Derecho al olvido - CSJ

7/23/2019 Derecho al olvido - CSJ

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIN PENAL

Magistrada ponente

PATRICIA SALAZAR CULLAR

Bogot D.C., agosto diecinueve 19) de dos mil quince 2015).

VISTOS:

Resuelve la Corte la solicitud d e FERN ANDO MO REIRA

VELASCO consistente en que se ordene retirar su nombre

de la base de datos que aparece en Google sobre el proceso

No. 20889

fallado en su con tra.

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES:

1

Argument el peticionario que si bien es cierto fue

declarado penalmente responsable, ya

el tiempo ha sido

suficiente

pues super el de la condena

y

su

buen nombre

no puede seguir estigmatizado de por vida. Cree violentado,


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Peticin de Supresin de informacin de base de datos

FERNANDO MOREIRA VELASCO (Casacin 20889)

adems, su derecho a la intimidad. Su hijo, en das pasados,

escribi su nom bre en el buscador de internet mencionado y

descubri ese pasado, del que nunca lo haba enterado. Eso

trajo consigo una

situacin muy dificil

para ambos y la

necesidad de llevar al joven a terapias sicolgicas.

2.

Al escribir en Google el nombre del solicitante -no se

obtuvo el mismo resultado al repetir el ejercicio con Bing o

con Yahoo-- apareci como primer resultado de la bsqueda

el siguiente:

DOCWOC

190 .24.134.69/ sentenciasTena1/20 04/ Dr.../208 89 18-11-04 ).doc

FERN NDO

MOREIR VEL SCO

En esa sentencia, expedida el 1 8 de noviembre de 20 04 ,

la Corte resolvi el recurso extraordinario de casacin

interpuesto por el defensor de MOREIRA VELASCO y cas

parcialmente la sentencia de segunda instancia para dejar en

firme la de primer grado, a travs de la cual fue condenado a

4 6 meses de prisin e inhabilitacin de derechos y funciones

pblicas por el mismo trmino, al ser hallado autor

responsable de homicidio atenuado por perpetrarse en

estado de ira, en concurso con porte ilegal de arma de fuego

de defensa personal.

3.

Esta Sala, mediante determinacin del 10 de junio de

2015, en la cual resolvi una peticin similar a la actual,

dispuso ordenarle a la Relatora adoptar las medidas

pertinentes

para que en las bases de datos destinadas a la


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FERNANDO MOREIRA VELASCO Casacin 20889)

divulgacin de las doctrinas de esta Sala, la bsqueda

pertinente se realice mediante criterios inherentes a temas

jurdicos (en aspectos sustanciales, procesales o probatorios),

restringiendo el uso de los nombres y apellidos, o cualquier

otro dato personal sensible de los sujetos procesales o

intervinientes, que resulte ajeno e innecesario con el fin de

publicidad de la jurisprudencia, y que por el contrario propicie

la vulneracin de derechos derivados del hbeas data de

aquellos'.

Esta directiva se fundament, en esencia, en las

siguientes razones:

3 1

El rgano de

difusin y publicidad

de l

jurisprudencia de la Sala de Casacin Penal es su Relatara.

Esta, para el cumplimiento de sus funciones y finalidades

previstas en la Ley y los reglamentos, en observancia de los

artculos 74 y 228 de la Constitucin Poltica, as como del

64 de la Ley Estatutaria de la Administracin de Justicia,

cuenta con una

base de datos que le permite al pblico

revisar los archivos de jurisprudencia

mediante distintos

criterios de bsqueda, entre los cuales estn los nombres de

las personas.

3 2 Las bases de datos

o archivo? administrados

por la Relatora, en concordancia con el artculo 4 , literal b),

de la Ley 1581 de 2012, tienen como finalidad

la

comunicacin y divulgacin de la jurisprudencia

de la Sala de

Casacin Penal y no la de

servir como medio de publicidad

de los antecedentes penales de los sujetos activos de los


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distintos delitos materia de los procesos sometidos a su

conocimiento .

3 3

Los motores de bsqueda en internet Google, Bng,

Yahoo , MSN , etc.) pueden lee?

la informacin con la cual se

alimentan las bases de datos cargadas en la pgina

electrnica de la Corporacin. Y como no siempre quien

acude a esas herramientas de consulta lo hace con

inters

profesional o acadmico ,

algunos entienden que el acceso

indiscriminado a la providencia a travs del nombre resulta

lesivo de los derechos a la intimidad, a la honra, al honor y

al hbeas data.

