1

GUÍA PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LOS PLANES DE GOBIERNO

Introducción De acuerdo con el Instituto Nacional Estadística e Informática (INEI), en el Perú viven alrededor de un millón y medio de personas con discapacidad. Sin embargo, si tomamos como base de cálculo las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), estamos hablando de cuatro millones y medio de personas. La mayoría de ellas, lamentablemente, enfrenta una serie de barreras para participar en la vida social, tanto actitudinales como del entorno, lo cual convierten a este colectivo en uno de los más discriminados y excluidos de nuestro país. La Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad (ENEDIS 2012) muestra altas cifras de exclusión en materia de salud, educación, empleo y protección social, así como diversas restricciones en el ejercicio de derechos. Así, la gran mayoría de niños, niñas y adolescentes con discapacidad no asiste a la escuela. Los que lo hacen, reciben una educación que no responde a sus necesidades educativas diversas. De acuerdo con el INEI, el 24% de las personas con discapacidad no ha recibido educación y el 41% solo tiene educación primaria. Con estas cifras de exclusión educativa, no es sorprendente que el 76% de las personas con discapacidad se encuentre inactivo. De hecho, aquellas de buscan empleo se enfrentan a una tasa de desempleo casi el doble más alta que la tasa general. Una de las principales barreras para la inclusión educativa y laboral es la falta de accesibilidad en las edificaciones, el entorno urbano, el transporte y las comunicaciones, lo cual también afecta su acceso a la salud y la rehabilitación. A tres años de la Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley Nº 29973, es innegable que su aprobación ha permitido una mayor presencia de las personas con discapacidad en la agenda pública. Sin embargo, poco de lo avanzado en materia legislativa y de políticas ha tenido un impacto significativo en la vida de las personas con discapacidad. Esto se debe, en gran medida, a la debilidad del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), a la falta de modelos de intervención validados, así como a la inexistencia de mecanismos de coordinación y de consulta con las organizaciones de personas con discapacidad. Además, los retos siguen siendo particularmente en materia de vida independiente y en las poblaciones indígenas y zonas rurales. De esta manera, la presente guía busca contribuir -a través de la inclusión de la temática de discapacidad en las agendas de los partidos y planes de gobierno- a mejorar el acceso

2

a los derechos de las personas con discapacidad y a la mejora en su calidad de vida, para ello es importante que los partidos consulten sus planes de gobierno con las organizaciones de personas con discapacidad y sus propios candidatos y candidatas con discapacidad. En este contexto, es importante que los planes de gobierno de los partidos que aspiran a gobernar a partir del 2016 incluyan propuestas que respondan a las necesidades e intereses de las personas con discapacidad. El Perú necesita políticas efectivas orientadas a eliminar las barreras existentes que limitan la inclusión y participación plena de las personas con discapacidad. ¿Quiénes son las personas con discapacidad? Las personas con discapacidad constituyen un grupo bastante diverso de la sociedad que enfrenta una serie de barreras sociales para el ejercicio pleno de sus derechos. En efecto, las personas con discapacidad pueden contar con una o varias deficiencias (físicas, mentales, intelectuales o sensoriales), las cuales determinarán formas particulares de discriminación y exclusión. Así, cuando hablamos de las personas con discapacidad, estamos hablando de colectivos tan distintos como las personas ciegas, las personas sordas, las personas sordociegas, las personas con Síndrome Down, las personas autistas, las personas con discapacidad psicosocial, las personas pequeñas, las personas con enfermedades raras, entre otras. Es importante notar que las barreras no están en la persona con discapacidad sino en un entorno social que no responde a sus particularidades y, por ende, limita su acceso y ejercicio de derechos. Así, desde un enfoque de derechos, la discapacidad se relaciona más con las limitaciones de la sociedad para responder a la diversidad antes que en las características personales de los individuos. De esta manera, la discapacidad no está en la persona sino en el entorno que no ha sido diseñado tomando en cuenta sus necesidades. Este cambio de paradigma supone dejar de ver a las personas como "problemas" para pasar a considerarlas titulares de derechos. Es decir, abandonar enfoques "médicos" o "de caridad", y comenzar a centrar nuestra atención el modo en que los diferentes procesos económicos, sociales y culturales tienen presente o no las particularidades y demandas de dicho colectivo. ¿Cuál es la situación de las personas con discapacidad en el Perú? Las personas con discapacidad representa el 5.2% de la población peruana según la Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad del año 2012 (en adelante ENEDIS). Es decir, 1 millón 575 mil 402 personas, constituyendo uno de los grupos más marginados en

