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Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Guatemala, 11 de mayo de 2014

“Una mirada a las instituciones públicas que tenemos”, Edgar Gutiérrez – “Apertura democrática, actores armados y descentralización”, Matilde González –“La trampa del reformismo”, Julio Donis “Los controles democráticos en la Constitución Política de la República”, Catalina Soberanis – FLACSO en la academia – Agenda académica – Reseña – Novedades en Editorial de Ciencias Sociales.

Nuestra democracia y sus instituciones

Foto: Hugo de León Pérez

Una mirada a las institucionespúblicas que tenemos

Edgar gutiérrEz

NOTA EDITORIAL

En los últimos 30 años Gua-temala ha tenido al menos dos ventanas de oportuni-dad para reedificar sus insti-

tuciones públicas. La primera fue con la Constitución de 1985, que perfilaba un Estado garante de los derechos ci-viles, políticos y sociales. Una nueva oportunidad se dio con los Acuerdos de Paz, suscritos en diciembre de 1996 y llamados a ser una suerte de segunda Carta Magna, que delinearon unas ins-tituciones abiertas a la sociedad pluriét-nica y multicultural, descentralizadas, plenamente democráticas y sujetas a controles.

Ambas ventanas de oportunidad se frustraron y ahora tenemos un conjun-to de instituciones estatales que, en fe-brero de 2014, durante una reunión con centros académicos, un alto funcionario de Gobierno calificó como “entre malas y peores”, por su pobre desempeño.

La primera oportunidad de forta-lecimiento institucional se per-dió durante la extensa disputa entre partidos que asumían por primera vez la conducción del Gobierno y un aparato militar obstinado en tutelar el Estado por razones de seguridad na-cional. Esa disputa se resolvió –o se disolvió– en parte con los Acuerdos de Paz, pero en una etapa en que la agenda de reformas era dictada por el Consenso de Washington, extraviando así la segunda

oportunidad de recuperar las institucio-nes.

De una inflación militar del aparato pú-blico pasamos a una privatización atroz. Ambas transiciones –del autoritarismo a la democracia y de la guerra a la paz– tuvieron como común denominador la progresiva degradación del aparato pú-blico.

Desde mediados del Siglo XX, el sec-tor público fue importante como meca-nismo de ascenso social de las clases medias urbanas de la capital y las pro-vincias. El ingreso al ejército, el magis-terio o una plaza en las instituciones de gobierno era sinónimo de estabilidad laboral y carrera, abriendo una expecta-tiva de mayores posibilidades de movili-dad social para la siguiente generación, incluyendo la formación de ahorro.

Los viejos habitantes de centros urba-nos añoran la calidad de las escuelas y hospitales públicos de mediados del si-glo XX, una etapa en la que el régimen

económico demandaba una burocracia civil relativamente pequeña y centraliza-da, y una burocracia militar más extendi-da en el territorio y eficaz en la conten-ción social.

Entre 1944 y 1978 hubo intentos de promover una tecnocracia por mérito e instalar capacidades públicas de plani-ficación del desarrollo económico, tec-nológico y urbanístico, pero no tuvieron mucho vuelo. En general, la burocracia siguió ingresando al servicio público por conexiones políticas y familiares inser-tándose en las densas redes informales del sector público.

Con el nuevo modelo económico, a partir de la década de 1990, ese perfil institucional se fue modificando. La crí-tica generalizada por el carácter exclu-yente (según estrato social, pertenencia étnica y asentamiento geográfico) de los servicios públicos, las frecuentes prác-ticas corruptas –convertidas durante la democracia en escándalo mediático–

Estimada lectora, estimado lec-tor: La Facultad Latinoame-ricana de Ciencias Sociales, FLACSO, Sede Guatemala,

tiene el gusto de hacer entrega del tercer número de diálogo (cuarta época), dedi-cado, en esta ocasión, a problematizar el alcance y los límites de las instituciones que, en principio, deberían sustentar y garantizar la democracia guatemalteca.

La porosidad y fragilidad del Estado constitucional en Guatemala han sido ampliamente señaladas (véase, por ejemplo, Briscoe, 2009). Existe consen-so en que ellas contribuyen a generar desconfianza en las instituciones y, en consecuencia, a reforzar tendencias au-

toritarias entre la población, que no en-cuentra respuesta a las demandas que, con niveles variables de éxito, intenta ar-ticular mediante canales democráticos.

