarquía española en carta dirigida en 1804.

Conocido es que los detonantes inmediatos del pro-ceso independentista Hispanoamericano fueron la invasión de Napoleón Bonaparte a España en 1808; la abdicación del rey Carlos IV de España; el nom-bramiento de José Bonaparte, hermano mayor de Napoleón, como nuevo Rey de España; y, la conse-cuente reacción del pueblo español que se revelaba ante esta situación y en su resistencia procedía a la formación de Juntas Supremas Provinciales, con la finalidad de expulsar a los franceses y asumir la soberanía de su imperio que los Reyes Españoles abdicaron en la ciudad francesa de Bayona.

Los acontecimientos ocurridos en España no tarda-ron en llegar a América y en 1808 se inició la fase activa de la conspiración de Quito, preparada silen-ciosamente durante largos decenios, personificada en el espíritu legendario de Espejo, con una reunión de prominentes criollos Quiteños en la hacienda “El Obraje”, en el valle de los Chillos, de propiedad de Juan Pío Montufar, Marqués de Selva Alegre, en lo que se conoce como “la conspiración de navi-dad”, por haberse realizado el 25 de diciembre de 1808. Esta conspiración fue abortada porque el capitán don Juan Salinas confió al Fraile realista

René Maugé

El b

icen

tena

rioy su proyección en la actualidadEl 10 de Agosto de este año, todo el país conmemorará el Bicentenario del pronunciamiento libertario del 10 de Agosto de 1809 en la Real Audiencia de Quito; fecha clave, punto nodal y de inflexión en la historia de lo que actualmente es Ecuador y también de la América hispana.

Antecedentes y hechos

La actual coyuntura con su enorme carga polémica y cho-que de intereses dentro de la denominada “revolución ciudadana” constituye un momento propicio para que las actuales generaciones se interroguen sobre su pasado y descubran el hilo conductor de la compleja construcción de la nacionalidad ecuatoriana y su lucha constante por la libertad, la independencia, la democracia y las condiciones honorables de existencia para todos.

En el proceso de conquista y colonización de nuestras tie-rras y pueblos se podrían relievar como antecedentes del proceso libertario diversos elementos; la limitación del espa-cio privilegia el 21 de Octubre de 1794. Ese día las principa-les cruces de piedra de la ciudad de Quito, amanecieron con banderolas de tafetán de color rojo con la inscripción: “Liber sto felicitaten et glorian consecuuto” (“y en reverso, sea-mos libres consigamos felicidad y gloria”), atravesada la leyenda con una cruz blanca en la que se leía “salva cruce”. La autoría de estas banderolas —que manifestaban los indi-cios de una actividad sediciosa contra el coloniaje español— se atribuye al Dr. Eugenio de Santa Cruz y Espejo.

Dr. René Maugé Mosquera— Profesor de Derecho Político y Constitucional, Ex Defensor Adjunto del

Pueblo, ex Vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Presidente de la Fundación Bicentenario.

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Agosto que, en palabras de Carlos de la Torre Reyes en su obra La Revolución de Quito del 10 de Agosto de 1809, expresa: “La Revolución del 10 de Agosto de 1809 cuya represión desencadenó la masacre del 2 de Agosto de 1810, fundamento de la “gue-rra a muerte” decretada por Simón Bolívar contra España y que termina sólo después de la batalla de Ayacucho, en que termina la emancipación ameri-cana, influye de manera terminante y definitiva en este proceso que marca la primera epopeya de la Historia americana propiamente tal. Para penetrar en la más honda contextura anímica y espiritual del proceso emancipador es imprescindible enjuiciar el primer grito de rebeldía dado por la ciudad de Quito en el nuevo continente, como la expresión palpable de una idea que lentamente fue adquiriendo nítidos relieves e impulsó la conciencia americana hacía la afirmación irrevocable de su propio destino”.

Actualidad y memoria

La complejidad de los problemas y las demandas contemporáneas conforman un momento propicio para que las actuales generaciones interroguemos a los hechos del pasado y nos apasionemos con el conocimiento de nuestra historia, puesto que la sucesión de las generaciones y su comportamiento toca a la sustancia misma de nuestra humanidad y la necesidad de hacernos cargo con responsabilidad de las cuestiones, necesidades y desafíos que sur-gen ahora.

Creo que no me equivoco si digo que el que 10 de Agosto es el momento y la circunstancia crítica del nacimiento de la conciencia nacional, así como los procesos subsiguientes que tuvieron lugar en nues-tras tierras –como la guerra de la independencia y la consecuente iniciación de la república– forman parte del devenir de la autoconciencia nacional. Ahora estamos en una nueva etapa en la que debe-mos afianzar la formación de la dimensión nacional, jurídica, ética y continental, hasta lograr una nación plural consolidada, libre, independiente; desarrollada e integrada en el proyecto de la Unión Sudamericana de Naciones.

El Ecuador y el mundo actual

El Ecuador sigue siendo el teatro de una lucha inaca-bada que recién ha comenzado y se enfrenta a pro-fundos cambios ocurridos en la escena histórica contemporánea, caracterizada ya como la época del mercado global, la desregulación del comercio, la creación de redes financieras trasnacionales, la unificación de las áreas monetarias, la dislocación productiva y, en los últimos meses, del inicio de una crisis financiera, productiva, energética y de comercio, cuyas consecuencias ya se sienten y se anuncian, aunque todavía no las podemos prever en toda su dimensión y consecuencia, como ”…. la más severa crisis económica de que tenga registro la humanidad”.

Este entorno internacional, caracterizado por una cri-sis mundial que se ha iniciado pero que se fue ges-tando en el proceso de la globalización y es consus-tancial a la naturaleza del capitalismo, amenaza tener consecuencias imprevisibles en los mediano y largo plazos; es también el marco de la acción presente que marcará el carácter de este bicentenario en un entorno de convulsiones demográficas, económicas, financieras, climáticas y de diferente orden. La crisis que afecta a todo el sistema mundial y sus relacio-nes internacionales hace saltar y vuelve a poner de manifiesto todos los antagonismos, encubiertos por la difusión frenética de la ideología neoliberal cuyos ejes principales son el consumo desenfrenado de un sector de la población mundial; la transferencia de lo público a lo privado; y, la rapacidad de los megamer-cados y el sistema financiero.

Como toda crisis, ésta encierra varias posibilidades. Estamos ante un potencial de cambio en la pers-pectiva histórica, ante una distinta comprensión del mundo, de las nuevas realidades, de las relaciones humanas interpersonales, lo que a su vez presupone una redefinición de valores y prioridades que para el Ecuador no deben ser extraños. Nos preguntamos ¿qué dirección tomará el país? El pueblo, la nación, el Estado, el gobierno y sus principales actores deben determinar con conciencia y voluntad qué dirección debe tomar. Como ecuatorianos pertenecientes a una colectividad concreta, tenemos la necesidad de

P. Torresano, religioso de la Merced, el proyecto trazado de dar libertad a nuestro país, aprove-chando la providencial circunstancia de la invasión Napoleónica.

Un año después, en la noche del 9 y madrugada del 10 de agosto, se formó una Junta Suprema que depuso y detuvo en sus aposentos a don Manuel Urríes, Conde Ruiz de Castilla, Presidente de la Audiencia y a otras autoridades notificándoles que habían sido separados de sus cargos.

La Junta Suprema funcionó del 10 de agosto al 24 de octubre presidida por don Juan Pio Montufar, Mar-qués de Selva Alegre; y, si se lee con detenimiento su proclama y se conocen sobre todos los anteceden-tes, lo que aspiraban los patriotas con motivo de esta ocasión propicia bajo el justificativo de lealtad al Rey de España, era implementar su acariciado proyecto económico político, restableciendo la importancia de la Presidencia de Quito, organizando su espacio estatal independiente.

De otra manera no podríamos explicarnos la reac-ción realista del 2 de agosto de 1810 cuando, sin con-cluir el proceso y sin sentencia, se asesinó en crimen horrendo a una parte de los líderes de la primera proclama libertaria quiteña que, a su vez, es de toda Hispanoamérica. La ejecución realista no era sólo por el hecho de haber creado una Junta Soberana, sino por el temor a las ideas republicanas e ilustra-das que tanto temían los monárquicos.

El asesinato del 2 de Agosto, que también el próximo año cumplirá su bicentenario, fue un acto que entrañaba el deseo implícito o implícito de dete-ner el curso de los acontecimientos que las elites

españolas preveían y comentaban. El Virreinato, como representante de la corona española, temía a la libertad de los pueblos y, seguramente, con esta criminal acción quería calmar sus miedos, puesto que la tiranía, cualquiera que esta sea, siempre teme a la libertad y a los libertarios. En este brutal y aciago e infausto acontecimiento está presente la grandeza de la decisión de los hombres del 10 de Agosto, con-frontados con la crueldad y la miopía de la reacción colonial.

El 10 de Agosto de 1809, fue la expresión de lucha de intereses regionales y políticos, pero también una confrontación de ideas que tenía sus raíces no sólo en la Francia revolucionaria y en la independencia de las 13 colonias inglesas que se constituyeron en los Estados Unidos de América del Norte, sino en la propia España de Carlos III con sus ministros ilustrados, como Cobarrús, Aranda, Floridablanca, Campomanes y Gaspar de Jovellanos, economista, pedagogo y científico que, a no dudarlo, era un pen-sador profundo y de enorme visión. El 10 de Agosto forma parte de una unidad histórica de un proceso y de un período: la Independencia Americana, en consecuencia, no fue un episodio pasajero ni casual en el drama libertario, fue el punto histórico visible de su arranque y algo más, un punto de partida sin retorno.

Esta primera fase de la independencia quiteña en los años 1809, 1810, concluyó en 1812, pero el 20 de septiembre de 1813, Simón Bolívar, en su “mani-fiesto a las naciones del mundo sobre la guerra a muerte” expresó: “En los muros sangrientos de Quito fue donde la España por primera vez despe-dazó los derechos de la naturaleza y de las naciones e internacional”. Esta fue la proyección histórica de

El bicentenario y su proyección en la actualidad

El asesinato del 2 de Agosto, que también el próximo año cumplirá su bicentenario, fue un acto que entrañaba el deseo implícito o implícito de detener el curso de los acontecimientos que las elites españolas preveían y comentaban.

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Uno de los problemas graves en el presente del Ecuador es no haber definido e impulsado a tiempo el arquetipo de industrialización requerido, con las características inherentes al grado y nivel de desa-rrollo del país; esta tarea debe ser tomada con fuerza y decisión por todos los ecuatorianos para resolver problemas como la falta de empleo, el atraso, la dis-minución del consumo y las consecuencias deriva-das del descenso del precio del petróleo.

Ello nos plantea otra tarea como requisito de un capi-tal subjetivo indispensable para enfrentar los proble-mas y sus soluciones: educar a los responsables de la política. Conocida es la relación entre poder y saber; conjunción que se convierte en agente de transfor-mación de la vida humana. La política no puede ser el fruto de la improvisación y de la ignorancia, sino de lo contrario: del conocimiento, el saber, la búsqueda de la verdad y el amor a la patria, lo que además significa superar el actual estado de perturbación patológica generado por conductas corruptas que conciben la política y los cargos públicos como botín y no como servicio a la colectividad.

La Unidad Sudamericana de Naciones

Tarea inconclusa planteada desde los albores de la independencia es la unión de las naciones ameri-canas. Promover con firmeza en base a proyectos concretos la Unión Sudamericana de Naciones, no es un idea romántica, sino un imperativo de sobrevi-vencia para afrontar con éxito y con un mayor aba-nico de posibilidades los retos que nos plantea la globalización. Con la crisis actual, en medio de sus devastadoras consecuencias, Ecuador, como las otras naciones de América Latina, tiene la oportu-nidad de diseñar un modelo económico propio, de acuerdo a sus condiciones, nivel de desarrollo e idio-sincrasia, puesto que ya nadie puede dudar que las políticas iniciadas e impulsadas por el Fondo Mone-tario Internacional, el Banco Mundial y el Consenso

de Washington, no sólo están agotadas, sino que no generan el progreso social y el desarrollo socioeco-nómico esperados.

La lección que podemos sacar de todo esto es que las naciones que no tienen una propia estrategia, pen-sada y diseñada de acuerdo a sus intereses, están condenadas a perder su libertad e independencia.

Los diseños expresados en las “Cartas de Intención” constituyen estrategias pensadas y diseñadas desde los centros de poder mundial en función de sus intereses, de la misma manera que hace 200 años las políticas diseñadas en el Consejo Real de Indias, respondían a los intereses de la metrópoli y no de nuestros pueblos.

La generacion del bicentenario

En la sucesión de generaciones existen algunas que dejan su impronta y su huella indeleble en el decurso de la historia; otras que pasan a ser generaciones pérdidas o decapitadas. En los tiempos difíciles que corren ¿acaso no es necesario pensar y actuar en la germinación y florecimiento de una “generación del bicentenario” para que ésta sea como aquella heroica de las gestas independentistas, con volun-tad política para responder a los retos y necesida-des actuales?.

La nación ecuatoriana, plural, diversa y de raíces milenarias se ve en el momento actual conmovida por la experiencia histórica germinal de hace 200 años, por lo que está obligada a un nuevo examen de sus propios fundamentos, a comprender el fenó-meno histórico y el ímpetu que lo orientó a partir de su propia esencia espiritual, libertaria, humanista e ilustrada que da lugar para que hoy nos hayamos propuesto construir una nueva forma de convivencia ciudadana, democrática y con un espacio público regido por el respeto a los derechos humanos.

construir un modelo político - constitucional cons-ciente y modernamente concentrado en la pro-ducción y la distribución, sustentadas en el trabajo creador que garantice el buen vivir de todos los ciu-dadanos, para lo que se requiere también un buen gobierno, preservando al mismo tiempo la natura-leza como fuente primaria de recursos y base de la existencia de las presentes y futuras generaciones.

Tareas urgentes

La Constitución Política aprobada en referéndum ofrece un nuevo marco conceptual que debe ser concienciado en el conjunto de la sociedad para transitar por una nueva forma de convivencia ciuda-dana, de patriotismo constitucional, en diversidad y armonía con la naturaleza para alcanzar, como dice tal instrumento, el buen vivir y lo que ello significa en materia de inclusión y equidad, educación, salud, seguridad social, hábitat y vivienda, cultura física y tiempo libre, comunicación social, ciencia, tecnoló-gica, innovación y saberes ancestrales, gestión de riesgo, población y movilidad humana, seguridad humana y transporte.

El concepto de buen vivir no puede separarse y ese ha sido uno de los problemas históricos del país, de la libertad, de la independencia y del buen gobierno; esto es, un gobierno comprometido que interprete fielmente los intereses de la nación y del pueblo. El

colonialismo español significó frente a los pueblos originarios y del mestizaje, el despojo de su fuerza vital; es decir, de su libertad, independencia y auto realización. El colonialismo significó el aplastamiento de la sociedad originaria, pero también el surgi-miento de una nueva realidad social: el mestizaje. Actualmente el neocolonialismo y la globalización neoliberal conspiran también contra la libertad, la independencia y la auto realización democrática de los Estados nacionales de América Latina.

La filosofía política se plantea avanzar en el concepto y práctica de la biopolítica, entendida esta como una política orientada en la defensa de la vida en todas sus formas y la dignidad humana, concepto que forma una triada con el buen vivir y el buen gobierno. Esta manera de concebir la política se contrapone al concepto y práctica de la Tanatopolítica, que es la política de la muerte, de la guerra, del genocidio, de la destrucción de la naturaleza y del menospre-cio a la dignidad humana, concepción implícita en la práctica del imperialismo, el neocolonialismo y la globalización neoliberal.

El devenir actual de nuestra historia debe ser con-cebido como la afirmación y avance de la libertad, la solidaridad, la democracia y de la apertura hacia nuevos avances de la ciencia y de la técnica, puesto que las sociedades que le vuelven las espaldas a la ciencia y la técnica, como lo intuían nuestros próce-res, no tienen futuro.

El bicentenario y su proyección en la actualidad

La filosofía política se plantea avanzar en el concepto y práctica de la biopolítica, entendida esta como una política orientada en la defensa de la vida en todas sus formas y la dignidad humana, concepto que forma una triada con el buen vivir y el buen gobierno.

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Paco Moncayo G.

Pierre Bordieu, citado por Joseph Stiglitz, se refiere con razón a un asunto que debería concitar la atención de los políticos ecuatorianos –los nuevos y los viejos– sobre el ejercicio de su trascendental actividad, cuando se refiere a “la necesidad de que los políticos se comportan más como estudiosos y entren en debates cientí-ficos basados en datos y hechos concretos”; y de los académicos a quienes advierte no caer en el “error frecuente de formular recomendaciones sobre medidas de gobierno torciendo la realidad para ajustarla a las ideas de las autoridades”…

Es muy importante que el debate político eleve su nivel y que quienes participan en esta actividad, la más noble a la que pueda dedicar su vida un ser humano, sean capaces de reflexionar seriamente sobre la situación del país y sobre las alternativas de solución a sus graves problemas. Es necesario también que el debate académico, lejos de cohonestar posiciones personales o de grupos, asuma un análisis objetivo y orientador, aportando con herramientas útiles a la toma de decisiones de los actores directos de la política.

Se ha advertido reiteradamente que en un mundo como el actual, de cambios acelerados, el Ecuador no puede continuar haciendo más de lo mismo, con los mismos o diferentes persona-jes y procedimientos, pues los resultados serán también los de siempre: más pobreza, desorga-nización, corrupción, atraso político, descompo-sición social, economía estancada y conducción política incompetente.

El cambio de época de la humanidad

Aunque se ha escrito y debatido bastante sobre este tema, conviene insistir en que la humanidad vive un cambio de época. Experi-menta el inicio de una nueva etapa de su desa-rrollo histórico, el nacimiento de una nueva sociedad, fruto de la revolución científica y tec-nológica; una revolución generada por extraor-dinarias invenciones que ocasionan transfor-maciones continuas, aceleradas y profundas que cuesta entender, que crean incertidumbre y generan más inseguridad que esperanzas.

Siempre ha sucedido así. Los cambios provo-can resistencias equivalentes a su profundidad. Paul Kennedy aseguraba que “Los obstáculos culturales al cambio son comunes en todas las sociedades, por la razón obvia de que la llegada de una transformación amenaza los hábitos, los modos de vida, las creencias y los perjuicios sociales existentes”, a la vez que nos alertaba sobre lo indispensable de afrontar el cambio para no quedarse rezagados del avance histó-rico. “Un fracaso –advertía– a la hora de repen-sar, formarse y equiparse para el futuro, produ-cirá otra cosecha de perdedores económicos de la historia.”

Sin embargo, esta no es una situación peculiar. El saber y su transmisión han estado

El Ecuador se encuentra —por fin— empeñado en un proceso de cambios profundos que debemos sostener, orientar y apoyar. Si se desperdicia esta ocasión, o lo que sería peor aún, si se la pierde, las consecuencias para las actuales y futuras generaciones pueden ser ruinosas. Se repetiría, una vez más, la historia trágica de un pueblo sin norte, sin carta de navegación, con liderazgos mediocres, incapaz de diseñar un proyecto de nación que concite la partici-pación consciente, crítica y comprometida de la mayoría de la comunidad, para lograr de manera sostenible su desarrollo espiritual y material, entendido éste como la construcción de una sociedad solidaria, equitativa y justa.

El Ecuador en la época de cambios

día de la mujer

próximo gobierno/políticas públicas

Paco Moncayo— Ex Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, actualmente, candidato a la Asamblea Nacional.

94 P R Ó X I M O G O B I E R N O Y P O L Í T I C A S P Ú B L I C A S 95El Ecuador en la época de cambios

crudeza la lucha por la supervivencia en la que compiten con insuperables ventajas los ya fuer-tes y poderosos. El culto al capital y al mercado ha generado incertidumbre, temor, desespe-ranza, miedo al futuro y a asumir compromisos. Mercado y poder vienen a ser los signos del éxito, que afectan especialmente a los jóvenes, dejándoles en disyuntiva entre someterse a éstos o sumergirse en la evasión y marginalidad.

La nueva geopolítica mundial

El mundo bipolar resultante de la Segunda Guerra Mundial y su consecuencia geoestratégica –la guerra fría– permitían análisis sistemáticos de acciones, reacciones y resultados que eran predecibles. El escenario internacional presen-taba una división entre estados alineados con el capitalismo o el socialismo, y un tercer mundo con pretensiones de no-alineamiento, lo que le permitía alternativas estratégicas pendula-res de las que podía obtener alguna ventaja significativa.

Esta realidad fue modificada de manera dramática en el último tercio del siglo pasado cuando la caída del Muro de Berlín, el colapso de la Unión Soviética y el ingreso de China al mercado mundial capitalista marcaron el fin de la bipolaridad y de la guerra fría. La reacción del mundo capitalista fue la esperada. Los esposos Tofler la calificaron como un “éxtasis colectivo y un júbilo insensato”. Francis Fukuyama teorizó sobre “El fin de la historia.” El liberalismo triun-fante se preparó para un mundo unidimensional y unipolar.

