XII. Posición escurridiza del Gobierno Endaraen "el caso Noriega"

La situación en que surgió el nuevo Gobierno panameño del PresidenteGuillermo Endara y las circunstancias de todo orden dentro de las cualesactuó desde el 20 de diciembre en adelante, permiten, paso a paso, lacaracterización de ese nuevo Gobierno . Y uno de los problemas más espi-nosos que inesperadamente se le presentó, desde el 24 de diciembre, fueel relativo al refugio del ex-Narcodictador Noriega en la Nunciatura Apos-tólica de Panamá. Sabemos que, finalmente, Noriega decidió entregarse alas tropas norteamericanas, y especialmente a las autoridades de la DEA(Drug Enforcement Agency), en la noche del 3 de enero, para su juzga-miento por narcotráfico y lavado de dinero en Miami y en Tampa, dosciudades del Estado de Florida, Estados Unidos . Mas el refugio de Noriegaen la sede diplomática del Vaticano en Panamá y su entrega a la DEAtuvieron, desde el primer momento y hasta esa entrega, una desconcertanteincidencia sobre el Gobierno Endara .

Una vez que las tropas norteamericanas rodearon la Nunciatura, doshoras después de que Noriega se refugiara en ella, la actitud del Gobiernode los Estados Unidos fue la de solicitar al Vaticano la entrega del ex-Narcodictador o que a éste se le expulsara del edificio, lo que permitiríasu captura inmediata. "Las autoridades del Vaticano (reconoce La Estrellade Panamá, del 27 de diciembre) han rechazado el pedido de los EstadosUnidos de expulsar al general Manuel Antonio Noriega, quien se encuen-tra en la Nunciatura Apostólica, y tratan de encontrar un país que quieradarle asilo" . El portavoz de la Embajada norteamericana en Panamá,Terrence Knebone, declaró a la prensa, en un comienzo : `Lo queremosvivo para que sea enjuiciado en los Estados Unidos . Este es un caso cri-minal. No es un caso de persecución política o religiosa" .

Fuera de Cuba, y una posibilidad remota en el Perú, ningún país acep-taba darle asilo a Noriega . ¿Qué medidas podían tomar, cada quien porsu cuenta, o conjuntamente, el Gobierno panameño, el Gobierno norte-americano y la Nunciatura? Los Estados Unidos insistían en que Noriegafuera entregado, directa o indirectamente, pero la Nunciatura se resistíaa un acto de expulsión y buscaba una solución consentida por todas laspartes. El Secretario de Defensa norteamericano, señor Richard Cheney,declaró a la red de televisión ABC, que "Noriega será puesto bajo custodiade las tropas estadounidenses que rodean la zona, si decide salir del edifi

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cio. Quizás tengan un residente a largo plazo en la embajada del Vaticanoen Panamá" (La Estrella de Panamá, diciembre 27) .

Por su parte, la primera declaración del Presidente Endara en tornoal tópico fue muy poco categórica : "La Constitución de la República nocontempla la extradición (de un panameño) hacia los Estados Unidos niningún país, porque prohibe la entrega de cualquier panameño ; en cual-quier eventualidad. Tiene (Noriega) que saldar sus deudas con la justiciapanameña" (La Estrella de Panamá, diciembre 27) .

En un despacho de la Associated Press, desde Washington, del 28 dediciembre, la Casa Blanca aseveró que la suerte de Noriega "estaba enmanos del Vaticano" y su vocero, Marlin Fitzwater, aclaró que "la posi-ción norteamericana sobre Noriega sigue siendo la misma : creemos quees, como persona encausada, un criminal y no un refugiado político" (LaEstrella de Panamá, diciembre 29) .

Mientras tanto en Panamá, las autoridades de la Nunciatura señalaronque los Estados Unidos no tenían derecho a pedir la entrega del ex-Narco-dictador y criticaron el hostigamiento de tropas de Estados Unidos frentea la Nunciatura, así como el hecho de instalar permanentemente músicarock de gran volumen, al frente del edificio, tal vez para "ablandar psico-lógicamente a Noriega" (La Estrella de Panamá, diciembre 30) .

De acuerdo con el único periódico que en esos días se publicaba enPanamá, el Presidente Endara le remitió un mensaje al Papa Juan Pa-blo II, "pidiéndole que deje de respaldar a Noriega para que EstadosUnidos pueda arrestarlo" (La Estrella de Panamá, diciembre 30) . Conello el Gobierno Endara comenzaba a no tomar una decisión específica,prefiriendo la actuación de las otras partes .

De modo directo, la Cruzada Civilista, grupo de empresarios pana-meños que se unieron desde 1987 para luchar contra Noriega, ya expuso,en un comunicado público, una posición razonada : "Aunque como pa-nameños hubiésemos preferido que fuese juzgado (Noriega) en nuestrapatria, debemos reconocer que el país no está en condiciones de asumirlos riesgos y costos que ello entraña, por lo que conceptuamos que la únicaalternativa razonable es la de que sea juzgado por la justicia norteameri-cana, sin perjuicio de que luego también sea juzgado por el pueblo pa-nameño" (La Estrella de Panamá, diciembre 30) . Es una muestra de lostemores que abrigaban los grupos empresariales panameños, ante "el casoNoriega" y recomendaban simplistamente su entrega a los Estados Unidos,por parecerles lo mas práctico y menos comprometedor para Panamá (esdecir, para esos grupos, que veían los riesgos del caso) . Una autoridad

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panameña de la más alta jerarquía, el Procurador General de la Nación,Lic. Rogelio Cruz, formuló declaraciones públicas, a la prensa nacionaly extranjera, en el sentido de que "insistiría para que la Nunciatura Apos-tólica entregue al ex-dictador panameño, Manuel Antonio Noriega, a lajusticia panameña", agregando que "existen una serie de causas abiertascontra el general panameño en varias agencias del Ministerio Público"(La Estrella de Panamá, diciembre 31) .

Puede apreciarse hasta este punto, que las posiciones del Presidente dela República y del Procurador General de la Nación no eran coincidentes,muestra del desconcierto reinante en las esferas gubernamentales pana-meñas, en cuanto al destino inmediato del ex-Narcodietador .

También la Conferencia Episcopal Panameña opinaba en forma dubi-tativa, al considerar que Noriega había sido autor de "crímenes abomi-nables", pero que "no importa qué país lo juzgue, si Estados Unidos oPanamá" (La Estrella de Panamá, diciembre 31) .

En larga conferencia de prensa que duró dos horas, celebrada el 31 dediciembre, cl Procurador General Cruz enfatizó reiteradamente que "sudespacho pedirá que se entregue a Panamá al general Noriega" y que éste"será citado entre hoy o el martes, para que le sean formulados cargosrelacionados con la muerte de diez de los once militares que fueron asesi-nados luego del intento de golpe militar del 3 de octubre de 1989" (LaEstrella de Panamá, enero lo.) .

Mientras tanto, seguían las conversaciones entre la Nunciatura y clComando Sur, en Panamá, con el propósito de llegar a una solución quele pusiera término al prolongado refugio del ex-Narcodictador en la sedediplomática vaticana . Y el 31 de diciembre varios helicópteros norteameri-canos aterrizaron en un campo deportivo frente a la Nunciatura y tras-cendió que el Nuncio Laboa sostuvo conversaciones, en el Colegio SanAgustín (delante del campo deportivo), con el General Mare Cisneros,jefe del ejército del Comando Sur (La Estrella de Panamá, enero lo.) .

Al fin, el Canciller panameño Dr. Julio Linares expuso ante periodistasnacionales y extranjeros, que "el Vaticano tiene dos opciones : proteger aNoriega, con el consiguiente "choque de opiniones" con Panamá, o en-tregarlo al Gobierno do Panamá o al de Estados Unidos para que seaenjuiciado" (La Estrella de Panamá, enero lo .) . Según se advierte, elCanciller panameño, al margen de las negociaciones directas de la Nuncia-tura con el Comando Sur, se colocaba ante un juego de opciones o posi-bilidades, lo que era muy clara evidencia de que el Gobierno panameñocontinuaba con su indecisión desorientada frente al problema y que, incluso

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su Ministro de Relaciones Exteriores había venido a pasar por alto losángulos netamente jurídicos de la situación .

El día l o. de enero, al salir de un oficio religioso en una iglesia de laciudad de Panamá, ya el Presidente Endara se afiliaba a la idea de queNoriega pasara a manos de los Estados Unidos, como se desprende de lasiguiente declaración : "Lo que realmente procede, siguiendo el DerechoInternacional y la razón humana, es que el Santo Padre y el Nuncio Apos-tólico digan una vez por todas que Noriega no merece estar refugiado enla casa de Dios, que él es un criminal común y corriente de la peor especiey que debe abandonar el recinto sagrado de la residencia diplomática de laSanta Sede . Noriega debe ser entregado a las autoridades de los EstadosUnidos debido a que cl sistema judicial panameño carece de seguridades.Claro que debo admitir que cuando esté afuera, él caerá en manos de losEstados Unidos, no porque el Nuncio lo dé a los Estados Unidos . Es unarealidad que la Nunciatura está rodeada por los soldados norteamericanos"(La Estrella de Panamá, enero 3) . ra Al leer esa declaración del PresidenteEndara, nos pareció muy extraña, en labios de un Presidente, que a la vezes graduado en Derecho, pero era lógico pensar que los Estados Unidostambién insistían ante las autoridades panameñas para que no fueran obs-táculo a su decisión muy conocida de capturar a Noriega, llevarlo a Esta-dos Unidos y que fuera juzgado en Florida .

Esa declaración del Presidente Endara, del l o. de enero, ya comenzabaa perfilar cuál sena la posición última del Gobierno panameño, por másque el Canciller Linares hablara de las opciones del Vaticano (entrega alGobierno de Panamá o al Gobierno de los Estados Unidos) y por más queel Procurador General Cruz reclamara insistentemente la entrega del ex-Narcodictador a Panamá, a fin de juzgarlo por los numerosos delitos co-metidos en este último país . Para el Procurador Cruz no había obstáculoalguno, de inseguridades, de cárceles no aptas, etc ., en tanto que paraEndara no había más remedio que entregarlo a Norteamérica "debido aque el sistema judicial panameño carece de seguridades" . Tal punto devista soslayaba ostensiblemente los problemas jurídicos que suscitaba lasimple entrega, voluntaria o forzada, de Noriega, a los Estados Unidos,lo que analizaremos en párrafos próximos .

12 La prensa panameña y la internacional comentaron, en estos días, que el Presi-dente Endara había expuesto la misma idea de su declaración en una carta que remitióal Papa Juan Pablo II, a través de un fax de la Nunciatura Apostólica . Así lo explicaFrederick Kempe en su libro Divorcing The Dictator, págs. 40 y siguientes .

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Debemos recordar que el martes 2 de enero "un hombre no identifi-cado, pero que se asegura no es el depuesto general Manuel Antonio Norie-ga, fue entregado por la Nunciatura Apostólica a tropas de las FuerzasArmadas de los Estados Unidos que rodean la sede diplomática" (LaEstrella de Panamá, enero 3) . Aunque la veracidad de la noticia, en loque concierne a que la Nunciatura llevó a cabo la entrega, no parece muyfirme, lo protuberante es que ya el 2 de enero, uno de los refugiados en laNunciatura pasaba a manos de las tropas norteamericanas, y que un heli-cóptero de éstas llegaba al frente de la Nunciatura, en el campo deportivo,para recibir al desconocido refugiado, como lo explica la información perio-dística que comentamos . Era una especie de ensayo, de precedente, conrelación a lo que iba a ocurrir al siguiente día con respecto de Noriega .

Según ya sabemos, a las ocho y cuarenta minutos de la noche del 3 deenero, Noriega salió de la Nunciatura, y cruzó la avenida que pasa frenteal edificio diplomático, avenida que era y es, indisputadamente, territoriopanameño; se dirigió, caminando, hacia la parte trasera del Colegio SanAgustín (también territorio panameño) y cerca al helicóptero que lo aguar-daba, agentes de la DEA (en territorio panameño) lo cateaban y atabande manos ; dio Noriega los pasos finales (todavía en territorio panameño)para entrar al helicóptero norteamericano . Ya en la aeronave, por cono-cida norma internacional, Noriega estaba en territorio de los Estados Uni-dos. Pocos minutos después, el helicóptero descendió en la Base AéreaHoward. Al salir del aparato, Noriega pisó nuevamente territorio pana-meño, dado en uso a los Estados Unidos (el de la Base Aérea) y caminópor territorio panameño unos veinte pasos para abordar el avión norte-americano (territorio de los Estados Unidos), que lo llevó a Miami .