En estas páginas se abordan cuatro facetas de esta debilidad. El artículo de Edgar Gutiérrez analiza el proceso de erosión de la burocracia profesional en el país y sus efectos nocivos para el manejo de los recursos públicos. Por su parte, Julio Donis discute la superficiali-dad de las instituciones de la democra-cia en Guatemala y la ineficacia de la re-forma política ante la problemática más profunda de la desigualdad económica y la disparidad de poder entre los sectores sociales. Los órganos de control y sus falencias son el tema de la contribución de Catalina Soberanis; al tiempo que el

artículo de Matilde González cuestiona la descentralización como panacea de-mocrática y de buena gobernanza en el contexto guatemalteco.

La discusión sobre estos temas es, sin duda, mucho más amplia de lo que aquí logramos plasmar. No obstante, ofrecemos estas páginas, cuya lectura deseamos despierte su interés, con la convicción de estar contribuyendo a un debate necesario, impostergable y fun-damental para el presente y el futuro de Guatemala.

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y la baja eficacia del funcionariado, en-contró una poderosa caja de resonancia en las escuelas neoliberales en auge.

Las instituciones públicas quedaron sitiadas por el bombardeo ideológico neoliberal y perdieron el atractivo de los tecnócratas –“los corruptos y quienes no pueden competir en el mercado, van al Gobierno”– y las empresas captaron a los cuadros mejor calificados: buena paga, expectativas de ascenso y presti-gio social (pudiendo prestar voluntariado social en fundaciones y patronatos).1

En ese contexto, y de la mano de los organismos financieros internacionales, ocurrió el desmantelamiento del sector público agrícola, de las redes de pro-motores rurales de salud y de la ban-ca de desarrollo, que sufrió el jaque cuando la refor-ma de la Consti-tución de 1994 le quitó la capacidad de financiamiento público al banco central. Por otro lado, los técnicos del Estado en-contraron renta-ble promover sus propias empresas de asesoría a pe-queños produc-tores, mientras recibían subsidios de la cooperación y trasladaban pro-gresivamente (en plazos cuatriena-les) los costos a sus clientes.

En los campos de educación y salud ampliaron la cobertura invi-tando a las ong y entidades priva-das como prestadores de servicios. En el contexto de la seguridad ocurrió una privatización brutal: los cuerpos de la contrainsurgencia desmantelados con los Acuerdos de Paz pasaron, en gran medida, a constituir empresas de segu-ridad con escasa regulación, que ahora multiplican por cinco el número de agen-tes de policía.

1 Cuando ciertas corporaciones colocan a sus directivos y gerentes en cargos públicos –espe-cialmente en el gabinete económico, o en cargos menos visibles pero estratégicos como el Regis-tro Mercantil y de la Propiedad, la Superinten-dencia de Bancos y de Telecomunicaciones, sat, inde, portuarias etc.– ganan derecho de picaporte e información privilegiada, pues sus funcionarios reciben de ellas la parte fundamental de sus in-gresos y aspiran a reinsertarse al concluir su ges-tión pública.

La burocracia tradicional no desapa-reció, pero perdió centralidad y su cre-cimiento fue vegetativo; los recursos frescos se destinaron a las formas ope-rativas de intervención. La precariedad financiera del Estado se volvió crónica: las reformas fiscales nunca fueron sos-tenibles y los patrones de elusión tributa-ria quedaron básicamente intactos. Esa debilidad del poder tributario también se volvió un negocio con la devolución del IVA a las exportaciones y la adictiva co-locación de deuda pública con onerosas tasas de interés.

