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‘Estrategia Europa 2020’ NUEVO CATÁLOGO DE DIRECTRICES INTEGRADAS

Análisis preliminar de la propuesta de directrices en materia de política económica y empleo

efectuada por la Comisión Europea.

MJ/MB/JJ 18 de mayo de 2010

El 26 de abril de 2010 la Comisión Europea emitió dos informes sobre la política

Económica y las políticas de Empleo de los Estados miembros, en los que desarrolla la Comunicación que en enero de 2010 efectuó sobre ‘Europa 2020. Una Estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador’.

La nueva estrategia integrará los diferentes Programas Nacionales de Reforma

(PNR) con la situación financiera de cada país miembro, mediante un análisis anual sobre políticas concretas, en aplicación de los mecanismos de coordinación en materia de política económica recogidos en los artículos 121 y 136 del Tratado de Lisboa.

La Unión Europea reduce de 24 a 10 el número de Directrices Integradas a la que

deben responder los diferentes objetivos nacionales que orienten los nuevos Planes Nacionales de Reforma. Reagrupamiento que, a juicio de la Comisión Europea, se hace en base a una mayor concreción posibilitando un mayor de control por parte de este órgano.

De estas diez directrices adoptadas, las seis primeras abordan la política

económica de los Estados miembros de la UE, mientras que de la 7ª a la 10ª se ocupan de las políticas de empleo en su sentido más amplio.

La Estrategia 2020, desde el punto de vista sindical es insuficiente para abordar los

retos que Europa tiene por delante en el próximo periodo. En ese sentido, nuestra prioridad es la puesta en marcha de un gran plan de recuperación del empleo, la consecución de una Europa con un modelo bajo en carbono, políticas industriales sostenibles, un presupuesto comunitario más importante y mecanismos de regulación europeos comunes para los mercados financieros, todo ello con el fin de conseguir un equilibrio entre el mercado único y los derechos sociales.

Las medidas de austeridad que exige la Unión Europea son duras y deflacionarias

y sin duda causarán un aumento del paro y de la tensión social como ya esta sucediendo con las decisiones adoptadas por diferentes gobiernos, entre ellos el nuestro, mediante planes antieconómicos que reducen drásticamente la inversión pública y atacan los derechos sociales, lo que contribuirá a prolongar los indicadores de la recesión, a




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desplazar la creación de empleo como objetivo central de la actividad económica y producirá una contracción del consumo.

Políticas Económicas Las Directrices Generales para las políticas económicas de los Estados miembros,

desde la nº 1 a la nº 6, se corresponden con las 16 primeras fijadas en la Estrategia de Lisboa (2000-2010).

Esta reducción de objetivos a juicio de CCOO, ha llevado a la falta de indicadores

precisos ya que sólo 2 de las 6 directrices cuentan con objetivos cuantificables. Baste citar como ejemplo que la primera directriz habla de consolidar un PIB “muy por encima del 0,5 por ciento” sin aportar novedades sobre los objetivos fijados por el Ecofin y el Eurogrupo, lo que hace que las directrices no cuantificadas difícilmente vayan a poder ser controladas y evaluadas objetivamente por órgano alguno.

En concreto, la 1ª directriz -‘Garantizar la calidad y la viabilidad de las finanzas

públicas’-, plantea lograr este objetivo mediante la reducción de la deuda, la reforma del gasto público relacionado con el envejecimiento (factura sanitaria) y el incremento de la edad de jubilación para garantizar que este sea viable financieramente y accesible y adecuado desde el punto de vista social.

Esto supone que para garantizar la calidad y viabilidad de las finanzas las

actuaciones a desarrollar se basan exclusivamente en el recorte del gasto público, aunque también se señala que si fuera necesario, se incrementen los ingresos mediante la subida de impuestos, desplazando la presión fiscal del trabajo a otras bases imponibles, un planteamiento que en la directriz no se cuantifica más que en la reducción del gasto público social en materia de sanidad y pensiones.

Desde CCOO entendemos que más que una estrategia prematura de ‘reducción

del déficit’ es necesaria una estrategia de entrada para el crecimiento, las inversiones y el empleo, ya que la única manera de disminuir a medio plazo el déficit y la deuda pública es asegurar una recuperación inmediata y vigorosa de la economía y el empleo.

Algo parecido ocurre tanto en la Directriz nº 2 -Abordar los desequilibrios

macroeconómicos-, como en la Directriz nº 3 -Reducir los desequilibrios en la zona del euro- en las que se plantea a los Estados miembros que presenten grandes desequilibrios derivados de la falta de competitividad o con déficits de cuenta corriente grandes y persistentes, que solucionen las causas subyacentes abordando aspectos como la política fiscal, la evolución salarial, las reformas estructurales en los mercados de productos y servicios financieros, los mercados laborales, o cualquier otro ámbito estratégico pertinente, de conformidad con las directrices sobre el empleo.

