CONSEJO PERMANENTE DE LA OEA/Ser.G ORGANIZACI“N DE de la...  destinadas a tratar los problemas propios

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  • CONSEJO PERMANENTE DE LA OEA/Ser.G

    ORGANIZACIN DE LOS ESTADOS AMERICANOS CP/CISC-688/13

    10 mayo 2013

    COMISIN SOBRE GESTIN DE CUMBRES INTERAMERICANAS Original: espaol/ingls

    Y PARTICIPACIN DE LA SOCIEDAD CIVIL

    EN LAS ACTIVIDADES DE LA OEA

    RECOMENDACIONES DEL

    X FORO HEMISFRICO DE LA SOCIEDAD CIVIL Y ACTORES SOCIALES Y SESIN

    ESPECIAL CON LA SOCIEDAD CIVIL Y ACTORES SOCIALES DE LA COMISIN SOBRE

    GESTIN DE CUMBRES INTERAMERICANAS Y PARTICIPACIN DE LA SOCIEDAD

    CIVIL EN LAS ACTIVIDADES DE LA OEA (CISC)

    Washington, D.C. - 9 y 10 de mayo de 2013

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    10 FORO HEMISFRICO CON LA SOCIEDAD CIVIL Y ACTORES SOCIALES Por una Poltica Integral de Lucha contra las Drogas en las Amricas"

    Washington, D.C. - 9 de mayo de 2013

    El Dcimo Foro Hemisfrico con la Sociedad Civil y Actores Sociales se realiz el 9 de mayo de 2013 en la sede de la OEA en el marco del proceso preparatorio del Cuadragsimo Tercer Perodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA Por una poltica integral de lucha contra las drogas en las Amricas con el objetivo de ofrecerle la oportunidad a la sociedad civil para intercambiar ideas y elaborar recomendaciones sobre el tema de la Asamblea General con nfasis en sus desafos a la salud, la seguridad pblica y el acceso a la justicia. Dicho Foro cont con la participacin de 52 representantes de 44 organizaciones de la sociedad civil, trabajadores, expertos y acadmicos provenientes de 19 Estados Miembros y un Observador Permanente de la OEA. Este documento presenta las conclusiones y recomendaciones de los participantes, el programa (anexo 1), la lista de participantes (anexo 2) and the report of the Virtual Forum (anexo 3).

    DESAFOS A LA SALUD PBLICA Y EL DESARROLLO DE UNA POLTICA INTEGRAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS EN LAS AMRICAS

    Consideramos Que el consumo problemtico de drogas es un problema socio-sanitario, por lo que se hace necesario fortalecer los sistemas nacionales de salud, educativo de apoyo e inclusin social, particularmente en las reas de prevencin, tratamiento y reduccin de daos y, desarrollar a la vez, una evaluacin de dichos sistemas que nos permita identificar las acciones necesarias para responder a los consumos problemticos de drogas desde un enfoque no represivo en el marco de los derechos humanos. (Sugerencia al prrafo resolutivo no. 4 del Proyecto de Declaracin de Antigua Guatemala)

    Creemos que es necesario separar el uso de drogas del campo penal y de la seguridad. Las personas que usan drogas no deben ser penalizadas y criminalizadas por su consumo. Slo una clara separacin entre usuarios de drogas y mercado ilegal permitir que el esfuerzo de las agencias de seguridad se enfoque en quienes realmente debe hacerlo. Esta medida redundar, adems, en un primer descongestionamiento de las crceles y los sistemas de justicia.

    Consideramos que la participacin de la sociedad civil es de gran importancia, ya que puede ofrecer, segn sea el caso, experiencia y conocimiento para el desarrollo y la implementacin de polticas y programas para enfrentar el problema mundial de las drogas. Al respecto, los Estados miembros deben alentar la participacin de los distintos actores sociales, y el fortalecimiento de sus capacidades, para que contribuyan as al fortalecimiento de las estrategias nacionales.

    RECOMENDACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y ACTORES SOCIALES

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    Al mismo tiempo se sugiere formalizar mecanismos de participacin social en el diseo de polticas y programas de prevencin, atencin, tratamiento y programas de reduccin de los riesgos y daos. Es necesario involucrar a las organizaciones de la sociedad civil, tales como asociaciones civiles, fundaciones, mutuales, organizaciones de base comunitaria, la academia, redes, organizaciones y usuarios de drogas, entre otros.

    Estamos convencidos que se debe incorporar un abanico completo y diverso de respuestas de salud pblica. La atencin de las distintas situaciones de consumo problemtico de drogas requiere respuestas diversas, especialmente en contextos donde tal consumo se combina con pobreza extrema y vulnerabilidades cruzadas. Debe ponerse especial atencin en los dispositivos de proximidad, de intervencin comunitaria, como las estrategias de reduccin de riesgos y daos asociados al uso de drogas. Siempre teniendo en cuenta las diversos contextos y realidades locales.