La reforma del servicio público se pos-tergó una y otra vez2 y los impulsos mo-

dernizadores ocurrieron como superposi-ciones sin permanencia. La clasificación presupuestaria de los empleados refleja la situación: la burocracia permanente (011) quedó rezagada; una burocracia semipermanente (022) obtiene el doble o triple de la paga, pero no todas las pres-taciones ni estabilidad al cabo de un año calendario, y una nueva burocracia oca-sional calificada como de confianza (029) de los altos mandos institucionales tiene contratos temporales sin pasivo laboral y

2 Desde hace más de una década se acumu-laron en distintas instancias del Congreso unas seis iniciativas de Ley de Servicio Civil. De su lado, la Oficina Nacional de Servicio Civil no ha contado con un inventario completo de emplea-dos públicos, que, estima, ascienden a “entre 200 mil y 220 mil”.

bajo supervisión exclusiva de sus con-tratistas, pero con honorarios líquidos 10 a 20 veces más altos que los funcio-narios permanentes.3

No obstante que las nuevas burocra-cias tienen mandos de dirección e in-gresos por encima de la tradicional, es ésta la que está comprometida con los procesos institucionales. Por ejemplo, la responsabilidad de cuentadancia y los delicados procesos de adquisicio-nes de bienes y servicios.4 Para ganar agilidad en las inversiones y desburo-cratizar los procesos de decisiones, el propio Estado ideó fórmulas discrecio-nales –algunas de dudosa legalidad, como los fideicomisos y los convenios de administración con ong y organismos internacionales– de ejecución del gasto. La agilidad del proceso consiste en eva-dir la anacrónica Ley de Contrataciones, pero la discrecionalidad en la asigna-ción de obras y recursos vuelve opaco el sistema (conflictos de interés, sobor-nos y comisiones ilícitas) y frecuentes incumplimientos de contrato, obras y servicios deficientes. No existen pro-cedimientos para evaluar la calidad de ese tipo de gasto, sin embargo, cerca de 40 % del gasto público to-tal es susceptible del poder discre-cional de los funcionarios.5

En resumen, instituciones con procesos frágiles, sin carrera profe-sional y una débil base financiera, además regidas por normas de negocios inadecuadas y en un ambiente de inflación criminal, se convierten en presa fácil del clientelismo político que provo-ca constantes cortocircuitos en la carrera burocrática y en las políti-

cas, orientando al conjunto de las instituciones hacia el refor-zamiento del

patrimonialismo. De ahí que las

reformas de las instituciones que tene-mos, pasan por tres áreas: servicio civil, contrataciones y régimen fiscal. Pero como todo ello depende del Congreso y el Ejecutivo, es premisa del cambio la alteración del orden político establecido.

3 Hay una cuarta categoría de funcionarios que pertenecen a los programas internacionales, cu-yos salarios se tasan en dólares y son, con mu-cho (dos o tres veces), superiores a los de los propios ministros, gerentes o directores de los organismos públicos.

4 Las juntas de compras y contrataciones deci-den gastos a veces millonarios, y los funcionarios que las integran ganan apenas Q3,500 – Q4,500 mensuales. Esas desproporciones, en un marco de bajos estímulos al personal, también crean un caldo de cultivo para prácticas corruptas.

5 Acción Ciudadana/Fundación DESC. Poder discrecional y corrupción en Guatemala. Claves para ganar transparencia. Guatemala, marzo 2006.

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Julio donisconsumismomeil@gmail.com

La trampa del reformismo

De Rubén Darío es la frase “cuando la patria es chica, uno grande la sueña”. El ciudada-no aún no sabe que no lo es y

sueña apenas con derechos, para cuya garantía el Estado tampoco ha desarro-llado legitimidad; es la parodia en la que todos actuamos sin plena conciencia. En tal sentido resulta adecuado reflexio-nar sobre la conformación histórica de la arquitectura del Estado guatemalteco, para poner en el justo relieve los límites de su democracia.