3 4

Aunque la

finalidad

de las bases de datos

administradas por la Relatora de la Sala es divulgar la

jurisprudencia, en la prctica

- por los criterios

implementados para su utilizacin y la informacin

que las

alimenta, se convierten en

medio de conocimiento y

difusin de los antecedentes penales en forma

indiscriminada .

Esto por la sencilla razn de que con

'el

nombre de una persona vinculada con un asunto que haya

sido tramitado por la Corte procesado, denunciante, vctima o

testigo) puede ser hallado y relacionado con las variables del

caso, sin que ello obedezca a un especifico inters jurdico en

un tema en partcula?.

3 5

De forma semejante a como decidi la Corte

Constitucional en la sentencia SU-458 de 2012,

el

tratamiento de los datos personales'

de condenados en las

bases de informacin de la Corte, desbordan

la finalidad


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legtima de esos archivos divulgar la jurisprudencia),

generndose el

inaceptable

resultado de

generar sospecha

sobre las calidades de la persona

y favorecer

prcticas de

exclusin social

y

discriminacin prohibidas por la

Constitucin .

3 6

La actividad que a travs de la Relatora desarrolla

la Sala de Casacin Penal se rige por la Ley 1581 de 2012 y,

en consecuencia, con fundamento en los principios all

establecidos para la proteccin de los datos personales, se

concluy en la decisin materia de sntesis que para cumplir

la Corporacin con la funcin legal

de divulgacin de sus

doctrinas no era necesario

ni til mantener en las bases

de datos los nombres de las personas. Por ende -como atrs

se advirti se adopt el mandato de suprimir de los

archivos utilizados para la divulgacin de la jurisprudencia,

los nombres y apellidos

o cualquier otro dato personal

sensible de los sujetos procesales o intervinientes .

4

La Sala 3 de Tutelas de la Sala de Casacin Penal,

mediante auto del 30 de junio de 2015, le neg a un

ciudadano suprimir su nombre de una sentencia de tutela

con apoyo en los siguientes argumentos:

4 1 De acuerdo con los artculos 7 de la Constitucin

Poltica, 64 -inciso 3 de la Ley 270 de 1996 y 2 de la Ley

1712 de 2014, las providencias judiciales -desde luego las

expedidas por la Corte tambin son pblicas y a ellas

puede acceder cualquier persona, salvo en aquellos casos

donde opera la reserva legal. La publicidad es la regla y la


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restriccin la excepcin, al punto que segn los artculos 18

y 19 de la Ley 1712 de 2014 , toda denegacin de acceso a un

documento pblico, por tratarse de informacin pblica

clasificada o informacin pblica reservada , debe hacerse

motivadam ente y por escrito.

4 2 Quien se opone a la publicidad de una decisin

judicial, de acuerdo con los artculos 21 y 28 ibdem, tiene la

carga de probar que el contenido de la providencia total o

parcial

causa un dao a los derechos de personas

naturales o jurdicas o lesiona intereses pblicos .

Slo si as

se comprueba, cabe limitar el acceso al documento o

disponer su divulgacin parcial a travs de una

versin

pblica del mismo.

4 3

Como el inciso 3 del artculo 64 de la Ley 270 de

1996

no distingue entre segmentos o partes de la decisin

judicial ,

en ausencia de alguna circunstancia que limite la

divulgacin de una emanada de la Corte, su reproduccin

debe ser exacta y por cualquier medio adecuado, siempre que

el archivo est bajo control de la

Corporacin . Se resalta que

debido a la naturaleza pblica del documento

cualquier

persona tiene derecho de acceso, sin necesidad de acreditar

un inters concreto o

una

finalidad especfica .

4 4

Ahora bien, si no hay lugar, en concordancia con

lo precedente, a restringir, ocultar o alterar los documentos

pblicos en ausencia de alguna de las circunstancias

sealadas en los artculos 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, o

de cualquier otro motivo de reserva d ispuesto por el legislador,


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las cuales debern ser expuestas y probadas en cada caso ,

no es posible dar aplicacin al mandato asumido por la Sala

en el auto del 10 de junio de 2015.

4 5

Con el sustento anterior resolvi la Sala de Tutelas

no acceder a la demanda del solicitante, enfatizando la no

concurrencia de ninguna circunstancia que permita

restringir a los ciudadanos

el conocimiento de hechos que se

encuentran en la esfera de lo pblico .

