1.Mineria y Conflicto Social de Echave

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    MINERAYCONFLICTOSOCIAL

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    IEP INSTITUTODEESTUDIOSPERUANOS Horacio Urteaga 694, Lima 11 E-mail: [email protected] / Web: www. iep.org.pe

    CIPCA CENTRODEINVESTIGACINYPROMOCINDELCAMPESINADOSan Ignacio de Loyola 300 - Urb. Miraflores. Castilla - Piura

    E-mail: [email protected] / Web: www.cipca.org.pe

    CBC CENTRODEESTUDIOSREGIONALESANDINOSBARTOLOMDELASCASAS Pasaje Pampa de La Alianza 164 - Apartado 477, Cuzco E-mail: [email protected] / Web: http://www.cbc.org.pe

    CIES CONSORCIODEINVESTIGACINECONMICAYSOCIALAntero Aspllaga 584, El Olivar, Lima 27E-mail: [email protected] / Web: www.cies.org.pe

    Impreso en Per

    Primera edicin, febrero de 2009 1,000 ejemplares

    ISBN: 978-9972-51-235-3 ISSN: 1994-2966

    Hecho el Depsito Legalen la Biblioteca Nacional del Per: 2009-01570

    Registro del Proyecto Editorialen la Biblioteca Nacional: 11501130900070

    Prohibida la reproduccin total o parcial de las caractersticas

    grficas de este libro por cualquier medio sin permiso de los editores.

    Serie: Minera y Sociedad, 5

    Minera y conflicto social / Jos De Echave, Alejandro Diez, Ludwig Huber, BrunoRevesz, Xavier Ricard Lanata y Martn Tanaka. Lima, CBC, CIPCA, CIES, IEP,2009. (Minera y Sociedad, 5)

    MINERA; CONFLICTOS SOCIALES; PER, ANCASH; APURMAC; CAJAMARCA;CUSCO; PIURA

    W/08.13.01/M/5

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    ndice

    INTRODUCCIN.......................................................................................................................................9

    PRIMERA PARTE

    Narrando el conflicto

    1. Tambogrande: de la defensa del agro a la defensa

    del derecho a decidir .......................................................................................................17

    2. Disputas por la legalidad, los derechos de propiedad y el futuro

    agrcola o minero de la sierra de Piura. El caso Majaz..........................................45

    3. Yanacocha y los reiterados desencuentros: gran afectacin,

    dbiles capacidades de accin colectiva .................................................................73

    4. Antamina: Licencia social y conflicto de baja intensidad ...................................99

    5. El caso Tintaya: entre el dilogo y la protesta .......................................................1256. Las Bambas: un megaproyecto en una nueva regin para la minera ........... 149

    SEGUNDA PARTE

    Analizando el conflicto

    1. Marco de anlisis y caracterizacin de los casos analizados ...........................177

    2. Desarrollo y ritmo de la movilizacin: del conflicto a la protesta ................ 201

    3. Los actores y sus estrategias ...................................................................................... 229

    4. Lo que est en juego ..................................................................................................... 271

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    TERCERA PARTE

    Transformando el conflicto

    1. En torno a la regulacin sectorial ............................................................................. 291

    2. El debate sobre la agenda minera .......................................................................... 327

    3. La paradoja del contexto actual ............................................................................... 341

    4. Hacia la gobernanza transectorial y territorial .................................................... 345

    5. Hitos para una nueva agenda minera .................................................................... 357

    A MODODECONCLUSIONES.............................................................................................................. 383

    EPLOGO........................................................................................................................................... 403

    BIBLIOGRAFA.................................................................................................................................... 407

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    Introduccin

    DURANTE LOS LTIMOS AOS, la actividad de extraccin de minerales hacrecido de manera significativa en el mundo, y el Per ha sido uno desus importantes campos de expansin. Nuestro pas posee en efectoconsiderables reservas, cuya explotacin se vuelve rentable a medidaque el precio de los metales en el mercado internacional se incre-

    menta. En este contexto, los gobiernos sucesivos han implementadoprogresivamente, desde 1990, una serie de reformas destinadas, enprimer lugar, a facilitar las inversiones orientadas a la explotacin delos recursos mineros, y, en segundo lugar, a mitigar los impactos ne-gativos que pudiera tener esta explotacin.

    Estas reformas, sin embargo, no han logrado evitar que se multi-pliquen por todo el pas conflictos sociales que giran en torno a la ac-tividad minera. Incidentes como los reportados en el cerro Quilish, enel campamento de La Granja o en Combayo (Cajamarca), en Tintaya

    (Cusco) o Tambogrande y Majaz (Piura), entre otros, son seales de unclima de fuertes tensiones. Actores locales, nacionales y extranjerosse enfrentan de manera casi permanente, con espordicos episodiosde violencia abierta. Comunidades campesinas, frentes de defensa yotras colectividades se hallan confrontadas a la presencia de trabaja-dores, especialistas de relaciones comunitarias, gerentes de operacio-nes y otros funcionarios de empresas mineras, adems de diversosagentes del Estado, desde funcionarios del Gobierno central hasta au-

    toridades locales y regionales, todos ellos imbricados complejamenteen procesos que los afectan y ante los que toman posicin.