Normalmente el desarrollo de patria se basa en la noción de lo nacional como construcción social e ideológica, lo cual a su vez se condensa en la identidad, que luego se vuelve identidad nacional. Este país de débiles y confusos referen-tes históricos, está marcado por el trau-ma de la colonización que ocasionó la distorsión de la memoria inicial. A partir de allí, la edificación de la identidad fue permeada por la hegemonía del criollo, y un determinado tipo de organización social, económica y política se puso en marcha. La fundación de la nación se hizo utilizando los ropajes de la época, influida por la expansión del ideario li-beral de la revolución francesa; sin em-bargo la doble moral se instituyó desde la suscripción del acta de independen-cia. Debajo del estilizado traje de aspi-ración burguesa liberal se mantuvieron las prendas interiores del trabajo forzoso y la acumulación de un estado colonial (Paz, 2002). Esa contradicción se reflejó en el desarrollo de la agricultura cafeta-lera que nos insertó en el mercado mun-dial en el siglo XIX sobre la base de re-laciones serviles del trabajo. A partir de esas características primigenias, se co-locaron otros ladrillos en las estructuras de lo que estaba llamado a ser el Estado democrático de Guatemala. El camino nos condujo por empedrados y oscuros parajes que nunca nos permitirían al-canzar las autopistas del desarrollo. El sueño se volvió pesadilla y al despertar, los que pudieron, encontraron desola-ción y despojo. Para cuando Guatemala empezó a reconstruir su andamiaje de-mocrático institucional en la última parte del siglo pasado, en el mundo ya se con-ducía aceleradamente por las autopistas de la masificación del consumo global y la política había perdido su lugar.

La Constitución y las instituciones de la democracia del 85 nacieron con el apellido de sus autores hegemónicos y

vencedores. El nuevo orden republica-no sería contrainsurgente, conservador, laico Dios mediante y corporativizado. Aunque estaban puestas las bases para la participación social, la contradicción se volvería perversión y el Estado mos-traría su porosidad. Se diseñaron y ela-boraron Constitución, leyes y normas para garantizar instituciones democráticas fuertes y la relación entre el Estado (de dere-cho) y las perso-nas (ciudadanos); sin embargo eso

suponía individuos capaces de interac-tuar con las instituciones estatales, y por lo tanto, ciudadanos que hubieran desa-rrollado capacidades para convertirse en un sujetos, al menos, letrados.

Como ya sabemos, la historia de este país da cuenta más bien de procesos de des ciudadanización de grupos de po-blación, especialmente conglomerados que tienen en común el rostro indígena. Como las leyes no resolvieron, se hicie-ron más leyes que tampoco resolvieron; entonces se echó mano del recurso de reforma al marco político institucional y la caída en la trampa fue inevitable.

Una reforma no cambia la realidad de la estructura política. La reforma del sistema electoral apenas ha logrado un efecto de conservar,

ajustar o modificar las relaciones entre los partidos políticos o entre el sistema político y la ciudadanía, pues sus deci-sores son objeto y sujeto al mismo tiem-po.

El sueño por la patria grande expre-sado en la Constitución Política (título I, Capítulo único) sobre la protección a la persona y el derecho a la vida sigue pendiente de cumplirse. La reforma del Estado es un esfuerzo ocioso si sus ob-jetos, que son las personas, se mantie-nen miserables.

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Los controles democráticos en la Constitución Política de la República

Catalina SoberaniS

Una de las grandes innovacio-nes de la Constitución Política de la República, aprobada en 1985, fue la creación de nue-

vas instituciones que debían fortalecer el equilibrio de poderes, los sistemas de pesos y contrapesos entre los órganos del Estado y la vigencia efectiva del Es-tado de derecho, elementos esenciales en la democracia. Tal es el caso de la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y el Procurador de los Derechos Humanos, mientras otros órganos de control establecidos en an-teriores textos constitucionales, como el Ministerio Público y la Contraloría Gene-ral de Cuentas, mantuvieron su status constitucional, aunque el primero sufrió modificaciones en una posterior refor-ma, separándose las funciones del Fis-cal General de las del Procurador Gene-ral de la Nación.

La Corte de Constitucionalidad ejer-ce las funciones de defensa del orden constitucional controlando los actos del poder público, en defensa de las liber-tades y derechos de la ciudadanía; el Tribunal Supremo Electoral está encar-gado de organizar procesos electorales libres y transparentes; y el Procurador de los Derechos Humanos, como Magis-trado de Conciencia, debe promover los derechos humanos y actuar ante cual-quier violación a los mismos.

Como puede observarse, las tres ins-tituciones nuevas se crearon para evitar el abuso de poder, el fraude electoral y la violación sistemática de los derechos humanos, que habían caracterizado a las dictaduras en períodos preceden-tes. En el sistema de elección también se trató de generar ciertos equilibrios, aunque con un protagonismo mayor del Congreso de la República. Y, en cuan-to al Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas, se pensaba que el filtro de las comisiones de postulación garantizaría la designación de las per-sonas más idóneas y aptas para ejercer tan delicadas funciones e independen-cia en su gestión.

