Garantias Const. Ferrer Macgregor

239

X. LAS GARANTAS CONSTITUCIONALES EN MXICO: 200 AOS *

En coautora con Hctor Fix-Zamudio **

1. INTRODUCCIN

1. El objeto del presente captulo es brindar una visin panormica del de-sarrollo histrico de las garantas constitucionales en el ordenamiento mexicano, que como veremos han sido incorporadas de manera paulatina y progresiva a lo largo de los casi dos siglos de vida independiente de nuestra nacin. La incorpo-racin de estas garantas constituye un elemento imprescindible en el desarrollo del Derecho pblico en Mxico, que ha contribuido de manera significativa a la consolidacin de nuestro Estado constitucional y democrtico de Derecho 1.

2. Es importante destacar, desde ahora, que no pretendemos el estudio de todos los instrumentos o mecanismos para la defensa de la constitucin (en sentido amplio), que desbordara los lmites impuestos al presente trabajo, sino el anlisis particular de uno de sus sectores, el de las garantas constituciona-les en su concepcin contempornea, es decir, aquellos mecanismos jurdicos preponderantemente de naturaleza procesal dirigidos a la reintegracin del or-den constitucional cuando el mismo ha sido desconocido o violado por los pro-pios rganos de poder. Lo anterior implica no slo una funcin conservadora

* Publicado en S. GarCa ramreZ (coord.), El derecho en Mxico: dos siglos (1810-2010), t. 1: derecho constitucional, D. VaLads (coord.), 2010, pp. 237-313.

** Investigador Emrito del Instituto de Investigaciones Jurdicas de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores. Miembro de El Colegio Nacional.

1 Sobre las nuevas tendencias del Estado constitucional democrtico, vid. D. VaLads y M. Car-BoneLL (coords.), El Estado constitucional contemporneo, Mxico, UNAM, 2006, 11 tomos; y P. sa-LaZar, la democracia constitucional. una radiografa terica, Mxico, Fondo de Cultura Econmica-UNAM, 2007.

PANORAMICA-LIBRO.indb 239 30/5/13 07:40:41

www.juridicas.unam.mxEste libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurdica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurdicas de la UNAM

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR 2013, Marcial Ponds

EDUARDO FERRER MAC-GREGOR PANORMICA DEL DERECHO PROCESAL...

240

de los valores, principios y normas fundamentales, sino tambin un desarrollo dinmico de los contenidos constitucionales para ajustarlos a la realidad a fin de hacer efectivas las disposiciones de principio o programticas de la ley su-prema.

3. Esta precisin metodolgica inicial es importante debido a que todava prevalece en un sector de la doctrina 2, la idea de equiparar a las garantas cons-titucionales con los derechos humanos reconocidos en los textos supremos, es decir, con los derechos fundamentales 3; equvoco que tiene su origen en la con-cepcin tradicional francesa de la declaracin de derechos, seguida por nues-tros textos constitucionales. Esta concepcin de garanta constitucional ha sido superada en la actualidad, no obstante la vigente Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, de 5 de febrero de 1917, al conservar todava la expresin De las garantas individuales (Ttulo I, Captulo I) para referirse al catlogo de derechos fundamentales (arts. 1 al 29). De tal manera que el estudio propiamente de estos derechos ser materia de los diversos captulos que por separado aparecen en la presente obra colectiva, sin que ello obste realizar de manera tangencial algunas consideraciones sobre estos derechos en la medida en que estn relacionados con el mbito de sus garantas.

4. Debemos comenzar sealando que el estudio sistemtico de las garan-tas constitucionales en Mxico es relativamente reciente. Esto se debe, por una parte, a que el derecho de amparo represent hasta finales del siglo xx, el nico mecanismo de tutela constitucional con eficacia real, no obstante la regulacin de otros instrumentos jurdicos de proteccin en los diversos textos supremos que han tenido vigencia. Por otro lado, la evolucin experimentada por esta ins-titucin a lo largo del tiempo, que como veremos fue objeto de arduos debates durante el siglo xix, ha ampliado considerablemente su propsito primigenio como mecanismo de proteccin de los derechos humanos, para comprender en la actualidad un conjunto complejo de instituciones con diversa naturaleza. Esto explica la razn por la cual el denominado errneamente juicio de garan-tas o juicio constitucional (como si no hubiese otros) ha sido objeto de un examen exhaustivo tanto por juristas nacionales como extranjeros, sin que haya ocurrido lo mismo con las restantes garantas constitucionales, las cuales son estudiadas de manera aislada y espordica, debido a su escasa eficacia prctica. Esto ha provocado que sean reducidos los anlisis panormicos sobre las garan-tas constitucionales en la bibliografa mexicana 4.

5. Puede sostenerse que el florecimiento de los estudios sobre las garantas constitucionales en su conjunto, en realidad se inicia a partir de la reforma cons-titucional de 31 de diciembre de 1994 (cuya preparacin se dio con la reforma

2 vid., entre otros, I. BurGoa, las garantas individuales, 42. ed., Mxico, Porra, 2008; J. V. CasTro, garantas y amparo, 14. ed., Mxico, Porra, 2006. Una concepcin actual que separa los derechos de sus garantas, puede verse en L. FerraJoLi, derechos y garantas. la ley del ms dbil, trad. de P. andrs iBeZ y A. GrePPi, 3. ed., Madrid, Trotta, 2004; as como otros trabajos de este autor, vid. infra prrafo 19 y nota 28.

3 Con esta moderna concepcin, vid. la extensa y documentada obra de M. CarBoneLL, los derechos fundamentales en Mxico, 2. ed., Mxico, Porra-UNAM-CNDH, 2007.

4 Por supuesto que han existido estudios valiosos que analizan el conjunto de garantas consti-tucionales, si bien se han realizado de manera espordica y en muchas ocasiones ateniendo mayori-tariamente al juicio de amparo.





X. LAS GARANTAS CONSTITUCIONALES EN MXICO: 200 AOS

241

de 1987), precisamente al representar una reforma integral al Poder Judicial de la Federacin, otorgando una concepcin sistemtica a las garantas cons-titucionales (que desde entonces han tenido una eficacia real) y configurando a la Suprema Corte de Justicia materialmente en un Tribunal Constitucional. Esto ha propiciado la aceptacin creciente del estudio cientfico de las garantas constitucionales dentro de una nueva disciplina denominada Derecho procesal constitucional, en plena expansin y desarrollo de sus instituciones, principios y categoras esenciales 5.

6. Para una mayor claridad expositiva, el presente captulo lo hemos di-vidido en dos partes. En la Primera Parte se estudia la evolucin histrica del concepto garanta constitucional y su ubicacin dentro del sector genrico de la defensa constitucional, lo cual permite brindar un marco introductorio in-dispensable para la comprensin de estos instrumentos, sirviendo adems para distinguir a las garantas con otras expresiones e instituciones comnmente utilizadas como sinnimos, no obstante sus diferencias conceptuales (prra-fos 1. a 24). Posteriormente se analizan las influencias externas e internas que se advierten en la gnesis y en la evolucin de las garantas constitucionales durante el periodo comprendido entre 1810 hasta los debates del Constituyente de 1917 (prrafos 25 a 72).

7. La Segunda Parte comprende el desarrollo histrico de las diversas ga-rantas constitucionales durante la vigencia de nuestra actual Constitucin Po-ltica de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 (prrafos 73 a 174). Se analizan las principales garantas constitucionales por separado, en orden cronolgico a su consagracin en la Ley Fundamental. Comenzamos con el estudio de la ga-ranta constitucional por antonomasia, el derecho de amparo, donde tambin se vislumbra la evolucin del Poder Judicial de la Federacin, ya que como se ha mencionado con antelacin, durante ms de siglo y medio represent la nica garanta constitucional en la prctica, lo que significa que la evolucin del ampa-ro como garanta, se encuentra ntimamente relacionada con el propio proceso evolutivo de ese poder del Estado. Por ltimo, se abordar brevemente tam-bin la dimensin local y transnacional de las garantas constitucionales (prra-fos 175 a 191), para finalizar con una prospectiva de las mismas (prrafos 192 a 208) y una bibliografa bsica (prrafo 209).

PRIMERA PARTE

2. EL CONCEPTO CONTEMPORNEO DE GARANTA CONSTITUCIONAL

8. En primer lugar debe destacarse que en la doctrina contempornea se utilizan diversos vocablos que se emplean en forma indiscriminada para com-

5 Como se aprecia en los mltiples enfoques y desarrollos de los trabajos contenidos en E. Fe-rrer maC-GreGor y A. ZaLdVar LeLo de Larrea (coords.), la ciencia del derecho procesal constitu-cional. Estudios en homenaje a Hctor Fix-Zamudio en sus cincuenta aos como investigador del de-recho, Mxico, UNAM-Marcial Pons-Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, 2008, 12 tomos.






242

prender el estudio de los diversos instrumentos de solucin de conflictos de-rivados de la aplicacin de las normas constitucionales. As, es frecuente que sean utilizados, hasta cierto punto como equivalentes, las denominaciones de control, justicia, jurisdiccin, garantas y Derecho procesal, todas ellas con el calificativo de constitucional.

9. Si analizamos estos trminos de manera precisa podemos advertir que poseen un diverso contenido, ya que control, constituye un vocablo muy gen-rico, que posee la significacin ms amplia, al abarcar todo tipo de instrumentos que se utilizan para lograr la efectividad de la normativa constitucional, por lo que pueden asumir varios aspectos de ndole poltico, econmico, social y jur-dico 6. La defensa constitucional comprende tanto mecanismos de proteccin, como los dirigidos a la solucin de conflictos, de suerte que pueden dividirse en dos grandes sectores: el protector y preventivo, as como el de las garantas constitucionales; en tanto que jurisdiccin, garantas y Derecho proce-sal (constitucional), poseen una connotacin mucho ms restringida pues se refieren a los rganos e instrumentos estrictamente procesales, que implican el ejercicio de la funcin jurisdiccional en sentido propio.