Hemos prevenido en líneas anteriores, que la entrega del ex-Narcodictador, en la forma ocurrida, soslayaba serios problemas jurídicos a los quedebió hacer frente al Gobierno panameño, como soberano territorial .

Ante todo, el Gobierno Endara debió formular una protesta diplomáti-ca ante la sede vaticana de Panamá, porque jurídicamente no procedía, en"el caso Noriega", protegerlo con la institución del asilo . Él no era "per-sona perseguida por motivos o delitos políticos", exigencia contenida en laConvención de Caracas (1954), sobre asilo diplomático . Nadie, ni Pana-má, ni los Estados Unidos perseguían a Noriega "por motivos o delitospolíticos", base esencial y punto de partida para que operara la menciona-da institución del asilo . Varios artículos de esa Convención, a más delprimero que acabamos de citar, se refieren expresamente a dicha exigencia .Esa Convención trata de que "los hechos que motivan la solicitud de

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asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente carácter político"(artículo 3o.) ; y de "razones de persecución política" (artículo 6o .) . Tex-tualmente, por definición y conceptualización muy evidentes, el asilo sóloprocede "por motivos o delitos políticos" . No mediaba ninguna perse-cución política sobre la persona del ex-Narcodietador, quien había come-tido innumerables delitos comunes en Panamá (ninguno de carácter po-lítico) y quien era perseguido por las tropas norteamericanas en razón dedelitos de narcotráfico y lavado de dinero, que en modo alguno tienencarácter político .

Es verdad que, conforme al artículo 4o. de la Convención de Caracas,"corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delitoo de los motivos de la persecución" . Pero esta norma no faculta al Estadoasilante para violar la Convención, conceptuando como persecución po-lítica lo que es un caso demasiado claro de delincuencia común .

Una vez refugiado Noriega en la Nunciatura, las complejidades de lasituación exigían que ésta fuera tratada con extrema cautela, aunque sindemoras improcedentes . El segundo paso, una vez precisada entre el Go-bierno panameño y la Nunciatura la condición jurídica de Noriega (de-lincuente común), consistía en tener en cuenta lo que dispone el últimoinciso del artículo 3o. de la Convención de Asilo Diplomático : "Las per-sonas comprendidas en el inciso anterior que de hecho penetren en unlugar adecuado para servir de asilo deberán ser invitadas a retirarse, osegún el caso, entregadas al gobierno local, que no podrá juzgarlos pordelitos políticos anteriores al momento de la entrega" .

Sin embargo, era una realidad insuperable que en esos momentos elGobierno panameño carecía de cárceles seguras y de personal que pudieracustodiar a Noriega con garantía de su vida . Además, si Noriega abando-naba voluntaria o forzadamente la Nunciatura, lo habrían capturado dehecho las tropas norteamericanas, que rodeaban la sede vaticana. Era indis-pensable, entonces, que se tomara en cuenta este otro factor : los EstadosUnidos .

La República de Panamá, como estado soberano territorial era el únicopoder jurídico facultado para convenir con la Embajada vaticana cuálsería el destino de Noriega, máxime si se tiene en cuenta que Noriega, comolo reiteramos, había delinquido espectacularmente en territorio panameño .Ni siquiera podía el Gobierno panameño acceder a petición formal delGobierno norteamericano, para que Noriega le fuese entregado, ya quetal entrega la prohibe el articulo 24 de la Constitución Nacional : "ElEstado no podrá extraditar a sus nacionales" . Tampoco la voluntad de

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Noriega, por sí sola, podía determinar jurídicamente su entrega a Nor-teamérica, aunque de hecho hubiera podido hacerlo, ateniéndose a las con-secuencias de tal acción libre de su parte .

Una de las primeras declaraciones del Presidente Endara, reproducidaen esta misma Sección, fue la de que "la Constitución de la República nocontempla la extradición (de un panameño) hacia los Estados Unidos niningún país . . . Tiene (Noriega) que saldar sus deudas con la justiciapanameña" . También el Procurador General de Panamá, Lic . RogelioCruz, insistió, desde un comienzo hasta la víspera de la decisión del ex-Narcodictador, en que Noriega debía ser entregado a Panamá, para quefuera juzgado por este país .

No obstante lo anterior, ya en La Estrella de Panamá del 30 de di-ciembre se informaba que el Presidente Endara le había dirigido una cartaal Papa Juan Pablo II, "pidiéndole que deje de respaldar a Noriega paraque Estados Unidos pueda arrestarlo" . Y poco después, el l o. de enero, elPresidente Endara formulaba la insólita declaración que ya hemos repro-ducido : `Noriega debe ser entregado a las autoridades de los Estados Uni-dos debido a que el sistema judicial panameño carece de seguridades" . "Esuna realidad que la Nunciatura está rodeada por los soldados norteameri-canos". No debieron ser las obsecuentes palabras, ni el criterio fácil delPresidente de un Estado soberano . El Gobierno panameño debió oponersea que la soberanía de la República fuera pisoteada . Aunque Noriega seentregó voluntariamente, él no era quien podía determinar la posición dela República de Panamá .

El Gobierno panameño tuvo a bien adoptar una actitud débil, fatalista,de renuncia a la soberanía, que es el título inherente a un Estado que seprecia de serlo en todo el sentido moral y jurídico de la palabra Estado .Ello resultó a consecuencia de un factor negativo y censurable : la faltade altura de los tres gobernantes panameños de esos días, para actuar comoestadistas de la República de Panamá .

En verdad que los tres principales gobernantes panameños de aquellosdías se enfrentaban a realidades incontrolables. El caos imperante en laRepública hacía excesivamente peligroso para toda la Nación que Noriegapermaneciera detenido en manos de las autoridades panameñas . Pero esaterrible realidad, en conjunto con las demás circunstancias personificadasen el Nuncio y en el Comando Sur, aconsejaban sólo que se hubiera fir-mado un convenio tripartito, sobre custodia de Noriega, en cuya virtudlos Estados Unidos retendrían a Noriega en lugar reservado panameño(por ejemplo, una cárcel en jurisdicción panameña y sitio seguro, mediante

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la vigilancia bilateral adecuada), a disposición de la República de Pana-má, para concertar posteriormente un acuerdo que permitiera su juzgam iento en ambos países, conforme al Derecho de cada uno de los Estados

contratantes . La insólita situación jurídica de Noriega exigía una soluciónjurídica de nuevo cuño, pactada por los tres Estados concernidos, con unmínimo respeto para la soberanía de cada una de las partes . Un BelisarioPorras, un Narciso Garay, un Harmodio Arias, un Ricardo J . Alfaro, go-bernantes de la primera generación panameña del siglo xx, no habríanrenunciado con su silencio a la soberanía panameña, sin perjuicio de alcan-zar un acuerdo legítimo con los Estados Unidos sobre el particular . O ha-brían preferido, en última instancia, que éstos dieran una solución dehecho, por la fuerza, censurada por Panamá.

Como si la entrega inducida o voluntaria de Noriega a las autoridadesnorteamericanas hubiera sido la solución de una fruslería, una vez consu-mada dicha entrega, el Presidente Endara, en entrevista que concedió alperiódico Expreso, de Lima, Perú, la enjuició del modo siguiente : "Es ungran alivio para Panamá . El pueblo ve en Noriega el monstruo que estuvoal frente de la Dictadura militar en estos últimos años . El pueblo sabiaque Panamá no está en capacidad para dar una cárcel segura a Noriegani para darle un juicio que como cualquier ser humano se merece, pormuy malo, monstruo y criminal que haya sido" (entrevista reproducida porEl Panamá América, enero 12) .

A su turno, el Primer Vicepresidente de la República y Ministro deGobierno y justicia, Dr. Ricardo Arias Calderón, opinó en la forma quesigue : "Para Panamá resultó mucho mejor esa decisión, porque ya libera-dos por completo de Noriega, podemos ocuparnos de la reconstrucción delpaís y reconciliarnos unos con los otros" (El Panamá América, enero 5) .

En fiero contraste con la renuncia a la soberanía que estuvo en el fondode la pasividad cómplice del Gobierno panameño, la arrogancia conquis-tadora del General Marc Cisneros, jefe de ejército del Comando Surubicado en Panamá, formuló esta declaración anonadante : "No íbamosa permitir que Noriega saliera de Panamá, a través del auxilio de un ter-cer país" (La Estrella de Panamá, enero 5) . Se impuso así, la ley del con-quistador, frente a la pasividad humillada del Gobierno panameño .

Pareció un sarcasmo que, cinco meses después de que el GobiernoEndara hubiera inclinado la cabeza ante Washington y escurrido el bultoante "el caso Noriega", el Procurador General panameño, Lic . RogelioCruz, hubiera declarado que solicitaría "la extradición de Noriega parajuzgarlo en Panamá", y todavía en el mes de julio declaraba ese funcio

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nario que "si el depuesto dictador escapara a la justicia norteamericana,no lo haría a la justicia panameña . Por razones técnico-jurídicas seríadifícil adelantar un proceso semejante, en tanto que Noriega está siendoencausado actualmente por supuestos delitos relacionados con el tráfico dedrogas en una Corte de Miami, fuera de la jurisdicción panameña" (LaPrensa, julio 10) . Sin duda que el Procurador General Cruz no decidía lapolítica internacional panameña, sino el órgano Ejecutivo (Presidente yMinistro de Relaciones Exteriores) . Pero legalmente, nada se oponía a queNoriega fuera enjuiciado en Panamá, y citado como reo ausente, pues enalgunos casos de expedientes instruidos a partir de enero de 1990, se le hatenido como sindicado o sujeto a investigación y trámite consiguiente, cosaocurrida en el expediente relativo a los fusilados del 4 de octubre de 1989 .

XIII. Reacción internacional ante la invasión y frenteal nuevo Gobierno panameño

Ha sido indispensable que esta Octava Parte la hubiéramos dedicado a lainvasión y ocupación norteamericanas y a los hechos y situaciones que sedieron en Panamá, como cadena generada por la invasión, durante losdías siguientes a la misma . La última de las situaciones aludidas ha sidola concerniente a las reacciones internacionales suscitadas por la inter-vención militar de los Estados Unidos y por el surgimiento del nuevoGobierno panameño, de lo que nos ocupamos en este rubro .

Tanto el Gobierno Reagan como el Gobierno Bush tuvieron siempreen mente la preocupación por las reacciones adversas que, sobre todo enAmérica Latina, produciría una intervención militar norteamericana en Pa-namá . En todo el año de 1989, los distintos representantes que hablarona nombre de los Estados Unidos en las sesiones de la OEA relacionadascon el caso de Noriega, plantearon la necesidad de una solución colectivade ese organismo, en lo que iba implícita la prevención de que si no sealcanzaban medidas de ese organismo internacional, tal omisión llevaríaa situaciones unilterales . La expresión constante del Presidente Bush encuanto a la decepción que le causaban los acontecimientos fallidos en Pa-namá y las resoluciones evasivas de la OEA, indicaban en el fondo queel Presidente se encontraba dispuesto a extremar su espera y búsqueda dedecisiones colectivas . Pero a la vez, dibujaban la perspectiva de que, apesar de cualesquiera reacciones, llegaría el momento de la inevitabilidadde las actuaciones unilaterales norteamericanas . Ambos Presidentes norte-

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americanos se habían percatado de que las sanciones económicas estadouni-denses decretadas contra el Gobierno y el pueblo panameño habían per-mitido la dudosa maniobra seudonacionalista de Noriega, que así esquivabalas acusaciones personales en su contra, abroquelándose en la propagandadesviada sobre el imperialismo yanki .

Ante esas sanciones económicas, la Narcodictadura alegó, en un co-mienzo, que se trataba de una agresión norteamericana contra Panamá, ydespués dio en denunciar, desde mediados de 1989, que era inminentela invasión armada que consumarían los Estados Unidos . A tal punto lapropaganda norieguista acusaba internamente de complicidad en esa "in-minente" invasión a sus opositores políticos panameños, que los candidatoselectos el 7 de mayo varias veces declararon que ellos no estaban deacuerdo con una intervención norteamericana .

De otro lado, la hipócrita apelación de la OEA, a todo lo largo delaño de 1989, en sus resoluciones sobre Panamá, a la salvaguarda del prin-cipio de no intervención, estaba dirigida a presionar a las Estados Unidos,no sólo públicamente, actuando la OEA en el papel de organismo defen-sor de tal principio, sino también a presionar a Norteamérica en susrelaciones bilaterales con la mayor parte de los países latinoamericanos .

