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Encuentro nacional de debate y reflexión.

La década de gobiernos pos neoliberales en América Latina.

Balance y aportes para la construcción de una nueva etapa de gobiernos nacionales y populares.

A.- Introducción

El presente Documento ha surgido del encuentro partidario de debate y reflexión sobre la década de gobiernos pos neoliberales en América Latina, realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 17 de Diciembre de 2016.- Se trata de un balance y aportes para la construcción de una nueva etapa de gobiernos nacionales y populares.

Constituye nuestro aporte al debate de las fuerzas políticas y sociales que apoyan los procesos políticos que se están desarrollando en nuestra región a partir del triunfo de Hugo Chávez en Venezuela, en 1998.

Como “gris es la teoría y verde el árbol de la vida”, es importante tener en cuenta que todos los planteamientos que se deben realizar en el plano teórico, tendrán luego que resistir la contrastación en el plano de la realidad. Es decir que todas las medidas que se plantean como necesarias dependerán de los balances de poder o correlación de fuerzas que en cada etapa se sucedan. Entendiendo además, que los balances de poder no están dados estáticamente, sino que la acumulación de fuerzas del campo del pueblo es siempre un proceso en construcción que también depende del grado de convicción y voluntad militantes.

Comenzamos el documento con un análisis del contexto internacional y los procesos de integración regional teniendo en cuenta el parteaguas que significó la crisis financiera mundial que se inició en 2008. En ese marco se destacan en nuestra región, los procesos de integración regional y el nacimiento de una nueva multipolaridad a escala mundial.

Continuamos luego con el análisis de las políticas públicas económicas, sociales, culturales y de derechos humanos desarrolladas por los gobiernos kirchneristas, caracterizadas por su gran despliegue a lo largo de los doce años, su consecuencia con el rumbo nacional y popular elegido y la convicción en su sostenimiento aún en las peores circunstancias.

Finalmente en el análisis del sistema de representación, observamos el modelo implícito seguido desde el año 2003 y nuestra propuesta, de cara a la necesidad de un nuevo proceso de acumulación política que nos permita arribar nuevamente al gobierno y terminar este proceso de restauración neoliberal en curso, iniciado el 10 de diciembre de 2015.

1.- Contexto mundial e integración regional.

La reestructuración neoliberal a escala planetaria iniciada a mediados de los `70 del siglo pasado, con la instalación de sanguinarias dictaduras militares en nuestra región impulsando el retiro del Estado de la actividad económica y el desarrollo del modelo de hegemonía financiera, tuvo terribles consecuencias para nuestra América.

Las sucesivas crisis: México en 1994, Rusia en 1997, Brasil en 1998, Sudeste Asiático 1998 y Argentina en 2001, fueron el corolario de la aplicación de ese modelo económico en la periferia del sistema capitalista y trajeron como consecuencias un grado inaudito de concentración y extranjerización de la economía y un proceso de endeudamiento insostenibles de los principales países de la región.

El impacto de las políticas económicas neoliberales no se hizo esperar. De este modo, desocupación, hambre, exclusión social, inseguridad creciente, degradación de prestaciones sanitarias, sociales y educativas acentuaron el rasgo distintivo de nuestra región que siendo una de las más ricas del planeta se caracterizaba por su creciente desigualdad.

A fines de la década de 1990, fuerzas políticas de izquierda, progresistas y nacionales y populares ocupan, de manera estable y prolongada, espacios en los poderes e instituciones del Estado, incluido el ejercicio del Poder Ejecutivo en muchos países de América Latina.

En los países donde antiguos movimientos insurgentes lograron sostener o arribar al poder por la vía electoral, como Nicaragua y El Salvador, y en aquéllos donde la institucionalidad neoliberal colapsó, como Venezuela, Bolivia y Ecuador, al acceder al gobierno las fuerzas populares implementaron verdaderas revoluciones institucionales que se plasmaron en la elaboración de nuevas Constituciones. Se realizaron además, profundos cambios en la apropiación, uso y distribución de la renta originada en el petróleo, el gas y la minería.

En el Cono Sur, en Brasil, Argentina y Uruguay, coaliciones políticas que abarcan un amplio espectro de fuerzas progresistas, nacionales y populares y de izquierda, por lo general en alianza con fuerzas tradicionales, accedieron al gobierno. Esos gobiernos, sosteniendo las formas de institucionalidad neoliberales, las integraron con nuevos patrones productivos y distributivos para enfrentar la crisis.

En nuestro país se arriba al gobierno luego del colapso económico y social del 2001, caracterizado por el default de la deuda, apropiación de depósitos bancarios, 54 % de la población bajo el nivel de pobreza, desocupación del 25 %, represión social con decenas de muertos y creciente exclusión social, razón por la cual las medidas

desarrolladas para sostener el gobierno fueron de una profundización que excedió las lógicas desarrolladas en el resto del conosur.

Si bien desde los `70 del siglo pasado, con la entronización del neoliberalismo a escala planetaria década tras década el producto bruto mundial decrecía, un grupo de países con gobiernos de variada extracción ideológica, entre los que podemos mencionar a China, India, Corea del Sur, los países Nórdicos de Europa entre otros, no siguieron el recetario neoliberal y sostuvieron una amplia participación del Estado en la economía. Como consecuencia de ello, fueron los que más crecieron y en el caso de los asiáticos se transformaron en mayores consumidores de materias primas de nuestra región y productores industriales a menor precio que en décadas anteriores, produciendo una sustancial mejora en nuestros términos de intercambio.

En este contexto de ciclo económico y político homogéneamente en alza es que estos nuevos proyectos populares, caracterizados por desarrollar una nueva cultura emancipatoria e integracionista, acceden al gobierno en los principales países de la región.

Este contexto político y económico favorable comienza a revertirse a partir de la crisis mundial de 2008.

Crisis financiera iniciada en EEUU que se transforma en una crisis que impacta al conjunto del sistema financiero en primer lugar y luego se extiende al comercio y a la producción internacional.

Sus consecuencias sobre la economía mundial se expresan en el sistema financiero a través de la disminución en el centro y el incremento de las tasas de interés en la periferia y las dificultades en el acceso al financiamiento. En la economía real van a producir disminución del crecimiento, incremento del desempleo, contracción de la demanda agregada y disminución de los precios de los Commodities.

En nuestro país el impacto de la crisis internacional va a producir:

“Fuerte caída de la demanda mundial de los principales socios comerciales de Argentina.

La recesión brasileña produjo una reducción de sus importaciones desde 2014. Se trata de nuestro principal socio comercial ya que el 17,8% de las exportaciones argentinas y el 39,8% de las vinculadas a las manufacturas de origen industrial van a Brasil.

En 2014 las compras externas de Brasil cayeron el 4,6 % interanual y el 25,2 % en 2015.

En 2015 descendieron las importaciones del mundo: -12,6 %. Las de China y la Unión Europea casi el 15 % interanual, ambos representan en las exportaciones argentinas el 9,5 % y el 14,5 % respectivamente.

Entre 2012 y 2015 los términos de intercambio para Argentina se redujeron en un 12,9 %” (1).

Estos son los dos contextos mundiales que van a enmarcar las dos etapas de gobiernos populares en la región y el intento de restauración neoliberal en curso que se desarrolla en estos días.

En relación a la crisis que aún continúa profundizándose cabe preguntarse si se trata de una crisis financiera que impacta sobre la producción y el comercio internacional o de una crisis estructural que abarca sistémicamente al conjunto de relaciones de producción e intercambio que caracterizaron a la fase del capitalismo de hegemonía financiera conocida como globalización neoliberal.

“El hecho de que el total de activos financieros que se transan a nivel mundial supere en más de doce veces el total del producto global indica que algo anda mal en el funcionamiento del capitalismo” (2). Las transacciones financieras ya no se destinan principalmente a la cobertura de operaciones directamente exigidas por la producción y el comercio nacional e internacional. El centro de gravedad de la decisión económica ha sido transferido de la producción de bienes y servicios en los sectores productivos hacia la distribución de provechos ocasionados por los productos derivados de las inversiones financieras.

Cuando se observa el crecimiento de las tasas de beneficio de las sociedades financieras y no financieras de Estados Unidos entre 1980 y 2006, se observa que las primeras no han parado de crecer mientras las segundas permanecen estancadas.