10. En cuanto a estas ltimas expresiones, mientras que la jurisdiccin se relaciona con el rgano o magistratura que decide los conflictos o litigios consti-tucionales, las garantas se refieren al instrumento reparador del orden cons-titucional. Sin embargo, la expresin ms difundida en las ltimas dcadas es la de justicia constitucional, que da ttulo a dos importantes Anuarios a nivel internacional 7 e iberoamericano 8. Nomenclatura dominante especialmente en la doctrina europea de nuestros das 9.

11. Estimamos que la diferencia con la jurisdiccin constitucional radica en que esta ltima se reduce al anlisis de los tribunales en sentido estricto, en tanto que la expresin justicia constitucional comprende otras instituciones que no realizan estas actividades propiamente, pero que son muy importantes para la solucin de conflictos de carcter constitucional, como ocurre con los organismos que se han establecido en la mayor parte de los ordenamientos con-temporneos de acuerdo con el modelo escandinavo del ombusman 10.

12. De forma diversa, la denominacin derecho procesal constitucional, que surgi a partir de la dcada de los cuarenta del siglo pasado, debido a N. aLCaL-

6 Cfr. D. VaLads, El control del poder, 2. ed., Mxico, Porra-UNAM, 2000; M. araGn reyes, Constitucin y control del poder. Introduccin a una teora constitucional del poder, Buenos Aires, Ediciones Ciudad Argentina, 1995.

7 Cfr. Annuaire International de Justice Constitutionnelle, que se publica desde 1985, debido al impulso del recin desaparecido constitucionalista francs L. FaVoreu (1936-2004) que dirigi el Groupe dEtudes et de Recherches sur la Justice Constitutionnelle, en Aix-en-Provence. La ltima publicacin de este Anuario corresponde al nm. 24, 2008.

8 Cfr. Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, iniciado en 1997, con 12 nmeros has-ta la fecha (2008), dirigido por F. FernndeZ seGado y editado por el Centro de Estudios Polticos y Constitucionales de Espaa (Madrid).

9 Debido al importante nmero de autores que prefieren esta expresin, slo nos remitimos a la reciente, extensa y documentada obra en tres gruesos tomos de F. FernndeZ seGado, la justicia constitucional: una visin de derecho comparado, Madrid, Dykinson, 2009.

10 Cfr. H. Fix-Zamudio, veinticinco aos de evolucin de la justicia constitucional (1940-1965), Mxico, UNAM, 1968, pp. 12-15; id., la proteccin jurdica y procesal de los derechos humanos ante las jurisdicciones nacionales, Madrid, Civitas-UNAM, 1982, passim.






243

Zamora y CasTiLLa 11, se ha difundido de manera paulatina y rpidamente en las ltimas dcadas entre la doctrina, particularmente latinoamericana 12. Sin em-bargo, creemos que las expresiones justicia constitucional y Derecho procesal constitucional no son incompatibles y ms bien resultan complementarias en la medida que la primera se refiere al conjunto de instrumentos tutelares de la Constitucin que conforman el contenido del Derecho procesal constitucional, siendo esta ltima la disciplina cientfica que los estudia, como rama especializa-da del Derecho procesal general, que se conoce como teora o doctrina, del proce-so, o del derecho procesal; lo que ha motivado la aparicin de la Revista Iberoame-ricana de derecho Procesal Constitucional 13, que se une a las otras publicaciones peridicas sobre la justicia constitucional (vid. supra prrafo 10). De tal manera que en la actualidad el Derecho procesal constitucional se ha incorporado en los planes de estudio de las escuelas, facultades y departamentos de Derecho, establecindose asimismo asociaciones nacionales y apareciendo un importante respaldo doctrinal que justifican plenamente su autonoma cien tfica 14.

13. Centrndonos en el concepto de garantas constitucionales, es nece-sario advertir que ha tenido una evolucin histrica que se origin con los revo-lucionarios franceses, a partir de su consagracin en la Declaracin de los De-rechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, cuyo artculo 16 estableca: Toda sociedad en la que la garanta de los derechos no est asegurada, ni determinada la separacin de poderes, no tiene Constitucin. Esta connotacin original, que como hemos sealado repercuti en nuestros ordenamientos constitucionales, equipara las garantas con los derechos de la persona humana plasmados en un documento constitucional, con superioridad a las disposiciones legislativas 15.

14. Bajo el penetrante pensamiento de G. JeLLinek, en la postrimera del siglo xix, inicia una nueva corriente dogmtica, al tratar el insigne iuspublicista alemn de sistematizar los instrumentos de defensa de las normas fundamenta-les, a travs de lo que denomin garantas de derecho pblico. Estas garantas las dividi en sociales, polticas y jurdicas. Al estudiar estas ltimas, las divide segn la finalidad de asegurar el Derecho objetivo o el Derecho subjetivo. Asimismo,

11 La expresin la utiliza por vez primera en Argentina, en el ttulo de su obra Ensayos de derecho procesal (civil, penal y constitucional), Buenos Aires, Revista de Jurisprudencia Argentina, 1944. Al ao siguiente la emplea en una resea comentando el artculo de E. A. CHrisTensen, Revista de derecho procesal, primera parte, Buenos Aires, ao III, 1945, pp. 77-78. Y luego en Mxico, en su clsico Proceso, autocomposicin y autodefensa (contribucin al estudio de los fines del proceso), Mxico, UNAM, 1947, pp. 214-215.

12 Debido al importante nmero de libros aparecidos en Latinoamrica, especialmente en las ltimas dcadas, remitimos al trabajo panormico de D. GarCa BeLaunde, El Derecho procesal constitucional en expansin (crnica de un crecimiento: 1944-2006), en su obra El derecho procesal constitucional en perspectiva, Biblioteca Porra de Derecho Procesal Constitucional, nm. 24, Mxi-co, Porra, 2008, pp. 3-73.

13 Cfr. Revista Iberoamericana de derecho Procesal Constitucional, dirigida por E. Ferrer maC-GreGor, publicada por Porra y el Instituto Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, con 10 nmeros hasta la fecha (2004-2008).

14 Cfr. E. Ferrer maC-GreGor, derecho procesal constitucional. origen cientfico (1928-1956), Madrid, Marcial Pons, 2008, pp. 32-43.

15 L. duGiT, trait de droit costitutionnel, Paris, 1924, t. III, pp. 561 y ss.; M. Hauriou, Principios de derecho pblico y constitucional, trad. de C. ruiZ deL CasTiLLo, Madrid, s.f., pp. 95-100; y A. es-mein, Elments de droit constitutionnel franais et compar, 7. ed., revisada por H. nZard, Paris, Recueil Sirey, t. I, 1921, pp. 539-563.






244

divida en cuatro clases las instituciones jurdicas mediante las cuales aquellas garantas se obtienen: i) de fiscalizacin; ii) de responsabilidad individual; iii) de funcin jurisdiccional, y iv) de medios jurdicos 16.

15. Por su parte, el constitucionalista francs L. duGuiT dividi las garan-tas en preventivas y represivas. Las primeras tienden a evitar las violaciones de las disposiciones fundamentales, siendo las segundas necesarias para impedir la ruptura del orden constitucional ante la insuficiencia de las primeras. Resul-ta significativo el sealamiento relativo a que las garantas represivas deberan residir en una alta jurisdiccin de reconocida competencia, cuyo saber e impar-cialidad estaran a cubierto de toda sospecha y ante cuyas decisiones se incli-nara todo el mundo, gobernantes y gobernados e incluso el propio legislador. Asimismo, consider que las garantas represivas implicaban el establecimiento de un sistema que permitiera descartar la aplicacin de una ley contraria a los principios de libertad, y que tambin sancionara la responsabilidad del Estado, que expidiera una ley contraria al Derecho o abandonara la organizacin de los servicios pblicos que tuviera a su cargo. Consideraba como ejemplo el sistema norteamericano, en el cual todos los jueces podran desaplicar las disposiciones legales contrarias a la carta federal, y cuando la Corte Suprema federal declara-ba que no deba aplicarse una ley por considerarla inconstitucional, no obstante que esa decisin slo se dictaba para el caso concreto, todo el mundo la acataba, inclusive el Congreso, por lo que si bien dicha ley no se anulaba, caducaba ipso facto. Era partidario de que esas garantas se establecieran en Francia y de que la Corte de Casacin y del Consejo de Estado realizara funciones similares a las de la Corte Suprema estadounidense 17.

16. Entre nosotros debe destacarse la aportacin del constitucionalista R. reyes oCHoa, que escribiera durante su exilio en territorio espaol una obra sobre la defensa constitucional 18, en la cual se advierte su influencia en la consa-gracin del recurso de amparo en la II Repblica espaola 19. Este jurista clasifica las garantas en preventivas, represivas y reparadoras. Las garantas preventivas se concentraban en la supremaca constitucional, es decir, en el deber que tienen todas las autoridades (entre ellas las legislativas) de cumplir con la Constitucin, as como los preceptos de esta ltima que establecen limitaciones a la propia autoridad frente a determinados derechos individuales o sociales. Las garantas represivas se dirigan al rgimen de responsabilidades de los altos funcionarios. Mientras que las garantas reparadoras, que segn su parecer se haban estable-cido y perfeccionado, consistan en los mecanismos para restablecer el Estado de derecho cuando la expedicin de leyes desconocieran las normas constitutivas fundamentales, ya fuera en cuanto a la forma o el fondo 20.

16 Cfr. G. JeLLinek, teora general del Estado, Mxico, Oxford University Press, 1999, t. II, par-ticularmente su captulo vigsimo segundo, denominado Las garantas del Derecho pblico, pp. 469-473 (edicin facsimilar).

17 Cfr. L. duGuiT, Soberana y libertad, trad. de J. G. aCua, Buenos Aires, Tor, 1943, pp. 122-126.18 Cfr. R. reyes, la defensa de la Constitucin. los recursos de inconstitucionalidad y de amparo,

Madrid, Espasa Calpe, 1934.19 Cfr. E. Ferrer maC-GreGor, la accin constitucional de amparo en Mxico y Espaa. Estudio

de derecho comparado, 4. ed., Mxico, Porra-UNAM, 2007, pp. 123 y ss.; id., Rodolfo Reyes y el recurso de amparo espaol, en Ars Iuris. Revista del Instituto de documentacin e Investigacin Ju-rdica, Mxico, Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, nm. 22, 1999, pp. 83-99.