En suma, la geopolítica mundial sufrió un fuerte remezón. Hoy existe una sola potencia –Estados Unidos– con capacidad estratégica decisoria. Se ha abandonado el multilateralismo en el sistema internacional. Las Naciones Uni-das se encuentran debilitadas. La doctrina de la guerra preventiva ha anulado la capacidad equi-libradora del Consejo de Seguridad. Los estados nacionales experimentan profundas transfor-maciones enfrentados a presiones supranacio-nales e internas; las primeras, derivadas de su insuficiente capacidad para manejar por sí solos asuntos como la macroeconomía, los derechos humanos, el medio ambiente, la inseguridad, el narcotráfico, la proliferación de armas de des-trucción masiva etc., que caen progresivamente en la órbita de la comunidad internacional; las segundas, fruto de la emergencia de espacios

subnacionales con intereses y fuertes y diferen-ciadas identidades culturales que reclaman la posibilidad de gestionarse autónomamente, y exigen una revisión de la organización política y administrativa de los espacios internos.

La utopía del Socialismo en Democracia

Han fracasado reiteradamente los dos mode-los clásicos de la sociedad industrial: el Mar-xismo Leninismo y sus teorías sobre el Estado, la lucha de clases, la propiedad colectiva de los medios de producción, la igualdad a costa de la libertad, la asignación estatal de recursos a la economía, para citar algunos de sus paradigmas ideológicos. De esos experimentos quedan crue-les experiencias que no deben ser olvidadas. Del mismo modo, falló el Capitalismo con su Estado neutral, la política de dejar hacer y dejar pasar, la competencia despiadada con ventajas para los más fuertes, el consumismo como indicador del éxito, la defensa a ultranza de las libertades individuales a costa de las libertades colectivas, la idolatría al mercado, para citar algunos de sus paradigmas ideológicos. También de los expe-rimentos del Capitalismo quedan páginas de horror que no deben ser olvidadas.

Frente a esta realidad parece necesario retomar la utopía del Socialismo en Democracia mediante el diseño de un proyecto centrado en el ser humano, que asegure la realización com-pleta de la libertad, la elevación gradual a la plena racionalidad, la creación de un orden de justicia e igualdad y la elevación a la plenitud de su dignidad.

Es necesario también retomar el desarrollo humano entendido como un proceso tridimen-sional de crecimiento y cambio estructural, que en lo económico estimule la creación de un fuerte tejido productivo, con una comunidad de emprendedores usando eficientemente los fac-tores de la producción para crear economías de escala y aumentar la productividad a niveles que permitan mejorar la competitividad en los mer-cados regionales y mundiales; que en lo sociocul-tural logre una sociedad incluyente, equitativa, tolerante, participativa e integrada, que com-parta valores y construya fuertes instituciones; y que en lo político - administrativo diseñe y emita políticas públicas fruto de una genuina participa-ción ciudadana, genere un entorno favorable a la producción, ofrezca iguales oportunidades para todos y todas, con especial atención a los temas

presentes en todas las etapas del desarrollo humano y han sido un factor fundamental en la creación y distribución del poder. La economía, la sociedad y las ideologías se han visto influidas y modificadas –una y otra vez– por los nuevos conocimientos. Makensie (citado por Fukuyama) reconoce que: “La historia de la humanidad es un registro de conocimientos acumulados y sabi-duría creciente, de continuo avance de una pla-taforma inferior a una superior de inteligencia y bienestar”.

Lo que hace diferente a la situación actual es la naturaleza radical del cambio tecnológico actual, las implicaciones que tiene en todas las expresiones de la vida social y su vertiginosa velocidad. Así, en solo dos décadas la humani-dad ha logrado lo que a la revolución energética le tomó dos siglos.

La globalización

En la década de los ochenta el mundo indus-trial fue sacudido por una radical reestructura-ción del capitalismo. Los grandes protagonistas del cambio fueron el tantas veces mencionado desarrollo de las TIC, la globalización y la orga-nización en redes, que da lugar a la aparición de una economía mundial con capacidad de funcio-nar en tiempo real a escala planetaria. El desa-rrollo del capitalismo se sustenta por primera vez en la preeminencia del conocimiento sobre el capital –entendido en términos tradicionales– y el trabajo.

Joseph Stiglitz reflexiona así: “¿Qué es este fenómeno de la globalización, objeto simultáneo de tanto vilipendio y de tanta alabanza?”... Fun-damentalmente, es la integración más estrecha de los países y pueblos del mundo producida por la reducción de los costes de transporte y comu-nicación, y el desmantelamiento de las barreras artificiales a los flujos de bienes, servicios, capi-tales, conocimientos y –en menor grado– de per-sonas a través de las fronteras.

La globalización implica la interdependencia de las economías nacionales en un planeta que se orienta a la conformación de una sola unidad económica y un solo gran mercado financiero, monetario, bursátil y comercial, funcionando las 24 horas del día en tiempo real; implica también la conformación de grandes bloques económicos que presionan para abrir el libre flujo de mer-cancías, servicios, capitales y tecnologías, elimi-nando toda clase de barreras a la expansión del

mercado mundial; el desplazamiento de la acu-mulación del capital y de la división de trabajo más allá de los confines del Estado o de grupos de estados; el traslado de plantas industriales de grandes corporaciones transnacionales a paí-ses con baja capacidad de regular la defensa del medio ambiente y con sistemas salariales depri-midos, entre los más importantes aspectos.

De la globalización neoliberal a la crisis global

Han pasado menos de tres décadas y las irracionalidades del viejo liberalismo, aplicado a escala global han provocado una nueva crisis, ésta si de carácter mundial. La globalización financiera ha generado la aparición de grandes inversiones especulativas; las fuerzas transna-cionales que dirigen el mercado mundial y no se encuentran sujetas a controles, han fracasado; las políticas neoconservadoras del presidente Reagan inspirada por los fundamentalistas del Mercado han conducido al mudo a la profunda recesión disparada por el colapso del mercado de la vivienda, desnudando así las falencias de las desacreditadas recetas neo liberales.

Como siempre el peso más duro de la crisis se trasladará a los países más débiles, los que menos se beneficiaron del modelo pues fueron conducidos a la supresión de barreras al comer-cio y al movimiento de capitales, mientras los países centrales las mantuvieron intactas para sus productos de exportación; países que debili-taron al sector público, privatizaron en procesos generalmente dolosos sus empresas de servicios y fueron sometidos a convenios de protección a la propiedad intelectual, que en casos como los de las compañías farmacéuticas significaron la condena a muerte a los pobres, imposibilita-dos de pagar los altos precios impuestos a las medicinas.

En el área social, los cambios vertiginosos han generado una sensación de vértigo, una difi-cultad de adaptación, una sensación de angustia e inseguridad. Las nuevas tecnologías que han logrado disminuir drásticamente las distancias físicas y psicológicas, entre los pueblos y cultu-ras del mundo, paradójicamente han incremen-tado las distancias entre los que tienen en exceso y los que no tienen nada o casi nada.

En la sociedad mundial globalizada, en el modelo neoliberal, gobernada por el mercado y la competencia, se ha reeditado con mayor

96 P R Ó X I M O G O B I E R N O Y P O L Í T I C A S P Ú B L I C A S 97El Ecuador en la época de cambios

tengan educación de calidad, atención adecuada de salud, vivienda digna, acceso a la cultura, deportes y recrea-ción, suficientes espacios públicos y acceso a los servi-cios básicos.

La nueva gestión territorial es indispensable

La experiencia nos mues-tra que los gobiernos locales que están más cerca de la población, cumplen un papel fundamental como motor del desarrollo sostenible, la buena administración, el ordena-miento democrático del territorio y la promoción de los derechos ciudadanos.

Desde el nivel local se puede luchar mejor contra la pobreza, la ignorancia, la intolerancia, la discriminación, la exclusión, la inseguridad, la degradación ambiental y el deterioro cultural. El fortalecimiento del gobierno local refuerza a toda la nación, asegurando una política pública más eficaz y democrática.

La acumulación y concentración de la riqueza y el poder tienen dos facetas que se complementan: la social y la territorial. No es posible descuidar los aspectos espaciales del desarrollo; se debe insistir en la necesidad de una gestión descentralizada del Estado que haga posible el desarrollo espacial equilibrado, corrija las insoportables diferencias territoriales y per-mita una mejor distribución del poder real y político, asumiendo la subsidiaridad que permita que los distintos niveles de gobierno puedan trabajar con competencias claras y recursos ade-cuadamente distribuidos en la construcción de la nueva sociedad que la mayoría respaldamos.

Breves conclusiones

El proceso de cambios iniciado en el Ecuador es históricamente necesario, deseable y se justi-fica para adecuar las estructuras internas y las relaciones externas a los nuevos retos que repre-sentan las realidades de un mundo en cambio constante, así como para construir una sociedad democrática económica, social y políticamente viable.

Se debe debatir con amplitud sobre la natu-raleza, dirección y conveniencia de los cam-bios que se plantea, evitando caer en los viejos

errores del caudillismo mesiánico y el conse-cuente autoritarismo. Si bien es indispensable un liderazgo enérgico de parte del gobierno, no es menos cierto que es mejor si la socialización del proyecto aporta con el mayor apoyo de la comunidad, sin confundir las adhesiones a las autoridades con el respaldo consciente a las pro-puestas programáticas que estas presentan. Un análisis razonado de la situación, los objetivos que se pretende alcanzar, la naturaleza de las políticas, los plazos considerados, los beneficios, los costos, todo esto expuesto con objetividad, puede mantener el apoyo para un proyecto que debe ser de la nación entera.

Se dijo al inicio de este artículo que los cam-bios generan resistencias relativas a su intensi-dad. Por lo mismo, es indispensable enfocarlos a elementos estructurales evitando generar resistencias por aspectos secundarios y estable-cer paralelamente un proceso amplio de debate que sincere la situación y esclarezca frente a la comunidad qué intereses realmente están detrás de los distintos actores políticos y sociales. La transparencia de la información obrará a favor del apoyo político que se requiere para que los cambios se puedan realizar.

El primer consenso que requiere el país es la necesidad de recuperar –renovadas- las institu-ciones políticas. No se puede aspirar a una democracia que funcione adecuadamente en el desorden hoy existente. Hay que reorganizar la vida política del país. Son necesarias las ideolo-gías, son indispensables los partidos, se debe elevar el debate sobre los temas que interesan a la nación por encima de la diatriba, el ataque personal o la conspiración. Solamente con acto-res políticos serios, calificados, honestos y patriotas se podrá construir el nuevo Ecuador que reclama la nación entera.

de género, generacionales y culturales.

En este sentido, Oskar Lafontaine plantea que “La respuesta correcta a la glo-balización es la competencia por la productividad de las empresas y los países (para lo cual) necesitamos buena edu-cación, buenas escuelas, bue-nas universidades, buenas instituciones de investigación, una buena infraestructura en carreteras, ferrocarriles y autopistas de la información; mejorar la productividad energética, una buena tecno-logía medioambiental…”

Un nuevo Ecuador es posible

El Ecuador no estuvo al margen de la marea neoliberal. Los grupos conservadores del país, obsecuentes del fundamentalismo de mercado, intentaron poner en práctica el llamado Con-senso de Washington, que planteaba en lo prin-cipal la apertura económica y competitividad, el mercado como medio transparente de asignación de recursos, la privatización de empresas esta-tales, los presupuestos financiados, la inflación controlada, los tipos de cambios reales, socieda-des abiertas y plurales, instituciones estables y predecibles, y un Estado limitado a incentivar la competencia y permitir a los individuos realizar su potencial.

Los resultados los vivimos a fines de siglo pasado cuando, del mismo modo que sucede hoy en los países centrales, la desregulación finan-ciera impulsada por el entonces vicepresidente Alberto Dahik provocó la mayor crisis econó-mica, política, social y moral de los últimos tiem-pos, cuyos efectos aún los sufrimos.

Ecuador es un país diverso, rico en recursos naturales, que no ha podido o no ha querido solucionar los graves problemas de exclusión, inequidad, injusticia y desintegración social, que le sitúan como una de las sociedades más atrasadas del mundo. Esta es la situación que se debe cambiar con esfuerzos serios para com-batir la pobreza y alcanzar nuevas formas de convivencia basadas en prácticas incluyentes, equitativas, integradoras, plurales y tolerantes hacia las diversas formas de ser, pensar, querer

y sentir. La construcción de esa convivencia debe fundamentarse en el cultivo de valores comu-nes, el respeto a la dignidad humana, el empleo de la razón como medio para dirimir los con-flictos y la honestidad como antídoto contra la desconfianza.

Es indispensable que en el Ecuador las polí-ticas públicas se construyan y promulguen con la participación ciudadana, consciente y crítica, para construir una comunidad solidaria, al servi-cio de todas las personas, en especial de los más desprotegidos y desamparados.

El pueblo del Ecuador y su gobierno deben trabajar con convicción y dedicación para revalo-rizar y darle sentido a la democracia, buscando seria y persistentemente convertir a la población en una comunidad que discuta, debata, argu-mente, critique constructivamente, generando así credibilidad y confianza. Un espacio humano abierto al diálogo constructor y fructífero, respe-tuoso de las diferencias y tolerante, que pueda encontrar soluciones negociadas y no violen-tas a las naturales contradicciones y conflictos sociales.

Ecuador debe convertirse en un espacio para la ciudadanía activa, con personas que hagan valer sus derechos y cumplan sus obligaciones; con organizaciones sociales que participen inten-samente en la vida pública, exigiendo rendición de cuentas a sus autoridades y ejerciendo la auditoría social para corregir los males del que-meimportismo, la irresponsabilidad, la indiferen-cia y la corrupción.

Ecuador debe ser un país equitativo y soli-dario, en el que los ciudadanos y ciudadanas

El primer consenso que requiere el país es la necesidad de recuperar –renovadas- las instituciones políticas. No se puede aspirar a una democracia que funcione adecuadamente en el desorden hoy existente.

Los resultados los vivimos a fines de siglo pasado cuando, del mismo modo que sucede hoy en los paí-ses centrales, la desregula-ción financiera impulsada por el entonces vicepresi-dente Alberto Dahik provocó

la mayor crisis económica, política, social y moral de los últi-mos tiempos, cuyos efectos aún los sufrimos.

98 laTendencia  99El programa de la izquierda humanista, plural, intercultural y plurinacional

“Somos del tamaño de nuestros sueños” Fernando Pessoa

Martha Roldós B.

Ecuador vive uno de sus momentos políticos e institucionales más dramáticos, caracterizado por la crisis del sistema político, la corrupción oficial que alcanza cotas inimaginables, la pérdida de sentido de la institucionalidad vigente que conduce a la sociedad a una anomia generalizada, la carencia absoluta de políticas económicas que permitan resolver la situación de crisis, desempleo, inequidad, reprimarización, así como el involucramiento del país en la guerra civil de Colombia, la persistencia del modelo neoliberal a través de la privatización de los territorios y de sus recursos naturales, la criminalización a la protesta y a la legítima resis-tencia social. Esta situación se agrava por la presencia de un fenómeno político sui géneris, representado por Alianza País, que en poco tiempo ha destruido la institucionalidad vigente y ha llevado adelante un proceso de cooptación, manipulación y control social, fenómeno inédito en el Ecuador.

El programa de la izquierda humanista, plural, intercultural y plurinacional

El movimiento Unidad de la Izquierda Ecua-toriana pretende aglutinar los esfuerzos de varios sectores sociales que resisten a la conti-nuación del modelo económico depredador de la naturaleza, explotador de la fuerza de trabajo, discriminador de las diferencias de los pueblos y nacionalidades, represivo, violento y concen-trador del ingreso. Unidad de la Izquierda Ecua-toriana es por lo tanto, un momento más en la resistencia y lucha de los movimientos sociales ecuatorianos, que se articula para llevar adelante esa lucha y resistencia al sistema político tradi-cional. Unidad de la Izquierda Ecuatoriana, por consiguiente, es indisociable de las movilizacio-nes sociales y pretende llevar la agenda de esos actores hacia el sistema político.

Este espacio se crea a partir de la consta-tación de que hay movimientos políticos que han utilizado el discurso liberador, crítico, humanista y propositivo de la izquierda, para legitimar sus particulares intereses políticos, y para enmascarar sus estrategias de cooptación electoral, presentándose como alternativas al sistema tradicional cuando en realidad represen-tan su garantía de continuación. En el juego del poder, Unidad de la Izquierda ha aprendido que muchas iniciativas políticas que nacieron con los buenos propósitos de luchar y resistir al poder tradicional, terminan por ser su mejor garantía y posibilidad de realización. Por ello, Unidad de la Izquierda hace suya la consigna zapatista de “mandar obedeciendo”.

Los comportamientos machistas, patriarca-les, sexistas, racistas, homófobos, discriminato-rios, son parte de la estructura tradicional del poder, y es muy difícil que puedan resolverse desde el Estado o el gobierno. Sin embargo, Uni-dad de la Izquierda considera que un proyecto de Estado Plurinacional puede dotar de conteni-dos a una lucha radical por superar el racismo, el patriarcalismo, el sexismo, etc., puesto que en el Estado Plurinacional hay que abrir un espacio para el reconocimiento de las diferencias radi-cales que nos caracterizan a los pueblos y a los seres humanos.

El Programa de Gobierno de UIE

¿Qué propone la Unidad de la Izquierda ante el escenario actual de crisis de la política, la economía, la institucionalidad y el derecho? La siguiente hoja de ruta es el Plan de Gobierno para enfrentar la crisis.

Nuestros objetivos específicos proponen encaminar un diálogo nacional con la participa-ción de todos los sectores, con respeto absoluto a todas las corrientes de opinión, con transpa-rencia y respeto a la democracia, a fin de defi-nir y alcanzar un consenso nacional sobre los siguientes propósitos estratégicos:

Consenso Nacional por el Empleo a fin de alcanzar el mayor bienestar posible de la población ecuatoriana a través de una política coherente, coordinada y responsable, de salarios, ingresos, impuestos, producción, tecnología y competitividad.

Uno de los principales problemas no resuel-tos del Ecuador es la carencia de empleo. Las estadísticas dicen que la estructura del empleo, desempleo y subempleo se ha mantenido sin mayores cambios durante la última década, y que las variaciones experimentadas en el empleo obedecen más bien a variables demográficas tales como la migración al extranjero, y no a variables económicas.

La creación del empleo no puede ser res-ponsabilidad de un solo sector de la economía nacional, digamos, del sector privado. Tampoco es responsabilidad exclusiva del sector público. Para resolver el problema del desempleo y subempleo, es necesaria la integración de todos los sectores sociales involucrados: privados, públicos, cooperativos, asociativos, comunita-rios, al interior de una estrategia nacional con-junta y de largo plazo. En tal sentido, Unidad de la Izquierda propone un cambio en el modelo económico, de modo que la estructura produc-tiva empiece a concentrarse más en dirección al mercado interno que al mercado mundial.

Consenso Nacional para la Equidad a fin de resolver la concentración del ingreso y otorgar mejores condiciones de vida a la población ecua-toriana más pobre, a través de políticas públicas de inclusión, redistribución, participación social, con énfasis en los niños, jóvenes, mujeres, ecua-torianos con capacidades diferentes, adultos mayores, poblaciones afro descendientes e indí-genas, entre otras.

Socialmente, Ecuador es uno de los países más desiguales del continente. Durante el neo-liberalismo se consolidó la inequidad. Todas las instituciones sociales, políticas y jurídicas han permitido de una u otra manera la concentración del ingreso económico y la exclusión social. Los

Estos procesos han llevado a varias orga-nizaciones sociales, políticas y populares, a plantearse la necesidad de recuperar el sentido de dignidad y humanismo inherentes a las pro-puestas de la izquierda política, y que hoy se han convertido solamente en un simulacro del poder. Se trata de aportar a la recuperación del proyecto original de múltiples organizaciones sociales y políticas que han luchado por un hori-zonte emancipatorio y liberador, y hacerlo en un momento de ambigüedades y claroscuros, en los que algunos sectores sociales todavía consideran que Alianza País representa de alguna manera las propuestas de la izquierda.

La unidad de la izquierda ecuatoriana

Pensando en la posibilidad de reconstruir el proyecto político de la izquierda traicionado por Alianza País se propone ahora abrir un espacio de confluencia al interior de las organizaciones sociales, populares y políticas. En tal sentido, se crea la organización Unidad de la Izquierda Ecuatoriana como espacio de convergencia de varios sectores, organizaciones y movimientos sociales, que coinciden en la necesidad de crear una opción política que recupere el discurso del socialismo con carácter humanista y radical, en el sentido de ir hacia la raíz de los problemas y recoger las propuestas liberadoras realizadas por los movimientos sociales ecuatorianos, entre las cuales se destaca la plurinacionalidad del Estado realizada por el movimiento indígena, la igualdad de derechos reivindicada por las orga-nizaciones sociales y la descolonización de la democracia.

Martha Roldós— Ex Asambleísta. Miembro de la Comisión de Legislación y Fiscalización. Actualmente candidata a la Presidencia del Ecuador.

100 P R Ó X I M O G O B I E R N O Y P O L Í T I C A S P Ú B L I C A S 101El programa de la izquierda humanista, plural, intercultural y plurinacional

Unidad de la Izquierda considera que la democracia es perfectible. Es en vir-tud de aquello que hemos apoyado los procesos de reforma política que se han dado en los últimos años. Unidad de la Izquierda considera que la democracia política solamente es factible y posible si hay democracia econó-mica. A esta relación entre democracia política, democracia económica y democracia social, Unidad de la Izquierda la denomina democracia radical.

Unidad de la Izquierda considera también que es necesario vincular los procesos de diálogo y consenso, que son las instituciones a partir de las cuales se toman las decisiones en las comu-nidades indígenas para el procesamiento de las decisiones. En ese sentido, se considera que un elemento de democracia radical es devolverle a la sociedad la capacidad de decidir directamente sobre aquellos temas que le competen. Ampliar el instrumento del consentimiento libre, previo e informado que por ahora está vinculado a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, hacia el conjunto de derechos humanos funda-mentales, es una posibilidad de enriquecer la democracia radical bajo un enfoque de derechos.