En ninguna de las dos directrices se concretan medidas que no sean promover las

condiciones estructurales adecuadas para que los sistemas de negociación salarial y la evaluación de los costes laborales sean coherentes con la estabilidad de los precios, las tendencias de la productividad y la necesidad de reducir los desequilibrios externos, lo




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que provoca que, una vez más, las medidas conviertan a los trabajadores y trabajadoras en los únicos paganos de esta situación de crisis y la única fórmula ‘novedosa’ para abordar los desequilibrios macroeconómicos sea reducir los costes laborales unitarios reales, cuestión con la que en CCOO estamos en absoluto desacuerdo.

Creemos que la ‘Estrategia 2020’ necesita una visión social para conseguir una

Europa con normas de trabajo justas que reduzcan o eliminen las diferencias entre los Estados miembros, promuevan la negociación colectiva y otorguen más seguridad a los trabajadores, al tiempo que apostamos por una política de transición justa de los puestos de trabajo de hoy hacia un empleo más sostenible, para lo que la inversión en la formación y habilidades para el futuro de los trabajadores y las trabajadoras seguirá siendo una tarea importante.

Nos parece imprescindible lograr un plan de relanzamiento vigoroso y una

financiación para las políticas para el empleo orientada a evitar que el desempleo persistente se convierta en estructural, un hecho que será un desafío importante. Para ayudar a los estados miembros a resistir a la triple presión de la especulación financiera, las normas rígidas del Pacto de Estabilidad y el conservadurismo de los bancos centrales, Europa debe organizar y poner a disposición nuevas fuentes de financiación para la recuperación económica.

Compartiendo en líneas generales lo enunciado en la Directriz nº 4, Optimizar el

apoyo a la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D +i), reforzar el «triángulo del conocimiento» y liberar el potencial de la economía digital, desde CCOO no podemos dejar de calificar de poco exigente el objetivo previsto del 3 % del PIB en inversión en I+D+i, uno de los pocos cuantificados, más aún si tenemos en cuenta que dicho objetivo ya se fijaba para el año 2010 en la ‘Estrategia de Lisboa’, lo que supone que la recomendación del Consejo Europeo aplaza diez años un objetivo que se marcó la UE en el año 2000 y que no se ha alcanzado.

Tampoco se hace una referencia específica a las redes transeuropeas de

transporte, ni se analizan las posibles repercusiones del despliegue de redes de nueva generación y del desarrollo del Servicio Universal impulsado en el ‘3º paquete Telecom’, aspectos que en una visión de futuro a diez años deberían ser analizados necesariamente.

Lo mismo ocurre con el debate sobre la propiedad intelectual en el que se

manifiesta la necesidad de implementar una protección efectiva, pero no se establece un debate real sobre su definición ni sobre los mecanismos para garantizar este derecho, así como asegurar la libertad de expresión y la interconexión de ficheros e información.

La Directriz nº 5 -Mejorar la utilización eficiente de los recursos y reducir los gases

de efecto invernadero- aglutina las medidas ya decididas en pasados Consejos Europeos en esta materia y mantiene los mismos objetivos, que solamente se mejorarán “si las condiciones son favorables”.




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Lo más preocupante de esta orientación es que el proceso iniciado en la

Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, que dio lugar al Protocolo de Kioto, puede estar en peligro ya que la Cumbre del Clima de Copenhague, ha sido decepcionante al saldarse con un texto que no resuelve nada porque ni es vinculante, ni se establecen objetivos de reducción de emisiones –lo que diríamos es el fin más evidente- y en el que se ha marginado a la sociedad civil.

Con respecto a la Directriz nº 6, Mejorar el entorno para las empresas y los

consumidores y modernizar la base industrial, desde CCOO entendemos que no sólo es necesario impulsar nuevos sectores sino modernizar los existentes, analizando su potencial de dinamismo en términos de producción, innovación y empleo e identificar cuáles no se ajustan a este patrón. Para alcanzar un nivel de desarrollo económico sostenible hay que establecer una base industrial amplia y fuerte, que sea proceso de una reflexión colectiva sobre el futuro de la industria, y fortalecerla con nuevas ventajas competitivas.

Desde CCOO siempre hemos defendido el Modelo Social Europeo poniendo el

énfasis en un diálogo social que conduzca a acuerdos y que concibe este instrumento como esencial para ayudar a países en dificultades. Poner las personas por encima de los mercados, debe ser un importante principio europeo, para que reformas como la del sistema de pensiones, de actualidad en muchos países de la UE, esté basada en la protección de las rentas y de la seguridad social, que sea fruto del diálogo social y del acuerdo, no resultado de las medidas impuestas por los gobiernos debido al pánico por la presión de los mercados.