20 Cfr. R. reyes, la defensa de la Constitucin, op. cit., nota 16, pp. 126-133.






245

17. Partiendo de la concepcin de Constitucin como fundamento de va-lidez de todo el ordenamiento jurdico, el jurista austriaco H. keLsen estable-ci otra clasificacin de las garantas constitucionales, entendindolas como los medios que la tcnica moderna haba desarrollado para la regularidad de los actos en general. El ilustre fundador de la Escuela de Viena dividi las garan-tas en dos: a) preventivas o represivas, y b) personales u objetivas. Las garantas preventivas tienden a advertir la realizacin de actos irregulares (la organiza-cin en forma de tribunal del rgano de creacin del Derecho, garantizando su independencia). Las garantas represivas reaccionan contra el acto irregular una vez realizado, tienden a impedir la reincidencia en el futuro, a reparar el dao que se ha causado, a hacerlo desaparecer y eventualmente, a reemplazarlo por un acto regular. Las garantas objetivas, estima que son al mismo tiempo un carcter represivo acentuado, como la nulidad o anulabilidad del acto irregular. Mientras que las garantas subjetivas estima constituye la responsabilidad penal y disciplinaria, as como la responsabilidad civil del rgano que ha realizado un acto irregular 21.

18. Con su precursor e influyente estudio sobre la garanta jurisdiccional de la Constitucin, que deriv en la famosa polmica entre C. sCHmiTT 22 y H. keL-sen 23, sobre el rgano protector de la Constitucin, se inicia el anlisis riguroso de los instrumentos de efectividad de las disposiciones constitucionales. Como bien se sabe, las ideas kelsenianas se impusieron, crendose cortes o Tribunales Constitucionales en la mayora de los pases europeos 24, expandindose tambin a Latinoamrica 25 y en general en el mundo 26. Esto ha propiciado diversos sis-temas y modelos de la justicia constitucional 27.

21 H. keLsen, La garanta jurisdiccional de la Constitucin (La justicia constitucional), tra-duccin de la versin francesa de 1928 por R. Tamayo y saLmorn, revisin y Nota Preliminar por D. GarCa BeLaunde, Revista Iberoamericana de derecho Procesal Constitucional, nm. 10, julio-diciembre, Mxico, Porra, 2008, pp. 3-46, en pp. 16-22; id., teora general del derecho y del Estado, trad. de E. GarCa myneZ, Mxico, UNAM, 1983, 482-493.

22 Cfr. la defensa de la Constitucin. Estudio acerca de las diversas especies y posibilidades de salvaguardia de la constitucin, trad. de M. snCHeZ sarTo, 2. ed., Madrid, Tecnos, 1998.

23 Cfr. H. keLsen, Quin debe ser el defensor de la Constitucin?, trad. y notas de R. J. Brie, supervisin tcnica de E. BuLyGin, Madrid, Tecnos, 1995. Sobre la polmica, vid. C. M. Herrera, La polmica Schmitt-Kelsen sobre el guardin de la Constitucin, Revista de Estudios Polticos, nm. 86, Madrid, octubre-diciembre de 1994, pp. 1995-227; L. CrdoVa VianeLLo, La contraposi-cin entre Derecho y poder desde la perspectiva del control de constitucionalidad en Kelsen y Sch-mitt, en Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de derecho Constitucional, Mxico, UNAM, nm. 15, 2005, pp. 47-68.

24 Cfr. M. oLiVeTTi y T. GroPPi (coords.), la giustizia costituzionale in Europa, Milano, Dott. A. Giuffr, 2003; J. J. FernndeZ rodrGueZ, la justicia constitucional europea ante el siglo xix, Ma-drid, Tecnos, 2002.

25 Cfr. E. Ferrer maC-GreGor, los tribunales Constitucionales en Iberoamrica, Mxico, Fundap, 2002; eGuiGuren PraeLi, los tribunales Constitucionales en latinoamrica: una visin comparativa, Buenos Aires, Konrad Adenauer-CIEDLA, 2000.

26 Cfr. M. FromonT, la justice constitutionnelle dans le monde, Paris, Dalloz, 1996; L. FaVoreu, los tribunales Constitucionales, trad. V. ViLLaCamPa, prlogo y supervisin M. CarriLLo, Barcelona, Ariel, 1994; H. Fix-Zamudio, los tribunales Constitucionales y los derechos humanos, Mxico, UNAM, 1980.

27 Un interesante panorama sobre los modelos y sistemas contemporneo puede verse en los di-versos estudios contenidos en la obra L. meZZeTi (coord.), Sistemi e modelli di giustizia costituzionale, Padova, CEDAM, 2009; asimismo vid. A. CeLoTTo, La justicia constitucional en el mundo: formas y modelos, y L. PeGoraro, Clasificacin y modelos de la justicia constitucional en la dinmica de los






246

19. A partir de entonces se han tratado de sistematizar las garantas consti-tucionales. En materia de derechos fundamentales destaca el penetrante esfuer-zo del jurista italiano L. FerraJoLi, que enfatiza en la necesidad de la separacin entre los derechos y sus garantas. Llama garantas primarias a las expectativas positivas o negativas derivadas de los derechos, a las que corresponden obliga-ciones (de prestacin) o prohibiciones (de lesin), mientras que las garantas se-cundarias son aquellas obligaciones de reparar o sancionar en sede jurisdiccional las violaciones de los derechos, esto es, de sus garantas primarias 28. A nuestro modo de ver, sin embargo, resulta necesario realizar una sistematizacin ms estricta para efectos de estudio, que nos permita una visin de conjunto sobre los instrumentos que se han establecido en las Constituciones de nuestra poca para la tutela de sus disposiciones fundamentales, ya que los numerosos y com-plejos problemas que han surgido en esta materia se encuentran diseminados en los diversos estudios sobre teora de la Constitucin.

20. Como idea provisional y de aproximacin, podemos afirmar que en la categora general de Defensa de la Constitucin estn comprendidos todos aquellos instrumentos jurdicos y procesales que se han establecido tanto para conservar la normativa constitucional como para prevenir su violacin, reprimir su desconocimiento y, lo que es ms importante, lograr el desarrollo y la evolu-cin de las propias disposiciones constitucionales en un doble sentido: desde el punto de vista de la Constitucin formal, a fin de lograr su paulatina adaptacin a los cambios de la realidad poltico social, y desde la perspectiva de la Constitu-cin real, es decir, su transformacin de acuerdo con las normas programticas de la propia carta fundamental. En esta direccin, una verdadera defensa cons-titucional es la que puede lograr la aproximacin entre estos dos sectores, que en ocasiones pueden encontrarse muy distanciados 29.

21. La Constitucin, tanto en sentido real como documento escrito, es for-zosamente dinmica, y con mayor razn en nuestra poca de cambios acelerados y constantes. Por este motivo, la defensa de la Constitucin, aun desde la aprecia-cin formal y de carcter positivo que hemos adoptado, tiene por objeto no slo

ordenamientos, ambos publicados en Revista Iberoamericana de derecho Procesal Constitucional, nms. 1 y 2, 2004, pp. 1-14 y 131-158, respectivamente.

28 Considera que las garantas son las tcnicas previstas por el ordenamiento para realizar la mxi-ma eficacia de los derechos fundamentales en coherencia con su regulacin constitucional. Seala que por eso reflejan la diversa estructura de los derechos fundamentales, para cuya tutela o satisfaccin han sido previstas: las garantas liberales, al estar dirigidas a asegurar la tutela de los derechos de liber-tad, consisten esencialmente en tcnicas de invalidacin o de anulacin de los actos prohibidos que las violan; las garantas sociales, orientadas como estn a asegurar la tutela de los derechos sociales, con-sisten, en cambio, en tcnicas de coercin y/o de sancin contra la omisin de las medidas obligatorias que las satisfacen. En todos los casos, el garantismo de un sistema es una cuestin de grado, que depen-de de la precisin de los vnculos positivos o negativos impuestos a los poderes pblicos por las normas constitucionales y por el sistema de garantas que aseguran una tasa ms o menos elevada de eficacia a tales vnculos. Cfr. derechos y garantas. la ley del ms dbil, op. cit., supra nota 2, p. 25. Asimismo vid. sus trabajos Expectativas y garantas: primeras tesis de una teora axiomatizada del Derecho, trad. de . rdenas y J. ruiZ manero, doxa, nm. 20, 1997, pp. 235-278; Democracia y garantismo, que aparece en la reciente obra recopilatoria de este autor, en M. CarBoneLL (ed.), Madrid, Trotta, 2009, pp. 60 y ss. En general, sobre la corriente garantista que propone, vid. M. CarBoneLL y P. saLaZar (eds.), garantismo. Estudios sobre el pensamiento jurdico de luigi Ferrajoli, Madrid, Trotta-UNAM, 2005.

29 Cfr. H. Fix-Zamudio, La Constitucin y su defensa, la Constitucin y su defensa, Mxico, UNAM, 1984, pp. 7-16; reproducido posteriormente en su obra Justicia constitucional, ombudsman y derechos humanos, Mxico, CNDH, 1993, pp. 253-328.






247

el mantenimiento de las normas fundamentales, sino tambin su evolucin y su compenetracin con la realidad poltica, para evitar que el documento escrito se convierta en una simple frmula nominal o semntica 30. Lo que significa que re-sulta digno de tutelarse un ordenamiento con un grado razonable de eficacia y de proyeccin hacia el futuro, ya que no sera posible ni deseable realizar el intento de proteger un simple conjunto de manifestaciones declamatorias.

22. Para el efecto de sistematizar una materia tan extensa y compleja, es preciso un ensayo de clasificacin, no obstante el convencimiento de que toda divisin es forzosamente artificial. En este sentido, consideramos que el concep-to genrico de defensa de la Constitucin puede escindirse en dos categoras fundamentales, que en la prctica se encuentran estrechamente relacionadas: la primera podemos denominarla, de manera convencional, como proteccin de la Constitucin; mientras que la segunda, que ha tenido consagracin institucional en varias cartas fundamentales contemporneas, comprende las llamadas garan-tas constitucionales.

