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Políticas de estado y modelo agroexportador: el retorno al escenario de lo público
DesdeelfondoCuadernillo Temático n° 46. Año xii.Paraná, noviembre 2008.Producido por el Área de Comunicación Institucio-nal, Secretaría de Extensión e invesigación.e-mail: [email protected]
PropietarioFacultad de Trabajo Social,Universidad Nacional de Entre RíosDirectorMgs. Sandra Arito
AutoridadesDecanaMgs. Sandra AritoVicedecanaLic. Carmen LeraSecretaría AcadémicaLic. Mónica JacquetSecretaria de Extensión e InvestigaciónLic. Diego GantusSecretario Económico FinancieroSergio Dalibón
Ley 11.723 Registro de la Propiedad Intelectual n° 362132, ISSN 1515-9507. Aprobado por Resolución n° 023/96 del Consejo Directivo de la Facultad de Trabajo Social de la uner de fecha 1 de abril de 1996. Los artículos pueden citarse siempre que se haga mención de la fuente y del autor.
Políticas de estado y modelo agroexportador: el retorno al escenario de lo público
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Editorial
Sandra Marcela Arito (Magister en Salud Mental - Decana de la Facultad de Trabajo
Social-uner-Docente e investigadora de la misma Facultad).
Dime con quién te peleas y te diré quién eres: ¿se puede aprender algo del conflicto?
Angelina Uzín Olleros (Docente de la cátedra Filosofía Política-Licenciatura en
Ciencias Políticas-Facultad de Trabajo Social-uner).
Situación nacional actual: fortalecimiento de la institucionalidad
Alicia Gonzáles Alarcón (Licenciada en Trabajo Social-Docente e Investigadora-Fa-
cultad de Trabajo Social-uner).
Campo: cómo pensar un desarrollo sustentable
Entrevista a Daniel Tirso Fiorotto (Periodista).
¿Una nueva cuestión social en el agro? Breves comentarios a partir del conflicto «campo-
gobierno» en los últimos meses
María Elena Nogueira [Magister en Estudios Sociales Agrarios (flacso-Argentina)-
Becaria conicet- docente de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacio-
nales-unr].
Notas ocasionadas por la disputa sobre las retenciones cerealeras
Gastón Mutti [Magister en Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política
(flacso-Argentina)-Docente de la cátedra Problemática Política-Facultad de Trabajo
Social-uner.
Producción vitícola en Mendoza: discusión desde una localidad respecto a la existencia o
no de desarrollo rural
Natalia Millán [Licenciada en Sociología - UNCuyo - Maestrando en Estudios Socia-
les Agrarios (flacso-Argentina)].
A partir del conflicto del agro qué cuestiones asomaron en la escena política y económica
de la Argentina. Algunas reflexiones
Graciela Mingo (Licenciada en Ciencia Política-Magister Scientiae en Metodología
de la Investigación Científica y Técnica-Docente e investigadora-uner-Rectora de la
uader).
Índice
06
08
11
14
19
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29
42
Desdeelfondo N° 46
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Cuando Florencio Molina Campos murió, al decir de su amigo Edward Larocque Tynker, «el mundo perdió un genio que había dedicado su vida a llevar alegría a un mundo en tensión».
La alegría es generadora de una potencia vital que enviste de creatividad al pensa-miento colectivo. También nos permite corrernos de aquellas posiciones binarias que sólo habilitan la circulación de ideas por una ruta que tiene dos manos: la que va y la que viene. En ese transitar hay una simulación del movimiento, pues no se llega a nin-gún lugar. La circulación dicotómica tampoco habilita la posibilidad del encuentro, ya que se está en una vía o en la otra.
Como institución de educación superior, renovamos nuestra preocupación y ocupa-ción constantes por luchar contra el dogmatismo intelectual y habilitar la construcción de enunciados que permitan abrir el pensamiento a la complejidad.
Nuestra Facultad, a partir del mal llamado conflicto «campo-gobierno», generó di-ferentes espacios de encuentro en los que se habilitó la posibilidad de romper el falso dilema. Recordamos que fue un espacio que, no sin sorpresa, desbordó nuestras ex-pectativas. Entendemos que se debió a que tal polaridad sustentada por la mayoría de los medios de comunicación masiva, generó en muchos ciudadanos de nuestra región la necesidad de encontrar espacios de análisis capaces de promover la crítica reflexiva frente a lo que acontece. Entre otras acciones y proyectos, lo hacemos porque estamos convencidos que ésta es una de las responsabilidades que nos competen desde la Uni-versidad Pública Argentina, en nuestro caso, además, lugar en el que se forman profe-sionales directamente vinculados al campo de lo social y lo político.
Modestamente, este número del Cuadernillo Temático Desde el Fondo propone, por la coyuntura de nuestro país, dialogar respecto de políticas de Estado para la produc-ción agropecuaria, planteando las preguntas sus implicancias políticas y el necesario refuerzo de la institucionalidad y de lo público.
Angelina Uzín Olleros sugiere que el denominado conflicto entre el campo y el go-bierno, es un conflicto de intereses económicos y políticos, en el cual no se plantea el fin de las ideologías sino su retorno bajo la izquierda y la derecha. De la mano de este conflicto de intereses asistimos al retorno de lo político y a la apertura del debate de cuestiones de fondo tales como la libertad, la igualdad y el orden social.
En una entrevista, el periodista Daniel Tirso Fiorotto nos invita a reflexionar en torno a la concentración del uso y de la tenencia de la tierra en nuestro país, exponiendo la necesidad de una Reforma Agraria que también se ocupe de la problemática de la des-nacionalización de diversos rubros económicos, entre otros puntos salientes.
María Elena Nogueira plantea ir más allá del tan comentado tema del campo para analizar las verdaderas problemáticas de larga data que envuelven al sector. Por un lado, la autora propone dar cuenta de quiénes conforman el colectivo «campo», lo que concluirá en diferentes realidades y problemas a solucionar y, por otro, fomentar espa-cios de diálogo para proyectar políticas a largo plazo. Éste último es un desafío para el Estado, el de lograr la participación de las diversas organizaciones sectoriales en la toma de decisiones.
Editorial
Políticas de estado y modelo agroexportador: el retorno al escenario de lo público
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Los profesores Gastón Mutti y Alicia González Alarcón, comparten las reflexiones que presentaron en la Clase Pública «Situación nacional actual: fortalecimiento de la institucionalidad», organizada en el mes de junio por nuestra Facultad. Ideas que se pusieron en debate con la presencia de estudiantes, docentes, dirigentes e integrantes de organizaciones sociales, con la intención de posibilitar las voces y recuperar el espa-cio de lo público, el espacio de todos.
El trabajo de Natalia Millán representa una investigación sobre los aspectos del de-sarrollo rural en relación con el desarrollo local, en el caso particular de la localidad mendocina de Gualtallary, en el Departamento de Tupungato. De este modo, pretende desentrañar las modificaciones surgidas a partir de la implementación de la vitivinicul-tura en los hábitos de vida, en lo económico, laboral e institucional de los habitantes de dicha localidad, para luego refutar o reafirmar los postulados del Desarrollo Territorial Rural y la Nueva Ruralidad.
La profesora Graciela Mingo reconstruye, en el estilo de la crónica, sus impresiones del conflicto «campo-gobierno», planteando interrogantes al escenario político del mo-mento. Preguntas que trascienden las circunstancias particulares y nos brindan herra-mientas para reconocer cuestiones más profundas.
Quedan invitados a compartirlo…
Mgs. Sandra Marcela AritoDecana
Facultad de Trabajo Social —uner
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Dime con quién te peleas y te diré quién eres: ¿Se puede aprender algo del conflicto?Angelina Uzín Olleros
Hemos asistido, y algunos han participa-do, de un con-
flicto de intereses —tanto políticos como económicos—
en los que se desplegaron anuncios: no ya del fin de las
ideologías sino del retorno de las ideologías de izquier-
da y de derecha. Esta puede ser una de las tantas seña-
les de un supuesto cambio de época, en la cual muchos
actores pretenden organizar la ruptura con los años 90,
denominados como la década «neoliberal».
En principio, el retorno de lo político ha sido acom-
pañado de la apuesta por refundar un discurso y una
mentalidad política que retoma su lugar frente a lo eco-
nómico; si hay que debatir sobre la distribución de la
riqueza, el modelo de exportación, el volumen de las
retenciones, el aporte fiscal; estos —como tantos otros
temas— deben ser resueltos en la arena política para
no subordinarse a los modelos económicos y enfoques
economicistas de los últimos años del siglo xx.
Aún cuando muchos no reconocen el retorno de lo
político, al menos advierten el regreso de un debate en
términos no ya de modos de producción sino de for-
mas de pensar cuestiones de fondo como la libertad, la
igualdad, el orden social.
¿Qué debe primar?:
Una distribución de la riqueza que asegure la igual-
dad de oportunidades, el acceso a los derechos funda-
mentales.
O una distribución que no afecte las libertades conse-
guidas, ni el capital concentrado por algunos oligopo-
lios o empresas.
Por último, un modelo de inclusión social que no res-
trinja la permanencia de un sector de la sociedad que
se ha visto beneficiado por sus actividades económicas,
inversiones, capacidad de ahorro, de acumulación de
capital, denominado en los últimos meses como «renta
extraordinaria».
A esto se suma una segunda cuestión que tiene que
ver con el orden social: la capacidad de administrar jus-
ticia en los términos de brindar seguridad a la pobla-
ción, una problemática muy cara a los 90 en la que no
sólo se «privatizaron» la salud y la educación sino tam-
bién la seguridad.
Para la historia reciente de la Argentina muchas pa-
labras, conceptos, han tocado la sensibilidad social como,
por ejemplo, los de orden, represión, control; su tradi-
ción militarista, de facto, nos desvía de las etimologías
y sólo podemos traducir esas ideas en los términos de
interrupción de la democracia.
«De acuerdo con Freud, la historia del hombre es la
historia de su represión. La cultura restringe no sólo su
existencia social, sino también la biológica, no sólo par-
tes del ser humano sino su estructura instintiva en sí
misma. Sin embargo, tal restricción es la precondición
esencial del progreso. Dejados en libertad para perse-
guir sus objetivos naturales, los instintos básicos del
hombre serían incompatibles con toda asociación y pre-
servación duradera: destruirían inclusive lo que unen.
El Eros incontrolado es tan fatal como su mortal contra-
partida: el instinto de la muerte. Sus fuerzas destructi-
vas provienen del hecho de que aspira a una satisfacción
que la cultura no puede permitir: la gratificación como
tal, como un fin en sí misma, en cualquier momento.
Por tanto, los instintos deben ser desviados de su meta,
inhibidos en sus miras. La civilización empieza cuando
el objetivo primario —o sea la satisfacción integral de
las necesidades— es efectivamente abandonado». (Mar-
cuse, H., 1985:25).
Políticas de estado y modelo agroexportador: el retorno al escenario de lo público
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Tal vez los argentinos no podamos permitirnos el vo-
cablo «represión», incluso haciendo la salvedad a la que
alude el filósofo, como una instancia necesaria de re-
nuncia pulsional para propiciar una sociedad organiza-
da de personas, sujetadas a la ley, existiendo conforme
a los dictados del pacto social.
Arriesgando una propuesta más aristotélica del justo
medio, nos queda encontrar el equilibrio entre el exceso
y la carencia, entre el acuerdo y el desacuerdo, entre los
derechos y las obligaciones. La civilización es, en conse-
cuencia, ese equilibrio entre intereses, especulaciones,
necesidades y demandas.
En los medios de comunicación huelgan los comenta-
rios ejemplificadores —desde una doxografía omnipre-
sente— acerca de los países planificados, organizados,
desarrollados del primer mundo, sumando ejemplos de
países latinoamericanos como Chile y Brasil que han
llegado a incorporar esa represión necesaria para estar
a la altura de Europa o eeuu.
Muchos no pueden concebir una democracia conflic-
tiva, por lo tanto, ven en el desorden que genera la puja
de intereses, una falta de capacidad de gobernabilidad.
Otros entienden que eso es precisamente una sociedad
democrática, en la que se pone al desnudo la lucha por el
poder y se destacan el disenso, la confrontación, la polé-
mica (ésta última lleva el pólemos al registro simbólico).
Entre el rechazo de los 90 y la nostalgia por los 70, in-
telectuales, periodistas, ensayistas, acompañan con su
pluma el desacuerdo de estos días; por su parte comu-
nicadores y «opinólogos» agregan desde el llano, esto
es, desde la superficie, alguna cuota de sagacidad, sin
demasiado análisis.
Re-escribir la historia en términos de una memo-
ria larga, re-significar la terminología política, social,
económica del país, es una tarea compleja y necesaria;
habida cuenta de las múltiples significaciones discursi-
vas acerca del sistema democrático, del reparto de po-
deres, la exégesis legal, las atribuciones del ejecutivo,
en suma, de la legitimidad de los mandatos, sus límites
y alcances.
¿Se puede aprender del conflicto?, de hecho y de de-
recho, efectivamente sí; pero ese aprendizaje debe estar
acompañado por «la política como pensamiento» y por
«lo político como dispositivo»; si esto no es posible, si
esta sociedad no puede lograrlo, será inevitable conti-
nuar con esta polisemia propia de una torre de Babel en
la que decimos democracia en muchos sentidos distin-
tos, en la que pronunciamos términos como igualdad,
libertad, propiedad sin posibilidad de diálogo (un logos
que va y viene entre dos sujetos o entre dos sectores).
La capacidad de argumentar, de contraargumentar,
de sostener una posición, de responder desde la re-
flexión y no desde los clichés de moda; debe ser ejerci-
tada con el apoyo de un hábito democrático que conjuga
tanto la representación como la participación y el plura-
lismo ideológico.
El conflicto también guarda una estrecha relación
con lo que denominamos «desobediencia civil» o «re-
sistencia civil». ¿Quién está en la legítima posición para
cortar una ruta, para generar inseguridad jurídica, para
desabastecer el mercado interno?
Entre el insulto mediático y la ausencia de capacidad
de transmitir o comunicar una posición o un posiciona-
miento frente a una medida económica, hemos estado
huérfanos de discursos que sostengan una praxis social
y política.
Alain Badiou propone pensar, esto es, definir a la po-
lítica como un pensamiento; alejarnos de ese «festival
de opiniones» en el que se ha transformado el escenario
político, nociones sin fundamentos, categorías vacías de
conceptos, prácticas que no pueden sostenerse reflexi-
vamente. Salir de la imagen del intelectual que aconse-
ja desde su propia capacidad de juzgar sin un ejercicio
de militancia que lo acerque al contexto de aplicación
de su teoría. Sin pensamiento, el dispositivo político es
mudo, es una instrumentalidad peligrosa. Lo político
está errante entre la sociedad civil y el Estado (el Estado
no piensa), porque no hay pensamiento político.
En las «histerias de lo social», la política ya no tiene
patria histórica. Por lo tanto, debemos comprender que
la política no será pensable más que liberada de la tira-
nía del número, número de votantes, número de mani-
festantes, número de huelguistas. Ni los comentarios,
ni las elecciones son vías de acceso a la esencia de la
política porque son dispositivos, no son pensamientos.
La política empieza cuando uno se propone, no repre-
sentar a las víctimas sino ser fiel a los acontecimientos
en los que las víctimas se pronuncian1 .
Este pensamiento político opacado por las recetas
económicas y la omnipresencia de los economistas, sale
a la palestra nuevamente; no existe escenario público
sin política. Porque un escenario público sin política es
arte, es actuación, es dramatización teatral sin incum-
bencia social e institucional.
En una sociedad democrática, en la que la sociedad
civil encuentra en el espacio abierto de lo público una
1 Badiou propone rehacer el Manifiesto Comunista, entendiendo a éste como un conjunto de meras hipótesis inauguradas. Las hipó-tesis de una política de la no-dominación, de la que Marx ha sido el fundador, y que hoy se debe intentar re-fundar.
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posibilidad de manifestarse, debe existir la posibilidad
de agruparse, de reunirse por finalidades o intereses
axiológicos e ideológicos; saber con quién establecer
alianzas, definir al adversario, encontrar al amigo de
la polis.
El denominado conflicto entre el «gobierno» y el
«campo» ha sido tramitado como una nueva versión de
la teoría de los dos demonios, sostenido en la misma
confusión y falacia.
Sí ha sido, y es, el conflicto entre el gobierno y la so-
ciedad rural, una sociedad rural que nunca antes ha sa-
lido a las calles o a las rutas argentinas para defender
a los docentes y los médicos de escuelas y hospitales
públicos; que defiende claramente sus intereses econó-
micos, su nivel de afectación a las riquezas.
En el conjunto denominado «campo» no sólo se en-
cuentran sujetos y realidades muy diversas, sino que es
un conjunto extremadamente excedido en sus partes.
Del mismo modo en que no se debe confundir en la
referida teoría de los demonios, la violencia que ejerce
un grupo terrorista con la violencia que ejecuta el Es-
tado a través de sus agentes y sus instituciones; no se
puede confundir ni equiparar un gobierno democrático
con un sector de la sociedad que ejerce su derecho a
protestar. Considerando, además, el riesgo que supone
creer que defender la democracia equivale a defender
un partido político o ser señalado como «oficialista».
El miedo a pensar, el temor a ejercer el derecho pú-
blico de expresión, nos paraliza, nos aísla, o en el peor
de los casos nos lleva a celebrar en una plaza junto al
enemigo, nos conduce a protestar en la misma baldo-
sa con el adversario. Esto ocurre, en parte, por la falta
de ejercicio ciudadano, por la ausencia de pensamiento
político.
Un modelo agroexportador, un modelo de produc-
ción, un modelo para el sector agrario, como tantos
otros modelos que tengan incidencia en el consumo
externo tanto como en el interno, necesita de un pensa-
miento político, que defina lo público y lo privado desde
una concepción política, cuyo lazo está anclado en el
concepto de propiedad.
El término «propiedad» proviene del latín propius que
significa «perteneciente a una persona» y también en-
cuentra su origen en prope que quiere decir «cerca».
La propiedad está vinculada a las relaciones de pro-
ducción, a las formas de distribución, circulación y con-
sumo de los productos de una organización económico-
social determinada.
En síntesis, todo este conflicto de intereses e inter-
pretaciones es al mismo tiempo una gran oportunidad
para definir la política como un pensamiento, como
una capacidad argumentativa, como una posición ideo-
lógica que nos convierta en propietarios de nosotros
mismos, en la cercanía de nosotros y los otros como
ciudadanos.
Propietarios de una patria tan cerca de los amigos de
lo público, tan lejos de las mezquindades de lo privado,
cuando está privado de lo político.
BADIOU, Alain (2007). ¿Se puede pensar la política? Buenos Ai-
res: Nueva Visión.
MARCUSE, Herbert (1985). Eros y civilización. Barcelona: Ariel.
KAMINSKY, Gregorio (2005). Tiempos inclementes. Culturas
policiales y seguridad ciudadana. Bs. As.: Ediciones de la
unla.
MOUFFE, Chantal (1999). El retorno de lo político. Comunidad,
ciudadanía, pluralismo, democracia radical. Barcelona: Pai-
dós.
ROSANVALLON, Pierre (2006). La contrademocracia. La política
en la era de la desconfianza. Bs. As.: Manantial.
BIBlIogrAFíA
Políticas de estado y modelo agroexportador: el retorno al escenario de lo público
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Situación nacional actual: Fortalecimiento de la institucionalidad*Alicia Gonzáles Alarcón
Se está con uno o con otro. No hay espacio para reflexio-
nar ni polemizar a la luz de los antecedentes históricos
que podrían claramente iluminar posiciones y costos al
respecto, no sólo económicos sino sociales y culturales.
A esto se le agrega el intento poco ingenuo de apropia-
ción de la simbología patria, discutible en momentos
de conmemoración de fechas, desde la bandera a la es-
carapela, incluyendo el perverso gesto de división de las
Madres de Mayo, entre las que están a favor o en contra
de esta situación.
Esta modalidad política es característica de los sec-
tores hegemónicos en cuanto a la utilización de la divi-
sión de una sociedad que, estando fragmentada, intenta
democráticamente salir del oscurantismo, tanto de la
época dictatorial como del afianzamiento del modelo
neoliberal, a partir de la construcción de la integración
social con la inclusión de las mayorías y el respeto a las
minorías.
En la situación actual existe claramente un manejo
dirigido a la construcción de significados, que utiliza
los medios masivos de comunicación, cuya velocidad
impide la posibilidad de pensar autónomamente. Así,
la reflexividad queda subsumida en la intencionalidad
de «lo que se ve», que es «lo que se instala» y por tanto
«se interpreta» o entiende a un nivel cotidiano.
Retomaré algunas imágenes y dichos que me llamaron
más la atención, porque me parecen ejemplificadores.
La expresión «que se vayan» apareció muchas veces
en distintos lugares, y era repetida a fuerza de plantear
la obviedad de que quien debía irse era el gobierno, con-
cretamente quienes fueron elegidos democráticamente
para asumir esa función. Interrogante: ¿quiénes debían
ocupar ese lugar?*Clase Pública del 23 de junio de 2008.
Dados los hechos que nos ocupan y preocupan desde
hace unos cuatro meses, y considerando que es vital
proponernos estos espacios de debate e intercambio
abiertos, en condiciones de respeto ético y con la inten-
cionalidad de reflexionar colectivamente, me interesa
dejar claro dos aspectos.