4 6

Se advirti en esta decisin, por ltimo, que la

divulgacin de la sentencia judicial en relacin con la cua l el

ciudadano peticionario reclamaba la supresin de su nombre

a travs del buscador web de Google y de otros proveedores

de bsquedas en Internet ,

contravena la inexequibilidad de

la expresin

y bases de datos contenida en el texto original

del inciso 3 del artculo 64 de la Ley Estatutaria 270 de 1 996,

decretada por la Corte Constitucional en la sentencia C-037 de

1 996 .

La divulgacin de providencias judiciales por medio de

bases de datos

sin el adecuado control de la respectiva

Corporacin

-adujo el Tribunal Constitucional en esa

oportunidad

podra traducirse en el desconocimiento de la

reserva legal y posibilitar la reproduccin alterada de las

providencias, afectndose de esta forma el contenido del

artculo 74 constitucional y el principio de seguridad jurdica .

En vista de ello, considerando la Sala 3 de Tutelas

que la

resonancia de las decisiones judiciales realizada por los

servidos de bsquedas generalizadas en Internet, sin control


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alguno de esta Corporacin, es abiertamente contraria a la

referida doctrina constitucional ,

decidi en el caso concreto

ordenarle a la Relatora y a la Divisin de Informtica acudir

a las herramientas tecnolgica?

pertinentes e implementar

los protocolos que sean necesario?

para que el fallo de tutela

materia de la peticin

nicamente sea consultable en los

sistemas de informacin controlados por la orte Suprema de

Justicia .

5

No puede ocultar la Sala que las determinaciones

compendiadas se contradicen. Son dos visiones distintas de

respuesta a un problema jurdico de gran complejidad

surgido del desarrollo de la tecnologa en el campo

informtico asociado al manejo en archivos digitales o bases

de datos de las providencias judiciales. Estas no se discute

son documentos pblicos. Y salvo cuando lo excepciona la

ley, todas las personas tienen derecho a acceder a ellas, de

conformidad con el Artculo 74 de la Constitucin Poltica.

Ocurre, sin embargo, que en sus textos aparecen

datos

personales

de diferentes intervinientes procesales, en

relacin con los cuales se ha generado una fuerte polmica

orientada a definir si pese a formar parte los mismos de un

documento pb lico son merecedores proteccin de qu clase

en caso positivo y si ella entra en con flicto con el principio de

transparencia judicial.

Aqu se abordar esa temtica, de la mano de la

Constitucin Poltica, de las leyes estatutarias 270 de 1996

de la estructura y funcionamiento de la administracin de

justicia), 1581 de 2012 de disposiciones generales para la


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proteccin de datos personales), 1712 de 2014 de

transparencia y del derecho de acceso a la informacin

pblica nacional) y de la jurisprudencia constitucional

naturalmente, en la bsqueda de un a solucin con la cual se

consiga superar el desacuerdo que se advierte entre las

determinaciones de junio 10 y junio 30 de 2015 y, al tiempo,

precisar el protocolo que los responsables del manejo de las

bases de datos de las providencias proferidas por la Sala de

Casacin Penal deben observar en adelante en relacin con

las informaciones personales y sensibles correspondientes a

personas condenadas.

El anterior ser el lmite de la presente decisin. Las

reglas que de aqu surjan, eso lo tiene claro la Sala, no

solucionarn todos los problemas asociados a los datos

personales existentes en una providencia judicial.

nicamente resolvern -se repite la cuestin relacionada

con el tratamiento de las informaciones personales

concernientes a procesados vencidos en juicio, a quienes se

les desvirtu la presuncin de inocencia y se les declar

penalm ente responsables. Esto significa que la Corte, ante la

carencia de una ley estatutaria que establezca el rgimen al

que se debe someter la administracin de las bases de datos

relacionadas con providencias judiciales, ir adoptando las

pautas pertinentes a medida que la casustica vinculada a

las peticiones ciudadanas vayan imponiendo el estudio de

nuevos problemas datos personales de testigos y de

vctimas, por ejemplo .


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6. El logro de la respuesta que la Corte persigue en esta

decisin, necesariamente tiene que pasar por la

consideracin del principio de publicidad y del derecho de

acceso de todas las personas a los documentos pblicos sin

reserva legal.