Queda cada vez más claramente expuesto que se trata de una crisis estructural entendida como el surgimiento de obstáculos a los procesos de valorización y acumulación capitalista, obstáculos que no pueden superarse con el simple resorte del movimiento cíclico usual. Así, la restauración de la dinámica de los procesos de valorización y acumulación capitalistas, obliga a modificar algunos de los parámetros claves del sistema para intentar salir de la crisis. Luego de la primera crisis capitalista global (1874-1894) y la segunda (1930), más las dos guerras mundiales, el capitalismo dominante modificó sus parámetros básicos de funcionamiento impulsando nuevas décadas de crecimiento sostenido (Keynesianismo, estado de bienestar, etc.). Es lo que el capitalismo dominante no ha podido o querido desarrollar en esta etapa, razón por la cual la crisis continúa profundizándose.

En este contexto es que en el sur del planeta, los denominados países emergentes, impulsaron nuevos desarrollos geopolíticos: Alianza China –Rusia, creación de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), ampliación del MERCOSUR, creación de la UNASUR y la CELAC.

En este contexto, una cuestión central para nuestro país, como es la reivindicación soberana sobre las islas Malvinas, encuentra en los procesos de integración y asociación regional y global un apoyo extendido de los países de la Patria Grande, China, Rusia y de otros países que apoyan decididamente nuestro reclamo.

Esta política confronta con la que, en sentido contrario desarrolla la OTAN que apoya la militarización del Atlántico Sur, colaborando para sostener el enclave militar en

Malvinas. Ya no es sólo Gran Bretaña que lo hace sino la OTAN y lo hace por las reservas minerales, marítimas y el petróleo. En definitiva se trata de la disputa mundial por las rentas marítimas.

También, la necesaria recuperación de la Marina Mercante, de construcciones navieras, de reserva de cargas y de administración portuaria, debe partir de modificar la construcción subjetiva que tenemos sobre nuestro territorio ya que tiende a visualizar los espacios terrestres pero no incluye nuestros extensos espacios marítimos.

La respuesta del capitalismo dominante a la emergencia de esta nueva multipolaridad se caracterizó por la destrucción de países petroleros en Medio Oriente (Irak, Siria y Libia), una constante agresión a Venezuela, el desarrollo del petróleo y gas no convencional en EEUU, políticas dirigidas a la baja de precios del petróleo y el resto de los commodities ya impactados por la caída de la producción y el intercambio mundial y las políticas de austeridad en Europa.

En nuestra región, además de los logros de la integración regional de los gobiernos progresistas ya mencionados: ampliación del MERCOSUR, creación de la UNASUR y la CELAC, es importante destacar en el plano político la intervención de estas nuevas instituciones que dieron lugar a la intervención exitosa para evitar los “golpes blandos” en Ecuador y Bolivia, la intervención para evitar conflictos entre Venezuela y Colombia, y entre Colombia y Ecuador. En la primera etapa hay que resaltar las políticas comunes en el tratamiento de la deuda con el FMI, que en nuestro país logró que nos desembarazáramos de las políticas de ajuste que imponía este organismo.

Porque queremos volver mejores, es necesario que en el examen colectivo que las fuerzas populares de la región están desarrollando, poner de relieve que también tuvimos limitaciones que no lograron impedir otros golpes blandos: en Honduras no pudo reponer en el cargo al Presidente Manuel Zelaya, en Paraguay no pudo impedir el ilegal derrocamiento del presidente Fernando Lugo. Dilma seguramente no podría haber sido depuesta si en Argentina y Paraguay continuaran gobiernos populares.

La integración en el plano económico es la que merece mayores críticas ya que entendemos que en nuestro país no hay proyecto de liberación que pueda desarrollarse fuera del marco regional. Así, tanto en Mercosur como en Unasur no se desarrollaron instituciones económicas como el Banco del Sur, la generalización del intercambio con divisas propias, planes de infraestructura común, instituciones equilibradoras de asimetrías, etc. Cabe agregar como un déficit de la etapa, las asimetrías en el desarrollo de políticas macroeconómicas entre Brasil y Argentina. La falta de cambios estructurales en las instituciones económicas de la región terminó debilitando los procesos políticos de los países que la integran.

En el plano comunicacional -habiéndose transformado los medios de comunicación hegemónicos en uno de los instrumentos principales de dominación política a partir de su integración como referencia principal del bloque oligárquico imperialista - la falta de una política común de medios de carácter nacional y regional también implicó un déficit extraordinario en la batalla de ideas.

Párrafo aparte merece el reconocimiento a la República Bolivariana de Venezuela con la constitución de Telesur, ya que en éste como en otros temas su coherencia y decisión solidaria fue trascendental a la hora de impulsar los procesos de integración regional. Por eso hoy es también la más atacada por las políticas imperiales provocando una crisis institucional en el Mercosur a partir de las acciones de los gobiernos de derecha reinstalados en Paraguay, Brasil y Argentina.

2.-Políticas públicas nacionales 2003-2015: 2.1.- Económicas.

A partir del análisis del contexto internacional desarrollado en el capítulo anterior, podemos dividir en dos etapas los doce años de gobiernos kirchneristas a partir de la bisagra que genera la crisis internacional que comienza en el 2008 y que hoy continúa desarrollándose. Así, plantearemos nuestro análisis de contextos nacionales e internacionales, medidas económicas principales y sus resultados que los caracterizaron en dos etapas: desde el 2003 hasta finales de 2007 y desde 2008 hasta finales del 2015.

Contexto Internacional y nacional (2003 – 2007):

Se registró un comportamiento macroeconómico excepcionalmente positivo, con tasas de crecimiento históricamente altas y niveles de inflación notablemente bajos, sustentado en el dinamismo de las economías emergentes que, principalmente apuntaladas por China e India, lograron tasas de crecimiento significativamente más elevadas que las que solían registrarse en el pasado.

Esto trajo aparejado un importante crecimiento de la demanda de commodities, especialmente agropecuarios y alimenticios, lo cual impactó subiendo sus precios. Este boom en los precios de los commodities provocó una mejora récord en los términos de intercambio de todas las economías emergentes.

El impacto sobre la economía argentina se dio mayormente a través del canal real (comercio internacional) y no del canal financiero (estábamos en default y sin acceso al crédito externo).

Altos precios internacionales de commodities generan un volumen importante de entrada neta de dólares.

La obligación de liquidar exportaciones en el BCRA, le permite intervenir en el mercado cambiario emitiendo dinero para comprar el exceso de oferta de dólares, lo cual inyecta liquidez e incentiva el consumo, la demanda agregada y el nivel de actividad.

Círculo virtuoso entre precios internacionales, entrada neta de dólares, inyección de liquidez, expansión del consumo y nivel de actividad, permitiendo que nuestra economía creciera a tasas excepcionales sin tener acceso al crédito. Permitió además, obtener más recursos fiscales por el tipo de cambio elevado y la aplicación de retenciones.

En síntesis, el contexto internacional explica la mitad del crecimiento y el contexto nacional con políticas expansivas e industrialistas, mercado internista y de

redistribución del ingreso, explican la otra mitad. El período 2003 / 2007 fue muy favorable para la economía argentina, contribuyendo en gran medida a que se pudieran registrar altas tasas de crecimiento del producto, disminución de las tasas de desempleo y pobreza.

Contexto Internacional y nacional (2008 – 2015):

Con la crisis de 2008/2009 se desplomaron los precios, el comercio mundial colapsó, hubo una estampida hacia el dólar y el oro como refugios, y la economía mundial estuvo cerca de entrar en depresión.

Para mediados de 2009, el PBI mundial se había estabilizado y empezó a repuntar, aunque a un ritmo menor que la etapa de pre-crisis. Europa quedó entrampada, pero EE.UU., China, las economías asiáticas y latinoamericanas e incluso África volvieron a crecer.

El panorama volvió a cambiar radicalmente en la segunda mitad de 2014 con el colapso del precio del petróleo y de las materias primas en general y la subsecuente apreciación del dólar.

El repunte del dólar combinado con las devaluaciones de los países vecinos vuelve a nuestra economía menos competitiva, profundizando una tendencia iniciada entre 2010 y 2011.