En las condiciones descritas, había que dar por descontado que lainvasión militar del 20 de diciembre desencadenaría una ola mundial deconocidas protestas, emanada de personas y entidades privadas, así comouna serie de pronunciamientos oficiales de muchos países, contra la acciónde guerra estadounidense. Y por consecuencia inevitable, el Gobierno En-dara quedaría aprisionado y desconocido por tan indignadas protestas,nuevo Gobierno panameño del cual la propia revista norteamericana Time,edición del l o. de enero de 1990, expresó : "El Gobierno panameño queEstados Unidos instaló puede ser considerado como títere de Norteaméri-ca" (pág. 21) . Así es como la prensa norteamericana enjuicia los fenó-menos políticos latinoamericanos : con lugares comunes y enfoques super-ficiales y parcializados. Que el nuevo gobierno "fue instalado por losEstados Unidos" y que por ello era un "gobierno títere" pretendía desco-nocer el hecho cierto de que el pueblo panameño lo eligió abrumadoram

ente, por lo cual el endoso de calificativos de la revistaTimeadolecíade parcialidad y se resentía de carencia de análisis objetivo .

La protesta contra el acto de guerra imperialista se presentaba comouna clásica moneda : con dos caras, porque si se le condenaba como unaintervención flagrante, por un lado, por el otro resultaba muy difícil evitar

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cl pronunciamiento correspondiente sobre el nuevo Gobierno panameño .Diversas razones determinaron el grado y medida de tales condenas .

Empero, el Gobierno venezolano, dirigido por la clarividencia de suPresidente Carlos Andrés Pérez, señaló un nuevo derrotero, apartándosede los lugares comunes, tan usuales en la escasa originalidad del tradicio-nal anti-imperialismo . Recién iniciada la invasión, la Cancillería de Cara-cas emitió un breve y categórico señalamiento, del que reproducimos losdos párrafos siguientes :

"El Gobierno Nacional, al reiterar su tradicional y firme posición con-tra la intervención unilateral que reaviva una etapa que se considerabasuperada en las relaciones interamericanas, tiene que expresar igualmentesu repudio a la intolerable situación creada por la pretensión del gober-nante de facto panameño de erigir una nueva dictadura en América Lati-na, y reconocer de la misma manera la falta de respuesta efectiva y firmede nuestros países para enfrentar la flagrante violación de los derechoshumanos y de las normas constitucionales por el dictador panameño queatropelló todos los derechos de su pueblo" .

"Al propio tiempo se lamenta que el apego al concepto tradicional dela no intervención, anterior a la existencia de organismos supranacionalesy de acuerdos o pactos que comprometen la conducta de los gobiernosentre los países que los suscriben, haya dado lugar a la intervención quehoy se debe condenar y rechazar" .

Venezuela condenó firmemente la invasión norteamericana, pero almismo tiempo, "la falta de respuesta efectiva y firme de nuestros paísespara enfrentar la flagrante violación de los derechos humanos y de lasnormas constitucionales", e igualmente el "concepto tradicional de la nointervención", señalándolo como causa de "la intervención que hoy sedebe condenar y rechazar" . Sin mencionarla, se estaba condenando a laOEA."

1,7 A mediados de febrero, el propio Carlos Andrés Pérez, al intervenir en la insta-lación del Simposio sobre la Consolidación de la Democracia en América Latina (14 defebrero de 1990), expuso con rotundidad y vigor su pensamiento :

"Desde la Guerra de las Malvinas hasta los recientes acontecimientos en Panamá,antes y después de la intervención de los Estados Unidos, la Organización de los EstadosAmericanos ha demostrado una inoperancia e irrelevancia absoluta y no precisamenteporque su Carta Constitutiva no prevee los mecanismos de los Estados miembros" . "Es-tamos en el momento histórico propicio para las definiciones políticas que ayuden arenovar el Sistema Interamericano . Esta nueva visión debe evidentemente basarse enla defensa y consolidación de la democracia en todos y cada uno de nuestros países,como objetivo fundamental del Sistema" .

"Debemos acordarnos en la doctrina según la cual todo país donde no se respete la

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En las antípodas se colocó el Perú . A causa de la tradición antiimperia-lista en que Haya de la Torre educó a varias generaciones del aprismoperuano, el Presidente Alan García, inteligente hijo de un antiguo aprista,formuló una recia declaración condenatoria de la intervención estadouni-dense y retiró su embajador de Washington . La tirantez de la situaciónllevó al embajador del Perú en Panamá, Dr . Mario Castro Arenas, apresentar renuncia de su cargo, fundado en que `las autoridades peruanasdijeron que no iban a reconocer el gobierno de Endara, porque era "ungobierno impuesto por las armas" y en que "el Canciller del Perú calificóal Presidente de Panamá como judas de América" (El Panamá América,enero 9) . Luego el Gobierno panameño expulsó al Encargado de NegociosLuis Sandigas, quien había reemplazado al Embajador Castro Arenas (LaPrensa, enero l) . El Canciller peruano Guillermo Larco, en un programatelevisivo del 21 de enero, ensayó cierta rectificación de su improperio, alexpresar diplomáticamente : "Admito que se produjo un exceso" (La Es-trella de Panamá, enero 23) . Más que un exceso, fue un grave, improce-dente e injustificado irrespeto .

México, Brasil, Bolivia, Colombia y Ecuador, no sólo formularon laesperada condena por la invasión, sino que al mismo tiempo, algunos deellos anunciaron, como había sido tradicional en el sistema latinoameri-cano, el llamado de sus embajadores para consultas, en gesto de rechazocoyuntural al nuevo Gobierno panameño, y los demás reiteraron que yadesde 1988 no contaban con la presencia de su representación diplomáticaen Panamá y que sólo mantenían relaciones consulares .

La cancillería de Bogotá fue criticada por seguir la línea que adoptóel Presidente de la OEA, julio Londoño Paredes, y que, al producirse lainvasión mantuvo el retiro de su embajador Jaime Hernández López : "Lapropia cancillería colombiana de hecho sigue registrando como Presidentede Panamá (expresó el intelectual Germán Arciniegas) a un narcotrafi-cante que está en cárcel de Estados Unidos y al borde de un fallo quepuede tenerlo detrás de las rejas por el resto de su vida . El Presidenteelecto con papelitos no cuenta" (Solidaridad Latinoamericana, El Tiempo,febrero lo.) .

legalidad democrática queda automáticamente fuera de la comunidad latinoamericana"(El Panamá América, abril l o . d e 1990) .

Días después, el canciller venezolano Reinaldo Figueredo Planchart anunció desdelas Naciones Unidas el franco propósito de Venezuela de reconocer formalmente alGobierno de Endara, aclarando que la Embajada venezolana en Panamá no había de-jado de funcionar (El Siglo, febrero 23 ; La Estrella de Panamá, febrero 23) .

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Los países de Centroamérica, a causa de la crisis de violencia o deinestabilidad política tan permanente en ellos, no se agregaron a este coroy se mantuvieron observando cautelosamente los acontecimientos pana-meños. Es bien conocido en América Latina que, al paso de los meses,debido a la necesidad insoslayable de relaciones normales entre los paí-ses, los embajadores regresan y el pasado inmediato se archiva .

La Comunidad Europea reaccionó en forma distinta, debido a su acti-tud sensata de no interrumpir relaciones que luego deben restablecerse . Lo ,que no significa que estuvieran esos países de acuerdo con la invasiónnorteamericana. Su órgano competente, el Parlamento Europeo, en extensaresolución del 18 de enero de 1990, se manifestó en "profundo desacuerdocon la invasión militar de los Estados Unidos en Panamá", y "demandó elretiro inmediato de las tropas de ocupación", condenando también lasmedidas de cerco de embajadas latinoamericanas que pusieron en efectolas tropas del Comando Sur. Finalmente, instó al nuevo Gobierno pana-meño a estructurar una administración cónsona con las libertades y dere-chos del pueblo panameño .

En su oportunidad, hasta Suecia, Noruega y Austria también conde-naron la invasión norteamericana .

No obstante estas matizadas reacciones iniciales de numerosos paísesdel mundo en su mayoría desfavorables al Gobierno Endara, las canci-llerías latinoamericanas, desde mediados de marzo renovaron un movimien-to pendular de vieja data, hacia la normalización de relaciones con Pa-namá. Argentina y Paraguay coincidieron en un reconocimiento muypróximo del Gobierno Endara . Buenos Aires, por aplicación de la Doc-trina Estrada, señaló como su nuevo Embajador al Dr . Juan Bautista Yofre,y en Asunción el canciller Luis María Argala comunicó a la representaciónpanameña la designación de un embajador (La Estrella de Panamá, mar-zo 22) . Ecuador decidió enviar nuevamente a Panamá a su embajadorPío Osvaldo Cueva, según comunicado de su cancillería, en el que destacael cumplimiento de sus obligaciones internacionales por parte del GobiernoEndara (El Panamá-América, marzo 20) . El gobierno colombiano con-sideró inminente el regreso de su embajador Jaime Hernández López aPanamá, con el fin de restablecer plenamente las relaciones entre los dospaíses (La Estrella de Panamá, marzo 3) . Y el canciller uruguayo, el in-ternacionalista Héctor Gros Espiel, aclaró que su gobierno nunca habíainterrumpido relaciones con Panamá y que el regreso a este último paísde su embajador Gastón Sciarra "en modo alguno puede interpretarse

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como una legitimación de la invasión militar a Panamá" (La Estrella dePanamá, abril 25) .

También debemos indicar que simultáneamente a los reconocimientosanotados, la V Asamblea Extraordinaria del Parlamento Latinoamericano,reunida en La Paz, Bolivia, renovó la condena tradicionalista contra losEstados Unidos "al invadir a Panamá y usar la fuerza de las armas paraimponer su criterio, violando las cartas de las Naciones Unidas, de la OEAy el Tratado Interamericano de Asistencia Recíprico (TIAR)" . Agregó laresolución que se instaba a "los poderes ejecutivos del continente para queexijan a los Estados Unidos la retirada inmediata de sus tropas del terri-torio panameño y el pago de indemnización" (La Prensa, marzo 21 ) .

La Iglesia católica de Panamá, que tan beligerante y atinada posiciónasumió en todos los instantes cruciales de la tragedia panameña, dio cabida,en su órgano de prensa Panorama Católico (No. 187, de 25 de marzo), aun editorial, en el que se acusa al Parlamento Latinoamericano de que"parece ignorar, en su ceguera anti-imperialista, la realidad del pueblopanameño, que fue sometido por sus propios militares y vio burlada suautodeterminación, cuando se desconoció su voluntad popular expresadaen las urnas el 7 de mayo de 1989 .

"Los gobiernos representados en el Parlamento Latinoamericano, quiénsabe por qué razones, se fueron olvidando del sufrimiento de los panameños,convirtiéndose así en cómplices, por omisión, del dictador Noriega y res-ponsables, también por omisión, de la intervención armada norteameri-cana, la cual los panameños hemos tenido que aceptar como una especiede solución redentora" (véase también La Estrella de Panamá, marzo 26) .

Cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió ungrupo de observación a Panamá, en el mes de julio de 1990, un miembrode la Comisión, Mareo Tulio Celi, venezolano, resucitó inexplicable yretroactivamente las acusaciones contra los panameños, en nuestro propiopaís, al manifestar que "como latinoamericano hubiese preferido que lospanameños hubiesen resuelto sus propios problemas y no mediante una in-vasión", agregando que "nosotros no podemos permitir que ciertos prin-cipios fundamentales como la soberanía y la no intervención se violen, yla solución a los problemas internos, lograda a través de las fuerzas exter-nas, no siempre es lo mejor" (La Prensa, julio 10) . De regreso a su país,este personaje continuó con sus gratuitos improperios, al declarar, segúndespacho de EFE, que "seguir llamando proceso de liberación a la inva-sión efectuada a Panamá por Estados Unidos a finales de 1989 es falso

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y ofensivo", y que "la fórmula de la invasión fue la peor que pudo con-cebirse" (La Prensa, julio 28) .

Celi no hacía más que rabiar con los gastados argumentos de la OEA,un año atrás, cuando este organismo, a título de no intervención, le abrióel camino a la Narcodictadura para que montara el Gobierno Provisional,como careta de Noriega, lo que en el fondo significaba que la OEA jugóal cómplice del ex-Narcodictador . No entendió Celi cómo hacía gala desu ignorancia supina con respecto al problema de fondo de la crisis pana-meña. Por ello, al día siguiente de las declaraciones de Celi en Panamá, eldiario La Prensa, en su columna editorial, refutó las denigrantes aprecia-ciones de este "comisionado de los Derechos Humanos", señalando que lainvasión, como "ausencia de alternativa fue producto de la pusilanimidad,la incapacidad y hasta la complicidad de muchos de los representantesde los países miembros de la OEA, que prefirieron ignorar la tragedia quesufría Panamá para no asumir las responsabilidades políticas que les co-rrespondían" .