Mandar obedeciendo es una de las propues-tas más innovadoras con respecto a la demo-cracia radical que Unidad de la Izquierda hace suya y la propone al país. De la misma manera, es necesario recuperar el sentido de la ética en la política, por ello se plantea la transparencia y el control social en el ejercicio del poder.

Un aspecto fundamental de la democracia radical es el Estado Plurinacional. Unidad de la Izquierda retoma esta propuestas del movi-miento indígena ecuatoriano, entendiendo al Estado Plurinacional, en primer lugar, como una construcción desde el respeto a las diferen-cias que constituyen a los pueblos y a los seres humanos. En segundo lugar, un Estado Plurina-cional se aleja de los parámetros productivistas, desarrollistas y de crecimiento económico, y se acerca a los paradigmas de la solidaridad, la reciprocidad y el Buen Vivir. El Buen Vivir es la condición ética de la coexistencia humana en el que las condiciones de vida de una persona o de un pueblo, son responsabilidad de todos. En ter-cer lugar, el Estado Plurinacional permite la con-vergencia de la economía hacia la política para cerrar esa brecha y considera que solamente

puede haber democracia política cuando exista democracia económica.

Integración Regional con Equidad. Para ratificar el compromiso ineludible del Ecuador con la paz, el respeto a los derechos humanos y colectivos, la imperiosa necesidad de resol-ver todos los conflictos mediante el diálogo y a través de vías pacíficas, la búsqueda de una integración de personas que impida la crimina-lización de los flujos migratorios y que extienda la condición de ciudadanía universal a todos los seres humanos, que le otorgue una dimensión diferente a la globalización en la que el respeto a las diferencias culturales de los pueblos sea la mejor garantía para la paz.

El discurso de la globalización que se creó en los años noventa propuso un mundo cons-truido y definido desde la lógica del mercado. En ese mundo, se adecuó la complejidad de las sociedades a la simplicidad de la oferta y la demanda de los mercados. La globalización del mundo no era un proceso de integración de los seres humanos respetando sus derechos y dife-rencias, sino la integración de las mercancías y los capitales. Ante estos fenómenos mundiales, Unidad de la Izquierda propone una agenda exterior que le permita al Ecuador protegerse de la globalización. Propone una hoja de ruta para las relaciones internacionales en un contexto de crisis económica mundial, con nuevos roles para el Estado, y la emergencia de tendencias xenófo-bas y racistas, que ratifique la posición del Ecua-dor de compromiso ineludible con los derechos humanos y colectivos fundamentales.

En esa hoja de ruta, el Ecuador debe declarar su posición de territorio de paz y soberanía, y por tanto libre de bases militares, por la autode-terminación de las naciones y la solución pací-fica de los conflictos entre países, fortaleciendo el sistema de Naciones Unidas. Concretamente, se debe solucionar los impasses diplomáticos generados durante el gobierno de Alianza País.

De otra parte, es necesario fortalecer los procesos de integración regional y subregional. En este sentido, cabe reconocer que la Comu-nidad Andina de Naciones (CAN) atraviesa uno

problemas de la falta de equidad no se resuelven con asistencialismo ni paternalismo. En ese sen-tido, Unidad de la Izquierda propone una agenda para la equidad sustentada en las siguientes políticas:

La equidad y solidaridad como políticas de Estado permitirán reforzar los marcos institu-cionales existentes con una estrategia de partici-pación social y comunitaria en la toma de deci-siones y en la generación y seguimiento de los programas existentes. Políticas de equidad y soli-daridad bajo un enfoque de derechos que prio-riza la atención a los sectores más vulnerables a través de un compromiso público que garantice el respectivo financiamiento.

Proponemos también el financiamiento de las políticas públicas de equidad y solidaridad, y el mantenimiento de los bonos de desarrollo humano y de los programas de asistencia social.

Consenso Nacional Pospetrolero hacia un nuevo modelo económico y social a fin de salir de manera definitiva del modelo neoliberal y sentar las bases de un nuevo modelo de econo-mía, de sociedad e institucionalidad, en el que la política económica haga de los seres humanos y la naturaleza el centro de su atención e inte-rés, y en el que los criterios de la producción, distribución y consumo sean respetuosos del medio ambiente, protejan los derechos huma-nos fundamentales, resuelvan la inequidad en la distribución del ingreso, superen las visiones extractivistas y reprimarizadoras de la economía, y generen mejores condiciones de vida para todos los ecuatorianos.

Consenso Nacional por una Base Científico – Tecnológica. Vamos a crear las condiciones jurídicas, institucionales y financieras que per-mitan por primera vez en el Ecuador generar una base científica-tecnológica como condición para el cambio del modelo económico y social, que posibilite la creación de una industria pro-ductora de bienes con alto valor agregado, con un sistema educativo de excelencia y vinculado a objetivos nacionales, y con políticas públicas coherentes y estructuradas en función de cerrar la brecha científica-tecnológica de nuestro país con el resto del mundo.

El modelo neoliberal se concentró en la estabilidad de los precios a través del control estricto del gasto fiscal y trasladó las responsa-bilidades públicas hacia los actores privados. En

ese proceso y durante tres décadas, el Ecuador no realizó ningún esfuerzo por construir un mínimo de condiciones para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la investigación acadé-mica. Estas tareas se relegaron a las universida-des que, escasas de fondos, priorizaron aquellos proyectos de investigación que podían generarles alguna rentabilidad económica. Esta política de dejar que los mecanismos de mercado sancionen la creación científica y tecnológica se expresa incluso en la Ley de Educación Superior que establece entre los requisitos para abrir carre-ras de postgrado la necesidad de un estudio de mercado (demanda), privatizando y limitando de esta manera la investigación científica y tecnoló-gica en el Ecuador. Unidad de la Izquierda pro-pone la creación de un marco institucional para sentar una base científico-tecnológica nacional.

Consenso Nacional por el Buen Vivir a fin de incorporar una dimensión humanista, ética y holística al relacionamiento de los ecuatoria-nos en la construcción de su sociedad y en su relación con la naturaleza, donde el bienestar individual no sea separado del bienestar social, y en el que la solidaridad, reciprocidad, comple-mentariedad, justicia, se expresen en las polí-ticas públicas que permitan el Buen Vivir en la educación, la salud, la naturaleza, la seguridad social, etc.

Sumak kawsay es la voz de los pueblos que-chuas para el Buen Vivir. Esta es una concepción de la vida alejada de los paradigmas del indivi-dualismo, la búsqueda del lucro, la relación costo-beneficio como axioma social, la utilización de la naturaleza como un medio, la relación estratégica entre seres humanos, la mercantilización total de todas las esferas de la vida, la violencia inherente al egoísmo del consumidor, etc. El Buen Vivir expresa una relación diferente entre los seres humanos y con su entorno social y natural.

Consenso Nacional por la Democracia Radi-cal a fin de continuar con el proceso de reforma política del Estado y de refundación del sistema político ecuatoriano, en condiciones de plurina-cionalidad y de aplicación de la democracia tanto para la política como para la economía, sistema que incorpore a la vida política del Ecuador las dimensiones del consenso para la toma de deci-siones, y el “mandar obedeciendo” como nueva ética política.

Unidad de la Izquierda considera que la democracia política solamente es factible y posible si hay democracia económica.

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103P R Ó X I M O G O B I E R N O Y P O L Í T I C A S P Ú B L I C A S laTendencia 

¿Somos pobres porque somos ricos? Cuando Alejandro von Humboldt1 llegó a lo que hoy es el Ecuador, en su histórico peregrinaje por tierras americanas, hace más de doscientos años, se quedó maravillado por la geografía, la flora y la fauna de la región. Y cuentan que veía a sus habitantes como un pordiosero sentado sobre un saco de oro, refiriéndose a sus inconmensurables riquezas naturales. Desde entonces, apegados a esta visión, tal como ya lo hicieron los españoles cuando conquistaron estas regiones, una y otras vez los gobiernos del Ecuador han pretendido extraer los tesoros existentes en dicho saco…

“Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias

con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado. La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una

pesadilla el cerebro de los vivos.”Carlos Marx, El 18 Brumario de Luis Bonaparte, 1852

Recogiendo esta anécdota del célebre cien-tífico alemán, de la época de la Ilustración, es válido preguntarse ¿cómo es posible que en un país tan rico en recursos naturales, la mayoría de sus habitantes no puedan satisfacer sus nece-sidades básicas?

Aunque resulte poco creíble a primera vista, la evidencia reciente y muchas experiencias acumuladas permiten afirmar que esa pobreza tiene que ver con esa riqueza. Los países ricos

1 Nació y murió en Berlín, el 14 de septiembre de 1769 y el 6 de mayo de 1859, respectivamente. Sus obras, escritas a raíz de su expedición por Nuestra América (1799-1804), tuvieron repercusiones políticas y económicas profundas. Aquellas obras atrajeron el interés del capitalismo colonial. El afán científico que movió a ese gran berlinés para llegar a América, sin que esto represente una acusación en su contra, no puede desvincularse de la expansión económica y política de las potencias europeas. Humboldt lo sabía. “Los progresos de los conocimientos cósmicos exigieron el precio de todas las violencias y horrores que los conquistadores, que se tenían a sí mismos por civilizados, extendieron por todo el continente”, escribió en su obra magna: “Cosmos” (“Kosmos”).

2 Paralaprimerapartedeesteartículoelautorrecurrióavariasreflexionesya publicadas en Schuldt, Jürgen y Acosta, Alberto (2006); “Petróleo, rentismo y subdesarrollo: ¿Una maldición sin solución?”, revista Nueva Sociedad Nº 204, Buenos Aires, julio/agosto.

en recursos naturales, cuya economía se sus-tenta prioritariamente en su extracción y expor-tación, encuentran mayores dificultades para desarrollarse. Sobre todo aquellos que disponen de una sustancial dotación de uno o unos pocos productos primarios, parecen estar condenados al subdesarrollo. Estos países estarían atrapa-dos en una lógica perversa conocida en la lite-ratura especializada como “la paradoja de la abundancia”.2

La gran disponibilidad de recursos naturales de que disponen, particularmente si se trata de recursos mineros o petroleros, tiende a distor-sionar la estructura económica y la asignación de los factores productivos del país, redistribuye regresivamente el ingreso nacional y concentra la riqueza en pocas manos. Esta situación se agudiza por una serie de procesos endógenos de carácter “patológico” que acompañan a la

Alberto Acosta

La maldición de la abundancia: un riesgo para la democracia

de sus momentos más difí-ciles, por lo que Unidad de la Izquierda cree pertinente unir todos los esfuerzos por salvar a ese organismo.

Unidad de la Izquierda llevará adelante una estrate-gia internacional que proteja a los migrantes y que evite su criminalización. En los foros internacionales llevará adelante propuestas de pro-tección de los derechos de la población migrante.

Unidad de la Izquierda ratifica su compro-miso de denunciar el Plan Colombia y el invo-lucramiento del Ecuador en el conflicto con el vecino país, que se ha profundizado durante el gobierno de Alianza País, por lo que propone el no involucramiento en el Plan Colombia y el desarrollo del Programa Fronteras de Paz, Diá-logo y Esperanza con el Estado Colombiano.

Unidad de Izquierda considera que las rela-ciones internacionales deben basarse en los cri-terios de reciprocidad y solidaridad. Por tanto cree que el Estado ecuatoriano debe suscribir todos los instrumentos internacionales que coadyuven a la paz, el respeto y la garantía de los derechos humanos, y deben revisar aquellos convenios que impliquen onerosas concesiones como los tratados de libre comercio o de asocia-ción comercial.

Unidad de la Izquierda ratifica su compromiso de denunciar el Plan Colombia y el involucramiento del Ecuador en el con-flicto con el vecino país, que se ha profundizado durante el gobierno de Alianza País, por lo que propone el no involucra-miento en el Plan Colombia

Alberto Acosta— Economista, profesor e investigador de la FLACSO. Consultor internacional. Ex-ministro de Energía y Minas. Ex-presidente de la Asamblea Constituyente.

104 P R Ó X I M O G O B I E R N O Y P O L Í T I C A S P Ú B L I C A S 105La maldición de la abundancia: un riesgo para la democracia

como programadas para reaccionar exclusivamente ante impulsos foráneos. En síntesis, la lógica de su producción, motivada por la demanda externa, caracteriza la evolución de estas economías primario - exportadoras.

En estas condiciones, además por las características tecnológicas de las actividades petrolera o minera, no hay una masiva genera-ción directa de empleo. Esto explica, también, la contradicción de los países ricos en materias primas, en los que, en la práctica, la masa de la población está empobrecida. Adicionalmente, las comunidades locales, donde se realizan estas actividades extractivistas, han sufrido y sufren los efectos de una serie de dificultades socioam-bientales derivadas de este tipo de explotaciones (En Ecuador, por ejemplo, justamente en las pro-vincias petroleras amazónicas se registran gra-ves problemas ambientales y, por consiguiente, los mayores niveles de pobreza).

La miseria de grandes masas de la población parecería ser, por tanto, consustancial a la pre-sencia de ingentes cantidades de recursos natu-rales (con alta renta diferencial). Esta modalidad de acumulación no requiere del mercado interno, incluso funciona con salarios decrecientes. No hay la presión social que obliga a reinvertir en mejoras a la productividad. El rentismo deter-mina la actividad productiva y por cierto el resto de relaciones sociales. Estas actividades extracti-vas –petrolera o minera– promueven relaciones sociales clientelares, que benefician los intereses de las propias empresas transnacionales, pero impiden el despliegue de planes de desarrollo adecuados.

Como es evidente, todo ello ha contribuido a debilitar la gobernabilidad democrática, en tanto termina estableciendo o facilita la permanencia de gobiernos y de empresas autoritarias, voraces y clientelares. En efecto, estos países no se han caracterizado como ejemplos de democracia, sino todo lo contrario.

América Latina tiene una amplia experien-cia acumulada en este campo; Venezuela, por ejemplo, ha sido desde los años treinta del siglo anterior un ejemplo paradigmático.5 Igual

5 Coronil, Fernando (2002), El Estado mágico. Naturaleza, dinero y modernidad

reflexión se podría hacer en relación con los países exportadores de petróleo; considérese, a modo de ejemplo, a los países ubicados en los Golfos Pérsico o Arábigo. Así, Arabia Saudita, Kuwait y los Emiratos Árabes, entre otros países de dicha región, pueden ser considerados como países muy ricos en términos de acumulación de ingentes depósitos financieros y con elevados niveles de ingreso per cápita; sin embargo, estos países no pueden incorporarse en la lista de paí-ses desarrollados: los niveles de inequidad de género registrados son intolerables y sus gobier-nos no sólo que no son democráticos, sino que se caracterizan por profundas prácticas autori-tarias. Se podrían encontrar ejemplos contrarios, como Noruega; pero en este caso la extracción de petróleo empezó y se expandió cuando ya existían sólidas instituciones económicas y políticas democráticas e institucionalizadas, es decir cuando el país escandinavo ya era un país desarrollado.

Por todas estas razones rápidamente des-critas, estas economías primario exportadoras no han logrado establecer un esquema de desa-rrollo que les permita superar la “trampa de la pobreza”. Esta es la gran paradoja: hay países que son muy ricos en recursos naturales, que incluso pueden tener importantes ingresos finan-cieros, pero que no han logrado establecer las bases para su desarrollo y siguen siendo pobres. Y son pobres porque son ricos en recursos natura-les, en tanto han apostado prioritariamente por la extracción de esa riqueza natural, marginando otras formas de creación de valor, sustentadas más en el esfuerzo humano que en la generosi-dad de la Naturaleza.6

en Venezuela, Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad Central de Venezuela - Nueva Sociedad, Venezuela

6 Ver: Jürgen Schuldt, (2005) ¿Somos pobres porque somos ricos? Recursos na-turales, tecnología y globalización, Fondo Editorial del Congreso del Perú, Lima

abundancia de estos recursos naturales. En realidad esta abundancia se ha transformado, muchas veces, en una maldición.3

La forma en que se extraen y se aprovechan dichos recursos ha conducido a una generaliza-ción de la pobreza, ha dado paso a crisis econó-micas recurrentes, al tiempo que ha consolidado mentalidades “rentistas”. Todo esto profundiza la débil y escasa institucionalidad, alienta la corrupción y deteriora el medio ambiente. Lo expuesto se complica con las prácticas clientela-res y patrimonialistas que se despliegan, que con-tribuyen a frenar la construcción de ciudadanía.

La realidad de una economía primario – exportadora, es decir exportadora de Naturaleza, se refleja, además, en un escaso interés por invertir en el mercado interno. Esto redunda en una limitada integración del sector exportador con la producción nacional. No ha habido los incentivos que permitan el desarrollo y la diver-sificación de la producción interna, vinculándola a los procesos exportadores, en los que debería darse la transformación de los recursos natu-rales en bienes de mayor valor agregado. Algo explicable por lo relativamente fácil que resulta obtener ventaja de la generosa Naturaleza y de una mano de obra barata.

A lo anterior se suma la masiva concentra-ción de dichas rentas en pocos grupos oligopóli-cos. Estos sectores y amplios segmentos empre-sariales, contagiados por el rentismo, no encuen-tran alicientes (tampoco los crean) para sus inversiones en la economía doméstica. Prefieren fomentar el consumo de bienes importados. Y, con frecuencia, estos grupos sacan sus ganancias fuera del país.

Así las cosas, los ingresos recibidos por las exportaciones de productos primarios, tampoco se ven compelidos a invertirse en las propias actividades exportadoras, pues la ventaja com-parativa radica en la renta de la Naturaleza antes que en el esfuerzo innovador del ser humano. La respuesta para enfrentar una cre-ciente demanda o incluso para dar respuesta a

3 En la actualidad la cuestión de los “recursos naturales no renovables” debe ser enfocada a la luz de las recientes evoluciones y tendencias. Dado el enorme nivel de extracción de recursos, muchos “renovables”, como por ejemplo el fores-tal o la fertilidad del suelo, pasan a ser no renovables, ya que el recurso se pierde porque la tasa de extracción es mucho más alta que la tasa ecológica de reno-vación del recurso. Entonces, a los ritmos actuales los problemas de los recursos naturales no renovables podrían aplicarse por igual para todos los recursos, re-novables o no. Esto podría aplicarse, también, para los manglares y poco a poco para los páramos andinos. Un tema que merece una discusión especial.

la caída de los precios de dichos recursos en el mercado mundial, ha sido expandir la frontera productiva provocando cada vez más y mayores complicaciones.

Es imposible aceptar que todos los países que producen bienes primarios similares, que son muchos, puedan crecer esperando que la demanda internacional sea suficiente y soste-nida para garantizar ese crecimiento. En este tipo de economía extractivista, con una elevada demanda de capital y tecnología, sin una pro-puesta que integre estas actividades primario-exportadoras al resto de la economía y de la sociedad, su aparato productivo queda sujeto a las vicisitudes del mercado mundial. En espe-cial, queda vulnerable a la competencia de otros países en similares condiciones, que buscan sos-tener sus ingresos sin preocuparse mayormente por un manejo más adecuado de los precios.

Casi como complemento de lo anterior, no se dio, ni se da encadenamiento o eslabona-miento alguno que pudiera haberse potenciado desde este tipo de actividades extractivistas. No hay el desarrollo de conglomerados productivos, ni para el mercado interno, ni para ampliar la oferta exportable. Tampoco una mejor distribu-ción del ingreso, ni los necesarios ingresos fisca-les. Y, no sólo eso, esta modalidad de acumula-ción orientada en extremo hacia afuera fortalece un esquema cultural dependiente.

Esto es aún más marcado en épocas de cri-sis, cuando todos esos países dependientes de recursos primarios, caen en la trampa de forzar sus tasas de extracción petrolera o minera. Esta realidad termina por beneficiar a los países cen-trales: un mayor suministro de materias primas o alimentos en épocas de precios deprimidos, ocasiona una reducción mayor de dichos precios. Ese es el conocido “crecimiento empobrecedor”, al que hacía referencia el profesor Jagdish N. Baghwati ya en 1958.4

En este escenario hay que reconocer, que el real control de las exportaciones nacionales está en manos de los países centrales, aun cuando no siempre se registren importantes inversio-nes extranjeras en las actividades extractivistas. Incluso muchas empresas estatales de las econo-mías primario – exportadoras (con la anuencia de sus respectivos gobiernos, por cierto) asoman

4 Baghwati, Jagdish N (1958); “Immiserizing Growth”, Review of Economic Stu-dies, June, 201-205

La forma en que se extraen y se aprovechan dichos recursos ha conducido a una generalización de la pobreza, ha dado paso a crisis económicas recurrentes, al tiempo que ha con-solidado mentalidades “rentistas”.

106 P R Ó X I M O G O B I E R N O Y P O L Í T I C A S P Ú B L I C A S 107La maldición de la abundancia: un riesgo para la democracia

De la mano de los ingresos petroleros y del endeudamiento externo vinieron varios proble-mas propios de este tipo de bonanzas. Estos fenómenos desequilibrados y desequilibradores, provocados por un auge primario – exportador inesperado, constituyen lo que es conocido en la literatura económica como la “enfermedad holandesa”. La distorsión se materializa en la estructura relativa de precios. Las inversio-nes fluyen hacia los sectores beneficiados la bonanza, entre los se cuentan los bienes no transables. En paralelo se produce un deterioro acelerado de la producción de aquellos bienes transables que no se benefician del boom expor-tador, en tanto pueden ser importados, incluso debido a la revalorización de la moneda nacio-nal. Posteriormente, superado el auge, debido a la existencia de rigideces para revisar los precios y los salarios, los procesos de ajuste resultan muy complejos y dolorosos; otra manifestación de dicha enfermedad.