Hubo una fuerte caída de la demanda mundial de los principales socios comerciales de Argentina, como ya se señaló, en especial de Brasil y el deterioro de los precios de nuestras principales exportaciones produjo una reducción de nuestros términos de intercambio en un 12,9%.

En esta etapa adversa es que se inicia un constate aumento del gasto público, desarrollando políticas anti cíclicas, para sostener la demanda y el empleo.

En ambos contextos es necesario resaltar los datos ampliamente positivos de las dos etapas económicas kirchneristas:

Período 2003 -2007:

Más de 5 años de crecimiento sostenido a un promedio superior al 8% anual; el período más largo de crecimiento de los últimos 100 años.

Equilibrio macroeconómico en el área fiscal y externa: Superávit gemelos inéditos: superávit primario de 3% del PIB en promedio y un saldo positivo en la cuenta corriente de la balanza de pagos, que promedió un 4,8% del producto.

El superávit fiscal se mantuvo a lo largo de 5 años en torno al 3,2% del PBI.

Tipo de cambio real competitivo y estable que favoreció la producción y el empleo.

Reservas internacionales: pasaron de U$S 14.000 millones en el 2003 a U$S más de U$S 50.000 millones en el 2007 y se mantuvieron por encima de los U$S 45.000 millones

Se duplicaron las exportaciones y se diversificó su composición. En el 2007 superaron los U$S 55.000 millones.

La recaudación alcanzó máximos históricos hasta ese momento.

Más inversión. Mientras que en plena crisis la tasa de inversión era del 11%, en el 2007 superó el 23% del PBI. La inversión pública creció a tasas anuales superiores al 50% y el 2008 batió récords en materia de porcentaje de PBI en inversión pública.

Desendeudamiento. La Argentina salió del default reestructurando su deuda por más de U$S67.000 millones y canceló la deuda con el FMI. La deuda externa que en el 2003 representaba el 130% del PBI en 2007 era inferior al 50% del PBI.

Período 2008 -2015:

Ante el impacto de la crisis internacional, la política económica que se sigue es expansionista (anti cíclica).

El PIB per cápita para 2011 medido en paridad de poder adquisitivo (U$ 17.376 anuales), es el más alto de América Latina.

Se registra un aumento de la Inversión Bruta Interna Fija: en 2009 representó el 20,6% del PBI. Creció fuertemente en 2010 y 2011. Hacia el 2012 alcanzó el nivel récord del 24.1% del PBI, finalizando el año en 25.1% del PBI. El nivel promedio de inversión, que entre 1993 y 2001 fue del 19% del PBI, escaló a una media del 22,5 % entre 2006 y 2011, con un pico del 24,5% en 2011.

Se registra un aumento sostenido en el gasto público con fines redistributivos.

La política cambiaria consistente en mantener un dólar alto comienza a declinar para limitar el proceso inflacionario.

La presión tributaria por encima de la media de Latinoamérica.

Desde 2009 comenzó a erosionar el superávit de la balanza comercial que durante esa década se había convertido en la principal fuente de provisión de divisas para la economía.

La desocupación, la pobreza y la indigencia exhiben una notable disminución entre 2003 y 2007 que prosiguió entre 2008 y 2013 aunque a un ritmo menor.

La distribución del ingreso indica que existió una recuperación de la participación de los trabajadores hasta 2009, cuando arribó al 40,4%; a partir de ese momento se estancó en torno del 39/40% del ingreso nacional.

Esta creciente inflación fue posible debido al inédito nivel de concentración económica y extranjerización de la economía. Así, la acción de los sectores oligopólicos logra detener el proceso distributivo iniciado en 2003.

Estos logros en ambas etapas de gobierno se obtuvieron a partir de fuertes medidas de intervención en la economía y en la alteración de los patrones distributivos vigentes hasta el 2001. En este sentido podemos destacar las principales medidas de las dos etapas económicas:

Período 2003 -2007:

Desendeudamiento: Durante el año 2005, se realizó el canje de la deuda.

Cancelar por anticipado, y en un solo pago, la totalidad de la deuda con el FMI.

Política salarial: en 2003 fue volver a reunir al Consejo Nacional del Salario Mínimo, Vital y Móvil después de 14 años. El Mínimo se actualizó de $200 a $500. Comenzaron las Convenciones Colectivas de Trabajo y empezaron a firmarse convenios a la suba.

El 31 de diciembre 2003 se proclama un aumento de las jubilaciones. Cuando Néstor Kirchner asumió la Presidencia, la jubilación mínima era de 150 pesos (53 dólares) y cuando la finalizó, era de 596 pesos (190 dólares), lo que implicó un incremento de 298% (259% en dólares).

Los derechos de exportación de granos se elevaron hasta llegar a un 35% en soja, un 32% para el girasol, 25% para el trigo y 27% para el maíz.

Destacado aumento de la inversión pública. En 2003 la inversión pública representaba sólo el 1,2% del PBI, porcentaje que para 2007 ya alcanzaba el 3,4%.

Rechazo de los tratados de libre comercio: Rechazo al ALCA (Alianza para el Libre Comercio de las Américas), en la Cumbre de las Américas de Mar del Plata del año 2005.

Se aprueba el Plan Espacial Nacional declarando a la actividad espacial como “política de Estado y de prioridad nacional”.

El 4 de agosto de 2006 Néstor Kirchner firma el Decreto para poner en marcha el Programa de Modernización Tecnológica III para financiar la innovación científica y tecnológica en el país.

Re estatización y creación de empresas: Correo Argentino, recuperación de la empresa de los servicios de agua potable y cloacas (Aysa), Arsat, la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales, Tales Spectrum y Enarsa.

Período 2008 -2015:

Creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

Ley de Movilidad Jubilatoria que garantiza dos actualizaciones por año.

Asignación Universal por Hijo (AUH), seguro social que fue complementado con el lanzamiento de la Asignación Universal por Embarazo para protección social (AUE), que se otorga a las futuras madres que se encuentren en las 12 o más semanas de gestación.

Estatización del sistema de jubilaciones y pensiones, que posibilitó que los 90.000 millones de pesos de los trabajadores, administrados por aseguradoras privadas que cobraban comisiones del 33%, pasen a manos del Estado.

Re estatización de empresas públicas como Talleres Navales Tandanor (2007), Aerolíneas Argentinas (2008), Fábrica Militar de Aviones de Córdoba (2009) y la nacionalización del 51% de las acciones de la petrolera YPF y de parte de los servicios ferroviarios.

Batalla legal con los fondos buitre. Las cumbres regionales respaldaron la postura de Argentina, consolidando un reclamo por la creación de un marco jurídico internacional para las reestructuraciones de deuda soberana que llegó al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) que ratificó esa necesidad a través de una resolución aprobada por mayoría en la Asamblea General del organismo que destacó la necesidad de generar un "multilateralismo real en un mundo más justo".

Incremento en los niveles salariales.

Aumento de presión tributaria.

Fuertes subsidios a la energía eléctrica, gas y agua corriente a efectos de aumentar el ingreso disponible del conjunto social.

Finalización de las obras de la Central Nuclear de Atucha y la Represa de Yacyretá.

Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República.

Plan Procrear, impulsando las soluciones habitacionales.

Restricción externa:

A pesar de los esfuerzos realizados para paliar los efectos de la crisis internacional y la de nuestro principal socio comercial, no se pudo evitar la reaparición de la denominada “Restricción Externa”. Allí, comienzan los límites a la capacidad del gobierno de seguir profundizando su política económica.

La restricción externa se caracteriza por la imposibilidad de lograr un crecimiento consistente en la economía, por la dificultad para la obtención de divisas.

Se asienta en causas estructurales como la existencia de una estructura productiva desequilibrada es decir, la existencia de dos o más sectores con niveles de productividad marcadamente diferentes dentro de una misma economía.

Esta diferencia le impide al sector de menor productividad (industria) competir en el plano internacional a partir de una limitación crónica de divisas para abastecerse ya que demanda crecientemente insumos, bienes de capital y tecnología importados, en especial, en un ciclo de crecimiento económico. Esta vulnerabilidad aumenta por la debilidad o inexistencia de políticas de sustitución eficiente de las importaciones que integran ese entramado productivo.