Sin embargo, todo este andamiaje ins-titucional no ha logrado impedir que los poderes fácticos del país y otros intere-ses sectoriales se posicionen, ejerzan presión e incidan en la integración, el funcionamiento y las decisiones de las entidades mencionadas.

En la Corte de Constitucionalidad, la judicialización de la política ha conduci-do a que se erija en árbitro de muchos procesos que no necesariamente de-berían llegar hasta este alto tribunal y sus decisiones han sido cuestionadas, considerando que responden a presio-nes de determinados grupos de poder; el Tribunal Supremo Electoral ya no es “supremo”, pues sus decisiones son im-pugnables ante tribunales de justicia or-dinaria y ante la Corte de Constituciona-lidad. Cada Procurador de los Derechos Humanos ha dado diferente orientación a su gestión y si se comparan las actua-ciones de quienes hasta ahora han ejer-cido este cargo, no parece claro hasta qué punto se apegan a la letra y al espí-ritu de lo establecido en la Constitución Política de la República.

No está plenamente garantizada la autonomía e independencia de la Con-

traloría General de Cuentas y, como ha podido observarse en el proceso de designación de Fiscal General, la proli-feración de universidades que crean fa-cultades de Derecho para poder integrar las comisiones de postulación refleja el interés de los grupos de presión por co-locar a una persona afín en este cargo de importancia estratégica para la lucha contra la impunidad.

Además, no se percibe que exista la voluntad política para el fortalecimiento institucional y presupuestario de ningu-na de las instituciones mencionadas, de manera que puedan ejercer con mayor efectividad los controles democráticos que les corresponden.

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de civil en la contienda electoral de sus regiones de origen. Además, el éxito de su campaña política podía asegurarse gracias al respaldo de sus superiores y a la posibilidad de aprovechar la red de relaciones tejidas por el Ejército a través de sus estructuras militares y paramilita-res: especialistas de inteligencia, comi-sionados militares, patrulleros de auto-

defensa civil y exsoldados. Examinando más de cerca las trayectorias político-militares

que siguieron los cuadros más destacados del

Ejército y sus estruc-turas paralelas, tan-

to a nivel de la

cúpula como de los mandos medios, el caso de Guatemala nos lleva a repensar las cuestio-nes tradicionales de cómo puede un ejército acomodar-se a las nuevas instituciones de gobierno civil y hasta qué grado se logra la desmilitarización, si es este mis-mo ejército el que “prepara el ambiente” para las elecciones mediante la “paci-ficación” e introduce la seguridad del Estado en la Constitución y en la presi-dencia, con poca protección de los de-rechos humanos (Schirmer, 1999:423). Aquí el asunto a evaluar no era cuándo

Durante varios lustros el op-timismo en el proceso de transición democrática nos impidió observar qué tipo de

Estado se fue modelando a partir de una larga historia de conflicto armado, militarización y violencia, en la que las fuerzas armadas se constituyeron en un actor protagónico del rediseño estatal.

El énfasis analítico en la demo-cracia, las contiendas electorales y los partidos políticos, combi-nado con una lectura románti-ca del proceso de descentra-lización y el poder local, nos impidió observar cómo se produjo el reacomodo del poder militar y (para) militar durante la apertura democrática y la im-plementación de las políticas de Reforma del Estado, cuyo énfa-sis eran la privatización, la descentralización y la tercerización de la insti-tucionalidad estatal. Una mirada más atenta a las trayectorias políticas de aquellos actores que ocu-paron los espacios más importantes de la institucio-nalidad estatal descentrali-zada nos permite observar que durante este período los cuadros más destacados de la contrainsurgencia se incorpora-ron en el corazón mismo del Estado desde el espacio local y regional.

