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SEMANARIONo. 195 | 24 Junio 2011 | Editado por COMUNICACIONES-SJ

>> Como la varita mágica para solventar problemas de criminalidad

Congreso Nacional aprobó LeyTemporal de Seguridad PoblacionalC on la oposición de

diferentes sectores sociales de Hon-

duras, el Congreso Nacional aprobó sin pausa y con prisa la Ley Temporal de Seguri-dad Poblacional, a través de la cual pretenden recaudar mil 500 millones de lempiras, unos 80 millones de dólares al año.

La iniciativa calificada como un nuevo “trancazo”, fue aprobada el miércoles en horas de la noche y tendrá una vigencia de cinco años, estará siendo reglamentada en estos días y será aplicada dentro de 45 días (Agosto), con el fin de destinar los fon-dos que se recauden a com-batir la delincuencia común, el narcotráfico y el crimen orga-nizado, que mantiene en vilo a la población hondureña.

La justificación de los con-gresistas hondureños es que los 400 millones de dólares que se recaudaran desde el 2011 y hasta el 2016, serán canalizados para equipar y mejorar la Policía, Fuerzas Ar-madas, Fiscalía y la Corte Su-prema de Justicia, según las declaraciones hechas por el presidente del Congreso Na-cional, Juan Orlando Hernán-dez, uno de los principales impulsores del paquetazo.

Al cierre de la votación para aprobar la polémica Ley, 90 de los 128 diputados en su mayoría del Partido Na-cional, dieron el visto bueno a la iniciativa. Otros 12 la rechazaron, mientras que 26 no asistieron a la sesión legislativa.

El trancazo

Para lograr recaudar los mil 500 millones de lempiras los diputados y diputadas aprobaron gravar con nuevos impuestos el rubro de la mi-nería con un cinco por ciento. Las transacciones bancarias con un promedio de 100 mil lempiras (en los últimos seis meses) deberán pagar por cada movimiento el 0.03 por ciento. Esto significa que

cualquier retiro, emisión de cheques, traslado de cuentas serán castigados con el nue-vo pago, por cada mil lempi-ras de transacción el Estado le deducirá tres lempiras.

Además según la Ley, las franquicias de comidas rápi-das deberán pagar el 0.5 por ciento de sus ingresos a lo que se le agrega el 0.03 por ciento en sus transacciones de compra, pagos y demás.

También se creó una nueva tasa denominada, Portabili-dad Numérica, relacionada al servicio de telefonía celular, que tiene como propósito obligar a cada abonado que tenga un teléfono celular a pagar 250 lempiras anuales por la tenencia de un número, se incluyó un incremento al cobro mínimo de tres mil lem-piras a la tasa que se paga

actualmente en la importa-ción de vehículos nuevos y usados y por último gravar con el 1% las operaciones de los casinos.

Los fondos captados se-rán administrados por cinco personas mediante un siste-ma de fideicomiso en el que están tres representantes del empresariado hondureño y dos del gobierno, que a su vez repartirá los fondos entre las instituciones operadoras de justicia según los resul-tados en su lucha contra la delincuencia.

Oposición

Representantes de la empresa privada, quienes apoyaron en sus inicios la iniciativa, al final exteriori-zaron su oposición a la tasa

de seguridad, inconformes con las nuevas imposiciones fiscales, principalmente por el impuesto que grava las tran-sacciones bancarias y por la vigencia de la Ley, argumen-tando que la recaudación se debería hacer por una única vez.

La representante de la Cámara de Comercio e Indus-trias de La Lima, en el depar-tamento de Cortés, al norte de Honduras, Elvia Osorio, expresa que no es con nue-vos impuestos que el gobier-no pondrá freno a los altos índices de inseguridad que se viven en el país.

Aconsejó que se deba combatir la delincuencia invir-tiendo en escuelas, centros de esparcimiento y en la ge-neración de empleos, porque cuando se aprueban nuevos

impuestos en este caso para seguridad, los sacrificados son los más pobres.

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Cohep tam-bién insinuó que los fondos obtenidos por la nueva ley podrían desviarse para finan-ciar campañas políticas.

En el caso de los dirigentes obreros, Daniel Durón, se-cretario general de la Central General de Trabajadores, CGT, asegura que debieron ser los empresarios los que paguen la tasa de seguridad, porque al final son ellos los quienes son beneficiados con el tra-bajo que hace la Policía.