3

nuestra sociedad. Las barreras estructurales y sociales que deben enfrentar las personas con discapacidad en el Perú son numerosas, lo cual afecta el ejercicio de derechos fundamentales como la salud, la educación, el trabajo o la seguridad social. A continuación presentamos algunas cifras que ilustran la magnitud de la exclusión que atraviesa la población con discapacidad en el Perú:

El 22.3% de las personas con discapacidad no tiene nivel educativo. El 40.4% tiene nivel educativo primario, el 22.4% estudios secundarios y solo el 11.6% estudios superiores universitarios o técnicos. (ENEDIS)

El 29.1% de personas con discapacidad de 15 y más años son analfabetos. El porcentaje es mayor en las mujeres (40.4%) que en los hombres (17.1%). De igual manera, es mayor en el área rural (48.1%) que en el área urbana (21.6%). (ENEDIS)

• El 62.8% de menores con discapacidad entre 3 y 5 años no asiste a ningún centro educativo; así como tampoco el 36.9% de niños y niñas entre 6 y 11 años. Igualmente, el 49.2% de adolescentes de 12 a 17 años no asiste a la escuela, ni especial ni regular. (ENEDIS)

• De los 57 mil niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad que estudian en instituciones denominadas "inclusivas", solo 10 mil 667 reciben atención especializada y soporte. (MINEDU)

• El 79.4% de las personas con discapacidad se encuentra en condición de inactivas o

desempleadas. Del total de personas con discapacidad que trabajan, el 58.3% lo hace como trabajador independiente. (ENEDIS)

• El 88.0% de personas con discapacidad a nivel nacional no realiza tratamiento y/o

terapias de rehabilitación. (ENEDIS)

• Las personas con discapacidad experimentan diversos problemas de accesibilidad, especialmente en lugares públicos: dificultades de ingreso y/o desplazamiento en establecimientos de salud (29.3%), paraderos (23.0%), mercados (21.3%), centros de rehabilitación (18.9%), bancos y entidades financieras (18.8%), entre otros. (ENEDIS)

• El 92.4% de las personas con discapacidad no cuentan con un certificado de

discapacidad. (ENEDIS)

4

¿Cuál es el marco normativo sobre discapacidad en el Perú? En el año 2008, el Estado Peruano ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas (en adelante, CDPD), el instrumento internacional de derechos humanos más completo aprobado hasta la fecha, por lo que está obligado a respetar, proteger y realizar todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad. En el ámbito legal, la norma más importante en materia de discapacidad es la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad (en adelante, LGPD), publicada en el 2012, la cual reconoce que “la persona con discapacidad tiene los mismos derechos que el resto de la población” y que el Estado debe garantizar “un entorno propicio, accesible y equitativo para su pleno disfrute sin discriminación". Entre los principales derechos que reconoce y desarrolla la LGPD podemos destacar las siguientes:

• El derecho a la igualdad ante la ley y a no ser discriminado por motivos de discapacidad (art. 8).

• El derecho a vivir de forma independiente y a ser incluida en la comunidad (art. 11).

• El derecho a participar en la vida política y pública en igualdad de condiciones que las demás (art. 12).

• El derecho a acceder, en igualdad de condiciones que las demás, al entorno físico, los medios de transporte, los servicios, la información y las comunicaciones, de la manera más autónoma y segura posible (art. 15).

• El derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación, así como a prestaciones de salud integrales y de calidad (art. 26).