El principio de publicidad, de una parte, en armona

con el artculo 29 de la Constitucin Poltica, est relacionado

en materia penal con el debido proceso y ampara los

derechos de defensa, de contradiccin y de impugnacin. De

otro lado, segn el artculo 64 de la Ley Estatutaria de la

Adm inistracin de Justicia -concordante con los artculos 74

y 228 de la Constitucin, le impone a los Jueces el deber

de com unicar y divulgar a la opinin pb lica o a la comun idad

en gen eral, el contenido y los efectos de sus decisiones, salvo

en aquellos casos en los cuales exista reserva legar

(Corte

Constitucional, Sent. C 641/2002 ).

Esa segunda expresin del principio de publicidad,

segn lo expres el Tribunal Constitucional en la anterior

sentencia, constituye un presupuesto de eficacia

de la

funcin judicial y un

mecanismo para propender por la

efectividad de la democracia participativa .

Ms all de la

trascendencia que para las partes adquiere en el proceso la

aplicacin efectiva del principio, ste

persigue el logro de una

finalidad de inters pblico . Dota a la sociedad de un

medio

para preservar la transparencia y razonabilidad de las

decisiones judiciales, a menos que dichas actuaciones se

encuen tren sometidas a reserva .


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El principio de publicidad, de otra parte, agreg el

Tribunal Constitucional y la Sala lo acoge,

conduce al logro

de la obediencia jurdica en un Estado democrtico de

derecho, ya que slo en la med ida en que las personas tienen

conocimiento de las actuaciones judiciales, esto es, del

principio regla o

razn

jurdica que constituye la base de una

decisin judicial, las partes o los interesados podran apelar a

dicho fundamento para ajustar su conducta a las decisiones

de los Jueces. En este orden de ideas, es preciso recordar que

as como la imperatividad y obligatoriedad de la ley presupone

su conocimiento por parte de los ciudadanos mediante su

publicacin en el Diario Oficial, tambin la imperatividad y

obligatoriedad de las sentencias judiciales suponen su

publicidad, pues lgicamente aquello que es desconocido por

las partes o terceros no puede ser objeto de imposicin, so

pena de alterar y desconocer los valores, principios y reglas

de un Estado Social de Derecho .

En la sentencia T 049-2008, la Corte Constitucional

enfatiz la condicin del principio de publicidad de

medio

indispensable

para que la comu nidad en general en relacin

con las actuaciones y decisiones de las autoridades pblicas

ejerza su control y vigilancia y el derecho

a la memoria

histrica de un hecho . Y,

como resulta obvio, su cualidad de

presupuesto de eficacia de la funcin judicial y de

legitimacin de la democracia participativa ,

de la cual es

componente fundamental el derecho de acceso a los

documentos pblicos previsto en el artculo 74 de la

Constitucin Poltica.


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La Corte Constitucional ha destacado la relacin

existente entre el sistema democrtico de gobierno y el

principio de publicidad de los docum entos pblicos. En aras

de la materializacin del derecho de los habitantes del pas a

participar en las decisiones que los afectan, seal ese

Tribunal en la sentencia C-891/2002 y lo reiter en la

sentencia C 872/2003, le corresponde a las entidades

estatales suministrarle a las personas oportunamente toda la

informacin que no goce de reserva constitucional o legal;

advirtiendo si, que esta informacin oficial debe ser completa,

consistente, coherente,

verificable, comparable,

contextualizada, difana y siempre oportuna .

7

Las sentencias judiciales en firme son informacin

pblica. En esa medida, todas las personas tienen derecho

de acceder a ellas, segn lo dispone el artculo 74 de la

Constitucin Nacional. Y si son parte de las mismas los

datos personales del procesado, en principio no ofrece

dificultad concluir que est constitucionalmente permitido

su conocimiento.

Sin embargo, en consideracin a que la Corte conserva

esas providencias o las que dan cuenta de ellas, como pasa

con los autos a travs de los cuales se inadmiten las

demandas de casacin) en una base de datos y a que la

norma constitucional aludida excepta del derecho de acceso

los casos que establezca la ley se ver si en sta se consagra

como derecho del condenado la supresin de sus datos

personales de los fallos judiciales. Se deducir que s aunque

slo a partir de la declaracin de cumplimiento de la pena o


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FERNANDO MORE1RA VELASCO Casacin 20889)

de su prescripcin, por razones similares a las que expres

la Corte Constitucional en la sentencia SU 458/2012, a

travs de la cual le tutel el derecho de hbeas data a varios

ciudadanos que sin ser requeridos por las autoridades

judiciales pues su pena se encontraba

cumplida o prescrita ,

seguan figurando con registro de antecedentes penales en la

base de datos correspondiente de la Direccin de

Investigacin Criminal e INTERPOL de la Polica Nacional.