La Facultad de Trabajo Social, al interior de la Univer-
sidad Pública de Entre Ríos, posee una trayectoria de-
mostrada en cuanto a este tipo de acciones, tendientes
a discernir y poner en común los aportes disciplinarios,
hoy desde la Ciencia Política y desde el Trabajo Social,
respecto a situaciones de interés público-societal.
Por otro lado, al interior de la organización académi-
ca existe interés en torno a la situación actual aunque
estas palabras son producto de mis propias reflexiones
al calor de los acontecimientos, y no representan el po-
sicionamiento de todos los colegas de la Facultad, ni de
todas las colegas del Área de Trabajo Social.
Ahora bien, considero que la cuestión de la institu-
cionalidad hay que vincularla estrechamente con la po-
sibilidad de construir la calidad institucional, en cuanto
vigencia de Derechos y ejercicio concreto de los mismos
en un Estado democrático.
Es condición de realización de ciudadanía el ejercicio
de la responsabilidad tanto como de la autonomía en un
marco de ética reflexiva.
Estos conceptos se contradicen con la práctica efectiva
asumida por algunos componentes de un sector social,
el cual considera que sus intereses y posiciones están
por encima del resto de la sociedad argentina. Se invo-
ca, como falacia, la contradicción «campo o gobierno».
Desdeelfondo N° 46
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La frase «no necesitamos Derechos Humanos sino
seguridad». Desconocía que la seguridad es uno de los
Derechos Humanos. Obviamente impregna el sentido
de Derechos Humanos anclándolo en una época histó-
rica y en los reclamos de «otro sector», diferenciándose
de la política sobre derechos humanos impulsada por el
gobierno. Interrogante: ¿De quiénes hay que defender-
se? ¿Qué significa la peligrosidad?
La más clara expresión del fundamentalismo reside
en: «todos somos el campo». Seguramente otros exper-
tos, en comunicación por ejemplo, podrán hacer lectu-
ras en profundidad o diversas, pero lo notable es que
se trata de hacer asumir una noción de colectivo que
está por fuera de la estructura social de los sectores que
componen la Argentina actual.
No es cierto. Todos no somos el campo, no vivimos ni
trabajamos en él, ni todas las actividades dependen del
mismo. Incluso muchos de los dirigentes que se mani-
fiestan de esta manera, tampoco trabajan en el campo
y expresan un interés netamente económico, aunque
apelan a una representación acerca del campo y a una
estructura agraria de país, que está lejos históricamen-
te. Creo que el interrogante podría ser: ¿Por qué no se
dice que todos somos la soja?
Han habido declaraciones y expresiones tendientes a
explicar los cortes de rutas diciendo:
«no somos piqueteros». Interesante, porque la acción
ejercida era un piquete y porque estos cortes son de ru-
tas nacionales, de tránsito incluso internacional, luga-
res como el Túnel Subfluvial Hernandarias. Sin embar-
go, me parece que la intencionalidad es diferenciarse de
«los negros», de «los desocupados», de «los haraganes»,
de «los que piden planes»; de una supuesta ilegalidad
en el accionar de los otros, a una supuesta aceptación de
que esto está permitido per se.
Además hay una utilización de las representaciones
sociales alrededor de la gente de campo a través de ex-
presiones como: «se rompen el lomo, trabajan de sol
a sol», como si no hubieran otros que no hicieran lo
mismo, en otras actividades laborales y con menos ga-
nancias.
Lo anterior se asocia a la existencia de un juego con-
tradictorio entre el bien y el mal: «todo lo del campo es
bueno», «te relacionás con la naturaleza», «la gente es
distinta», «la vida es mejor»; por oposición a lo citadi-
no como enclave de la maldad y de las dificultades. Un
interrogante sería: ¿Hay tipos de piqueteros? ¿Hay una
vida ideal en algún lugar?
Cierro estos aspectos con el consabido: «te meten la
mano en el bolsillo», es decir, te roban. Esta expresión
alude al gobierno actual, a la política implementada res-
pecto de las retenciones, ya que estos sectores plantean
que la política impositiva que supuestamente estaría
destinada a la distribución social, se hará a costa de sus
bolsillos, de sus ganancias, concretamente.
Por otro lado, la mencionada «Mesa de Enlace» se ha-
bía constituido ya en el año 2002 y no a razón de la
emergencia de la situación actual. En una investigación
periodística sobre los derechos laborales de los trabaja-
dores del campo firmada por Andrés Osojnik y repro-
ducida por el Diario «Página 12», se afirma que:
«Las cuatro son las “entidades del campo”, aliadas
ahora en la Mesa de Enlace contra las retenciones móvi-
les y que llevan años de coincidencias a la hora de discu-
tir las condiciones laborales de los trabajadores rurales.
Así lo evidencia una recopilación de resoluciones de la
Comisión Nacional de Trabajo Agrario, el ente que re-
gula el trabajo en el campo y que integran empleados,
empresarios y el Estado, en las que figura la oposición
sistemática de las cuatro cámaras rurales a distintos
avances en materia de derechos laborales».
---------------
«Soja sí, libros no. Así podría interpretarse el voto
de los empresarios del agro en contra de la resolución
62/2007 de la Comisión, que establece un premio por
título, de carácter remunerativo “para todos los trabaja-
dores permanentes que se desempeñen en explotacio-
nes agrarias de manera continua o transitoria”…». En-
tre los considerandos de la resolución consta que «luego
de un amplio debate y analizado el antecedente respec-
tivo, con el voto negativo de las entidades empresarias
Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agra-
ria Argentina, Coninagro y Sociedad Rural Argentina y
con la sola abstención del representante del Ministerio
de Economía y Producción, debe procederse a su apro-
bación».
Lo aprobado establece un plus de 38 pesos mensuales
para quienes tengan terminada la primaria, y de 46 pe-
sos para los que tengan aprobada la secundaria. El «pre-
mio que rechazaban las entidades implica un estímulo
para que los trabajadores terminen su escolarización».
---------------
«Una perla es la resolución 3/2007, que adopta medi-
das “en relación con la provisión de ropa de trabajo para
el personal”. Esta norma fue aprobada el 21 de marzo de
2007 para las provincias de Chaco y Formosa. Establece
como obligatoria la provisión de dos equipos de trabajo
por año para los trabajadores con más de tres años de
antigüedad… Las cuatro votaron en contra, pero la reso-
lución igual fue aprobada».
Políticas de estado y modelo agroexportador: el retorno al escenario de lo público
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«El Régimen Nacional de Trabajo Agrario, vigente
desde la última dictadura militar, no fija límites para
el trabajo diario en el campo…» En la Pcia de Córdoba
el debate resultó sellado el 1° de octubre de 2002 y los
considerandos de la resolución dan cuenta de los argu-
mentos vertidos. Dicen:
«Que el Régimen Nacional de Trabajo Agrario no π
establece una jornada de trabajo limitada para los traba-
jadores rurales».
Que incluso hay resoluciones que fijan jornadas π
«de sol a sol» o «conforme a las modalidades imperan-
tes en la zona» o «ajustadas a usos y costumbres loca-
les» (es decir, lo que el patrón de estancia quiera).
Que «los actuales indicadores sociales denotan la π
existencia de una importante cantidad de trabajadores
rurales que desarrollan tareas en exceso de una jornada
normal de trabajo, mientras que se advierte el predo-
minio de formas precarizadas de empleo y un elevado
índice de desocupación».
«Que deben igualmente establecerse límites ra- π
zonables a la utilización mensual y anual de horas ex-
traordinarias».
«Esos principios erizaron la piel de los empresarios y
el último de los considerandos quedó expresado de la si-
guiente manera (el encomillado es un riguroso textual):
“Que las entidades empresarias firmantes (Sociedad
Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas,
Federación Agraria Argentina y Coninagro) no acuer-
dan con el contenido de los considerandos que antece-
den, ni con la resolución que se dicta en consecuencia,
la que sometida a votación ha contado con el acuerdo de
la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibado-
res (Uatre), el representante de la Secretaría de Agricul-
tura, Ganadería, Pesca y Alimentación y el Presidente
de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario”».
«Así, se estableció —a pesar de los dueños del cam-
po— una jornada de trabajo que no podrá exceder las
ocho horas diarias o 48 semanales, de lunes a sábado.
Las horas extras, fijó la resolución, no podrán ser más
de 30 semanales y 200 anuales, y “deberán ser abona-
das con un recargo del 50 por ciento. Domingos y feria-
dos se pagan al ciento por ciento”».
Considero que no es necesario ahondar en interro-
gantes en cuanto a los derechos laborales. En todo caso,
a modo de una reflexión provisoria y para abrir el deba-
te, les propongo pensar juntos: ¿De quién es un país? Y
en esa línea, si es de los que lo construyen, entonces ha-
brá que pensar en qué tipo de Nación estamos dispues-
tos a construir. Aunar pensamiento y construcción de
algo diferente a lo conocido, a los modos de resolución
que tan fácilmente se reproducen porque fueron apren-
didos en tiempos de dictadura. Me refiero a modalida-
des de enfrentamiento, que implican la supresión, por
cualquier forma, de aquellos que no piensan y actúan
como uno.
Por qué una sociedad es capaz de rozar la fragmen-
tación en una situación como la planteada ahora, con
fuertes adhesiones y fuertes enfrentamientos, cuando
se discute una cuestión económico-financiera, y es la
misma sociedad que no reacciona, o sólo algunos pocos
levantan su voz para reclamar por tantos niños, niñas y
adolescentes desaparecidas en las redes de la prostitu-
ción, tantos otros desaparecidos durante la última dic-
tadura, y desaparecidos como Julio López, tantos viejos
y niños sumidos en el abandono y la pobreza…
¿En qué lugar del nosotros social está la ganancia,
el dinero, el productivismo y el consumismo? ¿En qué
no-lugares (metafóricamente hablando) hemos perdido
gran parte de nuestra condición humana?
Desdeelfondo N° 46
14
Campo: cómo pensar un desarrollo sustentable. Entrevista a Daniel Tirso Fiorotto
En el marco del conflicto entre el campo y el gobierno, resulta indispensable un debate acerca de cuál es la estructura eco-
nómica que necesita la Argentina para redistribuir la riqueza y generar actividades sustentables a partir del sector agra-
rio. En esta entrevista, el periodista Daniel Tirso Fiorotto nos advierte que este es un conflicto histórico, en el cual no se ha
dado respuesta a los reclamos del campo, en un país eminentemente agropecuario. Además, manifiesta su preocupación
en torno a la concentración del uso y la propiedad de la tierra en manos de grupos de poder nacionales y extranjeros, que
trae aparejada la expulsión de habitantes y la destrucción de las pequeñas economías regionales.
—¿Qué es lo que está en disputa verdaderamente en este conf licto entre el campo y el gobierno?
—El conflicto entre el campo y el gobierno lleva va-
rios lustros y ha estallado por una desidia del gobierno
nacional, desde Néstor Kirchner quien no ha atendido
los reclamos del sector y que finalmente hereda su es-
posa Cristina y le explota a los pocos meses de su man-
dato. Néstor Kirchner llega al gobierno sin ningún tipo
de plan agropecuario, en un país típicamente agrario,
este es el problema central que después se complicó por
el modo de denuncia del campo y por una incapacidad
del gobierno de resolver este problema.
¿En qué consiste lo que llamamos el conflicto del cam-
po? En plena democracia, la tenencia de la tierra se ha
concentrado drásticamente, en los sucesivos gobiernos
peronistas y radicales, principalmente que adhirieron al
neoliberalismo e involucra a Carlos Menem, Fernando
De La Rúa y Néstor Kirchner. No ha habido en el gobier-
no peronista K políticas que hablen de Reforma Agraria
y atención a las pyme. Menem tuvo pequeños gestos,
es decir, planes rurales y de asociativismo, pero a su
vez expulsó decididamente a los pequeños y medianos
productores de la tierra. Algunos periodistas y políticos
denunciábamos el éxodo rural, los pueblos fantasma y
una desequilibrada distribución de la población debida
al traslado de los habitantes a la periferia de las grandes
ciudades como Buenos Aires, Rosario y Paraná mismo,
concentrando ciudadanos hacinados, hambrientos y sin
expectativas para sus jóvenes.
El conflicto agrario tiene que ver con la concentración
de la propiedad rural en pocas manos y la convivencia
de empresarios y políticos, que hacen que algunos sec-
tores se queden con las tierras. Por ejemplo, los amigos
del poder como Américo Gualtieri, propietario de 80
mil hectáreas en Entre Ríos. En el resto del país se da la
misma situación con respecto a la concentración de las
tierras, que comienza en los tiempos de la Conquista,
hace más de 500 años.
La concentración también se da en otros rubros y po-
demos nombrar Carrefour y WalMart en el sector co-
mercial; América Latina Logística y Agrenco, que pri-
vatizaron trenes y puertos; luego la salida de nuestros
granos al exterior a través de Cargill y de los principales
cortes de carne por Swift y jbs; así podemos enumerar
una cantidad de rubros desnacionalizados y con propie-
dad extranjera, como sucede con el campo.
Ahora agrego otra cuestión referida al uso de la tie-
rra, también concentrado en manos de arrendatarios:
el mayor crecimiento se ha registrado en los pooles de
siembra o fideicomiso que son grupos concentrados
que traen dinero de no sabemos dónde, con fines espe-
culativos, es decir, creando un pool de siembra se obtie-
Políticas de estado y modelo agroexportador: el retorno al escenario de lo público
15
nen más tasas de interés que en un banco. En cambio,
al campesino que posee 100 o 200 hectáreas y al pe-
queño productor, no le alcanza el dinero porque tiene
insumos más caros, tiene que pagar financiamientos,
herramientas y porque usa el dinero para comer y vivir,
no para especular.
Mientras tanto, se caían los tambos y otras activida-
des que se desarrollaban en espacios de 80 o menos
hectáreas y los productores se quejaban porque no po-
dían crecer, ya que, a diferencia de la ganadería exten-
siva o la soja que generan poco empleo, contratan gran
cantidad de mano de obra. A todo esto, se suma el des-
contento de los sectores de la salud, que dicen que este
sistema que emplea demasiados agroquímicos puede
afectar la salud de las personas y la biodiversidad. El
Estado deja que crezca este sistema sin hacer estudios
de impacto acumulativo, el mismo que le pedíamos a
Botnia, no lo hacemos acá con millones de hectáreas
con este sistema.
Los pequeños productores no tenían un alivio y co-
menzó a aumentar el valor de la tierra, con lo cual se
les volvió inaccesible para la compra y así, quedaron al
alcance de los grandes especuladores, empresarios, po-
líticos y extranjeros. Panorama favorecido por los go-
biernos de Menem o Kirchner, a costa de los grandes
terratenientes, como el caso de los Grobocopatel que
concentran el uso de la tierra, no su propiedad, en unas
200 mil hectáreas.
Los sectores pequeños y medianos de la Federación
Agraria, junto con otros cooperativistas, le pedían al
gobierno una Ley de Arrendamiento para evitar la con-
centración del uso de la tierra y su extranjerización, con
lo cual surgieron unos diez proyectos, todos cajoneados
por Kirchner.
El gobierno nunca creó leyes contra la extranjeriza-
ción ni para facilitar las negociaciones entre los peque-
ños productores y los propietarios o para que las finan-
zas estuvieran al servicio del sector, por el contrario,
beneficiaron a los pooles de siembra. Tampoco crearon
leyes de reagrupamiento parcelario para que los des-
cendientes de los propietarios del campo pudieran que-
darse con su tenencia, con lo cual terminaron ocho o
diez hermanos vendiendo sus tierras a los extranjeros
para repartirse el dinero de la herencia.
Todos estos son reclamos del sector agrario que Kir-
chner desoyó permanentemente. Hago hincapié en
Néstor Kirchner porque Cristina hacía muy poco que
gobernaba, de manera que el culpable es su marido.
Ella cometió un error con su Ministro de Economía
(Martín Lousteau) cuando le reclamaron por las reten-
ciones, que en principio no se coparticipaban y se ma-
nejaban de manera concentrada, en un país unitario en
lo que respecta a manejo de las riquezas y el presupues-
to, cuando en realidad nuestra Constitución Nacional
dice que es federal.
Cuando había sectores que ya no podían pagar reten-
ciones a las exportaciones, aumentaron sin escalona-
miento, para todos y por igual, es decir, no se tuvo mi-
ramientos para los pequeños y medianos productores.
Entonces explotaron y se unieron en lo que se denomi-
na Mesa de Enlace, cosa que irrita a algunos porque no
tienen los mismos intereses, pero se vieron obligados a
juntarse para torcerle el brazo al gobierno. Y al mismo
tiempo, como toda lucha, es complicada porque es difí-
cil entender que la Federación Agraria esté al lado de la
Sociedad Rural.
Este panorama, a modo de introducción, sirve para
ver qué compleja es la situación. Nosotros vivimos en
una provincia que expulsa a los habitantes de su propia
tierra, no hay provincia en la Argentina que haya expul-
sado tanta gente del campo y de las pequeñas poblacio-
nes como la nuestra, llegando a originar los llamados
pueblos fantasma. Cuando los gobiernos deberían re-
solver este flagelo, no lo hacen y apuestan a la soja que
deja mucha ganancia para el Estado, en desmedro de
las pequeñas actividades como la horticultura, la citri-
cultura, los conejos, las gallinas, etc., que podrían ser
desarrolladas por familias, en espacios menores de 50
hectáreas.
Por el contrario, el gobierno apuesta a las actividades
que obligan a producir en no menos de 600 hectáreas,
para lo cual se requiere de grandes maquinarias y que
se pueden sostener con una masa crítica, una escala.
Eso es lo que propusieron, por igual, los gobiernos de
Menem, De La Rúa y Néstor Kirchner, sin ninguna di-
ferencia.
Hay otras cuestiones, tales como la falta de financia-
miento para las Pymes, la falta de bancos que estén al
servicio del productor; los insumos dejados a merced
del mercado, como Monsanto y otras multinacionales
estadounidenses que se quedan con el manejo de la co-
mercialización, de los insumos y la exportación, donde
el productor es apenas un eslaboncito de la cadena pro-
ductiva.
—Donde el común denominador en los gobiernos son los subsidios para los monopolios, en desmedro de las econo-mías regionales…
—Esto es lo que ha pasado, sí. Se le han dado subsi-
dios a los grandes capitales y no, por ejemplo, a los tam-
beros. También hay ganaderos pequeños en Entre Ríos,
Desdeelfondo N° 46
16
que tienen menos de cincuenta vacas y no forman parte
de la oligarquía golpista, es gente de pocos recursos que
trabajan a pérdida en vez de entregarle la tierra a la soja.
El gobierno, en respuesta, los trató de oligarcas y este
fue un gran error de Cristina Kirchner, por tener un
total desconocimiento del campo y calificar mal.
—¿Cómo está conformado el mapa actual de la tenencia de tierras en Entre Ríos?
—De censo a censo, los que más crecieron fueron las
superficies de más de 5 mil hectáreas y expulsados los
de menos de 100 hectáreas, todo esto en plena demo-
cracia.
Voy a contar algunos datos significativos que se pue-
den encontrar en el libro Entre Ríos. Identidades y pa-
trimonios1 , donde escribí el capítulo «Suelo, agua, ex-
pulsión, distancia». En 1991, la soja ocupaba el 6,9 %
del total de la superficie sembrada en la provincia y de
todos los granos, mientras que en 2006 llegó al 67,7 %,
es decir, de casi nada a casi todo. Esto es lo que lograron
las políticas del Estado, una uniformidad de los culti-
vos, tan combatida por los gremialistas y los sectores
productivos de la Federación Agraria.
Incluso, hace 3 años, se realizó un Foro de la Tierra,
en el cual participaron países de Latinoamérica para
discutir sobre los monocultivos, el acceso a la tierra de
los aborígenes, la distribución demográfica equilibrada
y la federalización de los recursos. Todo esto lo sabía
Néstor Kirchner, pero «hizo la vista gorda», no recibió
a los productores y así se explica lo sucedido en marzo
de este año.
La concentración de la tierra es un hecho creciente y
lo explica la retirada de miles de pequeños productores
que tenían menos de 100 hectáreas. Quienes concen-
tran la tierra son políticos, militares, gremialistas, em-
presarios, ministros y amigos del poder, es decir, todo
aquel que no tiene nada que ver con el campo puede
comprar tierras y el campesino no.
Llevar a cabo una pequeña actividad como un tam-
bo, que genere mano de obra intensiva en pocas hectá-
reas, no es lo que conviene, sino entregar las tierras al
arrendamiento y al pool de siembra. Esto significa una
gran pérdida, porque una sociedad tejida por población
urbana y rural es maravillosa por una cuestión social.
Pero en cambio, lo que tenemos es una expulsión de
1 Nota del Editor: el libro Entre Ríos. Identidades y patrimonios (Dunken, 2008) es una obra colectiva e interdisciplinaria que re-sulta del Proyecto Bicentenario, un proyecto de investigación que agrupó diversos autores para tratar la realidad político social, los contrastes de lo urbano y lo rural, la naturaleza y la cultura entre-rrianas, para pensar el pasado de cara al futuro, rememorando la Revolución de mayo.
habitantes que provoca hacinamiento y pobreza, en los
márgenes de las ciudades.