El prestigioso intelectual panameño Diógenes de la Rosa, que encabezóla lucha del grupo de exiliados en Caracas, contra la Narcodictadura,también le salió al paso a los "comisionados" de la OEA, ya que "su re-greso al país a darnos consejos y administrar homilías, resulta simplementeun ejercicio inocuo", porque "Panamá jamás pidió a Estados Unidos laintervención militar, sino la ayuda colectiva de los países latinoamericanos,y que ante esa solicitud, la OEA salió en fuga y con pusilanimidad, do-blez y fariseísmo nos cerró las puertas" (La Prensa, julio 13) .

Ningún panameños consciente ha hecho la defensa de la invasión yde la ocupación norteamericanas, pero tampoco dejamos pasar inadver-tida su condena superficial, obsoleta y sin análisis, a causa de la comple-jidad y profundidad de la crisis panameña, que muchos ignoran .

Transcurridas las semanas y algunos meses, la mayor parte de los Go-biernos latinoamericanos normalizaron sus relaciones con el nuevo Gobierno panameño, como era inaveitable ; pero en algunos casos, sobre todo apropósito de los problemas suscitados por ciertos secuaces de la Narcodictadura

que se asilaron en varias embajadas, se produjeron conflictos diplo-máticos y manifestaciones públicas panameñas, que ya pertenecen a laNovena y última Parte de este libro .

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NOVENA PARTE

EL LEGADO DE LANARCODICTADURAY DE LA INVASION :EL NUEVO GOBIERNO

I. Los presagios naturales

En varias Secciones de la Octava Parte de esta obra, principalmente en lastituladas Formación del Gobierno Endara (IX) y Posición escurridiza delGobierno Endara en "el caso Noriega" (XIII), hemos señalado un con-junto de actuaciones iniciales del Gobierno Endara, que venían a ser clarospresagios de lo que políticamente iba a suceder en Panamá, al menosdurante el primer año del nuevo Gobierno .

La crisis general panameña, la tragedia colectiva nacional que hemosvivido en los últimos años, el drama estremecedor que nos ha acompañadopor tanto tiempo, tanta represión, tanta tortura, tanta corrupción, tantaaniquilación económica por parte de Norteamérica, tanta muerte injusta,no pueden ni deben haber ocurrido en vano. Cualesquiera que hubierensido los gobernantes panameños, encargados de la cosa pública al día si-guiente de la invasión, y mucho más los que estaban legitimados por elvoto popular esperanzado, debieron comprender que era indispensable co-locar como objetivo esencial de su acción gubernativa los intereses nacio-nales, la búsqueda sincera y honesta de los mejores remedios colectivos parael desastre nacional, para esa Caja de Pandora de la Narcodictadura enque se habían agigantado los graves problemas del país . No cabía otropensamiento, ni cabía otra actitud, de parte de quienes asumieron el ejer-cicio del poder político, a partir del último tercio del mes de diciembrede 1989 .

El pueblo panameño merecía y esperaba, merece y espera, con granintuición política desde el 7 de mayo de 1989, fecha en que repudió abrumadoramente a la Narcodictadura norieguista, que el nuevo Gobierno elec-

to en aquel día memorable fuera y sea una agencia infatigable para la

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mejor solución factible de los problemas nacionales; merecía y esperaba,merece y espera, que la designación de los funcionarios públicos recayeray recaiga en los mejores, en los más aptos, en los más honestos, para que laburocracia no viniera a convertirse en el botín de unos cuantos partidospolíticos o de ciertos personajes ; ni festín o reparto de puestos, ni puntade lanza dirigida al control de influencia personalistas, a los efectos de laspróximas elecciones nacionales señaladas para 1994 .

Empero, los actos primerizos del Gobierno lindara, con muy escasasexcepciones, la designación de altos y medianos funcionarios y la conduc-ción de la política exterior panameña, en los días iniciales de ese Gobierno,se cargaron de negros presagios que anunciaban, amarga y dolorosamente,el camino de graves yerros y de apostasías de lesa Patria, que desgastaríana los gobernantes que dijeron ejercer el poder, como mandatarios del votopopular. Pero no adelantemos apreciaciones globales, ante los aconteci-mientos, los cuales el lector debe conocer paso a paso, a medida que sesucedieron, para que llegue también a sus propias conclusiones .

II. "Estatuto de Retorno inmediato a la Plenitud del ordenConstitucional'

Aunque desde los primeros días del Gobierno Endara fueron surgiendosituaciones que bien pudiéramos revisar con prioridad temporal, nos pare-ce preferible que abordemos de inmediato el tema enunciado, ya que el"Estatuto" vino a ser la plataforma de Derecho en la que el nuevo régimenpretendió enmarcar esencialmente su funcionamiento general .

Un buen día, sin que nadie, dentro o fuera del Gobierno, hubierahablado públicamente de ello, el diario La Estrella de Panamá, del 9 deenero, insertó en su primera plana un denominado "Estatuto de RetornoInmediato a la Plenitud del Orden Constitucional", que suscribían el Pre-sidente Endara y los Vicepresidentes Arias C . y Ford . Tenía fecha 21 dediciembre ; estaba provisto de "considerandos" y once artículos dispositi-vos. Es muy extraño que si ese documento se hubiera firmado el 21 dediciembre, su conocimiento sólo se hiciera posible el 9 de enero . Ya paraesta última fecha, los diarios La Prensa, El Panamá América, Crítica Li-bre y El Siglo, a más de La Estrella de Panamá, venían apareciendo (losprimeros, desde el 5 de enero, y La Estrella a partir del 27 de diciembre),y se ignora por qué esos diarios no tuvieron conocimiento de tal "Esta-tuto', sino del 9 de enero en adelante . El Panamá América lo publicó

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el 10 de enero . Es bien conocida la práctica de ponerles a los documentosoficiales una fecha anterior al día en que verdaderamente se han firmado,con diversos propósitos, casi siempre nada confesables .

El preámbulo introductorio del "Estatuto" es desconcertante y utilizaun encabezamiento propio de las monarquías, totalmente desacostumbradoen Panamá : "Nosotros, Guillermo Endara Galimany, Ricardo Arias Cal-dera y Guillermo Ford Boyd, Presidente, Primer Vicepresidente y SegundoVicepresidente de la República de Panamá, respectivamente, cargos paralos cuales fuimos elegidos por la Nación panameña el día 7 de mayo de 1989,luego de tomar posesión el día 20 de diciembre de 1989, según lo autorizael artículo 177 de la Constitución Nacional" . En las repúblicas, se expre-sa la denominación de los cargos que desempeñan los funcionarios públicos,al comienzo de los documentos oficiales, y sus nombres y firmas se co-locan al final de los mismos. ¿Por qué hubo de abandonarse esta prácticajurídica? No lo sabemos .

Además, siempre aseveraron los ungidos que habían tomado posesiónde sus cargos horas antes de la invasión (ésta se inició a las 12 :45 del20 de diciembre), mas el preámbulo reproducido afirma que lo hicieronel 20 de diciembre, es decir, después de iniciada la invasión o simultánea-mente al comienzo de la misma . No obstante lo expresado en el preámbulo,el primer "considerando" del "Estatuto" regresa a la primitiva versión :"Que a escasas horas de, tomar posesión de nuestros cargos supimos queera inminente e inevitable que se produjera una acción militar de los Esta-das Unidos de América en el territorio de la República de Panamá" . Cabepreguntar : ¿la posesión ocurrió el 20 de diciembre, como se indica en elpreámbulo del "Estatuto", o fue escasas horas antes de la "inminente"invasión, o sea el 19 de diciembre en horas de la noche? El "Estatuto"suministra las dos versiones dispares, y creemos que en esta materia debeprevalecer la verdad real, inclusive en lo que algunos reputarán como "de-talles intrascendentes", porque la verdad histórica no tiene por qué serdubitativa, o contradictoria. Ya hemos manifestado nuestra duda de que el"Estatuto" se hubiera firmado "el 21 de diciembre de 1989", fecha de sutexto, porque fue publicado, pese a su importancia, el 9 de enero de 1990 .Lo del momento de la toma de posesión, tampoco es un "detalle intras-cendente" . Las cosas apresuradas y las cosas falsas son, casi siempre, sus-ceptibles de engendrar esta clase de errores o contradicciones .

La invasión norteamericana y los días y meses subsiguientes a la mismafueron acompañados de una verdadera situación extraordinaria, de emer-gencia nacional, de caos, de anarquía, de traumas enormes en el acontecer

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panameño. ¿Era lo aconsejable y racional promulgar el "Estatuto" que sedice firmado el 21 de diciembre, o era más acertado establecer un régimenjurídico diferente?

Comencemos por calibrar el contenido jurídico del "Estatuto", en susdisposiciones fundamentales .

"Artículo Primero . A partir de la fecha y con la salvedad de las atri-buciones que ejerce por sí solo el Presidente de la República, todo el poderpúblico será ejercido por el Presidente, el Primer Vicepresidente y el Se-gundo Vicepresidente de la República de Panamá, quienes actuarán porunanimidad y con sujeción a lo que prescribe el artículo 17 de la Consti-tución Nacional" .

Muy extraña fórmula de un triunvirato inocuo, que jamás se dio comoexpresión de orden jurídico . Su propia "unanimidad" y su irreal posibi-lidad de funcionar totalitariamente ("todo el poder público") lo destru-yeron al nacer, porque las funciones ejecutivas constitucionales ordinarias(las únicas que competen al órgano Ejecutivo), las efectúa el Presidentecon el Ministro del Ramo, y porque las funciones legislativas (tambiénforman parte del poder público) fueron adscritas al Consejo de Gabinete,en el artículo tercero del "Estatuto" . Ese "triunvirato" era muy ajeno a latradición gubernativa y al Derecho Constitucional panameño y quien oquienes lo concibieron estaban al margen de esa tradición y de nuestroDerecho. El "triunvirato" no funcionó jamás, como mecanismo ejecutivoestatal, pero se encuentra en el "Estatuto" como una rara muestra dedesorientación jurídica, por decir lo menos .

El Dr. Carlos Iván Zúñiga, político y profesor de Derecho en la Uni-versidad de Panamá, censuró la invención jurídica comentada, expresandoque "el Estatuto, al exigir la unanimidad de los ilustres mandatarios creaun indebido veto al ejercicio de las atribuciones del Sr . Presidente (ElSiglo, enero 23) .

La rimbombante denominación que se dio al "Estatuto de RetornoInmediato a la Plenitud del Orden Constitucional" no tenía nada que vercon su contenido normativo, cuatro de cuyos once artículos (ya enjuicia-mos el primero) se dedicaron a establecer la forma que revestiría el cómpu-to de votos electorales para la Asamblea Legislativa y para los ConsejosMunicipales, cómputo que había sido eliminado por el Decreto de Anula-ción total de las elecciones de 1989, proferido el 10 de mayo, por órdenesde la Narcodictadura .

Y sin mayor disimulo, el "Estatuto" preceptuó que el órgano judicialde la Narcodictadura (los Magistrados de la Corte Suprema, el Procura-

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dor General de la Nación y el Procurador de la Administración) lo mismoque el Contralor y el Sub-contralor General de la República del régimendepuesto, fueran reemplazados por designación del nuevo Consejo de Ga-binete. La verdad era que los Ministros de Estado, los Magistrados de laCorte Suprema, los Procuradores y el Contralor General de la Repúblicadesignados en la época de la aplastada Narcodictadura, serían sustituidospor un nuevo equipo de Gobierno, al margen de la constitucionalidad delantiguo régimen, no por razones jurídicas, sino por motivaciones políticase históricas .

El aplastamiento militar de la Narcodictadura se había llevado de callea todos los altos funcionarios de ese antiguo régimen . Un edificio de laCorte Suprema incendiado no podía albergar a nadie ; ni los Ministeriossaqueados e inutilizados tampoco podían propiciar el desempeño de losanteriores Ministros, ni de los Directores de entidades autónomas. Esa altaburocracia se había quedado de hecho, a consecuencia de la invasión, sinsus cargos oficiales. Además, tampoco podía funcionar el nuevo Gobiernocon los Magistrados de la Corte, con los Procuradores, con el Contralorque ocupaban sus puestos el 19 de diciembre, porque habrían actuadocomo simples saboteadores del nuevo orden gubernamental . Tales eran lasmotivaciones históricas y políticas a las que obedecía una nueva designa-ción general, para tales cargos. En vez de entender que la emergencia na-cional había dado al traste con ese ancien régime, los nuevos gobernantes,el "triunvirato" pasó a exigir verbalmente "renuncias", para producirinnecesarias "vacantes" y, lo que es peor, a redactar fórmulas "jurídicas",para el "retorno inmediato a la plenitud del orden constitucional", cuandoera imposible, física y jurídicamente, cumplir con el orden constitucionalque existía en esa coyuntura .