    Se deben priorizar los tratamientos ambulatorios y los distintos dispositivos alternativos a la internacin. Al mismo tiempo es fundamental asegurar que los dispositivos de atencin a usuarios de drogas estn basados en fundamentos cientficos y ajustados a principios ticos.

    Los servicios deben evitar la discriminacin y favorecer el acceso a los tratamientos de comprobada eficacia. El Estado tiene la obligacin de velar por el cumplimiento, por parte de los dispositivos de atencin a usuarios de drogas, de los criterios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de la atencin, as como reconocer el derecho de las personas que usan drogas al disfrute del ms alto nivel posible de salud (artculo 12 del Pacto Internacional de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales).

    Se debe respetar el derecho de toda persona que usa drogas a elegir el momento y el tipo de dispositivo de atencin. No deben ser obligadas a iniciar, suspender o aceptar un determinado tratamiento. El consentimiento informado debe comunicar claramente las alternativas y condiciones de los tratamientos. La atencin debe basarse en el principio biotico de autonoma de las personas.

    En el caso de las nias y nios deber prestarse especial atencin para que las polticas pblicas sanitarias y de infancia garanticen su atencin en base al respeto de la Convencin sobre los Derechos del Nio, y tambin para adolescentes velando por su bienestar, proteccin y su crecimiento como personas independientes.

    Se debe facilitar el acceso irrestricto a la atencin de la salud de las personas privadas de libertad con consumo problemtico de drogas. El acceso debe ser a servicios similares a los disponibles en su comunidad.

    En ningn caso su situacin procesal puede usarse como argumento para impedir el inicio o continuidad del tratamiento.

    Es necesario fortalecer los mecanismos de control estatal de los servicios destinados a usuarios de drogas. Es responsabilidad del Estado garantizar la calidad de los tratamientos y el respeto de la dignidad de las personas atendidas.

    Es necesario implementar un sistema coordinado de registro, supervisin y control de los servicios pblicos y privados destinados a usuarios de drogas, en acuerdo con los estndares y normativas en

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    la materia. Esta responsabilidad del Estado debe alcanzar a todas las iniciativas, an aquellas que se encuentren fuera de una red integrada de servicios.

    Se deben enmarcar las intervenciones de salud pblica en un continuum que distingue los tipos de uso, desde el recreativo hasta la adiccin y por lo tanto abarque un abanico completo de servicios e intervenciones que van desde la prevencin hasta la reduccin del dao y el tratamiento.

    Se deben distinguir entre los daos asociados al abuso de drogas y los daos asociados a la poltica de drogas. Es preciso recordar que si bien es cierto que todo consumo de drogas es potencialmente riesgoso, en algunos ambientes donde imperan la criminalizacin y los enfoques punitivos de control los daos asociados a las polticas pueden incluso sobrepasar a aquellos causados directamente por el mal uso de las sustancias.

    Sugerimos reevaluar la posicin de los Estados Miembros en materia de drogas psiquitricas y regulacin de otras drogas legales como el alcohol, tabaco y los inhalables con especial nfasis de proteger a nios, adolescentes y jvenes. En este sentido es preciso priorizar la accin pblica, reconociendo que en la actualidad la necesidad de intervencin se concentra en reducir los daos asociados al abuso de estas sustancias.

    DESAFOS A LA SEGURIDAD PBLICA Y EL DESARROLLO DE UNA POLTICA INTEGRAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS EN LAS AMRICAS

    Preocupados porque la aplicacin de las polticas hasta ahora empleadas para enfrentar el problema de drogas en el hemisferio, ha exacerbado la violencia, debilitado el Estado de derecho, vulnerado los derechos humanos y a las instituciones democrticas, hacemos las siguientes recomendaciones:

    Que los Estados produzcan polticas pblicas para enfrentar el problema de las drogas en cualquiera de sus etapas de la cadena de produccin y comercializacin, que generen seguridad ciudadana y sean respetuosas de los derechos humanos.

    Fortalecer el intercambio de informacin entre Estados que tienen fronteras comunes para detectar los trficos ilcitos y disminuir la vulnerabilidad.

    Recuperar la presencia del Estado en las zonas de frontera y socioeconmicamente deprimidas con un enfoque de inclusin y desarrollo y no de seguridad nacional. Fortalecer el rol y colaboracin con los gobiernos locales y la sociedad civil.

    Establecer un proceso participativo de revisin peridica con la sociedad civil de las polticas destinadas a tratar los problemas propios y derivados de la produccin, trfico, comercializacin y consumo de drogas, as como del lavado de activos.

    Instaurar un mecanismo peridico de seguimiento y evaluacin multilateral y multisectorial a escala hemisfrica similar al Mecanismo de Seguimiento de la Implementacin de la Convencin Interamericana contra la Corrupcin (MESICIC).

    Reconocer que los problemas propios y derivados de la produccin, trfico y comercializacin de drogas pertenecen al mbito de la seguridad ciudadana y no al de la defensa nacional.

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    Proveer a los cuerpos po

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