23. La proteccin de la Constitucin, se integra por todos aquellos factores polticos, econmicos, sociales y de tcnica jurdica que han sido canalizados por medio de normas de carcter fundamental e incorporadas a los documentos constitucionales con el propsito de limitar el poder y lograr que sus titulares se sometan a los lineamientos establecidos en la propia carta fundamental, tanto por lo que respecta a sus atribuciones como tambin, y de manera esencial, en cuanto al respeto de los derechos humanos de los gobernados. En otras palabras, estos instrumentos pretenden lograr el funcionamiento armnico, equilibrado y permanente de los poderes pblicos y, en general, de todo rgano de autoridad. No es el momento de referirnos a estos instrumentos, por no ser materia de estudio en el presente trabajo, por lo que slo sealaremos que en las constitu-ciones mexicanas se han incorporado, entre los ms importantes, a) la divisin de poderes o de funciones; b) la participacin de los grupos sociales y de los par-tidos polticos (democracia representativa y participativa); c) la regulacin de los recursos econmicos y financieros; d) el principio de la supremaca constitucional, y e) el procedimiento dificultado de reforma constitucional 31.

24. En cambio, la segunda categora, que integra la defensa de la Consti-tucin, se refiere a las garantas constitucionales, entendidas no en su con-cepcin tradicional identificada con los derechos de la persona humana con-sagrados constitucionalmente, sino como los medios jurdicos, de naturaleza predominantemente procesal, que estn dirigidos a la reintegracin del orden constitucional cuando el mismo ha sido desconocido o violado por los propios rganos de poder (o de particulares o grupos de poder en situacin de privi-legio), de tal manera que los instrumentos protectores referidos en el prrafo anterior no han resultado suficientes para logar el respeto y el cumplimiento de las disposiciones constitucionales 32.

30 Terminologa utilizada por K. LoewensTein, teora de la Constitucin, trad. de A. GaLLeGo anaViTarTe, Barcelona, Ariel, 1965, pp. 218-222.

31 Cfr. H. Fix-Zamudio, Estudio de la defensa de la Constitucin en el ordenamiento mexicano, 3. ed., Mxico, Porra-UNAM, 2005, pp. 13-56.

32 Cfr. H. Fix-Zamudio, veinticinco aos de evolucin de la justicia constitucional (1940-1965), op. cit., supra nota 10, pp. 17-18.






248

3. INfLUENCIA EXTERNA E INTERNA EN EL ORIGEN y EvOLUCIN

DE LAS GARANTAS CONSTITUCIONALES (1810-1917)

A) Influencia externa

25. Las garantas constitucionales mexicanas constituyen el resultado de la conjugacin o confluencia de varias instituciones provenientes de otros siste-mas jurdicos, y de una evolucin, en ocasiones dolorosa y atormentada durante nuestra agitada historia constitucional, en la que se fueron perfilando de manera paulatina, y a veces contradictoria, los instrumentos de solucin de conflictos constitucionales. En primer trmino, haremos una descripcin muy breve de las corrientes externas sin cuyo conocimiento no podr entenderse la variabi-lidad de los sistemas implantados por las Constituciones que se sucedieron r-pidamente durante todo el siglo xix, desde la Constitucin de Cdiz de 1812 y especialmente a partir de nuestra independencia de Espaa consumada en el ao de 1821.

26. 1. la influencia angloamericana ha sido la ms evidente en nuestras instituciones poltico-constitucionales, debido a que varios de nuestros constitu-yentes consideraban al Derecho pblico de los Estados Unidos como el modelo a seguir aun cuando con modalidades propias originadas en el trasplante de figuras jurdicas de la familia del common law en una tradicin hispnica de origen romano cannico.

27. Como ocurri en la mayora de los pases latinoamericanos que haban logrado su independencia de Espaa y Portugal 33, se intent la introduccin de los principios esenciales de la judicial review of legislation 34, pero entendindola en la forma en que la haba divulgado la clsica obra del publicista francs A. de ToCqueViLLe, la dmocratie en Amerique 35, cuya primera edicin en castellano traducida por D. A. snCHeZ de BusTamanTe y publicada en Pars en 1836, se co-noci en Mxico en el ao siguiente, y adems se hizo una reimpresin de la mis-ma en nuestro pas en 1855, ao de la convocatoria del Congreso Constituyente en el cual se elabor la Constitucin Federal de 1857 36, que consolid varias de las garantas constitucionales que han trascendido a la actualidad.

28. Tambin debe sealarse la influencia de la clsica institucin an-gloamericana del habeas corpus, que trat de regularse durante la lucha de la

33 Cfr. H. Fix-Zamudio, Influencia del Derecho angloamericano en la proteccin de los dere-chos humanos en Amrica Latina, en Festschrift fr Karl loewenstein (libro de Homenaje para Karl loewenstein), Tbingen, J. C. Mohr (Paul Siebeck), 1971, pp. 485-508, reproducido en el libro del mismo autor: latinoamrica, Constitucin, proceso y derechos humanos, Mxico, UDUAL-Miguel ngel Porra, 1988, pp. 131-154.

34 Cfr. H. Fix-Zamudio y J. CarPiZo, La necesidad y la legitimidad de la revisin judicial en Amrica Latina. Desarrollo reciente, en colaboracin con J. CarPiZo, boletn Mexicano de derecho Comparado, Mxico, nm. 52, enero-abril de 1985, pp. 31-64.

35 La primera edicin en francs de dicha obra fue publicada en Pars en 1835, mismo ao en que apareci una traduccin al ingls por H. reeVe, democracy in America, London, Saunders and Oley. De esta ltima se han hecho mltiples reimpresiones en diferentes pocas, tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos.

36 de la democracia en Amrica del norte, trad. de D. snCHeZ de BusTamanTe, 2 vols., Mxico, Imprenta de Ignacio Cumplido, 1855.






249

independencia en el proyecto de Constitucin denominado Elementos Cons-titucionales, elaborado por I. LPeZ rayn en el ao de 1812, al establecer en su artculo 31: Cada uno se respetar en su casa como en un asilo sagrado, y se administrar con las ampliaciones, restricciones que ofrezcan las circunstan-cias, la clebre ley Corpus habeas de la Inglaterra 37. El habeas corpus ingls pos-teriormente se incorpor al juicio de amparo pero sin el nombre tradicional con el cual se le conoce en los dems pases latinoamericanos 38. Adems es preciso advertir que el sistema constitucional de los Estados Unidos tuvo ascendiente en la adopcin del rgimen federal cuya tutela se encomend posteriormente a los tribunales federales, los que se inspiraron en la organizacin judicial norteame-ricana en su denominacin y estructura 39.

29. Una garanta que tambin tomamos de la Constitucin norteamericana de 1787 fue la relativa al juicio poltico de los altos funcionarios de la Federacin y de las entidades federativas (Impeachment), que si bien tuvo su origen en el sistema britnico, adopt modalidades importantes en el rgimen presidencial norteamericano. En efecto, de acuerdo con el artculo I, seccin III, inciso c), de la Carta Federal de 1787, se atribuye al senado federal la facultad exclusiva de juzgar polticamente a los altos funcionarios, y la resolucin, si es condenatoria, se traduce en la destitucin del funcionario y su inhabilitacin durante determi-nado periodo.

30. 2. la tradicin hispnica fue menos evidente pero no por ello de me-nor importancia despus de tres siglos de dominacin poltica, econmica y cultural, y la que, al combinarse con el paradigma norteamericano, adquiri caractersticas peculiares. Por una parte, desde la poca colonial (y en ello co-incide de cierta manera en la influencia angloamericana), existi una corriente judicialista apoyada por el Consejo de Indias, en beneficio de las Audiencias, las cuales conocan de los actos y resoluciones de los virreyes, capitanes generales y otras autoridades administrativas.

31. En segundo lugar, la Constitucin espaola promulgada en Cdiz el 18 de marzo de 1812, que tuvo vigencia en Mxico de manera espordica debido a la revolucin de independencia y su desconocimiento por parte de Fernan-do VII, tuvo un gran predicamento en varias de nuestras Constituciones, espe-cialmente por lo que se refiere a la preeminencia del organismo legislativo en el conocimiento de las violaciones de carcter constitucional.

32. Tambin debe sealarse que el nombre mismo del juicio de amparo, castizo, evocador y legendario segn la certera frase del ilustre constitucionalista mexicano F. Tena ramreZ, proviene de antecedentes castellanos y aragoneses.

37 Esta ley tiene su origen en el Habeas Corpus Amendment Act, de 26 de mayo de 1679, que contena 18 preceptos que regulaban a esta institucin, considerado por algunos como la primera legislacin procesal constitucional.

38 Cfr. el clsico estudio de Ph. J. eder, Habeas corpus disemboided. Latin America Experien-ce, en la obra XXth Century Comparative and Conflict laws. legal Essays in Honor of Hessel E. yn-tema, Leyden, 1961, pp. 475 y ss.

39 En efecto, en la primera Constitucin del Mxico independiente, expedida el 4 de octubre de 1824, recibi el nombre de Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, y el artculo 123 de dicha Carta Fundamental estableci: El poder judicial de la Federacin residir en una Corte Suprema de Justicia, en los tribunales de circuito y en los de distrito, lo que reflej la influencia directa de la organizacin judicial federal de los Estados Unidos de Norteamrica.