La Sala intenta que la presente determinacin guarde

armona con esa sentencia del Tribunal Constitucional,

cuyos argumentos comparte. All esa Corporacin,

con el

propsito de proteger el derecho fundamental al hbeas data,

en sus tres dimensiones: cumplimiento de los principios de la

administradn de datos

(finalidad, utilidad, necesidad y

circulacin restringida); derecho subjetivo a la supresin

relativa de la informacin personal negativa; y garanta del

derecho al trabajo de los peticionarios ,

dispuso ordenarle al

Ministerio de Defensa - Polica Nacional, en su condicin de

administrador responsable de la base de datos sobre

antecedentes penales, que

para los casos de acceso a dicha informacin por parte

de particulares, en especial, mediante el acceso a la base

de da tos en lnea a travs de las plataformas respectivas

de la Internet, omita emplear cualquier frmula que

permita inferir la existencia de antecedentes penales en

cabeza d e los peticionarios, si efectivamen te estos no son

requeridos por, ni tienen cuentas pendientes con, las

autoridades judiciales (SU 458/2012, pgina 44).


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Ms adelante precis el Tribunal Constitucional que se

deba modificar el sistema de consu lta en lnea de dicha base

de datos, de tal forma que W ingresar la cdula de los

demandantes y de todos aquellos que se encuentren en una

situacin similar ( una autoridad judicial declar la extincin

de sus condenas o la prescripcin de la pena

-pg. 10 de la

sentencia

o que no registren antecedentes, aparezca la

leyenda: no tiene asuntos pendientes con las autoridades

judiciales .

Si claramente, como se puede advertir, se estableci

dicho lmite de acceso a la base de datos de antecedentes

penales a cargo de la Polica Nacional, no ve la Corte por qu

una regla distinta tendra que regir el tratamiento de los

datos personales de los procesados presentes en las

sentencias condenatorias ejecutoriadas, siendo que son

precisamente stas, de conformidad con el artculo 248 de la

Constitucin Poltica, las que

tienen la calidad de

antecedentes penales .

8

Los antecedentes penales en criterio de la Corte

Constitucional, y

naturalmente las sentencias condena torias

con los datos person ales del procesado agrega la Sala, tienen

el carcter de datos negativos que permiten asociar

circunstancias no queridas, perjudiciales, socialmente

reprobadas o simplemente desfavorables con una persona

natura

r

Posiblemente sean, en el

marco de un estado de

derecho, el dato negativo por excelencia: el que asocia el

nombre de una person a con la ruptura del pacto social, con la


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defraudacin de las expectativas normativas, con la violacin

de los bienes jurdicos fundamentales

SU 458/2012, pg.

25).

Al igual que las bases de datos sobre antecedentes

pena les, la de sentencias condenatorias de la Corte e igual de

autos que se refieren a ellas los que inadm iten las demandas

de casacin, por ejemplo), deben administrarse con sujecin

al principio de legalidad. En cuanto bases de datos, en

consecuencia, estn sometidas a los

principios para el

tratamiento de datos personales

relacionados en el artculo

4 de la Ley 1581 de 2012 y, en particular, los de finalidad,

necesidad, utilidad y circulacin restringida.

Las actividades de acopio, procesamiento y divulgacin

de la informacin personal, segn la sentencia de la Corte

Constitucional que se sigue,

deben obedecer a un fin

constitucionalmente legtimo definido de forma clara,

suficiente y previa . Por ende,

est prohibida, por un lado, la

recopilacin de informacin personal sin que se establezca el

objetivo de su incorporacin a la base de datos y, por el otro,

la recoleccin, procesamiento y divulgacin de informacin

personal

para

un propsito diferente al inicialmente previsto

Pg. 29).

La Corte, es indiscutible, no recolecta, ni almacena, ni

procesa datos personales. Profiere decisiones judiciales y las

divulga en desarrollo de la obligacin de dar a conocer sus

decisiones, que -como se vio deriva del principio de

publicidad.