Otros decretosaprobados

En las sesiones fugaces realizadas en el Congreso

Nacional también se reformó el artículo 294 del Código Pe-nal, para castigar hasta con cinco años la usurpación de las insignias policiales.

Se suman las reformas de los artículos constitucionales 71 y 92, que amplían de 24 a 48 horas el plazo de de-tención de los imputados en la comisión de delitos, lo que fue calificado por la Fiscal Es-pecial de Derechos Humanos, Sandra Ponce, como la anula-ción de garantías y derechos constitucionales, lo que deja a la ciudadanía a merced del poder estatal.

Ponce recalcó que para el combate a la criminalidad se tiene que iniciar por la de-puración a lo interno de la Policía Nacional Preventiva y luego crear aparatos pre-ventivos y de una verdadera investigación.

Al final nada asegura que con la recaudación de mil 500 millones de lempiras adi-cionales para los operadores de justicia, se reducirán las cifras de crimen y muerte que ponen al país entre los países más violentos del mundo, con un tasa de 72 homicidios por cada cien mil habitantes.

DAtOSSe estima que hasta •cuatro mil millones de lempiras se recaudarán anualmente con la tasa de seguridad.La Ley Temporal de Se-•guridad Poblacional es-tará vigente hasta el año 2016, con la posibilidad de extenderla de acuerdo a resultados.

La Ley Temporal de Seguridad Poblacional, entrará en vigencia a partir de agosto del presente año.

Sandra Ponce Fiscal de los derechos humanos.

BOLETIN - Julio 2009 l 2NUESTRA PALABRA

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>> Según el sindicato

Funcionarios de la ENEE involucrados en borrón electrónico que beneficia a grandes consumidores

Una nueva denuncia salpi-ca a la administración de la empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENEE, esta vez los presuntos implicados son al-tos funcionarios de la oficina regional en San Pedro Sula los que estarían ligados al borrador electrónico para favorecer a grandes consumi-dores de la estatal eléctrica.

La denuncia interpuesta por el sindicato de la ENEE asegura que unas 25 gran-des empresas de San Pedro Sula, están siendo beneficia-das con reducción en el con-sumo mensual. “Pese a que los pequeños consumidores ven sus facturas incremen-tar a causa de los recientes aumentos al kilovatio hora aprobado por la empresa, de forma extraña y sin ninguna justificación estas grandes empresas han reducido su factura de consumo en más del 50 por ciento”, detalló Edson García presidente del Sindicato de la zona norte.

Entre las 25 grandes em-presas que estarían siendo beneficiadas con la reducción de su consumo está Lady Lee, Lear Corporation, Agua Azul y Embotelladora de Sula, entre otras.

“Hemos denunciado que en enero, la empresa Agua Azul tuvo un consumo de 0, cuan-do su consumo normal ha sido de 300 a 600 kilovatios, pagando mensualmente entre un millón y un millón 200 mil lempiras”, es imposible que en el mes de enero no haya consumido nada, como si la fábrica se paró. Además han exigido a las autoridades pro-mediar su consumo, tal como establece la ley en casos como este, pero seis meses han pasado y no se ha hecho nada para cobrar a esta em-presa”, apuntó García.

El presidente del STENEE declaró a Radio progreso que los sindicalistas exigen la sus-pensión inmediata del jefe de Altos Consumidores y el jefe de Medianos Consumidores de la regional sampedrana para iniciar una investigación interna.

Recordemos que a la par de esta denuncia, los sindi-calistas evidenciaron que la gerencia de la estatal eroga, solo en contrataciones irre-gulares de personal, siete mi-llones de lempiras, en pagos a personas que no ejercen ningún tipo de funciones.

Se estima que esta ilegalidad ha dejado pérdidas de 12 millones de lempiras entre los meses de enero-mayo de 2011.

Impuesto de la inseguridadL a seguridad ciu-

dadana es uno de los grandes

problemas nacionales, y sin duda, todos los sectores de la sociedad están llamados a juntar todos los esfuerzos po-sibles para crear un ambiente nacional con unos mínimos de seguridad que permita de-sarrollar la vida social, econó-mica y política del país.

