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GARANTIAS CONSTITUCIONALES

DERECHO CONSTITUCIONAL PERUANO[Escriba texto] Pgina 1

UNIVERSIDA PERUANA LOS ANDES

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

Tema : Las Garantas Constitucionales

Asignatura : Derecho Constitucional Peruano

Catedrtico : Dr. Palomino Vargas, Jorge Luis

Alumno : Huamani Vega, Ivn

Ciclo : I I I

Turno : Noche

LIMA-PERU

2015



Dedicado a mis compaeros Que se esfuerzan cada da

Por lograr sus objetivos



INDICE

Introduccin...4

Habeas corpus...5

Fundamentos.....6

Conclusiones...14

Accin de amparo15

Fundamentos16

Conclusiones20

Accin de habeas data21

Fundamentos23

Conclusin32

Accin de inconstitucional.33

Fundamentos....35

Conclusin38

La accin popular.39

Fundamentos41

Accin de cumplimiento..48

Fundamentos50

Conclusiones58



INTRODUCCION

Las Garantas Constitucionales estn diseadas para cautelar derechos

elementales como el derecho a la libertad, acceso a la informacin, derecho a la

propiedad, derecho a tener un medio ambiente sano, derecho a que se cumplan

las leyes, derecho a que no se vulnere la constitucin, etc. para garantizar lo

dicho anteriormente podemos interponer acciones de Hbeas Corpus, Hbeas

Data, Amparo, Popular-Accin Popular-, Cumplimiento de Inconstitucionalidad

respectivamente.

Estas herramientas legales estn diseadas para que se respeten los derechos

de los ciudadanos y no se abuse de ellos; el problema es que muchos de ellos

las desconocen o no saben cmo aplicarlas a continuacin se presenta una

breve leccin con conceptos y ejemplos de garantas constitucionales.



HABEAS CORPUS El Habeas Corpus puede ser definido como una institucin de garanta del

derecho declarado, constitucionalmente, de la libertad y que asegura su

efectividad. Tiene su gnesis en el Derecho Natural, de plena esencia

racionalista, y su interposicin es para que sea tramitado inmediatamente y con

la debida proteccin decisiva que el particular requiere.

Cabe observar que, no se trata de un recurso sino de una accin.

Impropiamente, muchos letrados abogados, lo refieren como un recurso por la

sola razn de encontrarse consagrado en nuestra Constitucin Nacional en el

artculo 23. De modo exacto, la institucin se haya recogida en el Ttulo II

del Libro IV del Cdigo Judicial.

EXP. N. 2488-2002-HC/TC PIURA GENARO VILLEGAS NAMUCHE

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL En Lima, a los 18 das del mes de marzo de 2004, el Pleno del Tribunal

Constitucional, con la asistencia de los seores magistrados Alva Orlandini,

Presidente; Bardelli Lartirigoyen, Vicepresidente; Aguirre Roca, Revoredo

Marsano, Gonzales Ojeda y Garca Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por doa Mara Emilia Villegas Namuche

contra la sentencia de la Primera Sala Penal de Piura, de fojas 58, su fecha 13

de setiembre de 2002, que declar fundada, en parte, la accin de hbeas

corpus de autos.

ANTECEDENTES

La recurrente, con fecha 2 de setiembre de 2002, interpone accin de hbeas

corpus a favor de su hermano, Genaro Villegas Namuche, por la violacin de

sus derechos a la vida, al debido proceso, a la legtima defensa y a la libertad

individual. Solicita que se obligue al Estado peruano a devolver con vida a su

hermano o informar dnde se encuentran sus restos mortales, y la anulacin del

proceso penal que se le sigui en el Fuero Militar, en el cual se le conden, en



ausencia, a cadena perpetua por delito de traicin a la patria. Refiere que el

beneficiario de la presente accin de garanta, estudiante de la Facultad de

Ingeniera de Minas de la Universidad Nacional de Piura, el da 2 de octubre de

1992 sali a trabajar, y que nunca ms se le volvi ver. Asimismo, afirma que al

da siguiente, hombres armados y encapuchados, en nmero de veinte, bajaron

de carros portatropa e ingresaron violentamente a su domicilio, forzando la

puerta, en busca de material subversivo. Sostiene que ante estos hechos

decidi acudir a la Prefectura para pedir garantas, las cuales le fueron

negadas, y que los abogados que contrataba fueron progresivamente

detenidos.

El Stimo Juzgado Penal de Piura, con fecha 4 de setiembre de 2003, declar

fundada la demanda, disponiendo la nulidad del proceso penal seguido contra

el beneficiario en el Fuero Militar.

FUNDAMENTOS

1.Delimitacin de la materia controvertida

1. De conformidad con el artculo 41 de la Ley Orgnica del Tribunal

Constitucional, el recurso extraordinario procede slo ante resoluciones

denegatorias de las acciones de garanta; por tanto, al haberse declarado

fundado el habeas hbeas en segunda instancia, decretndose la nulidad del

proceso seguido contra el beneficiario en el Fuero Militar, este Colegiado slo

se pronunciar sobre el extremo de la demanda que fue declarado inadmisible,

en el cual se solicita al Estado peruano devolver con vida a Genaro Villegas

Namuche o informar dnde se hallan sus restos.

2. La desaparicin forzada de personas

2. Los hechos denunciados por la recurrente constituyen en doctrina la figura

denominada desaparicin forzada. Segn la Convencin Americana sobre la

Desaparicin Forzada de Personas, sta consiste en la privacin de la libertad

a una o ms personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del

Estado o personas o grupos de personas que acten con la autorizacin, el

apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de informacin o de la

negativa a reconocer dicha privacin de libertad o de informar sobre el paradero

de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las

garantas procesales pertinentes.



3. La prctica de la desaparicin forzada atenta contra diversos derechos

fundamentales. Adems de violar la libertad locomotora, impide interponer los

recursos legales que permitan proteger los derechos conculcados, lesionando,

as, el derecho de acudir a un tribunal a fin de que se decida, a la brevedad,

sobre la legalidad de la detencin, (Pacto Internacional de Derechos Civiles y

Polticos, artculo 9.4 y Convencin Americana de Derechos Humanos, artculo

7.6). Asimismo, implica, generalmente, actos de tortura y tratos inhumanos y

degradantes, por lo que tambin afecta el derecho a la integridad personal. De

igual manera, esta prctica criminosa supone, con frecuencia, la ejecucin

extrajudicial de los detenidos, y el posterior ocultamiento de sus cadveres. Lo

primero lesiona el derecho a la vida, mientras que lo segundo procura la

impunidad del hecho. As lo ha entendido tambin la jurisprudencia de la Corte

Interamericana de Derechos Humanos [Caso Velsquez Rodrguez, sentencia

de fondo, prrafo 155-157].

4. Aunque cuando se produjo la presunta detencin del beneficiario no estaba

vigente la Convencin Americana contra la Desaparicin Forzada de Personas,

ni tampoco el delito de desaparicin forzada se encontraba tipificado en nuestro

Cdigo Penal, tal situacin no justifica de ninguna manera la comisin del delito,

ni nos impide considerarlo como un grave atentado contra los derechos

humanos, puesto que los derechos contra los que atenta este ilcito se

encuentran protegidos por las Constituciones de 1979 y 1993, as como por

instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Per, como son la

Convencin Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Polticos.

3. La impunidad

5. La ejecucin extrajudicial, la desaparicin forzada o la tortura, son hechos

crueles, atroces, y constituyen graves violaciones a los Derechos Humanos, por

lo que no pueden quedar impunes; es decir, los autores materiales, as como

los cmplices de conductas constitutivas de violacin de derechos humanos, no

pueden sustraerse a las consecuencias jurdicas de sus actos. La impunidad

puede ser normativa, cuando un texto legal exime de pena a los criminales que

han violado los derechos humanos; y tambin fctica, cuando, a pesar de la

existencia de leyes adoptadas para sancionar a los culpables, stos se liberan

de la sancin adecuada por la amenaza o la comisin de nuevos hechos de

violencia.

6. Segn Naciones Unidas, la impunidad es la inexistencia, de hecho o de

derecho de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones de los



derechos humanos, as como de responsabilidad civil, administrativa o

disciplinaria, porque escapan a toda investigacin con miras a su inculpacin,

detencin, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condenas a

penas apropiadas, incluso a la indemnizacin del dao causado a sus vctimas

[Conjunto de Principios para la Proteccin y la Promocin de los Derechos

Humanos mediante la Lucha contra la Impunidad,

E/CN.4/Sub.2/1977/20/Rev.1., Definiciones. A.]. As, la impunidad es hoy

considerada como:

1 Una situacin que se opone al sentido comunitario de la justicia y provoca en

el cuerpo social conmociones negativas: sentimientos de desnimo y

desesperanza que afectan la vida de las personas en el plano cultural, poltico y

econmico.

2 Una violacin de un conjunto de principios y normas del derecho

internacional orientados a la promocin y proteccin de los derechos humanos.

3 Un factor que contribuye a la comisin de nuevos crmenes atroces, porque

la falta de enjuiciamiento y de sancin adecuada para los responsables de los

delitos cuya perpetracin lesiona derechos bsicos (vgr. la vida, la integridad

personal, la libertad individual y la seguridad) debilita la conviccin comn sobre

la ilegalidad de sus conductas, le resta eficacia a las normas protectoras de

esos bienes jurdicos y refuerza la comisin de sus comportamientos

reprochables.