• El derecho a recibir una educación inclusiva de calidad (art. 35). • El derecho a trabajar con igualdad de oportunidades y con condiciones de trabajo

justas, seguras y saludables, incluyendo ajustes razonables (art. 45) • El derecho a la protección social, incluyendo pensiones de orfandad (art. 58),

pensiones no contributivas por discapacidad severa (art. 59), jubilación adelantada (art. 60) y acceso a programas sociales de salud, alimentación, vestido y vivienda adecuados (art. 61).

Finalmente, se debe tener presente que la Constitución Peruana señala que, además de los demás derechos recocidos en ella, las personas con discapacidad tienen derecho al "respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad" (art. 7), así como a no verse impedidas de recibir una educación adecuada por razón de su discapacidad (art. 16)

5

¿Por qué es importante incluir las demandas de las personas con discapacidad en los planes de gobierno? Existen diversas razones para incluir las demandas y necesidades de las personas con discapacidad en los planes de gobierno. En primer lugar, como se ha mencionado, existen obligaciones internacionales que el Estado Peruano debe cumplir en relación con los derechos de las personas con discapacidad. Asimismo, el marco legal interno obliga al Estado Peruano a implementar políticas públicas que garanticen su plena participación e inclusión social. En segundo lugar, las personas con discapacidad y sus familias representan millones de personas en el Perú. Es decir, se trata de una segmento importante de la población peruana. Además, los planes de gobierno deben contemplar la satisfacción de las necesidades de todos los peruanos y peruanas. Hay temas clave como la accesibilidad, la educación y el acceso a la salud, en los que urge implementar políticas inclusivas. Las personas con discapacidad no pueden seguir esperando por el acceso y disfrute de sus derechos más básicos. En tercer lugar, los costos de la exclusión de las personas con discapacidad son muy altos (pensiones, servicios sociales, costos de oportunidad, costos en las familias). De acuerdo con cifras de la OIT, entre 3% y 7% del PBI de los países con ingresos medios es el costo de la falta de inclusión, por lo que se deben crear políticas inclusivas en todos los aspectos, esto tendrá repercusiones positivas incluso en la economía. ¿Cómo incluir las demandas de las personas con discapacidad? Las demandas y necesidades de las personas con discapacidad son atendidas de mejor manera cuando se utiliza un enfoque de doble vía (twin-track approach): por un lado, asegurar un enfoque de discapacidad en las políticas y los programas generales; por el otro, complementar dicha estrategia general con programas y prestaciones específicas que puedan atender las necesidades particulares que no hayan sido cubiertas. Así, por ejemplo, en materia de protección social, además del programa de pensiones no contributivas para personas con discapacidad severa, será necesario asegurar el acceso de las personas con discapacidad a los programas sociales generales (SIS, JUNTOS, Pensión 65, etc.) pero incorporando prestaciones específicas que respondan a sus necesidades particulares (rehabilitación, ayudas técnicas, apoyos, etc.).

6

De esta forma, las políticas nacionales de carácter general deben ser inclusivas de las personas con discapacidad. Para ello, es necesario realizar capacitaciones a los decidores de políticas y funcionarios públicos para promuevan la participación de las personas con discapacidad e identifiquen las barreras que pueden ser un obstáculo para ello. Actualmente, el sistema del Estado peruano presenta muchas barreras para la inclusión de las personas con discapacidad en las diferentes esferas sociales. Por ejemplo, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) es la entidad del Estado encargada de las cuestiones relativas a la discapacidad. Entre sus principales funciones se encuentran el planificar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales en materia de discapacidad; así como promover y proponer que, en la formulación, el planeamiento y la ejecución de las políticas y los programas de todos los sectores y niveles de gobierno, se tomen en cuenta, de manera expresa, las necesidades e intereses de la persona con discapacidad. Sin embargo, este organismo no ha venido realizando plenamente sus funciones por la ausencia de recursos humanos y técnicos, una inadecuada organización interna y por la falta de independencia de sus programas, ya que es un organismo ejecutor que depende del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Por otro lado, los diferentes ministerios debieran incluir en sus políticas generales y específicas las necesidades particulares de las personas con discapacidad, con un enfoque transversal. Los 18 ministerios que conforman el Poder Ejecutivo (Desarrollo e Inclusión Social, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Producción, Transporte y Comunicaciones, Comercio Exterior y Turismo, Agricultura y Riego, Energía y Minas, Educación, Salud, Justicia y Derechos Humanos, Interior, Economía y Finanzas, Defensa, Relaciones Exteriores) tienen responsabilidades y facultades sobre ámbitos y/o servicios específicos en la sociedad y en sus decisiones deben siempre incluir a las personas con discapacidad. En la realidad, lamentablemente, no todos los sectores consideran al colectivo de personas con discapacidad o cuentan con puntos focales encargados de coordinar dicha temática. De igual modo, en el Congreso de la República, así como en los diferentes organismos constitucionalmente autónomos, hay poca participación de las personas con discapacidad y necesidad de capital humano especializado en temas de discapacidad. Finalmente, es importante notar que no se ha implementado todavía el Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (SINAPEDIS), creado como un sistema funcional encargado de asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que orientan la intervención del Estado en materia de discapacidad en todos los niveles de gobierno. ¿En qué temas pueden trabajar los partidos para mejorar la inclusión de las personas con discapacidad?