—Esta crisis del campo, ¿tiene que ver con síntomas de una crisis coyuntural o está relacionada con problemas es-tructurales de la economía?
—Creo que son problemas de tipo estructural. Ar-
gentina no saldrá de su pantano si no es con una Refor-
ma Agraria, que se podría realizar al modo de José Ar-
tigas: entregando las tierras al zambo, al gaucho pobre,
a la viuda con hijos, al negro y al indio. O al estilo de
José Sendic, un hombre que promovió en Uruguay una
Revolución y una reforma agraria muy aguda.
Nosotros podemos hacer una revolución, sin necesi-
dad de que sea maoísta o marxista, pero que ojalá fuera
de contenido universal y con raíces nuestras, en contra
de este capitalismo.
Incluso, nos podríamos guiar por nuestra historia: To-
más de Rocamora, fundador de Gualeguay, que si bien
fue responsable de una masacre indígena, advirtió que
la tierra tenía que ser repartida para que los pobres tu-
vieran un lugar. Hasta los grandes terratenientes y dés-
potas como Urquiza, distribuyeron las tierras, aunque
sea con extranjeros. Y nosotros, en plena democracia,
no podemos hacerlo, hemos retrocedido. No obstante,
no creo que la Mesa de Enlace esté promoviendo cam-
bios estructurales, sino que apuesta a la coyuntura.
—¿Qué características debería tener la Reforma Agraria?—Para empezar, poner límites a la extranjerización
de la tierra, para el caso de los que tienen un millón
de hectáreas como Soros o Benetton, en Argentina o
los que tienen 80 mil en Entre Ríos; poner techo a la
cantidad de personas jurídicas por superficie en esos
campos. Así se abordaría la concentración de las tierras,
aunque hay mil formas de hacer la Reforma Agraria,
comenzando por los grandes campos e ir en forma gra-
dual, tanto con el uso como con la tenencia de la tierra.
Luego, promover actividades sustentables, y quiero
subrayar esta palabra porque no podemos seguir ata-
cando a nuestros ríos y arroyos, patrimonios maravillo-
sos que tenemos en 41 mil metros lineales, acuíferos,
montes nativos y una biodiversidad extraordinaria.
Hay que promover una economía independiente que
dé trabajo a miles de familias y que puede hacerse por el
recurso tierra, que involucra otros recursos como suelo,
agua y clima, con los cuales hemos sido bendecidos por
la naturaleza y no hacemos otra cosa que desmejorarla,
una riqueza fenomenal que no hemos hecho más que
concentrarla en pocas manos.
Hemos expulsado al aborigen y en el mismo lugar que
lo matamos, le entregamos la tierra al extranjero. Esto
Políticas de estado y modelo agroexportador: el retorno al escenario de lo público
17
es un disparate que no tiene ni fundamento bíblico; ni
lo judíos, cristianos, árabes o protestantes, ni los ateos
pueden sostener la expulsión y entrega de tierras a un
propietario que tiene un trabajador cada mil hectáreas.
—Un verdadero saqueo…—Un verdadero saqueo y una economía extractiva,
donde extraemos la soja que nos lleva otros recursos
minerales y el agua, como también sacamos peces pero
no hacemos nada para recuperar las especies. Y lo mis-
mo pasó con el monte nativo, extrajimos el ñandubay
y los algarrobos, pero sin esquemas para hacerlo de
modo sustentable.
Nuestra economía se caracteriza por ser extractiva,
primaria y precaria y no hemos dado una respuesta
como sociedad, mientras los poderosos siguen hacien-
do sus negocios con los grandes banqueros, terrate-
nientes, comerciantes y multinacionales, es decir, Entre
Ríos no es de los entrerrianos sino de Cargill, Dreyfus,
Carrefour, Eskenazi, América Latina Logística, Agren-
co, Swift, jbs, de los brasileños y de los estadouniden-
ses. Los medios de producción están en manos extran-
jeras y de pooles de siembra de propiedad cordobesa,
bonaerense o extranjera.
—Ante este panorama, ¿cómo será el futuro del país con una economía de monocultivo?
—El panorama va a ser de una Reforma Agraria y del
pueblo tomando las tierras, ese será el futuro, la espe-
ranza que uno tiene. Cuándo, no lo sé, pero llegará algún
día porque esta estructura económica ya no se sostiene
más, no es legítimo que una persona tenga un millón de
hectáreas en Entre Ríos. Hay un lema de la Federación
Agraria, que dice que distribuir la tierra es un sistema
capitalista porque así se distribuye la propiedad privada.
Macanudo, esta es una linda forma decir «soy capitalista
pero repartiré las tierras» y además es una forma de no
oponerse a los capitalistas empedernidos.
En Argentina todavía se podría crear un sistema por
el cual se acceda a la propiedad privada, aunque sea chi-
quita, pero no esa injusticia… Dios expulsaría de la tie-
rra a aquellos que juntan una estancia con la otra y se la
quedan y le preguntaría: ¿para qué la quieres?, ¿para ha-
bitarla solo?, pero Dios no se da cuenta de lo que hacen
los argentinos, que compran la tierra y ni siquiera viven
allí, viven en el exterior o en Buenos Aires. Hemos su-
perado todas las maldades, es un flagelo que sufrimos
muchos latinoamericanos y argentinos.
—¿Qué medidas concretas debería tomar el gobierno para el sector agrario?
—En este sistema, serían paliativos, pero en realidad
debería modificarse la estructura. Podríamos enume-
rar: atender a las necesidades del pequeño productor
que tiene pocas hectáreas y maquinaria vieja; combatir
decididamente al pool de siembra para que las riquezas
no sean manoseadas por la especulación. La tierra tiene
que estar al servicio del hombre y no de la especulación,
ya que ésta tiene compromisos con la ganancia y los po-
derosos y no con el ser humano.
Además, permitir el asociativismo entre los peque-
ños productores y los pequeños propietarios; proteger
los montes; echarle mano a aquellas empresas que mo-
nopolizan las tierras y los insumos, para que no se que-
den con las patentes de las semillas; realizar estudios de
impacto acumulativo por el uso de fertilizantes y agro-
tóxicos, que nos siguen enfermando y matando al suelo
y a las especies. También hay que poner las finanzas al
servicio del pueblo, hay que hacer una Revolución que
no necesariamente incluya la confiscación.
Lo que ha sucedido en el país es que se ha conservado
el estado de cosas para quedarse en el gobierno, han
negociado con los grandes capitales que financian las
campañas.
La Presidenta no ha sabido discernir entre los propie-
tarios de 20 hectáreas de los que tienen 20 mil. Eviden-
temente no ha tenido contacto y conocimiento de los
pequeños productores; no conoce el campo pero sabe de
grandes negocios con las petroleras, de lo cual sí obtie-
ne buenas ganancias y esto la ha llevado a este enfren-
tamiento con el sector agrario.
Con respecto a medidas a largo plazo y de tipo estruc-
tural, creo que hay que construir otra Argentina, con
una industria sustentable basada en otra organización,
tiene que ayudar a sus países hermanos Bolivia, Uru-
guay, Paraguay, por obligación moral y porque tiene las
posibilidades para hacerlo. Nuestro destino es la unidad
de América Latina, México y el Caribe.
Entre Ríos debería estar al frente de esta lucha por el
cambio, porque siempre ha luchado por la Libertad, la
Independencia, la República y la distribución de la ri-
queza, desde los primeros tiempos de la Organización
del país.
Esta provincia cuenta con ventajas de todo tipo, debe-
ría tener 5 millones de habitantes pero tiene un millón
y medio, se ha convertido en una provincia que ha ex-
pulsado a los hijos de su tierra, de taperas y pueblos fan-
tasma. Nuestros parientes la idealizan y siempre quie-
ren volver, pero han tenido que irse, Entre Ríos es una
provincia de desterrados.
Tenemos que recuperar nuestra identidad y conocer
nuestro entorno, nuestra cultura, nuestros animales y
plantas, nuestros científicos, nuestras industrias, nues-
Desdeelfondo N° 46
18
tro patrimonio y al prójimo. Porque si el hombre no co-
noce no puede amar, pero al amar puede defender.
Lamentablemente no conoce, no puede ni amar ni
defender; estamos sufriendo un problema cultural, en
el que el hombre está distanciado de sus circunstan-
cias. Así entregamos nuestras riquezas y recursos a los
grandes capitales, pero el pueblo no dice nada, porque
no sabe quién maneja la economía. Este distanciamien-
to le ha servido a los poderosos para quedarse con las
riquezas.
Políticas de estado y modelo agroexportador: el retorno al escenario de lo público
19
¿Una nueva cuestión social en el agro? Breves comentarios a partir del conflicto «campo-gobierno» en los últimos meses*Ma. Elena Nogueira
caracterización de Pucciarelli (1993). Ésta nos permitirá
mostrar las condiciones generales de reproducción del
sector y, además, dejará ver una gran heterogeneidad de
quienes componen al «campo», mostrando que en reali-
dad, una nueva composición social en el agro es de larga
data, como mínimo desde los ochenta a esta parte.
Finalmente, haremos algunos comentarios sobre
políticas públicas con énfasis en la necesidad de solu-
ciones concertadas cuyo éxito dependerá no sólo de la
incidencia de las organizaciones sectoriales en la cons-
titución de una agenda y su tratamiento, sino del com-
promiso de largo plazo del Estado, independientemente
de los gobiernos de turno.
1. Transformaciones recientes en la es-truc-tura productiva
Luego de la corriente modernizadora que inyectó tec-
nología desde 1960 aproximadamente; el sector agro-
pecuario argentino ha crecido, a pesar de algunos
momentos macroeconómicos adversos, en producto y
productividad. Si consideramos el período intercensal
1988-2002 1 se observa una gran paradoja, tal como in-
dican Lattuada y Neiman (2005). Ésta radica en una
duplicación de la producción y el volumen de las expor-
taciones frente a la consolidación de un proceso de con-
centración y exclusión de la estructura social agraria.
El crecimiento del producto agropecuario tiene su
punto de corte en 1999, cuando el sector agroalimen-
tario alcanza su máximo valor antes de comenzar a de-
crecer. Considerando la situación de las empresas agro-
1 Nos referimos a los Censos Nacionales Agropecuarios de 1988 y 2002.
*Este breve trabajo toma como referencia la presentación de la autora en una charla-debate a propósito del conflicto «campo-gobierno» organizada por la Escuela de Ciencia Política de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, realizada el 6 de junio del co-rriente año.
A modo de Introducción
De marzo a esta parte y a propósito de la polémica —y
frustrada— resolución 125 del Poder Ejecutivo, el tema
«campo» ha estado en el tapete. Las problemáticas que
rodean al sector, sin embargo, son de larga data y van
mucho más allá de las retenciones «móviles», gran de-
tonante del conflicto.
En nuestra interpretación, dos cuestiones cobran
verdadera relevancia para analizar el conflicto. Por un
lado, ser capaces de matizar este colectivo «campo», dar
cuenta, al menos en forma incipiente, de los atributos
sociales y productivos de quiénes lo conforman, lo que
redundará en la diferenciación de realidades y proble-
máticas a tratar. Por otro, la necesidad de fomentar espa-
cios de concertación social para dirimir estas cuestiones
independientemente de la emergencia, considerando
proyectar una política de largo plazo para el sector en
cuestión, reclamo pendiente desde hace un tiempo. En
este sentido, el escenario post conflicto es un verdadero
desafío: para el Estado, en quién recaerá en definitiva la
decisión, pero también para el «campo», en cuanto a la
posibilidad de participar en la búsqueda de soluciones.
Dicho esto, esta breve colaboración referirá particular-
mente a la primera cuestión sugerida. Trabajaremos en-
tonces a partir de la caracterización del «campo» desde
tres ejes: estrategias de producción, composición de las
explotaciones y perfil de los sujetos sociales siguiendo la
Desdeelfondo N° 46
20
pecuarias, en palabras de Obschatko et. al. (2006), la
disminución de la rentabilidad en pequeñas y medianas
y la generación de un ingreso global insuficiente para el
mantenimiento del grupo doméstico derivó en la salida
del sector, a través de la venta de la propiedad, pero es-
pecialmente a través del arrendamiento y, también, la
pérdida de activos. Se indica que para 2001 —en plena
crisis— el sector poseía una deuda de entre 6 y 7 millo-
nes de dólares con los bancos y alrededor de entre 3 y 4
millones con los proveedores de insumos. Esta realidad
que en términos generales es visible, tiene su excepción
en algunos sectores de la producción familiar que se
sostuvieron, muchas veces a pérdida, en este escenario
de acumulación.
La devaluación de 2002 fue positiva en cuanto a la ci-
fras, aunque tardó en concretarse dado que el comercio
internacional «estuvo afectado por la crisis institucio-
nal y de normas que se produjo al cambiar tan drásti-
camente el sistema monetario, por la interrupción pro-
longada de la actividad bancaria y de las operaciones
de transferencia de divisas» (Obschatko et. al. 2006:53).
Sin embargo, y a pesar de los contextos estructurales y
coyunturales adversos, el sector se desempeña, en tér-
minos agregados, en forma positiva. Durante el perío-
do 2000-2005 se aprecia especialmente un intenso cre-
cimiento en la producción de granos, lográndose para
la campaña 2004/2005 récords históricos.
La consolidación del llamado modelo de la «agricul-
turización» podría situarse en la pasada década del
noventa y se presentó como una situación excepcional
para nuestro país, en términos tecnológicos, produc-
tivos y de exportación. A propósito, el sector primario
agroexportador aportaba entonces el 30% del produc-
to bruto total (Lattuada y Neiman, ídem). La tecnología
aplicada fue crucial en esta participación. El eje sobre el
que gira la producción agropecuaria se sostiene en base
a nuevas prácticas: siembra directa y soja transgénica,
cultivo que se presenta como altamente ahorrador de
mano de obra sustituyendo además el uso de agroquí-
micos altamente contaminantes2 .
El llamado modelo de la «sojización» (Azcuy Ameghi-
no y León, 2005) aparece como la última etapa del pro-
ceso de agriculturización iniciado a fines de los sesen-
ta. Estos autores indican textualmente que el problema
de fondo va más allá de la soja y que sus usos y/o abu-
sos, trascienden este cultivo para contribuir a pensar
2 Aunque no estemos al tanto de este punto específicamente, ad-vertimos que el problema con los agroquímicos es una constante entre los trabajadores del sector a ellos expuestos. La situación de la salud de estos trabajadores se encuentra bastante lejos de las agendas mediáticas del momento.
y discutir la propia lógica del modelo «(…) en un país
en el cual han sido reducidos a una mínima expresión
los instrumentos de política económica y sectorial orien-
tados a temas trascendentales como la tierra y el arren-
damiento, la conservación de los recursos naturales, el
patentamiento y la propiedad intelectual, el desarrollo
de las economías regionales» (Azcuy Ameghino y León
2005:145. Énfasis nuestro).
De los 70 millones de toneladas de cereales y oleagi-
nosas producidas por nuestro país para 2005, 12 mi-
llones de has. estaban cultivadas con soja a partir de la
extensión generalizada del modelo tecnológico al que
referimos. A pesar de que durante los noventa los pre-
cios internacionales de este cultivo eran más bien ba-
jos, su avance fue paradigmático y con múltiples efec-
tos: la reducción del área de cultivo de otras materias
primas, la necesidad de invertir más en capital variable
ante la contratación de servicios de siembra, cosecha,
etc. (básicamente aquellos prestados por contratistas),
la expansión del cultivo a zonas marginales (las común-
mente denominadas extrapampeanas), el cultivo y la co-
mercialización de una oleaginosa que no se consume
en el mercado interno en términos considerables, entre
los más destacables.
2. Composición de las explotaciones y suje-tos sociales
La aplicación de la tecnología antes descripta estuvo
ligada a movimientos en la escala productiva, esto es,
la superficie y calidad en el suelo mínimas necesarias
para obtener una rentabilidad coherente a la lógica del
modelo. En la primera etapa de la agriculturización,
Pucciarelli (1993) indicaba la vigencia de un proceso
de «desconcentración sin dispersión» mostrando así,
cómo se reducía, siempre en términos de área de ex-
plotación y no de propiedad de la tierra, el peso de las
explotaciones de más de 5000 has. y de menos de 200
has. aumentando por el contrario, la base media entre
esos extremos.
Debe advertirse que los hallazgos de este último autor
para la región pampeana, especialmente para la pampa
bonaerense, refieren al tamaño de las explotaciones y
no a movimientos de propiedad de la tierra. De hecho,
los datos sobre los que este autor trabaja provienen de la
información de los Censos Nacionales Agropecuarios
(en adelante cna), y estos instrumentos no otorgan da-
tos sobre la propiedad de la tierra3. De todas formas,
3 Para este aspecto en particular, puede consultarse el conocido trabajo de Eduardo Basualdo y Miguel Khavisse (1993): El nuevo
Políticas de estado y modelo agroexportador: el retorno al escenario de lo público
21
y dados los considerandos anteriores sobre el modelo
productivo, los movimientos den la escala productiva
son reveladores.
En este sentido, por ejemplo, para los años 1979-
1983, la obtención de un ingreso de 1200 dólares men-
suales requería de 38 has. Para la obtención de ese mis-
mo estipendio en 1994, se requerían 164 has. Esto, tal
muestran con claridad Lattuada y Neiman (2005), per-
mite inferir modificaciones en la tenencia de la tierra,
especialmente al tratarse de agricultura bajo contrato.
Dada la concentración económica que posee Argentina
en el Litoral, debe indicarse que las referencias ante-
riores atienden a la producción agropecuaria en la re-
gión pampeana, no siendo igual en otras regiones del
país que, con diferentes territorios, poseen un patrón
diferencial de desarrollo agropecuario en términos ge-
nerales y con sujetos sociales y productivos consecuen-
temente distintos.
Lo cierto es que entre los años setenta y noventa se
produce un largo proceso de desfarmerización4 que
para principio de esta década algunos denominarán
«productores sin tierra». Esto supuso que muchos pro-
ductores dejen los predios convirtiéndose en rentistas
y comenzando a residir en localidades urbanas y peri-
urbanas5. Algunos de los productores que continuaron
con una variada gama de actividad (lechería, porcinos,
cunicultura, horticultura, etc.) forman parte del gran y
heterogéneo universo que conforma la producción fa-
miliar. La mayoría de estos sujetos sostienen la activi-
dad en base a créditos —que muchas veces no pueden
cancelar—, reducción de la producción y autoexplota-
ción del trabajo familiar al mejor estilo Cháyanov, aun-
que los motivos no necesariamente son económicos6.
Los paliativos —estatales— puestos en marcha fue-
ron los denominados «Programas de Desarrollo Rural»
implementados por la Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Alimentación (sagpya) y financiados
en su amplia mayoría con fondos internacionales. Los
fenómenos de pluriactividad y multiocupación también
poder terrateniente. Investigación sobre los nuevos y viejos propieta-rios de tierras de la provincia de Buenos Aires, Editorial Planeta, Buenos Aires.4 Suele identificarse este proceso con la venta de un número de explotaciones a mano de chacareros ex arrendatarios que habrían logrado la propiedad de la tierra en los años cuarenta aproximada-mente. De ahí la primera clasificación de «farmer».5 Para nuestras mediciones, las localidades rurales son aquellas en las que habitan 2000 habitantes o más.6 Para el caso de lechería, nuestra investigación demuestra que los tamberos familiares del sur de Santa Fe, han sostenido la actividad poniendo en práctica ciertas estrategias sobre la base de una razonabilidad no necesariamente económica (Nogueira, 2008).
comenzaron a verse al mismo tiempo con diferencias
regionales (Craviotti y Neiman, 2006).
Otro elemento a tener en cuenta es la consolidación
de la histórica tendencia al despoblamiento rural que
ocurre desde los años ochenta. Para 1970, el campo ha-
bía perdido 1.104.000 habitantes, un 18% de los exis-
tentes en 1947 (Llovet, 1988). Al mismo tiempo, co-
mienzan a verse megaproductores (Murmis, 1998) con
capitales extranjeros (pero también nacionales) no ca-
racterizados como terratenientes tradicionales. Frente a
esto, la producción familiar forma parte de un mosaico
heterogéneo que comienza a desdibujarse drásticamen-
te durante el período bajo análisis. En este escenario,
pequeños y medianos productores se ven rezagados y
en algunos casos se constituyen en lo que la Federación
Agraria Argentina denomina «la versión rural del nue-
vo pobre7».
Si tomamos como referencia los datos del cna de
1988, existían en el país un total de 400.000 explo-
taciones agropecuarias de las cuales un 40% corres-
pondía a minifundios, otro 40% a las medianas (en su
gran mayoría familiar) y, por último, un 20% de gran-
des explotaciones (Lattuada, 2006: 114). Según datos
recogidos por Mora y Araujo y citados por este último
autor, entre 1992 y 1997 se produce una importante dis-
minución del 31% en las explotaciones agrarias y espe-
cialmente en las pequeñas y medianas que pasaron de
170.604 a 117.040.