4 Un factor que tiende a generar ms violencia, porque no slo alienta la

reiteracin de los delitos, sino porque crea condiciones para que algunas

vctimas busquen hacerse justicia por propia mano.

5 Un obstculo para la paz, porque al amparar a los culpables siembra graves

dudas sobre la justicia y la sinceridad del proceso desarrollado con miras a

obtenerla. [Cfr. Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones

Unidas para los Derechos Humanos, Seminario Internacional Verdad y Justicia

en Procesos de Paz o Transicin a la Democracia. Memorias, Bogot, junio de

2003, pp. 15 17].

7. El Gobierno, en cumplimiento del deber de adoptar las medidas ms

adecuadas para asegurar la plena vigencia de los derechos humanos, dict el

Decreto Supremo N. 065-2001-PCM, que cre la Comisin de la Verdad, cuyo

propsito no fue el de suplantar, sustituir o superponerse al Poder Judicial;

antes bien, uno de sus objetivos fundamentales fue el de identificar los hechos y

las responsabilidades de las violaciones de los derechos humanos,

empendose, en lo posible, en tratar de determinar su real existencia y

veracidad, y, complementariamente, en evitar la desaparicin de pruebas

vinculadas con tales hechos. Sus investigaciones, con loable criterio exhaustivo,



han permitido conocer los sucesos acaecidos en nuestro pas en estas ltimas

dcadas, y contribuyen al imperativo de cumplir con la obligacin internacional y

constitucional de evitar la impunidad y restituir los derechos violados para

conseguir la paz social y la reconciliacin nacional.

4. Derecho a la verdad

8. La Nacin tiene el derecho de conocer la verdad sobre los hechos o

acontecimientos injustos y dolorosos provocados por las mltiples formas de

violencia estatal y no estatal. Tal derecho se traduce en la posibilidad de

conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales ellos

ocurrieron, as como los motivos que impulsaron a sus autores. El derecho a la

verdad es, en ese sentido, un bien jurdico colectivo inalienable.

9. Al lado de la dimensin colectiva, el derecho a la verdad tiene una dimensin

individual, cuyos titulares son las vctimas, sus familias y sus allegados. El

conocimiento de las circunstancias en que se cometieron las violaciones de los

derechos humanos y, en caso de fallecimiento o desaparicin, del destino que

corri la vctima por su propia naturaleza, es de carcter imprescriptible. Las

personas, directa o indirectamente afectadas por un crimen de esa magnitud,

tienen derecho a saber siempre, aunque haya transcurrido mucho tiempo desde

la fecha en la cual se cometi el ilcito, quin fue su autor, en qu fecha y lugar

se perpetr, cmo se produjo, por qu se le ejecut, dnde se hallan sus restos,

entre otras cosas. El derecho a la verdad no slo deriva de las obligaciones

internacionales contradas por el Estado peruano, sino tambin de la propia

Constitucin Poltica, la cual, en su artculo 44, establece la obligacin estatal

de cautelar todos los derechos y, especialmente, aquellos que afectan la

dignidad del hombre, pues se trata de una circunstancia histrica que, si no es

esclarecida debidamente, puede afectar la vida misma de las instituciones.

10. Los derechos a la vida, a la libertad y a la seguridad personal, constituyen el

sustento y fundamento de todos los derechos humanos; por tal razn, su

vigencia debe respetarse irrestrictamente, sin que sea moralmente aceptable

estipular excepciones o justificar su condicionamiento o limitacin. El respeto de

ellos y de las garantas para su libre y pleno ejercicio, es una responsabilidad

que compete al Estado. En el caso que en el sistema jurdico no se tenga

norma explcita que los garantice, se debe adoptar, con arreglo a los

procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la Convencin

Americana, las medidas legislativas o de otro carcter que sean necesarias

para hacerlos efectivos. As lo disponen los artculos 1 y 2 de la Convencin



Americana de Derecho Humanos, y el artculo 2 del Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Polticos.

11. Tanto la legislacin supranacional como la Declaracin Universal de

Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos o la

Convencin Americana, definen los derechos que las personas humanas deben

gozar; asimismo, algunos textos constitucionales se han impuesto el

reconocimiento de nuevos derechos, en particular los vinculados directamente

con el principio de dignidad, y con el propsito de entronizarlos en su condicin

de autnticos derechos fundamentales. Es evidente que ellos son consecuencia

de la existencia de nuevas necesidades y de avances cientficos, tecnolgicos,

culturales o sociales; por ello, de cara a este nuevo y diverso contexto las

Constituciones suelen habilitar una clusula de desarrollo de los derechos

fundamentales, cuyo propsito no slo es prestarle el reconocimiento como

derechos de la ms alta consideracin, sino, incluso, el de dotarlos con las

mismas garantas de aquellos que s las tienen expresamente.

12. Nuestra Constitucin Poltica reconoce, en su artculo 3, una enumeracin

abierta de derechos fundamentales que, sin estar en el texto de la

Constitucin, surgen de la dignidad del hombre, o en los principios de soberana

del pueblo, del Estado democrtico de derecho o de la forma republicana de

gobierno.

13. As, el derecho a la verdad, aunque no tiene un reconocimiento expreso en

nuestro texto constitucional, es un derecho plenamente protegido, derivado en

primer lugar de la obligacin estatal de proteger los derechos fundamentales y

de la tutela jurisdiccional. Sin embargo, el Tribunal Constitucional considera

que, en una medida razonablemente posible y en casos especiales y novsimos,

deben desarrollarse los derechos constitucionales implcitos, permitiendo as

una mejor garanta y respeto a los derechos del hombre, pues ello contribuir a

fortalecer la democracia y el Estado, tal como lo ordena la Constitucin vigente.

14. El Tribunal Constitucional considera que si bien detrs del derecho a la

verdad se encuentra comprometidos otros derechos fundamentales, como la

vida, la libertad o la seguridad personal, entre otros, ste tiene una

configuracin autnoma, una textura propia, que la distingue de los otros

derechos fundamentales a los cuales se encuentra vinculado, debido tanto al

objeto protegido, como al telos que con su reconocimiento se persigue alcanzar.

15. Sin perjuicio del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la

verdad, ste tambin ostenta rango constitucional, pues es una expresin



concreta de los principios constitucionales de la dignidad humana, del Estado

democrtico y social de derecho y de la forma republicana de gobierno.

16. Es un derecho que se deriva directamente del principio de dignidad

humana, pues el dao ocasionado a las vctimas no slo se traduce en la lesin

de bienes tan relevantes como la vida, la libertad y la integridad personal, sino

tambin en la ignorancia de lo que verdaderamente sucedi con las vctimas de

los actos criminales. El desconocimiento del lugar donde yacen los restos de un

ser querido, o de lo que sucedi con l, es tal vez una de las formas ms

perversamente sutiles, pero no menos violenta, de afectar la conciencia y

dignidad de los seres humanos.

17. Asimismo, el derecho a la verdad, en su dimensin colectiva, es una

concretizacin directa de los principios del Estado democrtico y social de

derecho y de la forma republicana de gobierno, pues mediante su ejercicio se

posibilita que todos conozcamos los niveles de degeneracin a los que somos

capaces de llegar, ya sea con la utilizacin de la fuerza pblica o por la accin

de grupos criminales del terror. Tenemos una exigencia comn de que se

conozca cmo se actu, pero tambin de que los actos criminales que se

realizaron no queden impunes.

18. De igual forma, el Tribunal Constitucional considera que el derecho a la

verdad proviene de una exigencia derivada del principio de la forma republicana

de gobierno. En efecto, la informacin sobre cmo se manej la lucha

antisubversiva en el pas, as como de cmo se produjo la accin criminal de los

terroristas, constituye un autntico bien pblico o colectivo, y tambin contribuye

con la realizacin plena de los principios de publicidad y transparencia en los

que se funda el rgimen republicano. Necesarios no slo para conocer estos

luctuosos hechos, sino tambin para fortalecer el control institucional y social

que ha de fundamentar la sancin a quienes, con sus actos criminales,

afectaron a las vctimas y en general a la sociedad y el Estado.

19. En torno a ello, existe una obligacin especfica del Estado de investigar y

de informar, que no slo consiste en facilitar el acceso de los familiares a la

documentacin que se encuentra bajo control oficial, sino tambin en la

asuncin de las tareas de investigacin y corroboracin de hechos

denunciados. As lo ha entendido la Corte Interamericana de Derechos

Humanos, cuando ha sealado que la no investigacin y sancin a los autores y

cmplices de las desapariciones forzadas constituye una violacin al deber

estatal de respetar los derechos reconocidos por la Convencin Americana, as



como al de garantizar su libre y pleno ejercicio (Caso Bmaca Velsquez,

sentencia, prrafo 129).

20. De all que para este Colegiado, si bien el derecho a la verdad no tiene un

reconocimiento expreso, s es uno que forma parte de la tabla de las garantas

de derechos constitucionales; por ende susceptible de proteccin plena a travs

de derechos constitucionales de la libertad, pero tambin a travs de ordinarios

existentes en nuestro ordenamiento jurdico, pues se funda en la dignidad del

hombre, y en la obligacin estatal concomitante de proteger los derechos

fundamentales, cuya expresin cabal es el derecho a la tutela jurisdiccional

efectiva.

5. Derecho a la tutela judicial efectiva

21. No es posible garantizar el derecho a la verdad, ni ningn otro derecho, si

no existe tutela judicial efectiva. El derecho a la tutela judicial efectiva,

reconocido por nuestra Constitucin en su artculo 139.3, cobra especial

relevancia ante casos de violaciones de los derechos humanos, dada su

naturaleza de medio de proteccin de los derechos y de contradictor de la

impunidad.