También se produce por el impacto de causas coyunturales, esto es cuando la insuficiencia de divisas se produce por un cambio negativo transitorio en los términos de intercambio a nivel mundial, por la salida y la fuga de capitales y por el agotamiento (temporal o definitivo) de un recurso que tenía un intercambio internacional positivo (ej.: petróleo y gas).

La restricción externa no es nueva en nuestro país; ya en las décadas de los 50/60 del siglo pasado su reaparición cíclica era frecuente y se la conoció como de modelo “stop and go”.

En esa época la restricción externa se producía en momentos de crecimiento económico, ante el estancamiento o leve avance de las exportaciones, el aumento del

Producto requería importaciones crecientes para el desarrollo industrial, provocando déficit de la balanza comercial y por lo tanto restricciones en las divisas disponibles.

Se corregía mediante una fuerte devaluación, que derivaba en una caída del poder adquisitivo de los salarios y la consiguiente baja del nivel de actividad que lograban el ajuste del balance de pagos mediante la reducción de las importaciones.

En un marco de una tasa de desempleo baja y de sindicatos con elevada capacidad de negociación, los trabajadores recuperaban sus ingresos reales y recomenzaba un nuevo período de expansión de la economía.

Desde mediados de los `70 y hasta fines de los `90 esta dinámica se hizo más compleja al incorporar el flujo de capitales internacionales. En esos años, y especialmente en los ’90, el déficit comercial y de cuenta corriente se financió con deuda principalmente externa y por lo tanto en divisas.

Entonces el esfuerzo era mayor, puesto que se necesitaban más divisas para hacer frente a los vencimientos abultados de deuda, además de las demandadas para el pago de importaciones, en un proceso de apertura comercial.

Esta fase de la restricción externa acentuó la inestabilidad macroeconómica, provocando crisis de mayor magnitud culminando en la crisis del 2001.

Las causas de la reaparición de la restricción externa en el gobierno de Cristina se desarrollaron en distintos sectores de la economía y de allí su complejidad para poder superarla:

En el sector financiero y Comercio Internacional, la aceleración de la fuga de capitales y la profunda extranjerización de la economía en la década del `90 que genera aumentos en los pagos netos realizados por “utilidades y dividendos”.

La crisis mundial y de nuestro principal socio comercial reduce el superávit comercial. Entre 2012 y 2015 se produce un deterioro de nuestros términos de intercambio de un 12,9 %.

En el sector energético, la estrategia empresarial vinculada a la sobreexplotación de los yacimientos y subinversión en exploración, el crecimiento de la capacidad instalada para generar electricidad sobre la base de combustibles fósiles y el aumento del consumo energético, generó un aumento de las importaciones del sector produciendo un déficit sectorial en 2012 de 2.568 millones de dólares y de 6.407 millones en 2013. La re estatización de YPF llegó tarde y la estrategia de incorporar un socio argentino a Repsol se demostró equivocada.

En el sector automotriz, la fuerte expansión de la armaduría automotriz sin aumento de la producción doméstica de las autopartes y neumáticos, derivó en un notable incremento de las importaciones de estos bienes, con el consecuente deterioro sectorial del comercio exterior.

En el sector tecnológico y de bienes de capital, la demanda de divisas del enclave importador de Tierra del Fuego ascendió a más de 4 mil millones de dólares en 2012/2013. El sector de bienes de capital registró un déficit de 6.850 millones en 2012 y de 7.458 millones de dólares en 2013.

Finalmente, un sector siempre invisibilizado y que se ha transformado en un creciente impulsor del déficit en divisas es el vinculado al mercado interno y externo de fletes, construcción de buques y administración de puertos. En este sentido el desarrollo de una política integral destinada a promover la reserva de cargas para los transportistas de nuestro país, como es política general en los principales países de mundo, la creación de un fondo específico para el desarrollo de la industria naval nacional y la transformación de la política de puertos heredada del noventismo neoliberal son hitos que brillan por su ausencia.

Así como en el capítulo anterior desarrollamos los déficits de las políticas de integración regional, en este capítulo mencionaremos algunas políticas que creemos que hubieran ayudado a consolidar el modelo nacional y popular:

Despliegue de una política nacional de estadísticas consistente y reconocida por toda la comunidad.

La intervención del estado en asociación con productores pequeños y medianos para intervenir en los procesos de comercialización interna y del comercio exterior.

La Ley de retenciones móviles en el marco de una profunda reforma tributaria.

Ley de promoción para la creación de patentes nacionales.

La reforma de la Ley de Entidades Financieras de la dictadura cívico militar para poner la actividad financiera al servicio de la producción y el consumo.

La intensificación de la sustitución de importaciones y la búsqueda de fuentes de divisas en sectores privilegiados (petroleras y mineras).

La profundización de la exportación de productos industriales.

La re estatización de las empresas energéticas en las áreas de generación, transporte y distribución reguladas por el Estado nacional.

Una política integral y sostenida para el desarrollo de la economía social y popular.

Creación de un banco de tierras con integración de las provincias que permita neutralizar la especulación inmobiliaria y el desarrollo de una política integral para la vivienda.

En definitiva, estamos convencidos que nos faltó disminuir más el elevado grado de extranjerización de la economía, incentivando el traspaso de activos al Estado, al movimiento cooperativo y a empresarios locales. Para esto también era necesario una revisión de la normativa liberal implementada en los noventa que regula las inversiones extranjeras.

La apuesta por la denominada “burguesía nacional” se demostró que por lo menos es insuficiente y será cada vez más necesario tener en claro que sólo con la reinstalación del Estado en su rol de empresario, se podrá generar una sustitución competitiva de importaciones, constituyéndose en el principal motor del desarrollo integrado de nuestra estructura económica.

2.2.- Políticas Sociales.

Políticas sociales

Las políticas sociales se definen e instrumentan conforme al paradigma político en las que se enmarcan. Así, en el paradigma neoliberal donde la premisa es la lógica del “derrame”: “primero crecer, luego distribuir”, se reconoce el costo social que esto implica de modo que la política social oficie de “correctora” frente a las limitaciones estructurales del modelo. El economista austríaco Friedrich Von Hayek, padre fundador de la doctrina neoliberal, al respecto dice:

“El Estado debe proveer un cuerpo general de leyes que lleve al mejor funcionamiento del mercado. Esto implica mejorar gradualmente las reglas del derecho privado y comercial. Luego está la función de proveer, por fuera del mercado, un conjunto de bienes y servicios para algunas personas que no tienen la capacidad de ganar un nivel mínimo de salario en el mercado de trabajo. Pero esto no debe hacerse interfiriendo en el mercado. Las personas que no puedan lograr un nivel de ingreso que les permita cubrir sus necesidades más elementales deben recibir una compensación uniforme del Estado” (3).

“Una sociedad libre requiere de ciertas morales que en última instancia se reducen a la manutención de vidas: no a la manutención de todas las vidas porque podría ser necesario sacrificar vidas individuales para preservar un número mayor de otras vidas. Por lo tanto las únicas reglas morales son…la propiedad y el contrato” (4).

Estas dos afirmaciones resumen la “doctrina social” del neoliberalismo. En este sentido, el objetivo de las políticas sociales se limita a compensar las situaciones más graves que generan la crisis de integración social del sistema económico que, librado a la lógica del mercado, se torna crecientemente excluyente.

A partir de entender la política y el Estado como palancas del cambio político, nuevos gobiernos en América Latina se agruparon en un “consenso post-Consenso de Washington” basado en el rechazo al núcleo duro del neoliberalismo. Este nuevo paradigma pos neoliberal construye un tipo de modelo de desarrollo que aspira a lograr crecimiento económico y redistribución social a favor de los más desfavorecidos y una matriz de inclusión socio-política que combina diversos formatos democráticos.

En este sentido, se coloca al Estado en el centro neurálgico del ordenamiento social y se intenta dotarlo de las funciones que por definición cumple: regulación, representación y conducción política. En este marco, el objetivo de las políticas sociales es lograr igualdad de derechos, otorgando beneficios a todos los ciudadanos según sus necesidades y recuperando contribuciones de cada uno en función de su riqueza o ingreso.