La apropiación de la renta a manos de productores
con mayor escala y alejados en términos de atributos
sociales y culturales de aquel histórico chacarero pam-
peano, comienza a ser más palpable. Con esta modifica-
ción estructural varían también modos y estilos de vida
y, por lo tanto, la concepción de la familia. En esta línea,
es sugerente el trabajo de Balsa (2003) al indicar cómo
el abandono de las labores físicas (a manos de tracto-
res, cosechadoras con cabinas, etc.) modificó el vínculo
laboral, pero también el espacio circundante de éste, y
con eso su radicación urbana y un rol más «gerencial»
al tercerizarse las tareas (Balsa, 2003:284 y 285). En
este contexto, sin marco alguno para la regulación es-
tatal, las economías regionales también se modifican y
con ellas los sujetos intervinientes.
7 Las medidas aplicadas desde 1976 a esta parte, pero muy es-pecialmente durante la Convertibilidad, afectaron seriamente a estos productores en forma diferencial. Las regiones noreste y no-roeste, entre las más afectadas, asistieron a una fuerte desestruc-turación de los minifundios. El Estado implementó —vía finan-ciamiento externo en la gran mayoría de los casos— una serie de programas de desarrollo rural que funcionaron como paliativos a la situación de emergencia. Para mayor detalle véase Lattuada (2006) y Lattuada y Neiman (2005).
Desdeelfondo N° 46
22
Por último, y en cuanto a la imagen que ofrece la
información intercensal 1988-2002, el estrato que
disminuye su participación más ampliamente son las
explotaciones agropecuarias (eaps) de 100 a 500 has.
que pasan de 94.855 a 74.825 mostrando una reducción
absoluta de 20.030 EAPs, una caída de casi el 79%. La
contracara de estos números es el considerable creci-
miento de aquellos «mega» productores de capitales na-
cionales e internacionales tales son los conocidos casos
de Benetton, Soros y la argentina Los Grobo que según
datos mostrados en Neiman y Lattuada (idem) trabajan
70.000 has. en Argentina, 20.000 has. en Uruguay y
6.000 has. en Paraguay, la mayoría de ellas en arren-
damiento.
3. El mundo del trabajo
La demanda de mano de obra en el sector rural depen-
de, por un lado de la expansión de área cultivada (o sea
de la utilización del factor tierra) y por otro, de la in-
tensidad del cambio tecnológico. Desde principios del
siglo xix el trabajo agropecuario se organizó de manera
«flexible» siempre determinado por la rotación de las
actividades agrícolas y ganaderas.
En los años sesenta, la incorporación tecnológica que
mencionamos reiteradamente en esta comunicación,
trajo ciertos condicionantes para el ingreso y/o perma-
nencia en el mercado de trabajo rural. Si bien la pro-
ducción recupera el nivel de crecimiento sostenido, la
contracción de la demanda de empleo se hace cada vez
más evidente. El empleo rural se «complejiza» en tanto
los requerimientos de calificación se elevan. Debido a
la incorporación tecnológica se produce una importan-
te disminución de los trabajadores permanentes y tam-
bién de los transitorios8.
Los «nuevos» trabajadores transitorios nacen de las
innovaciones en la organización de la producción agrí-
cola y del gran cambio cultural que esto significó para
muchos productores. En este tipo se insertan los ma-
quinistas de cosechadoras, mecánicos, pilotos de avio-
netas fumigadoras, niveladores de suelos, responsables
de secadores, etc., quienes reciben en la mayoría de los
casos altos salarios. Es importante destacar que estos
8 Es necesario mencionar, a pesar de que no lo trabajaremos en este informe, que las mediciones del empleo rural son extre-madamente complejas, no sólo por la diferencia interna, entre trabajadores transitorios y permanentes, sino también por las diferencias relacionales, es decir, la existencia de trabajadores asalariados y familiares y el uso que se hace de ellos en las herra-mientas de medición, principalmente en los Censos Nacionales Agropecuarios.
sujetos tienen residencia urbana, se ha producido en-
tonces un proceso de relocalización de la mano de obra,
la que a pesar de ser rural se establece en localidades
urbanas, principalmente de tamaño medio.
En síntesis, si quisiéramos describir la realidad del
mercado de trabajo rural, se diría que hay tres fenóme-
nos no excluyentes. Heterogeneidad: Se trata de trabaja-
dores bien diferenciados, no sólo en términos de califi-
caciones sino también en relación a la jerarquía salarial
obtenida. Multiocupación: algunos autores (Murmis y
Cucullu, 2003) caracterizan este fenómenos que llevó
a la combinación con actividades terciarias, como resul-
tado de la fuerte reestructuración productiva que con-
solidó plenamente el grado de heterogeneidad ya pre-
sente para fines de los sesenta. Precariedad: Aparicio
y Benencia (2003) sostienen que un gran número de
trabajadores asalariados carecen de contrato y otro, tam-
bién numeroso, de trabajadores no asalariados obtienen
ingresos inseguros o muy bajos. Se trata de situaciones
análogas a las acaecidas en el empleo urbano, productos
—en gran medida— de las políticas aplicadas durante
la convertibilidad orientadas a la rentabilidad financie-
ra, sosteniendo un modelo de acumulación no produc-
tivo que ignora motores de crecimiento incluyentes.
Actualmente, y según indican Neiman et. al. (2006)
el mercado de trabajo rural se encuentra compuesto por
asalariados permanentes y transitorios, trabajadores fa-
miliares (remunerados y no remunerados) y produc-
tores considerados cuentapropistas. Por otra parte, y a
pesar de la tendencia a la baja, según datos del Censo
Nacional de Población y Vivienda de 2001, la población
rural representa el 11.5% de la población total de nues-
tro país y el 40% de ese total se concentra en la Región
Pampeana.
Según la misma fuente, la mano de obra ocupada en
agricultura representaba el 8.1% de la Población Econó-
micamente Activa (pea), un número absoluto aproxima-
do de 894.000 personas discriminadas en diferentes
categorías. El cna de 2002 mostró que de ese universo,
más de la mitad correspondía a trabajadores asalaria-
dos. Por otra parte, alrededor del 25% eran trabajadores
por cuenta propia, en su mayoría productores agrope-
cuarios que no contratan trabajo asalariado. El 11.9%
correspondía a trabajadores familiares (remunerados
y no remunerados) y el 8.9% a empresas que ofrecen
servicios. Si bien una buena parte de estos trabajadores
residen en el medio rural, la tasa de urbanización entre
ellos ha crecido notablemente, especialmente en la Re-
gión Pampena (Neiman et.al. idem).
Políticas de estado y modelo agroexportador: el retorno al escenario de lo público
23
A modo de cierre: ¿una nueva cuestión so-cial en el agro?
A pesar de estar titulado de manera un tanto ambicio-
sa, este breve trabajo intentó mostrar cómo los proble-
mas que hoy están en la agenda del sector agropecua-
rio, y más particularmente, en boca de sus principales
organizaciones representativas, exceden largamente el
acontecimiento de la resolución del 11 de marzo. Son
de larga data y están directamente relacionados con el
modelo de desarrollo que varias de las organizaciones
«del campo» han fomentado desde fines del siglo xix
hasta aquí.
Los cambios en los patrones de acumulación capi-
talista y la barrida neoliberal de la década del noventa
muy especialmente, desintegró una serie de mecanis-
mos estatales —institucionales— que, más o menos
bien, se orientaban directamente a las problemáticas
del sector. La desaparición de las Juntas Nacionales de
Granos y la Dirección Nacional del Azúcar, son ejem-
plos de esta afirmación.
Este escenario consolidó viejas desigualdades ge-
nerando otras nuevas. El mayor problema fueron los
«agentes» de la producción familiar. La relación Es-
tado/producción (agricultura) familiar ha tenido una
constante en la atención de los problemas de su agen-
da: las políticas sociales de corte asistencial que, sólo
en algunas pocas oportunidades, favorecen al desarro-
llo genuino. Hace muy poco, en ocasión del Congreso
Argentino de Antropología Social realizado en Posadas,
Guillermo Neiman indicaba que mucha agua corrió
bajo el puente antes de que la «agricultura familiar» se
convierta en categoría social y fuera entonces atendida
por el Estado. En esta relación, el sociólogo remarcaba
algunos problemas en el tratamiento de los asuntos: la
diversidad, la existencia de una pluriactividad compleja
y la concepción limitada del asociativismo en el agro,
que creemos fundamentales.
Estos tres puntos son, a nuestro entender, los que
mejor reflejan los problemas sociales del sector hoy,
mostrando en realidad viejos problemas en nuevos es-
cenarios. El primero: la diversidad. Como indicamos a
lo largo de este informe, la realidad social del sector
agropecuario es sumamente heterogénea en términos
sociales, económicos, productivos y, lógicamente, cul-
turales. La información intercensal 1988-2002 mues-
tra la desaparición del circuito productivo, en términos
absolutos, de 80.932 eaps. Buena parte de esta reduc-
ción ocurre en los estratos de 100 a 500 has. donde
podríamos ubicar a los productores «familiares» capi-
talizados, existiendo fuera de esa categoría un amplio
abanico de pequeños productores familiares no ligados
a las producciones típicamente pampeanas.
En segundo lugar, el fenómeno de la «pluriactividad»
ha estado presente en muchos países de nuestro conti-
nente. Últimamente, la tasa de pluriactividad ha cre-
cido notablemente invitando a su análisis (Neiman y
Craviotti, 2006) como efecto de las crisis en pequeñas
y medianas empresas del sector. Estos autores indican
que, en términos generales, tomar otra actividad está
motivado por una estrategia de supervivencia familiar
entre los productores más pequeños o, directamente,
a no abandonar la actividad dada la tradición agrícola
familiar en contextos donde la renta obtenida es baja.
Además, suele ser puesta en práctica por sujetos «ex-
ternos» al sector, por razones económicas o incluso, por
una «búsqueda de estilos de vida alternativos». Este úl-
timo punto, sin vinculación excluyente con el sector en
cuestión, tendrá fuerte impacto en la organización de la
producción entre este tipo de productores siendo mues-
tra, además, de la gran y diversa variedad de posiciones
posibles.
Por último, mencionamos, a partir de la exposición
de Neiman, la concepción limitada del asociativismo.
Como es sabido, los distintos Programas de Desarro-
llo Rural implementados por la sagpya han fomentado
experiencias asociativas entre productores que podría-
mos integrar en esta categoría de «agricultores fami-
liares» que han resultado verdaderamente exitosos. Los
Estados locales además, han contribuido a la formación
de espacios asociativos tales como el Programa de Agri-
cultura Urbana que se implementa actualmente desde
la Subsecretaría de Economía Solidaria de la Municipa-
lidad de Rosario. Sin embargo, tomaremos este punto
para indicar una cuestión que nos parece no menos re-
levante: la no participación de estas «asociaciones» di-
versas —las tradicionales pero también las no tradicio-
nales— en la hechura de las políticas públicas.
Es decir, necesariamente el Estado es quién toma
la decisión sobre la implementación de políticas pero,
concertar las opciones en las agendas y en las solucio-
nes que los sectores reclaman constituye una fuente
de legitimidad «extra» que creemos fundamental para
nuestras democracias. Esto implica que el Estado pue-
da organizarse institucionalmente a partir de agencias
autónomas que fomenten espacios de diálogo pero tam-
bién, que las asociaciones sectoriales se constituyan
parte activa del proceso de generación de políticas pú-
blicas. Este, creemos, es el gran desafío para el Estado y
para las organizaciones representativas del sector.
Desdeelfondo N° 46
24
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BIBlIogrAFíA
Políticas de estado y modelo agroexportador: el retorno al escenario de lo público
25
Notas ocasionadas por la disputa sobre las retenciones cerealerasGastón Mutti
1. Precisiones metodológicas
Una primera dificultad que trae aparejado todo traba-
jo sobre la coyuntura nos obliga a ser meticulosos con
los aspectos metodológicos. En el mundo académico los
conceptos y las teorías deben ser precisados, reenfoca-
dos y repensados a la luz de los nuevos acontecimien-
tos que se suceden, fundamentalmente en los períodos
de crisis. En dichas situaciones es cuando esas herra-
mientas conceptuales parecen no correlacionarse con
los fenómenos sociales que se producen. Debemos «…
reenfocar y repensar lo político sin lentes que distorsio-
nen la realidad de los hechos, suspender la adoración de
algunos becerros y corderos, y por último cargar con el
debido grano de sal de nuestros juicios» 1 .
De esta manera, nos podemos acercar al conocimien-
to del «estado de cosas», moderadamente, como dice
Carlos Strasser, muy moderadamente, aunque nos su-
giere que tampoco debemos hacernos «grandes ilusio-
nes a futuro».
2. El inconveniente de los sujetos pre cons-tituidos.
Una de las grandes discusiones que se presentan en el
ámbito de las Ciencias Sociales se refiere a cómo defini-
mos, analizamos y tratamos de comprender los sujetos
sociales. En muchos de los debates de nuestras disci-
*Las primeras notas que dieron lugar a estas ideas se relacionan con la clase pública que fui invitado a dar por la Coordinadora de la carrera de Ciencia Política y la Decana de la Facultad de Trabajo Social de la uner el lunes 23 de junio de 2008 en Paraná.1 STRASSER, Carlos. «Clase Magistral». flacso, 17 de abril de 2008.
plinas los definimos como agregados pre constituidos
que existen independientemente de las acciones de los
actores individuales. Sin embargo, optaremos en estas
líneas por considerar que los actores sociales se consti-
tuyen, definen, reconstituyen y redefinen en la praxis
social concreta.
Vemos como esto ha sido señalado en reiteradas
oportunidades sin tener en cuenta la conformación de
los actores. Parece claro hablar de la «clase media», del
«proletariado», de los «oligarcas», del «campo».
Pero debemos ser más cuidadosos al respecto, pues
los conflictos sociales se producen en esas acciones en
las cuales nos diferenciamos y nos conformamos en ac-
tores colectivos. Construimos una identidad a partir de
las diferencias.
Un ejemplo de esta manera de entender a los actores
constituyéndose a partir de las diferencias puede en-
contrarse en una visión que puede considerarse, como
así lo sugiere lo sugiere Carlos Strasser, «protomarxis-
ta». Dicha posición nos recuerda que el «…celo por di-
ferentes opiniones respecto del gobierno, la religión y
muchos otros puntos, tanto teóricos como prácticos; el
apego a distintos caudillos en lucha ambiciosa por la
supremacía y el poder, o a personas de otra clase cuyo
destino ha interesado a las pasiones humanas, han di-
vidido a los hombres en bandos, los ha inflamado de
mutua animosidad y han hecho que estén mucho más
dispuestos a molestarse y oprimirse los unos a otros
que a cooperar para el bien común». Esta situación es
tan fuerte que por «…la propensión de la humanidad a
caer en animadversiones mutuas, (…) cuando le faltan
verdaderos motivos, los más frívolos e imaginarios pre-
textos han bastado para encender su enemistad y susci-
Desdeelfondo N° 46
26
tar los más violentos conflictos. Sin embargo, la fuente
de discordia más común y persistente es la desigualdad
en la distribución de las propiedades».
En términos de Madison, en El Federalista conclu-
ye que «…los propietarios y los que carecen de bienes
han formado siempre distintos bandos sociales. Entre
acreedores y deudores existe una diferencia semejante.
Un interés de los propietarios raíces, otro de los fabri-
cantes, otro de los comerciantes, uno más de los grupos
adinerados y otros de intereses menores, surge por ne-
cesidad en las naciones civilizadas y las dividen en dis-
tintas clases, a las que mueven diferentes sentimientos
y puntos de vista»2 .
3. El sujeto «campo».
Una de las grandes dificultades de los debates que se
suscitaron en los últimos meses es cómo definir ese su-
jeto que se ha dado a llamar «campo».
Nuestra primera apreciación es la dificultad de enten-
derlo como un actor homogéneo. Por un reflejo perio-
dístico o del debate político se ha dado a entender que
estamos en presencia de un conjunto de productores y
acciones que tienen una lógica unitaria.
Sin embargo, los análisis minuciosos reflejan su di-
versidad y sus estrategias productivas y políticas no ne-
cesariamente idénticas. Esta complejidad en la exten-
sión de las unidades productivas se acrecienta por las
diferentes actividades que realizan distintas explota-
ciones agrícolas, diversas actividades pecuarias, como
con las desiguales zonas en las que llevan adelante sus
tareas.
Resulta importante a partir de la información propor-
cionada por los Censos Nacionales Agropecuarios de
1988 y de 20023. Por ellos se sabe que entre estos años
disminuyeron casi en cien mil las explotaciones rurales
sin discriminar su tamaño. Algunas desaparecieron y
otras fueron absorbidas por otras explotaciones mayo-
res. Esto llevó a que junto a la duplicación del volumen
de la producción en cereales y oleaginosas, se diera una
disminución de las producciones agropecuarias.
Dicho proceso se produjo paralelamente al desarrollo
de la mecanización y de la realización de experimentos
en los campos de la química y de la genética. Conjun-
tamente a la aplicación masiva del paquete tecnológico
de la siembra directa y la soja transgénica se amplió la
2 El Federalista, x, (Madison), 23/11/1787.3 Este apartado se basa en la exposición de María Elena No-gueira en la Facultad de Ciencia Política y rrii de la unr el día 26/6/08.
frontera agrícola, se ahorró mano de obra con relación
al trabajo agrícola tradicional, y se fortaleció un nue-
vo actor que es el contratista que vende sus servicios
de siembra directa sin ser propietario de tierras, cuyos
sus capitales no están necesariamente ligados al sector
agropecuario.
Esto generó que la unidad productiva mínima pase en
la región pampeana de cuatrocientas veinte hectáreas a
unas seiscientas, con el consecuente proceso de venta
de las explotaciones menores o su conversión en rentis-
tas cuando no pudieron alcanzar la escala productiva.
Los propietarios de entre veinte y cincuenta hectáreas
fueron los que perdieron mayor peso efectivamente.
4. El juego «campo»-«gobierno».
Durante los meses en que el conflicto se mostró abier-
tamente, en reiteradas oportunidades se habló del en-
frentamiento «campo»-gobierno como el existente en-
tre dos actores polares. Además, se repetía que uno de
los grandes problemas para la resolución del conflicto
era que no existía un árbitro supra partes que dirimiera
las posiciones de los contendientes enfrentados irrecon-
ciliablemente.
Según estas visiones, se recurría permanentemente
a la explicación de la situación a través del «juego de
la gallina». Este juego, en el marco de la teoría de la
racionalidad, como lo expresáramos en la reunión del
día 23 de junio, trata de explicar el comportamiento de
los actores recurriendo a la figura de dos automovilistas
que lanzados en una carrera que los enfrenta, se diri-
gen a la mayor velocidad posible, uno contra el otro, es-
perando que quien desvíe la trayectoria se convierta en
el «gallina», el que abandona, el que no puede sostener
el juego. James Dean lanzado contra el precipicio es un
ejemplo filmográfico de dicha situación. El problema
de este juego es que la maximización de la ganancia
puede llevar a la maximización de la pérdida. Esperar
hasta último momento para ganar puede hacer que las
pérdidas de ambos jugadores sean totales. En otras pa-
labras, una racionalidad extrema nos lleva a la colisión
y a la muerte segura.
Sin embargo, esto supone que los corredores tienen
el mismo poder, la misma capacidad de enfrentarse con
el otro. Pero debemos reparar que el accionar del Ejecu-
tivo, con su capacidad de direccionar al Estado no puede
equipararse con el otro actor: el «campo».
En esta simulación lúdica el gobierno, como orienta-
dor de las políticas del Estado, ha dejado de ser un actor
capaz de mostrarse como un tercero excluido que puede
Políticas de estado y modelo agroexportador: el retorno al escenario de lo público
27
expresar sus intereses como diferentes de los de los ac-
tores sociales individuales. Cuando una preferencia es-
tatal es traducida en una determinada política pública,
implica que ciertos intereses de los agentes públicos se
han impuesto a la totalidad.
Sin embargo, aunque toda preferencia estatal implica
esfuerzos, costos y riesgos, lograr que ellos sean dismi-
nuidos al máximo posible es producto de la correspon-
dencia que hacia esa acción tengan los actores sociales.
En otras palabras, cuál es el soporte que obtiene una
determinada preferencia estatal en la sociedad.
Un día después de la reunión pública de nuestra Fa-
cultad, el 24 de junio, en el diario La Nación, Marcos
Novaro nos proponía4, con un argumento similar dis-
cutir sobre el juego del «colectivero loco». En ese análi-
sis, la descripción del «juego de la gallina» tenía «…más
sustento para los ruralistas que para el Ejecutivo; lo de-
muestra la insistencia con que éste ha señalado que no
se considera un igual de aquellos ni una parte más en
un conflicto que, según sus palabras, enfrenta el inte-
rés general, por él representado, con intereses facciosos
y poco solidarios».
Desde la visión de los opositores al gobierno, se le
puede decir que dar la razón a «…una persona enloque-
cida no es más que una simulación dirigida a desarmar
la escalada paranoica en que ella misma se ha encerra-
do, y que no tiene los mismos efectos de aceptación de
las reglas de juego y de sus resultados, que están pre-
sentes en el juego de la gallina». Para los defensores
del juego del colectivero, éste pudo «…estar simulando
su enloquecimiento, para imponer el acatamiento a su
voluntad, que es lo que importa». Desde esta óptica, el
juego, los jugadores y sus resultados seguirían siendo
racionales. Pero como aclara Novaro, el problema de un
juego con estas características no consiste en la locura,
sino en los resultados a largo plazo. En adelante, todos
intentarán por todos los medios abandonar el colectivo,
no jugar más a un juego que los tiene como prisioneros,
evitar soluciones colectivas con ese conductor que ob-
serva la disminución de la velocidad, el «ceder», como
un ejemplo de debilidad.