22. Este Colegiado considera que los derechos subjetivos precisan de

mecanismos encargados de tutelarlos y de asegurar su plena vigencia. As lo

ha precisado la jurisprudencia de este Tribunal: [Exp. N 1230-2002-HC] A la

condicin de derechos subjetivos del ms alto nivel y, al mismo tiempo, de

valores materiales de nuestro ordenamiento jurdico, le es consustancial el

establecimiento de mecanismos encargados de tutelarlos, pues es evidente que

derechos sin garantas no son sino afirmaciones programticas, desprovistas de

valor normativo. Por ello, bien puede decirse que, detrs de la

constitucionalizacin de procesos como el hbeas corpus, el amparo o el

hbeas data, nuestra Carta Magna ha reconocido el derecho (subjetivo-

constitucional) a la proteccin jurisdiccional de los derechos y libertades

fundamentales.

23. Asimismo, corresponde al Estado el enjuiciamiento de los responsables de

crmenes de lesa humanidad y, si es necesario, la adoptacin de normas

restrictivas para evitar, por ejemplo, la prescripcin de los delitos que violenten

gravemente los derechos humanos. La aplicacin de estas normas permite la

eficacia del sistema jurdico y se justifica por los intereses prevalentes de la

lucha contra la impunidad. El objetivo, evidentemente, es impedir que ciertos

mecanismos del ordenamiento penal se apliquen con el fin repulsivo de lograr la



impunidad. sta debe ser siempre prevenida y evitada, puesto que anima a los

criminales a la reiteracin de sus conductas, sirve de caldo de cultivo a la

venganza y corroe dos valores fundantes de la sociedad democrtica: la verdad

y la justicia.

6. El hbeas corpus instructivo

24. El hbeas corpus es un proceso constitucional reconocido en el artculo

200.1 de la Constitucin, que procede ante cualquier violacin o amenaza de la

libertad individual o derechos conexos. Ello puede suceder tanto respecto de

derechos directamente conexos con el de la libertad, como respecto de

derechos diferentes a la libertad, si su eventual lesin se genera, precisamente,

como consecuencia directa de una situacin de privacin o restriccin del

derecho a la libertad individual. [Exp. N. 1429-2002-HC/TC].

25. No obstante, dada la carencia de etapa probatoria en los procesos

constitucionales, el que se tramita ser poco eficaz para lograr la identificacin

de los responsables y la consiguiente ubicacin de la vctima o sus restos, por

lo que no se podr dispensar en esta va una tutela en los trminos en los que

se ha solicitado; sin embargo, s cabe disponer que el o los rganos

competentes inicien y culminen las investigaciones necesarias destinadas a

brindar la imperiosa informacin requerida.

7. Procesos por desaparicin forzada frente al principio de legalidad

26. Finalmente, si bien cuando se produjo la presunta detencin de Genaro

Villegas Namuche no se encontraba vigente en nuestro Cdigo Penal el delito

de desaparicin forzada, ello no constituye impedimento para que se lleve a

cabo el correspondiente proceso penal y se sancione a los responsables, por

los otros delitos concurrentes en los hechos.

En todo caso, si bien el principio de legalidad penal, reconocido en el artculo

2.24,d de la Constitucin, incluye entre sus garantas la de la Lex previa, segn

la cual la norma prohibitiva deber ser anterior al hecho delictivo, en el caso de

delitos de naturaleza permanente, la ley penal aplicable no necesariamente

ser la que estuvo vigente cuando se ejecut el delito.

27. El Tribunal Constitucional, estima, por lo expuesto, que en el presente caso

se ha violado el derecho a la verdad, reconocido en el artculo de 3 de nuestra

Constitucin vigente.



FALLO

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autorizacin que le

confieren la Constitucin Poltica del Per y su Ley Orgnica,

Ha resuelto

1. Declarar fundado el hbeas corpus, en el extremo materia del recurso.

2. Disponer que el Ministerio Pblico inicie la investigacin correspondiente por

la desaparicin de Genaro Villegas Namuche.

3. Ordenar que el Juez de Ejecucin d cuenta a este Tribunal, cada seis

meses, sobre el estado de las investigaciones.

Publquese y notifquese.

SS.

ALVA ORLANDINI

BARDELLI LARTIRIGOYEN

AGUIRRE ROCA

REVOREDO MARSANO

GONZALES OJEDA

GARCA TOMA

Conclusiones

Luego de realizar las investigaciones pertinentes al tema y tras recopilar y

analizar la informacin correspondiente, he podido concluir que:

El Habeas Corpus es un Procedimiento de origen ingls, destinado a proteger al

individuo de las detenciones arbitrarias, o sea aquellas que no cumplan con las

formalidades legales requeridas para privar de libertad a cualquier persona.

Dicha figura ha tenido marcada presencia en la historia legal y doctrinal del

mundo, sobre todo a partir de los grandes movimientos revolucionarios que se

dieron en las distintas monarquas predominantes del pasado.

El Habeas Corpus ha estado presente en todas nuestras Constituciones, ya sea

de manera expresa o tcita.

El Habeas Corpus es una accin, no es un recurso, pese a que se le denomine

como tal en algunos escritos de nuestra Ley. Los recursos se interponen ante

un proceso iniciado y dentro de l; en tanto que, el Habeas Corpus genera un

proceso de ndole sumaria, hecho que los distingue con mayor claridad.

Contra de las sentencias conclusivas de Habeas Corpus proferidas por jueces o

magistrados, distintos al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, s caben

Demandas de Inconstitucionalidad y Amparos de Garantas Constitucionales.



ACCION DE AMPARO En el fondo el Amparo es un mecanismo ms rpido en la obtencin de

la justicia, y los mecanismos ordinarios son la manera de obtener

la seguridad jurdica.

1.-DIFERENCIAS ENTRE LA ACCIN DE AMPARO Y LA VA ORDINARIA.

El Juez debe aplicar el derecho que corresponde al proceso aunque no haya

sido invocado por las partes o lo haya sido errneamente. Sin embargo, no

puede ir ms all del petitorio ni fundar su decisin en hechos diversos de los

que han sido alegados por las partes.

JUEZ Y DERECHO. Esto es, que la interposicin de la accin se haya

producido dentro de los 60 das hbiles desde el momento en que se produce

la afectacin, aun cuando la orden respectiva haya sido dictada con

anterioridad, y siempre que, el interesado, en aquella fecha, se hubiese hallado

en la posibilidad de interponer la accin. Si se demuestra que no se hallaba en

dicho supuesto, el plazo se computar desde el momento de la remocin del

impedimento Que el ejercicio de la accin de Amparo no haya caducado. La

Accin de Amparo slo procede siempre que se hubiera cumplido con agotar

los procedimientos administrativos, con el objeto que la

propia administracin corrija el acto lesivo si lo hubiera, y la norma no slo exige

que se trmite la va previa, sino que adems se agote (haciendo uso de algn

recurso impugnativo contra rdenes de pago, por ejemplo), salvo excepciones

previstas por ley. Que se hayan agotado las vas previas. Exigencia del pago

previo para interponer las reclamaciones.

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

EXPEDIENTE NMERO: 215-2011

DEMANDANTE: DORIS PEA ESCURRA

DEMANDADO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

En Chiclayo, a los 19 das del mes de enero de 2012,la Sala Constitucional de

Lambayeque, integrada por los Magistrados Huangal Naveda, Figueroa Gutarra

y Tern Arruntegui, pronuncia la siguiente resolucin:



ASUNTO

Recurso de apelacin interpuesto por Ricardo Ponte Olazbal, abogado de la

Municipalidad Distrital de Motupe, contra la sentencia de fecha 19 de setiembre

de 2011, que DECLARA FUNDADA la demanda de amparo de autos.

ANTECEDENTES

La pretensin de la parte demandante (p. 50-58) tiene por objeto la inmediata

reposicin de la actora a su puesto de trabajo en el cargo de Secretaria de

Mercado o en otro de similar nivel o categora. Alega vulneracin de sus

derechos constitucionales a la igualdad ante la ley, a no ser discriminado en

ninguna forma, al trabajo, a la adecuada proteccin contra el despido arbitrario,

al debido proceso, y a la legalidad e imparcialidad del acto administrativo.

Precisa haber ingresado a laborar desde el 10 de julio del ao 2007, obteniendo

hasta la fecha un rcord de 3 aos y medio de labores ininterrumpidas.

La contestacin de la demanda (p.74-81) solicita que la misma sea declarada

improcedente por no ser la va del amparo la idnea para resolver la

controversia siendo la adecuada la va del proceso contencioso administrativo.

Indica, adems, incongruencia respecto a los hechos expuestos por la

demandante.

La sentencia impugnada (p. 119-124) estima la demanda por considerar que la

demandante ha sido vctima de un despido arbitrario, e indica que la relacin

laboral entre la actora y la Municipalidad demandada se encuentra acreditada

mediante un contrato de naturaleza laboral, en tanto las labores desempeadas

por la demandante fueron de carcter permanente.

La impugnacin formulada por la entidad demandada (p. 134-149) solicita se

declare la nulidad de la resolucin impugnada o en su caso sea revocada y se

declare su improcedencia, debido a que el Juzgador no ha respetado el

principio de la motivacin de las resoluciones judiciales, y tampoco ha tomado

en cuenta la STC N 206-2005-PA/TC, precedente vinculante emitido por el

Tribunal Constitucional.