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La finalidad de las bases de datos de la Sala de Casacin

Penal, en consecuencia, no se limita a la comunicacin de

sus doctrinas jurdicas. Desde luego que ese es un propsito

importante que se cumple con la publicidad y principalmente

beneficia a quienes consultan tales herramientas de

informacin

con inters profesional y acadmico .

Pero existe

uno adicional, de inters pblico , que qued al margen en

el enfoque que se dio al problema en la decisin del 10 de

junio de 2015.

La sociedad toda tiene el derecho a controlar y vigilar al

poder judicial yeso implica el deber de transparencia de ste.

Sus decisiones no reservadas por la ley, en consecuencia,

puede conocerlas cualquier persona para el escrutinio

pertinente y es a travs de ese ejercicio de participacin

ciudadana que se legitima o se juzga arbitraria a la autoridad

pblica en los Estados dem ocrticos.

En dicho contexto, sufrira mengua el derecho de las

personas a fiscalizar las sentencias condenatorias en materia

penal si se suprimen los nombres de quienes delinquieron.

Simplemente porque a la comunidad no slo le interesa

conocer las reglas

o l s

razones jurdicas

que

fundam entaron una decisin judicial para ajustar a ellas su

conducta, sino qu pas con los casos que la inquietaron,

cmo se resolvieron, quines fueron los inculpados, qu fue

exactamente lo que hicieron, qu delitos cometieron, por

cules motivos se les declar responsables y qu pen as se les

impusieron y la forma de su cum plimiento.


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Otro de los propsitos de la base de datos pblica de

sentencias condenatorias de la Sala, ntimamente ligado al

anterior, tiene que ver con el fin de prevencin general de la

pena. Es decir, el efecto de disuasin que se persigue con la

notificacin que a travs de esas decisiones se hace a las

personas acerca de las consecuencias que siguen a la

ejecucin de esos comportamientos prohibidos.

As las cosas en virtud de las finalidades que cumple la

base de datos de sentencias condenatorias de la Sala, las

cuales trascienden el simple objetivo de

divulgacin de sus

doctrinas , es

til y necesario

conservar en ellas los

nombres de los procesados, quienes ya condenados a travs

de fallo ejecutoriado carecen de expectativa razonable de

intimidad y en esa medida mal haran en aspirar a que sus

nombres no aparezcan en las sentencias en su contra objeto

de divulgacin.

La anonimizacin del procesado desde la expedicin de

la sentencia condenatoria por tanto no es una opcin vlida

ajuicio de la Corte. No se entendera que se oculte al pblico

la identidad de quien recin ha sido declarado responsable

de la ejecucin de un crimen. Ese conocimiento de la

colectividad, por dems, hace parte del padecimiento

implcito en la expiacin de la pena .

La sociedad demanda y requiere esa informacin. Si el

Internet en el mundo moderno le permite a los ciudadanos,

para disminuir los riesgos en la seguridad derivados de las


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relaciones humanas, verificar con solo teclear un nombre en

un buscador si alguien con quien se quiere contratar,

trabajar o tener una relacin de pareja o de vecinos, aparece

eventualmente relacionado con un hecho criminal y en

realidad lo est pues en la Sala de Casacin Penal se

confirm una condena en su contra y as aparece en su base

de datos, mal se hara privndolos en todo tiempo de la

posibilidad de alcanzar ese conocimiento, que es

exactamente lo que se lograra si se condiciona la pub licacin

de la decisin judicial a la supresin del nombre del

procesado.

El anterior argumento apoya igualmente la conclusin

de conservar pblico el acceso a travs de la direccin IP de

la Corte donde se encuentran almacenadas sus providencias

que es lo que le permite a los ciudadanos en general ingresar

a esa informacin -dispuesta en un servidor en la oficina de

sistemas a travs los distintos buscadores web incluido el

full text

disponible en la pgina de la Corte Suprema de

Justicia. Ese archivo de decisiones, que en realidad es un

repositorio de informacin que se comparte slo para lectura

sera impenetrable por el pblico sin la integracin con los

motores de bsqueda que los diferentes proveedores

suministran.