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    Las lgicas de estos conflictos son muy difciles de descifrar, y susdinmicas, poco predecibles. Esta situacin es un reto para todos los

    actores involucrados: representantes del Estado, de la sociedad civil,del empresariado y de la poblacin en general. La inestabilidad gene-rada por estos conflictos plantea por cierto serios problemas de go-bernabilidad y tiene consecuencias econmicas y sociales que puedenmermar seriamente las perspectivas de desarrollo sostenible del pas.

    Qu factores son determinantes en la gestacin y la evolucin delos conflictos mineros? Esta es una de las preguntas que orientan lapresente investigacin. De ella a su vez se desprenden otras que vandesde las referidas a la definicin de conflicto, las caractersticas de su

    desarrollo y las circunstancias en las que se producen, qu es lo queest en juego en ellos, hasta las relacionadas con sus posibilidades degestin y resolucin en mbitos locales, nacionales y globales.

    Estas preguntas ciertamente no son nuevas. Por el contrario, exis-te una abundante literatura que aborda el problema de los conflictos,y en particular de los conflictos en torno a la implementacin de ope-raciones en industrias extractivas y el uso de recursos no renovables,como son precisamente los conflictos mineros. Sin embargo, existan

    hasta la fecha muy pocos estudios comparativos, realizados en unmismo pas, que permitiesen contrastar los conflictos y establecer unmarco de lectura terica a partir de casos muy concretos. Una revisinacuciosa de dichos conflictos muestra una amplia y compleja gama desituaciones y campos en disputa, entre los que se cuenta no slo lapropiedad y el uso de los recursos, sino tambin la distribucin de losbeneficios, la contaminacin ambiental, diversas concepciones cultu-ralmente determinadas del desarrollo y del futuro deseable, y el dere-cho de las poblaciones a decidir sobre su destino, entre otros temas.

    Esta investigacin pretende poner a prueba una serie de hiptesispor medio de la lectura cruzada de seis casos concretos, escogidosen virtud de su heterogeneidad y de su distribucin geogrfica. Unahiptesis central que recorre este trabajo radica en el hecho de que, deacuerdo con las ms recientes teoras del conflicto, los conflictos mi-neros no pueden ser resueltos, sino tan slo transformados. En otrostrminos, los conflictos mineros se desprenden de mltiples incompa-tibilidades entre sistemas de produccin y modos de uso de los recur-

    sos naturales; entre diferentes concepciones del desarrollo deseable;entre necesidades y aspiraciones diferentes de sociedades locales, del

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    Introduccin 11

    Estado y de las empresas, e involucran muchos otros factores que, adiferencia de otros conflictos entre actores sociales y salvo algunas

    situaciones particulares, no permiten resoluciones del tipo ganador-ganador (win-win). Por el contrario, exigen ser transformados cua-litativamente, es decir, desplazados hacia otros escenarios polticos ysociales, con la finalidad de modificar las condiciones que los generano que permitan gestionarlos para aplacarlos de manera durable.

    Sin embargo, este nivel de anlisis no exime de una reflexinms contextual, sobre la conformacin, siempre situada, de comple-

    jos conflictivos es decir, amalgamas donde se establecen relacionesde fuerza entre actores particulares y sus dinmicas de evolucin.

    Estas amalgamas obedecen a reglas relativamente invariables, quepueden ser enunciadas sobre la base de la descripcin y anlisis de ca-sos. La presente investigacin tambin postula entonces que es posi-ble, por medio de un estudio comparativo, establecer condiciones porlas cuales se transita de una situacin de conflicto de baja intensidada conflictos donde la violencia se ejerce de modo directo y abierto. Elanlisis de este trnsito, la definicin de los conflictos y su caracteriza-cin, y la presentacin de dispositivos polticos y legales para su trans-

    formacin han sido los objetivos esenciales de esta investigacin.Para validar las hiptesis anteriormente sealadas, se concibiun dispositivo de investigacin basado en la comparacin de seis ca-sos considerados emblemticos: los casos de los proyectos minerosTambogrande (Piura), Majaz (Piura), Yanacocha (Cajamarca), Antami-na (Ancash), Tintaya (Cusco) y por ltimo Las Bambas (Apurmac).Como puede apreciarse, estos casos presentan similitudes: se trata,en efecto, de proyectos mineros de gran envergadura y con capita-les transnacionales, cuya puesta en marcha ha generado, o genera

    en la actualidad, conflictos importantes que llegan a los medios deprensa nacionales e incluso internacionales. Sin embargo, las disimi-litudes entre estos casos tambin son importantes. El nivel de desa-rrollo del proyecto minero difiere (exploracin o explotacin, proyectointerrumpido, etc.), el tipo de contexto social y territorial tambin (re-gin agroexportadora, cuenca lechera, pastoreo extensivo de altura,produccin agrcola de autosubsistencia, etc.). Todas estas diferenciasautorizan, a partir del elemento comn de la explotacin de recursos

    metalrgicos, una comparacin fecunda, desde un punto de vista tan-to terico como aplicado.