En teoría, bajo esa lógica de brindar seguridad ciuda-dana el congreso nacional aprobó una serie de impues-tos con el propósito de crear un fondo de 1500 millones de lempiras para hacerle frente al clima de violencia

que vive el país, a partir del fortalecimiento a la secretaría de seguridad y la secretaría de defensa como órganos responsables de velar por la seguridad nacional.

¿Cuál es el problema de fondo del planteamiento de seguridad impulsado por el gobierno? Primero, es que la propuesta de seguridad que se limita a tratar las con-secuencias y no las causas que generan la violencia. Y al partir de esta lógica todos los recursos que tienen y los nuevos que se van a recaudar se van a concentrar en con-tratar más policías, comprar más armas y municiones.

Abandonando otros plantea-miento para tratar la seguri-dad ciudadana como respon-sabilidad del estado.

Un segundo problema de la propuesta gubernamental es que el nuevo impuesto será fortalecer unas instituciones que han estado fuertemente vinculadas con el golpe de estado. Y partir de ahí ha aumentado y de manera pú-blica la represión a luchas de la comunidades, la violencia contra la líderes comunita-rios. Esto ha llevado a que la ciudadanía haya perdido toda la confianza en los policías y los militares, tal como lo re-flejan los datos de los sondeo

de opinión de pública donde 86% la población no tiene ningún tipo de confianza en la policía y un 75% no tiene ningún tipo de confianza en las Fuerzas Armadas.

El tercer conflicto, es que el gobierno parte de buscar nuevos fondos a partir de nuevos impuestos y no partir de reducir el gasto en el apa-rato burocrático y de una lu-cha seria contra la corrupción al interior del estado.

De no hacerle frente a es-tos problemas, de no tratar la violencia desde sus cau-sas, de no hacer un proceso serio de depuración de la po-licías y la fuerzas armadas y

de no buscar nuevos fondos a partir del combate a la co-rrupción y sino a partir nue-vos impuestos, la propuesta y esos nuevos fondos serán como ponerle un parcho de tela nueva a un pantalón via-jo, podrido que no da más de sí. Es decir se van aportar un parcho de 1500 millones de lempiras a unos ministerios fuertemente cuestionado por el cruce de sus caminos con los caminos del crimen orga-nizado, siendo estos los prin-cipales generadores de terror y muerte en el país.

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>> 25 de junio

>> Estará en Honduras

Se cumplen 36 años demasacre Los HorconesE l padre Bernardo

Boulang, escribió hace unos años par-

te de sus experiencias vividas en Olancho y de sus partici-paciones en las actividades en torno al aniversario del asesinato de los mártires de Los Horcones, donde fueron asesinadas 14 personas, en-tre ellos 2 muchachas, dos sacerdotes y 11 campesinos.

“En el 2008 estuve en la celebración del 33 aniversario de la masacre del Santa Clara y de Los Horcones. Me llamó la atención la participación de mucha gente, pero también, la falta de memoria histórica en muchas personas, aún, en algunos responsables de la Iglesia. Me di cuenta que no se puede encontrar el libro del Padre Bernardo Meza so-bre el Padre Iván Betancourt, y el libro de la Hermana María García, sobre la historia de Olancho”.

El padre Boulang cuenta que lo programado era una marcha de campesinos sin tierra, Más o menos 700 cam-pesinos salían de Juticalpa en una marcha, para pedir que se cumpliera la Ley de Refor-ma Agraria. Iban a reunirse en Tegucigalpa con campesinos y campesinas que llegarían

de todo el país, pero los de Olancho no pudieron ir más allá de Lepaguare; la marcha fue impedida por hombres armados, por ganaderos y terratenientes.

El slogan de la marcha era

“Todos unidos en la lucha por la vida del pueblo”, fue organizada por los campesi-nos de la Unión Nacional de Campesinos, UNC y otros que pertenecían a la Democracia Cristiana. Los padres Iván y

Casimiro no participaban en la marcha. Iván había ido a Tegucigalpa a recoger a su mamá Doña Felisa, que por primera vez venía a Olancho y le acompañaba Ruth García y María Elena Bolívar, amigas

del padre Betancur. Casimi-ro había venido de Gualaco a Juticalpa (capital del Dpto de Olancho) a hacer algunos mandados.