7

Son muchos los temas que requieren de atención urgente para asegurar la inclusión plena y efectiva de las personas con discapacidad. Sin embargo, algunos de los temas más saltantes son: Accesibilidad La accesibilidad en una condición indispensable para que las personas con discapacidad puedan ejercer plenamente sus derechos. Sin accesibilidad en el entorno físico, en el trasporte, en la información y en las comunicaciones, no es posible acceder a un DNI, ir a la escuela, atenderse en un centro de salud o acceder a un trabajo. De esto modo, la accesibilidad es una condición básica para que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida. Las personas con discapacidad en el Perú enfrentan una serie de barreras que impiden su acceso a derechos tan básicos como la salud, la educación, la justicia, el trabajo, etc. De acuerdo con la ENEDIS, el 18.3% de las personas con discapacidad reporta tener dificultades para desplazarse en sus centros de estudios, el 13.2% en el centro de trabajo y el 29.3% en los centros de salud. Asimismo, el 39% de las personas con discapacidad tiene problemas de acceso al transporte público urbano. Los problemas de accesibilidad en el entorno físico y el transporte afectan a todos los tipos de discapacidad, pero afectan en mayor medida a aquellas personas con discapacidad física y enfermedades crónicas. En cuanto a la accesibilidad a la información y las comunicaciones, es importante notar que en el Perú solo existen 23 intérpretes de lengua de señas reconocidos por la Asociación de Intérpretes y Guías de Intérpretes del Perú (Asisep). Además, son muy pocos los canales de televisión y los portales web que cuentan con facilidades para que las personas sordas y ciegas puedan acceder a la información en igualdad de oportunidades. Las entidades públicas y privadas tampoco cumplen con la Ley N° 29535 que las obliga a brindar atención gratuita a través de intérpretes de lengua de señas. Propuestas prioritarias para la accesibilidad de las personas con discapacidad:

Implementar adecuadamente la Dirección Nacional de Accesibilidad en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Aprobar un Plan Nacional de Accesibilidad que asegure la transformación de las ciudades, el transporte y los servicios en general en espacios inclusivos y accesibles para todos, incluyendo las personas con discapacidad.

Otras propuestas necesarias para la accesibilidad de las personas con discapacidad:

8

Reglamentar las Leyes N° 28735, 29535 y 29830, cuyos plazos de reglamentación han sido vencidos.

Regular un régimen de sanciones por la falta de accesibilidad en los portales web, públicos y privados, de conformidad con la Ley N° 28530.

Reglamentar y promover la introducción progresiva de unidades accesibles de transporte público de pasajeros, en particular en los nuevos corredores y sistemas de transporte.

Asegurar que todos los proyectos de inversión pública cumplan con las normas de accesibilidad existentes.

Reglamentar la introducción de medidas de accesibilidad en los medios de comunicación, como lo exige la LGDP.