5. Los problemas de los intereses sectoria-les y el futuro de las negociaciones.
Estas posiciones respecto del gobierno y el «campo»
no nos debe hacer perder de vista que juegos como los
descritos en el apartado anterior nos deben hacer re-
4 NOVARO, Marcos (2008, junio, 24). El juego del colectivero loco. La Nación, pág. 17.
flexionar sobre los problemas que pueden traer a una
democracia las prácticas de imposición de intereses
sectoriales. Respecto de la denominada crisis analizada
no se debe olvidar que también «enseñó» a los actores
sociales cómo se debe actuar contra las decisiones gu-
bernamentales y estatales, colocando como problema la
relación entre los intereses «generales», surgidos de los
órganos representativos, y los intereses sectoriales.
Como ha señalado Adam Przeworski, «…la democra-
cia moderna genera resultados que ante todo son pro-
ducto de las negociaciones entre los dirigentes de las
fuerzas políticas, más que de un proceso de delibera-
ción universal»5. Además, Norberto Bobbio, al describir
las promesas incumplidas de la democracia considera
que el «…principio en el que se basa la representación
política es exactamente la antítesis de aquel en el que
se fundamenta la representación de los intereses, en la
que el representante, al tener que velar por los intere-
ses particulares del representado, está sometido a un
mandato obligatorio»6. Aquí vemos una contradicción
importante, ya que la democracia representativa podría
ver jaqueados sus principios por el accionar de diferen-
tes intereses sectoriales (esta vez fue el «campo») que
permanentemente se expresen como intereses particu-
lares.
Lo que fue una historia común de la democracia ar-
gentina parece extenderse en el tiempo, aun en aque-
llos actores que criticaron esas modalidades de acción.
Los grupos y aparatos administrativos han sofocado y
limitado (y continúan haciéndolo) a los individuos en
tanto ciudadanos7.
Las teorías pluralistas conciben el poder como un
elemento disperso a través de toda la sociedad. Ésta es
construida como un agregado de individuos-ciudada-
nos y de grupos de interés diversos. Sus intereses son
transmitidos por medio de los partidos políticos, que
los seleccionan, agrupan, generalizan, alcanzando un
consenso entre ellos. Esta mirada privilegia el aspecto
democrático representativo de Estado «…restringida-
mente definido como un modo institucionalizado de
agregación y de negociación de intereses en la esfera
pública…»8. Pero como señaló Robert Dahl, se advertía
5 PRZEWORSKI, Adam (1995). Democracia y mercado. Cambrid-ge, p. 20.6 BOBBIO, Norberto. El futuro de la democracia. Buenos Aires: fce, p. 18.7 QUESADA CASTRO, Fernando (2006). Sendas de democracia. Rosario: Homo Sapiens, p. 93.8 NUN, José (1987). La teoría política y la transición democráti-ca. En NUN, J., PORTANTIERO, J. C., (comp.), Ensayos sobre la transición democrática en la Argentina. Buenos Aires: Puntosur, p. 28.
Desdeelfondo N° 46
28
un problema de fondo de las democracias pluralistas
que era que las organizaciones independientes son muy
activas, pero justamente por eso tienen una gran capa-
cidad e independencia para hacer daño.
Por su parte, las teorías neocorporativistas entendie-
ron que hay una dependencia doble, «del Estado con
respecto a los principales grupos de interés que defina
la división social del trabajo, desde que estos se con-
vierten ahora en implementadores (o en obstáculos) de
sus proyectos; y de tales grupos en relación al Estado,
en la medida que éste condiciona decididamente sus
actividades»9.
Así, el aspecto democrático representativo queda rele-
gado en pos de los sectores corporativos que acceden al
Estado cuando sus demandas han superado altísimos
umbrales organizativos y logran movilizar considera-
bles recursos de apoyo.
6. Conclusiones prospectivas sobre el desa-fío del diálogo. Las instituciones y la cons-trucción de argumentos genuinos.
Diálogo, esta palabra se colocó en el centro de la escena
política y social de nuestro país. Pero para ello se nece-
sita la existencia de un conjunto de argumentos genui-
nos que deberían evitar:
la simple expresión de intereses para buscar la so- π
lución;
la mera descripción de tradiciones o costumbres π
como manera de resolución;
9 NUN, José, ibídem, p. 31.
la enunciación de proposiciones que no son gene- π
rales sino que se dirigen a nombres propios o grupos
definidos;
las incongruencias pragmáticas a lo largo del tiem- π
po por parte de los formuladores de los argumentos;
las proposiciones que parecen no tomar en nada los π
intereses de los individuos; y
las exposiciones que no sean aceptables desde un π
punto de vista imparcial.
Dejar de lado todos estos límites hace progresar el
diálogo hacia criterios de imparcialidad, enfrentando
el autointerés y la indiferencia hacia ciertas soluciones
propuestas. Pero además, oponerse a las negociaciones
basadas en puros intereses lleva al fortalecimiento de
los procesos democráticos, ya que de otra manera valo-
res como la igualdad son puestos en peligro, los dere-
chos no son asegurados y no existe evidencia para supo-
ner que el resultado del proceso será justo.
Esto lleva a los participantes del diálogo a prestar
atención a la mayor cantidad posible de intereses por
la necesidad de alcanzar soluciones que satisfagan a la
mayoría.
Las instituciones son el marco de este ejercicio, lo fa-
cilitan, lo encaminan, le colocan límites, hacen de la de-
mocracia una experiencia de construcción colectiva10.
Rosario, junio-octubre de 2008
10 ELSTER, Jon (2001) (comp.), La democracia deliberativa. Bar-celona: Gedisa. NINO, Carlos S. (1997). La constitución de la democracia delibera-tiva. Barcelona: Gedisa.
Políticas de estado y modelo agroexportador: el retorno al escenario de lo público
29
Producción vitícola en Mendoza: discusión desde una localidad respecto a la existencia o no de desarrollo ruralNatalia Millán
1. Introducción
En la presente investigación se aborda la temática del
desarrollo territorial rural en relación con el desarrollo
local, partiendo de pretender conocer la realidad de los
pobladores de territorios rurales. Se analiza la situación
de una localidad de la Provincia de Mendoza, Gualta-
llary en el Departamento de Tupungato, con caracterís-
ticas sociales, geográficas y económicas muy puntua-
les, que cuentan con producción de vid para vinos de
alta gama en sus suelos.
Si se analiza el caso de la vitivinicultura en Mendoza
puede observarse que la misma ha sido estudiada desde
en punto de vista productivo (desde la agronomía), des-
de el punto de vista económico, analizando su rentabi-
lidad, su inserción en el mercado local, regional y mun-
dial, existen también estudios sobre las características
de la mano de obra del sector. Sin embargo se cuenta
con escasas investigaciones sobre el desarrollo que la
vitivinicultura genera en los territorios en los cuales se
encuentran los cultivos de vid y las bodegas. Es a par-
tir de detectar la falta de análisis al respecto que esta
investigación pretende analizar el desarrollo que la vi-
tivinicultura genera en los territorios donde se desarro-
lla la actividad productiva primaria, como el proceso de
industrialización en bodega; y dar cuenta del impacto
de las inversiones de capitales privados tanto nacionales
como extranjeros, en la calidad de vida de la población
local, considerando aspectos como la modificación de
hábitos, acceso a servicios, tierras, mercados de trabajo.
2. Objetivos
El objetivo general que guió la investigación fue anali-
zar una localidad vitivinícola para discutir si en ella se
ha generado desarrollo a partir de las inversiones eco-
nómicas, teniendo en cuenta para el análisis los puntos
de vistas de los diversos actores presentes en el territo-
rio y considerando los postulados del dtr y la Nueva
Ruralidad.
Se buscaba puntualmente desentrañar y caracterizar
a los actores locales presentes en el territorio vitiviníco-
la elegido, tanto en lo socioeconómico, laboral e insti-
tucional; contrastar si la implementación de un nuevo
modelo vitivinícola a partir de los años noventa en la
vitivini-cultura Argentina ha modificado la calidad de
vida de la población rural donde se ubican los cultivos
de vid y las bodegas; detectar los diversos elementos
que emergen del territorio y de los actores presentes en
él, refutando o reafirmando aspectos de los enfoques
del desarrollo analizados (Desarrollo Territorial Rural
con enfoque local y Nueva Ruralidad); y finalmente ana-
lizar la metodología de investigación y el acercamiento
al trabajo de campo para construir reflexiones de orden
teórico.
3. Metodología
Se trabajó con entrevistas cualitativas a productores vití-
colas y mano de obra, como así también a actores desta-
cados del territorio y agentes vinculados a la prestación
de servicios en la localidad de Gualtallary, Tupungato,
en la provincia de Mendoza.
4. Aspectos teóricos del desarrollo
En la utilización del término «desarrollo» como con-
cepto vinculado a las ciencias sociales surgen distintas
posturas.
Desdeelfondo N° 46
30
El término desarrollo guarda una estrecha relación
con el evolucionismo de tipo darwinista, al considerar
que hay estadios de evolución inequívocos en las socie-
dades, y que es responsabilidad de las sociedades occi-
dentales más avanzadas hacerles conocer dicho desa-
rrollo a los países más «atrasados» y empobrecidos.
El desarrollo, como teoría económica tuvo sus oríge-
nes ligado al crecimiento económico en el marco de la
economía, se preveía que el crecimiento generaba en
etapas sucesivas un derrame que permitiría evolucio-
nar hacia estadios de mayor desarrollo. Sólo se tenían
en cuenta los aspectos económicos del desarrollo, sin
asociarlos a mejores niveles de vida de la población.
Después de la Segunda Guerra Mundial, con el auge
de los estados nación, se crean políticas regionales de
planificación de desarrollo para América Latina en el
marco del enfoque keynesiano, considerando aspectos
económicos y sociales del desarrollo, propiciados estos
enfoques por organizaciones como el ilpes y la cepal.
Los organismos de crédito internacional (Banco
Mundial, bid, etc.) también han modificado su visión
de desarrollo con una visión más amplia e integral, res-
pecto a la que se desprendía del Consenso de Washing-
ton. Incluso la cepal, que impulsó el desarrollismo en
la región a partir de los 50, hace una autocrítica a su
visión unilateral y cuantitativa de desarrollo. Hoy plan-
tean que las principales líneas de acción son la educa-
ción y el conocimiento como bases de la transformación
productiva con equidad, la cooperación intraregional, la
variable ambiental, y la articulación entre desarrollo y
gobernabilidad. (Di Pietro, 2003).
En la actualidad se habla de desarrollo ya no como
crecimiento económico solamente, sino acompañado
de desarrollo entendiéndose como mejoras en la cali-
dad de vida de la población y en el acceso a servicios.
Se observa que hay casos en los cuales ciertos territo-
rios han logrado desarrollarse y salir de procesos econó-
micos críticos, generando crecimiento económico pero
también desarrollo.
Desarrollo rural
Para el caso específico del desarrollo rural Manzanal
(2006) postula que en los años 50 se discutía cuáles eran
los motivos que impedían el desarrollo en los llamados
países subdesarrollados o del Tercer Mundo, asocián-
dolo a insuficiencias de inversión por la estructura de
la tierra e insuficientes conocimientos técnicos. En los
años 60 se asoció el problema, según la autora, a tres fe-
nómenos: la escasa producción agrícola, la estructura de
la propiedad y la tenencia de la tierra (Manzanal, 2006).
Para los años 70 se vinculó la problemática a un bajo
nivel tecnológico que impedía el aumento de los niveles
de productividad. Las propuestas del Banco Mundial se
desprenden de esta postura, postulando que la política
debe centrarse en programas que modernicen la agri-
cultura. Manzanal destaca al hacer dicho análisis, que
esta visión, en los 80 y 90, con el auge de las políticas
neoliberales y la desvinculación del Estado como agen-
te de desarrollo, determinó un vacío en la temática del
desarrollo. Esta perspectiva vino a ser contrarrestada a
fines de los 90, con el agotamiento del modelo neolibe-
ral, surgiendo un discurso vinculado al desarrollo endó-
geno, el desarrollo local y al Desarrollo Territorial rural
en el ámbito rural. «Desde esta perspectiva, el desarrollo
rural, la estrategia para atender a los pobres rurales, es
ahora parte de una política territorial, de una política de
desarrollo local, donde, convenientemente, se conjuga
lo urbano y lo rural y se supera la histórica y tradicional
dicotomía.» (Manzanal, 2006: 30).
Castillo Ospina postula como tema de análisis el de-
sarrollo desde una mirada teórica, analizando las dis-
tintas corrientes que han ido surgiendo y su impacto
en América Latina. En su trabajo destaca el enfoque del
desarrollo rural desde la perspectiva de las Necesidades
Básicas Insatisfechas (nbi) —basado en indicadores de
bienestar material—; el punto de vista de la Modernidad
—con marcado énfasis económico—; el Postdesarrollo
—invitando a la renuncia de todas las propuestas ante-
riores y promoviendo la creación de una nueva forma
de significación del mismo—; y el Subdesarrollo —de-
finido como una estado de carencia y a los «subdesarro-
llados» como pobres, sin preguntarse por las razones de
su indigencia—; para luego incorporar al debate la Nue-
va Ruralidad y sus conceptos asociados, recayendo final-
mente en el análisis desde el punto de vista territorial.
Desde la teoría de la modernización proponía que los
países del Tercer Mundo deberían seguir la misma sen-
da que los países capitalistas desarrollados. Al respec-
to Sevilla Guzmán comenta que «el enfoque teórico de
la modernización agraria subyace a todas las acciones
de desarrollo rural realizadas dentro del pensamiento
científico convencional a partir de los años 50… De he-
cho, el enfoque del Tercer Mundo ve el paso de lo tradi-
cional (rural) a lo moderno (urbano) como una necesi-
dad de occidentalizar el mundo» (1997: 36-37).
En los años 70 irrumpen dos corrientes de renova-
ción del pensamiento sociológico agrario. En primer
término, los estudios que analizan los procesos de desa-
rrollo en América Latina y en los países subdesarrolla-
Políticas de estado y modelo agroexportador: el retorno al escenario de lo público
31
dos, donde persistieron formas de explotación basadas
en el trabajo familiar, contrariamente a lo que suponía
la Teoría de Modernización, que preveía la desaparición
del campesinado y el obrero agrícola para imponerse
un modelo agroindustrial. En segundo lugar encontra-
mos la nueva tradición de estudios campesinos, dentro
de la cual destaca desde hace un tiempo la Universidad
de Wageningen, «desde donde se elabora una estrate-
gia metodológica para encarar el problema del encuen-
tro entre diferentes identidades para la construcción de
procesos de desarrollo local» (Sevilla Guzmán, 1997:44)
vinculados a Norman Long.
Desde el enfoque estructuralista se sostenía que, a
través de la planificación económica, se veía al Estado
como el agente modernizador de los países en desarro-
llo, con la industrialización como punta de lanza. Pero
la agricultura no consiguió responder adecuadamente
a las demandas de la industrialización.
Dentro del enfoque de la dependencia se pueden dis-
tinguir dos corrientes principales: una estructuralista o
reformista y otra marxista o revolucionaria. Kay se basa
en esta última para hacer su análisis, postulando que
sólo ubicando la agricultura latinoamericana en el con-
texto más amplio de la globalización y de la internacio-
nalización del capital se pueden encontrar las raíces de
sus problemas agrarios, entender sus transformaciones
en curso y descubrir sus posibilidades y limitaciones en
cuanto a su desarrollo rural.
El enfoque Neoliberal sobre el Desarrollo Rural intenta
crear un marco y reglas económicas que sean aplicables
por igual a todos los sectores económicos, es decir, sin
hacer distinciones entre la agricultura, industria y ser-
vicios.
El enfoque Neoestructuralista y el Desarrollo Rural sur-
gieron para dar respuesta estructuralista al enfoque
neoliberal y también como un intento de acomodarse
a la nueva realidad modelada por la globalización neo-
liberal. El neoestructuralismo continúa insistiendo en
que el Estado debe representar un papel decisivo en la
promoción del desarrollo, alentando, por ejemplo, el
desarrollo de los recursos humanos y una distribución
equitativa del crecimiento económico.
El enfoque de las estrategias de vida le da una impor-
tancia central a los actores, ya sea individual o social,
porque argumentan que ellos, en mayor o menor medi-
da, tienen la capacidad de construir sus propias estra-
tegias de vida. Por ejemplo, los pobres tienen capacidad
de acción y no sólo son víctimas del desarrollo.
Castillo Ospina, a modo de conclusión, destaca el re-
duccionismo que se hace del concepto de desarrollo y
como también ello se traslada al desarrollo rural. Así,
critica el modo hegemónico de concebir el mundo y el
mentado desarrollo. Llama la atención sobre el hecho
de que la gran mayoría de las teorías, discursos y de las
narrativas siempre se habla del Desarrollo y/o del Desa-
rrollo Rural; reforzando no sólo de que hay un desarro-
llo, una sola pauta, modelo, tipo de desarrollo, sino tam-
bién, que es este el que se debe buscar hasta alcanzarlo.
En los países desarrollados, agrario y rural han deja-
do de ser sinónimos, por el surgimiento de actividades
no agrícolas en el medio rural, relacionadas con nue-
vas demandas. (Romero Gonzalez, J., Farinós Dasi, J.,
2004). Los territorios rurales son hoy mucho más plu-
rales y complejos; existen actores distintos en el ámbito
rural, con intereses, visiones y prioridades que son a
veces fuente de conflicto.
Las relaciones vigentes entre las áreas rurales y urba-
nas, y los flujos de personas, bienes y servicios que se
dan entre ambos están en aumento. La nueva ruralidad
supone elaborar nuevos enfoques de desarrollo rural
que rescaten la interacción entre los territorios rurales
y urbanos, que han dejado de verse como aislados para
pasar a ser parte de un continuo.
La mayoría de las estrategias de desarrollo rural que
se están llevando adelante en América Latina asumen
un enfoque territorial de desarrollo rural, postulando
una definición ampliada de lo rural que contempla su
carácter multisectorial e incorporando los vínculos en-
tre lo rural y lo urbano.
Si bien en América Latina sigue siendo fundamental
el trabajo agrícola en zonas rurales, se observa la cre-
ciente importancia de actividades rurales no agrícolas
vinculadas a servicios, recreación, etc. El inconveniente
de estos planteos es que, si bien existe un consenso res-
pecto al desarrollo rural en la región, este se da en el ám-
bito conceptual y no tanto en la práctica, donde conviven
variados conceptos de desarrollo rural y ruralidad.
Nueva ruralidad
En la actualidad se discute sobre la Nueva Ruralidad en
relación al desarrollo rural, y se hace hincapié en que
algunos de sus elementos constitutivos no son nuevos,
sino que sólo han mutado o cambiado de nombres,
mientras que también hay algunos aspectos emergen-
tes. Al respecto Gomez plantea (2002) que la ruralidad
«como fue definida en términos tradicionales ya no
existe más. La industrialización de la agricultura y la
urbanización de las comunidades rurales acabó con la
ruralidad tradicional, pero no con la ruralidad». Lo rural
Desdeelfondo N° 46
32
ya no es un sinónimo de lo agrario, sino de una amplia
gama de servicios que ofrece el ámbito rural, tales como
turismo, recreación y paisaje, entre otros, que si bien no
se vinculan al agro hacen uso de los espacios rurales.
La Nueva Ruralidad es para Ospina una noción que se
enfoca en las actividades e ingresos rurales no-agrícolas,
que implica mirar el territorio como visión integral de
procesos históricos, sociales, culturales y políticos, que
conforman un conjunto mucho más complejo de rela-
ciones sociales y relaciones económicas. Con ello hace
referencia a que, además de las actividades tradicionales
del medio rural, existe una proliferación de actividades
no agrícolas y de nuevos usos del medio rural.
Kay hace uso de este concepto en dos sentidos, el uso
más común del término se refiere a la caracterización
de las nuevas transformaciones experimentadas por el
sector rural en gran medida como consecuencia de la
globalización y la implementación de políticas neolibe-
rales. Una de las transformaciones más significativas
según la Nueva Ruralidad es la creciente multi o plu-
riactividad de la economía campesina por su creciente
empleo en actividades que no son agropecuarias tanto
en el predio como fuera de éste, por ejemplo, artesanía,
comercio, transporte, turismo rural y procesamiento de
productos agropecuarios. El autor retoma a Sergio Gó-
mez para criticar el concepto e indicar que varios aspec-
tos de la nueva ruralidad ya estaban presentes antes del
giro neoliberal en las políticas públicas, ironiza diciendo
que quizás lo nuevo está en la percepción relativamente
tardía de los investigadores rurales de estos procesos de
cambio que ya se estaban produciendo en el campo.