250

33. 3. la tradicin jurdica francesa dej una huella transitoria en algunas de las Constituciones mexicanas elaboradas por la corriente conservadora, la cual contrariamente a la de carcter liberal y federalista que se inspir en el De-recho de los Estados Unidos, trat de implantar en nuestro pas el centralismo europeo cuyo paradigma era Francia, y cuya huella ms importante en el campo de las garantas constitucionales se descubre en la imitacin del Senado Con-servador de la Carta francesa del ao VIII, a travs del llamado Supremo Poder Conservador introducido en las leyes constitucionales de 1836 40. Tambin se ad-vierte influencia en el sector del amparo denominado amparo casacin o am-paro judicial, es decir, nuestro amparo directo en contra de resoluciones defini-tivas de los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas 41.

b) Evolucin interna

34. La primera Constitucin que tuvo vigencia, as fuera slo en el terri-torio dominado por los insurgentes que luchaban por la independencia, fue el Decreto Constitucional para la Libertad de la Amrica Mexicana, sancionado en Apatzingn el 22 de octubre de 1814, en el cual se advierte la influencia de la Constitucin espaola de Cdiz, en una doble direccin; por una parte a tra-vs del juicio de responsabilidad de los altos funcionarios por delitos oficiales, entre ellos las violaciones de carcter constitucional, la que se segua en dos etapas, la primera ante el organismo legislativo, el que deba decidir si proceda la consignacin (arts. 120 y 126 del citado Decreto constitucional) y el proceso criminal ante el llamado Tribunal de Residencia de acuerdo con la tradicin co-lonial (art. 227) o bien ante el Supremo Tribunal de Justicia (art. 147), cuando se trataba de los secretarios del Supremo Gobierno.

35. El segundo aspecto que puede destacarse como antecedente de las garantas constitucionales es el relativo a la facultad de los ciudadanos para reclamar las infracciones de la Constitucin, que podemos descubrirlo en una disposicin escondida en la parte final del artculo 237 del citado Decreto Cons-titucional de Apatzingn y que se refera a la irreformabilidad de las bases esen-ciales de la forma de gobierno consagrada por el mismo Decreto, en tanto no se redactara la Constitucin definitiva; precepto en el cual se estableci: Cualquier ciudadano tendr derecho para reclamar las infracciones que notare (se entien-de, de dicha Carta constitucional).

36. No se determina en dicho precepto ante qu autoridad se poda formu-lar la reclamacin ni el procedimiento para tramitarla, pero s toma en conside-racin que se inspir de manera evidente en el artculo 373 de la Constitucin espaola de 1812, de acuerdo con el cual: Todo espaol tiene derecho de re-presentar a las Cortes o al rey para reclamar la observancia de la Constitucin; puede concluirse en el sentido de que la denuncia hubiera podido hacerse tanto ante el Congreso como ante el poder ejecutivo (este ltimo de carcter colectivo, segn el art. 132 de la Ley Constitucional de 1814).

40 Cfr. O. CruZ Barney, El Supremo Poder Conservador y el control constitucional, en E. Ferrer maC-GreGor (coord.), derecho procesal constitucional, 5. ed., Mxico, Porra, 2006, t. II, pp. 957-972.

41 Cfr. E. Ferrer maC-GreGor, la accin constitucional de amparo en Mxico y Espaa. Estudio de derecho comparado, op. cit., nota 19, p. 113.






251

37. Esto no significa que los constituyentes que redactaron el documento poltico promulgado en Apatzingn tuvieron el propsito preciso de establecer un procedimiento destinado a la tutela de los derechos fundamentales consa-grados en la misma (que se tomaron de las Constituciones francesas de 1791 y 1793), ya que en esa poca exista la creencia romntica de que la garanta de los derechos consista en su consagracin constitucional; pero indirectamente hubiera podido llegarse a dicho resultado, como ocurri en Espaa con funda-mento en el referido artculo 373 de la Carta de 1812.

38. En efecto, como lo han puesto de relieve los juristas V. Fairn GuiLLn y J. BarraGn BarraGn, se advierte la situacin provocada por las numerosas reclamaciones de los ciudadanos contra las violaciones a la citada Constitucin espaola efectuada por diversas autoridades en perjuicio de sus derechos funda-mentales, y que motiv la elaboracin del proyecto presentado a las Cortes el 12 de julio de 1813, en el cual se encomend el conocimiento de los delitos contra dicha Ley Suprema a la jurisdiccin ordinaria.

39. Se advierte la influencia del Derecho pblico francs en el proyecto presentado al Congreso el 16 de mayo de 1813, denominado Plan de la Consti-tucin Poltica de la Nacin Mexicana, suscrito por el diputado Jos del Valle y otros representantes, y en cuya base 8. se propuso la creacin de un Senado Conservador, si se toma en cuenta que entre sus facultades se encontraban las de: Celar la conservacin del sistema constitucional; tambin reclamar al Con-greso nacional las leyes que fuesen contrarias a la Constitucin o que no fuesen discutidas o aprobadas en la forma que la misma prescribiera; as como juzgar a los altos funcionarios del Estado.

40. En la Constitucin Federal de los Estados Unidos Mexicanos aprobada el 4 de octubre de 1824, se advierte una combinacin de instituciones para la tutela de las normas constitucionales que fueron adoptadas sin una clara com-prensin de su alcance, ya que por una parte, dicha Carta Federal tom como modelo a la Constitucin espaola de Cdiz, en cuanto dispuso en su artcu-lo 164: El Congreso (federal) dictar todas las leyes y decretos que crea con-ducentes a fin de que se haga efectiva la responsabilidad de los que quebranten esta Constitucin y el Acta Constitutiva (de 3l de enero de 1824), y adems, estableci un organismo denominado Consejo de Gobierno, que funcionaba durante el receso del propio Congreso, y que en forma similar a la Diputacin Permanente de las Cortes espaolas, tena entre sus atribuciones la de: Velar sobre la observancia de la Constitucin, del Acta Constitutiva de las leyes gene-rales, formando expediente sobre cualquier incidente relativo a estos objetos... (art. 160, fraccin I).

41. Pero al mismo tiempo, dicha Carta Federal confiri a la Suprema Corte, (de acuerdo con el art. 137, fraccin V, inciso sexto), la facultad de conocer de las violaciones a la Constitucin y leyes federales, esta vez inspirndose en la Cons-titucin Federal de los Estados Unidos de 1787; pero dicho precepto no lleg a reglamentarse y por lo mismo no tuvo aplicacin no obstante algn intento que se hizo para que la propia Corte conociera de dichas cuestiones.

42. Lo cierto es que predomin la influencia hispnica, ya que el Congreso de la Unin, con apoyo en la facultad exclusiva que le otorg el artculo 165 de la citada Constitucin Federal para resolver las dudas sobre el alcance de los






252

preceptos constitucionales, anul varias leyes expedidas por los rganos legis-lativos de las Entidades Federativas, por considerarlas contrarias a la propia Constitucin Federal.

43. En esta misma Constitucin Federal y debido a la influencia del ordena-miento norteamericano, se consagraron dos de los instrumentos que se desarro-llaron con posterioridad, para resolver los conflictos de carcter constitucional. Nos referimos en primer trmino a las llamadas controversias constituciona-les, claramente inspiradas en el artculo III, seccin 2., de la Ley Fundamental norteamericana 42, ya que en el artculo 137, fraccin I, de la Carta de 1824, que se refiere a las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, se dispuso, en su parte conducente: Conocer de las diferencias que puede haber de uno a otro Estado de la Federacin siempre que las reduzca a un juicio verdaderamente contencioso en que deba recaer formal sentencia y de las que se susciten entre un Estado y uno o ms vecinos de otro, ....

44. Tambin en dicha Constitucin Federal se introdujo la garanta del jui-cio poltico de los altos funcionarios de la Federacin y de los Estados, con algunos matices, especialmente en cuanto al enjuiciamiento de los magistrados de la Su-prema Corte de Justicia. En efecto, el artculo 38 estableci las reglas del citado juicio poltico, que encomend a cualquiera de las dos Cmaras del Congreso General, en calidad de gran jurado.

45. Segn dicho precepto fundamental, la Cmara respectiva poda cono-cer de las acusaciones contra el presidente de la Federacin por delitos de trai-cin contra la independencia nacional, la forma establecida de gobierno, y por cohecho o soborno, cometidos durante el tiempo de su empleo. Tambin poda ser enjuiciado el mismo presidente por actos dirigidos manifiestamente a im-pedir que se hicieran las elecciones de presidente, senadores y diputados, o a que stos se presentaran a servir sus destinos en las pocas sealadas en dicha Constitucin, o a evitar a las Cmaras el uso de cualquiera de las facultades que les atribuyera la misma.

46. Adems, cualquiera de las Cmaras Legislativas poda enjuiciar a los miembros de la Suprema Corte de Justicia y a los secretarios del despacho, por delitos cometidos durante el tiempo de sus empleos, as como a los gobernadores de los Estados, por infracciones de la Constitucin Federal, leyes de la Unin, u rdenes del presidente de la Federacin, que no fueran manifiestamente contra-rias a la Constitucin y leyes generales de la Unin, y tambin por la publicacin de leyes y decretos de las legislaturas de sus respectivos Estados, contrarias a la misma Constitucin y leyes.

47. De acuerdo con el artculo 39 de dicha Ley Fundamental, la Cmara de Representantes tena competencia exclusiva para conocer de las acusacio-nes contra el presidente o sus ministros en relacin con actos en los cuales hubiese intervenido el Senado o Consejo de Gobierno por razn de sus fun-ciones, y tambin respecto de los actos atribuidos al vicepresidente de la Re-pblica.

42 vid. el muy documentado anlisis de los antecedentes histricos y desarrollo legislativo y jurisprudencial de esta institucin en los Estados Unidos, en J. R. Cosso daZ, la controversia cons-titucional, Mxico, Porra, 2008, pp. 14-38.






253

48. Por lo que respecta a las causas criminales que se intentaran contra los senadores o diputados desde el da de su eleccin hasta dos meses despus de haber cumplido su encargo, deban someterse a la Cmara de la que formaron parte, la que poda decidir en calidad de gran jurado sobre si haba o no lugar a la formacin de causa.

49. En todos los casos la Cmara respectiva deba decidir con el voto de los dos tercios de sus miembros presentes, y en caso de considerar que haba lugar a la formacin de causa, el acusado quedaba suspenso de su encargo y puesto a disposicin del tribunal competente.

50. El tribunal competente era la Suprema Corte de Justicia para el enjui-ciamiento criminal de los altos funcionarios mencionados, de acuerdo con el artculo 137, fraccin V, incisos 1. a 4., de la mencionada Carta Constitucional, con excepcin de los procesos seguidos contra magistrados de la Suprema Cor-te, ya que el artculo 139 constitucional regulaba la integracin de un tribunal especial formado por personas electas por el Congreso General en el primer mes de las sesiones ordinarias de cada bienio, que no fueran miembros del citado Congreso y tuvieran las cualidades exigidas para los propios magistrados de la Corte.