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    ***

    La investigacin fue un trabajo colectivo en varios sentidos. Enprimer lugar, reuna a tres instituciones en diferentes regiones el Ins-tituto de Estudios Peruanos (IEP) en Lima, el Centro Bartolom de LasCasas (CBC)en Cusco y el Centro para la Promocin e Investigacin delCampesinado (CIPCA) en Piura, cuya propuesta fue ganadora del con-curso de investigacin ADRI-IDRC 2005 del Consorcio de InvestigacinEconmica y Social (CIES). En segundo lugar, congregaba a diferentesdisciplinas acadmicas, entre la antropologa, la sociologa, la econo-ma y la ciencia poltica. En tercer lugar, y probablemente ms im-

    portante, agrupaba a seis individuos con distintas preferencias en suenfoque acadmico, lo cual ha generado un clima de discusiones par-ticularmente denso a veces tambin tenso en el interior del grupo.Evitar eclecticismos y llegar a conclusiones coherentes con el rationalchoice al lado del neofuncionalismo o del postestructuralismo signifi-caba que cada miembro del equipo se viera obligado a abandonar suposicin dura y aceptar compromisos en la parte terica-explicativa,lo cual, despus de todo, se logr sin mayores problemas en vista de

    que hubo acuerdo en relacin con las conclusiones y sugerencias quepresentamos en el tercer captulo.Obviamente tenamos que repartir las tareas. En la parte etno-

    grfica, cada uno asumi un caso. Las diferentes partes del captuloII fueron redactadas por separado, pero en intercambio con los de-ms autores por Martn Tanaka, Alejandro Diez y Ludwig Huber, y elcaptulo III estaba a cargo de Bruno Revesz, Jos De Echave y XavierRicard. En diferentes momentos del estudio contbamos adems conla ayuda de Clotilde Gouley, Carlos Melndez, Valeria Biffi, Juan Carlos

    Guerrero, Roxana Barrantes y Juan Jos Miranda. No pudimos evitarque se notara esta multiautora en la redaccin del texto, pues porrazones de tiempo (y de costos) no logramos siempre homogeneizarlos estilos. Sin embargo, es eso: un problema de redaccin, para elcual pedimos las disculpas del lector, pero que no afecta el acuerdocomn en el anlisis y en las propuestas.

    Las herramientas metodolgicas empleadas fueron varias. Enprimer lugar, se desarrollaron anlisis comprehensivos de cada uno

    de los casos, consistentes en una revisin bibliogrfica, consulta dereferencias mediticas y trabajo de campo, que incluy en algunos

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    Introduccin 13

    casos la participacin en procesos y acciones vinculadas a los con-flictos. Para cada caso se elaboraron lneas de tiempo y mapas de

    actores, que permitieron ms adelante la descripcin ordenada y lacomparacin de los casos. Una vez generado este marco, se abord elanlisis comparado y a profundidad de la informacin, con la finalidadde abstraer elementos comunes y similitudes, contrastes y diferenciasentre los casos. Se trataba de describir y analizar sujetos sociales ensu relacin con la actividad minera, en sus mltiples dimensiones ydesarrollos. Finalmente, se realiz un anlisis de los marcos legales yde procedimientos por los que transitan la regulacin de la inversinminera y la participacin ciudadana en el pas, comparndolas con

    situaciones semejantes en otros pases, con la finalidad de formularalgunas lneas generales sobre alternativas para la transformacin delos conflictos.

    ***

    El presente libro est dividido en tres secciones. La primera, Na-rrando el conflicto, presenta los seis casos emblemticos estudiados,

    bajo la forma de un relato que establece la secuencia temporal y dis-tingue los principales puntos de inflexin (sobre los cuales el anlisisse concentrar luego) de los conflictos. La segunda seccin, Anali-zando el conflicto, propone un recorrido analtico que va desde ladescripcin comparada de los conflictos y de las estrategias de losactores, hacia las causas y temas que se ponen en juego en las mani-festaciones del conflicto para los diversos actores. La tercera y ltimaseccin, titulada Transformando el conflicto, presenta, a partir deun anlisis de la evolucin de la legislacin concerniente a la minera y

    de una reflexin transversal sobre los problemas de gestin del territo-rio y gobernanza, una serie de recomendaciones de polticas pblicas.Estas deben permitir reubicar la actividad minera en el marco de unproyecto de desarrollo nacional, articulado con una visin de ordena-miento territorial. As la actividad minera podr encontrar su lugar,en todo sentido, en el seno de un proyecto de pas compartido por losperuanos.

