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Suscripción Newsletter DESTACADOS: Tecnología / Crisis / Política ACTIVOS: Poder / Coffee Break / Negocios EVENTOS MUNDO CAPITAL CAPITAL LEGAL PODER Tierras mapuche: Quién da más Las cifras son millonarias y el presupuesto 2015 pretende seguir aumentando la partida para compra de tierras a comunidades indígenas. En medio de las críticas a la Conadi y su gestión, no hay un plan claro que explique cómo se van a gastar estas platas y cuál es el techo del Gobierno a pagar por un determinado terreno. Por Natalia Saavedra Nro. 385 14 al 27 de noviembre El revés de la reforma Mientras la reforma a la educación se... Tomás Recart: “Me quita el sueño que se cierren o privaticen colegios buenos” Por María José López Fotos: Verónica... Error estratégico de la reforma educacional Por José Joaquín Brunner, académico... MÁS DE ESTA EDICIÓN EDICIONES ANTERIORES REVISTA CAPITAL VIERNES, 14 NOVIEMBRE, 2014 POR: REVISTA CAPITAL CAPITAL EN REDES

PODER Tierras mapuche: Quién da más · 2016-11-03 · los números en torno al conflicto mapuche, no es tarea fácil. No se trata sólo de medir los episodios de violencia o contabilizar

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    DESTACADOS: Tecnología / Crisis / Política ACTIVOS: Poder / Coffee Break / NegociosEVENTOS MUNDO CAPITAL CAPITAL LEGAL

    PODER

    Tierras mapuche: Quién da más

    Las cifras son millonarias y el presupuesto 2015 pretende seguiraumentando la partida para compra de tierras a comunidades indígenas. Enmedio de las críticas a la Conadi y su gestión, no hay un plan claro queexplique cómo se van a gastar estas platas y cuál es el techo del Gobiernoa pagar por un determinado terreno.

    Por Natalia Saavedra

    Nro. 38514 al 27 denoviembre

    El revés de la reformaMientras la reforma a laeducación se...

    Tomás Recart: “Mequita el sueño que secierren o privaticencolegios buenos”Por María José LópezFotos: Verónica...

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  • El 8 de agosto pasado, un grupo de la comunidad mapuche Huañaco MellaoAutónoma ingresó a dos fundos en Ercilla –San Manuel y las Flores– reclamando supropiedad. No era una novedad en esas tierras: los predios estaban abandonadostras atentados incendiarios y los comuneros le habían señalado días antes a laCorporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), y a sus dueños, que si no seaceleraba el plan de compra, por el que llevaban años esperando, ocuparían elterreno.Casi dos meses y medio después otro grupo de comuneros, esta vez de Ñilpe, setomó las dependencias de la Conadi.

    Reclamaban las tierras de un fundo que el Gobierno había asignado a otracomunidad de Padre Las Casas. Una toma y contratoma, junto a confusos hechos deviolencia, dejaron las conversaciones en punto muerto y desataron la molestia delgrupo que, pancartas en mano, exigió una pronta solución.

    Los hechos, si bien aislados, tienen mucha relación entre sí: exigir la aplicación delos artículos 20 A y 20 B de la Ley Indígena, una regulación que nació con el fin depreservar el legado mapuche y pagar una deuda histórica territorial con susmiembros hace dos décadas, pero que hoy es utilizada como una herramienta queregula la oferta y la demanda de tierras en La Araucanía.

    La ley se ha convertido en un arma de doble filo, pues al alero de esa norma cientos

    ÚLTIMOCOMENTARIO

    Interesante listado de autores.

    En mi caso, eché de menos a Elena

    Aldunate, una de las pocas voces

    femeninas reconocidas del género y

    con una propuesta literaria muy

    valiosa.