LOS HECHOS

José Manuel Zelaya, (pa-dre del ex presidente Manuel Zelaya Rosales) y uno de los ganaderos de Olancho, auto-rizó al sub teniente Benjamín Plata para que se instalara con un grupo de militares en la Hacienda Los Horcones. El mayor Enrique Chinchilla fue contratado para eliminar a los dirigentes campesinos y para tomar represalias con-tra algunos miembros de la iglesia.

Las tropas de Chinchilla capturaron a Ruth García, María Elena Bolívar, junto al padre Iván Betancur. Pos-teriormente fueron sacados del presidio de Juticalpa los campesinos Roque Ramón Andrade, Bernardo Rivera Irías, Oscar Ortiz, Lincol Co-leman, Juan Benito Montoya y Michael Jerome Cypher, todos estaban atados de pies y manos y en ropa interior. Fueron llevados en el carro del sargento David Artica. Jefe del presidio de Juticalpa,

hacia la hacienda los Horco-nes, ahí tres elementos de la DNI interrogaron a cada uno de los detenidos, obligándo-los a decir que participaban en actividades subversivas, los torturaron, al padre Iván le cortaron la lengua, los ge-nitales y le dispararon en la cabeza con fusil mágnum 22, proporcionado por José Ma-nuel Zelaya.

A Ruth y a María Elena las torturaron, las violaron y des-pués les disparan. En total asesinaron a 14 personas, entre ellos dos sacerdotes. Los cadáveres fueron colo-cados en un pick up propie-dad de Manuel Zelaya y los llevaron a un pozo malacate, donde Benjamín Plata colocó dos cargas de dinamita que después de explotar, no lo-graron sellar el pozo por lo que se terminó de rellenar con tierra.

El sub teniente Plata y Car-los Barhr, otro de los hacen-dados de la zona de Olancho, se encargaron de incendiar el carro del padre Betancur y de desaparecer todas las huellas de esta masacre. Por estos asesinatos solo fueron sentenciadas ocho personas pero pronto fueron puestas en libertad.

Fiscal de la Corte Penal Internacionalinvestiga delitos de Lesa Humanidad

En los próximos días llega-rá al país, el Fiscal general de la Corte Penal Internacional, CPI, Luis Moreno Ocampo, para inspeccionar los expe-dientes de las investigaciones por delitos de lesa humani-dad cometidos durante la dic-tadura de Roberto Micheletti Baín, período en el cual las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional realizaron varias represiones durante las ma-nifestaciones.

Muchas personas fueron torturadas, golpeadas, des-

aperecidas y hasta asesina-das por estar en contra del golpe de Estado.

Micheletti Bain, quien de manera ilegal fue nombrado por el Congreso Nacional, go-bernó Honduras tras el de-rrocamiento de Manuel Zela-ya Rosales y se mantuvo en el poder durante seis meses con el respaldo de grupos de empresarios, políticos y las Fuerzas Armadas.

“Durante los toques de queda ordenados por la dic-tadura de Roberto Micheletti,

fallecieron decenas de perso-nas, sin considerar los hon-dureños que fueron víctimas de persecución política, tor-tura, violaciones sexuales y asesinatos selectivos” según manifestó Wilfredo Méndez Coordinador del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ci-prodeh).

Cabe mencionar que el 18 de noviembre de 2010, el Fis-cal Moreno Ocampo anunció la apertura de juicios por di-versos delitos denunciados. Luis Moreno Ocampo, Fiscal General de Corte Penal Internacional.

BOLETIN - Julio 2009 l 4

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Sectores dentro del FNRP contra participación electoralEn reunión realizada el pa-

sado 10 de junio, la Coordi-nación del Frente Nacional de Resistencia Popular convocó para este domingo 26 de junio, a Asamblea Extraordi-naria de Delegados, con el objetivo principal de definir el horizonte político de este espacio, luego del retorno del coordinador general, Manuel Zelaya.

El nombre que llevará la asamblea es “De la Resisten-cia al Poder”, un término que desde hace algún tiempo se viene acuñando este espacio.

Dentro de los puntos que se llevan como propuesta de agenda está la revisión del segundo acuerdo de la asam-blea general anterior “Márti-res Campesinos del Aguán”, que condicionaba una even-

tual participación electoral del FNRP y un segundo pun-to es la autocovocatoria a la constituyente.

Un amplio sector del Frente Nacional de Re-sistencia, lamenta que la conducción de este

espacio esté buscando deshacer o invalidar

los acuerdos de la

asamblea del pasado mes de febrero

Las bases del frente a nivel nacional dejaron clara su po-sición en torno a no participar en procesos electorales.