Regresemos al texto del "Estatuto" . Si ya la Constitución establece(artículo 178) que el Presidente nombra por sí solo los Ministros de Esta-do, no había ninguna necesidad de la siguiente norma :

"Artículo Segundo. En uso de las facultades que le otorga el inciso lo .del artículo 178 de la Constitución Nacional, el Presidente de la Repú-blica nombrará todos los Ministros de Estado, quienes, desde ese momento,ejercerán todas las funciones inherentes al cargo" .

En un "Estatuto" de "retorno inmediato a la plenitud del orden cons-titucional", no se requiere trasladar disposiciones de la Constitución . Elloes algo fútil .

Leamos otras dos normas del "Estatuto" .

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"Artículo Quinto . Dentro de los primeros quince días del mes de enerode 1990, el Consejo de Gabinete nombrará a los nueve Magistrados de laCorte Suprema de justicia, así como al Procurador General de la Nacióny al Procurador de la Administración, con sujeción a las normas perti-nentes de la Constitución Nacional . Los funcionarios así nombrados en-trarán en el ejercicio de sus funciones una vez tomen posesión de suscargos" .

"Artículo Sexto . El Consejo de Gabinete designará, interinamente, alContralor General de la República y al Subcontralor Los referidos funcio-narios cesarán en el ejercicio de sus funciones en la fecha en que la Asam-blea Legislativa haga nuevos nombramientos con arreglo a lo prescrito enel inciso 5o. del artículo 155 de la Constitución Nacional" .

Aunque los dos artículos reproducidos hacen referencia directa a laConstitución Nacional, dando a entender que seguían sus pautas, lo ciertofue que la hicieron a un lado . Un nombramiento de magistrado de la CorteSuprema de justicia, cumplido constitucionalmente, debe hacerse "median-te acuerdo del Consejo de Gabinete, con sujeción, a. la aprobación delÓrgano Legislativo" (artículo 200 constitucional) ) . El "Estatuto" expresaque los nuevos Magistrados "entrarán en el ejercicio de sus funciones unavez tomen posesión de sus cargos", lo que fue necesario para eliminar, almenos temporalmente, la exigencia constitucional de previa aprobación le-gislativa . Es verdad que en aquellos momentos el órgano Legislativo esta-ba conformado por la Asamblea de Representantes de Corregimientos ypor una Comisión de Legislación creada tres meses atrás pero nunca de-signada por la Narcodictadura; y no menos cierto es que esa Asambleade Corregimientos había sido barrida por la invasión norteamericana . Perono censuramos el hecho de que los nuevos nombramientos de magistra-dos no tendrían ninguna aprobación legislativa, antes de que se ejercierantales cargos, porque ese requisito era de imposible cumplimiento. Lo queanotamos es que no podía haber ningún "retorno inmediato a la plenituddel orden constitucional", y que debió ser otra la solución jurídica de ne-cesaria adopción por los nuevos gobernantes .

Ante la crítica de algunos abogados, sobre las condiciones en que esta-ban despachando los nuevos magistrados de la Corte Suprema de justicia,el Presidente de ésta, Lic . Carlos Lucas López, se sintió constreñido asostener que conforme al artículo 18 del Código judicial "el nombramientoy posterior ejercicio hacen presumir de derecho la posesión, tanto para elsolo efecto de estimar válidos los actos efectuados por estos funcionarios,como para exigirles la responsabilidad a que haya lugar por la ejecución

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de estos actos" . No se trataba de un problema de posesión del cargo, quela hubo, sino de la ausencia del requisito de la aprobación legislativa, por locual la explicación del Presidente de la Corte resultaba írrita . Pero a estaclase de intríngulis jurídico daba lugar un "Estatuto" poco previsor .

Lo mismo sucedió con el nombramiento "interino" del Contralor Ge-neral y del Subcontralor, porque el Consejo de Gabinete carecía de facultadconstitucional para designar a dichos funcionarios . Una razón más paraque no se pretendiera un "retorno imposible" al orden constitucional .

También era inevitable adoptar alguna medida con respecto a la nece-sidad urgente de aprobar decisiones de carácter legislativo, es decir, dictary reformar leyes, y para ello el "Estatuto" adoptó el siguiente :

"Artículo Cuarto . El Consejo de Gabinete ejercerá la función legisla-tiva mediante la expedición de Decretos de Gabinete, que deberán ser acor-dados por unanimidad y la administrativa por medio de Resoluciones deGabinete, que también serán aprobados por unanimidad" .

En esta misma Sección ya hemos suministrado el detalle relativo a quecl "Estatuto" se integraba con once artículos, y a algunos de ellos les hemosdedicado un comentario. En la medida indispensable nos referiremos pos

teriormente a otras normas del mismo documento. Sólo hemos intentadodemostrar que el "Estatuto" cayó en el terreno insostenible y contradictoriode pretender la salvaguarda de la Constitución, por una parte, al par queno le quedaba más recurso, por otra, que ponerla a un lado . Esa dualidadfue producto del "amateurismo" con que se hizo frente al problema jurí-dico-institucional de la República, cuando se produjo, por efectos de lainvasión norteamericana, el aplastamiento de la Narcodictadura y el ascen-so al poder de los nuevos gobernantes .

No se aprovechó la conocida experiencia política latinoamericana rela-tiva al desplome de las dictaduras militares. No se comprendió que laliquidación militar de las Fuerzas de Defensa había traído, ipso facto, elcese total del Gobierno civil de la Narcodictadura . No se comprendió quelas nuevas funciones gubernamentales se darían en una clásica situación deemergencia nacional, y que resultaba imposible que el nuevo Gobierno pu-diera iniciar y continuar sus actuaciones con apego formal a la Constitu-ción . No se comprendió que todos los problemas nacionales le saldrían alpaso, magnificados, al nuevo Gobierno. No se comprendió que el Fiscoestaba en absoluta bancarrota y que la economía nacional se encontrabadestrozada . No se entendió que el nuevo Gobierno debió señalar un períodotransitorio (le un año, prorrogable, con facultades extraordinarias, pararescatar al país de la ruina moral, política, económica e institucional en

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que estaba postrado, permitiéndose cumplir la Constitución en lo posible(garantías individuales, derechos humanos, etc .) y legislar con Decretosde Gabinete, conforme a un orden prioritario de problemas, pero llevandopor delante el escudo de los verdaderos intereses nacionales. Ese períodoprovisorio, de altos objetivos patrióticos, con amplio respaldo y participa-ción nacional, no habría tenido ninguna objeción, de haber sido adoptadoinmediatamente a la asunción del poder, porque el pueblo panameño sehabría percatado de su necesidad, si al mismo tiempo se delineaban tantosus circunstancias justificativas, como las posiciones generales de accióngubernamental que procedían . En vez de tal planteamiento, el GobiernoEndara se acogió a la promulgación de su pobre "Estatuto" y a las accionesy omisiones desastrosas del primer año de ejercicio de "todo el poder políti-co", como se pretendía en el documento mencionado .

III. Credenciales del Tribunal Electoral para Endara,Arias C. y Ford

Al referirnos a la Formación del Gobierno Endara (Sección IX de laOctava Parte), hubimos de anotar el hecho sorpresivo de que el 27 dediciembre el Tribunal Electoral revocó su Decreto No . 58 de 10 de mayode 1989 (que anuló las elecciones del 7 de mayo), por medio de su Reso-lución No. 502 de aquella fecha (27 de diciembre), proclamó el triunfopresidencial de la nómina Endara, Arias Calderón y Ford, entregándolesen el mismo acto las credenciales de Presidente y Primer y Segundo Vice-presidentes, a dichos ciudadanos . De los tres magistrados que originalmenteanularon las elecciones, la Presidenta Lic . Yolanda Pulice de Rodríguezy el magistrado Luis Chen, tomaron parte en este viraje incalificable . Eltercer magistrado, Lic . Manuel A . Icaza, reemplazó al Lic . Aurelio Correa,que había suscrito también el Decreto de Nulidad, pero que algún tiempodespués fue suspendido por decisión preliminar de la Corte Suprema deJusticia de la Narcodictadura .

Así como analizamos los aspectos jurídicos de la actitud del GobiernoEndara en "el caso de Noriega", que se suscitó con su asilo en la Nuncia-tura y su entrega a las autoridades norteamericanas, también procede querevisemos al fondo jurídico y moral del acto de proclamación presidencial,en cuya virtud, la nómina electoral oposicionista fue investida de las cre-denciales correspondientes el 27 de diciembre .

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Us muy resaltante la circunstancia de que una semana después de haberjurado sus cargos presidenciales (19 o 20 de diciembre, pues todavía nohemos podido determinar la hora y fecha de esa primera toma de posesiónen Fort Clayton), de haber jurado por segunda vez (o tomado posesiónde los mismos), el 21 de diciembre en el Palacio Legislativo y de haberdictado varios Decretos (designación de Ministros, de Contralor Generalde la República, de Procurador General de la Nación, etc .), se estimaraprocedente que el Tribunal Electoral, por Resolución del 27 de diciembreproclamara el triunfo electoral de los nuevos Gobernantes, les otorgaralas credenciales del caso y ellos las recibieran muy jubilosamente, como sevio en la transmisión televisada del inesperado acto. Aún nos preguntamosqué necesidad había, dentro de las circunstancias indicadas, de una pro-clamación de triunfo electoral y del otorgamiento de unas credenciales atodas luces fuera de lógica y de toda oportunidad . Los actos jurídicos dejuramento o posesión y del ejercicio efectivo del poder, ya cumplidos conanterioridad, precluían la proclamación y las credenciales aludidas . Pareceque una cosa es la lógica jurídica y otra, muy distinta, "la lógica política" ;más bien, la lógica de "los políticos" .

Es muy explicable que si la mayoría de los Gobiernos latinoamericanosrepudiaba "la invasión norteamericana en Panamá", "la intervención delos Estados Unidos", cualquier persona hubiera pensado que era conve-niente, para el triunvirato presidencial, hacerse de una proclamación y deunas credenciales que emanaran del órgano competente : el Tribunal Elec-toral. Y ello con el fin de gestionar que esos Gobiernos cambiaran su opi-nión adversa. Pero lo evidente era que esos documentos no iban a propiciarcambio alguno en la manera de pensar de tales Gobiernos . Hemos desta-cado ya, en la última Sección de la Octava Parte, que en fecha tan pos-terior como lo fue el 9 de julio de 1990, un miembro de la Comisión Inter-americana de Derechos Humanos (Marco Tulio Celi) resucitó la reiteradacondena de la invasión, como acto culpable del pueblo panameño . Sinembargo, cualquier persona vinculada a la experiencia, de las relacionesinternacionales, sabe que con el transcurso del tiempo, como también ya loexpusimos brevemente, los países que no reconocen a un Gobierno yretiran a sus Embajadores, casi siempre reanudan, por razones de nece-sidad de sus súbditos, esas relaciones y se olvidan del problema inicial .Buscar esa proclamación y esas credenciales, extendidas por las manos dela Licenciada Yolanda Pulice de Rodríguez y del magistrado Luis Chennos pareció, cuando menos, innecesario, inútil ; mas parece que pudo haberpersonas de suficiente influencia que aconsejaron insensatamente pasos se-

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mejantes. Sea como fuere, cl caso es que, visto el asunto por su exteriori-dad, más perdían los señores Endara, Arias C . y Ford, con esa proclama-ción y con esas credenciales, que lo que pudieron ganar al obtenerlas .

De conformidad con la parte final del artículo 137 de la Constitución,"las decisiones del Tribunal Electoral son definitivas, irrevocables y obli-gatorias. Se exceptúa lo referente al recurso de inconstitucionalidad" .

A la luz textual de esta norma superior, el Decreto de Anulación delas elecciones, proferido por el Tribunal Electoral el 10 de mayo de 1989,era "definitivo" e "irrevocable", máxime porque la Corte Suprema de jus-ticia, en sentencia de 22 de junio de 1989, había declarado que ese Decretono adolecía de inconstitucionalidad de ninguna clase. Sabemos que esademanda de inconstitucionalidad fue un "truco jurídico" de la Narcodic-tadura norieguista; pero también sabemos que esa Narcodictadura, con susjueces, magistrados y funcionarios de toda clase, ejercía el poder formaly material en Panamá, con acatamiento general y vigencia jurídica indis-cutible.

El Gobierno Endara no declaró suspendida, ni total ni parcialmente,la Constitución . Muy por el contrario, el Presidente y los Vicepresidentesjuraron sus cargos teniendo en sus manos y leyendo con sus ojos, física-mente, el texto de la Constitución, y declararon actuar, a partir del 20 dediciembre, con base en la misma . Fue inevitablemente inconstitucional,antijurídico, que el Tribunal Electoral, mediante la Resolución No . 502,REVOCARA su Decreto de Anulación de las elecciones ; que proclamarael triunfo de unos "candidatos" que ya desempeñaban sus funciones presi-denciales y quo les extendiera las credenciales para unos cargos que yahabían comenzado a ejercer .