    Por: Paula R.D. en Mapa galáctico de Chile

    http://www.capital.cl/wp-content/uploads/2014/11/tierras-mapuches.jpghttp://www.capital.cl/cultura/2014/10/30/091056-mapa-galactico-de-chilehttp://www.capital.cl/cultura/2014/10/30/091056-mapa-galactico-de-chile

  • Según

    Transparencia, a las

    115 comunidades

    que fueron

    priorizadas para la

    entrega de tierras,

    ya se les han

    otorgado 49.220

    hectáreas, con un

    desembolso de más

    de 108 mil millones

    de pesos.

    de comunidades indígenas exigen la compra de terrenos. En paralelo, los dueños ylas comunidades indígenas reclaman que la Conadi no da abasto para responder asus requerimientos: sobreprecios, coimas, demoras excesivas en las compras y unlistado infinito de organizaciones que exigen predios, son parte del problema. A lapar, el Gobierno no ha aclarado si pondrá o no un límite al programa deadquisiciones, mientras los desembolsos en en la zona suman miles de millones depesos. (Ver infografía)

    El sobreprecioAterrizar las cifras y entender qué representanlos números en torno al conflicto mapuche, noes tarea fácil. No se trata sólo de medir losepisodios de violencia o contabilizar la toma depredios, sino de analizar cuál ha sido elresultado del desembolso de millonarias sumasen la compra de tierras en La Araucanía. Ésaes la pregunta que se hace la investigadora deLibertad y Desarrollo (LyD), ClaudiaHernández. A su juicio, nunca se ha estudiadoqué efecto ha tenido para aplacar el conflictomapuche la compra de miles de hectáreasdesde Biobío a La Araucanía para serentregadas a comunidades indígenas. Por elcontrario, dice, se ha generado a lo largo delos años una política asistencial basada en unalto gasto público. Lo afirma con fundamento:entre 2004 y 2014, el gasto en la adquisiciónde tierras pasó de 19 mil a 44 mil millones depesos anuales, y seguirá aumentando sinmediar mayor análisis: en 2015 (estimando el

    alza del presupuesto), la partida destinada a la compra de tierras llegaría –segúnestimaciones de LyD– a los 78.445 millones, registrando un aumento desde el año2000 a la fecha, de más de 300%.

    “A pesar del creciente presupuesto que se ha utilizado en materia indígena, del cualen 2013 casi el 50% se destinó a la compra de tierras, seguimos frente a unasituación de demandas crecientes y de violencia en la que no se vislumbra un puntode salida. Lamentablemente, el uso de la violencia como mecanismo para acceder aéstas, se sustenta en que la política de entrega de tierras lo permite. No existe en laLey Indígena un impedimento legal para que las comunidades que hayan tomadoalgún fundo o hayan sido partícipes de una acción violenta, accedan a beneficios”,explica Hernández.

    Los números globales demuestran que, además, las abultadas cifras pagadas por ladevolución de territorio no se traducen en una disminución de los hitos de violencia.Una medición realizada por la Multigremial de La Araucanía, evidenció que lasdenuncias en la Fiscalía de Temuco entre los años 2010 y 2014, llegaron a 783episodios, sin que la ejecución de los programas de compraventa se tradujera encalmar los focos más violentos en la región.

    El criterio para tasar y comprar estos terrenos también genera alerta. Segúninformación de Transparencia, sólo en La Araucanía (considerando las 115comunidades priorizadas por el gobierno de Sebastián Piñera para la entrega depredios) se han gastado 91 mil millones de pesos en adquisiciones (desde 2010). Ala par, no existe una regulación que ponga un techo a las negociaciones, encondiciones en que el Estado es el único oferente y que las negociaciones están

  • En 2015, la

    partida destinada a

    la compra de tierras

    llegaría -según

    estimaciones de

    LyD- a los 78.445

    millones,

    registrando un

    aumento desde el

    año 2000 a la fecha,

    de más de 300%.

    presionadas por abusos a la propiedad privada.