Melisa Cardona del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras CO-PINH declara que deshacer los acuerdos de la pasada

asamblea es negar la resis-tencia que ha permanecido por dos años rechazando el golpe de Estado. “Creemos que la decisión de participar en el proceso electorero es prematura y que no benefi-ciará a este espacio surgido tras el golpe de Estado”.

>> Encuentro de organizaciones sociales

Contra la militarización,ocupación y represión en Honduras “ Este 26, 27 y 28

de junio varios mo-vimientos sociales,

populares e indígenas reali-zarán una Jornada Continental de Solidaridad con Honduras, pueblo que a partir del golpe de Estado del año 2009 se ha convertido en laboratorio de ocupación, militarización, criminalización y represión en contra de toda la población y especialmente aquella que lu-cha y se sostiene en rebeldía contra el golpismo internacio-nal”, aseguró Berta Cáceres Consejo Cívico de Organiza-ciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH

Cáceres indicó que la situa-ción de Honduras es agrava-da por el hecho de que se ha legalizado el golpe de Estado en instancias internacionales oxigenando a los golpistas y apoyando un discurso de re-conciliación que sólo son pa-labras mentirosas e hipócritas para ocultar la violencia siste-mática con que se agrede a la población cotidianamente.

El encuentro es organiza-do por: el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras CO-PINH, Organización Frater-nal de Negra de Honduras OFRANEH, Artistas en Resis-tencia, Movimiento Unificado Campesino del Aguán MUCA, Insurrección Autónoma IA, el Equipo de Reflexión Investi-gación y Comunicación ERIC-SJ, y el Comité de Familiares de Detenidos y Desapareci-dos en Honduras COFADEH.

La dirigente indígena mani-festó que la jornada inicia el

domingo 26 en el centro Uto-pía en la Esperanza Intibucá y finalizará el martes 28 con una caravana de vehículos que hará un alto en la Base Arrea de Palmerola (base mi-litar de los gringos) y cerra-rán con una protesta frente a la embajada de Estados Uni-dos en Tegucigalpa.

Ejes de la jornada

Exigir el cierre de las bases militares extranjeras y denun-ciar que las bases militares norteamericanas apoyaron el golpe y han ampliado su ocupación en el país para perpetuar el saqueo y la do-minación.

Acabar con la militarización y represión hacia el pueblo de Honduras por parte de la fuerza armada nacional y el paramilitarismo, para lo cual proponemos la eliminación total de todo el aparato y la industria militar.

Terminar con la criminali-zación de las luchas sociales y de las graves violaciones sistemáticas a los derechos humanos;

Demandar el juicio y cas-tigo para los golpistas, que aún son parte de estructuras de poder en el país, respon-sables del asesinato y repre-sión brutal contra el pueblo hondureño

Aportar al desmantela-miento de la cultura de la militarización como forma de dominación patriarcal, racista y neoliberal en todos los ám-bitos de la vida cotidiana para todas las personas. Bertha Cáaceres coordinadora del COPIN, con sede en la Esperanza Intibucá.

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H onduras recibió ayer la visita de la vicecanciller

colombiana, Patty Londoño, y de Ramón Gordil, un cercano colaborador del canciller de Venezuela, Nicolás Maduro; ambos miembros de la Co-misión de Seguimiento del Acuerdo de Cartagena, para verificar in situ las denuncias según las cuales el gobierno hondureño ha violentado di-cho acuerdo que permitió el retorno de Honduras a la Or-ganización de Estados Ameri-canos (OEA).

Lobo Sosa estuvo con ellos en su despacho donde trata-ron las denuncias por la falta de imparcialidad de la justicia hondureña contra el ex minis-tro del gobierno de Manuel

Zelaya, Enrique Flores Lanza, a quien se le dictó arresto do-miciliario y una fianza de 27 millones de lempiras por pre-suntos actos de corrupción, lo cual ha sido calificado por él y sus simpatizantes como persecución política.