Esta situación de abundancia relativa de recursos financieros que permitió en los años setenta en el siglo XX un manejo político de cierta tolerancia en medio de un ambiente polí-tico dictatorial9, fue posible sobre todo mientras existió un considerable flujo de dólares prove-nientes del exterior que facilitaba la posterga-ción y aún la superación de algunos conflictos. En otras palabras, había suficientes ingresos externos como para tener que recurrir a cambios en el interior del Ecuador. Uno de los gober-nantes militares de la época, años más tarde, se vanagloriaba que en su gestión no se cobraba impuesto a la renta…

No se puede olvidar que, particularmente mientras duró el auge petrolero, el Estado se constituyó por primera vez en el actor principal en el proceso de desarrollo. Lo cual no puede dar lugar a equivocadas interpretaciones: en ningún momento se instauró una economía cen-tralmente planificada con un manejo antagónico al empresariado privado. El Estado ecuatoriano, como lo reconoció el Banco Mundial, garantizó con “un sistema complejo de subsidios implíci-tos y poco transparentes” la “eficiencia privada”.

Los tradicionales grupos de poder, a pesar de que no tenían un control directo sobre la riqueza petrolera, obtenían también su tajada

9 Recuérdese que el país registró una larga etapa dictatorial desde junio de 1970, primero con José María Velasco Ibarra, que luego se prolongó hasta agosto de 1979 con dos gobiernos militares sucesivos.

a base de la expansión del gasto y la inversión fiscales, así como por los créditos preferenciales para la industria, por las barreras arancelarias que la protegían de la competencia externa y, no pocos, por su activa participación directa o indirecta en la corrupción y en el despilfarro de la riqueza petrolera. 10 Y, más tarde, cuando se debilitó la bonanza petrolera y empezó la larga crisis de la deuda externa, el Estado instauró varios esquemas de apoyo (no siempre público) a los grupos oligopólicos, mientras la mediana y pequeña empresa, conjuntamente con el grueso de la sociedad, sufrían mayormente los embates del ajuste.11

A inicios de la década de los ochenta del siglo XX, como parte de la estrategia de reor-denamiento del poder mundial, los precios del petróleo y de otras materias primas empezaron a debilitarse en los mercados internacionales. A esto se sumaron las tendencias neoproteccio-nistas que afectaban al resto de exportaciones. Entonces también impactó con fuerza el efecto de la nueva política económica de los Estados Unidos –“reaganomics”– , que provocó un enca-recimiento y una notable disminución de los préstamos para los países latinoamericanos.

Esta estrategia, en definitiva, apuntó al fortalecimiento del sistema capitalista a nivel mundial, imponiendo cambios en las políticas de los países pobres para que se reajustaran a los nuevos requerimientos de las naciones del Norte, en especial de los Estados Unidos. Así las cosas, esta concepción, al rebasar las fronteras de lo económico, se introdujo con la fuerza de una ideología totalizante, apta para garantizar la proyección del poder global de dicho país en América Latina. En este contexto internacional,

10 No se pueden olvidar las distorsiones provocadas por la estrategia de indus-trialización vía sustitución de importaciones, cuya aplicación –errada e incluso incompleta– terminó por consolidar las prácticas rentísticas y podo democrá-ticas de amplios segmentos empresariales, sobre todo en el sector industrial. A través de estos mecanismos, explícitos o implícitos, el Estado, durante el boom del petróleo de los años 70 en el siglo XX, transfirió masivamente excedentes a las burguesías urbano oligopólicas. Importantes transferencias fueron del cam-po a la ciudad, del agro a la industria, de los exportadores a los importadores industriales, de los ahorristas a los acreedores industriales, de los que pagan im-puestos indirectos respecto a los que deberían cancelar impuestos a la renta y las ganancias, etc. (Ver Acosta 2002) Siempre los capitalistas han contado con la capacidad de utilizar los aparatos del Estado en beneficio propio”. Ver: Imma-nuel Wallerstein (1988), El capitalismo histórico, Bogotá.

11 El mismo Wallerstein reconoce otra de las constantes del “capitalismo his-tórico”, cuando afirma que “estas prácticas de redistribución antiigualitarios han sido el lado vergonzoso del poder del Estado (vergonzoso en el sentido en que los gobiernos se sentían un tanto embarazados por estas actividades y trataban de mantenerlas ocultas)”.

Ecuador un país rico, por lo tanto pobre…

Lo anteriormente descrito calza perfectamente en Ecuador. Este ha sido y es un país tradi-cionalmente dependiente de la renta de la Naturaleza. Desde los orígenes de la República en 1830, y con creciente intensidad desde la octava década del siglo XIX, su economía se ha caracterizado por actividades de producción pri-mario exportadoras. Ecuador ha sido sucesivamente y de manera sostenida un país-producto: país-cacaotero, país-bananero, país-floricultor, país-camaronero, país-petrolero… ¿país-minero? El Frankfurter Allgemeiner Zeitung (diario alemán de tiraje nacional) en 1974, afirmaba, en su edi-torial, que Ecuador es como “un país corcho” (ein Korkenland), pues una y otra vez encuentra un producto de exportación que le permite reflotar su economía, superando la crisis precedente, normalmente provocada por la caída de la pro-ducción y/o precios del producto dominante hasta ese entonces.

La actividad extractivista en el Ecuador tiene una historia centenaria. Sin referirse al uso de los “esquistos bituminosos” o a la explotación de recursos minerales en las épocas precolonial y colonial, es conveniente recordar la explota-ción de crudo en la península de Santa Elena y también la extracción de oro en Portovelo desde inicios del siglo XX.

Más tarde, el Ecuador petrolero, en los años setenta del siglo pasado, permitió anticipar que se estaba en la puerta del desarrollo. La econo-mía ecuatoriana entró de lleno en el mercado internacional. Sus exportaciones y, por ende, sus importaciones crecieron aceleradamente; Ecua-dor se volvió un buen negocio. El país consiguió los créditos que no había recibido el Ecuador bananero y mucho menos el cacaotero.7

El auge petrolero y el masivo endeuda-miento externo dieron lugar a una serie de

7 Pero no nos olvidemos que la riqueza petrolera no fue el único detonante de la carrera de endeudamiento externo, sino la existencia de importantes vo-lúmenes de recursos financieros en el mercado mundial que no encontraban una colocación rentable en las economías de los países industrializados por la recesión.

transformaciones. Sin embargo no se puede creer que esos dos factores fueron los únicos determinantes. Aquí influyó una batería de fac-tores sustentados en la disolución de relaciones no capitalistas en el agro, sobre todo en la Sierra, y la anterior crisis de la actividad agroexporta-dora (banano, sobre todo), el crecimiento de la industria, un nuevo proceso de urbanización y otros más que reprodujeron “la maldición de la abundancia”. El país sustituyó en muy poco tiempo sus exportaciones de banano por las de petróleo, en cantidades que no habían sido regis-tradas antes. Con esto no cambiaron los patro-nes de producción dependientes del exterior. No se alteró el proceso de acumulación atado a las exportaciones de productos primarios. Tampoco se transformó la estructura de la propiedad, caracterizada por una elevada concentración tanto en los sectores agrario e industrial, como en el comercial y bancario.

La bonanza que motivó el petróleo –la mayor cantidad de divisas que había recibido hasta entonces el país–, que apareció en forma masiva y relativamente inesperada, se acumuló sobre las mismas estructuras anteriores y reprodujo, a una escala mayor, gran parte de las antiguas diferencias. El salto cualitativo llevó al Ecuador a otro nivel de crecimiento económico pero, al no corresponderle una transformación cualitativa similar, en poco tiempo se cristalizó en “el mito del desarrollo”.8

8 Sobre esta evolución de la economía se puede consultar el libro del autor (2002), Breve Historia Económica del Ecuador, Corporación Editora Nacional, Quito

108 P R Ó X I M O G O B I E R N O Y P O L Í T I C A S P Ú B L I C A S 109La maldición de la abundancia: un riesgo para la democracia

jurídico anterior, no es menos cierto que no se ajusta al (incumplido) Mandato Minero, expedido en abril del 2008 por 95 de los 96 asambleístas presentes en Montecristi. Tampoco esta ley cum-ple con las disposiciones de la nueva Constitu-ción, aprobada en referéndum en septiembre del 2008. Y su expedición no fue el resultado de un proceso de amplia participación ciudadana…

El apuro para aprobar la nueva ley de mine-ría preocupa aún más, pues la actual crisis eco-nómica internacional provoca una disminución de las inversiones en minería. Los bajos precios de los minerales y las deprimidas acciones de las empresas mineras en las bolsas internacionales no configuran un escenario propicio para alentar grandes expectativas sobre masivas inversiones y nuevas exportaciones de recursos primarios, al menos en el corto plazo. Es más, forzar las tasas de extracción de minerales o de petróleo, en medio de la crisis, sólo servirá para confirmar la tesis del “crecimiento empobrecedor”, mencio-nada más arriba.

Sin minimizar lo dicho, es conveniente estar atentos a los otros riegos aún más perversos, que implica la crisis. Riesgos que podrían expli-car de alguna forma la aprobación atropellada de dicha ley. No sólo que podría existir el afán por aumentar la oferta exportable de Ecuador, incorporando en ella el cobre y el oro especial-mente. Es probable que, en la desesperación por conseguir financiamiento para proyectos que podrían paralizarse por efecto de las actuales restricciones fiscales, el gobierno intente esta-blecer lazos “estratégicos” con algunos países que han comenzado a transformar sus enormes reservas financieras en activos, en tierras o en yacimientos minerales; ese es el caso de China, cuyas empresas están de compras por el mundo subdesarrollado particularmente.12

12 Las empresas chinas, que no se caracterizan por ser las más responsables en términos ambientales y sociales, sino todo lo contrario, se encuentran entre las relativamente pocas empresas que aún invierten en la actual crisis mundial. Entre los nuevos proyectos destaca la compra del depósito de cobre Toromo-cho en Junín, al este de Lima, en Perú. La Corporación de Aluminio de China (Chinalco) compró Toromocho de la compañía minera junior canadiense Peru Copper. La compañía afirma haber reservas de alrededor de 2 millones de tone-ladas métricas. Se espera producir alrededor de 210.000 toneladas de cobre al año a partir de 2012, con una inversión estimada en 2,4 mil millones de dólares. Inversión que no sufriría por la crisis, puesto que esta empresa tendría un amplio acceso a la financiación en China, según sus directivos. Este tipo de compras chinas se multiplican en el último tiempo en diversas partes del planeta; sobre todo los empresarios chinos están comprando las concesiones de empresas ju-nior canadienses. Y es sabido que las empresas chinas no cumplen en los países empobrecidos con las restricciones ambientales y sociales que países como Esta-dos Unidos, Canadá y otros obligan a sus empresas mineras.

Las posibilidades de que los potenciales ingresos mineros puedan provocar una supe-ración de las patologías descritas son (casi) imposibles. No se trata simplemente de confiar en un gobierno autodefinido como “revolucio-nario”. Hay condiciones intrínsecas en este tipo de economías que deben ser desnudadas, antes de diseñar una estrategia que permita aprove-char de manera inteligente e incluso sustentable los recursos naturales, como parte de una clara programación para arribar a un esquema post-extractivista.

Esta posición del gobierno del presidente Correa sorprende. En su primera campaña elec-toral, en el Plan de Gobierno del Movimiento País –Un primer gran paso para la transformación radical del Ecuador–,13 se cuestionaba el modelo dependiente de la renta de los recursos natura-les. Allí se proponía

“… hacer un esfuerzo enorme y sostenido para maximizar los efectos positivos que se puedan obtener de la extracción petrolera, sin perder de vista que el petróleo se acaba y que el desarrollo no se hace simplemente en base a la extracción de los recursos natura-les. Es preciso generar riqueza, no podemos vivir de la renta de los recursos naturales sino del esfuerzo de los seres humanos, esa es la gran tarea”.

Más allá de esa promesa electoral, la extrac-ción de materias primas alimenta todavía la ilusión del desarrollo a partir de la extracción de recursos naturales. La tradición del modelo extractivista “oprime como una pesadilla el cere-bro” (Marx) de amplios segmentos de la socie-dad. Así, todavía predomina, a nivel del actual gobierno, la creencia que los recursos del sub-suelo, petroleros y ahora sobre todo minerales, son indispensables para el desarrollo. Una necesi-dad que se presenta mucho más arraigada justa-mente en medio de la actual crisis… Esto explica-ría también por qué, cuando se estaba elaborando la reciente ley de minería, no se dio paso a una reflexión amplia y democrática sobre los límites que tiene la economía primario exportadora.

13 Hay que anotar que, a más del autor de estas líneas, varios funcionarios del gobierno de Acuerdo País, incluyendo el propio presidente Rafael Correa, conjuntamente con cientos de personas, ciudadanas y ciudadanas independien-tes o representantes de organizaciones y movimientos sociales, participaron en la elaboración de dicho plan. Fander Falconí, quien fuera secretario general de la SENPLADES y actualmente Canciller de la República, fue el coordinador del plan.

muchos países empobreci-dos, Ecuador uno de ellos, se vieron forzados a pro-fundizar su dependencia como economías primario exportadoras, marginando los muchas veces tímidos esfuerzos por industrializar y modernizar sus economías.

Así, terminada la bonanza petrolera, con el arranque de la crisis de la deuda externa, el Ecua-dor entró de lleno en los ajustes de inspiración neoliberal. A pesar de quienes sostienen lo con-trario, la economía ecuatoriana, como la de casi todos los países de la región, ejecutó y sufrió el recetario del ajuste inspirado en el Consenso de Washington.

En todos estos largos años de políticas de estabilización y de programas de ajuste estruc-tural –“la larga noche neoliberal”, para ponerlo en palabras del presidente Rafael Correa– el petróleo fue la fuente de divisas que ha permitió financiar parcialmente la economía ecuatoriana, estrangulada por el elevado servicio de la deuda externa.

Desde el año 2000, cuando se impuso la dolarización, la economía se financió gracias a una serie de factores exógenos: particularmente los precios altos del petróleo y las remesas de los emigrantes. Otro factor externo positivo fue la recuperación de la economía de los EEUU, en donde se coloca casi la mitad de las exportacio-nes ecuatorianas. Las bajas tasas de interés en el mercado financiero internacional fomentaron el endeudamiento externo privado. La depreciación del dólar ayudó a recuperar marginalmente los bajos niveles de competitividad. No se podría marginar de este rápido análisis el ingreso de narcodólares.

En este punto, aún antes de considerar las presiones derivadas de la actual crisis econó-mica internacional, es preciso considerar que las reservas de crudo en Ecuador, de conformi-dad con la información disponible, comienzan a declinar. Lo que se ha extraído podría ser ya superior a lo disponible, desde el 2006. Así, las reservas del país superan en poco los 4.000 millones de barriles. Los descubrimientos son cada vez menos frecuentes, más costosos y menos grandes los nuevos campos encontrados; además, de que los crudos hallados son cada vez más pesados. Esto no significa que no se puede descubrir más petróleo en el Ecuador, pero hay

que tener en cuenta que el Oriente ecuatoriano ha sido explorado por décadas, y que la mayor cantidad del petróleo que se extrae hoy fue encontrado hace más de 30 años.

Esta consideración es muy importante para entender por qué se ha reforzado la presión para introducir la actividad minera industrial. La minería, sobre todo industrial, a diferencia del petróleo, hasta ahora no ha sido un pilar importante para la economía nacional. De todas maneras, en los últimos años, en la medida que se incrementó la demanda mundial de recursos minerales, y por consiguiente aumentaron los precios de dichos recursos, los sucesivos gobier-nos, con el respaldo del sector minero (cámaras de minería, empresarios mineros) han orientado sus esfuerzos para ampliar la actividad minera en el país. En la mira está la transformación del país en un productor minero. Esta pretensión se intensificó mediante una serie de reformas legales.

Inspirados en el Consenso de Washington, los gobiernos neoliberales promovieron varias modificaciones en las leyes, procurando crear condiciones “atractivas” para la inversión extran-jera destinada a la minería industrial. La coope-ración de organismos como el Banco Mundial y gobiernos extranjeros, a través del Proyecto para el Desarrollo Minero y Control Ambiental (PRO-DEMINCA) permitió iniciar un proceso de gene-ración de información específica, que después sería utilizada por las empresas privadas. Esta información despertó el interés por la minería dentro y fuera del país. Fue, sin lugar a dudas, el punto de partida de diversas iniciativas y de varias acciones especulativas, así como de conti-nuados ataques en contra de diversas comunida-des a las que se les quiere imponer la minería.

Sobre todo luego de la expedición de la reciente ley de minería, en enero del 2009, el Ecuador está a punto de entrar en una fase expectante en cuanto al posible aprovechamiento de su potencial minero. Aunque la nueva ley supera muchas de las aberraciones del marco

Esta consideración es muy importante para entender por qué se ha reforzado la presión para introducir la actividad minera industrial. La minería, sobre todo industrial, a diferencia del petróleo, hasta ahora no ha sido un pilar importante para la economía nacional.

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se precisa definir, con una amplia y verdadera partici-pación ciudadana, una ade-cuada estrategia que permita enfrentar el reto de la mine-ría metálica a gran escala, sobre todo a cielo abierto, que pondría en riesgo la biodiversidad e inclusive la convivencia social. Cuestio-nar esta actividad minera, no pude confundirse con no hacer nada frente a las otras actividades mineras de menor volumen, que son tremendamente per-judiciales para el ambiente y en donde las condi-ciones sociales son deplorables.

El tema de fondo radica en no seguir exten-diendo y profundizando un modelo económico extractivita, es decir primario - exportador. Esa no ha sido la senda para el desarrollo de ningún país. El mismo Adam Smith, considerado como el padre del neoliberalismo (a quien sus seguidores le citan con frecuencia, aunque le hayan leído poco y entendido menos) tenía algunos reparos con la minería.En su libro clásico14, se pronunció de la siguiente manera:

“Entre todos los proyectos costosos e incier-tos, que llevan la ruina de la mayor parte de quienes en ellos se aventuran, quizás no se encuentre ninguno en que la amenaza sea tan grande como la busca de nuevas minas de oro y plata. No habrá probablemente en el mundo una lotería tan arriesgada como ésta, o que el premio y la ganancia de los favorecidos guarde tan escasa proporción con la pérdida de quienes no ven premiados sus boletos, porque si bien los premios son pocos y los billetes en blanco son numero-sísimos, en cambio el premio ordinario del billete equivale a la fortuna de un potentado. Las empresas mineras muchas veces, en lugar de reponer el capital invertido, con-juntamente con los beneficios corrientes del mismo, suelen absorber capital y provecho. Por esta razón un legislador no debe otorgar ninguna preferencia a esta clase de pro-yectos desplazando hacia ellos otro capital distinto del que espontáneamente se hubiera dedicado a ello.”Téngase presente la conclusión a la que llega

14 “Investigación sobre la naturaleza y causas de las riquezas de las naciones” (1776)

un estudio financiado por intereses mineros15: “la minería solo conviene a aquellos países que no cuentan con otras alternativas”.

Y en Ecuador, como es ampliamente conocido, se cuenta con muchas alternativas a las actividades extractivistas, que podrían ser las bases de un desarrollo endógeno y sostenible. Pero que pue-den ser afectadas definitivamente si se continúa ampliando el régimen primario - exportador, sobre todo en aquellas regiones ricas en biodi-versidad en donde se permita la minería metálica a gran escala y a cielo abierto.

En la actualidad, el reto mayor es consolidar en el debate nacional las limitaciones del modelo extractivista. En amplios segmentos de la ciu-dadanía, no sólo en el gobierno, se ha asumido como indiscutible el camino del extractivismo. Por lo tanto se precisa forzar la discusión y, a partir de ella, diseñar las políticas económicas estructurales e incluso las leyes y las reformas legales requeridas para, desde la efectiva apli-cación de la nueva Constitución, encontrar otra senda de desarrollo. Eso implica conformar las alianzas y consensos necesarios para aprovechar las enormes potencialidades que posibiliten ase-gurar la transición desde una economía primario - exportadora dependiente hacia una economía más autodependiente, es decir hacia una socie-dad autosustentable. Ecuador requiere “combi-nar lo mejor de lo propio con lo más valioso de fuera” (Schuldt). Es decir, se precisa una concep-ción estratégica de país para –optimizando sus potencialidades domésticas– poder actuar con inteligencia en el contexto internacional.

15 Abriendo Brecha (2002), Mining, Minerals and Sustainable Development. 2002

Exactamente esa permanente expectativa de resolver los problemas de financiamiento de la economía ecuatoriana en base a la extracción y exportación de algún producto primario ha fre-nado y sigue frenando las posibilidades de un desarrollo endógeno.

En Ecuador, el peso abrumador que repre-senta este tipo de economía extractivista, atada a la renta diferencial de la Naturaleza, ha generado una serie de efectos perniciosos en las estructu-ras económicas y sociales. Esto ha configurado relaciones sociales verticales y una estructura política que impiden el procesamiento de los conflictos sociales. Ha limitado la construcción de ciudadanía. Igualmente ha consolidado las heterogeneidades sociales y económicas. En suma, ha frenado el desarrollo del país.