Esta directriz también se olvida de dotar de un papel claramente definido a los

servicios públicos y el estado del bienestar, que hasta ahora han sido los que han permitido evitar la depresión económica, y que deben ser uno de los pilares de la UE en el futuro. Han sido sometidos a la privatización y a la desregulación y a pesar de ello han demostrado ser los estabilizadores ‘automáticos’ más sólidos en la crisis.

En esta línea, desde CCOO seguimos insistiendo en la necesidad de que la UE

actúe para poner en marcha el Protocolo de Progreso Social propuesto por la CES cuyos objetivos son conseguir un mejor equilibrio entre el mercado único y los derechos sociales.

Políticas de Empleo En cuanto a las cuatro directrices que abarcan la política en materia de empleo

para la UE hasta 2020, consideramos que la atención de las futuras directrices en materia de empleo debería seguir centrándose en los objetivos establecidos en el marco de la Estrategia de Lisboa, es decir, el pleno empleo, la mejora de la calidad del empleo y de la productividad del trabajo y el refuerzo de la cohesión social y territorial.

Para ello se deben combinar medidas a corto plazo que tengan por finalidad limitar

el impacto social de la actual crisis económica y medidas a largo plazo para crear unas condiciones favorables que faciliten transiciones rápidas de vuelta al trabajo una vez que la actividad económica se recupere.




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En CCOO, nos preocupa la reducción del número de directrices de 8 a 4, no tanto

por la disminución cuantitativa como porque temas de vital importancia para el funcionamiento del mercado de trabajo, como la igualdad de oportunidades, quedan sin abordarse, es decir, dejan de ser prioritarios para la política comunitaria.

En relación al contenido de las directrices de empleo muchos de los temas

relevantes para alcanzar estos objetivos no se abordan o se tratan de una manera simplista, sin dotarles del valor que tienen para alcanzar un mercado de trabajo que favorezca el pleno empleo, la mejora de la calidad del trabajo, la mejora de la productividad y el refuerzo de la cohesión social y territorial.

Además, para CCOO la igualdad de oportunidades y la lucha contra las

discriminaciones deberían seguir siendo un objetivo transversal a toda actuación, al igual que nos parece primordial la integración de la perspectiva de género en las políticas de empleo. Los datos del mercado de trabajo nos indican que, en 2009, las mujeres se vieron en general menos afectadas que los hombres por el desempleo. Sin embargo, persiste un claro desequilibrio entre sexos en relación con los principales indicadores, por lo que debería ser un objetivo prioritario y traducirse en objetivos cuantificados reducir las diferencias existentes entre hombres y mujeres en materia de empleo, desempleo y remuneración.

En esta línea, constituye un papel esencial la provisión de servicios

verdaderamente accesibles y asequibles para el cuidado de los hijos en edad preescolar y del resto de personas dependientes, tanto porque facilita la conciliación de la vida familiar y profesional y favorece la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, como porque es una fuente de empleo importante.

Además, entre los temas que dejan de abordarse en la propuesta de la Comisión

sobre las directrices de empleo desde CCOO destacamos los relativos a la protección de la salud y seguridad en el trabajo y el problema del trabajo no declarado. Creemos que la Comisión debería haber introducido indicadores y criterios de convergencia a fin de evitar el dumping social o socavar la competitividad de otros Estados miembros.

Consideramos que sería necesaria la puesta en marcha de una política de mínimos

para toda la UE que elimine el riesgo de competencia a la baja en materia social por parte de los países, y así evitar la existencia de estrategias competitivas entre países basadas en menores costes salariales y de protección social que favorecen la deslocalización y el dumping social y se opone a mejoras en la protección social.

Debería garantizarse que la promoción de las ‘libertades de mercado’ no supongan

un menoscabo de los derechos fundamentales de los trabajadores y de los convenios colectivos, es decir, confirmar los objetivos sociales de mercado interior y garantizar la igualdad de trato y la de salarios para los trabajadores migrantes ‘desplazados’.

La interpretación dada sobre la flexiguridad es bastante restrictiva e interesada ya

que los principios comunes de este término aprobados por el Consejo Europeo en 2007 consideran más elementos de los que se citan en la Comunicación. Además de las disposiciones contractuales flexibles, las políticas activas de mercado de trabajo, las de




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aprendizaje permanente y los sistemas adecuados de seguridad social, se incluyen entre otros la flexibilidad interna, la igualdad de género, el papel clave de los interlocutores sociales y la necesidad de contar con los suficientes recursos económicos.