Educación La educación es un derecho fundamental, cuya importancia radica en que permite el desarrollo de la persona, el acceso al trabajo, la inclusión social y la vida independiente. Se debe apuntar a un sistema de educación inclusiva, en donde los y las menores con discapacidad tengan las mismas oportunidades que la población en general de recibir una educación de calidad que responda a sus necesidades y valore la diversidad. Lamentablemente, en el contexto actual del país, los niños y niñas con discapacidad no pueden acceder plenamente a la educación, ya sea porque la infraestructura de los centros educativos no lo permite o porque la metodología de las escuelas y/o universidades no responde a sus necesidades particulares. De acuerdo con la Encuesta Nacional a Instituciones Educativas 2013, elaborada por el INEI, se estima que menos del 1% de las escuelas (inicial, primaria y secundaria) tienen condiciones de accesibilidad física para personas con discapacidad. Además, de acuerdo con el Censo Escolar 2014, solo el 11% de las escuelas regulares de educación inicial, con al menos un estudiante con discapacidad, recibe apoyo y acompañamiento de un equipo especializado (SAANEE). En el caso de la educación primaria el porcentaje es de 15.2% y en la educación secundaria de 10.1%. Así, si bien de acuerdo a la política de inclusión educativa existente toda institución educativa debe recibir a estudiantes con discapacidad y, por tanto, ser inclusiva, lo cierto es que la mayoría de las escuelas no se encuentran preparadas para atender a dichos estudiantes. En ese sentido, no sorprenden los resultados de la ENEDIS en materia de exclusión educativa: el 62.8% de niños entre 3 y 5 años no asiste a ningún centro educativo; así como tampoco el 36.9% de niños entre 6 y 11 años ni el 49.2% de adolescentes de 12 a 17 años. De acuerdo a la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Educación, las cifras de exclusión serían incluso más altas.

9

Propuestas prioritarias para la inclusión educativa de las personas con discapacidad:

Reformular las políticas de educación inclusiva, asegurando que sea una estrategia transversal de todo el sector liderada desde la Dirección General de Educación Básica Regular.

Reformular el programa presupuestal sobre educación de personas con discapacidad a fin de asegurar que los recursos no se concentren en las escuelas especiales sino que se destinen principalmente a las escuelas regulares.

Asegurar la formación continua de todos los docentes y la contratación de especialistas sin aula a cargo para el acompañamiento de los estudiantes con discapacidad directamente en las escuelas regulares.

Otras propuestas necesarias para la inclusión educativa de las personas con discapacidad:

Coordinar con las OMAPED y otros actores locales la identificación y acompañamiento de los menores con discapacidad que se encuentran fuera del sistema educativa.

Regular y promover la formación de intérpretes de Lengua de Señas Peruanas, así como su aprendizaje y uso en las escuelas.

Precisar las obligaciones de las escuelas regulares privadas en materia de inclusión educativa de estudiantes con discapacidad.

Poner énfasis en la situación de la educación de las personas con discapacidad del ámbito rural, en particular las mujeres.

Salud La salud es un derecho fundamental e indispensable para el acceso a muchos otros derechos, el cual el Estado está obligado a garantizar a todos sus ciudadanos. En el caso de las personas con discapacidad, existen situaciones y necesidades particulares que deben ser tomadas en cuenta y satisfechas por las políticas públicas sobre el tema. Es necesario, en ese sentido, promover su acceso a los servicios generales de salud y programas de aseguramiento, pero también tener en cuenta las necesidades específicas de las personas con discapacidad en materia de salud (servicios de rehabilitación, ayudas biomecánicas, salud mental, entre otros), velando por que tengan acceso a los servicios médicos y sociales que les proporcionen independencia, eviten nuevas discapacidades y propicien su integración social. Es importante insistir que este derecho no se limita a los servicios de rehabilitación sino que implica un sistema de salud universal que se encuentre preparado para responder a