¿Se puede superar la maldición de la abundancia?

A alguien –por mala fe o por ignorancia– se le podría ocurrir la peregrina idea de que, ya que la exportación primaria genera y perenniza el subdesarrollo, la solución consistiría en dejar de explotar los recursos naturales. Obviamente, esa es una falacia.

Simultáneamente, debe quedar claro que, la continuación de la extracción de dichos recursos, como parte de la construcción de una economía post-extractivista, no debe obstruir, menos aún destruir las vías de salida de dicha economía extractivista. No se puede afectar las actividades manufactureras, la agricultura, el turismo… en definitiva no se debe deteriorar la Naturaleza. Esto indica que este tipo de estrategias, a ser desplegadas mientras se sigue extrayendo los recursos naturales de alguna manera portado-res de la maldición de la abundancia, mantiene latentes los riesgos de depender de dichas acti-vidades, sosteniendo la característica colonial de exportador de materias primas.

En este punto cobran fuerza las propuestas en el ámbito petrolero del mencionado plan de gobierno del presidente Correa, formulado en el año 2006:

“La tarea (…) no es simplemente ampliar la producción de petróleo, sino optimizar su extracción sin ocasionar más destrozos ambientales y sociales (…) Nuestro gobierno no será un socio de las empresas transna-cionales en contra del pueblo ecuatoriano, como ha sucedido una y otra vez en la

actividad petrolera. Hay que procurar obte-ner el mayor beneficio posible para el país en cada barril extraído, refinado, transpor-tado y comercializado, antes que maximi-zar el volumen de extracción, pero hay que hacerlo respetando a la Naturaleza y a las comunidades (…)”(…)“Desde la perspectiva de lo anteriormente expuesto, dentro del justo reclamo por ase-gurar la soberanía energética y financiera del Ecuador, es necesario combinar el estricto cumplimiento de los contratos con la revi-sión de aquellos contratos que a todas luces no están sirviendo al interés nacional (…). Entonces, no nos contentaremos con una simple repartición de las ganancias extraor-dinarias, sino que, coincidiendo incluso con el espíritu de cambio de las relaciones entre el Estado y las empresas petroleras a nivel latinoamericano, creemos imprescin-dible replantearse la distribución de toda la renta petrolera teniendo como un punto de referencia los márgenes de participación de la empresa Texaco en los años setenta y ochenta, que le dejaban al Estado un ingreso superior al 87%.”(…)“En este empeño por repensar la política petrolera, aparece con creciente fuerza la necesidad de analizar con seriedad en la posibilidad de una moratoria de la actividad petrolera en el sur de la Amazonía ecuato-riana, atada a una suspensión del servicio de la deuda externa. Sería imperdonable que se reedite la destrucción ambiental y social experimentada en el norte de la Amazonía. Además, es preciso manejar el petróleo exis-tente como una reserva energética para el futuro, a ser extraída posteriormente, siem-pre que existan suficientes garantías para no poner en riesgo la principal riqueza de la Amazonía: su biodiversidad.

El aprovechamiento adecuado de los recur-sos minerales, actividades que conforman la minería realmente existente en el país, es otro de los grandes retos. Ecuador requiere una ins-titucionalidad y una normatividad adecuadas para organizar y controlar el funcionamiento de la extracción de materiales de construcción, así como de la pequeña minería, la minería artesanal y la minería de subsistencia. De igual manera

Ante la ausencia de un gran acuerdo nacional para mane-jar estos recursos naturales, sin instituciones democráticas sólidas, en escena aparecen los diversos grupos de poder no - cooperativos, desesperados por obtener una tajada de la renta minera o petrolera.

112 P R Ó X I M O G O B I E R N O Y P O L Í T I C A S P Ú B L I C A S 113La maldición de la abundancia: un riesgo para la democracia

de impuestos; eventuales reducciones de la producción para forzar mayores benefi-cios; creciente actividad de intermediarios de todo tipo que dificultan las activida-des productivas; incluso la reducción de las inversio-nes sectoriales, al menos de las empresas más serias…Por otro lado, depender tanto de la gene-rosidad de la Naturaleza margina los esfuerzos de innovación productiva e incluso de mercadeo, consolida prácticas patrimonialistas y rentistas.

Otro efecto pernicioso, atado a esta maldi-ción de la abundancia, viene de la mano de los créditos externos. Así, por ejemplo, a Ecuador como nuevo rico petrolero le fue más fácil conse-guir créditos que cuando era apenas un pobretón bananero. El pleno auge económico de los años setenta en el siglo XX, la deuda pública, particu-larmente externa creció más que proporcional-mente en relación al boom propiamente dicho (es cierto que también por condiciones externas derivadas de las demandas de acumulación del capital). En este punto, entonces, asoma nueva-mente el efecto voracidad, manifestado por el deseo de participar en el festín de los cuantiosos ingresos por parte de la banca internacional (pri-vada y multilateral), corresponsable de los proce-sos de endeudamiento externo.

Ya lo señalamos brevemente, como conse-cuencia de la alta recaudación derivada de la explotación de los recursos naturales, los gobier-nos tienden a dejar de cobrar otros impuestos, mantienen la presión tributaria al mínimo.18 Esto, como reconoce Schuldt, “malacostumbra” a la ciudadanía. Y lo que es peor, “con ello se logra que la población no le demande al gobierno transparencia, justicia, representatividad y efi-ciencia en el gasto”.19 La lógica del rentismo y del clientelismo difiere de la lógica ciudadana, en la

18 Esta tendencia ha cambiado en el Ecuador durante la reciente alza de los precios del petróleo. La presión fiscal El incremento de la presión fiscal ha sido uno de los puntos positivos en el año 2008, en especial evitando la evasión y elusión tributaria. De diciembre de 2007 a diciembre de 2008, ésta ha crecido 0,73 puntos porcentuales alcanzando el 12,9% del PIB en el año 2008, la más alta registrada desde el año 2001. Ver: Análisis de Coyuntura Económica - Una lectura de los principales componentes de la economía 2008, ILDIS y FLACSO, febrero 2009.

19 La demanda por representación democrática del Estado, nos recuerda Schuldt, surgió generalmente como consecuencia de los aumentos de impues-tos; por ejemplo, en Gran Bretaña hace más de cuatro siglos y Francia a princi-pios del siglo XIX.

medida que inclusive que frena e impide la cons-trucción de ciudadanía. Y estas prácticas clien-telares, si se dan alentando el individualismo20, pueden llegar a desactivar las propuestas y las acciones colectivas, lo que termina por afec-tar las organizaciones sociales y lo que es más grave, el sentido de comunidad.

Además, la mayor erogación pública en actividades clientelares reduce las presiones latentes por una mayor democratización. Se da una suerte de “pacificación fiscal” (Schuldt), dirigida a reducir la protesta social. Los altos ingresos del gobierno le permiten prevenir la configuración de grupos y fracciones de poder contestatarias o independientes, que estarían en condiciones de demandar derechos políticos y otros (DDHH, justicia, cogobierno, etc.) y de des-plazarlos del poder. El gobierno puede asignar cuantiosas sumas de dinero para reforzar sus controles internos; incluyendo la represión de los opositores.

Este tipo de economías extractivistas deteriora grave e irreversiblemente el medio ambiente natural y social en el que se desem-peña, a pesar de algunos esfuerzos de las empre-sas para minimizar la contaminación. De poco sirven sociólogos y antropólogos contratados por dichas empresas, para establecer relaciones “amistosas” con las comunidades aledañas. El discurso sobre la importancia de la explotación de dichos recursos, tan repetido en actos oficia-les, se derrumba ante la realidad de un sistema que la aprecia sólo por la revalorización de sus recursos en función de la acumulación de capital (especialmente transnacional), especialmente cuando estas actividades ponen en riesgo la vida misma.

Para los pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana, las actividades petroleras han signi-ficado un cambio radical en su desenvolvimiento. Por más de 40 años, las comunidades indígenas y colonos de la Amazonía norte han sufrido un

20 Los diversos proyectos “socio-país” del gobierno de la “Revolución Ciudada-na” podrían provocar, conciente o inconcientemente, estos efectos.

No sólo la Constitución, la democracia estaría en riesgo

De la experiencia nacional y también inter-nacional sabemos que la existencia de elevadas rentas hidrocarburíferas o mineras le permite al gobierno impulsar ambiciosos proyectos de desarrollo, así como de atender muchas de las largamente postergadas demandas sociales. En situaciones de bonanza, varios gobiernos de eco-nomías ricas en recursos naturales han llegado inclusive a anticipar la pronta superación del subdesarrollo. Como afirma Fernando Coronil para el caso venezolano, situación extrapola-ble aunque en menor proporción al Ecuador, en este tipo de economías aflora un “Estado mágico”, con capacidad de desplegar la “cultura del milagro”.16 Gracias al petróleo o a la mine-ría, a los cuantiosos ingresos que producen las exportaciones de estos recursos, desde este tipo de Estados, muchas veces con gobernantes que se asumen como los portadores de la voluntad colectiva, se trata de acelerar el salto hacia la ansiada modernidad occidental.

En estrecha relación con las reflexiones ante-riores, la explotación de los recursos naturales no renovables permite el surgimiento de Estados paternalistas, cuya capacidad de incidencia está atada a la capacidad política de gestionar una mayor o menor participación de la renta minera o petrolera. Son Estados que al monopolio de la violencia política han añadido el monopolio de la riqueza natural (Coronil). Aunque parezca para-dójico, este tipo de Estado, que muchas veces delega parte sustantiva de las tareas sociales a las empresas petroleras o mineras, abandona –desde la perspectiva del desarrollo– amplias regiones (tal como se ha visto en la Amazonía ecuatoriana). Y en estas condiciones de “deste-rritorialización” (Gudynas) del Estado en tanto factor de desarrollo17, se consolidan respues-tas propias de un Estado policial que reprime a las víctimas del sistema, complicando cada vez más la situación, en la medida que declina el cumplimiento de sus obligaciones sociales y económicas.

16 Este autor aborda la realidad venezolana desde el gobierno del general Juan Vicente Gómez hasta antes del coronel Hugo Chávez Frías. Coronil, Fernando (2002): El Estado mágico. Naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela, Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad Central de Venezuela - Nueva Sociedad, Venezuela.

17 Ver Gudynas, Eduardo (2007); Integración, sustentabilidad y desarrollo, Ensa-yos sobre integración regional en América Latina, CLAES, Montevideo, Uruguay

En estas economías petroleras de enclave –Ecuador no es una excepción–, se ha ido con-figurando una estructura y dinámica política que se caracteriza por la voracidad y el auto-ritarismo. Esta voracidad, particularmente en los años de bonanza, se plasma en un aumento muchas veces más que proporcional del gasto público y una discrecional distribución de los recursos fiscales, tal como aconteció en Ecuador en los años setenta. Este tipo de ejercicio político –especialmente en el marco de un boom exporta-dor– se explica también por el afán de los gobier-nos de mantenerse en el poder y/o para acelerar una serie de reformas estructurales que asoman como indispensables para poder transformar sociedades atávicas. Este incremento del gasto y las inversiones públicas es el producto, también, del creciente conflicto distributivo que se desata entre los más disímiles grupos de poder. Como reconoce Jürgen Schuldt,

“se trata, por tanto, de un juego dinámico de horizonte infinito derivado endógenamente del auge. Y el gasto público –que es discre-cional– aumenta más que la recaudación atribuible al auge económico (política fiscal pro-cíclica)”.

Este “efecto voracidad” provoca la desespe-rada búsqueda y la apropiación abusiva de parte importante de los excedentes generados en el sector primario - exportador. Ante la ausencia de un gran acuerdo nacional para manejar estos recursos naturales, sin instituciones democrá-ticas sólidas, en escena aparecen los diversos grupos de poder no - cooperativos, desespera-dos por obtener una tajada de la renta minera o petrolera. Así, en esta disputa por dicha renta intervienen, sobre todo, las empresas transnacio-nales involucradas directa o indirectamente en dichas actividades y sus aliados criollos, la banca internacional, amplios sectores empresariales y financieros, inclusive las Fuerzas Armadas, así como algunos segmentos sociales con capacidad de incidir políticamente; igualmente obtiene importantes beneficios la conocida como “aristo-cracia obrera” vinculada a este tipo de activida-des extractivistas. Y, como es fácil comprender, esta pugna distributiva, que puede ser más o menos conflictiva, provoca nuevas tensiones políticas.

Esta realidad colleva costos económicos por diversos motivos: la subvaluación de las ventas o la sobrevaluación de los costos para reducir pago

Parecería que la Constitución, aprobada por el pueblo ecuato-riano, en una campaña que contó con el apoyo entusiasta del gobierno y del propio presidente Correa, comienza a ser vista como una camisa de fuerza por parte del mismo gobierno…

114 P R Ó X I M O G O B I E R N O Y P O L Í T I C A S P Ú B L I C A S 115

rescatemos el apoyo brindado por el presidente Correa a la iniciativa para dejar el crudo en tie-rra en el Yasuní, a pesar de las diversas señales ambiguas de su mismo gobierno. Esta decisión, que coincide con la propuesta de moratoria petrolera de su primera campaña electoral, demuestra conciencia sobre el reto –humano, ambiental e incluso económico–, que implica la utilización responsable de los recursos natu-rales, sobre todo no renovables. Esta iniciativa podría ser realmente revolucionaria, no sólo en Ecuador, si no en el planeta.

Lamentablemente hay otras acciones guber-namentales que apuntan en dirección opuesta. Incluso las declaraciones del presidente Correa demuestran que se mantiene la ilusión del extractivismo, plasmado hace dos siglos por Ale-jandro von Humboldt. Correa, en su Informe a la Nación, el 15 de enero del 2009, para defender la ley de minería usó la misma metáfora que el con-notado naturalista y geógrafo alemán:

“No daremos marcha atrás en la Ley de Minería, porque el desarrollo responsable de la minería es fundamental para el progreso del país. No podemos sentarnos en el saco de oro”. Esto demostraría que el gobierno, en reali-

dad, no tiene una clara estrategia post-extracti-vista. Este gobierno parece aferrado a la idea de que la dotación de recursos naturales determina la especialización productiva del país. Espera que las ventajas comparativas (estáticas) influ-yan en dicha especialización, es decir debería-mos aprovechar prioritariamente el petróleo y la minería, así como otros recursos naturales vinculados al agro. Es cierto que allí se pueden alcanzar elevadas tasas de ganancia, pero, como se ha reiterado en este texto, esa sobre especiali-zación sólo nos mantendrá atados a la maldición de la abundancia.

Por otro lado, la represión en contra de la gente de Dayuma, Yamanunka y Playas de Cuyabeno no solo fueron actos de falta de demo-cracia, propios de la heredada “desterritoriali-zación” del Estado, sino señales de un autorita-rismo inaceptable para con las comunidades que han sido las eternas víctimas de este modelo. Con la aprobación de la ley de minería, por ejemplo, el gobierno señaliza que todavía espera demasiado de la explotación de dichos recursos; y, que, incluso, para apoyarla está dispuesto a irrespetar la Constitución que tanto apoyó… La ley, aprobada casi sin debate y atropelladamente,

por lo demás, es una muestra de intolerancia. Desde ya, las respuestas contrarias a esta ley, a su vez, permiten anticipar la creciente resis-tencia social en contra de la minería en diversas regiones del país.23

Las amenazas que se ciernen –sobre todo desde el propio gobierno– sobre los puntos medulares de la flamante Constitución no cesan. A más de la mencionada ley de minería, se aprobó una ley de soberanía alimentaria que apenas traza la cancha a grandes rasgos, pero que no se compromete con los principios consti-tucionales, sobre todo para que el Estado garan-tice dicha soberanía. Se cocina, en paralelo, una ley del agua que al parecer no cristalizará todo lo que significa la declaratoria constituyente de asumir al agua como un derecho humano funda-mental, que prohibió su privatización, al tiempo que estableció una Autoridad Única del Agua, que tenga la capacidad para asegurar la parti-cipación ciudadana en este ámbito de interés público. En otra esquina, con ninguna transpa-rencia, desplegando intensiones reduccionistas, se prepararía un código del ambiente para, de una u otra manera, dejarle sin piso constitucio-nal a los Derechos de la Naturaleza establecidos en la propia Constitución. Parecería que la Cons-titución, aprobada por el pueblo ecuatoriano, en una campaña que contó con el apoyo entusiasta del gobierno y del propio presidente Correa, comienza a ser vista como una camisa de fuerza por parte del mismo gobierno…

Debe quedar claro, que no simplemente está en juego la Constitución de Montecristi. El irres-peto a la misma, en el marco de una economía y una sociedad atrapadas por la maldición de la abundancia, terminarán por afectar la democra-cia.

23 En estas circunstancias, el manejo de la política petrolera y también mine-ra, con escaso margen de participación ciudadana, haría necesaria la gestación, desde lo local, de espacios de contrapoder de acción democrática. A partir de ellos se podrían forjar los embriones de un imaginario de desarrollo nacional que supere el extractivismo.

sinnúmero de atropellos a sus derechos elemen-tales a nombre del desarrollo y bienestar de toda la población. Dos pueblos enteros desaparecie-ron por la acción de la Tecaxo: los tetetes y los sansahuaris. La destrucción ambiental ha sido la norma. Es conocido el “juicio del siglo”, llevado por comunidades y colonos afectados por las actividades petroleras de la compañía Texaco. Los argumentos que se exponen son claros: la compañía tuvo responsabilidad directa e indi-recta por los impactos ambientales que produjo la explotación del petróleo, los cuales no sólo han afectado a los recursos naturales sino que también se evidencian consecuencias nocivas en la población. Los pasivos ambientales se estiman en más de 27 mil millones de dólares.

En estas economías se mantiene una inhi-bidora “mono-mentalidad exportadora”, que termina por ahogar la creatividad y los incenti-vos de los empresarios nacionales que habrían estado dispuestos –potencialmente– a invertir en ramas económicas con altos valores agregado y de retorno. También en el seno del gobierno, e incluso entre los ciudadanos, se difunde esta “mentalidad pro-exportadora” casi patológica. Lo que lleva a despreciar las enormes capacidades y potencialidades disponibles en el interior del país.

Así, los gobiernos de estas economías pri-mario exportadoras no sólo que cuentan con importantes recursos –sobre todo en las fases de auge de los precios– para asumir la necesaria obra pública, sino que están en capacidad de desplegar medidas y acciones dirigidas a cooptar a la población, con el fin de asegurar una base de gobernabilidad que posibilite introducir las reformas y cambios que se consideran perti-nentes. Estas buenas intenciones desembocan, con frecuencia, en ejercicios gubernamentales autoritarios y mesiánicos, que, en el mejor de los casos, pueden ocultarse detrás de “democracias delegativas”. 21

21 Hay que resaltar como positivo el proceso democrático impulsado en Ecua-dor en los últimos dos años para introducir reformas estructurales indispen-sables en el país. Sin embargo, estos ejercicios electorales reiterados perderán fuerza, serán meros actos plebiscitarios, si no se asegura la real participación de la ciudadanía en la definición y gestión de los destinos del país, empezando por la aprobación participativa de las leyes que son indispensables para enraizar la nueva Constitución. Sin efectiva participación ciudadana se da paso a un vacia-miento de la democracia, por más que se consulte repetidamente al pueblo en las urnas.

La dependencia de recursos naturales no renovables, en muchas ocasiones, lleva a la cons-titución de gobiernos autoritarios y también cau-dillistas, debido a los siguientes factores:

Débiles instituciones del Estado para hacer •respetar las normas, capaces de fiscalizar las acciones gubernamentales;Ausencia de reglas y de transparencia que •alienta la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos. Conflicto distributivo por las rentas entre •grupos de poder, lo que –a la larga, al conso-lidar el rentismo y patrimonialismo– dismi-nuye la inversión y las tasas de crecimiento económico. Políticas cortoplacistas y poco planificadas •de los gobiernos.

Por otro lado, este tipo de escenarios auto-ritarios constituye el caldo de cultivo de la conflictividad sociopolítica, pues no se aborda estructuralmente las causas de la pobreza y mar-ginalidad. Igualmente, los significativos impactos ambientales y sociales propios de estas activi-dades extractivistas a gran escala aumentan la ingobernabilidad, lo que a su vez exige nuevas respuestas autoritarias…22

Ecuador, más allá de algunas puntualiza-ciones realizadas a lo largo de este texto, cum-ple con varias de las patologías propias de una economía extractivista. Es decir una economía que apuesta prioritariamente por la extracción y exportación de recursos naturales. Y, además, es todavía una sociedad donde mayoritariamente se confía en el potencial económico de la renta de la naturaleza…

Sin profundizar más en esta cuestión, sus-tentada en experiencias históricas e incluso recientes, se puede aseverar que Ecuador está al borde de la navaja. Recogiendo las propuestas iniciales de la Revolución Ciudadana, el gobierno del presidente Correa podría corregir el rumbo y apurar el paso para no continuar atrapado en las redes de “la maldición de la abundancia”. Incluso hay actos gubernamentales que indican que esto podría ser posible. A modo de ejemplo,

22 Ross analizando este tipo de situaciones, concluye que “he encontrado que un incremento de un punto porcentual en la dependencia de recursos –medida por el cociente de exportaciones primarias respecto al PIB– lleva aproximadamen-te a un incremento del 8% en la probabilidad que se geste un gobierno autoritario”. Ver Ross, Michael (2003); How does Mineral Wealth affect the Poor? UCLA,, De-partamento de Ciencias Políticas (www.polici.ucla.edu/faculty/min-poor.pdf).