No es necesario decir mucho de la condición moral de los nuevos actos"jurídicos" plenos de antijuricidad, que emanaban de magistrados que sehabían distinguido por consumar actos aprobatorios del fraude de 1984 yactos posteriores dictados como úlcases de la Narcodictadura (nos referi-mos a la Sra . Pulice de Rodríguez y al Sr. Chen, y algunos de sus actosfueron : el despojo del Partido Liberal a la fracción más representativa delmismo; despojo del Partido Panameñista Auténtico a la mayoría de suDirectorio arnulfista y en éste el Sr. Endara, para entregarlo al Sr . Hildeb randoNicosia,et sicde coeteris).Magistrados que firmaron el nefasto e

impúdico Decreto de Anulación de las elecciones del 7 de mayo. De esasmanos espurias salieron la "nueva proclamación" y las "nuevas credencia-les", y las recogieron del cieno los nuevos gobernantes panameños, electos

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legítimamente por la inmensa mayoría del pueblo el multitudinario 7 demayo .

Si los dos principales magistrados del Tribunal Electoral habían actua-do como nefastos instrumentos de la Narcodictadura, surge el interrogantesobre las razones que pudieron mediar para que ellos no sólo otorgaran lascredenciales ya examinadas, sino también para que continuaran en suscargos, a diferencia del desplazamiento y reemplazo de los magistradosnorieguistas de la Corte Suprema. En una Sección próxima enfocaremosesta contradicción paradójica .

Varios políticos panameños de experiencia, con sagaz visión de la po-lítica nacional, comunicaron a la nómina Enriara, Arias C . y Ford, sucriterio de que antes del lo. de septiembre de 1989 ellos debían prepararuna documentación jurídica, fundada en el acto jurídico de la elección del7 de mayo, tomando como punto de partida el hecho de que la, "destitu-ción" del Primer Vicepresidente, el Sr . Eric A. Delvalle, era antijurídica,y la circunstancia de que éste despachaba con su Embajador, desde la sedediplomática panameña en Washington . Esa documentación sin duda queiría a plantear la existencia de dos gobiernos paralelos, a partir de aquellafecha : el Gobierno fraudulento de la Narcodictadura y el Gobierno legíti-mamente jurídico, pero con propia juridicidad, de la nómina triunfanteen la elección del 7 de mayo. Era lo menos que, jurídicamente, debió ha-cerse, en la opinión de las personas aludidas . Pero a los señores Endara,Arias C. y Ford les pareció "ridícula" (así la calificaron) esa fórmula yprefirieron jurar sus cargos, tomar posesión de ellos y ejercer el poder, connombramientos y todo, SIN TENER EN SUS MANOS, ABSOLUTA-MENTE, NINGÚN TITULO O DOCUMENTO JURÍDICO ENQUE SE, PLASMARA EL TRIUNFO ELECTORAL QUE LES DIOEL PUEBLO PANAMEÑO. También prefirieron recibir de manos de laLic. Pulice de Rodríguez las celebérrimas credenciales que el Tribunal Elec-toral les entregó "muy voluntariamente", según declaración del PresidenteEndara. Ese "cómputo", esa "proclamación", esas "credenciales" extem-poráneas y antijurídicas (todos esos actos llevan la fecha insólita e irrealdel 27 de diciembre), transformaban a los nuevos gobernantes panameñosen reos de lesa institucionalidad jurídica, de la institucionalidad que adiario quebraba más y mas la Narcodictadura y que ellos, los nuevos go-bernantes, estaban obligados a rescatar, aunque sólo podían hacerlo pasoa paso, mas no con pasos que, contradictoriamente, volvían a ponerla enentredicho, ante la faz del país.

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IV. Nombramientos cruciales

Las únicas personas que podían reclamar en Panamá, el 20 de diciembrede 1989, la condición legítima de gobernantes, eran los señores Endara,Arias C. y Ford, en su carácter de Presidente (el primero) y de Vicepresi-dentes (los dos últimos) . Y sobre todo el Presidente Endara estaba en elpunto de partida de la conformación de un nuevo Gobierno .

Cuatro nombramientos cruciales debía enfrentar ese Gobierno : 1) elde Ministros de Estado ; 2) el' de Magistrados de la Corte Suprema deJusticia y del Tribunal Electoral ; 3) la propuesta para Administrador ypara cuatro miembros de la junta Directiva de la Comisión del Canalde Panamá, ante los Estados Unidos ; 4) el de los jefes de la Fuerza Pú-blica. Era indispensable que el Gobierno mostrara en ellos que, con losmismos, contribuiría al máximo a dar soluciones favorables a los interesesnacionales y que igualmente abría el camino para dirigirse a la superaciónde la tragedia colectiva vivida por el país durante 1987, 1988 y 1989 .

La circunstancia de que el autor de este libro no está inspirado en lacrítica personalista y malsana, y el objetivo de análisis histórico-político, decarácter científico, con que ha concebido esta obra, llevan a prescindirdeliberadamente de nombres, en esta Sección, hasta donde la claridad delas cosas lo permitan, porque las personas, en lo individual, no interesan(pueden ser unas u otras), y lo importante son las tendencias políticas ylas realidades sociales que representan .

a) El jueves 21 de diciembre de 1989, en horas de la mañana, elPresidente y los Vicepresidentes concurrieron al Palacio Legislativo, conel fin de repetir el juramento y la posesión de sus cargos en una oficinapública del Gobierno nacional, ya que al iniciarse la invasión norteameri-cana, ellos juraron sus cargos esa misma noche, en Fort Clayton, una basemilitar de los Estados Unidos en suelo panameño, dado en uso a Norte-américa. Ningún periódico panameño suministró la información sobre estasdos posesiones, pues a partir del 20 de diciembre y hasta el 27 de ese mes,no se publicaron diarios en Panamá, debido a la situación caótica pre-valeciente. Pero en las dos posesiones hubo fotografías y las del primeracto han sido de difícil consecución. Las informaciones correspondientesfueron captadas por conducto de la televisión, los días 20 y 21 de di-ciembre.

Constitucionalmente, el jefe del órgano Ejecutivo, el Presidente de laRepública, está facultado para nombrar por sí solo a los Ministros de Es-tado. Y el día 22 de diciembre el Presidente Endara nombró al Primer

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Vicepresidente, Dr . Ricardo Arias Calderón, como Ministro de Gobiernoy justicia, y al Segundo Vicepresidente, como Ministro de Planificación yPolítica Económica (La Estrella de Panamá, diciembre 27), a pesar deque los cargos de Vicepresidentes de la República tienen funciones vicepresidenciales propias y efectivas, de acuerdo con el artículo 180de la

Constitución. Ya hemos subrayado que en ningún momento de la Dicta-dura militar de dos décadas, los Vicepresidentes llegaron a desempeñar elcargo de Ministro de Estado, y siempre tuvieron oficina propia y sueldoincluido en el Presupuesto estatal, como Vicepresidentes .

Los restantes diez Ministros del nuevo Gobierno fueron designados enlos días siguientes al 22 de diciembre, lo mismo que el Contralor Generalde la República y el Procurador General de la Nación (La Estrella dePanamá, diciembre 27) . Sólo este último funcionario fue designado por suvinculación personal con el Presidente Endara, en tanto que los Ministrosy el Contralor respondieron a una clara relación política con los tres par-tidos gobernantes, los cuales habían conformado la nómina presidencial deoposición, para las elecciones del 7 de mayo de 1989 .

La gran mayoría de las personas que depositaron su voto ese día elec-toral no lo hizo pensando en que facultaban a los tres partidos de oposiciónpara ejercer un monopolio exclusivista del Gobierno, sino que votaron conlas papeletas opositoras a fin de repudiar con toda decisión y masivamentea la Narcodictadura, que se había apoderado de todos los resortes del poderpúblico y llevaba al país, desde 1987, por el camino de la tragedia nacional .Era un repudio incontrastable y, a la vez, una designación para que elnuevo Gobierno pusiera en marcha las rectificaciones y las soluciones quela Patria exigía en la hora mas negra de su historia .

Mas la distribución partidista del Gabinete fue el primer acto indubi-table del ejercicio personalista y sectario del poder público, que se llevóa cabo haciendo a un lado la real voluntad del pueblo panameño, encuanto a la formación del nuevo Gobierno .

b) El segundo nombramiento crucial sería el de Magistrados de laCorte Suprema de justicia y del Tribunal Electoral, que el "Estatuto deRetorno Inmediato a la Plenitud del Orden Constitucional" anunciaba delmodo siguiente :

"Artículo Quinto . Dentro de los primeros quince días del mes de enerode 1990, el Consejo de Gabinete nombrará a los nuevos magistrados de laCorte Suprema de justicia, así como al Procurador General de la Nacióny al Procurador de la Administración, con sujeción a las normas pertinen-tes de la Constitución Nacional" .

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"Artículo Noveno . Al quedar debidamente instalados, el órgano Legis-lativo, el órgano Ejecutivo y la Corte Suprema de justicia procederán, enejercicio de sus facultades constitucionales, a elegir los tres (3) Magistra dos que integrarán el Tribunal Electoral".

En ambos casos, tanto para la Corte Suprema como para el TribunalElectoral, la Narcodictadura mantenía ocupadas por sus instrumentos dó-ciles las magistraturas, con diversos períodos escalonados en cuanto altiempo de funciones de esos magistrados . La invasión norteamericana ha-bía liquidado de hecho a esos funcionarios, pero el nuevo Gobierno se en-frentaba a la continuidad jurídica de tales magistrados en sus cargos, yaque el "Estatuto" no había adoptado ninguna medida sobre esa continui-dad. Además, cada uno de ellos tenía un suplente, que podía actuar enausencia del principal .

Transcurridos los días iniciales de caos burocrático, el nuevo Gobiernocomenzó por solicitar "confidencialmente" a los magistrados de la CorteSuprema que presentaran renuncia de sus cargos, con el fin ostensible deque se crearan las vacantes y llenarlas con personas alejadas de la Narco-dictadura . Hubo no pocas resistencias y ya sabemos que uno de esos Ma-gistrados, el Lic . Jerry Wilson, denunció ante la Asamblea Legislativa laspresiones utilizadas para obtener las renuncias (La Estrella de Panamá,enero 27) .

El órgano Ejecutivo, como lo hemos indicado, no declaró en el "Esta-tuto" suscrito para el "retorno inmediato" a la constitucionalidad, la vacan-cia de los Magistrados de la Corte Suprema de justicia y del TribunalElectoral. En cambio, según el artículo 5o. de ese Estatuto, llegó a disponerque el Consejo de Gabinete (es decir, el propio Ejecutivo) designaría "losnueve Magistrados de la Corte Suprema de justicia", así como a los Pro-curadores, dentro de la primera quincena de enero, "con sujeción a lasnormas pertinentes de la Constitución" . No se sabe a cuáles normas cons-titucionales se refería esta pauta, sobre todo porque implícitamente el ar-tículo 5o., mencionado, contenía un oblícuo despido de los magistradosprincipales y suplentes .

Como el nuevo Ejecutivo no podía funcionar con una Corte Supremaque había sido adicta a la Narcodictadura, los nuevos gobernantes debieronaceptar abiertamente ese impedimento institucional, y darle al problemauna solución extraordinaria, de emergencia, declarando expresamente lavacancia de los cargos de los magistrados (así había ocurrido de hecho)y a la necesidad de nombrar sus reemplazos . El caos gubernamental creadopor la invasión norteamericana y la urgencia muy justificada de que la

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República tuviera una nueva cúpula judicial suministraban la base racio-nal y jurídica para los pronunciamientos que debieron formularse, evitandocaer en incertidumbre y hasta en contradicciones jurídicas como la de ha-cer a un lado la Constitución e invocarla al mismo tiempo, incertidumbrey contradicciones que ocurrieron por falta de claridad en los actos inheren-tes al ejercicio de un poder público que se daba en circunstancias excep

cionales. Nada menos que el célebre jurista Hans Kelsen ha reconocido que"es una norma de Derecho Internacional, universalmente admitida, que larevolución triunfante o el usurpador victorioso se convierten en poderlegítimo" (Teoría General del Estado, pág. 167, México, 1970), cita dela Quinta Parte que ahora reiteramos .