51. Como puede observarse, no exista una estricta separacin entre la responsabilidad poltica y la imputacin penal, pero se tomaba del modelo es-tadounidense la necesidad de seguir un procedimiento previo ante una de las Cmaras del Congreso de la Unin, que funcionaba como gran jurado, pero se apartaba del propio modelo en cuanto el proceso criminal no se segua ante los tribunales ordinarios, sino ante la Suprema Corte de Justicia, con excepcin del enjuiciamiento especial de los magistrados de la propia corte, lo que influy de cierta manera el sistema del juicio poltico y penal de los funcionarios, en la Constitucin Federal de 1857.

52. Pocos aos ms tarde en uno de los frecuentes cambios polticos que se produjeron en el siglo xix (y no obstante la ingenua pretensin de la citada Constitucin de 1824 de que nunca podran reformarse sus preceptos relativos al sistema federal), el grupo conservador logr establecer el sistema centralista de inspiracin francesa, transformando los Estados en Departamentos, a travs de las siete leyes constitucionales expedidas entre el 15 de diciembre de 1835 y el 30 de diciembre de 1836. En este ordenamiento tambin se observa una combinacin de influencias, ya que el artculo 2., fraccin III, de la primera Ley Constitucional estableci un instrumento procesal con la denominacin de re-clamo (denominacin que persiste en otros ordenamientos posteriores), para tutelar la propiedad privada cuando la misma fuese expropiada por causa de utilidad pblica, y que poda ser interpuesto por los afectados ante la Suprema Corte de Justicia en la Capital y ante el tribunal superior respectivo en los De-partamentos, suspendindose la ejecucin de la resolucin expropiatoria hasta el pronunciamiento del fallo judicial.

53. Pero adems de esta instancia judicial muy restringida, se adopt el modelo francs del Senado Conservador de la Constitucin del ao VIII (vid. supra prrafo 33), a travs del organismo denominado Supremo Poder Con-servador, regulado por la segunda Ley Constitucional, e integrado por cinco personas en apariencia muy poderosas ya que slo eran responsables de sus






254

actividades ante Dios y la opinin pblica (art. 17). Dicho organismo tena entre sus facultades, similares a las del paradigma francs, las de declarar la nulidad de los actos, resoluciones o leyes de cada uno de los tres rganos del poder, a peticin de uno o de los otros dos (art. 12, fracciones I a III).

54. Las facultades aparentemente desorbitadas del Supremo Poder Conser-vador pecaban en realidad de ingenuas, pues si bien dicho organismo pronunci algunas resoluciones importantes declarando la nulidad de leyes y actos que consider inconstitucionales, dichos fallos no fueron obedecidos por las autori-dades afectadas, las que alegaron pretextos y evasivas o simplemente los ignora-ron, ya que la realidad poltica no permita la subsistencia de un rgano de esta naturaleza, que haba fracasado tambin en su pas de origen.

55. En varios proyectos que se elaboraron durante los agitados aos de 1840 a 1842 con el propsito de reformar las citadas leyes constitucionales de 1836, o bien para sustituirlas con otro documento constitucional, se propuso la supresin del Supremo Poder Conservador (que fue abolido efectivamente en el ao de 184l con motivo de uno de tantos pronunciamientos militares) para susti-tuirlo por un instrumento procesal que recibi tambin el nombre de reclamo (vid. supra prrafo 52), el que deba ejercitarse ante los tribunales federales y particularmente ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de proteger tanto las normas constitucionales en general, como las garantas individuales, es decir, los derechos del hombre en particular, y si bien dichos proyectos no lle-garon a obtener consagracin legislativa, es evidente que prepararon el terreno para lograr el predominio de la revisin judicial, consagrada definitivamente en la Carta Federal de 1857.

56. En este periodo de luchas incesantes entre los grupos liberales que de-fendan el sistema federal y los sectores conservadores que postulaban el cen-tralismo, resulta de gran trascendencia la promulgacin de la Constitucin de la Repblica de Yucatn el 16 de mayo de 184l, con apoyo en el proyecto elabo-rado en diciembre del ao anterior por una comisin encabezada por el ilustre jurista y poltico M. CresCenCio reJn, uno de los padres del juicio de amparo y quien se haba refugiado en su Estado natal perseguido por los centralistas que dominaban la Capital de la Repblica. Dicho documento, que se considera el primero que consagra la revisin judicial de la constitucionalidad de los actos de autoridad en Amrica Latina, se inspira en esta materia en el sistema cons-titucional norteamericano a travs de la visin de A. de ToCqueViLLe (vid. supra prrafo 27), a quien se cita de manera expresa la exposicin de motivos del pro-yecto redactado por reJn.

57. La citada Constitucin yucateca introduce por primera vez el juicio de amparo, el cual proceda ante la Suprema Corte en pleno contra las leyes y de-cretos de la legislatura que fueran contrarios al texto literal de la misma Cons-titucin, o contra las providencias del gobernador cuando en ellas se hubiese infringido el propio Cdigo fundamental (art. 62, fraccin I), y deba interponer-se ante los jueces de primera instancia contra los actos de funcionarios que no correspondieran al poder judicial cuando violasen los derechos fundamentales consagrados por dicha Carta (art. 8.), y acudindose a los superiores de los propios jueces cuando stos infringiesen dichos derechos en sus resoluciones (art. 9.).






255

58. Adems de lo anterior, y de acuerdo en forma ms estricta con el mo-delo estadounidense, el artculo 75 de la Carta yucateca estableca el llamado control difuso introducido por el artculo VI de la Constitucin Federal nor-teamericana, en cuanto dispona: En la administracin de justicia arreglarn los jueces sus fallos a lo prevenido en esta Constitucin, prescindiendo de lo dispuesto contra el texto literal de ella en las leyes o decretos del congreso del Estado. Por otra parte, debe destacarse el sistema de responsabilidad que se calific de juicio poltico, inspirado tambin en el impeachment angloamericano en cuanto el gobernador, consejeros, secretarios de despacho y ministros de la Corte Suprema de Justicia podan ser enjuiciados por las infracciones legales que cometieran en el ejercicio de sus respectivos cargos previa acusacin ante la Cmara de Diputados para que decidiera si haba lugar la formacin de la causa, pasndose el expediente al Senado local para que resolviera en definitiva, el que poda imponer como nica pena la privacin de oficio o de empleo y la inhabi-litacin temporal o permanente para obtener otro, sin perjuicio de seguirse con posterioridad el proceso penal ordinario (art. 37), procedimiento muy similar al establecido por el texto original de la Constitucin Federal vigente (vid. infra prrafo 125).

59. Otro paso importante es el documento conocido como Acta de Refor-mas (a la Constitucin Federal de 1824) promulgado el 21 de mayo de 1847, que se inspira en el proyecto elaborado por M. oTero, otro de los creadores del amparo y uno de los pensadores polticos ms distinguidos del siglo xix, quien se apoya tambin en el modelo norteamericano de manera expresa al establecer el juicio de amparo en el mbito nacional, consagrado por el artculo 25 de la citada Acta de Reformas, segn el cual: Los tribunales de la Federacin ampa-rarn a cualquier habitante de la Repblica en el ejercicio y conservacin de los derechos que le conceda esta Constitucin y las leyes constitucionales contra todo ataque de los poderes legislativo y ejecutivo, ya de la Federacin, ya de los Estados; limitndose dichos tribunales a impartir su proteccin en el caso parti-cular sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaracin general respecto de la ley o del acto que la motivare.

60. No obstante el peso de la influencia estadounidense, el mismo oTero recoge la tradicin hispnica de la Constitucin de Cdiz de conferir al orga-nismo Legislativo la declaracin de nulidad de las leyes inconstitucionales (vid. supra prrafo 31) pero adoptndola al sistema federal, de manera que en los artculos 22 y 23 del citado documento constitucional, se estableci que el Con-greso Federal poda declarar la nulidad de las leyes de las Entidades Federativas contrarias a la Carta Federal, y a su vez la mayora de las legislaturas deberan votar sobre la nulidad de una ley federal cuando fuese impugnada por inconsti-tucional por el presidente de la Repblica, por diez diputados, tres senadores o tres legislaturas locales, correspondiendo a la Suprema Corte recibir y publicar el resultado de la votacin.

61. Llegamos as, en este breve recorrido sobre la evolucin de nuestras ga-rantas constitucionales, a la Carta Federal promulgada el 5 de febrero de 1857, la que constituye el antecedente inmediato de la actualmente en vigor, y en ella se advierte un predominio del modelo norteamericano en los tres instrumentos de garanta constitucional que regula: el juicio de responsabilidad de los altos funcionarios, las controversias constitucionales y el juicio de amparo.






256

62. Por supuesto que el aspecto ms importante, ya desde entonces, fue la consagracin definitiva del juicio de amparo en los artculos 10l y 102 de la ci-tada Carta Federal de 1857. Despus de la larga gestacin que se ha sealado en los prrafos anteriores, segn el modelo de la revisin judicial de la constitucio-nalidad de los actos de autoridad del ordenamiento de los Estados Unidos divul-gado por ToCqueViLLe, quien fue mencionado expresamente en varias ocasiones durante los debates del Congreso Constituyente, ya que los defensores de la ins-titucin, especialmente los constituyentes Ponciano Arriaga, Melchor Ocampo y Len Guzmn sostuvieron claramente que tenan el propsito de trasplantar la revisin judicial norteamericana, pero dirigida especficamente a la proteccin de los derechos o (garantas individuales) consagradas constitucionalmente.