En cualquier caso, desde CCOO señalamos nuestra oposición a la flexiguridad

entendida como reforma a la baja del derecho laboral e insistimos en definirla como la suma entre la flexibilidad interna negociada y la seguridad en el puesto de trabajo y en los procesos de transición entre empleos, con un tratamiento integrado de todos los elementos a través del diálogo social: contratos laborales, flexibilidad interna, igualdad y no discriminación, formación; inspección de trabajo y seguridad social, servicios públicos de empleo y políticas activas y protección por desempleo.

En relación con el papel que han de jugar los servicios públicos de empleo, si bien

compartimos que hay que reforzarlos y abrirlos a todos, consideramos bastante limitado que sólo se garantice servicios personalizados a las personas más alejadas del mercado de trabajo, ya que muchas de ellas requerirán la coordinación de los servicios sociales y de empleo para superar los obstáculos que les impide la participación plena y duradera en el mercado de trabajo.

En la situación en la que nos encontramos y siendo coherentes con el resto de

directrices, los servicios públicos de empleo deberían garantizar un trato personalizado que incluya la definición de itinerarios profesionales para personas con nivel educativo bajo, de cualificación baja, parados de larga duración, etc.

Consideramos que se deberían mantener, más que nunca, los objetivos

cuantificados establecidos en el marco de la Estrategia de Lisboa relativos a la participación en políticas activas de los jóvenes, adultos y desempleados de larga duración.

La Comisión cita como objetivo promover la calidad del empleo, sin embargo a lo

largo del texto no se refleja, por lo que desde CCOO nos planteamos si deberíamos entender que con poseer la cualificación que requiere el mercado de trabajo el empleo al que accedamos será de calidad.

La experiencia nos dice que no, y entre los jóvenes podemos encontrar lo que

denominamos ‘sobrecualificación’, trabajadores con gran nivel de formación que ocupan puestos que requieren muy poca cualificación.

La posición de Comisiones Obreras con respecto a las becas dirigidas a personas

tituladas es clara: Este tipo de relaciones no laborales encubiertas suponen una de las mayores fuentes de empleo precario, con bajísimas condiciones laborales y sin derechos.

El llamamiento de la Comisión Europea a que los estados miembro “establezcan”

herramientas para ello, supone el riesgo de dar amparo a estas prácticas - hoy día ilegales y nuestro país perseguidas por la Inspección de Trabajo - y regularizar la precariedad en una de sus modalidades más condenables.




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La calidad del empleo viene determinada por un conjunto de factores entre los que

se encuentra el salario y las prestaciones, las condiciones laborales, la seguridad del empleo, el acceso al aprendizaje permanente y las perspectivas de carrera, por lo que en CCOO creemos que si realmente queremos promover la calidad en el trabajo, deberíamos introducir en las directrices de empleo los ‘Indicadores de Laeken’ para evaluar la creación de empleo de calidad.

En cuanto a “Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza” fijando una

reducción de un 25% en el número de ciudadanos europeos que viven por debajo de los umbrales nacionales de pobreza, nos parece insuficiente ya que las desigualdades han aumentado y la pobreza y la exclusión social sigue siendo un grave problema en la mayoría de los Estados miembros de la UE donde alrededor de un 8% de las personas con empleo viven por debajo del umbral de la pobreza.

Para CCOO la igualdad y la no discriminación son condiciones previas y de capital

importancia para el desarrollo de una estrategia por la inclusión social que debería basarse en un apoyo adecuado al nivel de vida y a la renta, que pase por el pleno empleo, empleos de alta calidad, prestaciones sólidas en caso de desempleo o incapacidad; así como por el acceso a unos servicios sanitarios, educativos, sociales y de empleo de alta calidad.

Con relación a los objetivos en materia de empleo, han desaparecido casi todos los

vigentes en la ‘Estrategia de Lisboa’, mientras el método abierto de coordinación sigue siendo el sistema de gobernanza en la aplicación de las futuras directrices.

Si a ello sumamos los resultados obtenidos en los últimos diez años de aplicación

de la Estrategia de Lisboa, nos tememos que los incentivos para conseguir el compromiso nacional son insuficientes, ya que sin unos objetivos cuantitativos difícilmente se podrá llevar a cabo el seguimiento, evaluación y recomendaciones correspondientes sobre la aplicación, avances y déficit.

Por todo ello, desde CCOO defendemos conservar los objetivos cuantificados

adoptados en el marco de la ‘Estrategia de Lisboa’ y, en su caso revisarlos al alza, y consideramos que se deberían definir nuevos objetivos sobre todo en aquellos ámbitos donde no se hayan registrado los resultados deseados, como los destinados a lograr la igualdad entre sexos, la lucha contra condiciones de trabajo con insuficiente protección social, así como la prevención de la exclusión social con sólidas prestaciones en caso de desempleo o incapacidad laboral y para el acceso a los servicios públicos.

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