La cuestión social se originó en la Europa del siglo XIX como “moralización de la economía”, es decir, como medio estatal de intervención en la economía regulando las formas de asistencia y protección del trabajador contratado por esto estuvo ligado al mundo del derecho del trabajo y de las relaciones laborales. Surge el llamado ‘problema obrero’, centrado en la dialéctica capital-trabajo radicado en el mundo industrial. El Estado se plantea como la primera mediación político-social en el antagonismo de clase patrones-obreros.

Más tarde, durante la II Guerra Mundial, nacen en Inglaterra nuevas políticas sociales como realización de un Estado social capaz de cuidar al ciudadano desde la “cuna a la tumba”.

Se consolida el paradigma de la política social anglosajona o “welfarista”:

fundada en la protección e integración social, total o parcial, de todo miembro de una comunidad política, en su calidad de ciudadano (“ciudadanía social”). Paradigma que ha evoluciona desde la “reforma social” de sus orígenes (Poor Laws) hacia las teorías del “socialismo fiscal” de J.M. Keynes, hasta llegar a configurar gran parte de los sistemas occidentales del actual Estado de Bienestar.

En el siglo XX en toda Europa occidental, se transitó de los “derechos laborales” como objeto principal de la Política social, a los “derechos de ciudadanía” como meta a lograr.

La Constitución Mexicana con la definición de Constitucionalismo Social, de 1917, repercutirá fuertemente en la primera oleada del proceso de reconocimiento de derechos sociales en nuestra región. En América Latina el mapa político se redefine después de la hegemonía neoliberal instaurada desde los años ’70, paradigma que no sólo fue económico, sino un modelo orientado a reconfigurar las subjetividades sociopolíticas, a operar como representación del mundo y a configurar el ordenamiento social. América Latina se planteó el “retorno del Estado” donde el Estado se volcó hacia un proyecto político de tipo nacional a través del fortalecimiento de los factores internos de producción, el control de los mercados de capitales y el aumento de los márgenes de participación estatal en los ingresos generados, tratando de controlar los capitales concentrados transnacionales y locales, de manera de poder redistribuir hacia los sectores más desfavorecidos, mediante políticas sociales.

En Argentina, después de la crisis del 2001-2002 comienza un periodo de recuperación económica. De la mano del presidente Néstor Kirchner se perfiló un nuevo modelo de desarrollo que propuso articular la integración a partir de la recuperación de las políticas sociales como eje de inclusión, involucrando al Estado en lo social.

La implementación de nuevas políticas sociales de corte universal como la Asignación familiar por hijo (AUH), la Asignación universal por embarazo (AUE) y el Plan de inclusión previsional (PIP), generaron un cambio estructural en materia de Seguridad Social.

Recordemos que el sistema de Seguridad Social en Argentina está compuesto por los siguientes componentes: el régimen previsional; las obras sociales; el seguro de desempleo; sistema de riesgos del trabajo; el PAMI, que brinda cobertura médica a la tercera edad; y el régimen de asignaciones familiares. Es considerado un Derecho Humano fundamental que garantiza el bienestar de las personas, reconocido como tal por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Declaración Universal de los Derechos Humano. Y, dicho sea de paso, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS), encargado de la gestión de las políticas en materia de relaciones laborales, empleo y de la seguridad social fue creado en 1949, en la Presidencia del General Perón y tuvo como antecedente la Secretaría de Trabajo y Previsión, creada en 1944 bajo la conducción del entonces Coronel Perón.

Entre las variadas políticas sociales articuladas desde el Estado Nacional, a partir del cambio de paradigma pos neoliberal, mencionamos las más relevantes.

En el área de salud:

Política de Inmunizaciones, nuevas vacunas 2015.

Calendario Nacional de Vacunación: 19 vacunas gratuitas, obligatorias. Uno de los más completos del mundo.

Programa Sumar, Plan Nacer: sistema integral de salud. Atendió a niños, niñas y adolescentes, hasta los 19 años, y mujeres, hasta los 64 años, sin obra social.

Salud Materno Infantil. En 2013 se registraron las menores tasas de mortandad materno-infantil de la historia.

Programa Remediar.

Programa Nacional de Salud Sexual.

En el área educativa:

Plan Progresar: Programa de respaldo a estudiantes de Argentina.

Programa Conectar Igualdad. Aulas Digitales para las escuelas primarias públicas. Entrega de 3 millones de computadoras.

Plan FINES. Finalización de Estudios Primarios y Secundarios (FinEs)

Creación de 9 Universidades Nacionales.

Becas Bec.Ar para posgrados en el extranjero.

Mayor presupuesto: en 2003 el presupuesto universitario representaba un 0,53 % del PBI, en el año 2014 superó el 1 % del PBI.

Más Escuelas: mayor inversión nacional en infraestructura: se construyeron más de 1800 escuelas y se realizaron más de 6000 obras de refacción y ampliación de edificios escolares en todo el país.

Internet y TDA para escuelas de las comunidades aborígenes.

Respecto a la cobertura social:

ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO

Ley de Movilidad Jubilatoria

Nuevas moratorias

tasa de cobertura del 94% de las personas en condiciones de jubilarse.

Y en cuanto a políticas laborales:

○ Recuperación de los convenios colectivos de trabajo.

○ Reinstalar el Consejo Nacional del Salario Mínimo, Vital y Móvil

○ Régimen Nacional de Trabajo Agrario

○ Régimen de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares

Ahora bien, cabe señalar aquí que en el paradigma neoliberal se impulsa la implementación de políticas focalizadas respecto a la pobreza, vale decir, prestaciones restringidas a un subgrupo dentro del universo total de población, signado por alguna situación de privación, en desmedro de las políticas universales que tienden a garantizar los derechos para el conjunto de la población, esto es, aquellas prestaciones asistenciales (que se ejecutan por trasferencias de bienes y/o servicios, directas o indirectas) con las cuales el Estado beneficia a todos los ciudadanos, sin tomar en cuenta el nivel socioeconómico, pobreza u otros ítems que discriminen en uno o en otro sentido. Es necesario subrayar que las políticas sociales, focalizadas o universales, no resultan suficientes para contrarrestar el desempleo, el subempleo o para erradicar la pobreza. La existencia de la pobreza deviene y está en la propia naturaleza del modelo capitalista neoliberal. La esencia de este capitalismo se centra en la búsqueda de ganancia y en la acumulación privada, en desmedro de la distribución equitativa de la riqueza socialmente producida

En nuestro país, la salud y la educación públicas son políticas universales: cualquier ciudadano puede ir a una escuela y un hospital público garantizado por el Estado. No obstante en Argentina las políticas sociales destinadas específicamente a resolver la pobreza son focalizadas. Para acceder a un subsidio por desempleo, una ayuda por madre jefa de hogar hay que probar que se es pobre: pasar una entrevista con trabajadoras sociales, completar cuestionarios, etc.

Tanto el gobierno de Cristina Kirchner como el anterior de Néstor Kirchner han intentado avanzar en la universalidad en las políticas de salud, educación, jubilatoria y de protección del empleo, y sostener la focalización en política social. El punto de quiebre fue la crisis de 2008. Se produjo una situación paradójica cuando la oposición neoliberal tomó el estandarte de las políticas universales de lucha contra la pobreza. Un gobierno que hizo de la universalidad bandera en áreas como salud y educación venía defendiendo la focalización en políticas sociales sobre la base de los siguientes argumentos:

la mejor política social es el empleo, por lo tanto hay que incentivar el empleo

la política universal es injusta porque termina direccionando recursos estatales escasos hacia poblaciones que no los necesitan

no hay recursos en el estado para universalizar, ya que la política universal es más cara

las políticas universales disminuyen el poder y la capacidad de presión de los gremios.

A partir de asumir las limitaciones que planteaba la etapa para reducir la pobreza por la vía de incentivar el empleo comienza , con la creación de la Asignación Universal por

Hijo, el desarrollo de políticas universales destinadas a combatir la indigencia y la pobreza que aún en el marco de la crisis siguen disminuyendo.