63. Pero adems del citado juicio de amparo, la Carta Federal de 1857 se inspir en el modelo norteamericano de enjuiciamiento de los altos funcionarios dotados de la inmunidad procesal (diputados al Congreso de la Unin, ministros de la Suprema Corte, los gobernadores de los Estados por infracciones a la Cons-titucin y leyes federales y el presidente de la Repblica por delitos de traicin a la patria, violacin expresa de la Constitucin y ataque a la libertad electoral) (art. 103), por los delitos de carcter oficial. En ese supuesto el texto original del artculo 104 de la propia Carta Federal dispona que de dichos delitos deban co-nocer el Congreso (entonces unicameral) como jurado de acusacin y la Supre-ma Corte como jurado de sentencia, apartndose del sistema norteamericano, pero no del britnico, en cuanto la citada Suprema Corte poda imponer la pena sealada en la ley secundaria.

64. En la reforma constitucional de 13 de noviembre de 1874, por la cual se restableci el Senado Federal, se modific ligeramente el sistema anterior, en cuanto la imposicin de la pena por delitos oficiales cometidos por los altos funcionarios qued encomendada al propio Senado, despus del veredicto de culpabilidad de la Cmara de Diputados, en lugar de la Suprema Corte de Jus-ticia (art. 105).

65. Finalmente, la misma Constitucin de 1857 sigui en la Carta Federal de los Estados Unidos en el establecimiento de las llamadas controversias cons-titucionales, en su artculo 97, fracciones III y IV (que el art. 98 encomend en nica instancia a la Suprema Corte), relativas a los conflictos que se suscitaran de un Estado con otro y en aquellas en que la federacin fuese parte.

66. Para finalizar este superficial recorrido, es preciso destacar que el juicio de responsabilidad de los altos funcionarios y las controversias constitucionales no tuvieron eficacia prctica, siendo el juicio de amparo el nico instrumento que se utiliz para impugnar las violaciones a la Carta Federal de 1857, primero restringido a las llamadas garantas individuales o derechos del hombre, con-sagrados en los primeros 28 artculos de la propia Constitucin, pero pronto la jurisprudencia de la Suprema Corte extendi la proteccin a todos los preceptos constitucionales que pudiesen dar lugar a una afectacin individual.

67. La transformacin ms importante fue la extensin de la procedencia del amparo contra todas las sentencias pronunciadas por todos los jueces del pas, aun cuando en ellas no se plantearan cuestiones de inconstitucionalidad, sino exclusivamente la aplicacin de disposiciones legales secundarias, con lo cual el ordenamiento mexicano se apart considerablemente, en este aspecto,






257

del modelo norteamericano e inclusive de otras instituciones similares estableci-das en pases federales latinoamericanos, tales como el recurso extraordinario de constitucionalidad, regulado por los ordenamientos de Argentina y de Brasil.

68. Esta transformacin del juicio de amparo mexicano provoc apasiona-dos debates durante la segunda mitad del siglo xix e inclusive la primera dcada de siglo xx, a tal extremo que fue calificada de corrupcin por el destacado cons-titucionalista E. raBasa en una de sus obras publicadas en 1919; pero el cambio ha sido inevitable en virtud de un conjunto de factores polticos, sociales, eco-nmicos y culturales entre los cuales pueden mencionarse, en primer trmino, los tres siglos de centralismo judicial de la poca colonial espaola, que a su vez provoc la concentracin de los abogados en las ciudades de Mxico y de Gua-dalajara, en las cuales residan las nicas Audiencias (tribunales de apelacin) del Virreinato de la Nueva Espaa. Con posterioridad a la independencia, la situacin anterior determin la integracin de los tribunales superiores de las Entidades Federativas con magistrados improvisados, con la consiguiente falta de confianza en dichos tribunales locales, los que tambin quedaron sujetos a la influencia poltica de los gobernadores de los propios Estados.

69. Debido a lo anterior, los abogados acudieron a todos los medios, inclu-sive a una interpretacin forzada del artculo 14 de la Constitucin de 1857, para sustraer todos los asuntos judiciales de las manos de los tribunales locales, aun tratndose de la aplicacin de las leyes de los Estados, para llevarlos a los tribu-nales federales a travs del juicio de amparo, y finalmente a la Suprema Corte de Justicia; con el argumento muy poco consistente de que, cada vez que un juez o tribunal aplicase inexactamente (en realidad, incorrectamente) una disposicin legal secundaria al resolver un proceso concreto, infringa el citado artculo 14, situado dentro del captulo de las garantas individuales o derechos del hombre de la Carta Federal, lo que implicaba una cuestin de constitucionalidad que haca procedente el amparo.

70. No obstante lo endeble de la argumentacin anterior (que hemos sim-plificado para citarla brevemente), fue tan poderosa la presin de los justiciables que la Suprema Corte de Justicia se vio obligada a aceptarla despus de un pe-riodo de incertidumbre, al declarar de manera implcita la inconstitucionalidad del artculo 8. de la segunda Ley de Amparo, promulgada el 20 de enero de 1869, que prohiba categricamente la procedencia del amparo contra resolu-ciones judiciales, ya que en su fallo de 29 de abril del mismo ao de 1869 orden la admisin del juicio de amparo promovido por Miguel Vega contra una sen-tencia dictada por el Tribunal Superior del Estado de Sinaloa, pero sin expresar la Corte las razones de su decisin, todo lo cual provoc un serio razonamiento con el Congreso Federal que haba ya expedido la citada Ley pocos meses antes, con un intento de iniciar un juicio de responsabilidad a los magistrados del ms Alto Tribunal que haba suscrito ese fallo.

71. Lo importante es destacar que a partir de entonces el juicio de amparo procede no slo contra violaciones directas a disposiciones constitucionales que pueden afectar derechos personales, finalidad para el cual fue creado en la Cons-titucin Federal de 1857, sino que tambin puede utilizarse contra la infraccin de leyes ordinarias (el llamado control de legalidad), lo que hace muy difcil se-parar ambos sectores que se encuentran estrechamente vinculados, en virtud de






258

que el propio amparo se ha transformado en el instrumento procesal que tutela todo el ordenamiento jurdico nacional, desde las normas de la Constitucin Federal, hasta los preceptos del ms humilde reglamento municipal.

72. Por otra parte, la extensin del juicio de amparo para comprender la impugnacin de todas las resoluciones judiciales aun cuando en ellas no se pre-senten problemas directos de constitucionalidad, fue reconocido expresamente por el artculo 14 de la Constitucin Federal vigente de 1917, ya que en la parte relativa de la exposicin de motivos del proyecto presentado por don Venustiano Carranza, encargado del poder ejecutivo, al Congreso Constituyente de Quer-taro el primero de diciembre de 1916, se sostuvo: ...El pueblo mexicano est ya tan acostumbrado al amparo en los juicios civiles, para librarse de las arbi-trariedades de los jueces, que el Gobierno a mi cargo ha credo no slo injusto sino impoltico privarlo ahora de tal recurso.... De esta forma Carranza cierra el arduo debate sobre los alcances del juicio de amparo, para afianzar el amparo judicial en cualquier materia.

SEGUNDA PARTE

4. DESARROLLO DE LAS GARANTAS DURANTE LA vIGENCIA DE LA CONSTITUCIN ACTUAL (1917-2009)

A) El juicio de amparo y el Poder judicial de la federacin

73. La Constitucin vigente de 5 de febrero de 1917 43, recogi la evolucin anterior y estableci en sus artculos 103 y 107 los lineamientos esenciales del juicio de amparo, particularmente en el segundo, que regula en ocasiones con excesiva minuciosidad las bases de la institucin, las que se han reformado en numerosas ocasiones 44.

74. Al respecto debe llamarse la atencin sobre el hecho de que el Consti-tuyente de Quertaro de 1916-1917, despus de acalorados debates, consagr expresamente en el artculo 14 de la carta federal en vigor la procedencia del amparo contra sentencias judiciales por la violacin de las leyes secundarias. Si se toma en cuenta, adems, el principio de legalidad del artculo 16 consti-tucional 45, la esfera tutelar del amparo se ha ampliado al grado que, a partir de

43 En general, sobre este ordenamiento supremo, vid. J. CarPiZo, la Constitucin mexicana de 1917, 14. ed., Mxico, Porra, 2004.

44 Mientras que el artculo 103 se ha reformado en una sola ocasin (31 de diciembre de 1994), el artculo 107 cuenta con 13 reformas (1951, 1962, 1967, 1974 en dos ocasiones, 1975, 1979, 1986, 1987, 1993 en dos ocasiones, 1994 y 1999). Recientemente se aprob en la Cmara de Diputados una reforma importante al artculo 107, para incorporar la figura del amparo colectivo en materia fiscal, con la posibilidad de la declaratoria general de inconstitucionalidad (con votacin calificada de ocho votos), reforma que est siendo discutida en el Senado de la Repblica.

45 El citado artculo 14 de la Constitucin federal de 1917, dispone en su parte conducente que: [...] En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analoga y aun por mayora de razn pena alguna que est decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deber ser conforme a la letra, o a la interpretacin jurdica de la ley, y a falta de sta se fundar en los principios general del derecho. La llamada garanta de legalidad se consagra en la parte relativa del artculo 16 de la misma carta fun-






259

entonces, y salvo las hiptesis muy restringidas en los que la Constitucin y la Ley reglamentaria sealan, y en los cuales no procede la impugnacin, el am-paro protege todo el orden jurdico nacional. Lo anterior explica la complejidad que ha asumido la institucin en nuestros das 46, al que actualmente, dentro de una aparente unidad, adems del habeas corpus, comprende varios procesos con modalidades peculiares.

75. El problema esencial que se produjo con la aplicacin de los artcu-los 103 y 107, a travs de las leyes reglamentarias de 1919, y la actual de 10 de enero de 1936, consisti en una mayor acumulacin de los juicios de amparo en los tribunales federales y particularmente ante la Suprema Corte, fenmeno que ya haba sido observado por el distinguido jurista mexicano Emilio Rabasa en los primeros aos del pasado siglo 47, de manera que las reformas esenciales a la legislacin de amparo, tanto en su aspecto constitucional como reglamentario, de 1951 y 1968, se dirigieron esencialmente a disminuir el rezago que pesaba sobre la propia Suprema Corte de Justicia.