La declaración de prensa de Casa Presidencial añade: “se determinó, en primer lugar, el establecimiento de un protocolo que permita la participación regular de la Comisión de Seguimiento con total respeto a la soberanía y la autodeterminación de Honduras, se concluyó que desde la suscripción de los tratados a la fecha se han he-cho progresos notables y las situaciones que suscitan inte-rés particular serán objeto de

continuo seguimiento”.Ante los cuestionamientos

Lobo Sosa, acompañado de su asesor Arturo Corrales y la secretaria de Estado de Justi-cia y Derechos Humanos, Ana Pineda, aseguró que todo lo que se ha hecho está “en el estricto cumplimiento de las leyes hondureñas además que el Estado de derecho se sustenta en el combate de la impunidad”.

Concluida la reunión con Lobo, la Comisión de Segui-miento se trasladó a la resi-dencia del ex ministro Flores Lanza en Tegucigalpa, para una reunión en la que tam-bién participó el ex presiden-te Zelaya, informó a Acan-Efe un cercano colaborador del ex gobernante.

Ni un año estuvo en su cargo, como cónsul de Hon-duras en Tapachula, Chiapas, México, la hondureña Patricia Villamil que fue removida de su cargo por no respetar los procedimientos para denun-ciar las amenazas a muerte provenientes de organizacio-nes que se dedican a la trata de personas en el país Azte-ca, según declaró a la prensa nacional el propio canciller hondureño, Mario Canahuati.

Patricia Villamil hizo públi-co, desde Tapachula, que es-taba siendo amenazada por grupos a los que les intere-saba que no se metiera a de-nunciar la operación de trata de personas, sobre todo de hondureñas, que bajo enga-ños y amenazas, las llevaban a vender a los bares y centros de prostitución mexicanos.

La ex cónsul de Honduras en Tapachula, Chiapas, México, Patricia Villamil habló para Amecate Corto.

Amecate Corte (AMC) ¿Cómo se involucró

en la defensa de los migrantes?Patricia Villamil (PV): “al nomás tomé posición en el consulado comencé a traba-jar con los migrantes para que se les respetara sus derechos humanos, fui a las vías del tren a acompañarles, a levantar información a los albergues, a ver si alguno te-nía problemas que se le haya cometido alguna violación a sus derechos humanos” describe Patricia Villamil.

AMC: ¿cuál es la ra-zón de su despido?PV: no sé cuáles son las intenciones. La carta de despido me la firma el vice-canciller Alden Rivera, es él quien andaba con mi despido en la embajada porque unos funcionarios de Chiapas se quejaron de mí ante la embajada.

AMC: ¿por qué se quejaron esos funcio-narios?PV: todo el asunto aquí es, y lo digo públicamente

aquí con mi cara en alto, es que vine a tocar algo que en Chiapas nunca se había toca-do y es la trata de personas que operan en los bares y cantinas, y aquí hay muchos intereses de los funcionarios, aquí se sabe que están invo-lucrados ministerio público agentes de migración y otros funcionarios y políticos, en-tonces a mí me despiden por presiones de las autoridades mexicanas.

AMC: ¿qué dice la nota en la que se le no-tifica su suspensión?PV: no dice nada, solo que quedo suspendida de mi cargo

AMC: ¿pidió explica-ción a Alden Rivera?PV: no, no me interesan

AMC: ¿hubo alguna autoridad que escuchó sus denuncias?PV: la única persona recta, en este delito de la trata, y que no le importó tocarse la mano y despedir a agentes

involucrados es la licenciada Mercedes Gómez Mont que es la delegada regional de migración que mientras llegaba la orden de despido los mandó a realizar trabajos administrativos en la esta-ción migratoria.

AMC: ¿sufría amena-zas?PV: sí he estado siendo amenazada, gracias a los medios por haberle dado cobertura a estas amenazas que nosotros creemos que provienen de estos grupos que trafican con personas.

AMC: la cancillería hondureña argumenta que usted no siguió los procedimientos establecidos y se fue directamente a denun-ciar las amenazasa la prensa.PV: sí seguí el debido proceso. En noviembre puse la denuncia de la primera amenaza y lo hice como la embajada me lo mandó, ir a la Procuraduría General de la

República, PGR, y luego no-tificarle al embajador y él se comunicaba con cancillería en Honduras, yo cumplí los procedimientos establecidos.

AMC: ¿se siente bien con el trabajo realiza-do en Tapachula?

PV: magníficamente bien, me voy feliz y contenta, agradecida por el apoyo de todo el movimiento de las organizaciones de apoyo a los migrantes, agradezco a los padres Heyman Vásquez y Alejandro Solalinde por el gran apoyo.