A partir de la década de los setenta el Estado sufre drásticas transformaciones en su estructura. La dictadura militar generó profundos cambios en el rol del Estado como interventor en la cuestión social. A partir de la década de los ochenta se inicia en la Argentina un proceso con nuevas formas de segmentación social. En la década de los noventa, este proceso se agravó y consolidó. Se estuvo en presencia de la degradación de la protección social, de la pérdida de la calidad en la cobertura, la privatización de los servicios y aparecieron las “nuevas caras” de la pobreza. Esto implicó la fragmentación de la integración social, la concentración del ingreso, la consolidación de la pobreza y una política social intervencionista territorial. La década de los noventa se caracterizó por el ascenso de las concepciones neoliberales, el despliegue del capital financiero, la disminución del gasto social, el debilitamiento de las políticas universalistas y la aplicación de políticas focalizadas sobre los “más vulnerables”. Se intentó reducir el peso fiscal del Estado; de este modo, se revisaron las competencias públicas en educación, salud e infraestructura y se promovió la descentralización y la privatización de los servicios públicos. Las políticas sociales de este período se orientaron a la creación de una red mínima de intervenciones sobre grupos percibidos como con mayor riesgo en el marco de esta coyuntura.

A partir del año 2003 la cuestión del trabajo fue ubicada como estrategia central de las políticas socio-económicas. En este sentido es que desde el Ministerio de Desarrollo Social se impulsó la economía social, el asociativismo y la autogestión a partir del fortalecimiento de los microcréditos y subsidios. Asimismo, se han impulsado programas como el “Argentina Trabaja”.

Es necesario asumir que las leyes y reglamentaciones vigentes son propias de un sistema de producción capitalista, basado en relaciones de propiedad y explotación que corresponden a la división de clases. La implementación de nuevas relaciones sociales, políticas y económicas requiere de un cambio cultural e institucional que otorgue otro sentido, posicionamiento e identidad a quienes trabajan en el área de economía social o en el trabajo informal.

Entendemos que en el sistema de producción capitalista, en su fase de globalización neoliberal, marco en el cual estamos aunque cada vez son más las señales de profundización de su crisis global, los gobiernos que asuman una perspectiva nacional, popular y democrática, deben ampliar al máximo posible las políticas sociales (universales y focalizadas) en beneficio de los sectores sociales históricamente más castigados. Generar un ámbito específico de promoción, cobertura e incentivo a los nuevos sujetos sociales. Subrayamos aquí la propuesta de creación de un Ministerio de la Economía Popular (o Social, esto aún sigue en discusión) planteada desde el Frente para la Victoria en las elecciones de 2015.

En un contexto donde se observa el avance de los ‘precarizados’, esa especie de condición de trabajo por debajo del asalariado propiamente dicho, es necesario encontrar nuevas formas de protección y de seguridad a partir de una activa intervención del Estado.

Concluimos con el discurso de asunción de Néstor Kirchner en 2003, donde anunciaba un cambio de paradigma, afirmando que el Estado se perfilaría como sujeto económico activo en la recuperación de la Nación:

“En nuestro proyecto ubicamos en un lugar central la idea de reconstruir un capitalismo nacional que genere las alternativas que permitan reinstalar la movilidad social ascendente. (…) Para eso es preciso promover políticas activas que permitan el desarrollo y el crecimiento económico del país, la generación de nuevos puestos de trabajo y la mejor y más justa distribución del ingreso. Como se comprenderá el Estado cobra en eso un papel principal, en que la presencia o la ausencia del Estado constituyen toda una actitud política. (…) Queremos recuperar los valores de la solidaridad y la justicia social que nos permitan cambiar nuestra realidad actual para avanzar hacia la construcción de una sociedad más equilibrada, más madura y más justa. Sabemos que el mercado organiza económicamente, pero no articula socialmente, debemos hacer que el Estado ponga igualdad allí donde el mercado excluye y abandona. Es el Estado el que debe actuar como el gran reparador de las desigualdades sociales en un trabajo permanente de inclusión y creando oportunidades a partir del fortalecimiento de la posibilidad de acceso a la educación, la salud y la vivienda, promoviendo el progreso social basado en el esfuerzo y el trabajo de cada uno. Es el Estado el que debe viabilizar los derechos constitucionales protegiendo a los sectores más vulnerables de la sociedad, es decir, los trabajadores, los jubilados, los pensionados, los usuarios y los consumidores”.

Después de doce años de gestión podemos decir que el mercado no alcanza tampoco para organiza económicamente al país y sin el complemento de la acción económica del estado en la producción de bienes y servicios la idea de una economía nacional

integrada y sustentable se transforma en una quimera inalcanzable.

2.3.- Políticas Culturales.

“Esto es un proyecto político con objetivos económicos que permiten habilitar los verdaderos objetivos que deben ser los sociales y los culturales, si no la economía no sirve para nada. Y la política tampoco. La política y la economía al servicio de la sociedad y de los grandes paradigmas culturales que deben tener las naciones y los pueblos para ser considerados como tales”, Cristina Fernández de Kirchner.

Queremos encarar este capítulo desde el punto de vista de la cita que antecede. Visualizar que los objetivos económicos de un proyecto político deben habilitar objetivos sociales enmarcados en nuestros grandes paradigmas culturales.

En ese sentido nos parece preciso reiterar brevemente lo desarrollado al inicio de este documento en relación tanto al contexto geopolítico internacional como nacional del período que nos ocupamos.

Contexto Internacional caracterizado por el debilitamiento de la unipolaridad. Surgimiento del chavismo en Venezuela e inicio del fortalecimiento de la integración regional. Triunfos de opciones progresistas/nacional populares en América Latina. Debilitamiento de las socialdemocracias europeas.

Contexto Nacional con una extendida crisis de representación política. Desprestigio del neoliberalismo y el ajuste. Sociedad movilizada. Memoria histórica, práctica política y recambio generacional.

Apenas los mencionamos, sin profundizar en cada punto, tratados en otros títulos de este documento, para decir que con ese marco se avanzó en un eje que atravesó la política cultural en su conjunto: el eje de la inclusión.

Con ese eje central, podemos incluir en el análisis cuatro áreas: “Cultura” propiamente dicha, “Educación” (aunque fue tratada también en Políticas sociales), “Ciencia y tecnología” y “Medios y Red Digital”. En cada una de estas áreas hay también un eje que nos parece que la atraviesa:

CULTURA: Federalización. Desde organismos nacionales se realizaron esfuerzos gigantescos para dotar de infraestructura a todos los rincones del país. Asimismo se fomentaron los intercambios, las redes y los encuentros.

EDUCACIÓN: Inversión. Hablamos del período de mayor inversión educativa de la historia argentina.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA: Proyecto estratégico. Se sentaron las bases con visión estratégica para poner a la ciencia y tecnología al servicio de un proyecto de desarrollo autónomo.

MEDIOS Y RED DIGITAL: Desmonopolización. Se frenó el proceso de concentración mediática y, con todas las trabas judiciales conocidas, se avanzó lentamente en la democratización.

DATOS Y MEDIDAS

Sin intentar hacer un registro exhaustivo de todas las medidas, nos interesa mencionar las más destacadas.

Cultura:

Nuevos museos, Centros Culturales, Cines y Casas del Bicentenario en todo el país. PIB cultural cercano al 3%. Creación del Ministerio de Cultura. Fomento a la producción y artistas nacionales. Legislación amparatoria y reparatoria.

Educación:

Construcción de más de 2 mil escuelas. Entrega de más de 5 millones de netbooks. Distribución gratuita de más de 80 millones de libros. 16 mil laboratorios de ciencias y 16 mil aulas digitales. 4 mil escuelas técnicas con más de 1 millón de alumnos. 18 nuevas universidades. Obligatoriedad de la escuela secundaria. Fines: Mas de 1/2 millón de jóvenes y adultos egresaron. Inversión en educación del 6% del PIB

Ciencia y tecnología:

Creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Plan Argentina innovadora 2020. Incremento en la cantidad de investigadores. Mejoras en salarios, retribuciones y becas. Repatriación de más de 1100 científicos. Política satelital. Inversión en infraestructura científica y tecnológica. Tecnópolis

Medios y red digital:

Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Creación de la TDA y TDS. Creación de los Espacios INCAA. Fomento al cine nacional/provincial. Fomento a la creación de contenidos. 35 mil km de red de fibra óptica. Estrategia de soberanía satelital.