76. En efecto, las reformas de 1951 crearon los tribunales colegiados de cir-cuito, inspirados en los tribunales de circuito de apelacin de Estados Unidos 48, precisamente con el objeto de auxiliar a la Suprema Corte en el conocimiento de los juicios de amparo, y la segunda reforma, que entr en vigor en octubre de 1968, adems de incrementar el nmero de los tribunales colegiados 49, hizo una distribucin de los juicios de amparo entre dichos tribunales y la Suprema Corte de Justicia, tomando en cuenta criterios sociales, econmicos, as como de

damental, que dispone: [...] Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

46 En efecto, el juicio de amparo mexicano tutela todo el orden jurdico nacional, con excepcin de algunos casos, ya que la Carta federal y la Ley de Amparo establecen escasas limitaciones a la procedencia del propio juicio de amparo. Entre las restricciones podemos mencionar la expulsin de extranjeros indeseables, sin audiencia previa por parte del Ejecutivo Federal (art. 33 constitucional, que ha sido objeto de numerosas crticas doctrinales); las resoluciones en materia electoral (arts. 73, fracciones VII y VIII, de la Ley de Amparo), y que actualmente se pueden combatir ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacin (art. 99, reformado en 1999 y 2007), y sobre la proce-dencia del enjuiciamiento de los altos funcionarios federales y locales por delitos comunes (art. 111 constitucional) o sobre la responsabilidad poltica de los mismos funcionarios (art. 110 de la misma Carta federal). Sobre esta materia se puede consultar la obra de I. BurGoa oriHueLa, El juicio de amparo, 21. ed., Mxico, Porra, 1984, pp. 451-499.

47 Cfr. E. raBasa, El artculo 14. Estudio constitucional, publicado conjuntamente con El juicio constitucional. orgenes, teora y extensin, 5. ed., Mxico, Porra, 1984, pp. 103-110, intitula el ca-ptulo XIII de esta obra La imposible tarea de la Suprema Corte.

48 Cfr., entre otros autores norteamericanos, H. J. aBraHam, the judicial process, 5. ed., New York, Oxford University Press, 1986, pp. 159-173, sobre la organizacin y funcionamiento actual de los citados tribunales de circuito de apelacin en Estados Unidos. Sobre la creacin de dichos tribunales federales como auxiliares de la Suprema Corte federal en 1891, cfr. C. B. swisHer, El desa-rrollo constitucional de los Estados unidos, trad. de H. CHarny, Buenos Aires, Editorial Bibliogrfica Argentina, 1958, t. I, pp. 436-441.

49 Las reformas posteriores, hasta llegar a la de 1988, aumentaron de manera paulatina y cre-ciente el nmero de los tribunales colegiados de circuito, los cuales fueron especializados por materia tanto en la ciudad de Mxico como en la de Guadalajara. Sobre esta evolucin, cfr. H. Fix-Zamudio, Setenta y cinco aos de evolucin del Poder Judicial en Mxico, Mxico, setenta y cinco aos de revolucin poltica II, Mxico, Instituto Nacional de Estudios Histricos de la Revolucin Mexicana-Fondo de Cultura Econmica, 1988, pp. 303-313, y H. Fix-Zamudio y J. R. Cosso daZ, El Poder Judi-cial en el ordenamiento mexicano, Mxico, Fondo de Cultura Econmica, 1996, pp. 188-194.






260

inters pblico y social, de manera que, a partir de entonces, slo los juicios de amparo de mayor importancia se tramitaban y resolvan por el ms alto tribunal de la Repblica.

77. Hasta entonces, la Suprema Corte de Justicia de Mxico funcion de manera predominante como tribunal de casacin. Con las reformas constitu-cionales que entraron en vigor el 15 de enero de 1988, se confiri a la propia Suprema Corte slo competencia en asuntos estrictamente constitucionales; en particular, la segunda instancia de los juicios de amparo, y se enviaron a los tri-bunales colegiados de circuito los casos en los cuales se discutieran asuntos de legalidad, con lo cual el ms alto tribunal se transform en un organismo juris-diccional especializado en la resolucin de conflictos constitucionales 50.

78. Esta evolucin continu con las reformas constitucionales y legales de 1995, que significaron la modificacin de 27 artculos sustantivos y 12 transito-rios en la carta fundamental, en las cuales se cambi de manera sustancial la in-tegracin y funcionamiento del Poder Judicial de la Federacin, en particular de la Suprema Corte de Justicia, en cuanto se redujeron sus integrantes de veintisis (veintin ministros numerarios y cinco supernumerarios) a once ministros, para aproximar su composicin a la de los Tribunales Constitucionales especializa-dos. Asimismo, se suprimi la inamovilidad de los ministros al establecerse un periodo de quince aos para la duracin de sus encargos (aunque en el ar tculo cuarto transitorio del decreto de reformas se establece que el periodo de los actuales ministros venca, en forma escalonada, el ltimo da de noviembre del 2003, 2006, 2009, 2012 y 2015). Adems, se adicion el artculo 105 constitucio-nal, que regula a las controversias constitucionales (vid. infra, prrafos 97-108) y la accin abstracta de inconstitucionalidad (vid. infra, prrafos 145-153). Los preceptos constitucionales reformados fueron desarrollados por la Ley Orgnica del Poder Judicial Federal, publicada el 25 de mayo de 1995, y la Ley Reglamen-taria de las fracciones I y II del artculo 105 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 11 de mayo de 1995 51.

79. El juicio de amparo mexicano ha modificado su propsito original de tutelar exclusivamente los derechos fundamentales de carcter constitucional contra leyes o actos de cualquier autoridad. En la actualidad, se ha convertido en un conjunto complejo de procesos que, como hemos sealado, tutela todo el orden jurdico nacional, por lo que comprende dos sectores importantes, uno de carcter estrictamente constitucional, cuyo conocimiento corresponde a la

50 Cfr., entre otros, H. Fix-Zamudio, La Suprema Corte como Tribunal Constitucional, en AAVV, las nuevas bases constitucionales y legales del sistema judicial mexicano. la reforma judicial 1986-1987, Mxico, Porra, 1987, pp. 495-541; E. Ferrer maC-GreGor, Los Tribunales Constitucio-nales y la Suprema Corte de Justicia de Mxico, en su libro Ensayos sobre derecho procesal consti-tucional, Mxico, Porra-Comisin Nacional de los Derechos Humanos, 2004, pp. 29-61.

51 La bibliografa sobre las reformas de 1995 y 1996 es muy extensa, por lo que nos limitamos a sealar los siguientes: H. Fix-Zamudio y J. R. Cosso daZ, op. cit., nota 49; J. CarPiZo; J. R. Cos-so daZ y H. Fix-Zamudio, La jurisdiccin constitucional en Mxico, en D. GarCa BeLaunde y F. FernndeZ seGado (eds.), la jurisdiccin constitucional en Iberoamrica, Madrid, Dykinson, 1997, pp. 745-804; V. JuVenTino, El artculo 105 constitucional, 4. ed., Mxico, Porra, 2001; J. L. soBera-nes FernndeZ y E. CorZo sosa, La reforma a la justicia, los derechos del pueblo mexicano. Mxico a travs de sus Constituciones, vol. I, t. 13: Reformas constitucionales durante la lvI legislatura, Mxi-co, Instituto de Investigaciones Legislativas, Cmara de Diputados, 1997, pp. 144-165; y J. BraGe CamaZano, la accin de inconstitucionalidad, Mxico, UNAM, 1998.






261

Suprema Corte, y otro que implica el control de la legalidad, que se atribuye actualmente a los tribunales colegiados de circuito.

80. De una manera muy esquemtica podemos afirmar que en la actualidad el juicio de amparo mexicano comprende cinco procesos; a) el habeas corpus; b) la impugnacin de la inconstitucionalidad de las leyes; c) el amparo contra resoluciones judiciales; d) el amparo contra actos o resoluciones de la admi-nistracin pblica federal y de algunas entidades federativas, y e) el amparo en materia social agraria 52.

81. a) El sector del amparo que puede asimilarse al habeas corpus y que por ello puede calificarse como amparo de la libertad e integridad personales, est regulado de manera autnoma en la mayora de las legislaciones contempor-neas, o al menos por medio de un procedimiento especfico. En nuestro pas se considera como una modalidad del amparo, pero con las caractersticas clsicas de este instrumento tutelar, ya que procede contra actos u omisiones que afec-tan la libertad y la integridad personales fuera del procedimiento judicial (o sea respecto de detenciones realizadas por autoridades administrativas, es decir, de polica o del ministerio pblico): La demanda puede interponerse por cualquier persona, inclusive un menor de edad, por escrito o de manera oral (y en casos urgentes ante jueces locales los que deben iniciar el procedimiento en tanto se enva el expediente al juez federal), as como telegrama y en la actualidad por otros medios electrnicos de comunicacin; el juez debe hacer las gestiones ne-cesarias para lograr la presencia del afectado y dictar las medidas precautorias necesarias para evitar daos graves o irreparables, el procedimiento es muy bre-ve, al menos en teora, y sin formalismos; no existe plazo preclusivo para presen-tar la demanda, entre otras modalidades (arts. 17, 18, 22, fraccin I, 23, segundo prrafo, 38, 39, 40, 117 y 119 de la Ley de Amparo).

82. b) Un segundo tipo de proceso ha sido denominado amparo contra leyes, en virtud de que constituye la va por medio del amparo para combatir las disposiciones legislativas, entendidas en sentido amplio, es decir, leyes, re-glamentos y tratados internacionales incorporados al ordenamiento interno. Existen dos modalidades: a) la que podemos calificar como accin de incons-titucionalidad (de carcter concreto), ya que es la interpuesta por los particu-lares afectados por la expedicin y promulgacin de las normas generales. En esta modalidad del amparo deben sealarse como autoridades demandadas a las que hayan intervenido en el procedimiento legislativo, es decir, el Congreso de la Unin (Senado federal tratndose de tratados internacionales), legislatu-ras locales, asamblea legislativa del Distrito Federal, presidente de la Repblica, gobernadores de los Estados o jefe del gobierno del Distrito Federal. La primera instancia se sigue ante los jueces federales de Distrito y el segundo grado, por medio del llamado recurso de revisin (en realidad, de apelacin), ante la Supre-ma Corte de Justicia [arts. 107, fra

Documents

Garantias Const. Ferrer Macgregor