Aunque tcnicamente fuera posible lograr que a esa

base de datos nicamente pudiera accederse a travs del

buscador propio de la Corte

fulltext),

quitando el permiso de

acceso a los buscadores usualmente utilizados por las

personas en general Google, Bing, etc.), estima la Sala que


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ello supondra crearle a la comunidad unas dificultades

injustificadas en la verificacin de un a informacin pblica a

la que tienen derecho, disponible en un archivo controlado

por funcionarios de la institucin que no es susceptible de

adulteracin. Una medida como esa, adems, significara el

quebrantamiento del

principio de mxima publicidad

estatuido en el artculo 2 de la Ley 1712 de 2014 o Ley de

Transparencia y del Derecho de Acceso a la Informacin

Pblica Nacional.

9

La regla hasta este m omento elaborada, que debern

aplicar los funcionarios responsables de la adm inistracin de

las bases de datos de la Sala de Casacin Penal de la Corte

Suprema de Justicia, es -pues del siguiente tenor:

Las sentencias condenatorias que expida la Sala o los

autos en los que haga referencia a ellas inadmisin de

demandas de casacin, por ejemplo , se ofrecern ntegras al

pblico -sin la supresin de los nombres de los procesados

permitindose que los ciudadanos accedan a ellas a travs de

los buscadores web y slo con autorizacin de lectura.

El interrogante que ahora surge es si con esa

informacin negativa habrn de cargar las personas

condenadas durante toda su vida y tambin su descendencia

despus de su muerte. La respuesta es que no y la

justificacin es similar a la expresada por la Corte

Constitucional en la sentencia SU 458/2012 para

fundamentar la orden de suprimir como resultado de las

bsquedas indiscriminadas de los ciudadanos en la base de


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datos de antecedentes penales de la Polica Nacional, que la

persona cuya cdula de ciudadana era digitada silos tena,

no obstante haberse operado el cumplimiento de la pena o

su prescripcin.

Si uno de los propsitos de la publicidad de las

sentencias condenatorias tiene que ver con la funcin de

prevencin general que cumple la pena, tambin a ella est

vinculado otro objetivo de gran trascendencia que es la

reinsercin social del condenado, considerado

el fin

fundamentar

de la pena en el artculo 9' del Estatuto

Penitenciario y Carcelario o Ley 65 de 1993. Y si bien es

cierto se trata de una funcin que se em pieza a operar

en el

momento de la ejecucin de la pena de prisin ,

segn lo

precepta el artculo 4 del Cdigo Penal, se entorpecera su

materializacin tras el cumplimiento de la pena si se

continuara permitiendo el conocimiento pblico e

indiscriminado del antecedente penal, ya en la base de da tos

de la Polica Nacional o en la de sentencias condenatorias de

la Corte.

Ello favorecera prcticas discriminatorias en el

mercado laboral y obstruira las

posibilidades de reinsercin

de las personas que, cumplida o prescrita la pena, han

superado sus problemas con la ley

(SU 458/2012, Pg. 37).

Se desconocera, igualmente, el artculo 162 del Cdigo

Penitenciario, a travs del cual el legislador estableci que,

una vez cumplida la pena,

los antecedentes criminales

no

podrn ser por ningn m otivo factor de d iscriminacin social o

legar

y prohibi, en consecuencia, hacerlos-figurar en

los


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certificados de cond ucta que se exp idan ,

insertando la norma

-como para que no quedara duda del mandato en el Ttulo

denominado

servicio pospenitenciario .

La solucin de permitir el acceso del pblico en general

al antecedente penal slo hasta antes de la declaracin

judicial de cumplimiento o prescripcin de la pena, tambin

la apoy la Corte Constitucional en el

derecho al olvido

y en

el

principio de caducidad del dato negativo ,

aplicando con

ello analgicamente al caso resuelto en la sentencia SU

458/2012, la regla jurisprudencial que emple al examinar

en otro asunto el derecho de hbeas data frente a los datos

negativos de carcter crediticio. Vale decir, que

las

informaciones negativas acerca de

una

persona no tienen

vocacin de perennidad y en consecuencia, despus de algn

tiempo, deben desaparecer totalmente del banco de dato?.

Y

que

el derecho al olvido, planteado en relacin con la

informacin negativa referente a las actividades crediticias y

financieras, es aplicable tambin a la informacin negativa

concerniente a otras actividades, que se haya recogido en

bancos de datos .