    Pese a que no existe información oficial, en el mercado señalan que los valorespromedio no deberían superar los cuatro millones de pesos por hectárea. Noobstante, la Conadi pagó 13 millones de pesos por hectárea para quedarse con en elfundo Boyeco en Purén. Es el monto más alto registrado en la última década en elcontexto de la aplicación de la Ley Indígena. Otros dos terrenos (entre los años 2010y 2012) fueron adquiridos por sobre 10 millones de pesos por hectárea en Villarica yErcilla; y una decena de compras (entre 2013 y el 31 de diciembre de 2013)superaron los 5 millones de pesos por hectárea (ver infografía).

    Con todo, no existe un rango claro en el que se mueva la oferta estatal, pues losprecios varían entre los 800 mil pesos y los 13 millones de pesos en zonas deconflicto como Ercilla, sin hallarse una explicación clara para entender esas brechas.A juicio de los empresarios de la zona, todas las negociaciones se rigen por lainfluencia de las comunidades más violentas que presionan para la compra dedeterminados lugares. Y el tema es aún más grave. “Un estudio de la Universidad deLa Frontera demostró que 60% de esa tierra queda abandonada, lo que deja enevidencia que éste es un problema de base. Muchas veces se compran tierras sinninguna productividad, sin luz, sin agua y eso no tiene ningún sentido”, señala EmilioTaladriz, presidente de la Multigremial de La Araucanía.

    Especulación inmobiliariaEl conflicto de tierras va más allá de merasapreciaciones. La nueva administración de laConadi autodenunció supuestasirregularidades y la Fiscalía de AltaComplejidad de Temuco indaga la posibledefraudación en procesos de compraventa deterrenos. Desde la Fiscalía explican que losantecedentes han demostrado que lasinconsistencias se generan porque no existencriterios objetivos para tasar los predios,específicamente luego de que la anterioradministración de la Conadi derogara eldecreto 878, que dictaba pautas en esesentido.

    Hoy, la autoridad investiga cinco causas porirregularidades al interior de la corporación.Entre ellas se cuenta la compra de cinco

    predios en Traiguén y su sobreprecio; fraude al fisco por la adquisición de diezfundos sobrevalorados que suman diez mil millones de pesos; delitos informáticospor la eliminación de antecedentes clave en la compraventa de tierras;irregularidades en licitaciones y compras públicas del organismo; y el ofrecimiento desobornos por parte de los corredores de propiedades de la zona.

    A juicio de Arnoldo Ñanculef, vocero del parlamento autónomo mapuche Koyag ypresidente de la Asociación Indígena Rewe, los vicios se han generado porque laConadi está sobrepasada y administrativamente no es capaz de responder ante lademanda. “Esta solución de compras de tierras para indígenas se mercantilizó a talnivel, que hoy se juega en un proceso de especulación respecto de los valores realesde las hectáreas, permitiendo con ello el ingreso de una serie de actores comocorredores informales, bancos, empresarios agrícolas, consultoras, tasadores, todolo que ha llevado a una corrupción generalizada”, reconoce el dirigente.

  • La Conadi pagó

    13 millones de pesos

    por hectárea para

    quedarse con en el

    fundo Boyeco en

    Purén, el monto más

    alto registrado en la

    última década en el

    contexto de la

    aplicación de la Ley

    Indígena.

    La demanda infinitaLos empresarios de La Araucanía no están en contra de la aplicación de la LeyIndígena, pero sí exigen saber cuáles son las reglas del juego. Según Transparencia,a las 115 comunidades que fueron priorizadas para la entrega de tierras, ya se leshan otorgado 49.220 hectáreas, con un desembolso de más de 108 mil millones depesos (tiempos, palzos). “Como no están claros los alcances de la ley, se genera unademanda infinita de tierras. No se establecen criterios de hasta qué generación seentregan, quiénes tienen verdadera aplicabilidad para los subsidios y se generan, ala par, especulaciones de precios en las zona”, dice Taladriz.