10

las diversas necesidades en materia de salud que una persona puede tener. Por ejemplo, el entorno accesible para ingresar a centros de salud, la información médica como documentos para brindar el consentimiento informado en formato braille u otro accesible para personas con discapacidad visual, médicos capacitados para comunicarse y tratar a personas con discapacidad intelectual o psicosocial, intérpretes de lengua de señas en los hospitales, etc. Lamentablemente, las cifras actuales demuestran la grave exclusión que sufre este colectivo en materia de acceso a la salud. De acuerdo con la ENEDIS, aunque más del 51% de las personas con discapacidad presenta problemas de salud no relacionados con sus deficiencias, casi la mitad no acude a un centro de salud. Una de las principales razones para ello es la falta de dinero (22.6%). Además, sólo 11.4% de las personas con discapacidad reciben tratamiento y/o terapias de rehabilitación. Esto se explica, en parte, en el hecho de que el 38.2% de las personas con discapacidad no está afiliada a algún seguro de salud. De las que se encuentran afiliadas, el 48% está afiliado al SIS y el 46.5% a EsSalud. Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo ha denunciado reiteradamente los graves problemas existentes en la disponibilidad, el acceso y la calidad de servicios de salud mental: la mayoría de los especialistas se encuentra en Lima y Callao, la atención en salud mental sigue estando concentrada en centros especializados, el costo de la atención es alto, la cobertura de los seguros casi nula, el acceso a la medicación está limitado y la calidad de la atención sigue siendo deficiente. Propuestas prioritarias para mejorar el acceso a la salud de las personas con discapacidad:

Implementar la Dirección de Discapacidad y Rehabilitación en el Ministerio de Salud.

Implementar planes y programas dirigidos al acceso de la persona con discapacidad a la seguridad social, que incluyan prestaciones de rehabilitación y de apoyo, por parte del MINSA y EsSalud.

Otras propuestas necesarias para mejorar el acceso a la salud de las personas con discapacidad:

Incorporar mayores prestaciones de rehabilitación en el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud.

Fortalecer el programa presupuestal en salud para las personas con discapacidad, ampliando su ámbito y cobertura.

Ampliar los servicios de certificación de la discapacidad, en particular en las zonas rurales.

11

Supervisar las condiciones en los que se prestan la atención en materia de salud mental y profundizar el proceso de reforma existente.

Exigir a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP regular y supervisar el acceso a las personas con discapacidad a los seguros privados.

Trabajo y seguridad social El derecho al trabajo de las personas con discapacidad es un derecho constitucionalmente reconocido en el Perú. El Estado peruano se encuentra obligado a garantizar el acceso al empleo también para las personas con discapacidad, debiendo tenerse presente que el acceso al mismo incrementa la posibilidad para dicho colectivo de lograr una vida independiente y la satisfacción de sus necesidades básicas. Además, es obligación del Estado asegurar a las personas con discapacidad prestaciones de seguridad social que les permitan alcanzar un nivel de vida adecuado. Las cifras en materia de exclusión del mercado laboral de las personas con discapacidad son bastante alarmantes. Este problema se encuentra muy ligado a la falta de acceso a la educación dado que en su mayoría no tienen preparación o estudios culminados y no cuentan con acreditación de las competencias que poseen ni de los conocimientos adquiridos. Así, de acuerdo con la ENEDIS, el 76,8% de las personas con discapacidad se encuentran en condición de inactivas, y aquellas que participan en el mercado laboral tienen una tasa de desempleo del 12,1% (casi el doble que la tasa de desempleo general). Aunque, de acuerdo con la LGPD, el Estado se encuentra obligado a promover el empleo de las personas con discapacidad a través de diversas medidas (cuotas, bonificaciones, incentivos, etc.), sólo los empleadores privados parecen estar respondiendo ante esta situación. De hecho, el sector público aún no ha puesto en marcha ninguna acción orientada al cumplimiento de la cuota de 5% de trabajadores con discapacidad establecida por ley. Por otro lado, si bien en el último año se ha implementado un programa de pensiones no contributivas para personas con discapacidad severa, lo cierto es que los programas sociales generales como JUNTOS, Cuna Más, Pensión 65, entre otros, no han incorporado un enfoque inclusivo que permita la inclusión adecuada de las personas con discapacidad en situación de pobreza que podrían ser beneficiarias de los mismos. Propuestas prioritarias para mejorar la inserción laboral y la protección social de las personas con discapacidad:

12

Formular políticas que promuevan la inserción de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo, por ejemplo: mejores incentivos fiscales a los empleadores de personas con discapacidad, la contratación de personas con discapacidad en la administración pública y el desarrollo de programas de autoempleo.