Gómez remarca que algunos de los elementos cons-
titutivos de la nueva ruralidad no son nuevos, sino que
sólo han mutado o cambiado de nombres, mientras que
también hay algunos aspectos emergentes. Al respecto
plantea que la ruralidad «como fue definida en térmi-
nos tradicionales ya no existe más. La industrialización
de la agricultura y la urbanización de las comunidades
rurales acabó con la ruralidad tradicional, pero no con
la ruralidad». (Gomez, 2002: 1). Lo rural ya no es un si-
nónimo de lo agrario, sino de una amplia gama de ser-
vicios que ofrece el ámbito rural, tales como servicios,
turismo, recreación y paisaje, entre otros, que si bien no
se vinculan al agro hacen uso de los espacios rurales.
Hoy el concepto de rural está pasando por una reela-
boración y debe entenderse la contemporaneidad de lo
rural y lo urbano como un continuo.
Para finalizar es importante no olvidar que la nue-
va ruralidad, con todas sus críticas posibles, incorpora
de modo claro a la discusión el hecho de que al hablar
de ruralidad no solo se hace referencia a la agricultura,
sino que se incorpora al mundo rural algunos tipos de
análisis antes no expuestos aunque existieran con ca-
rácter particular en algunos casos.
5. Vitivinicultura en Mendoza: ¿Territorios rurales en Desarrollo?
Mendoza tiene una superficie de 148.827 Km2 , es una
provincia casi desértica, por lo cual la única opción para
producir alimentos es a través de una agricultura bajo
riego. La ocupación del espacio árido es fragmentada;
el aprovechamiento de los ríos ha permitido conformar
oasis artificiales de riego que representan el 3% de su
superficie total. Las zonas irrigadas reciben aguas de
cuatro cursos a saber: Río Mendoza, Río Tunuyán, Río
Atuel y Río Diamante; conformando tres oasis: Norte,
Centro y Sur. En estos oasis se concentra el 97% de la
población y de las actividades económicas. Dentro de
las distintas zonas irrigadas de la provincia, los cultivos
más frecuentes son vid, olivo, frutales y hortalizas.
En las zonas irrigadas por el propio impulso que ge-
nera la agricultura intensiva, la cual, por ejemplo, nece-
sita caminos en buenas condiciones para el transporte
óptimo de los productos agropecuarios. En estos pobla-
dos hay más y mejor acceso a servicios básicos, debido
muchas veces a su cercanía respecto a los centros ur-
banos, y sus características periurbanas, que adoptan
algunas costumbres urbanas paralelamente a la trans-
formación del territorio y de los modos de vida.
Mendoza es una provincia que históricamente ha te-
nido una tradición vitivinícola, muy vinculada a la lle-
gada de inmigrantes italianos y españoles a finales del
Siglo xix y principios del Siglo xx. El modelo vitiviní-
cola se ha transformado a lo largo del tiempo. Desde
principios de la década del noventa, con la apertura co-
mercial, se implementa un modelo vitivinícola que deja
de privilegiar la cantidad para centrarse en la calidad
tanto de las uvas como de los vinos, produciéndose una
reconversión en un sector de productores y bodegas
hacia cepajes varietales de uvas para vinos premiun y
super premiun. Este modelo se vincula a la tendencia
mundial de consumo de vinos de mayor calidad. La re-
conversión productiva y el surgimiento de este modelo,
que convive con el modelo productivista (orientado a la
cantidad de vino más que a la calidad), y la incorpora-
ción de tierras que antes no eran utilizadas productiva-
mente, han generado inversiones millonarias en la pro-
vincia, impactando en modos dispares según las zonas
productivas. Si se analiza el contexto espacial y tempo-
Políticas de estado y modelo agroexportador: el retorno al escenario de lo público
33
ral la vitivinicultura ha tenido una evolución desigual
al interior de la Provincia de Mendoza, en correlación
con las características ambientales y climáticas de cada
uno de los oasis productivos que la componen, y en rela-
ción a la evolución de las tecnologías de riego, aspersión
y goteo, permitiendo cultivar en zonas antes no aptas
para producir por falta de irrigación.
La Localidad Gualtallary, en Tupungato, zona rural
ubicada al pie de la Cordillera de Los Andes, en el cen-
tro de la Provincia de Mendoza. Dicha zona es la zona
productiva con mayores inversiones en producción de
uvas para vinos finos de exportación de la provincia.
Gualtallary posee grandes parcelas productivas con
casi absoluta predominancia de los cultivos de vides fi-
nas con sistemas de manejo de riego altamente tecni-
ficados. Se observan en la zona nuevas inversiones de
vid para vinos finos Premium y super Premium, para
exportación. Por otra parte Tupungato es uno de los
departamentos con mayores índices de pobreza de la
provincia, y que mayores inversiones en vitivinicultura
ha recibido en los últimos veinte años. A su vez Gual-
tallary se encuentra inserta en los circuitos turísticos
del vino promocionados inclusive a nivel internacional.
En Gualtallary, con emprendimientos vitivinícolas de
altísimos niveles de inversión, existen diversos circui-
tos turísticos, pero el turista que viene no deja nada en
la zona, porque son circuitos armados y cerrados.
En la zona de Gualtallary ha cambiado en gran me-
dida la división territorial. Los Productores que tenían
parcelas pequeñas vendieron sus terrenos, compraron
camionetas y se trasladaron a vivir al centro de Tupun-
gato buscando establecer alguna empresa. La mayoría
de los terrenos son ahora de capitales extranjeros, los
tupungatinos nunca más van a poder comprar tierras.
El que quiere volver no puede, la hectárea ahora vale 30
mil dólares (con tecnología de riego y vides implanta-
das) y hacer un pozo para extraer agua cuesta 150 mil
dólares. En 5 años se modificó totalmente la estructura
productiva y la división de la tierra. En el momento de
implantar vid se produjo mucho desmonte.
En 1950-60, la estancia Silva, una de las más grandes
de la zona, se manejaba con contratistas, que podían
llevar por familia 10-15 hectáreas de contrato. La pobla-
ción era más dispersa. Era campo, ahora son viñedos
manejados por sistema de administración. La estancia
Silva supo albergar 15 a 20 familias. Otro propietario,
Sergi, era dueño de una finca de manzana, trabajaba
con contratistas, por lo cual tenía casas dentro de la fin-
ca. Cuando vendió todo le dio a cada uno de sus em-
pleados un lote. Antes había más familias, se despobló,
muchos eran puesteros, había tres escuelas primarias.
Aquí es donde más se observan los cambios en los mo-
dos de vida, desde lo habitacional, el acceso a servicios
y los modos de manejarse del propietario con su mano
de obra.
Los frutales se han ido eliminando de la zona. Hay un
productor de nogales importante. La ganadería ha sido
completamente erradicada, antes era tierra de pueste-
ros. El avance vitícola se ha dado en los últimos diez
años. Antes habían 800 hectáreas en producción, se
producían nogales, manzana, chacra y habían campos
y puestos de ganado. En las fincas viejas hay riego por
hijuela, en las nuevas el riego es por goteo. Los suelos
son pobres en Gualtallary, áridos, rocosos, hay mucha
amplitud térmica. El riego se genera, según el sector
del distrito, por hijuela o por pozos. Los cambios en los
modos de producción y en los tipos de cultivo son ca-
racterísticos de esta zona, ya que cuenta con los niveles
de inversión más altos en producción vitícola de la Pro-
vincia, llegando a costar la hectárea con vid implantada
hasta 30 mil dólares.
Desde hace algunos años pasa por la zona la línea de
alta tensión que viene de Potrerillos. Hay partes donde
las torres de alta tensión se meten en los patios de las
casas.
Según el mapa de catastro del municipio hay muchas
casas que no figuran en los mapas, que aparecen como
baldíos. Pero este no es el problema más grande en re-
lación a la problemática de la tenencia de la tierra. Si se
considera que la zona estaba constituida históricamente
por grandes campos, y que se han ido realizando ventas
de tierras muchas veces en forma irregular, otorgan-
do a los compradores únicamente boletos de compra-
venta, con superposición de títulos, casos de sucesio-
nes indivisas, ventas a extranjeros que toman posesión
de las tierras y cuentan con abogados expertos en ese
tipo de litigios, entonces sólo con el tiempo vienen los
problemas, porque la gente confía en que nadie va a re-
clamarle su tierra porque todos los vecinos saben que
compraron. A su vez existen en la zona tierras fiscales,
sobre las cuales se han ido construyendo casas, hoy hay
dos asentamientos marginales, uno a la orilla del Canal
Esquina y otro en las márgenes del Arroyo Las Jarillas,
no tienen agua en la tierra, y las casas son de adobe. En
un mismo terreno, llega a haber 3 o 4 generaciones de
una misma familia. Las familias no se van del lugar
porque les queda espacio en el terreno, donde pueden
construir habitaciones en la misma casa, llegando a ca-
sos de hacinamiento extremo. Si se considera que las
mujeres normalmente tienen entre cinco y ocho hijos
Desdeelfondo N° 46
34
como número promedio en esta zona, el hacinamiento
no es un problema menor.
Después se empezó a poblar la zona de obreros rura-
les. Los hijos se quedaron el la zona. A través del censo
se han relevado a 513 personas en la zona de Gualtallary.
El origen de los pobladores de Gualtallary es principal-
mente de dentro de la provincia, con algunos allegados
de otras provincias, muy pocos descendientes europeos
y escasos de origen boliviano. Se relevaron 118 familias
para conocer su origen.
Sobre el arroyo se ubica un asentamiento, al cual el
municipio asiste con ladrillos, complejizando el con-
flicto al avalar el asentamiento. La problemática de la
vivienda es un tema muy presente en Gualtallary, esto
tienen que ver con la reconfiguración del territorio. La
mayoría de las casas no tienen baño adentro, sino afue-
ra, como cuestión cultural. Tiempo atrás no se veían
asentamientos marginales con características urbanas
en zonas rurales. En la parte del asentamiento del Arro-
yo Las Jarillas, las casas tienen techos de nylon, sosteni-
do con piedras, no tienen columnas ni vigas.
Así como se detectan irregularidades a nivel de asen-
tamientos poblacionales sin tenencia de la tierra, mar-
ginales e inestables, también existe en Gualtallary una
calle pública que ha sido cerrada por un productor de
uvas finas que es dueño del terreno a ambos lados de
la calle, sin que nadie haya hecho gestiones para que la
calles sean reabiertas. La calle pública debería seguir
derecho por la línea de alta tensión, hasta Los Árboles,
en Tunuyán, unos 17 Km. más aproximadamente, sin
embargo se encuentra cerrada y cubierta de viñas.
A nivel organizacional e institucional Gualtallary tie-
ne una gran deficiencia institucional; cuenta sólo con
una escuela primaria, Hermenegildo Hidalgo, cuya
matrícula es de 180 alumnos, también hay un club
social de fútbol, pero los padres no participan cuando
hay reunión. Existe una especie de centro comunitario,
pero es privado. Hay una agrupación de destrezas gau-
chas, pero han tenido problemas para poder sacar la
personería jurídica. Además no hay posta sanitaria, ni
centro de salud.
En relación al acceso a servicios, Gualtallary se en-
cuentra en estado de cierto abandono del Estado, ya que
no cuenta ni con posta sanitaria, y el hospital de Tu-
pungato se encuentra a 4,6 Km. Esto se agudiza porque
la zona tiene escasa frecuencia de transporte público
para movilizarse, lo cual les dificulta llegar al hospital a
tiempo para conseguir turnos, ya que el primer colecti-
vo pasa a las 7 de la mañana y cuando llegan al hospital
ya no hay turnos.
También destaca la problemática del agua potable, ya
que la mayor parte de los sectores de la localidad no
tienen acceso al servicio: el municipio les lleva agua y
la depositan en tachos. Existe un proyecto para instalar
agua potable en la zona, se pueden observa las zanjas
hechas y los caños enterrados, pero el proyecto está pa-
rado desde hace más de un año y medio. Con la elec-
tricidad sucede lo mismo, al no existir papeles sobre la
división de la tierra o estar asentados los pobladores en
terrenos privados, no pueden acceder al servicio, y tie-
nen, en algunos casos, medidores comunitarios.
En relación a medios de comunicación, le dan mu-
cha importancia a la radio local, se manejan mucho con
este medio, ya que la zona no cuenta siquiera con un
teléfono público.
En base a los resultados de la encuesta que realiza-
mos en Gualtallary viven en la zona 513 personas. Del
total de 158 casas ubicadas en la localidad, se relevaron
118 casas, ya que en el resto no se encontraron perso-
nas que pudieran brindar datos. En relación al sexo de
las personas que habitan en las viviendas relevadas, se
puede comentar que hay un total de 246 mujeres y 209
hombres. En Gualtallary hay, sin discriminar por sexo,
71 niños menores de 5 años, entre 6 y 12 años hay 91
chicos, de 13 a 17 años 65 jóvenes, de 18 a 21 son 38,
es decir que si sumamos la cantidad de menores de 21
años se observa que hay 265 menores, lo que equivale
a más de la mitad de la población relevada. La pea de la
zona es de 217 personas, y los mayores de 65 años son
44 personas.
En relación a la escolarización de las personas rele-
vadas, 26 personas no poseen escolarización, 200 per-
sonas tienen primario incompleto, 130 culminaron la
primaria, 65 personas tienen primario incompleto, sólo
17 secundario completo, 8 personas tienen educación
superior incompleta y las 6 personas restantes tienen
nivel superior completo. También se detectó al pregun-
tar por el nivel educativo, alrededor de 7 personas con
algún grado de discapacidad, de distintas índoles. Sin
embargo al no ser una pregunta incluida en el formula-
rio, se puede suponer que el número de discapacitados
es mayor al detectado.
Origen de la población. El 34% de los jefes de hogar
encuestados son originariamente de Tupungato, es de-
cir 40 personas, a ello debe sumársele aquellas que de-
clararon haber nacido en distritos del Departamento, a
saber: 5% entre Cordón del Plata y El Peral, lo que equi-
vale a 6 personas; 20 personas en Gualtallary, repre-
sentando un 16%; 2 personas en Las Carreras y una en
Los Árboles, lo cual equivale al 2,4%. Es decir que en el
Políticas de estado y modelo agroexportador: el retorno al escenario de lo público
35
alrededor del 60% de las personas que viven en Gualta-
llary son oriundas del departamento. El 21,7% nació en
Tunuyán, es decir 15 personas. El 2,5% llegaron desde la
Capital provincial, otro 2,5% de la Provincia de Córdo-
ba; si se consideran los nacidos en los Departamentos
de Godoy Cruz, Guaymallén, Junín, La Heras, Lavalle,
Maipú, Rivadavia, San Carlos y San Martín suman un
9%; un 2,5% nacieron en Córdoba, es decir 3 casos; 7
son oriundos de San Rafael, representando un 6%; 4
provienen de la Provincia de San Juan, es decir el 3,5%;
3 de Tucumán, es decir el 2,5%; y 2 de Salta, el 1,7%.
Oficios. De los 118 hogares encuestados, las 173 per-
sonas que trabajan se ubican en los siguientes oficios
agrarios: los más frecuentes detectados son, en primer
lugar los obreros rurales, siendo el 34,5% del total de la
mano de obra disponible, con un total de 56 obreros.
En segundo lugar se ubican los obreros de viña, con un
23%, y un total de 42 casos. En tercer lugar los jornale-
ros con 14 caso y un 7,61%. En cuarto lugar se ubican
los cosechadores de frutales con 5 casos y un 2,72% del
total, seguido de los empleados en granjas, que son 4,
representando el 2,17%. También se encuentran algu-
nos cuadrilleros (1,08%); encargados (1,08%); encarga-
dos de viña y tractoristas, estos dos últimos denotan
un caso cada uno. Entre los oficios no agropecuarios
destacan el de celadora, albañil, empleada doméstica,
empleado público, militar, jardinero, mecánico, fletero,
profesor y kiosquero.
Desocupados. En relación al número de personas que
trabajan, se observa que 11 personas están en edad pro-
ductiva y no trabajan, lo cual equivale al 9,3% del total.
En total trabajan de la población encuestada en la lo-
calidad 173 personas, que habitan distribuidas en 118
hogares de Gualtallary.
Estabilidad del empleo. Del total de 102 hogares con
empleo, se observa que sólo el trabajo de los miembros
de 45 hogares es permanente, lo cual equivale al 44%
del total. Mientras que en 57 hogares los empleos de sus
miembros son temporales, representando el 55,9% del
total de hogares.
Beneficios sociales. De los 118 hogares encuestados, sólo
en 49 hogares algún miembro percibe algún beneficio
jubilatorio, es decir el 41,5% del total de los hogares.
Sólo en 51 hogares de 118 tienen el beneficio de una
obra social, es decir el 43,2% de los hogares. Mientras
que el 56,8% de los hogares no poseen obra social de
ningún tipo.
Participación en organizaciones. De los 118 hogares
encuestados, sólo en 3 oportunidades los mismos men-
cionaron participar en alguna organización.
Tenencia de la tierra. De los 118 hogares encuestados
el 72% son propietarios, es decir 85 encuestados, en
tanto que 19 encuestados se encuentran en situación
de préstamos de palabra, es decir el 16,1%; 9 encues-
tados se encuentran en condición de «asentamiento de
hecho», lo que equivale al 7,6% del total, hay 3 casos de
arrendamiento, un comodato y un casero.
Aspectos productivos del territorio
En Gualtallary la mayor parte de los emprendimientos
son de tipo vitivinícola, de cepajes para vinos de alta
gama. Se encuentran viñedos de reconocidas bodegas,
sólo viñedos y bodegas «…Todos cultivos de viña de
muy buena calidad enológica. Las bodegas o viñedos de
las mismas presentes en la zona son: Altus, Chandón,
Salentein, Catena Zapata, Reina Rutini. Vive en la zona
un viñatero francés con una casa conocida entre los ve-
cinos como “el castillo” por lo imponente que se ve a la
distancia en medio de los viñedos».
Hay fincas de grandes dimensiones, cien doscientas y
hasta trescientas hectáreas, y los lotes de quienes viven
en la zona y venden su mano de obra, son muy chicos,
de unos 200 metros aproximadamente.
Sobre la calle La Costa hay algunos medianos pro-
ductores propietarios, de parcelas de unas 30 hectáreas.
Pero son los menos, la mayoría son grandes producto-
res vitícolas, que tienen fincas en distintos lugares de
Tupungato y de la provincia de Mendoza.
En relación al pago de cargas sociales, las empresas
chicas no pagan ni siquiera iva, y las empresas grandes
trabajan tercerizando la mano de obra con empresas de
recursos humanos. «El año pasado trabajé tres meses
en la bodega López. Nos mandaron y a los sesenta días
cobramos el salario familiar, y acá hacen ya tres meses
y todavía no cobramos. Yo no sé si las empresas más
grandes tienen privilegios o todo es más burocrático
con las chiquitas».
Hay conflicto con las fincas grandes, se quedan con la
mejor gente. «Las fincas grandes han tomado gente que
puede ser responsable porque la gente que no es res-
ponsable en una finca grande no dura. Y en las chicas
tampoco pero la tenemos que bancar. Dentro de unos
días empezamos a cortar pimiento, hay días en que us-
ted va a contar con 5 ó 6 personas y hay días en que no
va a venir ni una sola».
«…ésta es una zona en que hay 4 ó 5 grandes y bueno,
se llevan la gente cuando la quieren. Pongamos, en épo-
ca que no es de cosecha, a lo mejor, tienen 15 personas
trabajando, llegó el tiempo de la cosecha y tienen 50. Si
Desdeelfondo N° 46
36
yo tengo 5 trabajando en mi finca, se van allá… La finca
grande les paga escolaridad, les dan premios a los me-
nores, que dicen que los menores no tienen que traba-
jar, en las fincas chicas nos señalan si les damos trabajo
pero a las fincas grandes van los menores y hacen un
tacho, les pagan un tacho y medio. Entonces, vamos en
desventaja…»
«…mi papá tiene contrato y tiene uva chardonnay y
se la compra Chandon y ellos ponen el precio y no uno,
y siempre uno va a perder, las pymes van a perder, las
pequeñas».
Transformaciones en la mano de obra
Un productor vitícola de Gualtallary comentaba: «La
escasez de personal para cosecha de uva es terrible. El
Ministerio de Trabajo les exige edad de 18 años. Si va el
grupo familiar y cosecha hay problemas con la ley. An-
tes ese chico aprendía un oficio, pero si llega el Ministe-
rio de Trabajo te destruyen». Antes la familia llevaba a
todos a trabajar la tierra, ahora no.
Los productores contratan mano de obra en la loca-
lidad, pero como no alcanza se manejan también con
gente del norte de Argentina (la mano de obra es en un
50% del norte: Tucumán, Jujuy, Salta), empresas de re-
cursos humanos y cooperativas de trabajo.
En general, se ven muchos casos en los cuáles los
productores y trabajadores rurales se dedican al trabajo
agrario porque es lo que aprendieron de chicos traba-
jando al lado de sus padres. Esto se observa sobre todo
en los trabajadores y contratistas de viña.
Así, la capacitación en trabajos agropecuarios, y sobre
todo de viña son visualizadas como capacidades apren-
didas más allá de la educación formal, en el ámbito fa-
miliar, ayudando desde chicos a sus padres.