    De acuerdo a un estudio realizado por la asociación de empresarios –a partir de lostítulos de merced de organizaciones mapuche–, sólo 413 escrituras habrían sufridoalteraciones o desmedros, por lo que la deuda histórica con las comunidadesequivaldría a devolver unas 26 mil hectáreas. “El Gobierno ha comprado más de 80mil hectáreas, es decir, casi cuatro veces lo que tenía alguna irregularidad. Además,vemos que en una gran marcha por Temuco la semana pasada, comunidadesviolentas como Temucuicui reclaman otras 30 mil hectáreas ancestrales, encondiciones que ya han recibido más de 3 mil”, recalca Taladriz.

    Andrés Matta Cuminao, presidente de la Comisión de Compra de Tierras de laConadi, coincide en que la ley es vaga y que no permite que las comunidades tenganclaro el horizonte de sus demandas. Plantea que es evidente que hay que establecerlímites en la política, relativos a quiénes tuvieron una pérdida territorial ancestral yqué derechos les cabe a quienes no sufrieron esos abusos. “Pero hay mucharesponsabilidad de las autoridades que prometieron la entrega de tierras sin ningúnlímite y eso generó, evidentemente, una expectativa gigante en el pueblo mapuche”,enfatiza el consejero.

    Claudia Hernández añade que lo ideal sería que se midieran cualitativamente losresultados de la entrega de terrenos, ello ya que, si bien la mayoría de los mapuchede la IX Región está de acuerdo con la política, hay una fracción que considera quelas tierras que entrega el Estado como compensación podrían ser reemplazadas porotros beneficios.

    Con todo, las diferencias son infinitas. Si bien los privados consideran que se hasobrecomprado, Ñanculef es extremo: 5 millones de hectáreas es lo que sumaría ladeuda histórica a su juicio.

    La ruta del Gobierno“Vamos a cumplir todas las medidas indígenas,pero lo vamos a hacer bien”, fueron laspalabras con que la presidenta de la República,Michelle Bachelet, explicó en junio pasado quehabía que tomarse tiempo para resolver elconflicto mapuche. Sus dichos justificaban elporqué no era posible responder a la promesade campaña que había realizado en materiaindígena: crear un Ministerio de AsuntosIndígenas, darle un estatus de ministro alactual director de la Conadi y anunciar unaAgenda para el Desarrollo de los PueblosOriginarios, eran parte de sus 50 propuestas.Por ahora, todo está en análisis.

    Así lo explica el subsecretario del Interior,

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    Mahmud Aleuy, quien, pese a reconocer laurgencia de solucionar el problema de fondo, asegura que el trabajo del Gobiernocorre en la línea de hacer un diagnóstico acabado que no sólo evalúe la efectividaddel programa de compra de tierras, sino que, además, explique cuáles son los pasospor seguir en relación a un plan global de acción en materia indígena. “La solucióndel Estado tiene que abordar aspectos constitucionales, aspectos productivos, deseguridad. Es decir, hay que mirar el conjunto del problema y a partir de eso,construir una solución que apele al conjunto de conflictos”, señala el subsecretario.

    Y pese a que no hay mesa técnica ni tampoco se ha anunciado un calendario públicode trabajo, Aleuy asegura que están avanzando en el diseño. “Nos hemos reunido,pero los problemas complejos no hay que trascenderlos a la opinión pública, sinoque discutirlos y solucionarlos y una vez que estén solucionados comunicarlos. Elmayor problema que tiene la política chilena es que todo el mundo debate, peroestas cosas son demasiado delicadas. No hay que andar diciendo las reuniones quese hacen”, dice.

    Respecto a plazos, apoya los dichos de Bachelet. “El que se necesite”, será el tiempoque se tomarán como Gobierno para resolver los alcances de la problemáticaindígena y su hoja de ruta. •••

    Haga click en la infografía para agrandar

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    @velizvalenzuelaRT @revistacapital : Conadi pagó $13 millones por hectárea para quedarse con fundo Boyeco en Purén.Precios de mercado bordean $4 millones h…

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