Otras propuestas necesarias para mejorar la inserción laboral y la protección social de las personas con discapacidad:

Implementar programas de formación y capacitación de personas con discapacidad; así como servicios de empleo y colocación a nivel nacional.

Fiscalizar el cumplimiento de la cuota de empleo de personas con discapacidad tanto en el sector privado como público.

Priorizar el acceso de las personas con discapacidad a programas de protección social generales (SIS, JUNTOS, Pensión 65, etc.) incorporando prestaciones que respondan a sus necesidades particulares (rehabilitación, ayudas técnicas, apoyos, etc.).

Expandir el programa de pensiones no contributivas para personas con discapacidad severa.

Derechos civiles y políticos Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos civiles y políticos que las demás. Sin embargo, todavía nuestra legislación establece diferencias y restricciones que limitan su ejercicio. Así, por ejemplo, la falta de reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad representa una barrera significativa para el ejercicio de derechos de muchas personas. En el Perú, pese a contar con un marco internacional que la prohíbe, la interdicción civil de personas con discapacidad es una práctica común y legalmente admitida. La interdicción imposibilita a la persona en el ejercicio de sus derechos civiles y declara su muerte civil. Por ello, miles de personas con discapacidad intelectual o psicosocial no pueden ejercer su derecho al sufragio, autorizar o no un tratamiento médico, abrir una cuenta bancaria o firmar un contrato de trabajo. Además, la existencia misma del régimen de interdicción fomenta la presunción de incapacidad de todas las personas con discapacidad, por lo que incluso cuando la persona con discapacidad no se encuentra interdictada, se suele presumir como incapaz. Frente a esta situación, una Comisión Especial Revisora del Código Civil en lo referido al ejercicio de la Capacidad Jurídica de la Persona con Discapacidad (CEDIS), ha elaborado anteproyecto que garantiza el reconocimiento de la capacidad jurídica de todas las

13

personas con discapacidad, sin excepciones, y elimina las limitaciones y restricciones para la celebración de actos jurídicos por parte de personas con discapacidad. Esta propuesta reemplaza la ‘curatela’ por ‘sistemas de apoyo’, con el objeto de facilitar la manifestación de la voluntad y la celebración de actos jurídicos por las personas con discapacidad pero sin restringir sus derechos. Actualmente, dicha propuesta se encuentra en la Comisión de Justicia esperando a ser aprobada. Propuesta prioritaria para garantizar los derechos civiles y políticos de las personas con discapacidad:

Reformar el Código Civil para asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, reemplazando el régimen de curatela por uno sistemas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica.

Otras propuestas necesarias para garantizar los derechos civiles y políticos de las personas con discapacidad:

Garantizar el derecho al sufragio de todas las personas con discapacidad, sin excepción, asegurando que todo el proceso electoral sea accesible e inclusivo.

Establecer un sistema de sanciones efectivo frente a casos de discriminación de personas con discapacidad.

Garantizar el derecho de las personas con discapacidad a ser consultadas previamente a la adopción de normas, políticas y programas sobre cuestiones relativas a la discapacidad, como lo establece la LGPD.

Capacitar sobre los derechos de las personas con discapacidad a todos los funcionarios públicos.

Otras recomendaciones generales:

1. Reestructurar el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) para asegurar rectoría, alta especialización y autonomía.

2. Implementar el Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (SINAPEDIS).

3. Incluir un enfoque de discapacidad en los diferentes sectores, así como promover la designación de puntos focales en cada uno de ellos.

4. Mejorar los sistemas de acopio de información y data en materia de discapacidad, en particular a nivel sectorial.