FUNDAMENTOS

La existencia de un contrato de trabajo

1. La doctrina laboral ha logrado consenso respecto al reconocimiento de que

para la existencia de un contrato de trabajo, se exige la concurrencia de 3



elementos sustantivos: la prestacin personal de servicios, la subordinacin y la

remuneracin (prestacin subordinada de servicios a cambio de una

remuneracin). La prestacin personal involucra una prestacin intuito

personae, sin categoras de delegacin. La subordinacin destaca como

aspecto esencial el acatamiento de las rdenes del empleador y la

remuneracin debe tener la naturaleza de una contraprestacin por las tareas

realizadas.

2. En otro mbito, por cierto opuesto, el contrato de locacin de servicios es

definido en el artculo 1764 del Cdigo Civil como aquel acuerdo de voluntades

por el cual el locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestarle

sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado, a cambio de una

retribucin. En esta definicin no apreciamos elemento alguno del contrato de

trabajo en tanto se trata de una modalidad contractual cuya categora obedece

al usual contexto de una labor especializada. El locador posee un conocimiento

tcnico determinado y ello lo habilita para que, sin sujecin laboral, sin

exigencia de prestacin personal y sin el pago de una remuneracin y s un

honorario, se desarrolle una relacin de orden civil.

3. Qu sucede cuando existe entonces la duda fctica de si una relacin

determinada es de ndole laboral o civil? La jurisprudencia constitucional[1] ha

optado por la aplicacin del principio de primaca de la realidad, en tanto la

discordancia respecto a lo alegado por las partes no puede ser satisfecho

documentariamente: la emplazada alegar la inexistencia de una relacin

laboral en tanto la parte demandante invocar la vulneracin de su derecho al

trabajo.

Los juicios de racionalidad y razonabilidad en el marco de las

decisiones jurisdiccionales

4. Corresponde entonces que el juzgador, dentro de ese ejercicio racional que

implica la expedicin de una decisin jurisdiccional, se cia al apotegma de

Reichenbach[2] quien seala: El juez es un jugador racional que hace una

apuesta conociendo bien las leyes de la probabilidad. Y bajo esta pauta,

efectivamente la sentencia se transforma en una apuesta respecto de los dichos

y pruebas de las partes, mas no constituye un simple juego.

5. Por el contrario, el juez trabaja en funcin a 2 estndares relevantes: la

racionalidad y la razonabilidad de su juicio jurdico. La racionalidad de su

decisin est representada por el sustento del marco de las normas- regla que

invoca, esto es, por la invocacin preceptiva que fija la ratio decidendi de su



valoracin, y por el sustento de los derechos fundamentales que enuncia. De la

misma forma, en el mbito de la razonabilidad fija la estimacin axiolgica de

los principios, valores y directrices que amparan su decisin, en directo auxilio

de la insuficiencia que bien puedan aquejar las normas- regla que debieran

solucionar la controversia.

El despido laboral de un servidor pblico en el precedente 206-2005-

PA/TC

6. Un examen actualizado del precedente vinculante laboral 206-2005-PA/TC,

caso Bayln Flores, arroja una interrogante central: deben derivarse todos los

despidos de servidores pblicos a la va contencioso- administrativa,

invariablemente, o corresponde admitir casos de excepcin en el rgimen

laboral pblico? La posicin formalista alude a que revistiendo importancia el

nombramiento formal en el rgimen pblico, bajo las exigencias previstas por el

D.L. 276, toda controversia debe ser derivada al proceso contencioso-

administrativo. De otro lado, una interpretacin extensiva recoge la propia pauta

de admitir las excepciones del propio precedente.

7. Respecto a los servidores pblicos, el precedente en comento[3] ha

desarrollado la fijacin de un caso de excepcin respecto de los servidores que

son despedidos en forma manifiestamente incausada. En consecuencia,

estimamos que es viable que casos excepcionales sean declarados fundados

en sede de amparo respecto de servidores pblicos por despidos incausados,

fraudulentos y nulos, y ello en modo alguno implica un nombramiento, sino una

condicin excepcional de tutela por afectacin del derecho fundamental al

trabajo.

Anlisis del caso concreto

8. Bajo las pautas antes descritas, este Ad-quem estima que la carga probatoria

aportada por la emplazante (p. 2-49), justifica una estimacin de fondo de la

presente accin. En efecto, si bien advertimos que los argumentos centrales de

la impugnacin se basan en la falta de motivacin de la resolucin cuestionada,

as como en la inaplicacin del precedente vinculante 206-2005-PA/TC, este

Tribunal no advierte razones suficientes como para revertir la decisin adoptada

por el Juzgador, en tanto queda acreditado el vnculo de trabajo de la

demandante con la Municipalidad emplazada, en rigor las instrumentales

adjuntas, las cuales no adolecen de vicios de nulidad o adulteracin

manifiestos[4] as como evidencian que ha habido una concurrencia cuando

menos reiterada por parte de la accionante a su puesto de trabajo.



9. En ese orden de ideas, no cuestionamos en modo alguno las potestades

directrices de contratacin de la demandada, mas es un requerimiento

ineludible del Estado Democrtico y Social de Derecho, que las contrataciones

laborales de las entidades locales, se ajusten a los estndares de contratacin

que fijan las leyes y la Constitucin.

10. En ese razonamiento, no resulta admisible ni congruente con el derecho

fundamental al trabajo que una servidora eventual del Municipio demandado,

pueda mantenerse en tal rgimen durante varios aos (desde enero de 2007),

sin gozar de beneficio laboral tangible alguno o sin que sui situacin laboral sea

regular. Frente a esta contingencia y afectado en forma sustantiva, ostensible y

manifiesta su derecho al trabajo, surge el deber de proteccin Schutzpflicht

para la doctrina alemana- de los jueces constitucionales a efectos de restituir

los derechos vulnerados por acciones incongruentes con los principios de un

Estado constitucional, el cual exige laobservancia real de los derechos

fundamentales de las personas y no solo una enunciacin de los mismos que

bien podran corresponder al contexto de una Constitucin semntica, que no

es el caso de nuestra Carta Fundamental pues los principios, valores y

directrices que ella inspira tienen efecto erga omnes respecto a los mandatos

de respeto al derecho fundamental al trabajo que la misma enuncia.

11. En el caso sub judice, resulta manifiesto que durante varios aos el rgimen

de contratacin de la actora ha sido irregular y frente a esas circunstancias, la

demandada no ha adoptado las medidas correctivas del caso que el entorno de

las contrataciones laborales demanda. Cierto es que en forma razonable los

costos de contratacin se incrementan en un rgimen formal y sin embargo, una

poltica de contratacin laboral ordenada, respetuosa de la normatividad legal y

constitucional, no tendra por qu colisionar con acciones constitucionales de

los trabajadores afectados, procesos que a largo plazo resultan siendo mayores

en costo y efectos colaterales frente a una contratacin equilibrada.

12. De otro lado, es importante puntualizar que no advertimos incumplimiento

alguno del precedente vinculante 206-2005-PA/TC, en tanto precisamente la

sentencia restituye un derecho que ha sido vulnerado por la emplazada en

forma grave, deviniendo en consecuencia, deber funcional del juez

constitucional ordenar la tutela del derecho manifiestamente vulnerado, y

restituir a la demandante en su puesto de trabajo, conforme ha sealado el A-

quo. Por otro lado y en relacin al precedente, el F.J. 24[5] del precedente

vinculante permite, en situaciones excepcionales de manifiesta afectacin al

derecho al trabajo como en este caso, optar por una decisin estimatoria.



DECISIN:

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucional de Lambayeque, con

la autoridad que le confiere la Constitucin Poltica del Per, CONFIRMA la

sentencia apelada que declara fundada la demanda y dispone la

reincorporacin de la actora. DISPUSO su publicacin en el Diario Oficial El

Peruano.


SS.

HUANGAL NAVEDA

FIGUEROA GUTARRA

TERAN ARRUNATEGUI

CONCLUSIONES

Como ha sido expuesto, nadie puede negar que la accin de amparo sea aquel

recurso sencillo y rpido por excelencia, por el cual se me permite acudir a un

rgano judicial y solicitar vlidamente tutela procesal efectiva, frente a la

amenaza o vulneracin de algn derecho fundamental o constitucional

reconocido expresa o implcitamente en la constitucin. El trabajo planteado sin

embargo planteaba la arista de qu sucedera con las demandas de amparar

interpuestas contra lo resuelto en otro proceso constitucional, es que acaso el

recurso sencillo y rpido cual es reconocido en los Tratados Internacionales, no

son realmente puestos en prctica, pues nuevamente el recurrente de la accin

de amparo, tendr que ahora verse inmerso en un nuevo proceso de amparo,

donde ahora ya no funja como demandante sino como demandado ?.

En efecto, a ello hay que aunar las crticas contra el nuevo mecanismo procesal

del amparo contra amparo de imputrsele ser vulnera torio del derecho

fundamental a la cosa juzgada, as como permitir que vulnere el bien jurdico de

la seguridad jurdica, sin embargo aquello ser cierto, siempre y cuando la

accin de amparo incoada contra aquella resolucin judicial constitucional

estimatoria sea manifiestamente improcedente, esto es, que sea expuesta sin

evidenciar la vulneracin manifiesta de algn derecho fundamental o en su

defecto, no evidencie vulneracin alguna al debido proceso legal y a su vez de

manera copulativa, frente a tal hecho el juzgador constitucional disponga su



aceptacin, ello s equivaldra a la vulneracin del referido derecho fundamental

as como del bien constitucional indicado, sin embargo, si aquel pedido es

rechazado, no puede alegarse vulneracin alguna a la institucin de la cosa

juzgada, puesto que, el juzgador supo prevalecer la calidad de la institucin de

la cosa juzgada la cual jams corri la amenaza de ser dejada sin efecto,

puesto que siempre estuvo provista de las garantas mnimas que envuelven un

debido proceso.