116 laTendencia  117 Nueva Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas

Virgilio Hernández E.

“Un paso para profundizar la representación y abrir cauce para el ejercicio de la democracia directa”

impedir que se utilice la propaganda de los dife-rentes niveles de gobierno para promocionar obras que pueden beneficiar a una determinada organización política o candidato. La actual Constitución de la República prevé expresamente esas prohibiciones y la nueva ley garantiza este mandato.

En las nuevas disposiciones constitucionales se amplía la concepción de derechos políticos y se los concibe como derechos de participación. En la nueva ley se dan pasos para democratizar la representación y efectivizar el ejercicio de los mecanismos de democracia directa como la Con-sulta Popular, Referéndum, Iniciativa Ciudadana y Revocatoria del Mandato.

Uno de los debates contemporáneos más profundos es el que tiene que ver con la cons-trucción de democracias postliberales, es decir, aquéllas que sin despreciar la representación formal, establezcan formas de participación ciu-dadana que democraticen las políticas públicas y la política misma. La incorporación de foros participativos, así como de mecanismos plebis-citarios de democracia directa, lejos de desvir-tuar las formas clásicas de la representación, la enriquecen y legitiman produciendo, al mismo tiempo, una democracia más participativa y una ciudadanía mejor informada y deliberante.

En la nueva ley se introduce un Título con cuatro capítulos que permitirá a los ciudadanos hacer efectivos los mecanismos de democracia directa y se regula de forma adecuada los requi-sitos, plazos y condiciones para garantizar el derecho a presentar iniciativas normativas y de reforma constitucional. De igual forma se deter-mina tanto la posibilidad de convocatorias a con-sultas populares o referéndum, según el caso, ya sea por parte del Presidente de la República, los gobiernos seccionales, la iniciativa ciudadana e incluso la Asamblea Nacional, en el caso pre-visto por la Constitución. También se regula el derecho a la revocatoria del mandato como un mecanismo efectivo de control social en base al principio constitucional de que la soberanía radica en el pueblo.

Las disposiciones sobre las organizaciones políticas

La Constitución del 2008 establece el marco para la transformación y democratización de los partidos y movimientos políticos. Entre los cam-bios más significativos se encuentra la definición

de los partidos y movimientos políticos como “organizaciones públicas no estatales, que cons-tituyen expresiones de la pluralidad política del pueblo” sustentados en concepciones filosóficas, políticas, ideológicas, incluyentes y no discrimi-natorias. Esta definición marca claras diferencias con el pasado en que las organizaciones políticas se convirtieron en grupos cerrados manejados, muchas veces, de forma patrimonial y sin cohe-rencia política ni ideológica.

La disposición constitucional y la nueva ley disponen de forma imperativa que la organiza-ción, estructura y funcionamiento de las orga-nizaciones políticas deben ser democráticas y garantizar la alternabilidad, la rendición de cuen-tas y la conformación paritaria entre mujeres y hombres de sus directivas. Además, dispone que tanto las directivas como sus candidaturas deben ser establecidas mediante procesos demo-cráticos internos que pueden ser asambleas, pri-marias abiertas o cerradas.

En la nueva ley se regula el nacimiento y los requisitos para la permanencia de los partidos políticos, superándose el solo criterio cuantita-tivo del 5% de los votos válidos para conservar su reconocimiento. En ese sentido, se establece que los partidos mantendrán el registro siempre y cuando mantengan el 4% de los votos válidos nacionales o tengan, al menos tres Asambleístas, o una presencia con alcaldes en el 8% de can-tones o por lo menos algún concejal en el 10% de los municipios del Ecuador. Esta disposición permitirá la existencia de partidos nacionales, pero también de aquellos que tengan fuerza en una determinada región o provincias. Además, el cumplimiento de estos requisitos les permitirá a los partidos recibir financiamiento que deberá ser fiscalizado por los órganos de control y debe-rán además destinar una parte de esos recursos a desarrollar un instituto de formación política para su respectiva militancia. Los movimientos políticos, en cambio, pueden corresponder a cualquier nivel de gobierno y si en dos eleccio-nes sucesivas obtienen más del cinco por ciento de los votos válidos recibirán recursos para que en una año cumplan los mismos requisitos que tienen los partidos. Es obligación tanto de los partidos como de los movimientos políticos establecer elementos distintivos de identidad y responder a principios políticos.

En la nueva ley se incentivan las alianzas generándose estímulos de carácter tributario, económico y se permite que las organizaciones

Los principios del sistema electoral

La nueva ley Orgánica de Elecciones y Orga-nizaciones Políticas, Código de la Democracia, acorde con lo dispuesto por la Constitución, establece un sistema electoral basado en los principios de proporcionalidad, igualdad del voto, equidad, paridad y alternabilidad entre mujeres y hombres; también prevé la prohibi-ción de introducir reformas electorales por lo menos un año antes de la realización de cual-quier proceso electoral. Para evitar que esta disposición pudiera afectar al normal desenvol-vimiento de un proceso electoral en curso, en caso de declaratoria de inconstitucionalidad de una disposición, se faculta al Consejo Nacional Electoral para proponer a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para que éste lo considere en un plazo no mayor de treinta días; de no ser tra-tado dicho proyecto, entrará en vigencia por el ministerio de la ley.

El Estado, además, estará obligado a pro-mover la representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de nominación o designa-ción de la función pública, en sus instancias de dirección y decisión, así como en las direcciones y listas de los partidos y movimientos políticos.

Otro paso en la democratización del sistema electoral es la prohibición expresa a los actores políticos para que inviertan en la campaña en medios de comunicación social, garantizando el acceso a franjas publicitarias a todas las candidaturas nacionales y locales; y, por otro lado, estableciendo un estricto control del gasto electoral.

Un clamor ciudadano ha sido la prohibi-ción de utilizar el aparato estatal y sus recursos en campañas electorales; de igual manera, el

Los objetivos de la reforma política

Una de las perversidades de la política moderna es presentarnos asuntos de definición política como temas de carácter técnico, eso ha pasado generalmente con la política económica y en la discusión de algunos temas, que si bien se apoyan en desarrollos técnicos tienen objetivos políticos.

No tiene sentido describir la nueva Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, sin establecer los obje-tivos que para el sistema político ecuatoriano están inmersos en la nueva Constitución 2008. Entre ellos:

Generar mecanismos de corresponsabilidad política entre las funciones ejecutiva y legisla-tiva, introduciendo frenos y contrapesos en el proceso decisional;

Eliminar la partidización de la justicia, tribu-•nales y organismos de control, garantizando su independencia y autonomía;Incentivar la participación ciudadana en los •asuntos de interés público;Democratizar el sistema electoral para recu-•perar la voluntad general del pueblo, la legi-timidad, ganar en eficiencia y fortalecer las instancias de representación política;Reconstruir un sistema de partidos como •organizaciones públicas no estatales, susten-tados en corrientes políticas ideológicas; y,Concretar un pacto territorial justo y redis-•tributivo mediante la profundización de las autonomías y la constitución de regiones.

Nueva Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas

Virgilio Hernández— Profesor de Sistemas de Partidos y Elecciones de la PUCE, ex Asambleísta Constituyente y ex Presidente de la Mesa Constituyente 2 de Participación Ciudadana y Sistemas de Representación, candidato a Asambleísta por el Movimiento País.

118 P R Ó X I M O G O B I E R N O Y P O L Í T I C A S P Ú B L I C A S 119

bien concentran casi el 60% de los electores, de ninguna manera reflejan la situación del conjunto del país. En efecto, en el Ecuador para la elección de Asambleístas existen 7 provincias que eli-gen 2 representantes; 6 que eligen tres, 6 que designan cuatro representantes; 4 que escogen cinco; una que elige ocho, otra que nombrará 12 y otra 17 representantes. Para las elecciones sec-cionales, se nombran entre cinco y quince conce-jales con rangos de representación muy dispares.

De estudios realizados3 se desprende que sólo en el 60% del país se podrían establecer circunscripciones uninominales en la misma provincia, mientras que en el 40% demandaría la unión de dos, tres, cuatro e incluso cinco pro-vincias para lograr que cada uno de los distritos tenga un número similar o cercano de electores; jurisdicciones que en la mayor parte de los casos no están comunicadas ni existe historia de rela-ción entre ellas, con lo cual, en vez de mejorarse la representación, se deterioraría. En el mencio-nado estudio se establecen 100 circunscripcio-nes, 63 en una sola provincia y 37 conformadas por varias provincias, pero de las 63, 46 corres-ponden a las que podrían formarse en Guayas, Pichincha y Manabí

La nueva Ley establece distritos de carác-ter único, que incluye las circunscripciones del territorio nacional y las especiales del exterior para la elección de Presidente y Vicepresidente de la República, quince asambleístas nacionales, parlamentarios andinos y representantes al par-lamento latinoamericano.

De la misma forma, se mantienen distritos unipersonales para las elecciones de gobernacio-nes regionales, alcaldías metropolitanas y canto-nales, binomios de prefectura y viceprefectura, en su respectivo ámbito.

En cuanto a los distritos pluripersonales para asambleístas, se mantiene la regla de dos representantes de base por provincia o distrito metropolitano y uno más por cada doscientos mil habitantes, pero se incorpora la obligato-riedad para aquellas provincias que elijan entre

3 Conformación de distritos electorales en el Ecuador, Rochina García Chris-tian, Cepeda de la Torre Carlos, Mimeo, marzo, 2007

8 y 12 representantes, de subdividirse en dos distritos electorales, las que elijan entre 13 y 18 representantes, en tres distritos electorales y las que superen los 18 representantes, en cuatro subdistritos. Esta reforma permitirá a su vez que las circunscripciones más grandes no concentren en un solo cantón toda la representación, sino que ésta exprese de forma más democrática las diversas particularidades existentes.

En la nueva ley, se prevé la conformación de Los Consejos Regionales y los Concejos Dis-tritales Metropolitanos Autónomos integrados en forma proporcional a la población urbana y rural. Adicionalmente, se contempla que para las circunscripciones urbanas que elijan entre ocho y doce representantes se subdividirán a su vez en dos circunscripciones, aquellas que pasen de trece y hasta diez y ocho 18 se subdividirán en tres 3 y las que pasen de diez y ocho lo harán en cuatro circunscripciones; también la propuesta de ley, reordena la representación de los conce-jos municipales.

Forma de la lista y de la votación

Es necesario distinguir entre las candidatu-ras que son unipersonales y aquellas que requie-ren de la conformación de una lista, que puede ser cerrada, cerrada y desbloqueada y abierta.

La lista abierta, que consta en la nueva ley, le permite al elector la posibilidad de escoger por una sola lista (favorece el voto ideológico) o por distintos candidatos de diferentes listas; pero al haber subdividido las provincias más grandes se disminuye la complejidad y facilita la elección del ciudadano. Por otro lado, ahora las organi-zaciones políticas tienen la obligación de que sus listas respondan a procesos democráticos internos.

que se unan puedan agregar las franjas publici-tarias, que en los procesos electorales les corres-ponde; esto busca impulsar la conformación de coaliciones ideológico-políticas.

En la nueva ley se establecen además las normas que hagan posible las disposiciones constitucionales para el ejercicio de la democra-cia al interior de las organizaciones políticas.

De la misma forma, en esta ley se posibilita el ejercicio del derecho de la oposición y se posi-bilita la realización de Rondas de Diálogo como mecanismo de debate y deliberación pública.

La nueva Función Electoral

En la nueva Ley orgánica electoral y de orga-nizaciones políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, se delimitan cuidado-samente las competencias de los órganos de la Función Electoral, tanto del Consejo Nacional Electoral como del Tribunal Contenciosos Electo-ral; de igual manera, se determina el tratamiento de los medios de impugnación, tanto administra-tivos como judiciales.

Especial atención se pone en el manejo de los plazos para garantizar que los sujetos polí-ticos no se vean afectados por la irresponsabili-dad o ineficiencia de los órganos de la función electoral.

De igual forma, en la nueva Ley, se estable-cen las infracciones electorales y las sanciones para dichas faltas; se prevé la obligación de los órganos electorales de poner en conocimiento de la Fiscalía y de la Justicia Ordinaria cuando se encuentren presunciones de responsabilidad penal.

En los procedimientos que estarán a cargo del Tribunal Contencioso Electoral, se garantiza y observa el cumplimiento de las normas inter-nacionales sobre el debido proceso y el derecho de defensa. El Proyecto establece el procedi-miento en sede administrativa y dos instancias jurisdiccionales en el Tribunal, sentencias que permitirán la creación de jurisprudencia en el campo electoral.

Gran parte de la deslegitimación pública que han sufrido las organizaciones políticas se debe a la poca credibilidad de sus órganos y sistemas de democracia interna. En este sentido, recor-demos que eran los líderes partidistas los que dirimían en última instancia los conflictos inter-nos. La Constitución y la nueva Ley establecen obligatoriamente la existencia de mecanismos

y procedimientos de reclamos y dirimencia al interior de las organizaciones políticas, los mis-mos que deberán observar y asegurar los prin-cipios del debido proceso. Una vez agotadas las instancias de reclamo interno los y las afiliadas perjudicadas podrán acudir con su reclamo ante el Tribunal Contencioso Electoral para que juz-gue y dirima en última instancia la conflictividad interna de las organizaciones políticas.

Los elementos del sistema electoral

Como dice Dieter Nohlen “Los sistemas elec-torales son estructuras complejas. Se componen de diferentes elementos técnicos que pueden agruparse en cuatro áreas: la distribución de las circunscripciones electorales, la forma de la candidatura y la votación y la transformación de votos en escaños. Cada uno de los distintos elementos, en particular, ejerce efectos muy diferentes en el conjunto del sistema electoral y en el resultado de una elección. Los efectos políticos de un sistema electoral en su conjunto dependen de la combinación de los distintos elementos particulares, los que pueden ser refor-zados, eliminados o neutralizados a través de su combinación” 1

Las circunscripciones electorales

La distribución de las circunscripciones tiene que ver con el número y tamaño de cada distrito electoral, entendiendo que el tamaño no está relacionado con la extensión geográfica sino con el número de escaños que se adjudican; así por ejemplo, podemos encontrar en el Ecuador circunscripciones con una extensión territorial muy grande y sin embargo son pequeñas desde el punto de vista electoral, como por ejemplo, las de la región amazónica; otras, en cambio, son de extensión territorial pequeña, aunque electo-ralmente pueden considerarse medianas como Tungurahua, Los Ríos o Azuay2

Un elemento adicional que debemos consi-derar es que cuando se plantea los distritos uni-nominales, generalmente se está pensando en la situación de las 3 provincias más grandes, que si

1 Nohlen, Dieter, Sistemas Electorales y reforma electoral. Una Introducción, Biblioteca de la Reforma Política, Ágora Democrática, Lima Perú, 2004.

2 Hay una discusión entre diferentes autores sobre el tamaño de las circuns-cripciones, algunos consideran que incluso las que eligen cinco escaños son medianas.

Nueva Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas

En la nueva ley, se prevé la conformación de Los Consejos Regionales y los Concejos Distritales Metropolitanos Autóno-mos integrados en forma proporcional a la población urbana y rural.

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121P R Ó X I M O G O B I E R N O Y P O L Í T I C A S P Ú B L I C A S laTendencia Nueva Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas

La fórmula de adjudicación de escaños

La conversión de votos a escaños opera a través de la determinación de una fór-mula electoral, es decir, de un método que determina quién o quienes triunfan en una elección. Estas fórmulas pueden ser mayoritarias o proporcionales.

En las elecciones pluripersonales la fórmula electoral debe determinar qué fuerzas políticas y candidatos ganan, de esta forma se hace evi-dente el principio de representación que anima al sistema electoral, aunque no sólo debe consi-derarse el método, sino también la combinación del conjunto de elementos que componen el sistema. Además, la selección de un método pro-porcional no necesariamente asegura una partici-pación más amplia, puesto que dependiendo de la fórmula que se utilice, se puede obtener resul-tados indistintos que a su vez, estarán influen-ciados por otros elementos como el tamaño de la circunscripción o la existencia o no de barreras legales.

Es importante indicar que no existe una fór-mula que refleje exactamente todas las volunta-des expresadas por los electores como un espejo, por ello, la fórmula también es un mecanismo de agregación de preferencias.

En la nueva ley se propone la aplicación del método D’Hondt, de acuerdo a quién haya obte-nido las mayores preferencias, pero al mismo

tiempo se modifican las circunscripciones y se simplifica la forma de votación. Con estos cam-bios se permitirá que el voto no se fragmente al punto de impedir la adopción de decisiones o el bloqueo institucional, pero al mismo tiempo, se mantendrá el principio de representación pro-porcional establecido en la Constitución.

No consideraron adecuado introducir barre-ras legales, por cuanto, esto le restaría mayor proporcionalidad al sistema electoral, puesto que con circunscripciones pequeñas y media-nas, la barrera natural es alta y por tanto fijar barreras concentraría la representación de forma antidemocrática

Sin duda, el mayor límite de la ley fue su discusión en plazos acotados, pero al mismo tiempo, abre la puerta para mejorar la calidad de la representación y abrir las puertas del sistema político al ejercicio de la democracia directa; sólo el tiempo y la capacidad de la ciudadanía nos permitirá analizar sus potencialidades y detectar sus vacíos.

favoreció por una parte a los grupos económi-camente más fuertes, facilitando su dominio de los mercados y la apropiación de los recursos naturales2, y por otra parte, a las élites políticas oligárquicas3, que impulsaron el modelo de “des-centralización a la carta” y de “autonomías al andar”. Ambos sectores estrechamente ligados unos y otros.

El cambio del régimen constitucional implica una ruptura radical en el ordenamiento econó-mico, social, político y territorial del país, y en la medida en que se profundice a través de las leyes, de las instituciones y de la conciencia ciu-dadana, trastocará sustancialmente las inequita-tivas relaciones sociales existentes, cimentando una modificación histórica de la correlación polí-tica en la sociedad ecuatoriana.

Descentralización y autonomía para el Buen Vivir

El Ordenamiento Territorial previsto en la nueva Constitución, que se efectuará a través del régimen seccional autónomo y mediante las figu-ras de autonomía y descentralización constituye una de las herramientas claves para la transfor-mación social, pero no deja de ser sólo un medio para alcanzar la finalidad del Buen vivir.

2 Se refiere a los mercados financieros, comerciales, laborales, así como a los recursos como el petróleo, turísticos, mineros, etc.

3 De base regional y que tradicionalmente dominan y gestionan el poder des-de una lógica patrimonial

Fernando Buendía Ecuador Dialoga

Regimen del buen vivir, autonomía y descentralización

No existe una fórmula que refleje exactamente todas las voluntades expresadas por los electores como un espejo, por ello, la fórmula también es un mecanismo de agregación de preferencias.

El Régimen del Buen Vivir

La nueva Constitución aprobada mediante plebiscito en octubre pasado está cobijada por un techo programático cuya finalidad última es el Buen vivir o Sumak Kausai. Se trata de un con-cepto “postcapitalista” inspirado en la cosmovi-sión campesino-indígena, que establece la prima-cía del enfoque de justicia y armonía en todos los aspectos de la convivencia humana, social y con la naturaleza: i) a nivel político impulsa con fuerza la participación ciudadana y social, mejo-rando también la representación; ii) a nivel eco-nómico, establece que el régimen económico del país es “solidario”; iii) a nivel social crea un sis-tema de inclusión y equidad para la protección integral de las personas y universaliza derechos básicos como la educación, la salud, la seguridad social, la alimentación, además de que desa-rrolla los derechos para los grupos de atención prioritaria; iv) a nivel cultural instituye el estado plurinacional e intercultural, reconociendo dere-chos colectivos de grupos étnicos; v) a nivel de la justicia restablece el derecho ciudadano a la jus-ticia, secuestrado y en manos de grupos corpo-rativos y políticos; vi) a nivel ambiental instituye por primera vez en el mundo, los derechos de la naturaleza.

El Buen vivir rompe radicalmente con el enfoque jurídico-institucional pre existente1 que profundizó la economía social de mercado y la supuesta libertad de los agentes particulares. La Constitución de Montecristi trastoca el deno-minado pacto social constitucional de 1998 que

1 A ser reemplazado con una nueva normativa acorde con la nueva Constitución.

Fernando Buendía— Sociólogo, postgrado en economía del desarrollo y maestría en Desarrollo Local. Autor de varios libros y de numerosos artículos para revistas.

122 P R Ó X I M O G O B I E R N O Y P O L Í T I C A S P Ú B L I C A S 123Regimen del buen vivir, autonomía y descentralización

oligárquicas que utilizan el poder político como una herramienta de acumulación económica, dando forma a sistemas políticos patri-moniales. La política como una práctica necesaria para sustentar la apropiación de la riqueza social, inclusive por medios extraeconómicos como la corrupción, consti-tuye una característica de las regiones y élites del país.

Sea a través de la formulación y aprobación de leyes y ordenanzas (como la del salvataje bancario), o por medio de la entrega mediante concesiones leoninas a empresas privadas de los bienes y servicios públicos (como las concesio-nes mineras, petroleras, de puertos y aeropuer-tos, de agua y saneamiento, etc.); o mediante el tráfico de influencias en el reparto del presu-puesto y en la contratación pública; o a través de la evasión tributaria y el contrabando mediante escudos fiscales y nombramientos políticos; o mediante la irracional explotación de los recur-sos naturales; en general, la fuente principal de enriquecimiento en el país y en las regiones ha sido la “vía política”.