En síntesis, como puede apreciarse, la presencia del Estado en inversión pero también en las decisiones hacia dónde se dirige y en qué programas y áreas crea, fomenta o desarrolla, se refleja claramente un proceso cultural democratizador e inclusivo.

2.4.- Derechos Humanos.

La presidencia de Néstor Kirchner se inició el 25 de marzo de 2003, a poco mas de un año de la crisis institucional de 2001. Argentina debía recomponerse de dicha crisis y uno de los ejes principales de la nueva administración fue la política de Derechos Humanos. Desde el discurso de asunción, pasando por la conformación de una nueva Corte, hasta la derogación de las leyes de impunidad le dieron al Estado y al gobierno la fortaleza y la credibilidad para profundizar ese camino.

Durante los doce años siguientes se tomó a los Derechos Humanos como Política de Estado y con ello impulsar medidas que promovieran la Memoria, Verdad y Justicia. Se expuso frente a la sociedad esta política activa, y se demostró con hechos concretos. Sin embargo hay que destacar también que se produjeron hechos simbólicos que marcaron a nuestro país y quedarán en el recuerdo, como el declarar la Ex Escuela de Mecánica de la Armada como el Museo de la Memoria y bajar los cuadros del Colegio Militar que tenían la imagen de los ex represores.

La etapa también cuenta en su haber las mejoras en materia de derechos de las personas migrantes, derechos de minorías y de género. Deja al país con Códigos de fondo renovados y con un valuarte de leyes de avanzada.

Para no extendernos mucho mas, en un punto que tal vez merezca principal atención en otros documentos, remarcamos los que nos parecen los principales ejes a reivindicar:

Reivindicación como Política de Estado

Nueva Corte Suprema de Justicia

Derogación de las leyes de impunidad

Más de 550 condenas por delitos de Lesa humanidad

Más de 110 centros clandestinos señalizados

Ley de Migraciones y Programa Patria Grande

Ley de Matrimonio Igualitario

Ley de Identidad de Género

3.- El sistema de representación, sus instrumentos políticos.

Todo este proceso de grandes transformaciones económicas, sociales y culturales desarrollado no se vio suficientemente reflejado en el sistema de representación política y su cultura dominante, con cambios profundos que generaran mejores condiciones políticas para el sostenimiento del proyecto emancipatorio e integracionista en curso.

La perspectiva del gobierno kirchnerista, en la lógica del discurso de los primeros años “de construcción de un país normal”, y de acuerdo con el pensamiento de sociólogos y politólogos que asesoraban al kirchnerismo, se plantea la aspiración de que nuestro país tuviera un sistema electoral representado en dos instrumentos políticos dominantes que se alternen en el poder, ideológicamente expresivos de la centro izquierda y la centro derecha.

La centroizquierda representada en la idea de “tranversalidad”, expresaba la necesidad de una nueva síntesis política. Esa síntesis sería producida por la conducción altamente centralizada. La organización institucional resultante, el Frente para la Victoria, no pasó nunca de una organización muy débil y meramente electoral.

El modelo a tener como referencia era el español, inclusive en sus formas de sostenimiento económico, que hasta ese momento eran estables y no se habían producido los escándalos relativos al financiamiento político que luego impactarían sobre ese país.

Ese modelo tiene implícita la idea de que cualesquiera sean los instrumentos políticos que accedan al gobierno, no se realizan cambios profundos.

¿Por qué ese modelo nunca fue apto para la periferia y ahora tampoco lo es en los centros capitalistas dominantes?

En el centro capitalista dominante donde se aplican estos modelos han funcionado aceptablemente mientras la política económica y social combinaba crecimiento y distribución equitativa del ingreso, garantizando la cohesión social y la legitimidad del sistema de representación. El abandono del estado de bienestar y las denominadas políticas de austeridad están haciendo implosionar este sistema de representación en toda Europa.

En los países dependientes del sistema capitalista central dominante nunca funcionó porque las crisis económicas recurrentes y su impacto negativo en términos de cohesión social impidieron avanzar hacia grados de legitimación de estos modelos.

En América latina la vinculación con el sistema económico mundial se dio a partir de la segunda mitad del siglo XIX y hasta la actualidad a través de estructuras de poder que definieron a toda su sociedad como "sistema capitalista dependiente". Esta relación de dominación se llevó a cabo por medio de estructuras de poder localizadas en el centro (Europa, luego EEUU y Japón) - que en lo interno se expresan en grandes empresas trasnacionales- en correspondencia con estructuras ubicadas en los sistemas nacionales de la periferia (clases dominantes oligarquías, etc.), los cuales tienen objetivos convergentes con las primeras (relaciones centro-periferia).

Sin embargo no debe ser ignorado el hecho de que las clases y grupos propietarios en las sociedades dependientes latinoamericanas también han poseído siempre intereses propios. Estos se expresan en contradicciones de la clase dominante que aparecen recurrentemente otorgándole una inestabilidad intrínseca al sistema.

Pero además de estas dos expresiones de la clase dominante, las clases subalternas -las grandes mayorías populares- siempre que sus luchas las han hecho arribar al control del aparato del Estado, han intentado transformar esta realidad de subordinación periférica y construir una nación emancipada de toda dominación económica. Hasta que no hayamos logrado este objetivo de liberación nacional, los sistemas de representación política que se intenten instaurar para sostener la subordinación de nuestro país a los centros capitalistas dominantes, seguirán careciendo de la legitimación que les da representar los intereses nacionales y populares y por lo tanto seguirán siendo altamente inestables.

Nuestra propuesta:

Teniendo en cuenta que luego de varias experiencias frentistas, observábamos la necesidad de institucionalizar esta modalidad, es que en el año 2002 realizamos el Documento denominado “Hacia la construcción de un Frente Movimiento político y social” (5). Dicho trabajo tuvo luego, en el año 2008 algunas modificaciones, producto del aporte de nuevas experiencias y observaciones desarrolladas en igual sentido.

La necesidad de construir un nuevo instrumento político, parte de reconocer las transformaciones estructurales que el neoliberalismo a escala planetaria, la dictadura cívico militar de 1976 y el menemismo en los `90 habían producido en nuestro país.

Esos cambios impactaron sobre los partidos de masas, nacionales y populares, buena parte de la izquierda, centro izquierda y el progresismo en general, transformando esos instrumentos políticos en funcionales al neoliberalismo dominante.

Las aceleradas transformaciones económicas que ha producido el neoliberalismo y su gestión de la revolución científico-tecnológica aplicada a la producción, modificaron sustancialmente el cuerpo social, cuyas crisis no han podido ser contenidas, comprendidas ni expresadas por los partidos políticos.

Comenzada en 1983 la transición democrática, el acceso del nuevo gobierno se encontró con un Estado incapaz de transformar el proceso en curso en beneficio de las grandes mayorías, sin la realización de cambios muy profundos, que implicaran la ruptura con el nuevo bloque dominante que detentaba el poder real en nuestro país.

Entre esos cambios se pueden mencionar: el alto nivel de endeudamiento sin contrapartida en la economía real, la fragmentación de las sociedades, el debilitamiento de las relaciones salariales, la exclusión social creciente, la configuración de identidades sociales desagregadas representadas por intereses diversos y, a veces, contradictorios.

En el nuevo siglo, los países de la región que se han defendido mejor de la contraofensiva neoliberal, son los que pudieron realizar cambios institucionales más

profundos a partir de reformas totales de sus Constituciones y cuyos instrumentos políticos han vinculado más eficientemente la acción de partidos políticos y los movimientos sociales. En las nuevas constituciones se incorporaron, junto con las formas tradicionales de representación, formas de participación popular directa que permitieron desarrollar un proceso de empoderamiento de los sectores populares.

Es necesario partir del reconocimiento que las prácticas partidarias y movimientistas han tenido en todos los procesos históricos populares de nuestra región, incorporándolas e institucionalizándolas en un nuevo instrumento político. Partimos de las limitaciones que muestra una conducción centralizada en muy pocas personas y una gran atomización de estructuras políticas y movimientos sociales que dificultan altamente la construcción de concepciones comunes y prácticas más homogéneas.