Pero lo peor no fue el zigzagueo jurídico descrito, sino el sectarismopartidista y de grupos económico-sociales que privó en las designacionesespecíficas de los magistrados de la Corte Suprema de justicia, salvo unoque otro nombramiento . El país es testigo de que hubo varios magistradosque recibieron su cargo por ser miembros de poderosas sociedades de abo-gados y los demás lo fueron por mediación de las influencias de los trespartidos políticos ahora gobernantes . Toda la lucha y los ingentes sacrifi-cios del pueblo panameño por librarse de la Narcodictadura, en el espaciode tres años, obligaban al nuevo Gobierno a seleccionar los mejores talentosjurídicos del país, acrisolados en el prestigio, en la honestidad y en el co-nocimiento profundo, para devolverle al pueblo la confianza en una admi-nistración de justicia cónsona con los intereses nacionales y con los legíti-mos intereses personales de los asociados .

Y nos abstenemos de enjuiciar en este aparte lo que sucedió con losmagistrados del Tribunal Electoral, porque la solución dada por el Eje-cutivo constituyó tan grave fraude institucional, que éste debe ser exami-nado individualizadamente .

c) En lo que atañe a la propuesta que debía hacer el órgano Ejecutivaa los Estados Unidos de América, para el cargo de Administrador pana-meño del Canal, y para escoger cuatro miembros panameños de la juntaDirectiva de la Comisión del Canal de Panamá, a fin de que actuaran apartir de enero de 1990, la decisión gubernamental siguió los mismos pa-trones de connivencia partidista y de intereses realmente sectarios, de es-paldas a las supremas exigencias de la utilidad colectiva del pueblo pana-meño, sobre todo en lo relativo a la garantía de las mejores soluciones delos problemas canaleros. En declaraciones públicas, el Licenciado José RaúlMolino, uno de los directores de la Cruzada Civilista, posteriormente nom-brado Viceministro de Relaciones Exteriores, censuró que para la junta

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Directiva del Canal se hubieran designado a personas "con ataduras po-líticas partidistas", en lugar de "personas que técnicamente conocieran elCanal como obra de ingeniería que es y no a quienes dependen únicamentede su vinculación a un partido político" (La Prensa, febrero 21) .

Diez años atrás (1979), el Licenciado Fernando Manfredo había sidorecomendado por el General Omar Torrijos a Norteamérica para que fuesedesignado como Subadministrador panameño del Canal . No era baldía,ni personalista, esa designación, recaída en un ciudadano talentoso y degran experiencia empresarial. La presencia y el trabajo de Manfredo en lacúspide de la administración canalera, durante diez largos años, y susdotes personales, lo transformaron en el panameño más versado en los ma-nejos de alta gerencia de la vía acuática. Con esa finalidad recayó en éltal responsabilidad agobiadora, como la mejor escuela para que en enerode 1990 se convirtiera, casi que por derecho propio, en el Administradorpanameño de la comunicación intermarina .

Así lo reconoció otro panameño ilustre, el intelectual y humanista Dió-genes de la Rosa, quien en declaraciones suministradas al diario La Prensa,del 31 de enero, se expresó como sigue : "El canal debe manejarse comouna empresa nacional puesta fuera del alcance de la política del botínque, infortunadamente, parece no haber perdido su gran predicamento. Mealarmó el planteamiento que se hizo a los pocos días de la instauración delactual gobierno respecto a la sustitución de Fernando Manfredo en la ad-ministración del canal, con apego a los viejos procedimientos del botín po-lítico. Considero que es en este asunto donde se halla a prueba, como enningún otro, la sinceridad del voto que todos hemos hecho de manejar elpaís con nuevos objetivos y nuevos métodos . Fernando Manfredo ha ad-quirido un conocimiento de todos los aspectos y los problemas del funcio-namiento del canal, experiencias que son insustituibles y que, hay quedecirlo, no posee ningún panameño. La continuidad de Manfredo en elcargo de Administrador, que asumió con riesgo de su vida en un momentosumamente difícil, constituye una garantía de eficiencia que nadie puedeignorarla" .

El ex-Narcodictador Noriega había desechado a Manfredo, como fu-turo administrador del Canal, porque él no era una "ficha de tablero" ensu peligroso juego de provocaciones antinorteamericanas . Y sucedió quelos nuevos gobernantes, de la libertad, de la democracia y de la justicia,valores que tanto pregonaron durante la campaña electoral de 1989, coin-cidieron con la Narcodictadura en apartar a Manfredo como candidatopara el cargo de administrador del canal .

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Después de la invasión norteamericana, a los Estados Unidos tampocoles convenía que Manfredo fuese la persona propuesta por el Gobiernopanameño, porque de insistir Panamá en su nombramiento, los EstadosUnidos se encontrarían con el panameño más experimentado en la materiay con un funcionario a quien ya conocían como celoso defensor de losintereses panameños e internacionales en la operación del canal . El pana-meño ahora seleccionado, Ingeniero Gilberto Guardia Fábrega, a más delas simpatías democristianas, puede tener muchas capacidades, pero des-conoce supinamente la experiencia de la administración canalera y le lle-vará sus años adquirirla .' Mientras tanto, los Estados Unidos, con unsubadministrador norteamericano que conoce el funcionamiento del canal,desde hace años, el Sr . Raymond Laverti, lo manejarán a su inveteradaconveniencia.

Tres de los cuatro panameños recomendados por Panamá, designadospor Norteamérica para la junta Directiva de la Comisión del Canal dePanamá se han dedicado, de por vida (no son jóvenes), a menesteres ex-traordinariamente alejados de lo que es el funcionamiento de la ruta cana-lera. Y el cuarto, por varios años miembro panameño de esa junta Direc-tiva, fue empleado del Canal antes de 1978, jefe de sindicatos en el mismoy actualmente miembro-director de la ORIT, en México, una centralobrera latinoamericana colaboradora de la AFL-CIO norteamericana .Como puede advertirse, "todo está consultado", en la designación de larepresentación panameña para la administración del Canal, en el períodomás importante de la transición hacia la plena propiedad panameña delCanal en el año 2000 .

Dejamos para una próxima Seección el nombramiento de los nuevosjefes de la Fuerza Pública y ya anotamos que lo mismo haremos con elde los magistrados del Tribunal Electoral .

V. Continúa el asalto burocrático

Los nuevas Ministros y Directores de Instituciones autónomas, represen-tantes directos de los tres grupos partidistas, desataron abiertamente el asal-to burocrático de la cosa pública . Erigieron en delito administrativo la per-

1 El Ingeniero Gilberto Guardia Fábrega figura ya en esta obra, como representantede la nómina Endara, Arias C . y Ford, para un diálogo incidental entre las partes, quetrató de propiciar la OEA, incidente descrito en la Tercera Parte, Sección XXII, deesta obra .

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tenencia a los "Batallones de la Dignidad" y a los "Comités de Defensade la Patria y de la Dignidad (CODEPADI) y produjeron gran canti-dad de vacantes para satisfacer el interés de su clientela política, cada cualpor su lado. Día a día, las destituciones por figurar en una simple listade "codepadis" fueron sucediéndose en oleadas (a fines de año, el Vice-presidente y Ministro Ford se ha referido a cuatro mil puestos, sin mayoresdetalles, pero fuentes oficiales no identificadas han aseverado que ha habidodoce mil despidos y ocho mil nombramientos, lo que explica el saldo decuatro mil eliminaciones de cargos) . Se dictaron cuatro Decretos de Gabi-nete : uno con fecha 26 de diciembre (No . 1), dos con fecha lo. de fe-brero (No. 20 y No. 21) y uno con fecha 20 de febrero (No. 48) .

La esencia de dichos Decretos de Gabinete, consta en el artículo lo . delDecreto No. 1, redactado como sigue : "Quedan insubsistentes los nombra-mientos de los servidores públicos que en el transcurso de los últimos treintameses y al amparo de la dictadura, se dedicaron a actividades de perse-cución, represión, amenaza, hostigamiento, destrucción y robo de la pro-piedad pública y privada, introducción o tráfico de armamentos, o quede cualquier manera notoria, atentaron contra la dignidad y derechos hu-manos de sus compañeros de trabajo y demás ciudadanos panameños oextranjeros" .

¿Qué es "ameanza"? ¿Qué es "hostigamiento"? ¿Qué es "atentado con-tra la dignidad"? Esta tipificación de conductas pasibles de destitución nosólo era muy amplia, sino también muy subjetiva . Por si ello fuera poco,la única exigencia procesal de la medida, que sólo se reconocía en favorde los funcionarios que gozaban de estabilidad, fue derogada por el De-creto de Gabinete No . 48, de 20 de febrero, el cual estableció que las des-tituciones "se aplicarán a los servidores públicos de inmediato, una vez secompruebe los hechos señalados" .

Las citas anteriores las hacemos para destacar el alegado fundamentojurídico del asalto burocrático que estuvieron consumando los tres partidosgobernantes desde principios de 1990, el cual se inició, como hemos visto,con el reparto partidista de los Ministerios de Estado, de las magistraturasde la Corte Suprema de justicia y de la representación panameña en laadministración del Canal . Al parecer, sólo en esos tres partidos y entresus amigos había personas honestas, de talento y de conocimientos .

Cuando se iniciaron las primeras evidencias de este asalto burocrático,algunas voces formularon sagaces prevenciones . El destacado periodista po-lítico Tristán Solarte (nombre legal : Guillermo Sánchez Borbón), perse-guido y deportado por la Narcodictadura, fue una de esas personas :

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"Hay que ir a una reforma profunda de la sociedad empachada de"proceso" y de mentiras, enferma de corrupción y de paternalismo . Perola dirección y el ejemplo tienen que venir de arriba y ser lo suficientementeinspiradas y fecundas para despertar todas las energías colectivas latentesy dirigirlas hacia el cumplimiento de objetivos claros y, sobre todo realis-tas. Esto plantea una aterradora responsabilidad a la dirigencia política,como tal vez no haya caído sobre los hombros de ninguna otra en nuestrahistoria, con la posible excepción de la que hizo la independencia y con-solidó la recién nacida república" . "No se me ocurre nada peor que darlea un pueblo, que había perdido la fe en todo y en todos, el vergonzosoespectáculo de una rapiña por posiciones burocráticas . La tarea de hoy,simultánea a la reconstrucción del país y a la puesta en marcha de unaeconomía postrada, es devolverle a los panameños su fe en los hombrespúblicos y en los destinos de su patria . Ojalá que todos sepamos mostrarnosa la altura del tiempo nuevo, cuyo nacimiento se anuncia entre terriblesdolores y violentos desgarrones y que no lo vayamos a abortar con torpesmaniobras e intrigas" (La Prensa, enero 8) .

Otro excelente periodista poco activo en los últimos años, el señorMario Velásquez, en artículo denominado "La última Oportunidad", de-cía : "Los dirigentes del nuevo gobierno deben cuidarse del virus del par-tidismo, el amiguismo y el nepotismo, males históricos de la vida públicanacional" . "Es recomendable que el gobierno busque colaboradores en elámbito ancho de todo el espectro social del país ; vivimos una hora grandede la historia panameña, que exige y demanda grandeza y sentido nacional en las decisiones de quienes tienen en sus manos la reconstrucción delpaís, la consolidación de la democracia y la libertad y el urgente sanea-miento de la administración pública" (La Estrella de Panamá, enero 13) .

Hubo personas que se mostraron consternadas por lo que comenzabaa suceder en las altas esferas gubernamentales y se sintieron impulsadas aexponer su angustia, como fue el caso de la patética Carta Abierta publicada por la profesora Berna P . A. de Burrell, en la que expresaba : "Senos ha hecho una dolorosa cirugía en que se nos ha amputado el alma,pero ésta se regenerará" . "El amiguismo estuvo mal para gobernar a Pa-namá hace veintiún años ; hoy sería un suicidio ; no podemos darnos ellujo de que se dé preferencia sólo a unos cuantos ; que se ocupen los puestospor aptitudes, no por simpatía, ni por politiquería" (La Prensa, enero 14) .

Días después, el periodista Solarte insistió de modo directo en que"todos debemos erigirnos en fiscalizadores del gobierno, señalando a tiempolos errores antes de que degeneren en auténticos desastres . Y los gober

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nantes están en la obligación de recibir las críticas en el mismo espíritucon que se formulan" (La Prensa, enero 17) .

En fecha aún temprana, uno de los directivos de la Cruzada Civilista,entidad que con su lucha desde 1987 y 1988 propició el repudio nacionalcontra la Narcodictadura, aclaró que "en las decisiones trascendentalesque adopta el Gobierno, la Cruzada no ha sido tomada en cuenta, y porello criticaremos lo malo y alabaremos lo bueno" (La Estrella de Panamá,febrero 20, columna La Llorona) .

El asalto burocrático apuntado se acompañó de una característica es-pecial, que merece un señalamiento inmediato .

VI. Restauración de la Oligarquía y nepotismo

Desde el punto de vista de la existencia de las clases sociales y de la po-lítica nacional, el Gobierno Endara consumó una verdadera restauraciónde la Oligarquía panameña y de su nepotismo . Es útil una breve incursiónhistórica.