Al interior de los territorios locales se han construido sistemas políticos asentados en for-mas de dominio caudillistas y clientelares, que reproducen sistemas autoritarios tradicionales propios del régimen de haciendas que vivió el país hasta los años 70s del siglo pasado. Familias notables, emparentadas entre sí, se turnan en el poder independientemente de ideologías y par-tidos políticos, para garantizarse la continuidad de la dominación local.

El discurso autonomista que en años pasa-dos tomó fuerza y legitimidad en algunas regio-nes del país como Guayas y Manabí entraña una complejidad particular. Por una parte refleja el conflicto existente entre el centralismo del régimen presidencialista frente a la histórica exclusión de las regiones periféricas, pero princi-palmente manifiesta la voluntad de poder de las oligarquías regionales de tomar bajo su control una mayor parte de la renta y de los recursos nacionales, así como también de las capacidades gubernamentales.

Efectivamente existe una superposición conflictiva de roles y competencias entre las ins-tituciones de la rama ejecutiva con las del nivel

seccional autónomo en provincias y localidades que producen graves déficits en el otorgamiento de los derechos y garantías constitucionales a los habitantes de las regiones, principalmente sectores rurales.

A manera de ejemplo, el servicio de agua potable actualmente es asumido por el MIDUVI, por los Organismos de Desarrollo Regional, por los Municipios, por los Consejos Provinciales, por el FISE, por el PROLOCAl (ahora PRODER), además de las ONGs. Esta multiplicidad y para-lelismo institucional imposibilita la planificación estratégica y operativa, la formulación de proyec-tos de envergadura e impacto y la coordinación interinstitucional; genera la multiplicación de burocracias inútiles y de inversiones limitadas e insostenibles; y al final produce la indefensión de la población respecto a su derecho al agua potable.

Por otro lado, la apropiación de la renta pública y de las capacidades gubernamentales para conformar supuestos “modelos de desa-rrollo local exitosos” que asuman inclusive com-petencias estatales como la seguridad social, constituye un ansiado proyecto de grupos oli-gárquicos deseosos de convertir a sus localidad en una especie de Singapur ecuatoriano. Estos experimentos autoritarios de capitalismo salvaje combinado con asistencialismo, producen una mayor explotación y exclusión de la población junto al deterioro de sus derechos reducidos a caridad pública, y a la merma significativa de la democracia local.

Entre los evidentes conflictos del centra-lismo y los afanes de las oligarquías locales, deberá transcurrir el camino de la autonomía y la descentralización, entendidas como un proceso de empoderamiento ciudadano para la construcción de modelos de desarrollo endogé-nos, redistributivos, equitativos, solidarios, parti-cipativos y sostenibles. Como ha señalado Carlos Marx: “la nueva sociedad surge de las entrañas

De tal forma que en el espíritu constitucional no se trata solamente de una redis-tribución del poder entre las instituciones de la rama central (ejecutivo-legislativo-judicial) con las instituciones de la rama seccional autó-noma (regiones, provincias, cantones y parroquias); si no por el contrario, se trata de una recuperación del poder, para la ciudadanía y la organización social.

Varios autores consideran que el Estado moderno tiende de manera paulatina a depositar en la ciudadanía niveles crecientes de la gestión y decisión sobre las cuestiones de gobierno, haciendo de la participación directa y comunita-ria una vía alterna de la acción política, comple-mentaria al sistema de representación tradicio-nal asentado en el régimen de partidos. De esta manera observan con expectativa los procesos crecientes de planificación y presupuestación participativos, de control social del poder a tra-vés de observatorios y veedurías ciudadanos, de consultas populares directas, de la delegación directa de actividades gubernamentales, etc.

La participación ciudadana, además de pro-ducir un efecto de cohesión social y legitimación, tiende a hacer prevalecer el interés común sobre los intereses individuales (personales o corpora-tivos), restableciendo la política como el campo del ejercicio del bienestar colectivo e integrando la ética dentro de la práctica política.

Y es en los marcos de unidades territoriales de tamaño accesible, que comparten caracterís-ticas identitarias comunes, como son las provin-cias, cantones y parroquias, donde la participa-ción ciudadana puede alcanzar su plenitud hasta el nivel en el que se confundan la sociedad civil con la sociedad política.

Por ello la nueva Constitución ecuatoriana apuesta con fuerza a la autonomía y descentra-lización como uno de los caminos fundamenta-les para impulsar un Ordenamiento territorial conducente a la superación de las desigualdades e inequidades territoriales entre el campo y la ciudad, entre los centros económicos y políticos con las periferias del interior, entre los diversos sectores sociales y étnico-culturales, entre la sociedad y la naturaleza.

El Titulo, los Capítulos y los Artículos de la Constitución relativos al Ordenamiento

Territorial, tienen la extensión y claridad ade-cuada para determinar la hoja de Ruta que deberá seguir el proceso de autonomía y descen-tralización en el país. Entre los principales ele-mentos la Constitución de Montecristi: i) supera un modelo de Estado centralista al definir las competencias exclusivas del mismo; ii) amplía los niveles de autonomía en el marco de la uni-dad del Estado, estableciendo que los gobier-nos seccionales tienen autonomía legislativa y administrativa, definiendo las competencias exclusivas de cada nivel de gobierno seccional y creando las regiones autónomas que tendrán el mayor nivel de competencias propias, concurren-tes y residuales; iii) clarifica quién hace qué en el territorio; iv) elimina la duplicación de acciones en el territorio; v) promueve la equidad y la equi-potencia territorial, evitando la conformación de super regiones junto a otras de menores con-diciones; vi) acerca el Estado y sus políticas a la población otorgando competencias determinadas a las Juntas Parroquiales.

El tortuoso camino de la descentralización para el Buen vivir:

Sin embargo, los ritmos y condiciones de este proceso, además de asimétricos podrían llegar a ser fuertemente conflictivos y contradic-torios, pues, el marco político administrativo que tiene el país, configurado sobre la base de un conjunto de factores y fuerzas sociales, ha favo-recido la conformación de regiones con estructu-ras de poder, tejidos económicos, sociales y cul-turales localmente determinados, que pugnarán por mantener el statu quo frente al ímpetu trans-formador de la Constitución, principalmente en las provincias de la costa.

Al calor de una atrasada y dependiente diná-mica económica del capitalismo ecuatoriano, a nivel nacional y en las regiones, provincias y cantones del país, se han constituido élites

La ley deberá establecer mecanismos eficientes de obligato-rio cumplimiento para que la participación social y ciudadana tenga ingerencia en las decisiones importantes de las locali-dades, evitando la discrecionalidad de sus autoridades.

La participación ciudadana, además de producir un efecto de cohesión social y legitimación, tiende a hacer prevalecer el interés común sobre los intereses individuales (personales o corporativos).

124 125P R Ó X I M O G O B I E R N O Y P O L Í T I C A S P Ú B L I C A S Regimen del buen vivir, autonomía y descentralización

electoral, se presentará un agudo conflicto com-petencial y presupuestario entre el nivel estatal con los gobiernos autónomos descentralizados, así como también entre cada uno de los diversos niveles de gobierno: regiones, provincias, can-tones y parroquias. Las organizaciones sociales no deberán permanecer ajenas y por contrario tomarán posición –con autonomía– para con-tribuir a que se reconozcan con mayor profun-didad las necesidades de las comunidades y se garanticen de mejor manera los derechos de los pobladores. La voz de las comunidades, barrios y comunas es necesaria para evitar que el tra-tamiento de la ley se convierta en un asunto de ingeniería institucional como pretenden algunos, o en un nuevo reparto de poder y recursos como pretenden otros, pues, por contrario tiene que prevalecer el principio de que la descentraliza-ción y autonomía son, aunque muy importantes, tan sólo medios para alcanzar la finalidad del buen vivir.

Sería de esperar que los pobladores de las zonas periféricas, ligados principalmente al campo y a las zonas urbano populares, que fue-ron de hecho los sectores que tuvieron una mayor presencia en Montecristi y quienes vota-ron mayoritariamente en el plebiscito aprobato-rio de la Constitución, mantengan un rol prota-gónico en la agenda inmediata de de la Comisión Legislativa Nacional, incidiendo en la formula-ción de la ley de Control Social y Participación Ciudadana, la ley de Participación, la ley de Aguas y la de Ordenamiento Territorial, entre otras, así como también que impulsen procesos de movilización y organización en sus localida-des, para recuperar su derecho históricamente postergado al buen vivir.

de la vieja sociedad”, es decir que los sectores subalternos provenientes de la vieja sociedad, de manera conciente o inconciente se convierten en los enterradores del statu quo y portadores de nuevas relaciones sociales y prácticas políticas, en una lucha entre lo viejo que ha caducado y lo nuevo que está por construirse.

La participación en la Ley de Ordenamiento Territorial y Gobiernos autónomos descentralizados:

La participación ciudadana ejercida en todos los niveles de gobierno y del ciclo de la política pública a través de los mecanismos de la demo-cracia directa y comunitaria establecidos en la nueva Constitución, deberá constar de manera transversal en cada uno de los cuerpos legales elaborados y aprobados por la Comisión Legis-lativa Nacional y la futura Asamblea Nacional, además de que será objeto de dos leyes específi-cas: la ley que regula el Consejo de Participación ciudadana y Control Social y la ley que regule la Participación Ciudadana.

Dentro de la ley de Ordenamiento territorial y gobiernos autónomos descentralizados que deberá aprobarse hasta octubre del presente año, la integración de la participación ciuda-dana que ya consta en las leyes actuales4, aun-que con una menor fuerza, corre el riesgo de convertirse en un mero formulismo ejercido a través de determinados rituales, como ha ocu-rrido con los planes participativos de desarrollo cantonal elaborados por los municipios como un requisito impuesto para las transferencias presupuestarias.

Esta preocupación surge de las intenciones manifestadas por los gremios seccionales de defender el statu quo a través de hacer que pre-valezcan las actuales normas legales, integrándo-las con algunas adecuaciones en una ley Marco de Ordenamiento Territorial.

Lo que está en juego en el enfoque que asuma la participación en la nueva ley es la posibilidad de trastocar la dominación oligár-quica en las relaciones de poder locales, pues, en la medida en que dentro de las regiones, provincias, municipios y parroquias, los pro-cesos de diagnóstico, planificación (incluida la

4 Ley Orgánica del Régimen Municipal, ley de Juntas Parroquiales, ley del régi-men provincial.

presupuestación), ejecución, seguimiento, eva-luación, auditoria, e información, cuenten con la activa participación de las organizaciones socia-les y de la ciudadanía, se alcanzará a controlar y eliminar las vías de apropiación indebida de los recursos y bienes públicos, además de lograr una mayor eficacia en el uso de los mismos.

El camino de la democratización de los gobiernos seccionales tiene en la participación a una estrategia fundamental de transformación, la misma que además deberá atravesar a los nue-vos roles y funciones otorgados a las regiones, provincias, municipios y parroquias en la nueva Constitución. El conjunto de competencias exclu-sivas, concurrentes y residuales, que el Mandato Constitucional asigna a cada nivel de gobierno, incrementa sustancialmente el papel que debe-rán jugar los gobiernos seccionales en el nuevo ordenamiento institucional del país.

Es así que los gobiernos autónomos descen-tralizados se convertirán en espacios gravitantes de las demandas ciudadanas de cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales; de demandas ciudadanas normativas y políticas, incluida la fiscalización popular; además de que serán escenarios importantes de deliberación democrática y de interlocución con los otros niveles de gobierno.

La ley deberá establecer mecanismos efi-cientes de obligatorio cumplimiento para que la participación social y ciudadana tenga ingerencia en las decisiones importantes de las localidades, evitando la discrecionalidad de sus autoridades electas, pues, ello generaría un conflicto que al no ser canalizado podría conducir a enfrenta-mientos violentos como los ocurridos en Chone durante la alcaldía truncada de Eliécer Bravo.

Por otro lado, es necesario considerar la debilidad así como también el personalismo y falta de transparencia existente al interno de las organizaciones sociales y ciudadanas de base territorial (comunidades rurales, comunas, barrios, etc.), quienes serán los interlocutores ante los gobiernos locales. La ley de participa-ción deberá crear los medios necesarios para revitalizar las organizaciones sociales a fin de que puedan convertirse en referentes válidos del interés comunitario.

En el debate que supondrá la formulación y aprobación de la ley de Ordenamiento Terri-torial que empezará a tratarse entre los meses de mayo y junio dependiendo de la agenda

126 laTendencia  127P R Ó X I M O G O B I E R N O Y P O L Í T I C A S P Ú B L I C A S El estatuto autonómico y la izquierda guayaquileña

división de la ciudad y del cantón. La derecha tiene en la ciudad un amplio apoyo popular.

La fuerza del discurso de la derecha guaya-quileña reside en su demanda de descentraliza-ción del Estado, la cual opone a Guayaquil como un todo frente al Estado central. Pero también se debe tener presente que, en el discurso de la derecha, /autonomía/ es un significante que representa un conjunto de demandas particu-lares de una diversidad de sectores sociales; desde la apertura de la economía planteada por los grupos comerciales y financieros de la ciudad hasta la demanda de salud y vivienda de los sectores marginales, pasando por aspi-raciones ciudadanas vinculadas al aumento de la cobertura y la calidad de los servicios públi-cos de la ciudad. En Guayaquil, la fuerza de la interpelación autonomista es inseparable de esta diversidad de connotaciones sociales de la misma. Estas connotaciones son una construc-ción política.

La identificación de importantes sectores de la clase media y del empresariado con la derecha política social cristiana, responde al discurso de esta, que construyó un vínculo entre autonomía, empresa privada y mercado, presentando la autonomía como intrínseca-mente neoliberal. En Guayaquil y en la costa del Ecuador, la clase media urbana está fuertemente vinculada a la empresa privada, donde ocupa mandos medios y de dirección de la misma. En consecuencia, el discurso socialcristiano genera identificaciones entre la clase media y también entre el empresariado no monopólico de la ciu-dad, a pesar de que un amplio segmento de los empresarios de Guayaquil y de la costa están sometidos al poder de los oligopolios que han respaldado al socialcristianismo.

Rafael Guerrero B.

El estatuto autonómico y la izquierda guayaquileña

Pero la autonomía no es de derecha o de izquierda. /Autonomía/ es una demanda cuyo significado ideológico y político depende del programa político dentro del cual esté planteada y del contexto polí-tico y social del mismo. Esto es válido para cualquier demanda social y política. La misma demanda puede tener senti-dos diferentes en función del discurso dentro del cual se la formula. Es importante adver-tir que, en el caso del Ecuador, después de la aprobación de la nueva constitución, la demanda de autonomía circula a lo largo de todo el arco ideológico nacional y local, donde sufre una diversidad de interpre-taciones. En consecuencia, la lucha política en Guayaquil girará en el futuro inmediato en torno al significante /autonomía/, desde varias posi-ciones ideológicas y políticas.

Guayaquil como sujeto político está fuerte-mente identificado con la descentralización del Estado. En la cultura política de la ciudad, la des-centralización es un valor que tiende a determi-nar las posturas políticas de los habitantes de la ciudad y del cantón. Si bien la autonomía es un valor que, considerado por sí solo, no define una postura política, la ciudad como sujeto político tiende a respaldar aquellos partidos y programas que defienden la descentralización del Estado y la autonomía.

En el momento actual, /autonomía/ es un significante que representa el guayaquileñismo, es decir, los sentimientos de pertenencia y los valores de los habitantes de la ciudad. La auto-nomía forma parte del imaginario guayaquileño.

Para amplios sectores de la ciudad, la defensa de la autonomía es la defensa de Guayaquil. Estos son los términos en los cuales estará planteada la lucha política en Guayaquil durante los próxi-mos años.

De acuerdo con esto es posible elaborar una versión de la autonomía que la ligue a la búsqueda de equidad y participación ciudadana y que corte las articulaciones simbólicas que el socialcristianismo construyó entre autonomía y neoliberalismo.

El distrito metropolitano: participacion y competencias

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 247, establece que los cantones o grupo e cantones que posean más del 7 por ciento de la población nacional pueden consti-tuirse en distritos metropolitanos. Además, reco-noce a los distritos metropolitanos como gobier-nos autónomos descentralizados, con autonomía política, administrativa y financiera.

Guayaquil y la autonomía

La Constitución de la República del Ecuador determina que para la formación de un distrito metropolitano, se debe elaborar un proyecto de estatuto autonómico del distrito metropoli-tano, que será sometido a la consideración de la Asamblea Nacional, la Corte Constitucional y a una consulta popular, para ser aprobado y poder entrar en vigencia. En consecuencia, se puede decir que en el futuro cercano la lucha por la dirección política de Guayaquil y del cantón estará referida en una medida considerable al contenido del mencionado estatuto.

La elaboración y el debate sobre este esta-tuto en Guayaquil y el cantón, se producirán en un contexto histórico político muy particular, caracterizado por un retroceso considerable de la derecha neoliberal ligada al partido Social cristiano y al Alcalde de la ciudad. Los últimos resultados electorales evidencian un crecimiento muy significativo de los partidos y movimientos de izquierda de Guayaquil, que permiten hablar de un empate político. Aunque la derecha habló de un triunfo electoral en las últimas elecciones, mirados históricamente los resultados del refe-réndum no solo son un empate sino, en realidad, una derrota de la derecha.

Aunque es claro el empate político actual –puesto que la diferencia entre el Sí y el No en la consulta fue de apenas 1,29 puntos– esos mis-mos datos pueden ser leídos también como una

La creación de gobiernos autónomos descentralizados debe ser entendida como parte del proyecto ciudadano de cons-trucción de un nuevo sistema de instituciones políticas democráticas.

Rafael Guerrero B.— Estudios de filosofía en la Pontificia Universidad Católica de Quito. Ha sido investigador del Centro Andino de Artes y Artesanías Populares CAAP. Ha realizado estudios regionales sobre la costa del Ecuador: Historia de la Industria Azucarera, 1900-1940; Democracia y Regionalismo en los Orígenes del CFP; Guayaquil y la Región.

128 P R Ó X I M O G O B I E R N O Y P O L Í T I C A S P Ú B L I C A S 129

las competencias exclusivas, sino por las compe-tencias concurrentes de los gobiernos metropo-litanos. El artículo 260 de la Constitución señala que las competencias exclusivas no excluyen la posibilidad del ejercicio de competencias concu-rrentes entre los distintos niveles de gobierno.

Desde el punto de vista de la descentrali-zación del Estado y del fortalecimiento de los gobiernos locales, interesa que estos últimos puedan asumir competencias concurrentes en las áreas de educación, salud, vivienda, áreas protegi-das, recursos hídricos para riego y suministro de energía, control de calidad, estadísticas y censos, sistema penitenciario, registro de la propiedad y puertos y aéreo puertos.

Además, es importante señalar que los gobiernos de los distritos metropolitanos deben llegar a un acuerdo con el Estado central sobre materias como política tributaria, aduanera y arancelaria, pues la competitividad de los territo-rios que dichos gobiernos dirigen y las estrategias de mediano y largo plazo para el desarrollo de los mismos, dependen de esas políticas.

Las actividades económicas y productivas, culturales y sociales de cada Distrito Metropoli-tano son particulares del mismo, de manera que es el Distrito el que debe seleccionarlas como actividades prioritarias para su propio desarrollo y establecer las políticas arancelarias, aduane-ras y tributarias que considere adecuadas para incentivas dichas actividades Por lo tanto, los gobiernos autónomos de los distritos metropo-litanos deberían compartir competencias con el Estado central en estas áreas.

La autonomia y la izquierda guayaquileña

En Guayaquil vivimos un momento histó-rico político clave izquierda ocupa posiciones

destacadas en el escenario político local. Pero existen importantes sectores ciudadanos – los empresarios y las capas medias, que ponen como condición necesaria para apoyar un proyecto de cambio social y político, un programa que debe incluir una descentralización profunda del Estado.

A nuestro entender, para que la izquierda pueda dirigir Guayaquil –y no solo una parte de la ciudad– debe hacer suya la demanda de des-centralización y autonomía –vinculándola ínti-mamente con políticas orientadas a redistribuir riqueza y oportunidades a favor de las clases populares. Solo de esta manera es posible pro-ducir un realineamiento de sectores sociales en Guayaquil. Para que las clases medias y el empre-sariado se desmarquen y retiren las investiduras imaginarias que ponen en los líderes de la dere-cha, la izquierda guayaquileña tiene que asumir (también) el imaginario de las clases medias y el empresariado, articulándolo con las demandas populares.Esto es una operación, en la cual la izquierda se apropia de las tradiciones culturales y políticas de la ciudad, al mismo tiempo que las resignifica. Esta es una operación importante para desarro-llar una nueva izquierda moderna. Hay que tener en cuenta que la derecha guayaquileña ha basado su hegemonía política en Guayaquil durante los últimos 30 0 40 años, en la apropiación de esas tradiciones. Ahora ese discurso político está en crisis. El discurso alternativo verdaderamente político no es aquel que, simplemente, se limita-ría a rechazar radicalmente las tradiciones políti-cas de la ciudad argumentando que han estado ligadas al discursos de la derecha, sino que reelabora y resignifica esas tradiciones porque las mismas contienen los mitos que fundan la ciudad.