Entendemos necesario conformar, a partir de las fuerzas que componemos el Frente para la Victoria, un frente – movimiento político y social para articular las luchas sociales y electorales con nuevas formas de participación en una perspectiva de mediano y largo plazo.

Es una tarea que excede lo coyuntural, es el resultado del esfuerzo metódico, sostenido y organizado territorialmente por una voluntad política que esté dispuesta a construir una fuerza nacional de características frentistas, con criterios organizativos y programáticos compartidos.

El modelo propuesto debe garantizar el pluralismo partidario, la integración de los movimientos sociales, posibilitar la participación de ciudadanos independientes y además garantizar los procesos de síntesis que permitan potenciar la construcción colectiva. De aquí la organización que se plantea: Frente con estructura de Partido. En nuestro marco jurídico se desarrollaría como una “Confederación”.

Sobre la organización interna del frente:

Organización que garantice la representación federal.

Un piso de representación de los partidos y movimientos que integran el Frente en el orden nacional y en los niveles provinciales y municipales donde tengan desarrollo.

Confeccionar un Padrón de Adherentes oficial, central y actualizado integrado por los afiliados de los partidos que conforman el Frente que deseen participar activamente en su organización, integrantes de movimientos sociales y ciudadanos independientes que firmen su conformidad con la declaración de Principios, Bases Programáticas, Acuerdo Político y se comprometan a respetar el Estatuto y las decisiones de sus autoridades.

Desarrollar el Frente a partir de Organizaciones de Base Territoriales y Sectoriales. En las organizaciones de base territoriales se integran, en una zona determinada, todos los adherentes al FRENTE, ya sea que pertenezcan a una fuerza política o lo hayan hecho en calidad de independientes. En las organizaciones de base sectoriales se integran, con la condición de su participación en una organización social (trabajadores, empresarios, estudiantes y demás movimientos sociales), todos los adherentes al Frente.

Entendiendo que no hay fin de ciclo para los proyectos nacionales y populares ni tampoco hubo fin de ciclo para el neoliberalismo en la región, sí creemos que más allá de que faltó aplicar por un lado algunas medidas de tipo estructural, lo central de nuestros déficit estuvo vinculado a los límites impuestos por la falta de construcción de un instrumento político adecuado que nos hubiese permitido quizás, garantizar la victoria electoral en 2015.

Por otro lado, necesariamente debemos referirnos a la construcción política del Frente que compartimos. Para profundizar este punto, debemos decir que, como ha sucedido con todas las fuerzas progresistas, nacionales y populares y de izquierda en la región, han visto disminuidas las capacidades de desarrollo político de partidos y fuerzas al interior de los Frentes, ya que gobernar era la necesidad prioritaria. Ahora sabemos que deberemos hacernos cargo tanto de gobernar como de construir el instrumento político colectivo.

No es con cualquier instrumento político ni de cualquier modo, que podremos acceder nuevamente al gobierno y establecer normativas, modalidades que nos permitan, ahora sí, definir y fijar rumbos a través de programas, producto de debate y participación que amplíen y fijen marcos teóricos para el conjunto. Que nos permitan ir superando las urgencias de la coyuntura política de la mejor manera posible.

Otro tanto para legitimar a las y los compañeros que nos representen. No hay mayor fortaleza.

Es, en otras palabras, profundizar la democratización de todas las decisiones, desde el rumbo general y la selección de los compañeros que la implementen desde los ejecutivos y legislativos, tanto supranacionales, como nacionales, provinciales y municipales.

Quizás sea un buen punto de partida. Para nosotros, desde la izquierda nacional, popular y profundamente transformadora, para esta corriente de pensamiento inspirada en la intransigencia nacional, que nos abarca y contiene, es también imperioso trabajar para la construcción, siempre inconclusa, de una pedagogía popular, inspirada en el humanismo liberador. Ese que nos enseñó a través de los tiempos que existe una cultura de la clase dominante que formatea sin embargo las cabezas de las mayorías populares. Al decir del autor Nils Castro: “Construir esa nueva pedagogía popular, implica el desafío de emanciparnos como acto interno pero colectivo de liberación. Lograr la construcción de una pedagogía popular que nos permita reconstruir formas organizativas, propuestas de gobierno, verosímiles, concretas”

En un interesante escrito, el autor invita a “…convertir indignación social en militancia política….”” La cultura dominante dispone del poderoso soporte de los medios de comunicación masiva de la clase que los controla. Sin embargo, para superarla no basta crear medios alternativos ni soñar con disponer de instrumentos comparables a los burgueses Antes la creatividad popular debe aprender a contraponer sus propios mensajes a los de los grandes medios, sin concesiones a su cultura sino a partir de su propia contracultura. “(6)

Para esto es necesario elevar nuestro nivel de conciencia política, es necesario que las nuevas generaciones puedan…“profundizar el conocimiento y articular fuerzas alrededor de un nuevo proyecto de desarrollo popular” (7). El autor, Joao Pedro Stédile, citado por Nils Castro, dirigente del MST, “Movimiento de los sin tierra” de Brasil, quien expresó hace poco, en Agosto de este año que… sólo con la candidatura de Lula no alcanza, tenemos que presentar al país un nuevo proyecto que supere al neo desarrollismo que ya se agotó”… Habrá que evaluar la necesidad de buscar nuevas formas de lucha masiva donde el conjunto se sienta interpelado, necesite participar ser parte de formas que le son propias. Se tratará entonces de buscar organizaciones políticas y sociales de nuevo tipo. Estas nuevas formas deberán a su vez, redefinir componentes éticos, ya que utilizando los mismos, iguales van a ser los resultados… Esa nueva ética también deberá ser reconstruida de modo tal de generar credibilidad, confiabilidad.

El Papa Francisco lo manifestó sencilla y claramente en su mensaje al Encuentro Mundial de Movimientos Populares. “Quienes han optado por una vida de servicio tienen una obligación adicional que se suma a la honestidad con la que cualquier persona debe actuar en la vida. La vara es más alta: hay que vivir la vocación de servir, con un fuerte sentido de austeridad y humildad. Esto vale para los políticos pero también vale para los dirigentes sociales y para nosotros los pastores.”(8)

Rescatamos para las izquierdas, para los militantes de movimientos nacionales y populares, la necesidad de ser más honestos que el conjunto, más éticos que el conjunto más democráticos que el conjunto. Porque nos estamos proponiendo un desafío mayor: construir un gobierno de mayorías para las mayorías donde serlo, signifique haber superado el estadio de impregnación de la ideología dominante. Entonces sí, la propuesta será acceder al gobierno pero también al poder que respaldan sólo las mayorías.

Finalmente, aun con las limitaciones que surgen de no haber realizado modificaciones más profundas en el sistema de representación y en la construcción del instrumento político propio, es de destacar como elemento muy positivo y que difícilmente pueda revertirse en el mediano plazo, el empoderamiento de amplios sectores sociales con conciencia de sus derechos y un liderazgo muy ensamblado con estos espacios sociales y políticos. En definitiva una relación directa entre ese espacio social y el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner.

Referencias:

(1) CIFRA (Centro de Investigación y Formación de la República Argentina) Informe de coyuntura N° 19.

(2) Revista de FIDE (Fundación de Investigaciones para el Desarrollo ), 30-08-2016, Mercedes Marcó del Pont.

(3) F. A. V. Hayek: “Un diálogo con el profesor Hayek” en: Diego Pizano S. (comp.) Algunos creadores del pensamiento económico contemporáneo. México, FCE, 1980, pág. 37. (4) F. A. V. Hayek: Entrevista en El Mercurio, 19/04/81, Santiago de Chile. Citado en Franz Hinckelammert, Crítica a la Razón Utópica, San José, Editorial DEI, 2da. Edición , 1990, pág. 88.

(5). “Hacia un frente Movimiento político y social”- Partido Intransigente, Mesa Directiva Nacional, año 2008.-

(6). Construir indignación social en militancia política”. Nils Castro, escritor y catedrático panameño. Ver artículo (http:/www.copppal.org/utor/nils-castro)

(7) Joao Pedro Stedile. Ob.Cit.

(8) Papa Francisco. Ob.Cit.