Comisión de Seguimiento de Acuerdos visita Honduras

>> Patricia Villamil, ex cónsul de Chiapas

“Me despidieron por presionesde autoridades mexicanas”

La ex cónsul de Tapachula, Patricia Villamil, visitaba con fre-cuencia la ruta de los migrantes.

BOLETIN - Julio 2009 l 6

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INTERNACIoNALES>> Afinalesdejunio

>> En Guatemala >> Según defensores de derechos humanos

Francia decidirá extradición de Noriega F rancia debería to-

mar una decisión sobre si extraditar

al ex gobernante panameño Manuel Noriega hacia fina-les de junio, después de que Washington diera su consen-timiento al pedido de extradi-ción de Panamá, informó un diplomático francés.

Noriega debería tener un mes para iniciar cualquier proceso contra la extradición pero sus abogados han indi-cado anteriormente que quie-re volver a Panamá, lo que indica que podría estar en el país a principios de agosto.

Noriega, un hombre de ba-rrios bajos que se abrió cami-no hasta la cima del Ejército de Panamá y fue gobernante de facto antes de ser derro-cado por la invasión estado-unidense de 1989, está en una prisión francesa desde que se lo condenó por lava-do de millones de euros en cuentas bancarias y propie-

dades francesas en la década de 1980.

Noriega, de 77 años, cum-plió 20 años de prisión en Estados Unidos por tráfico de drogas, blanqueo de dinero y chantaje antes de ser extra-

ditado a Francia en el 2010, donde había sido condenado in absentia en 1999 a siete años de cárcel.

Fuente:Reuter América Latina.

Panamá quiere que sea extradita-do para que cum-pla sentencias en su país por diver-sos delitos. Podría enfrentarse hasta a 20 años de cárcel. La ley de Panamá estipula que cual-quier persona de

más de 70 años no puede ir a prisión sino que tiene que estar bajo arresto

domiciliario.

Manuel Noriega, ex presidente de Panamá, podría ser trasladado a su país.

Presidente Colom califica deexitosa Cumbre de Seguridad

Protestas contra régimende Siria deja 15 muertosy varios heridos

La cumbre de nueva Es-trategia de Seguridad para Centroamérica se realizó re-cientemente en Guatemala, el presidente Álvaro Colom, aseguró que los cooperan-tes brindarán cerca de 2 mil millones de dólares para combatir el crimen organiza-do. El Banco Mundial ofreció créditos por $1,000 millones para la lucha contra el crimen y el Banco Interamericano de

Desarrollo ofreció otros $500 millones.

En la inauguración del cón-clave, la Secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, anunció el aporte de 320 millones de dólares, y el Gobierno de Canadá aseguró que dará una contribución de 5.3 millones de dólares. Ade-más, el Gobierno de Australia se comprometió con 22.5 mi-llones de dólares.

Al cierre del cónclave solo asistieron los representantes de gobiernos y organizacio-nes internacionales, sin la pre-sencia de ningún mandatario. Países como Brasil, Taiwán e Israel se comprometieron a colaborar con estrategias y capacitación a policías y ejér-citos en cada país.

Fuente:Diario de Hoy.

Al menos quince personas murieron ayer en Siria y va-rias más resultaron heridas en una nueva ola de protes-tas políticas contra el régi-men de Bachar al Asad, se-gún informaron activistas de derechos humanos y fuentes de la oposición.

Las protestas comenzaron al final de los rezos del me-diodía, la celebración religiosa semanal más importante para

el islam, en medio de fuertes medidas de seguridad en la que participan fuerzas poli-ciales y militares, apoyadas por tanques del Ejército.

Activistas de derechos hu-manos y testigos citados por la cadena emiratí Al Arabiya cifraron en quince los muer-tos que se han registrado en las distintas protestas por la actuación de la policía y el ejército para reprimir las ma-

nifestaciones.Las víctimas mortales se

han producido en distintos suburbios de Damasco y en la ciudad de Homs, al norte de la capital, según la misma ca-dena. La red informativa de la oposición Shaam dijo que uno de los fallecidos en Homs era un adolescente de 14 años.

POR: EFE.

Alvaro Colón, presidente de Guatemala.

La población siria continuó con las protestas en contra del régimen.