ACCION DE HABEAS DATA

El Habeas data es una accin jurisdiccional, normalmente constitucional, que

puede ejercer cualquier persona fsica o jurdica, que estuviera incluida en un

registro o banco de datos de todo tipo, ya sea en instituciones pblicas o

privadas, en registros informticos o no, a fin de que le sea suministrada la

informacin existente sobre su persona, y de solicitar la eliminacin o correccin

si fuera falsa o estuviera desactualizada. Tambin puede aplicarse al derecho al

olvido, esto es, el derecho a eliminar informacin que se considera obsoleta por

el transcurso del tiempo y ha perdido su utilidad. La frase legal se utiliza

en latn, cuya traduccin ms literal es tener datos presentes siendo

hbes la segunda persona singular del presente de subjuntivo del verbo

latino habre (en este caso entendido como tener).

EXP. N. 2579-2003-HD/TC

LAMBAYEQUE

JULIA ELEYZA ARELLANO SERQUN

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 6 das del mes de abril de 2004, la Sala Primera del

Tribunal Constitucional, con la asistencia de los seores magistrados Alva

Orlandini, Presidente; Bardelli Lartirigoyen y Gonzales Ojeda, pronuncia la

siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por doa Julia Eleyza Arellano Serqun,

Vocal Superior cesante del Poder Judicial, contra la resolucin de la Segunda

Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 168, su

fecha 21 de agosto de 2003, en el extremo que declar improcedente la accin

de amparo de autos respecto de la entrega de copias del informe de la comisin

permanente de evaluacin y ratificacin.



ANTECEDENTES

Con fecha 5 de setiembre de 2002, la recurrente interpone accin de hbeas

data contra el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), con el objeto que se

le proporcione la informacin denegada mediante la carta notarial de fecha 5 de

julio de 2002, respecto a: a) el informe de la Comisin Permanente de

Evaluacin y Ratificacin sobre la conducta e idoneidad en el cargo que ejerca

la recurrente como Vocal Superior Titular del Distrito de Judicial de

Lambayeque; b) la copia de la entrevista personal de la solicitante, realizada el

da 31 de julio de 2001; y, c) la copia del Acta del Pleno del CNM, que contiene

la decisin de su no ratificacin en el cargo mencionado.

Alega que mediante Resolucin N. 159-2001-CNM, de fecha 17 de agosto de

2001, se decidi no ratificarla en el cargo que ejerca como Vocal Superior

Titular del Distrito de Lambayeque, sin que se indiquen las razones ni motivos

por las cuales el CNM adopt dicha decisin.

La Procuradora Pblica a cargo de los asuntos judiciales del Consejo

Nacional de la Magistratura seala que la recurrente no puede acceder a dicha

informacin porque el artculo 28 de la Ley N. 26397 Orgnica del Consejo

Nacional de la Magistratura, no lo permite, debido a que la norma prescribe la

reserva respecto a las informaciones y deliberaciones que efecten los

miembros de dicho organismo. Agrega que la demandante no ha probado la

supuesta afectacin de sus derechos constitucionales protegidos por la accin

de hbeas data. El Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Chiclayo, con

fecha 4 de febrero de 2003, declara fundada, en parte, la demanda, ordenando

que el CNM cumpla con entregar a la demandante copias del acta de la

entrevista personal de fecha 31 de julio de 2001, e improcedente el

otorgamiento de copias del Informe de la Comisin Permanente de Evaluacin y

Ratificacin sobre la conducta e idoneidad de la actora, y del Acta del Pleno del

CNM que contiene la decisin de no ratificarla en el cargo desempeado.

La recurrida confirma la apelada en el extremo que declara improcedente

la entrega de copias del Informe de la Comisin Permanente de Evaluacin y

Ratificacin y del Acta del Pleno del Consejo; y la confirma en el extremo que

declara fundada en parte la demanda; revocndola, no obstante, en la parte que

dispone que el CNM cumpla con entregar a la demandante copias del acta de la

entrevista personal del 31 de julio de 2001, para reformarla y disponer que la

entidad antes citada entregue copias del video de la entrevista personal de la

demandante.



FUNDAMENTOS

1. Petitorio

1. La recurrente pretende que la emplazada le proporcione: a) copia del

informe de la Comisin Permanente de Evaluacin y Ratificacin sobre su

conducta e idoneidad en el cargo que ejerca como Vocal Superior Titular

del Distrito de Judicial de Lambayeque. b) copia de su entrevista personal,

realizada el da 31 de julio de 2001; y, c) copia del Acta del Pleno del CNM,

que contiene la decisin de no ratificarla en el cargo mencionado. A su

juicio, la negativa de la emplazada para entregarle la informacin requerida

viola su derecho de acceso a la informacin pblica, reconocido por el inciso

5) del artculo 2 de la Constitucin.

2. Competencia del Tribunal Constitucional

2. De conformidad con el inciso 2) del artculo 202 de la Constitucin Poltica

del Per, el Tribunal Constitucional es competente para conocer, en ltima y

definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de las acciones de hbeas

corpus, amparo, hbeas data y accin de cumplimiento. En el caso, la

Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque

confirm la apelada, que desestim la peticin de que se le entregue las

copias a las que se refiere los ordinales a y b del fundamento anterior.

Asimismo, variando la apelada, que haba dispuesto que se entregue copia

del acta de la entrevista personal a la que fue sometida la recurrente, orden

que se entregue copia del video de la referida entrevista. Respecto a este

ltimo extremo de la pretensin, la recurrente ha precisado, cuando

interpuso su recurso extraordinario, que solicit se le proporcione la copia

del acta de entrevista personal. Por tanto, el Tribunal Constitucional es

competente para conocer el fondo de la controversia.

3. Derecho de acceso a la informacin pblica

3. A travs del hbeas data se protege el derecho reconocido en el inciso 5)

del artculo 2 de la Constitucin. Dicho precepto constitucional dispone que

Toda persona tiene derecho a solicitar sin expresin de causa la

informacin que requiera y a recibirla de cualquier entidad pblica, en el

plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptan las

informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se

excluyan por ley o por razones de seguridad nacional.



En la STC N. 0950-2000-HD/TC, este Tribunal precis que La Constitucin

Poltica del Estado ha consagrado en estos trminos el derecho fundamental

de acceso a la informacin, cuyo contenido esencial reside en el

reconocimiento de la facultad de toda persona de solicitar y recibir

informacin de cualquier entidad pblica (...) no existiendo, en tal sentido,

entidad del Estado o entidad con personera jurdica de derecho pblico que

resulte excluida de la obligacin de proveer la informacin solicitada. Pero

es adems otra caracterstica del derecho en cuestin la ausencia de

expresin de causa o justificacin de la razn por la que se solicita la

informacin; este carcter descarta la necesidad de justificar la peticin en la

pretensin de ejercer otro derecho constitucional (v.gr. la libertad cientfica o

la libertad de informacin) o en la existencia de un inters en la informacin

solicitada, de modo tal que cualquier exigencia de esa naturaleza es

simplemente inconstitucional (...).

4. Dimensin individual y colectiva del derecho de acceso a la

informacin pblica

4. A su vez, en el Fundamento Jurdico N. 10 de la STC N. 1797-2002-

HD/TC, este Tribunal sostuvo que El derecho de acceso a la informacin

pblica... se encuentra estrechamente vinculado a uno de los contenidos

protegidos por la libertad de informacin. Y al igual de lo que sucede con

esta ltima, debe indicarse que el derecho de acceso a la informacin

pblica tiene una doble dimensin. Por un lado, se trata de un derecho

individual, en el sentido de que garantiza que nadie sea arbitrariamente

impedido de acceder a la informacin que guarden, mantengan o elaboren

las diversas instancias y organismos que pertenezcan al Estado, sin ms

limitaciones que aquellas que se han previsto como constitucionalmente

legtimas. A travs de este derecho se posibilita que los individuos,

aisladamente considerados, puedan trazar, de manera libre, su proyecto de

vida, pero tambin el pleno ejercicio y disfrute de otros derechos

fundamentales. Desde esta perspectiva, en su dimensin individual, el

derecho de acceso a la informacin se presenta como un presupuesto o

medio para el ejercicio de otras libertades fundamentales, como puede ser la

libertad de investigacin, de opinin o de expresin, por mencionar alguna

(...).

5. En el Fundamento N. 11 de la precitada sentencia, puntualiz que el

derecho de acceso a la informacin tambin (...) tiene una dimensin

colectiva, ya que garantiza el derecho de todas las personas de recibir la

informacin necesaria y oportuna, a fin de que pueda formarse una opinin



pblica, libre e informada, presupuesto de una sociedad autnticamente

democrtica (...). Desde este punto de vista, la informacin sobre la manera

como se maneja la res pblica termina convirtindose en un autntico bien

pblico o colectivo, que ha de estar al alcance de cualquier individuo, no

slo con el fin de posibilitar la plena eficacia de los principios de publicidad y

transparencia de la Administracin Pblica, en los que se funda el rgimen

republicano, sino tambin para efectuar del mejor modo el control

institucional sobre los representantes de la sociedad; y tambin, desde

luego, para ejercer el control sobre aquellos particulares que se encuentran

en la capacidad de poder inducir o determinar las conductas de otros

particulares o, lo que es ms grave, en una sociedad como la que nos toca

vivir, su misma subordinacin.