Durante esta coyuntura, en el noro-riente de Guatemala –como en muchos otros territorios del país– se produjo un reacomodo de poder entre los viejos mi-litantes anticomunistas –que perdieron autoridad durante el gobierno de facto del general Ríos Montt y el gobierno de la Democracia Cristiana (dC)– y aque-llos exmiembros de las fuerzas armadas que se vincularon a los nuevos partidos políticos (primero dC y luego el Frente Republicano Guatemalteco (frg), la Uni-dad Nacional de la Esperanza (une), la Gran Alianza Nacional (gana), el Partido Patriota (pp) y/o comités cívicos, y em-pezaron a ocupar importantes espacios de poder en la región. El gobierno de la Democracia Cristiana supuso para ellos la posibilidad de participar con camiseta

Matilde gonzálezmgonzalez2@flacso.edu.gt

Apertura democrática, actores armados y descentralización

se iba a lograr que los militares regresa-ran a los cuarteles, que dejaran el poder o que se sometieran al gobierno civil, sino más bien, hasta qué punto habían sido capaces de borrar el guión que une la relación civil-militar, con la total co-laboración, si no la complicidad, de los partidos políticos, presidentes, goberna-dores, diputados y alcaldes.

Al revisar la literatura acerca de la reforma del Estado en Guatemala, pro-ducida en los años 90, parecería que el entusiasmo por las políticas de descen-tralización y la formación de los nuevos Consejos de Desarrollo se asentó en una perspectiva binaria que identificó al Es-tado central como violento, ineficiente, despilfarrador y corrupto, en oposición a un poder local democrático, cercano a los ciudadanos y pertinente cultural-

mente, ignorando así las trayectorias políticas de aquellos actores que se

harían cargo de la institucionali-dad descentralizada. Asimismo, se ignoraron los profundos le-gados de la guerra y la cultura clandestina e impune que se fue modelando tras largos años de regímenes milita-res en esos mismos espa-cios locales.

Los fracasos, deficien-cias o anomalías que ahora se imputan a las

entidades descentraliza-das del Estado responden a la aplicación generaliza-

da de fórmulas de reforma estatal que pasaron por alto los procesos sociales que modelaron la cultura y for-mas de entender lo polí-tico de aquellos actores que hoy se mueven en la institucionalidad esta-tal descentralizada a es-cala local/regional o na-cional. De igual modo, el esquema organiza-

tivo de estas “nuevas” estructuras de gobierno

se aplicó indistintamente, sin observar las formas diferenciadas que adquirió el Estado en los diferentes terri-torios que conforman la actual geografía de la violencia, resultando todo ello, en nuevos cacicazgos y formas sui generis de dictadura local.

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Flacso en la Academia

Marcel Arévalo, coordinador del programa de pobreza y migración de FLACSO participó en el Taller, organizado por el Consejo Consultivo de la Iniciativa Nansen, que tuvo lugar en Bogis-Bossey, Suiza, el 14 y 15 de abril.

Exposición fotográfica sobre migración en el Centro Cultural Luis Cardoza y AragónEl 25 de abril fue inaugurada la muestra fotográfica “Del Golfo al Pacífico”, que tiene como fuente el banco de imágenes históricas recopiladas por El Colegio de la Frontera Norte, México. Dicha ex-posición permanecerá dos meses para dar a conocer esta realidad común en la región. En el acto de inauguración participaron el Embajador de México, señor Carlos Tirado, el presidente de El COLEF, Tonatiuh Guillén, Marcel Arévalo, coordinador del programa de pobreza y migración de FLACSO-Guatemala, quienes en sus intervenciones se refirieron al contexto histórico, problemáticas, desafíos y perspectivas del desarrollo regional en la zona fronteriza México-Guatemala.

Tercer encuentro general de instituciones de educación superior socias del MISEAL Este encuentro tuvo lugar en la Universidad de Campinas, São Paulo, Brasil, el 2 de abril, y dio inicio con la mesa redonda “Inclusión social y postgrados”. Coincidieron en dicha reunión cinco sedes de FLACSO: Brasil, Ecuador, Chile, Guatemala y Uruguay. En este marco se realizó un foro sobre las líneas de investigación que integrarán el proyecto piloto de formación en Inclusión, interseccionalidad y equidad. En las jornadas siguientes se pre-sentarán las normativas, el observatorio y demás avances del proyecto MISEAL.

La mesa redonda (foto) estuv integrada por André Lazaro FLACSO-Brasil, Cecilia Sar-denberg U., de Bahía, Vera Soares, Secretaría de Políticas para las Mujeres, Maria Concien-zao Da Costa, UNICAM.