Otra problemática es la de aprender el trabajo desde
chicos, éste es un tema cultural. Las empresas grandes
no dejan que los chicos entren a las fincas, los mandan
a una guardería. «Pero la gente no está acostumbrada
a que les saquen los chicos, por eso se quedaban sin
cosechadores» comenta un obrero rural. Es parte de la
cultura del trabajo. Con los chicos hacen 2 tachos en lu-
gar de 20. Debería analizarse en las zonas rurales qué
tareas pueden desarrollar los chicos. Ellos se sienten
orgullosos cuando van a cobrar sus fichas, con eso se
compran sus útiles, sino tienen que esperar que vaya el
Estado a darles.
Si visualizamos está temática a la luz del punto de
vista del Ministerio de Trabajo, surge un serio conflicto,
pues el Ministerio de Trabajo les exige edad de 18 años
«…Antes ese chico aprendía un oficio, pero si llega el
Ministerio de Trabajo te destruyen… Si va el grupo fa-
miliar y cosecha hay problemas con la ley…»
Los productores se muestran enojados con el gobier-
no por la existencia de los planes sociales, ya que con-
sideran que generan un circulo vicioso, y van en detri-
mento de la cultura del trabajo. Comentan que antes no
había «todos estos planes, todas estas cosas, todos estos
engaños, porque son engaños. La gente se ganaba su
propio dinero para seguir viviendo. Y bueno, empeza-
ron con esto… todas estas cositas y han echado a perder
a la gente. Le han cambiado la mentalidad». «Se acos-
tumbraron a los $150, como no les alcanza les traen el
bolsón, es un círculo… La gente de Mendoza no quiere
trabajar, quieren el plan trabajar, esos dos millones de
personas en 10 años van a ser 8 millones». «…hay mu-
chos que cobran los planes esos, las ayudas del gobier-
no. Y no sé cómo se las arreglan. Hay muchos que viven
de eso… Y sí, cobrarán eso y hacen changueos. Capaz
que vienen a cosechar, póngale, le cosechan 2 ó 3 días
por semana y los otros días no vienen». «Hay mucha
gente que le pagan esa plata y prefiere estar sentada en
su casa y no ir a trabajar».
En relación al empleo en regla y el empleo en negro,
la legislación implementada por el Ministerio de Traba-
jo como para el trabajo «agrario» la leyes la n° 22248 de
1980 que ha sido modificada muy poco. La ley contem-
pla menores beneficios para este tipo de trabajadores.
Los trabajadores «agrarios» o rurales son considerados
en una categoría inferior a los demás. En el caso de los
contratistas de viñas y frutales, están en el marco de la
Ley 25089, obran 10 mensualidades y un porcentaje,
actualmente tienen salario familiar y se consideran en
relación de dependencia.
El mayor problema para el Ministerio es el trabajo en
negro, es decir, «trabajo no registrado», porque los tra-
bajadores no tienen obra social, ni aguinaldo, ni vaca-
ciones, ni art. El minifundista generalmente no puede
trabajar en blanco.
Los productores se quejan de las altas cargas socia-
les que tienen cuando se contrata mano de obra. «…
blanquear el personal acarrea costos enormes. Hay que
hacerles hasta seguro de vida, que no tenemos ni no-
sotros. No son cifras normales, el día que haya valores
normales van a haber muchos en blanco. Los costos hoy
son enormes. Además hay competencia desleal de las
empresas grandes, que dibujan cooperativas de trabajo
para contratar gente… Hacen figurar como que consti-
tuyen una cooperativa de trabajo los empleados, pero
se la manejan los empleadores, y así no pagan nada,
Políticas de estado y modelo agroexportador: el retorno al escenario de lo público
37
ni aportes, y como los empleados no tienen nada, ¿qué
les van a embargar? Las empresas grandes delinquen
sin que se les pueda decir nada, son ladrones de guante
blanco».
Respecto a la problemática de la falta de mano de
obra, se debe dejar de lado el prejuicio de que los pobres
rurales son vagos o que trabajan hasta cubrir lo nece-
sario para su subsistencia, y recurrir a análisis desde
perspectivas tanto antropológicas como desde la psi-
cología social, para poder comprender la complejidad
de las actitudes de las personas. Al respecto, tal como
plantea Guillermo Ander Egg, retomando a Ardila «…el
desaliento de los asalariados está entonces, claramente
vinculado a una situación de pobreza cultural. La des-
esperanza aprendida se caracteriza por la creencia de
que los eventos son inevitables, no haber esperanzas de
cambio y considerar que no se puede hacer nada para
escapar del destino». (Ardila, 1979)
Es partiendo de lo enunciado arriba que se puede
comprender la situación de desesperanza y falta de mo-
tivación para salir a buscar empleo, que enfrentan algu-
nos trabajadores rurales.
Cómo nos decía la celadora de la escuela de Gualta-
llary «…Hay que levantar de a poco la autoestima de
todos, de toda la comunidad».
6. Conclusiones: Las transformaciones en el territorio, diversas sus expresiones y la posibilidad de generar desarrollo
Al analizar las transformaciones en Gualtallary, se ob-
serva que no sólo se han producido modificaciones en
el territorio a nivel de cambios en la división de la tierra,
en los tipos de cultivos, la tecnificación de la producción
vitivinícola, la introducción de un nuevo modelo de pro-
ducción vitivinícola basado en la calidad que coexiste
con el tradicional modelo productivista, el cambio en
las escalas de producción; sino que también pueden
observarse otras modificaciones a nivel territorial, ta-
les como la restricción en el acceso a la tenencia de la
tierra para los actores locales, por sus elevados costos,
la creciente tendencia a la extranjerización de la tierra,
la deficiencia a nivel institucional y organizacional, la
falta de servicios sociales como salud, educación, fal-
ta de servicios básicos de agua potable, electricidad y
transporte principalmente.
El territorio se complejiza a partir de nuevos usos del
territorio, tales como el turismo vitivinícola, el surgi-
miento de villas de emergencia rurales con característi-
cas urbanas, tornándose en algunos casos alarmante la
problemática habitacional y el hacinamiento; situación
aún más compleja en Gualtallary por la problemática
de la tenencia de la tierra y las irregularidades en las
ventas de parcelas.
Se ha pasado del trabajo «por contrato» en las fincas
grandes, con una ganancia para el contratista del 15%
de la producción al sistema de manejo de fincas por ad-
ministración, por ser más rentables —económicamen-
te hablando— para el gran productor.
La mano de obra se constituye actualmente en una
problemática preocupante en el sector agropecuario
mendocino, sobre todo en las épocas de cosecha, cuan-
do existe mayor demanda. Se da competencia por la
mano de obra entre productores de distintas escalas
productivas en condiciones desiguales, viéndose des-
favorecidos los pequeños productores, quienes tienen
mayores dificultades para cumplir con los requerimien-
tos legales para ser empleadores registrados. Al respec-
to de la temática los productores remarcan que la base
del problema está en la existencia de los planes sociales,
que han generado una cultura de desdeño del trabajo.
También se da la disputa por la escasa mano de obra, en
el caso de haber diversificación productiva en la zona,
entre el trabajo en la vid y otros tipos de producción
agrícola.
La situación del empleo rural agropecuario toma ma-
tices más complejos si se considera que debido al cum-
plimiento de la normativa que indica que los menores
de 18 años no pueden trabajar. Se debe tener en cuenta
que los jóvenes tienen derecho a la educación y a crecer
sin trabajar. Esto ha generado conflictos con efectos di-
versos en la población. En los ámbitos rurales tradicio-
nalmente salía a trabajar toda la familia, desarrollando
los chicos tareas livianas, ayudando a complementar
el trabajo de sus padres, y aprendiendo un oficio para
cuando pudieran trabajar por su propia cuenta. Por
lo cual, al impedirse el acceso de los niños a las fin-
cas mientras sus padres trabajan, se genera un doble
conflicto, ¿qué hacer con los chicos mientras sus padres
trabajan? ¿Cómo van a aprender un oficio si no lo inter-
nalizan aprendiéndolo al lado de sus familiares cerca-
nos? Al primer interrogante se suele responder con la
creación de guarderías, pero los trabajadores rurales no
se adaptan con facilidad a ellas. En el caso del segundo
interrogante, es difícil visualizar cómo aprenderán el
oficio estos jóvenes. Sin embargo esta problemática ha
sido puesta sobre el tapete recientemente a pesar de ser
de larga data, y están en discusión posibles opciones
para dar solución a la misma, debe darse para todo esto,
un cambio cultural importante en la población.
Desdeelfondo N° 46
38
Se suele culpar a los trabajadores rurales por su in-
constancia para trabajar, por su desgano y despreocu-
pación y previsión frente al futuro, por su poca partici-
pación en el desarrollo comunitario; olvidando que en
las condiciones que se encuentran, de desaliento apren-
dido, es muy difícil visualizar una salida de la situación
socio-económica de la que son víctimas.
Entonces cabe preguntarnos por el desarrollo, ¿esto
es el desarrollo? Se observa crecimiento económico
vinculado a los emprendimientos vitivinícolas, pero no
mejoras en la calidad de vida de los pobladores de las
zonas de producción vitícola y vitivinícola, ni desarro-
llo territorial reflejado en disminución de los índices de
pobreza, mayor acceso a servicios, y mejora en las pres-
taciones de los mismos, como tampoco se observa el
surgimiento de organizaciones de la comunidad y pre-
sencia de instituciones estatales en el territorio.
Quizás debería, desde el Estado, comenzar a cuestio-
nar más la ingerencia de los sectores y actores privados
presentes en los territorios, en aras de la construcción del
desarrollo territorial, en un sentido amplio de la palabra.
Retomando los conceptos teóricos expuestos, a luz
de la realidad de Gualtallary podemos observar que no
solo es difícil generar desarrollo rural en comunidades
rurales con poblaciones totalmente polarizadas, sino
que parece imposible generar desarrollo sostenible en
lugares donde los pobladores se ven obligados a vender
su mano de obra a muy bajo costo, para realizar trabajos
por los cuales se paga muy bien en otras zonas vitícolas
del mundo (Napa Valley, en Estados Unidos, Toscana
en Italia).
Si destacamos que sus condiciones de vida son pau-
pérrimas, sin acceso en gran parte de la localidad al ten-
dido eléctrico, ausencia de red de agua potable y gas
natural comprimido, escasa frecuencia de colectivos,
distancia de los servicios de salud y falta de al menos
un centro de salud en la localidad, llegando a detectarse
que al menos tres de cada diez familias residentes en la
zona tienen un hijo con algún tipo de deficiencias, ya
sea psicomotriz o mental. ¿De qué desarrollo se puede
hablar en estas condiciones?
Si a esto agregamos la situación de marginalidad y
condiciones de trabajo muchas veces indignas, empleo
en negro, tenencia irregular de la tierra, villas margina-
les con características urbanas instaladas en el margen
de los canales de riego, se hace muy difícil pensar en
estrategias que saquen a esta población de las condicio-
nes de pobreza en las que viven, ya que el sector públi-
co genera estrategias asistencialistas de corto plazo, de
contención, y no logra construir verdadero desarrollo
que posibilite a estos sectores ser parte de la sociedad y
no vivir al margen de ella.
Se puede visualizar en Gualtallary las consecuencias
de la retirada del Estado del territorio propia del neo-
liberalismo, dejando a la población sin contención de
ningún tipo y a la dádiva de las consideraciones de los
capitales privados con inversiones vitivinícolas instala-
dos en la zona.
Se ven reflejados los cambios en la ruralidad que se
propugnan desde distintos puntos de vista teóricos y
políticos. Los lazos entre las zonas rurales y urbanos
son muy estrechos, tanto en lo productivo, en la gene-
ración de insumos y servicios. En el caso de Gualtallary
destaca la importancia del turismo rural y vitivinícola
como forma de vincular lo local con lo globalizado, sin
embargo es necesario generar lazos sociales más fuer-
tes y redes para lograr generar valor agregado a estos
servicios, de modo tal de dejar instaladas en la pobla-
ción capacidades, saber hacer, para que puedan hacerse
cargo de brindar servicios, generar emprendimientos y
no sólo verse a si mismos como mano de obra barata.
Emerge de la conceptualización en relación a los te-
rritorios analizados que es muy cierta la observación de
algunos autores respecto a que cuando se habla del de-
sarrollo territorial rural «se presta generalmente poca
atención al conflicto social como parte consustancial de
cualquier proceso de cambio en una comunidad deter-
minada», en este sentido se observa por ejemplo, cómo
en el caso de Gualtallary se busca solucionar proble-
mas coyunturales vinculados a servicios básicos pero
cuando uno comienza a embeberse de la realidad, de-
tecta que hay un problema de base mucho más comple-
jo como es la problemática de la tenencia de la tierra y
la irregularidad con la que dicho conflicto se aborda,
sin tener una resolución política que incluya a toda la
población, signando así la imposibilidad de avanzar en
otras problemáticas por resultar fundamental la resolu-
ción de dicho conflicto generalmente no visualizado.
La cuestión de la participación y del compromiso de
los actores sociales locales no solamente recae en la
importancia de brindarles un papel central en el de-
sarrollo, ni en facilitarles herramientas para lograrlo.
También obliga a cuestionar si las actuales condiciones
del medio rural y sus espacios de relación presentan las
interacciones necesarias para lograr el desarrollo local
propuesto. En este contexto resulta difícil el que se pue-
da dar una articulación eficaz entre mercados, redes so-
ciales y agentes empresariales.
La construcción, sostenimiento y apropiación de re-
des sociales y productivas, la generación de capacidades
Políticas de estado y modelo agroexportador: el retorno al escenario de lo público
39
en los agentes presentes en el territorio, la participación
social como modos de ser intrínsecos al territorio son
difíciles en la medida en que no haya políticas claras de
apoyo al desarrollo rural entendido no sólo como creci-
miento económicos sino como desarrollo de institucio-
nalidad, redes y generación de servicios en las comuni-
dades rurales.
Destaca a través del análisis teórico realizado, y se
ve confirmado con las entrevistas, encuestas y distin-
tos datos relevados en la localidad, la necesidad de una
política de desarrollo rural a nivel nacional, que con-
textualice las acciones que se realizan en territorio por
diferentes instituciones y organizaciones con el fin de
construir desarrollo rural, para que de este modo se fi-
jen posibles horizontes de desarrollo rural y no sólo se
realicen acciones puntuales en algunas zonas rurales.
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Desdeelfondo N° 46
42
A partir del conflicto del agro qué cuestiones asomaron en la escena política y económica de la Argentina. Algunas reflexiones*Graciela Mingo
No podemos soslayar que aparecieron reminiscen-
cias golpistas en el desarrollo de los diferentes aconte-
cimientos relacionado con este conflicto, puntualmente
en el cacelorazo y principalmente alrededor de Olivos,
lo cual no fue el sentir de todos los ciudadanos. Entre
estos últimos se encuentran grupos sociales que pro-
testan, como los de Federación Agraria y los autocon-
vocados agrarios del interior, los cuales sostuvieron sus
reclamos en las rutas del interior del país.
Sin duda existió un cambio en el humor de los argen-
tinos, aunque detrás de cada expresión se mostraron
voces disímiles que arropan, en sí mismas, manifesta-
ciones de descontento diferenciales: descontento por las
retenciones, por la inflación, por la inseguridad; men-
cionando sólo algunos de ellos. Se intentaron acallar es-
tas expresiones a través de los grupos de choque, como
el de los camioneros de Moyano conducido por su hijo
en la ruta 14 a la altura de Ceibas, en el inicio del paro
de las entidades y de los autoconvocados. Se sumó a esto
la contraofensiva de D'Elía violentando aún más el áni-
mo de muchos porteños en la Plaza de Mayo en una de
las manifestaciones, y luego a través de los medios de
comunicación expresando su «odio a la oligarquía…».
Esta dicotomía también surgió en el análisis de algunos
periodistas cuando distinguían a los manifestantes en
el cacerolazo. Los medios de comunicación participa-
ron en la polémica formando opinión y se escucharon
adjetivaciones propias de la lucha de poder expresada
en rivalidades de piel y hasta en formas de vestirse.
En esta oportunidad intentamos reflexionar desde una
perspectiva que conjuga un posicionamiento desde el
interior y un posicionamiento político, a partir del cual
entendemos que el progresismo necesita de otra forma
*Este escrito se basa fundamentalmente en el análisis del con-flicto (21 de paros, la tregua de los 30 días) y es un aporte para el debate que con el rechazo de la Resolución 125 y su derogación, posibilita nuevas miradas del panorama social y político de la Ar-gentina, como del agrario.
A los 21 días del conflicto del agro
La sociedad argentina ha echado al ruedo de un nue-
vo debate en la Argentina con expresiones diferenciales
a partir del conflicto agropecuario producido, en esta
oportunidad, con los cortes de rutas en lugares neurál-
gicos del país. Modalidad distinta a las sostenidas en los
paros de algunos momentos del año 2006 y 2007 por
sectores particulares ligados a la actividad agropecuaria
(ganaderos y lecheros). El emergente fue al tomarse de
manera inconsulta la decisión de aumentar el valor de
las retenciones y hacerlas móviles, principalmente para
productos como la soja. Además, la medida adoptada
estaba diseñada como si el campo fuera homogéneo,
sin diferenciar a los productores por los tamaños, las
zonas y los niveles de rentabilidad.
A partir de esta decisión, para nada consensuada, co-
menzaron a correrse las máscaras, luego de un mayo-
ritario acuerdo electoral y a cien días de asunción del
nuevo gobierno. Asomaron por las bisagras manifesta-
ciones de disenso identificadas en los cortes de rutas
por los chacareros, en una mesa de enlaces que unifica-
ba a los propios sectores del agro y en la espontaneidad
de muchos de los pobladores que, con sus diversos ma-
tices, se expresaron el martes 25 de marzo con las cace-
rolas en las calles. Se sumaron también las respuestas
de la ciudadanía a través de la radio o los medios gráfi-
cos, expresando en parte el rechazo a la forma de cons-
truir poder del gobierno saliente y del nuevo entrante.
Políticas de estado y modelo agroexportador: el retorno al escenario de lo público
43
de construir poder; y deduciendo que ésta es una lucha
por el capital, donde lo que está en juego para algunos
sectores es la rentabilidad y para la gran mayoría enfren-
tar el flagelo de la inflación (que se trata de ocultar tergi-
versando los números) y que nos carcome los salarios.
De pronto cobró énfasis el escenario de la Argentina
candente y, como decían algunos analistas políticos en
el momento del inicio del conflicto: «se ha impuesto
la tesis defendida por su marido, el ex presidente, de
que la huelga en realidad era un desafío político y que
fiel al estilo de gobierno iniciado por Néstor Kirchner lo
mejor era seguir adelante y doblar la apuesta. Teniendo
todo a favor fueron hasta el borde del abismo»1 .
Con dicha apuesta de confrontación, luego del silen-
cio de Semana Santa y con las posteriores expresiones
en contra del paro por parte de funcionarios del gobier-
no, la expectativa de la población adquirió atisbos poco
pensados al escuchar el primer discurso de la presiden-
ta. Se pasó de la perplejidad a la acción de los chacare-
ros y de la población, quienes se manifestaron en las
ciudades como repudio al tono soberbio, a la inflexión y
a la tozudez expresada. Fue un discurso que mostraba,
con demasía, una firmeza en no retroceder en las deci-
siones tomadas e intentaba dividir al sector, y también
a muchos argentinos, a partir de la descripción de dos
modelos ideológicos que poco tenían que ver con la rea-
lidad del interior.
Las diferentes respuestas públicas y los pocos o es-
casos encuentros entre las partes llevaron a una pro-
longación que puso a los argentinos «al borde de un
ataque de nervios»: el paro de 21 días, los 30 días de
negociación, la reiteración de los cortes de rutas como
expresión del sector agropecuario. Podemos decir que
esto no se dio por que sí, sino que fue una respuesta a la
imposición inconsulta de las retenciones móviles, que
fueron más allá del 35% fijado el Y Y de marzo a la soja
y al girasol. Cortes de rutas, desabastecimiento y paros
en la venta de granos, se prolongaron cuando la presi-
denta continuó con discursos cargados de reproches en
la complejidad del contexto, al tratar de reafirmar la po-
sición inamovible del gobierno, aludiendo al conflicto
como el «paro de la abundancia» y refiriéndose luego a
la soja como «ese yuyito». De esta manera agrietó aún
más y partió a los ciudadanos a partir de la construc-
ción de una realidad binaria que rememora rivalidades
de antaño y que, con el correr de los días, se manifestó
en expresiones muy álgidas, escraches, amenazas y re-
proches; todas actitudes poco felices de ambos lados.
1 Diario El país, 30 de marzo de 2008.
Entendemos que detrás de esta apariencia —al desta-
parse las máscaras por las expresiones y acciones de los
chacareros, los medios de comunicación y la gente— se
asomaron otras necesidades que vuelven a mostrar a
nuestra Argentina en ese bamboleo de país espasmó-
dico y con demasiadas convulsiones en su proceso de
convivencia. Convulsiones producidas muchas veces
por decisiones que rozan lo económico y otras, lo po-
lítico; aunque ambas son dimensiones muy vinculadas
que producen confrontaciones y malestar cuando no se
sabe aprovechar la bonanza como estrategia de política
exterior.