5. El test judicial estricto y la proteccin de la dimensin colectiva del

derecho de acceso a la informacin pblica

6. Asimismo, este Colegiado ha relevado que cuando el ejercicio del derecho

de acceso a la informacin pblica est destinado a contribuir con la

formacin de una opinin pblica, libre e informada, ste ha de considerarse

como una libertad preferida. Tal condicin se ha precisado en el Fund. Jur.

N. 11 de la STC N. 1797-2002-HD/TC: (...) no quiere decir que al interior

de la Constitucin exista un orden jerrquico entre los derechos

fundamentales que ella reconoce, en la cspide del cual se encuentre o

pueda encontrarse el derecho de acceso a la informacin u otros derechos

que cuentan igualmente con idntica condicin. Y, en ese sentido, que una

colisin de ste con otros derechos fundamentales [o con otros bienes

constitucionalmente protegidos] se resuelva en abstracto, haciendo

prevalecer al que tiene la condicin de libertad preferida. Evidentemente ello

no es as. Todos los derechos constitucionales tienen, formalmente, la

misma jerarqua, por ser derechos constitucionales. De ah que ante una

colisin entre ellos, la solucin del problema no consiste en hacer prevalecer

unos sobre otros, sino en resolverlos mediante la tcnica de la ponderacin

y el principio de concordancia prctica. No obstante, tratndose de una

intervencin legislativa sobre una libertad preferida, esta condicin impone

que el control sobre las normas y actos que incidan sobre ella no slo se

sujeten a un control jurisdiccional ms intenso, a la luz de los principios de

razonabilidad y proporcionalidad, sino, adems, que en ese control tenga

que considerarse que tales actos o normas que sobre l inciden carecen,

prima facie, de la presuncin de constitucionalidad.



7. En el caso, la recurrente alega que no se le proporcion informacin sobre el

proceso de ratificacin al que fue sometida. As, puede colegirse que la

dimensin del derecho de acceso a la informacin pblica alegada como

lesionada es la que este Tribunal ha calificado como individual. De manera

que los actos realizados por la emplazada, y las disposiciones sobre las

cuales ha sustentado su negativa de proporcionar los documentos

reseados en el Fund. Jur. N. 1 de esta sentencia, habrn de evaluarse con

el test de razonabilidad y, en su caso, el de proporcionalidad, y no bajo las

reglas del test judicial estricto, que como antes se ha anotado, se practica

sobre actos y normas que inciden sobre un derecho que tiene la condicin

de libertad preferida.

6. Disposiciones que no restringen el derecho de acceso a la informacin

relativa con el proceso de ratificacin judicial y que han servido de

sustento para denegar la peticin

8. Como se ha expuesto en los antecedentes de esta sentencia, el Consejo

Nacional de la Magistratura sustenta su negativa a entregar la informacin

requerida por la recurrente amparndose en la Ley N. 26397, Orgnica del

Consejo Nacional de la Magistratura (LOCNM), y, en particular, en lo

dispuesto por sus artculos 28 [Los consejeros deben guardar reserva

respecto a las informaciones y deliberaciones que reciben y realicen con

motivo de la evaluacin de los candidatos], 42 [El Consejo lleva un

registro de los resultados obtenidos en los procesos de evaluacin para el

nombramiento, ratificacin y destitucin de los Magistrados del Poder

Judicial y miembros del Ministerio Pblico] y, finalmente, en el 43 [Es

prohibido expedir certificaciones o informaciones de cualquier gnero a

particulares o autoridades respecto a los datos contenidos en el registro; a

excepcin de lo dispuesto en el artculo 96 de la Constitucin o de mandato

judicial].

9. Por tanto, a fin de absolver los trminos de la controversia constitucional, es

preciso dilucidar las siguientes cuestiones: a) si dichas disposiciones, en

realidad, constituyen un lmite al ejercicio del derecho de acceso a la

informacin pblica; b) si as lo fuera, debe analizarse con el test judicial

estricto aludido, si existen intereses constitucionalmente relevantes que

justifiquen la limitacin del derecho de acceso a la informacin pblica.

10. Planteado de ese modo el problema, lo primero que debe indicarse es que,

a juicio del Tribunal Constitucional, de todas las disposiciones invocadas por

la emplazada para negar la entrega de la informacin solicitada, slo una de

ellas podra entenderse, por decirlo as, como una restriccin del derecho.



En efecto, el sentido y la finalidad de lo regulado en los artculos 28 y 42

de la LOCNM no puede considerarse como restricciones del derecho de

acceso a la informacin pblica. Y es que en el primero de los citados

dispositivos slo se alude a un deber que, por razn del cargo, se ha

impuesto a quienes tienen la condicin de consejeros del CNM,

concerniente a guardar reserva respecto de las informacin y deliberaciones

que reciben y realicen con motivo de la evaluacin de los candidatos a

ocupar cargos en el Poder Judicial y en el Ministerio Pblico. Se trata de un

deber que se ha impuesto, por la propia naturaleza de la funcin que

desarrollan, a los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, y no

propiamente al rgano constitucional, que es el sujeto pasivo del derecho de

acceso a la informacin pblica.

11. 7. Los alcances del artculo 43 de la Ley Orgnica del Consejo

Nacional de la Magistratura (LOCNM)

12. A juicio del Tribunal, entre las disposiciones invocadas por el CNM para no

entregar la informacin requerida, la que aparentemente limita el ejercicio

del derecho de acceso a la informacin pblica es el artculo 43 de la

LOCNM. Dicha disposicin establece que:

Es prohibido expedir certificaciones o informaciones de cualquier

gnero a particulares o autoridades respecto a los datos

contenidos en el registro; a excepcin de lo dispuesto en el

artculo 96 de la Constitucin o de mandato judicial.

13. Uno de los primeros sentidos interpretativos de esta norma excluye del

conocimiento pblico la informacin que se pueda encontrar almacenada en

el denominado registro [que contiene los resultados obtenidos en los

procesos de evaluacin para el nombramiento, ratificacin y destitucin de

los magistrados del Poder Judicial y miembros del Ministerio Pblico], a no

ser que sta sea solicitada por un congresista o lo disponga un mandato

judicial. Cabe, por tanto, interrogarse si acaso la informacin que se

mantiene en el registro no tiene el carcter de informacin pblica.

14. No obstante, conviene precisar que el propsito del artculo 43 de la

LOCNM no es tanto negar el carcter de informacin pblica a la

informacin que se mantiene en el registro, sino, esencialmente, disponer

su confidencialidad, esto es, restringir el ejercicio del derecho de acceso a

la informacin pblica. El inciso 6) del artculo 17 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica, establece que El derecho

de acceso a la informacin pblica no podr ser ejercido respecto de lo

siguiente: (...) 6. Aquellas materias cuyo acceso est expresamente



exceptuado por la Constitucin o por una Ley aprobada por el Congreso de

la Repblica.

15. En la contestacin de la demanda, tanto la Procuradora Pblica encargada

de los asuntos judiciales del CNM, como el Presidente de este rgano

constitucional, han sostenido que no entregaron la informacin requerida por

la recurrente, acatando la prohibicin que establece el artculo 43 de la

LOCNM: ...la informacin en comento, ha sostenido el primero de los

emplazados nombrados, no se encuentra disponible al libre trfico

informativo; siendo as al constar el carcter confidencial de la informacin y

que por ende no se encuentra dentro del trfico documentario, no se justifica

que sea brindado a la demandante.

A su vez, el Presidente del CNM ha sostenido que concordante con esta

normatividad legal, el Reglamento de Evaluacin y Ratificacin de Jueces del

Poder Judicial y Fiscales del Ministerio Pblico, establece que las

grabaciones de las entrevistas, cuando se realicen, tendrn carcter

reservado.

16. En ese contexto, el Tribunal Constitucional considera que es arbitrario que la

demandada haya denegado a la recurrente:

a) La copia de la entrevista personal a la que fue sometida en el proceso de

ratificacin. Manifiestamente arbitrario, en un doble orden de razones: en

primer lugar, porque es notorio que la entrevista a la que fue sometida

fue de carcter de pblico, y si fue as, no hay razn alguna para que

despus sta pueda ser considerada como confidencial.

En segundo lugar porque, tratndose de una solicitud planteada por la

misma recurrente, sobre un acto a la que ella fue sometida, no le era

aplicable lo dispuesto por el artculo 43 de la LOCNM, que, como antes se

seal, constituye una limitacin para que terceros o autoridades, salvo las

excepciones que dicha disposicin prev, puedan acceder a tal informacin.

Asimismo, el Tribunal Constitucional considera insuficiente que la recurrida,

al revocar la apelada, haya previsto que slo se entregue el vdeo de la

entrevista, y no el acta que sobre tal acto pblico se hubiese levantado.

Dado que se trata de informacin no sujeta a confidencialidad, corresponde

que se entregue ambos.

b) La copia de la parte del acta del Pleno del Consejo Nacional de la

Magistratura, que contiene la votacin y acuerdo de no ratificacin de la

recurrente. La carencia de fundamento constitucional para denegar tal

peticin, adems, es un hecho que el propio CNM ha replanteado, al

modificar su posicin original sobre el tema y autorizar su entrega,



conforme se observa del Acuerdo N. 514-2003, si bien respecto a una

persona distinta a la recurrente.