Este curso fue impartido por el Programa de Es-tudios de Género y Feminismo del 11 de marzo al 29 de abril, dirigido a personal de jefaturas ad-ministrativas del Ministerio Público y responde a los ejes de la Política de Igualdad entre Mujeres y Hombres que ese Ministerio aprobó reciente-mente. Se enmarca en las líneas de formación que ofrece FLACSO-Guatemala, bajo la coor-dinación de la Dra. Ana Silvia Monzón y de las maestras Ana Lucía Ramazzini, Marcela Dubón y Patricia Galicia.

Curso “Igualdad de género, justicia y políticas públicas: aportes metodológicos para el trabajo en el Estado”

En la foto, de izquierda a derecha, Dra. Ana Silvia Mon-zón, Coordinadora del curso, Dra. Claudia Paz y Paz, Fiscal General, y Dra. Beatriz Zepeda, Directora de FLACSO-Guatemala.

Con el objetivo de profundizar la discusión en torno a la historia reciente de Guatemala, del 29 al 30 de abril tuvo lugar en las insta-laciones de FLACSO el foro “Guatemala: Historia reciente (1954-1996). Organiza-do alrededor de cinco mesas de discusión: “Proceso político y antagonismo social”, “La dimensión revolucionaria”, “Pueblos indígenas, actores políticos”, “La negocia-ción de la paz”, y “Cultura y arte en un país en conflicto”, se produjeron reflexiones im-portantes acerca de las últimas décadas de la historia nacional, así como una agenda de futuras investigaciones para contribuir al conocimiento de la realidad social del parís.

Foro: Guatemala: Historia reciente (1954-1996)

En la foto aparecen la Dra. Matilde González, Dr. Carlos Fi-gueroa Ibarra, Dra. Beatriz Zepeda, y el Diputado Amílcar Pop.

FLACSO-Guatemala en taller del Comité Consultivo de la Iniciativa Nansen

Foros: “Los desafíos del sistema de justicia en Guatemala”FLACSO, en coordinación con la Co-misión Internacional de Juristas (CIJ) y la asociación Juristas por Guatemala (JG) impulsa desde abril pasado una serie de foros académicos que buscan revisar los avances y carencias que presenta el sistema judicial guatemal-teco. La revisión se ha reforzado con reflexiones desde varias disciplinas de

las ciencias sociales, con insumos originados en la perspectiva de diferentes usuarios y usuarias del sistema.

De esta cuenta, el miércoles 9 de abril se presentó el foro “El acceso a la justicia para grupos vul-nerabilizados”, con los subtemas “Niñez y adolescencia”, “Mujeres” y “Pueblos indígenas”; el jueves 24 de abril se desarrolló el tema “La necesidad de la modernización de la justicia para la protección de derechos”, con el subtema “La modernización de la justicia laboral”; el 7 de mayo el tema desa-rrollado fue “Los rostros de la impunidad”. La coordinación general ha estado a cargo de Luis Raúl Salvadó, coordinador del Programa de estudios sobre derechos humanos.

De izquierda a derecha: Licda. Iris Portillo, MA Walda Barrios, Dra. Beatriz Zepeda, Dr. Alejandro Rodríguez y Dr. Yuri Melini.

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Publicación bimestral de FLACSO-GuatemalaDirectora: Dra. Beatriz ZepedaConsejo editorial: MSc. Marcel Arévalo • Lic. Hugo Leonel de León • Dra. Ana Silvia Monzón • MSc.Luis Raúl SalvadóPBX (502) 2414 7444 - flacsoguate.edu.gt - http:www.flacso.edu.gtSe autoriza su reproducción total o parcial siempre y cuando se cite la fuente.

NOVEDAD EDITORIAL

AGENDA ACADÉMICA FLACSORESEÑA

Figueroa Ibarra, Carlos, Tischler Visquerra, Sergio, Taracena Arriola, Arturo, Álvarez Aragón, Virgilio y Urrutia, Edmundo (eds.), Guatemala: Historia re-ciente (1954-1996). Cul-tura y arte en un país en conflicto, Tomo V, Gua-temala, FLACSO, 2013.