La creación de gobiernos autónomos des-centralizados debe ser entendida como parte del proyecto ciudadano de construcción de un nuevo sistema de instituciones políticas democráticas. El proyecto busca, entre otras cosas, descen-tralizar el Estado ecuatoriano reconociendo al mismo tiempo la diversidad cultural y regional del Ecuador.

La descentralización del Estado apunta a fortalecer los gobiernos locales y regionales, como instancias de dirección política de la socie-dad. La descentralización del Estado responde las siguientes demandas sociales y políticas, planteadas por diversos sectores del pueblo ecuatoriano:

La demanda de democracia participativa, •planteada por amplios sectores ciudadanos.Las demandas de descentralización y auto-•nomía, planteadas por movimientos étnicos culturales y regionales, que reivindican la diversidad cultural y regional del Ecuador y un concepto del desarrollo ajustado a las particularidades regionales y locales.La demandas de desconcentración del •Estado central, planteada por los mis-mos movimientos autonomistas y descentralizadores.La necesidad de aumentar la eficiencia de •la gestión pública, para aumentar la calidad de los servicios públicos prestados a la ciu-dadanía y la competitividad de la economía nacional, regional y local.La necesidad de promover un desarrollo •equilibrado de las diferentes regiones que forman el Ecuador, y dentro de estas, entre las diferentes unidades urbanas y rurales que las componen.

De acuerdo con esto, el concepto de autono-mía tiene dos componentes: participación ciu-dadana y competencias del gobierno autónomo. Sobre los mismos hacemos a continuación las siguientes observaciones:

Participación ciudadana

Plan Estratégico Participativo. La política de desarrollo del Distrito Metropolitano de Gua-yaquil y del Gobierno Metropolitano debe estar regulada por un Plan Estratégico Participativo del Distrito Metropolitano y el presupuesto partici-pativo del mismo. Ambos deben ser elaborados con la participación activa de la ciudadanía. La

actual planificación del Municipio de Guayaquil no es el resultado de un plan estratégico partici-pativo, lo cual significa que la misma no recoge necesariamente las demandas, aspiraciones y valores de los diferentes sectores que componen el cantón y la ciudad. Esto implica un concepto verticalista de la planificación, que desconoce el concepto moderno de la ciudadanía participativa. Por lo tanto, es indispensable introducir en el estatuto autonómico del Distrito Metropolitano de Guayaquil una norma que obligue al gobierno metropolitano a elaborar junto con la ciudadanía del cantón un plan estratégico participativo con su respectivo presupuesto.

Distrito Electoral. Junto con el Plan y el Presupuesto Participativo, es necesario intro-ducir la figura del distrito electoral. El distrito electoral es una forma de aumentar el control ciudadano sobe los representantes políticos, refiriendo estos últimos a unidades electorales menores – los distritos electorales – que por su tamaño pueden ejercer un mejor control sobre sus representantes. Cada distrito electoral debe tener su representante en el Consejo Municipal y el mismo debe rendir periódicamente cuentas a sus electores.

Zonas Administrativos Desconcentrados. El estatuto autonómico debe establecer como norma la necesidad de delimitar zonas admi-nistrativas desconcentradas, que permitan una administración eficiente y de calidad de los servi-cios que recibe la ciudadanía. Las zonas adminis-trativas deben coincidir en lo posible con los dis-tritos electorales, de manera que los ciudadanos tengan elementos de juicio para juzgar y elegir a sus representantes en función de la cobertura y la calidad de los servicios que reciben.

Creación de Veedurías y Contraloría Social

periódica. Las veedurías sociales y la contraloría social deben ser instituidas como mecanismos por los cuales la ciudadanía evalúa el desempeño del gobierno metropolitano y ejerce un control democrático sobre sus representantes políticos.

Competencias del Gobierno del Distrito Metropolitano Autónomo. El gobierno metro-politano debe asumir todas las competencias exclusivas que la Constitución Política del Ecuador le reconoce a este tipo de gobierno. La polémica teórica y política no se producirá por

Esto es una operación, en la cual la izquierda se apropia de las tradiciones culturales y políticas de la ciudad, al mismo tiempo que las resignifica. Esta es una opera-ción importante para desarrollar una nueva izquierda moderna.

130 laTendencia  131P R Ó X I M O G O B I E R N O Y P O L Í T I C A S P Ú B L I C A S Mujeres hacia la paridad: cambios moleculares y resistencias al cambio

Desde mediados de los años 90, al lograr cuotas para su participación política, las mujeres ecuatorianas configuraron un camino estratégico para transformar la conformación genérica del poder. Hoy, tras dos constituciones que han legislado la paridad y mecanismos para alcan-zarla, contamos casi con un 40% de parlamentarias, porcentajes que oscilan cerca del 30% de concejalas municipales, habiéndose alcanzado la paridad real en la candidatización. La paridad en la representación es el horizonte a perseguir tras estos avances en nuestro país.

En el presente artículo1 se analiza los impac-tos de la reforma en tres líneas de interpreta-ción. Su dimensión económica o los impactos en los porcentajes de elección femenina. Los cam-pos de legitimación – refundación y los procesos de contrademocracia o dispositivos societales de reconfiguración del pacto social. Finalmente, los cambios moleculares que provoca la presencia de las mujeres en la conformación de la autoridad pública.

La geometría de los números

Como sabemos, los números son de gran importancia. Sin embargo, toda eficacia o eco-nomía traslada la luz hacia los factores políticos y sociales que dan sustento a los fenómenos. La eficacia de las cuotas, al acercarse hacia la paridad, pone sobre el escenario la posibilidad real del desplazamiento o cambio de la política y de las políticas. Este desplazamiento ya era un tema cuando Drude Dahlerup2, promotora de las cuotas de género, introdujo en 1993 la

1 Este artículo resume un estudio más amplio elaborado con Gloria Bonder para PRIGEPP/FLACSO Argentina e INSTRAW, 2008

2 Dahlerup, Drude, De una pequeña a una gran minoría: una teoría de la “masa crítica” aplicada al caso de las mujeres en la política escandinava, en “Fronteras, Límites y Negociaciones”, Revista Debate Feminista 8, La Letra Edito-res, México DF, 1993

A María Fernanda Cañete, en homenaje

María Arboleda

noción de masa crítica, inspirada en la noción de Gramsci, para señalar una minoría que se ha vuelto suficientemente grande como para pro-vocar un cambio cualitativo en las relaciones de poder. Dahlerup puso énfasis en el sentido dual del cambio cualitativo posible: (a) Desear y ser capaz de usar los recursos de la organización para mejorar su propia situación y (b) Desear y ser capaz de usar los recursos de la organización para mejorar la situación de su grupo (Dahlerup: 1993).

Aunque lograr el cumplimiento de las cuotas ha sido un proceso mediado por constantes y enormes resistencias, que las mujeres enfren-taron con movilización, su experiencia y sus saberes, la velocidad de los cambios ocurridos en Ecuador en apenas 10 años, mirados desde una perspectiva histórica, constituye un factor de su eficacia, sobretodo si se contrasta con la larga trayectoria de las luchas por el sufragio femenino.

La cuota inicial del 20% aplicada por primera vez en los sufragios para la Asamblea Constitu-cional de 1997, tuvo escaso rendimiento: logró apenas pasar del 9.7% de mujeres electas en 1994, al 10% en aquel año. Sin embargo, en 1998 las diputadas electas ascendieron al 13.2%; en 2002, tras las nuevas reformas y con una cuota aplicable del 35% en la candidatización, se subió al 17%; en 2006, al 25% y en 2007, al muy notable porcentaje del 33.8% mientras que la candidati-zación llegó a la paridad real.

Con estos datos, en el Índice de Equidad de Género IEG 2004-2007 del Social Watch3, Ecuador es uno de los 10 países que más avanzaron entre 2004 y 2007. Según esta fuente, estos buenos

3 El Índice de Equidad de Género (IEG) del Social Watch evalúa a 154 paí-ses en tres dimensiones: actividad económica, empoderamiento y educación. En su última medición, el IEG verificó que en ningún país las mujeres disfrutan de las mismas oportunidades que los varones, que no se necesitan altos niveles de ingreso para eliminar las disparidades de género y que, si bien en algunos aspectos la situación de las mujeres ha mejorado en los últimos años, sus opor-tunidades en las áreas económica y política aún están claramente limitadas. IEG, http://www.socialwatch.org/es/avancesyRetrocesos/IEG/index.htm

Mujeres hacia la paridad: cambios moleculares y resistencias al cambio

Ecuador introdujo cuotas mínimas para la candidatización de mujeres en los años 90. Pri-mero fue mediante la Ley de Amparo Laboral de la Mujer, promulgada en 1997, que dispuso a los partidos y movimientos políticos la obligación de incluir un mínimo del 20% de mujeres en las listas de candidaturas. Tras el derrocamiento del presidente Abdalá Bucaram, la Asamblea Cons-tituyente de 1998 aprobó la nueva Constitución Política que consagró el principio de no discri-minación en razón de sexo, y el derecho de las mujeres a participar como candidatas en equi-dad con los varones.

Durante el período legislativo 1998 – 2000, las más importantes actorías de mujeres, insta-ladas en consejos consultivos y mesas técnicas, redactaron una propuesta de reformas. Los 8 artículos aprobados establecieron la cuota mínima del 30% de mujeres, y la candidatización alternada y secuencial –la famosa fórmula cre-mallera– (Rosero: 2000). Dispusieron también que la cuota se incremente en cada proceso elec-toral en un 5% hasta llegar a la paridad real. Así, empezando con 30% en el 2000, aumentó al 35% en 2002, al 40% en 2004 y al 45% en el 2006. Con la convocatoria a la Asamblea Nacional Constitu-yente del 2007, la cuota alcanzó el 50%.

Los 10 países que más avanzaron en el IEG (2004-2007)

Gráfico tomado del IEG – Social Watch

Ecuador: porcentaje de mujeres en el Congreso (2008)

Fuentes: INSTRAW: 2008; IDEA Internacional, 2007a; INAMU 2007; Rodríguez 2008Elaboración: J. Rodríguez

Porcentajes de mujeres en congresos unicamerales o cámaras bajas latinoamericanas (2008)

María Arboleda— Socióloga, ha realizado varios estudios sobre democracia local, género y participación de las mujeres en la política.

132 P R Ó X I M O G O B I E R N O Y P O L Í T I C A S P Ú B L I C A S 133Mujeres hacia la paridad: cambios moleculares y resistencias al cambio

desempeños se deben en parte a la aplicación de políticas de acción afirmativa, una de las más relevantes es la legislación sobre cuotas para la participación política de las mujeres.

Con los últimos porcentajes alcanzados para parlamentarias o asambleístas, Ecuador se situó en el cuarto puesto a nivel latinoamericano.

Aunque a nivel local las tendencias aparecen más móviles y la arquitectura de los cargos con-figura un campo muy heterogéneo, los incremen-tos en el acceso de mujeres a concejalías munici-pales, juntas parroquiales y consejerías provin-ciales también han sido notables. La participa-ción histórica de las ecuatorianas en esos cargos ha sido débil y, antes de las cuotas, mostraba un ritmo lento y errático de crecimiento: de 4.04% de concejalas municipales en 1978 se pasó a un 6.7% en 1988, y se descendió a 5,22% en 1992. Tras la aplicación de la cuota, en el año 2000 se produjo un salto sorpresivo en el porcentaje de concejalas electas (30.6%) e integrantes de juntas parroquiales (24.8%). En las consejerías provin-

ciales se operó un fenómeno similar: se pasó de un 7.14% de electas en 1998 a un 29,64% en 2004. Tanto en conceja-lías como en con-sejerías, los por-centajes de muje-res electas han subido y bajado a 23% y a 14.9% respectivamente, pero no han retor-nado a los niveles anteriores.

Concejalas municipales (1978 – 1992)

Elección - Año

% Mujeres Electas

1978 4.04

1980 4.44

1984 3.64

1986 5.27

1988 6.70

1992 5.22

1998 8,22

20001 29,65

2002 22,30

2004 31,69

2006 23,00

Fuentes: Velasco: 1994; Goyes: 2008; Cañete: 2008; Rodríguez: 2008;Elaboración María Arboleda

1 Año de la primera aplicación de la cuo-ta en elecciones de autoridades locales en Ecuador.

Concejalas electas en Ecuador (en %) (1978-2006)

Fuentes: Velasco: 1994; Goyes: 2008; Cañete: 2008; Rodríguez: 2008;Elaboración María Arboleda

Mujeres en Concejerías Provinciales en Ecuador (en %) (1998-2006)

Fuentes: Velasco: 1994; Goyes: 2008; Cañete: 2008; Rodríguez: 2008;Elaboración María Arboleda

Alcaldías: mujeres ausentes

Las cuotas no se aplican a los cargos de elección uninominal: presidencia de la república, alcaldías, prefecturas. Pese a ello y aunque man-tienen cotas muy lejanas a los logros en cargos plurinominales, Ecuador duplicó su porcentaje de alcaldesas durante el período de aplicación de las cuotas. Las alcaldesas pasaron del 2,7% en 2000 al 5.9% en 2004, llegando casi al 6%. De todos modos, aunque duplicó su porcentaje, Ecuador se encuentra al final de los países con avances medios en alcaldías.

Mujeres en consejerías provinciales

Año % Candidatas % Electas

1998 11,23 7,14

2000 42,81 19,10

2002 35,70 16,42

2004 44,05 29,67

2006 38,86 14,93

Fuente: TSE Elaboración: Javier Rodríguez

La baja cota de Alcaldesas puede atribuirse, entre otros factores, a la persistencia de siste-mas electivos y partidarios que continúan como nichos de modalidades patriarcales. Sin embargo, hay mucho aún por estudiar: esto lo evidencia el fenómeno excepcional registrado con las Prefec-tas provinciales, donde el porcentaje de electas pasó de cero en 2000 a 18% en 2004. Este salto no tiene precedentes a nivel de la región y por él, Ecuador destaca en el primer lugar regional. Las elecciones de 2009 serán un buen indicador de si fue solamente una apertura temporal o si se trata de una tendencia a analizar en sus factores de posibilidad.

Ecuador: Mujeres en alcaldías municipales 2000 - 2004

Año Total candidatos Mujeres Candidatas

% Total Electos Mujeres Electas %

2000 1034 78 7,54 215 6 2,79

2004 1261 137 10,86 219 13 5,94

Fuente. Tribunal Supremo Electoral. Elaboración: Javier Rodríguez

Ecuador: porcentaje de mujeres alcaldesas (2007)

Fuente. Tribunal Supremo Electoral. Elaboración: Javier Rodríguez

Proporción de Mujeres Alcaldesas América Latina. Año 2008. (18 países)

134 P R Ó X I M O G O B I E R N O Y P O L Í T I C A S P Ú B L I C A S 135Mujeres hacia la paridad: cambios moleculares y resistencias al cambio

los actores sociales han venido gestando un camino “a la ecuatoriana” de recomposición y reapropiación de las formas de representación y autoridad, que ha posibilitado una entrada de las excluidas (y los excluidos) a sitios de poder posiblemente más acelerada que en países como Colombia o Costa Rica, donde la institucionali-dad, también en crisis, es más sólida y resistente.

Las mujeres han sido emblemáticas en pro-cesos como el derrocamiento de Bucaram (1996) y en el de Los Forajidos (2004-2005), que en realidad debería llamarse correctamente de Las Forajidas por la masividad y coraje de la presen-cia femenina reconocida a nivel público. Cuando los partidos se vieron obligados a cumplir la cuota, so pena de no poder inscribir sus listas, fenómeno que fue posible gracias a una larga y realmente épica exigencia de las mujeres ante organismos como el TSE, o ante cortes naciona-les e internacionales, encontraron en la sociedad civil, entre los movimientos sociales, un conjunto de lideresas –de clases medias, afrodescendien-tes, indígenas, de sectores populares, etc.- que habían ganado a pulso visibilidad y aprecio en diversos escenarios.

La entrada de las mujeres a la política no es fácil, está obstaculizada aún por barreras como sus encargos domésticos, la falta de recursos para sostener candidaturas y a veces incluso para suplir los ingresos de sus familias, la cul-tura machista y otros. Los altos resultados en la elección de mujeres asambleístas en 2007 fueron favorecidos también por el efecto plancha que el partido de gobierno promovió en esos sufragios y que permitió en gran medida sortear la opción más compleja del voto preferencial llamado de entre listas. De modo que las elecciones del 26 de abril de 2009 -toda vez que habría cambiado el panorama político- serán una prueba de fuego respecto de si se conserva o no -y cómo se con-serva- el nivel alcanzado por la representación electoral de las mujeres.

Por otro lado, la existencia de un escaso por-centaje de alcaldesas, aunque en Ecuador existen ya mujeres con capacidad, experiencia y lide-razgo para asumir esos cargos, revela los rema-nentes machistas de un sistema político donde las cuotas no se cumplen y donde los partidos aún pueden escapar de practicar la paridad en las candidatizaciones, en este caso, a los cargos uninominales como las alcaldías. A diferencia de las prefecturas, sobre las que Silvia Vega sos-tiene que han sido cargos menos apreciados en

el mercado masculino del poder al menos hasta la elección de 2004, las alcaldías son cargos muy apreciados por los varones en múltiples casos como antesalas de la Presidencia de la República, o de cargos de asambleístas nacionales y provin-ciales. Sobre los resultados en estos dos cargos las elecciones de 2009 darán mucho que decir.

Todos estos temas tienen importantes con-notaciones para una nueva performación de la ciudadanía y la praxis política de mujeres y hom-bres. Ser mujer en el poder es todavía una reali-dad periférica, asociada a la creación de nichos u hogares moleculares desde donde se “debe” o se puede reconstruir las identidades o relatos sobre lo masculino y lo femenino (Bonder:2008).6 La posibilidad de agenciamiento y transforma-ción de los mandatos genéricos, como señala Bonder (1998), implica aceptar que es consus-tancial a la construcción de las subjetividades, las resistencias, resignificaciones y creación de nuevas representaciones y prácticas sociales por los sujetos, vis á vis los diferentes órdenes dis-cursivos y dispositivos institucionales. Es decir, reconocer la imposibilidad de estar fuera de las relaciones de poder.

Si, como asegura Fina Birules (citada por Bonder7) el feminismo no se reduce a la preten-sión de reparar una injusticia sobre las mujeres, sino que está comprometido con la búsqueda de respuestas al interrogante fundamental sobre las condiciones en que todavía es posible un mundo común, un espacio público plural donde las mujeres y otros grupos sociales puedan singula-rizarse como condición para vincularse en pari-dad. Aunque se haya incrementado el número de mujeres en los más altos cargos, en tanto ente colectivo ellas siguen en los márgenes del poder. Sin embargo, aún desde los márgenes no son inocuas. Y es en este tránsito por la tensión entre la necesidad de reconocimiento de la parti-cularidad y la afinidad con la alteridad intra e intergenérica y social, donde se juegan muchos de los avatares en la construcción de las agendas políticas y, nos atrevemos a afirmar, en los posi-cionamientos subjetivos de las mujeres en esos terrenos.

6 Comunicación personal.

7 En un libro sobre Francoise Collin. Bonder, 2008

Tomado de Llanos & Sample: (2008)

Presencia de mujeres en cargos regionales en América Latina

Ecuador: Alcaldesas y Prefectas en %(2000-2004)

Prefectas

Alcaldesas

Ecuador: mujeres en prefecturas provinciales 2000 - 2004

Año Total candidatos Mujeres Candidatas

% Total Electos

Mujeres Electas

%

2000 102 6 5,88 22 0 0,00

2004 130 12 9,23 22 4 18,18

Fuente. Tribunal Supremo Electoral. Elaboración: Javier Rodríguez: 2008

¿Corregir la democracia y co-regir en democracia?

Pasar de la cuota a la paridad no es un mero asunto de números. La paridad expresa un prin-cipio de igualdad, no discriminación y democrati-zación que, como señala Amelia Valcarcel, opera un desplazamiento que supera la concepción de discriminación positiva, noción que tiende a depreciar el valor de las mujeres, y pone énfasis en el tema del poder o la fuerza que permite la monopolización genérica de la representación y la autoridad.4 El desplazamiento es político y remite a la reconfiguración de la democracia desde las mujeres y a la “contrademocracia” como lo llama Rosanvallon, procesos democrá-ticos refundacionales de resistencia y reforma del pacto social, que expresan la posibilidad de corregir la democracia y -decimos nosotras- de co-regir en democracia.5

Esta demanda del co-regir está en la base de las demandas de los actores sociales del Ecuador en su actividad crítica a partir de los años 90: profundizar la democracia, volverla participa-tiva, ser parte de la toma de decisiones y de la configuración de las políticas, de lo público y del contínuum público-privado. En este período,

4 Cuota y paridad, un debate abierto. Conversación con Amelia Valcarcel, ci-tada por Valdés y Montaño, 2007

5 La contradicción de la democracia moderna es una oposición entre el prin-cipio político y el principio sociológico de legitimidad. En la democracia liberal, la legitimidad se consagra vía el sufragio (principio político), mientras se disuelve el principio sociológico de legitimidad, se diluye lo social en el universal. Actual-mente, por diversas razones, una de ellas la desestructuración de los sistemas de partidos y de sus programas, la legitimidad electoral ya no “precipita” la legi-timidad social. Esto ha devuelto un peso creciente a la legitimidad sustancial o social: ya no se considera que los valores fundantes del lazo social provengan del solo hecho de una elección. Más aún si muchos sistemas de elección dejan en situación de exterioridad a sectores o temas importantes en la sociedad (Rosan-vallon, 2007: 248 – 280)