17. Respecto de la peticin de la recurrente para que tambin se le conceda

copia del Informe de la Comisin Permanente de Evaluacin y Ratificacin,

el Tribunal Constitucional considera que, dado que el artculo 41 de la

LOCNM estipula que El Consejo Nacional de la Magistratura acta en

plenario y en comisiones, y adems que dicha informacin se encuentra

comprendida dentro del supuesto contemplado en el inciso 1) del artculo

17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin, el juez, en

ejecucin de sentencia, deber apreciar si en el acuerdo de no ratificacin

de la recurrente se hace referencia al referido Informe de la Comisin

Permanente de Evaluacin y Ratificacin. Si as lo fuera, el carcter

confidencial de aquel informe habr cesado, y deber ordenarse que se

entregue a la recurrente.

5. Estado de cosas inconstitucionales y efectos de la sentencia

18. Por su propia naturaleza, y a diferencia de lo que sucede con otra clase de

remedios procesales constitucionales que tienen una marcada dimensin

objetiva [como sucede con el proceso de inconstitucionalidad de las leyes y el

conflicto entre rganos constitucionales], en el caso de los procesos

constitucionales de la libertad (hbeas corpus, amparo y hbeas data), lo

resuelto con la sentencia vincula nicamente a las partes que participan en l.

En efecto, de acuerdo con el artculo 8 de la Ley N. 23506, la resolucin final

constituye cosa juzgada nicamente si es favorable al recurrente, aunque

tambin puede oponerse a quien pretendiera ejecutar o ejecutase igual

agresin. Y, de conformidad con el artculo 9 de la misma Ley N. 23506, las

sentencias ... sentarn jurisprudencia obligatoria cuando de ellas se puedan

desprender principios de alcance general, debiendo, en todo caso, observarse

que, en concordancia con la Primera Disposicin General de la LOTC, Los

jueces y tribunales interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley

y los reglamentos segn los preceptos y principios constitucionales, conforme a

la interpretacin de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el

Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos. Excepto el supuesto de que

sobre una persona que haya obtenido una sentencia en su favor, un tercero

pretenda o realice un acto similar de agravio, al que se refiere el artculo 9 de

la Ley N. 23506, lo normal es que la sentencia dictada en estos procesos slo

se pueda oponer al vencido en juicio.

19. El problema, sin embargo, no es estrictamente procesal o se basa en

razones de eficiencia en la prestacin de la justicia constitucional. El Tribunal



estima que esa prctica tambin contrae un problema que atae a la propia

naturaleza y el carcter vinculante que tienen los derechos fundamentales

sobre los rganos pblicos. En diversas oportunidades, en efecto, se ha

advertido que, pese a existir una inveterada tradicin jurisprudencial en

determinado sentido, diversos rganos pblicos han mantenido y, lo que es

peor, continuado, la realizacin de actos considerados como lesivos de

derechos constitucionales.

Cmo explicar tal situacin? Seguramente, entre muchas otras opciones,

debido al desconocimiento de aquellos criterios, pero tambin por la desidia o

los efectos patrimoniales que se pudieran generar. En efecto, resulta muy

cmodo para un rgano pblico argir que tal o cual acto se justifica con el

cumplimiento de una sentencia, antes que justificarlo con una decisin

unilateral, por ejemplo alegando que se acta de conformidad con los derechos

fundamentales. En tal concepcin subyace, evidentemente, un problema de

comprensin del significado y valor de los derechos fundamentales en el Estado

constitucional de derecho. ste no es otro que asumir que tales derechos slo

vinculan porque existe una sentencia que as lo establece. La interpositio

sententiae se convierte, as, en una condicin del ejercicio pleno de los

derechos fundamentales, y su ausencia, por decirlo as, determina que los

derechos apenas si tengan un valor vinculante.

20. Una modulacin de los efectos de las sentencias dictadas en el seno de

estos procesos constitucionales de la libertad se justifica, como lo ha expresado

la Corte Constitucional colombiana, (...) en el deber de colaborar armnicamnte

con los restantes rganos del Estado para la realizacin de sus fines. Del

mismo modo que debe comunicarse a la autoridad competente la noticia

relativa a la comisin de un delito [artculo 11 de la Ley N. 23506], no se ve

por qu deba omitirse la notificacin de que un determinado estado de cosas

resulta violatorio de la Constitucin Poltica.

El deber de colaboracin se torna imperativo si el remedio administrativo

oportuno puede evitar la excesiva utilizacin de la accin de [amparo, hbeas

corpus o hbeas data]. Los recursos con que cuenta la administracin de

justicia son escasos. Si instar al cumplimiento diligente de las obligaciones

constitucionales que pesan sobre una determinada autoridad contribuye a

reducir el nmero de causas constitucionales, que de otro modo

inexorablemente se presentaran, dicha accin se erige tambin en medio

legtimo a travs de la cual la Corte realiza su funcin de guardiana de la

integridad de la Constitucin [artculo 201 de la Constitucin] y de la efectividad

de sus mandatos.

21. De modo que, y a fin de que se respeten plenamente los pronunciamientos

de esta naturaleza que de ahora en adelante se emitan, este Colegiado enfatiza

que, si con posterioridad a la fecha de expedicin de una sentencia de esta



clase, llegase al Tribunal o a cualquier rgano judicial competente un caso

anlogo, cuyos hechos se practiquen con fecha posterior a la de esta sentencia,

aparte de que se ordene la remisin de copias de los actuados por la violacin

del derecho constitucional concretamente afectado, tambin se dispondr que

se abra proceso penal por desacato de una sentencia del Tribunal

Constitucional.

22. En el caso, si bien el CNM realiz un acto concreto de violacin del derecho

constitucional de la recurrente, ste se sustent en una interpretacin

constitucionalmente incorrecta de una disposicin legal que forma parte de la

Ley Orgnica del Consejo Nacional de la Magistratura. De ah que, sin perjuicio

de los alcances particulares del acto analizado en el presente caso, a fin de

evitar que, fundamentndose en igual criterio interpretativo, puedan violarse

derechos constitucionales de otras personas, el Tribunal Constitucional declara

que el estado de cosas que origin el hbeas data es incompatible con la

Constitucin.

FALLO

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la

autoridad que la Constitucin Poltica del Per le confiere,

Ha resuelto

1. Declarar FUNDADA la accin de hbeas data.

2. Ordena que se entregue a la recurrente: a) copia del Informe de la Comisin

Permanente de Evaluacin y Ratificacin, referente a su conducta e

idoneidad en el cargo que ejerca como Vocal Superior de la Corte Superior

de Justicia de Lambayeque; b) copia del acta de la entrevista personal y

copia del vdeo de la referida entrevista personal; y c) copia de la parte

pertinente del acta de sesin del Pleno del Consejo Nacional de la

Magistratura que contiene la decisin de no ratificarla en su condicin de

Magistrada del Poder Judicial.

3. Declrese que el estado de cosas que origin el hbeas data, y que ha sido

objeto de la controversia en este proceso, es contrario a la Constitucin

Poltica del Per.

4. Remtase, por Secretara General del Tribunal Constitucional, la presente

sentencia a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, a fin de

que en un plazo de 90 das hbiles a partir de la notificacin de sta,

adopten las medidas necesarias y adecuadas a fin de corregir, dentro de los



parmetros constitucionales, las solicitudes de entrega de informacin sobre

el proceso de ratificacin judicial.

5. Prevngase a los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura para

que eviten volver a incurrir en las acciones u omisiones ilegtimas que

originaron el presente proceso, de conformidad con lo expuesto en el

Fundamento Jurdico N. 21.

6. Dispone que las medidas que se adopten se pongan en conocimiento del

juez de ejecucin de la sentencia, quien, al dcimo (10) da hbil de

culminado el plazo otorgado en la presente, informar a la Secretara

General del Tribunal Constitucional.


SS.

ALVA ORLANDINI

BARDELLI LARTIRIGOYEN

GONZALES OJEDA

CONCLUSIONES

A modo de conclusin debemos sealar que el proceso constitucional de

hbeas data, en nuestra patria se encuentra en un estado incipiente, dado que

la ciudadana no tiene cabal conocimiento del mbito de aplicacin y los

derechos tutelados por ese esta institucin, pese a las jurisprudencias

esgrimidas por el Tribunal Constitucional en ocasin de diversos procesos

entablados a con el objeto de lograr el acceso a la informacin tanto pblica

como privada.

Por lo que resultad de capital importancia que el mximo intrprete de la

constitucin aclare el concepto de autodeterminacin informativa, como

presupuesto de tutela por el proceso de hbeas data, toda vez que mediante

ella se puede solicitar la rectificacin y/o actualizacin de datos contenidos en

un banco de registro ya sea de ndole pblico como privado cuando exista un

inters valido de por medio por parte del recurrente.