As las cosas con apoyo en los argum entos precedentes

la Sala concluye que de las sentencias condenatorias o de los

autos que se refieren a ellas existentes en las bases de datos

de la Corporacin, en relacin con las cuales se haya

declarado judicialmente el cumplimiento de la pena o su

prescripcin, deben suprimirse los nombres de las personas

condenadas. Esa ser la versin pblica de la sentencia que

se ofrecer a la comunidad en tales casos y a la que se podr


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acceder -ya no a partir del nombre de los procesados a

travs de buscadores web o directamente desde el buscador

disponible en la pgina de la Corte Suprema de Justicia. El

documento ntegro que naturalmente sigue siendo pblico y

consultable directamente en las oficinas donde reposa bajo

los preceptos legales que rigen el derecho de acceso a la

informacin pblica), se conservar en los archivos de la

Corporacin.

10. En resumen, la regla que establece la Sala de

Casacin Penal, que deben observar los funcionarios

responsables de la administracin de sus bases de datos es

la siguiente:

Las sentencias condenatorias que expida la Sala o los

autos en los que haga referencia a ellas inadmisin de

demandas de casacin, por ejemplo), se ofrecern ntegras a

la comunidad en su servidor de acceso pblico -sin la

supresin de los nombres de los procesados permitindose

que los ciudadanos accedan a ellas a travs de los

buscadores web o del

full t xt

de la Corte y slo con

autorizacin de lectura.

Cuando se compruebe que judicialmente se declar

cumplida o prescrita la pena, se suprimirn de las bases de

datos de acceso abierto los nombres de las personas

condenadas, salvo en los eventos en que la ley obligue a

conservar pblica esa informacin en todo tiempo. No

obstante se mantendr el docum ento ntegro en los archivos

de la Corporacin. Este, bajo los preceptos legales que rigen


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el derecho de acceso a la informacin pblica, podr

consultarse directamente en las oficinas en las cuales

reposa.

11.

Bajo la regla enunciada, dado que FERNANDO

MOR EIRA VELASCO no demostr que en su caso la pena que

se le impuso se declar cumplida o prescrita NO SE AC CEDE

a su solicitud. Una vez acredite una de las circunstancias

mencionadas la oficina responsable de la Corte proceder de

acuerdo al protocolo en precedencia establecido.

12.

La Corte no quiere dejar de lado, para finalizar,

referirse a uno de los argumentos que se plantean en pro de

la anonimizacin desde el momento en que se expide la

sentencia. Se dice que una prctica as impide el efecto

nocivo de hacerlo despus, cuando ya la providencia -con el

nombre de la persona condenada est en otras bases de

datos no controladas por la institucin, en las cuales no se

reflejara la supresin de los nombres del condenado en favor

del cual se declar cumplida o prescrita la pena.

Claramente es una razn a favor de un procedimiento

que impedira el problema advertido pero que no controvierte

las consideraciones en que se ha fundado la C orte para optar

por la solucin atrs compendiada. Revela esa reflexin, sin

embargo, la necesidad de evitar dicha dificultad futura.

El cmo hacerlo surge de valorar la circunstancia de

que la Corte rutinariamente, segn una prctica construida

por la costumbre, entrega sus archivos de providencias a


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e?



personas naturales y jurdicas que las utilizan en sistemas

de informacin que se ofrece n gratuitamente o me diante pago

o simplemente como herramienta de actividades privadas.

La Sala no impedir que se siga con la prctica. Pero le

impondr a quienes obtengan esa informacin que antes de

asociarla a una base de datos supriman las informaciones

personales de procesados, vctimas y testigos. Eso impedir,

en el caso de los primeros, que cuando lo haga la Corte

porque se prescribi o cumpli la pena o respecto de los

otros en cualquier tiempo y por motivos aqu no dichos),

continen esos datos circulando en la Internet en sistemas

de informacin que no controla. Es una obligacin que puede

imponer la Corte para el adecuado manejo de la informacin

pblica que produce de l cual hace parte e l de be r de protege r

el derecho a la vida privada de las personas fsicas y el

derecho al olvido.

Por secretara, comunquese la presente decisin al

peticionario y, para el cumplimiento de las reglas aqu

adoptadas, remtase copia de la misma a la Oficina de

Sistemas y a la Relatora de la Sala de Casacin Penal.

CMPLASE

JOS LUIS BARC LO CAMACHO


25/26

FERN NDO LBERTO STRO C B LLERO

EUGINIO FERIANDL CARLIER

Peticin d

FERN

upresi

NDO MO

de informacin de base de datos

IRA VELASCO Casacin 20889)

OS M RTNEZ

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