De la crisis a la recuperación
Nuestro país ha pasado de momentos tensos y de cri-
sis presentando períodos cíclicos, a instancias que se
pueden aprovechar en cada momento histórico. Pero
lamentablemente y la mayoría de las veces, la bonanza
y los vientos a favor en el «haber contable» han tapado
las advertencias que asomaban para muchos de los gru-
pos sociales. La ceguera de quienes gobiernan las han
ocultado y no han estado presentes la prioridad de eva-
luar y cambiar los rumbos económicos y las decisiones
políticas. Esto ha producido costos sociales muy altos
para los argentinos. Sirven a modo de ejemplo la hiper-
inflación en 1989, la reseción en los años 1998/99 y la
crisis del 2001.
La debacle política y social en las crisis de los años
2001/02, afectó al conjunto de los argentinos: algunos
quedaron sumergidos en mayor pobreza y aumento
continuo de la desocupación, la precariedad y el ham-
bre, constituyendo los rostros de desesperación; a otros
le significó quedar acorralados en los bancos con sus
pequeños o abundantes ahorros, lo cual despertó la
furia de muchos y se palpó el deterioro de los bancos
a nivel financiero. Entonces los actores de la democra-
cia posibilitaron la huida de un gobierno con su propia
expresión de resistencia, el cual era producto de una
Alianza lograda de manera poco compacta: sólo en el
momento eleccionario apareció sólida y luego se des-
vaneció hasta llegar a la transición veloz de tener cinco
presidentes en un tiempo record.
Al recorrer material documental y revisar la memoria,
podemos decir que a partir de la devaluación germinó
la clara tendencia de fomentar una política exportado-
ra, iniciada por Duhalde y profundizada por Kirchner,
como estrategia diferenciadora y quiebre con la pro-
puesta de apertura indiscriminada a las importaciones
propias del neoliberalismo que caracterizo la década de
Desdeelfondo N° 46
44
los años noventa. El cambio monetario se produjo sin
anestesia: se dejó la convertibilidad para pasar a la brus-
ca devaluación de la moneda nacional, lo cual significó
un mejor rumbo del crecimiento económico de nuestro
país, cuyo hito lo debemos referenciar en el año 2003.
Como dice Miotti, «el crecimiento es muy sólido y los
excedentes fiscal y exterior brindan márgenes de ma-
niobra considerables a la política económica» (2007:11).
Aquí vale la primera pregunta que nos hacemos: ¿se
planificó en este margen de vientos a favor a partir de
la llegada de Kirchner al gobierno o se siguió en la co-
yuntura disfrutando de los mejores aportes que daba
la base imponible fiscal, los aires de demanda de ali-
mentos por parte de le economía internacional vía los
commodities?, ¿se pensó solamente en cómo salir del de-
fault?, ¿se planificó o se disfrutó de la bonanza?
La bonanza del crecimiento económico y los logros sociales
El crecimiento económico, como variable, es un pará-
metro visible que ha estado atado a un contexto inter-
nacional que favoreció los precios de los granos y a la
devaluación como herramienta que, con un dólar alto,
mejoró dicha perfomance. La misma se vio retroalimen-
tada por el aumento del poder de consumo de los ar-
gentinos, la reactivación del agro y de la industria y, por
ende, por la disminución del desempleo y la pobreza.
Todo esto le dio un respiro muy grande al Presidente
Kirchner en su mandato, aunque en el año 2006 co-
mienzan los primeros enfrentamientos con el sector
rural por el tema de los precios de los productos (leche
y carne) a nivel interno y las exportaciones.
No olvidemos que a los Argentinos, sin entender mu-
chas veces el manejo de la política de Kirchner en otros
planos, nos llegó con mayor fuerza la disputa ligada a la
lucha contra las compañías privatizadas y a mantener
las tarifas de los servicios sin variación, discurso que
fortaleció el sesgo fuerte de arremeter contra con ene-
migos concretos (por ejemplo Schell). Se mostró una
política más intervencionista y participación del Esta-
do, con mucha raigambre en la defensa de los Derechos
Humanos. De esa manera se logró una base de susten-
tación más amplia, contenedora de diversos sectores
políticos: ciudadanos medios, intelectuales, grupos li-
gados a los organismos de Derechos Humanos, movi-
mientos sociales de izquierda y acérrimos enemigos del
pasado de las políticas neoliberales.
Desde el plano social, la bonanza estuvo acompañada
por la marcha de los programas sociales que contribu-
yeron a controlar las tensiones generadas por el incre-
mento de la pobreza, y por la posterior disminución de
la misma al incentivarse la industria, el comercio, la
construcción y requerir mano de obra calificada. Se res-
pondió a cuestiones sociales tales como que un grupo
considerable de personas de la tercera edad accedieron
a las jubilaciones sin haber realizado aportes al sistema,
lo cual fue un signo positivo de distribución de la rique-
za. Estos son algunos de los beneficios que es necesario
reivindicar, lo que no implica que no queden muchas
asignaturas para seguir trabajando.
Miotti, al analizar la salida de la crisis, dice respecto
al accionar en lo económico: «(…) rápidamente el presi-
dente Néstor Kirchner, elegido en mayo de 2003, con-
quistó una fuerte legitimidad interna sobre todo gracias
a su discurso de moralización de la vida pública y de fir-
meza en las negociaciones con el fmi, en la discusión
de los contratos con las empresas de servicios públicos
privatizados y en la renegociación de la deuda pública
con los acreedores internos y externos»2 .
En los primeros momentos de la devaluación la eco-
nomía mostró alcances monetarios positivos. Esto per-
mitió a sectores como la avicultura, la lechería y el agro
en general, competir en el mercado internacional con
el fuerte acento de los commodities de China e India,
que demandaban productos primarios como la soja y el
maíz. Se produjo así un incremento con un desarrollo
sostenido, ayudado por el crecimiento económico inter-
no a partir de los acuerdo de paritarias logrados en los
aumentos de salarios superiores en sus valores a la in-
flación que empujó a un fuerte consumo interno de la
población.
Según Quetglas, «Desde la salida de la convertibili-
dad, las retenciones (en general, no sólo las agropecua-
rias) han constituido uno de los pilares de la recupera-
ción de los ingresos públicos, permitiendo de ese modo
financiar acciones urgentes (planes sociales) orientadas
a garantizar un mínimo de equidad social, sostener la
demanda doméstica, y evitar la profundización de que-
brantos entre las Pymes y microempresas que destinan
su producción al mercado interno y contribuir a la paz
social y la gobernabilidad» (2007,4).
Las luces amarillas en el proceso de sojiza-ción
Con el correr del tiempo aquel panorama favorable del
que hablábamos más adelante, empezó a mostrar defi-
2 Idem
Políticas de estado y modelo agroexportador: el retorno al escenario de lo público
45
ciencias y, más precisamente en el año 2006, se ocul-
taron algunas voces disonantes provenientes de ciertos
sectores del agro; ocultamiento coadyuvado por el cam-
bio de los Ministros de Economía y el posicionamiento
e injerencia del Secretario de Comercio en otras órbi-
tas del gobierno. Es así como siguieron aumentando las
retenciones y se frenaron las exportaciones de carne.
También se intervino el indec a fin de «dibujar» una
inflación menor a la real y de no publicar otra informa-
ción necesaria para evaluar el ritmo de la economía.
No es menos cierto que el proceso de sojización en
Argentina se incentivó de manera exponencial, en la
medida que los acuerdos con los sectores de agro que-
daron sin resolverse, a veces incluso por conveniencia
de los propios productores o los pools. Este proceso no
es nuevo, desde mediados de los años noventa se acele-
ró la concentración agraria: muchos de los pequeños y
mediados propietarios arrendaron sus tierras, así como
otros ensancharon sus riquezas a través de sociedades
y pools de siembras. Al igual que Ruiz diremos: «La
principal causa de la “sojización” es la falta de rentabili-
dad de las producciones primarias (arroz, citrus, leche,
etc.). Es esta misma razón por la cual los productores de
estas producciones fueron parte activa de los reclamos
de estos días inclusive a costa de perder plata en forma
directa» (2007,7)3.
Para la economía de un país como el nuestro, en un
vaivén permanente, es fundamental tener políticas pre-
cisas para los sectores, en este caso particular para los
distintos grupos del agro. Las medidas tomadas fueron
coyunturales y en post de mantener un caudal recau-
datorio impositivo posible de manejar desde el poder
central como estilo de hacer política. Se engrosó la
partida que financia obras públicas de provincias y de
municipios mediante transferencias otorgadas según
el grado de afinidad con el gobierno nacional, política
implementada desde Néstor Kirchner. Hoy se pretende
continuar con dicha política, pero este conflicto permi-
tió hacer sentir voces que intentan un cambio en el ma-
nejo de la «cosa pública» y en la forma de construcción
del poder.
3 Ejemplo de esto es cuando «…las naranjas de un camión que se esparcieron por la ruta porque no podían pasar por los cortes…» los que tiraban las naranjas en la ruta eran los mismos produc-tores citrícolas como una forma de protesta que, entre otras co-sas, explicaban que las campañas anteriores tuvieron que tirar sus producciones por la poca rentabilidad que tenían (com. pers. E Blanco).
Detrás de la polémica de las retenciones móviles
Al iniciarse el período de tregua, se esperó que se rea-
lizaran acuerdos entre el gobierno y las sociedades del
campo, con pequeños consensos convenidos con algu-
nos de los funcionarios claves del gobierno nacional.
Esto hubiera permitido distender las tensiones e ini-
ciar el camino de trabajar desde las diferencias y las
necesidades de cada sector; pero hacerlo demandaba
—principalmente al presidente del pj— superar el ses-
go ideológico «setentista» que poco tiene que ver con la
dinámica económica y social actual. Se esperaron estra-
tegias tendientes a menguar el conflicto que el propio
gobierno gestó, claridad en la existencia de la segmen-
tación rural (no poner a todos en una misma igualdad
como si fuera la vieja oligarquía de la mitad del siglo
xx)… Esta complejidad comenzó a ser tenida en cuenta
con el transcurrir de los días, aunque debió contemplar-
se desde los inicios de la cuestión. De esa manera se hu-
biera evitado tantos días de paro y el desabastecimiento
de la población. Podríamos decir que no se analizó ni
interpretó el comportamiento y el nivel de convocatoria
del sector rural, expresados en sus diferentes manifes-
taciones: los cortes de rutas y las asambleas que concen-
traron a cantidad de productores rurales en diferentes
rincones del suelo argentino.
Cabe recordar que desde los inicios de la democracia,
en las provincias se habla de dar mejores rutas de sali-
da a la producción agropecuaria, pero todavía hoy fal-
ta mucho por hacer. Las situaciones de incertidumbre
fueron una constante. Así tenemos, por ejemplo, a los
pequeños productores tamberos, muchos de los cuales
dejaron de llevar la leche a las usinas industriales cerca-
nas y de realizar queso, para darle valor agregado a sus
productos y una parte destinarla a las fábricas. Cuando
este sector comenzó la lucha por el precio y fueron favo-
recidas algunas industrias, como La Serenísima y San-
cor (con la participación de capitales venezolanos), que
pasaron a ser las formadoras de precios por recibir sub-
sidios. Entonces, los productores medianos y pequeños
cambiaron sus estrategias y se volcaron a otra actividad,
como plantar soja o arrendar las tierras para mantener
sus ganancias. Hoy, no saben si seguir produciendo
quesos, carecen de la energía trifásica y la monofásica
no les da resultados.
Circunstancia similar aconteció con la carne. Toman-
do las palabras de Eduardo Azcuy Ameghino, «los pro-
ductores hicieron paro, los que mandaron vacas fueron
Eduardo Eurnekian, los Werthein, la Hidrovía. El pro-
Desdeelfondo N° 46
46
blema es que el Gobierno no sólo no segmenta, sino
que termina apoyándose en los grandes. Los grandes
se mueren de ganas de arreglar con el Gobierno»4. Las
incertidumbre sigue vigente, pues no hay un rumbo
concreto en la agenda. Quienes pensaron que el gana-
do volvía a tener vigencia en Argentina luego de la cri-
sis del 2001, llegaron a principio del 2006 con freno
a los precios y exportaciones. Entonces, nuevamente
los productores debieron decidir qué hacer. Muchos re-
solvieron, como decíamos más arriba, plantar soja; los
chicos y los grandes productores con intereses diferen-
tes echaron su suerte. Nuestros campos de la Pampa
Húmeda dejaron de mostrar ganado para pasar a tener
mayores extensiones de soja, mezclada con trigo, maíz
y girasol.
En este escenario preguntamos: ¿quién marca la
agenda pública?, ¿la sociedad o quien ejerce el poder
del gobierno? No podemos engañarnos creyendo que
recién hoy surge un modelo de concentración del cam-
po. A través de las cifras vemos que la concentración
es mayor cada día, lo que podemos entender a partir
del análisis de los datos de los censos agropecuarios
1988/2002: las explotaciones agropecuarias decrecie-
ron a nivel nacional en casi un 8%. Sabemos, además,
que existen nuevos propietarios que no son la oligarquía
de hace cincuenta años, muchos de ellos sindicalistas,
sociedades anónimas, artistas, deportistas y empresas
extranjeras. El dólar alto permite exportar y lograr ren-
tabilidad, pero también favorece las ventas de nuestros
campos a multinacionales e inversores extranjeros a
precios irrisorios. Además, mantener esta modalidad
produce mayor inflación a largo plazo, precisamente
cuando esta moneda está más baja en el resto de los
países del Mercosur.
Si el debate pasa únicamente por las retenciones, no
podemos dejar de lado como dice Quetlas que «la irra-
cionalidad del sistema fiscal, no es más que un reflejo
de la irracionalidad extendida en el espacio público en
Argentina. La misma que empuja el debate a la carica-
turesca simplificación “sí o no retenciones”… y en las
simplificaciones anidan los prejuicios y las descalifica-
ciones, las partes se insultan, el ambiente se crispa y las
soluciones se escapan» (2008, 5).
Recordemos que quien gobierna debe tomar medidas
que contemplen las demandas de los diversos actores
sociales y económicos, debe buscar el diálogo, como
lo hacía el Gral. Perón, «con capacidad de persuasión
y desde luego de conducción». Por eso corresponde al
4 Clarín, Suplemento Económico, abril de 2008, pág. 2.
gobierno sugerir la decisión en un diálogo realista de
acuerdo entre partes. Cuando se toman medidas incon-
sultas, obviando el espacio de discusión necesario que
es el Congreso, se produce mayor omnipotencia y se ho-
mogeniza a los actores. Sabemos que esto es un error
político que tiene costos, mucho más cuando se intenta
dividir de manera dicotómica a sus ciudadanos.
Evaluando el comportamiento de la sociedad respec-
to del conflicto agrario, podemos observar un efecto do-
minó que generó diferentes reacciones en actores socia-
les. Éstos, con diferentes preocupaciones, se expresaron
en las rutas y en las calles. Algunos viejos creyeron que
con cacerolas podían sostener arcaicos anhelos de una
Argentina pasada y golpistas; otros entendieron que el
estilo del gobierno dista de ser federal y se congregaron
para desenmascarar modalidades proclives a un estilo
unitario (con dos figuras presidenciales en el manejo
del gobierno, lo cual no es bueno). Desde luego que el
problema de las necesidades provinciales afloró con vo-
ces no tan nítidas que pidieron un nuevo esquema de
coparticipación, entendido como indispensable para la
distribución de la riqueza.
Muchos jóvenes expresaron otras necesidades, pues
no se pueden imaginar el futuro en este país, les da
miedo hacerlo. Así como los auto-convocados chacare-
ros del campo salieron a mostrar su indignación y tris-
teza por las medidas inconsultas, otros lo hicieron para
peticionar un cambio de estilo en la forma con que se
afrontaron los problemas y para cuestionar la estrategia
de culpabilización de determinados sectores desde los
discursos oficiales.
Sin embargo, existen grupos que quedaron anclados
en el discurso de las antinomias, binario, y señalaron a
la crítica como sesgos golpistas; cuando, por el contra-
rio, el poder de discernir y discrepar es absolutamente
legítimo en el contexto de una democracia.
Hoy, el debate es indispensable, aunque se lo quiera
retardar. Y no es menos cierta la existencia de una polí-
tica de desmantelamiento e intervención, como moda-
lidades poco afortunadas como el «apriete» a través de
patotas. Esto ocurrió con los empleados del indec, para
ocultar los valores reales de la inflación, la balanza de
pago, la pobreza, etc.
No olvidemos que debemos seguir pagando los intere-
ses de la deuda externa y los nuevos endeudamientos.
Tampoco podemos dejar de mencionar que el gasto
público ha crecido, sigue aumentando y su uso es dis-
crecional.
Es cierto que miles de niños y hogares argentinos
duermen en lugares plagados por la contaminación, y
Políticas de estado y modelo agroexportador: el retorno al escenario de lo público
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es real que otros miles de niños y de argentinos están
mal alimentados en el país que en el siglo xix y parte
del xx fue considerado el Granero del Mundo; pero esto
no es producto de un conflicto coyuntural. Es necesa-
rio pensar en políticas que tengan presente el acomo-
damiento de los precios internos para dar respuesta a
la población argentina, pero sin dejar de ver el contexto
internacional, otorgando más créditos y facilitando las
tecnologías para los medianos y pequeños productores,
segmentando el valor de las retenciones, fijando progra-
mas para los diferentes sectores agrarios y dotando con
créditos y capacitación a las Pymes para que sean más
competitivas en el mercado.
¿Salir o quedar en el conflicto?
El conflicto está planteado, los argentinos comenzamos
el análisis de una discusión que no es lineal. Espere-
mos que el diálogo con consenso sea factible y podamos
así garantizar la institucionalidad.
Queda planteada la necesidad de que se instrumen-
ten políticas coherentes de mediano plazo que se con-
voque a los diferentes actores, y que se llegue a superar
esta crisis que pone en jaque la manera de construir
poder político. Pensar el modelo de distribución en una
Argentina que no se nutre de amigos y enemigos, sino
de muchas variantes y segmentos sociales, deseosa por
seguir en la lucha del federalismo y por reinvindicar
al interior de nuestras provincias, las cuales son porta-
doras de la mayor ganancia debido a la exportación de
granos.
Sería un gesto de grandeza por parte de la Presidenta
y su equipo, resignificar en el diálogo sus ideas e inter-
pretar que las expresiones de la población encontraron
en la protesta un aporte a la reconstrucción del olvidado
interés general. No hagamos que un sector social, al ex-
presar su disenso, se transforme en enemigo de la Na-
ción, de manera que lo que es una protesta ciudadana
termine siendo una traición al país.
Esto sólo demuestra que las heridas de nuestra Ar-
gentina democrática son muy profundas y poco ayudan
a salir de la crisis; que su peor enemigo es la inflexión,
la terquedad, la tozudez; que es necesario resolver en
concreto el problema de la inflación.
Pensar que la derecha quiere atacar al gobierno, es
creer que la confrontación y la división antagónica es el
modelo de análisis de los argentinos; pero como intelec-
tuales hablamos en nuestras aulas del paradigma de la
complejidad. Pensar aquello sería un error, mucho más
cuando si entendemos que por cada expresión de cace-
rolas hay una desestabilización. ¿No se puede ver que
se piden reformas o cambios?, ¿no se avisora que decir
basta a un conflicto que cada día deja entrever nuevos
matices por su propia dinámica, no muy afortunada?
Desde una identidad con las raíces en el campo popu-
lar, ubicándonos en el contexto actual de la Argentina
del Siglo xxi, rescatando las necesidades de los pueblos
del interior del país, y desde un espíritu crítico; recu-
rrimos a las palabras de Perón, quien pensando en la
política como estrategia decía:
«(…) comenzamos por organizar el gobierno, creando
un instrumento de planificación, uno de racionaliza-
ción, uno de estadística. Es decir, señores, lo necesario
para saber qué tenemos, cómo lo tenemos y después,
cómo debemos actuar para realizar un trabajo(…) , has-
ta llegar a una organización estructural buena(…) ahora
hay que resolver lo funcional. Ahora es menester enca-
rar lo cualitativo». (1952, discurso pronunciado por el
Gral. Perón ante los funcionarios de la Administración
Pública).
Para finalizar diremos, desde la mirada particular,
que es bueno aceptar las diferencias, y que este es un
muy buen momento para el debate. Lo que se puso en
juego aquí, además de la resolución 125 y las retencio-
nes móviles, es un estilo de construir poder y de convi-
vencia en términos políticos con el «otro», ese que no es
tan distinto, con quien y para quien se debe gobernar.
Se impone un momento para planificar cómo resol-
ver, a través de políticas confiables, problemas acucian-
tes, los cuales no pueden dejarse en la trastienda: la
inflación, el umbral de pobreza, la inseguridad, la in-
versión, las políticas para el agro, la política industrial
y sus segmentos, que posibilitan aportar al crecimiento
en esta querida Argentina.
MIOTTI, Luis (2007). Dos desafíos cruciales: tensiones del régimen
monetario y fragilidades de la inserción comercial externa.
RUIZ, M. El conflicto agrario: una oportunidad para el desarrollo.
PERóN, Juan D. Discurso pronunciado ante los funcionarios de
la Administración Pública, 1952, Buenos Aires.
QUETGLAS, FABIO. http://www.fabioquetglas.blogspot.com/
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