En un país vasto, rico y diverso en expresiones culturales que siempre se han desarrollado en un ám-

bito de conflicto, escribir la historia cultural de Guate-mala sigue siendo una tarea primordial. El estudio de las prácticas y representaciones culturales construidas por una colectividad sobre sí misma y sus relaciones con su entorno, permite comprender la construcción y disposición de sus propias relaciones sociales.

Aunque en las últimas décadas se han hecho algu-nos esfuerzos por reseñar y comprender la construc-ción del campo cultural en el país, este volumen de la colección sobre his-toria reciente de Guatemala emprendida por FLACSO se constituye en un esfuerzo de sistematización de mayor alcance sobre su desarrollo durante el siglo XX. Con contribuciones de Mario Roberto Morales y Francisco Albizúrez Palma, en las que se analizan las relaciones entre la literatura y el contexto histórico desde la década de los cincuenta, se proponen nue-vos puntos de vista sobre la literatura como práctica escritural, estética y política interpretada desde distintas propuestas de periodización. Los tra-bajos de José Antonio Móbil, Edgar Barillas, Jorge Hugo Carrillo Padilla y Jorge Sierra Marroquín ofrecen un amplio recorrido por los procesos de producción cultural en la plástica, el cine, el teatro y la música desde el año 1954, aportando no solamente informaciones novedosas, sino itinerarios de investigación que referirán estudios posteriores de mayor aliento. El libro finaliza con un ensayo de Ana Patricia Borrayo sobre el discurso femenino en el periodismo nacional, indudablemente uno de los primeros campos de expresión política del movimiento de mujeres en el país.

José Edgardo Cal MontoyaProfesor Titular de Historiografía de Guatemala

Universidad de San Carlos de Guatemala

Torres-Rivas, EdelbertoLa piel de CentroaméricaEditorial de Ciencias Sociales-FLACSOISBN: 978-9929-585-30-0236 págs.

Esta obra tiene como objeto la descripción de datos históricos, y está apoyada en una intención revisio-nista. Considera el papel social de la historia como disciplina científica, y su enseñanza y debate como forjadores de identidades. En esta segunda edición, el autor, ha actualizado completamente el conteni-

do, para brindar una síntesis interpretativa de sociología e historia aplicada a la Centroamérica contemporánea.

Fecha/hora Actividad Lugar14 de mayo;

16:30 horasForo: “El gobierno judicial: Evaluación de desem-peño.Responsabilidad de jueces y magistrados.”Información: lrsalvado@flacso.edu.gt

FLACSO-Guatemala

22 de mayo; 17:00 horas

Foro: “Sobre el proceso de elección para la Corte Suprema de Justicia en Guatemala”.–Mesa redonda–Información: lrsalvado@flacso.edu.gt

FLACSO-Guatemala

27 de mayo; 17:00 horas

Conversatorio: “Las ciencias sociales en América Latina contemporánea: respuestas ante el agota-miento de modelos”. Participan: Adrián Bonilla, Se-cretarío General de FLACSO, Jorge Mora, Director de FLACSO-Costa Rica, y Ángel Flisfich, Director de FLACSO-Chile, Modera: Beatriz Zepeda, Direc-tora de FLACSO-Guatemala

FLACSO-Guatemala

30 de mayo; 17:00 horas

Conferencia: “Cerebro y sociedad: la relación entre las estructuras culturales y las redes neuro-nales”Conferencista: Roger Batra

Centro Cultural Mexicano

PRÓXIMA CONVOCATORIA DE POSGRADOS FLACSO

MAESTRÍAS 2014-2016Maestría en desarrollo rural

Licerio Camey Huz: kamey@flacso.edu.gtMaestría en estudios culturales latinoamericanos

Maite Andicoechea: mandicoechea@flacso.edu.gt Maestría en políticas públicas

Jorge Calvo: jcalvo@flacso.edu.gtMaestría en relaciones internacionales

vgil@flacso.edu.gtESPECIALIZACIONES 2014-2015

Políticas públicas en derechos sexuales y reproductivosjose.miranda@flacso.edu.gt

Migración, desarrollo y derechos humanosatobar@flacso.edu.gt

FORMACIÓN DE CIENTISTAS SOCIALES DE EXCELENCIA

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