LA ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD

Es la accin que se da ante la existencia de un asunto pendiente de resolver -

sea ante los tribunales de justicia o en el procedimiento para agotar la va

administrativa- en dnde se considere que una norma a ser aplicada lesiona un

derecho es ah cuando la accin constituye un medio razonable para amparar el

derecho considerado lesionado en el asunto principal, de forma que lo resuelto

por el Tribunal Constitucional repercuta positiva o negativamente en dicho

proceso pendiente de resolver, por cuanto se manifiesta sobre la

constitucionalidad de las normas que debern ser aplicadas en dicho asunto

En cuanto a la accin de inconstitucionalidad tenemos que se admite en los

siguientes casos:

Art.73.- Admisibilidad. Cabr la accin de inconstitucionalidad:

Contra leyes y otras disposiciones generales, incluso las originadas en actos de

sujetos privados, que infrinjan, por accin u omisin, alguna norma o principio

constitucional.

Contra los actos subjetivos de las autoridades pblicas, cuando infrinjan, por

accin u omisin, alguna norma o principio constitucional, si no fueren

susceptibles de los recursos de hbeas corpus o de amparo.

Cuando en la formacin de las leyes o acuerdos legislativos se viole algn

requisito o trmite sustancial previsto en la Constitucin o, en su caso,

establecido en el Reglamento de Orden, Direccin y Disciplina Interior de la

Asamblea Legislativa.

ch. Cuando se apruebe una reforma constitucional con violacin de normas

constitucionales de procedimiento.

Cuando alguna ley o disposicin general infrinja el artculo 7, prrafo primero,

de la Constitucin, por oponerse a un tratado pblico o convenio internacional.

Cuando en la suscripcin, aprobacin o ratificacin de los convenios o tratados

internacionales, o en su contenido o efectos se haya infringido una norma o

principio constitucional o, en su caso, del Reglamento de Orden Direccin

y Disciplina Interior de la Asamblea Legislativa. En este evento, la declaratoria

se har solamente para los efectos de que se interpreten y apliquen en armona

con la Constitucin o, si su contradiccin con ella resultare insalvable, se

ordene su desaplicacin con efectos generales y se proceda a su denuncia.



EXP. N. 010-2001-AI/TC

DEFENSORA DEL PUEBLO

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 26 das del mes de agosto del ao 2003, el Tribunal

Constitucional en sesin de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los

magistrados Alva Orlandini, Presidente; Bardelli Lartirigoyen, Vicepresidente;

Rey Terry, Aguirre Roca, Revoredo Marsano, Gonzales Ojeda y Garca Toma,

pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Accin de inconstitucionalidad interpuesta por el Defensor del Pueblo, doctor

Walter Albn Peralta, contra la Ordenanza N. 290, emitida por la Municipalidad

Metropolitana de Lima, con fecha 18 de setiembre de 2000, y publicada el 3 de

diciembre de 2000.

ANTECEDENTES

Con fecha 18 de mayo de 2001, el Defensor del Pueblo (e), doctor Walter Albn

Peralta, interpone accin de inconstitucionalidad contra la Ordenanza N. 290,

expedida por la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicada el 3 de

diciembre de 2000, por considerar que vulnera la autonoma municipal distrital

reconocida en el artculo 191 de la Constitucin Poltica vigente, alegando que

la mencionada norma ha dispuesto la procedencia del recurso de revisin,

previsto en el artculo 100 del Texto nico Ordenado de la Ley de Normas

Generales de Procedimientos Administrativos, aprobado por Decreto Supremo

N. 02-94-JUS, contra las resoluciones emitidas en segunda instancia por las

municipalidades distritales de la provincia de Lima; que, conforme al citado

rgimen, la Municipalidad Metropolitana de Lima ha establecido una instancia

adicional en el procedimiento administrativo municipal, y que dicha

circunstancia vulnera la autonoma municipal correspondiente a las

municipalidades distritales, prevista tanto en la Constitucin Poltica del Per

como en la Ley Orgnica de Municipalidades, N. 23853. La emplazada

contesta la demanda solicitando que se la declare infundada, aduciendo que no

es verdad que la ordenanza impugnada vulnere la autonoma poltica y

administrativa de las municipalidades distritales, pues, su juicio, posee rango de

ley, se sustenta en el Acuerdo de Concejo N. 121, de 8 de noviembre de 1996,

y, por otra parte, fue dictada tras la expedicin de una sentencia emitida por la

Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, en la accin de

amparo interpuesta por doa Mara Julia Ortiz Chamorro contra el Concejo

Distrital de Santiago de Surco, en la que se estim que [...] no teniendo la



Alcalda de la Municipalidad Distrital demandada, esto es, la de Santiago de

Surco, la calidad de autoridad de competencia nacional, las resoluciones

expedidas por esa Municipalidad en segunda instancia podan ser materia de

revisin ante la Municipalidad de Lima Metropolitana y que, siendo ello as, la

Municipalidad Distrital de Surco haba vulnerado el derecho de peticin ante la

autoridad competente, prevista en el inciso 13 del artculo 24. de la Ley N.

23506, infringindose los principios constitucionales del debido proceso y el

derecho de defensa. Agrega que, de acuerdo con la Constitucin y la Ley

Orgnica de Municipalidades, tiene un rgimen especial, distinto del resto de

municipalidades.

FUNDAMENTOS

1. Determinacin del petitorio 1. La presente demanda tiene por objeto

cuestionar la constitucionalidad de la Ordenanza N. 290, expedida por la

Municipalidad Metropolitana de Lima, con fecha 18 de setiembre de 2000, por

considerarse que dicha norma transgrede el artculo 191 de la Constitucin. En

esencia, el demandante ha sostenido que el recurso de revisin establecido en

la ordenanza impugnada violara la autonoma municipal, por cuanto establece

de manera general que cualquier decisin que stas expidan en segunda

instancia puede ser impugnada ante la Municipalidad Provincial de Lima va

recurso de revisin. La inconstitucionalidad radica en que la norma en cuestin

ampla los supuestos de revisin establecidos en la Ley Orgnica de

Municipalidades, N. 23853, hoy derogada, norma que, junto al artculo 191 de

la Constitucin, conforma un bloque de constitucionalidad.

2. Derecho a la pluralidad de instancias, debido procedimiento administrativo

y recurso de revisin

2. La demandada ha justificado la introduccin del recurso de revisin en el

procedimiento administrativo municipal, alegando que su inexistencia lesionara

el derecho al debido proceso administrativo y, particularmente, los derechos a la

pluralidad de instancias y a la defensa, apoyndose para ello en lo que en su

momento sostuviera la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de

Lima en un proceso constitucional de amparo. 3. El Tribunal Constitucional no

comparte tal criterio. En efecto, el derecho a la pluralidad de instancias no es un

contenido esencial del derecho al debido proceso administrativo pues no

toda resolucin es susceptible de ser impugnada en dicha sede; pero s lo es

del derecho al debido proceso judicial, pues la garanta que ofrece el Estado

constitucional de derecho es que las reclamaciones de los particulares contra

los actos expedidos por los rganos pblicos, sean resueltas por un juez

independiente, imparcial y competente, sede sta en la que, adems, se debe

posibilitar que lo resuelto en un primer momento pueda ser ulteriormente



revisado, cuando menos, por un rgano judicial superior. A juicio del Tribunal,

tras la conceptualizacin del derecho al debido procedimiento administrativo

expresada por la demandada, subyace una idea errada de la configuracin y

justificacin de la va administrativa.

3. Recurso de revisin, rganos administrativos con competencia

nacional y autonoma municipal

4. La autonoma municipal constituye, en esencia, una garanta institucional,

esto es, un instituto constitucionalmente protegido que, por su propia

naturaleza, impide que el legislador pueda desconocerla, vaciarla de contenido

o suprimirla; protege a la institucin de los excesos que pudieran cometerse en

el ejercicio de la funcin legislativa, y persigue asegurar que, en su tratamiento

jurdico, sus rasgos bsicos o su identidad no sean trastocados de forma que la

conviertan en impracticable o irreconocible. La autonoma municipal supone

capacidad de autodesenvolvimiento en lo administrativo, poltico y econmico

de las municipalidades, sean stas provinciales o distritales. Ciertamente, la

garanta de la autonoma municipal no impide que el legislador nacional pueda

regular su rgimen jurdico, siempre que, al hacerlo, se respete su contenido

esencial. En este contexto, respetar el contenido esencial de la institucin

constitucionalmente garantizada quiere decir no sujetar o condicionar la

capacidad de autodesenvolvimiento pleno de los gobiernos locales a relaciones

que se puedan presentar como injustificadas o irrazonables. Por consiguiente,

ha de tratarse de relaciones que sean, en lo fundamental, de coordinacin y,

slo excepcionalmente, de subordinacin, en aquellos casos en que la

Constitucin expresamente lo permita, a fin de que la capacidad de

autodesenvolvimiento no termine vaciada de contenido.

4. El recurso de revisin y la ley orgnica de municipalidades

7. Como se ha indicado anteriormente, el demandante ha alegado que el

recurso de revisin regulado en el artculo 1 de la Ordenanza impugnada,

tambin inconstitucional, porque se haba contemplado como un medio

impugnatorio que escapaba a los alcances de lo previsto en el artculo 11

de la Ley Orgnica de Municipalidades derogada. Desvinculado del recurso

de revisin regulado por la Ley del Procedimiento Administrativo General,

cabe ahora que este Tribunal analice si es inconstitucional que en sede del

procedimiento administrativo municipal se haya previsto el recurso de

revisin cuestionado. El demandante ha aducido que es inconstitucional el

establecimiento del recurso de revisin no tanto porque ste se prevea en el

procedimiento administrativo municipal, sino por los trminos generales en

los que se ha establecido. En efecto, dice el demandante que es

inconstitucional, por cuanto establece de manera general que cualquier



decisin que stas expidan en segunda ins

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