Desde la independencia panameña de Colombia, en 1903, la hegemo-nía del poder político nativo la ejerció la fracción social aristocrática, queen uso del mismo, se transformó en una típica oligarquía . Hasta fines delos años veinte, un reducido grupo de familias aristocráticas monopolizó elgobierno, excepto uno que otro Presidente liberal de clase media, con pres-tigio ganado a fines del siglo xix y sobre todo durante la sangrienta GuerraCivil de los Mil Días (1899-1902) . En donde se acusó más la existenciade la Oligarquía aristocrática fue en la esfera política, pues el dominio delpoder público se transmitió siempre a través de apellidos constantes y deconocida prestancia económica y social, siguiendo métodos y prácticasde fachada democrática, signados en su fondo por una profunda corrup-ción electoral .

Pero con el auge económico y las corrientes migratorias que trajo elfuncionamiento del Canal norteamericano de Panamá, a partir de 1918,esa Oligarquía aristocrática devino en Oligarquía Plutocrática ; se hizoreceptiva de una evidente influencia del capital extranjero, de familiasadineradas foráneas y con el ingrediente del aumento vegetativo de la po-blación, también incrementó sus filas. El matrimonio y los negocios hansido los factores vinculantes de mayor importancia en la estructuración dela actual Oligarquía plutocrática.' Es un lugar común la dedicación de la

2 Cfr. ¿Quiénes son los Dueños de Panamá? William R . Hughes e Iván A . Quin-tero, Ceaspa, Panamá, 1987 .

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burguesía a las empresas, en tanto que la Oligarquía, como fracción deella, viene a ser principalmente, su representación política .

Limitadamente la Dictadura castrense torrijista y la Narcodictaduranorieguista asumieron un matiz anti-oligárquico, pero se aliaron a ciertosgrupos de la Oligarquía panameña . Desde 1983, con el reinado de Norie-ga, sobre todo en los años de 1987 a 1989, por su exceso de represión, elex-Narcodictador se enajenó la tolerancia inicial de la Oligarquía, queterminó combatiéndolo abiertamente . Desde principios de 1989, la cam-paña electoral norieguista aprovechaba por igual slogans anti-yankis yanti-oligárquicos, y la misma nómina Endara, Arias Calderón y Ford Boydse configuró como bastión electoral de la Oligarquía .

Ya en el poder, con la formación inicial del Gobierno, el asalto buro-crático y el exclusivismo de los tres partidos políticos formales (y el infor-mal partido arnulfista de Endara), se había establecido, prácticamente, larestauración de la Oligarquía plutocrática, bastante marginada del poderpolítico, como grupo social, por el régimen castrense . Ahora, los Arosemen

a, los Arias, los Eleta, los Fidanque, los Psychoyos, los Tagarópulos, losHumbert, los Guardias, los Linares, vinieron a ser las familias de vali-miento y las más cotizadas para los altos cargos estatales .

Basta señalar algunas de las relaciones de parentesco del PresidenteEndara, del Vicepresidente Arias Calderón y del Vicepresidente Ford, yde sus vinculaciones mercantiles con los grupos del poder económico dePanamá, para comprobar que el 20 de diciembre de 1989 nos legó, po-lítica y económicamente, la restauración plena de la Oligarquía plutocráti-ca en el poder .

El Presidente Guillermo Endara Galimany tiene antepasados inmedia-tos que formaban parte de grupos aristocráticos, y su primer matrimoniocon Marcela Cambra lo relaciona con las familias Zarak, Fábrega y Linares(por ejemplo, con el Teniente Coronel Rogelio Fábrega, Comandante dela Policía Nacional después de 1941, padre de Rogelio Fábrega Zarak) . Lahermana del Presidente (Elsa) contrae nupcias con Guido Martinelli, y elhijo de ambos Guido Martinelli Endara, está vinculado a los Arosemena .Zoila Gloria Endara contrae nupcias con Rodolfo Estripeaut de la Guar-dia y por este lado los Endara se relacionan con los Alfaro y de la Guardia .

El primer Vicepresidente Dr . Ricardo Arias Calderón tuvo comoabuelo paterno a Ramón Arias Feraud y como abuela materna a Magda-lena Herrera. Sus progenitores fueron Ramón Arias Arias y GuadalupeCalderón Herrera, quienes conjuntamente con Pedro, Agustín, Jorge yEduardo Arias Feraud (tíos del Vicepresidente), integran un fuerte núcleo

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del cual se desprenden familias aristocráticas muy conocidas . Por ejemplo,la señora madre del Vicepresidente Arias Calderón, Guadalupe CalderónHerrera, contrajo segundas nupcias con Samuel Lewis Arango, padre delos políticos e industriales Samuel y Gabriel Lewis Galindo .

El Segundo Vicepresidente Guillermo Ford está relacionado con lafamilia de este último apellido, y al contraer matrimonio con Dora Díazfortalece sus entronques oligárquicos con los Díaz, con los Herrera Lara,con los Eleta Almarán (Carlos Eleta es casado con Dora Raquel Boyd dela Guardia), con los de la Guardia, etc .

En trece bancos locales (algunos con fuertes lazos extranjeros), deno-minados Banco Continental de Panamá, S .A., Banco General, S .A ., BancoExterior, S.A., Agrobank, S.A ., Algemene Bank Nederland, Banco Fidu-ciario de Panamá, S .A ., que funciona con el Banque Nationale de París,Primer Banco de Ahorros, Banco Internacional de Panamá, S.A ., BancoComercial de Panamá, S .A ., Banco de Colombia, S .B ., Bank of Commerceand Finance Inc., Banco del Istmo, S.A. y Banco Latinoamericano, S .A .,figuran o figuraban como Directores una serie de conocidos empresariosoligárquicos, tales como Ricardo M . Arias E ., Roberto Motta, Jaime AriasCalderón, Federico Humbert Jr ., Joaquín J . Vallarino, Fernando FletaAlmarán, Augusto S. Boyd Paredes, Mario Guardia Jaén, Roberto Heurtem

atte, Gabriel de la Guardia, Raúl Delvalle, Samuel Lewis Galindo, Ro-berto R. Alemán Z., Rafael Alemán, Guy Canavaggio, Tomás GabrielDuque, Emanuel González Revilla, Stanley Fidanque, etc .

El Presidente Guillermo Endara Galimany se vincula a los consorcioseconómicos de Gambotti, Chiari, Heilbron, Pascual, Vallarino, Psychoyos,Rusódimos, etc., en las empresas Harinas Panamá, S.A., Prota, S .A ., Ban-co Interoceánico, S .A., Industrias Lácteas, S.A ., Embotelladora Chiricrush,S .A ., Compañía Azucarera La Estrella, S .A. y Conservas Panameñas Se-lectas, S.A .

Como una norma constitucional obliga a los altos funcionarios estatalesa formular una declaración jurada notarial de su patrimonio, al tomarposesión y al dejar sus cargos, el Presidente Guillermo Endara Galimaydeclaró un acervo de algo más de ocho millones de dólares, aunque otraspersonas lo calculan en doce millones ; el Primer Vicepresidente RicardoArias Calderón, uno de algo más de quinientos mil dólares y el SegundoVicepresidente Guillermo Ford, según información que nos fue suminis-trada, no dejó en la Notaría correspondiente copia de su atestación notarialde bienes, pero es público que se trata de cantidad apreciable .

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Las relaciones de parentesco y las vinculaciones económicas antes des-critas muy superficialmente ilustran con toda idoneidad que los nuevosgobernantes de Panamá, por quienes el pueblo panameño votó abrumad oramente el 7 de mayo de 1989, para repudiar la Narcodictadura, son

miembros integrantes de la Oligarquía panameña. Ello explica que, a tra-vés de una importante serie de nombramientos en cargos públicos, esaOligarquía restaurara su ejercicio del poder político que, como grupo, lesarrebató el golpe militar de 1968 .

Estas condiciones sociales y económicas llevan casi fatalmente al nepo-tismo, fenómeno que sociológicamente no puede ser confinado al paren-tesco, mediante una amalgama que con los años se hace inextricable, férreay poderosa, de factores parentales y económicos. Y el nepotismo de laOligarquía panameña se restauró con su ejercicio del poder político, a par-tir de diciembre de 1989 .

La hija del Presidente Endara contrajo matrimonio con Javier Yap, aquien se designó en la Presidencia de la República, y también se nombraa Carlos Yap, embajador en la República de China Nacionalista . Además,Jorge Endara Paniza, tío del Presidente, fue nombrado por éste DirectorGeneral de la Caja de Seguro Social . Lucas Zarak Linares fue electo Legis-lador por el voto popular en mayo de 1989, y su pariente Dr . Julio Linareses actual Ministro de Relaciones Exteriores . También Enrique Zarak Li-nares, hermano de Lucas, fue nombrado embajador en Korea del Sur .

El Primer Vicepresidente Ricardo Arias Calderón se relaciona ton lafamilia Orillac, uno de cuyos miembros es el actual Ministro de ObrasPúblicas (René Orillac Jiménez) y con las familias De Roux Arosemena,que tiene vástagos en la burocracia estatal, incluyendo a la Lieda. AuraFeraud, Procuradora de la Administración, y al Director General delINDE, Hernán Arias, primo hermano del Vicepresidente, así como el ac-tual Director del IRHE, Sr . Jorge de la Guardia .

El Segundo Vicepresidente Guillermo Ford Boyd es tío del actualGerente General de la Zona Libre de Colón (Jaime Ford Lara) y her-mano de Jaime Ford Boyd, embajador en España . También es parientedel Director General del IRHE, Jorge de la Guardia .

Ha sido inevitable que, por razón de los gobernantes y de sus entron-ques familiares y económicos, hubiéramos tenido que personalizar en for-ma involuntaria esta Sección . Otros nombres habríamos mencionado, si losrepresentantes oligárquicos gubernamentales se hubieran distinguido con

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otros patronímicos. Se trata, en esencia, de presentar un fenómeno político-social, sin propósitos subjetivos, ni exageraciones irreales .

Ya en el mes de marzo de 1990 había pasado a ser notorio que la Oli-garquía panameña reinstalada en el poder, a consecuencia de la invasiónnorteamericana y del voto popular, reivindicó también los fueros del nepo-tismo, y numerosos cargos importantes brillaron con el esplendor económicoy social de apellidos ilustres, por su viaje abolengo o bien por el destellode relucientes millones .

"En mi primera columna pos-invasión recordaba el periodista políticoGuillermo Sánchez Borbón- rogué que se ahorrase al país el espectáculode una sórdida rebatiña de los puestos públicos . No hicieron caso. Antesbien, la complicaron incurriendo en uno de los vicios políticos más repugnan-tes : el nepotismo" (En Pocas Palabras, La Prensa, marzo 23) .

El ex-legislador arnulfista de 1984-1989, profesor Marcos Alarcón,quien se ubica en el elenco de asesores del Presidente Endara, expresóque "la Oligarquía económica usó al pueblo para llegar al poder" (ElSiglo, julio 14) . También el Lic . Miguel Batista, Viceministro de la Presi-dencia, rechaza "la práctica viciosa del nepotismo" (El Siglo, julio 16) .Y el Legislador demócrata cristiano Raúl Ossa señaló : "yo parto de unprincipio que ha sido mencionado por Marcos Alarcón, Francisco Artolay otras personas, que es que el Gobierno está integrado inmensa y mayori-tariamente por sectores plutocráticos ; éste es un Gobierno de ricos" (ElSiglo, agosto 4) . La Estrella de Panamá, no obstante su prosapia oligárqui-ca, sintetizó las críticas del momento, en un editorial categórico : "Negarla presencia nepótica en la administración pública es tratar de cubrir elsol con un dedo. Negar también que no haya dentro del engranaje guber-namental la vieja práctica de distribuir los altos cargos mediante el sis-tema de los espacios políticos es otra manera de ocultar lo inocultable . Enciertos aspectos, los dirigentes gubernamentales panameños parecieron estaratados fuertemente a las prácticas del pasado que tanto criticaron . Es allídonde el pueblo panameño los señala con el índice acusador" (julio 24) .

El incrementado desempleo, la destitución masiva de empleados públi-cos, el estancamiento económico en muchos sectores de la sociedad, hacíandifícil contraste con el asalto burocrático de los partidos gobernantes ycon el nepotismo oligárquico. ¿Para qué se había alcanzado el poder?¿Cómo y con quiénes se le hacía frente al desastre nacional, profundizadopor la Narcodictadura, por las sanciones económicas estadounidenses y porla invasión y ocupación norteamericanas? ¿Era ésta la democracia que,según el Presidente Bush de los meses anteriores a la invasión, debía resta-

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