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    Primera parte

    Narrando el conflicto

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    Tambogrande:de la defensa del agro a la defensa

    del derecho a decidir1

    El crecimiento de los conflictos en Amrica Latinay particularmente en el Per est asociado

    a una mayor demanda de participacin ciudadanapara una gestin adecuada de recursos naturales.

    El rechazo de las poblaciones locales a la imposicinde decisiones desde el gobierno central, sin ser consultadas,

    ha ido en ascenso desde el inicio de la ltima experienciadel pueblo de Tambogrande.

    Esto refleja la necesidad de un mecanismoinstitucional para la realizacin de consultas libres,

    previas e informadas, respetndose las opcionesde desarrollo que las poblaciones locales asuman.

    (ASTE, DEECHAVEYGLAVE2004: 46)

    DESDE MAYO 1999 hasta diciembre 2003, las poblaciones de la coloniza-cin San Lorenzo, del distrito de Tambogrande y del pueblo del mis-mo nombre, ubicados en el departamento de Piura, en la costa nortedel Per, mantuvieron un severo conflicto con la empresa canadienseManhattan Minerals Corporation (MMC),2 rechazando el ingreso dela minera en su territorio por amenazar el carcter agropecuario del

    1. Captulo a cargo de Bruno Revesz (CIPCA).

    2. A pesar de que la que actu en Tambogrande fue su subsidiara, Empresa Minera

    Manhattan Sechura (EMMS), nos referimos a ella en este texto por la sigla de laempresa matriz: MMC.

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    distrito y el desarrollo comercial, agroindustrial y agroexportador deuna de las ms importantes zonas frutcolas del pas. Como en todo

    conflicto, la divergencia de los intereses enfrentados da pie a interpre-taciones diferentes que compiten entre ellas.Los que se opusieron al proyecto minero, en primer lugar los pe-

    queos y medianos agricultores del distrito, sostenan que la explota-cin de la mina era antieconmica, puesto que las ganancias que segeneraran no compensaran las prdidas en la agricultura (calculn-dose en 1,878 millones de dlares el valor econmico en riesgo3), y quela actividad minera desplazar a la agricultura en el valle y ofrecer unreducido nmero de puestos de trabajo (con una inversin de 270 mi-

    llones, el proyecto de MMC slo dara empleo directo a 350 personas),en comparacin con las 15,000 personas que viven directamente dela agricultura. Al mismo tiempo negaban la viabilidad de la actividadminera, ya que tiene un plazo de vida muy corto (veinte aos aproxi-madamente), y sealaban que lo principal del beneficio del proyectominero no se quedar en el distrito ni en la regin. Adems, segn losanlisis de varios profesionales que los acompaaron en su lucha, di-versos factores podran amenazar la seguridad ambiental local y regio-

    nal. En particular, el carcter contaminante de los desechos y afluentesqumicos productos de la extraccin y procesamiento mineral, la in-tensa actividad de los vientos, fuerza incontrolable de dispersin departculas contaminantes, la vulnerabilidad del sistema hidrolgico ytambin el Fenmeno El Nio, cuya fuerza devastadora podra afectarlas canchas de relaves y diseminar sustancias txicas. Por otro lado, elproyecto afectara al pueblo de Tambogrande, puesto que la explota-cin a tajo abierto supondra la destruccin del 60% de este.

    Los que en un inicio se pronunciaron en Piura a favor del proyec-

    to minero, principalmente empresarios de la Cmara de Comercio,profesores de la Universidad Nacional de Piura y de la Universidad dePiura que realizaron estudios para la empresa, y el sector minera delaparato de Estado, enfatizaban su rentabilidad econmica, sustentadaen la riqueza de las reservas existentes y la facilidad de su explotacin,pero sobre todo por sus ventajas para la exportacin, al encontrarsea solo 106 kilmetros del puerto de Paita. Respecto a los beneficios

    3. Aste (2002).

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    para la regin, contemplaban las posibilidades que ofreceran el esta-blecimiento de un canon minero y las actividades conexas que pro-

    moveran el desarrollo de la industria minera. Respecto a las crticascontrarias, desestimaban el peligro ecolgico, puesto que confiabanen que la empresa respetara las normas ambientales del sector y queutilizara la tecnologa apropiada para contrarrestar en forma adecua-da y efectiva los diversos impactos ambientales negativos.

    Sin embargo, despus de una radicalizacin del conflicto que des-emboc en el ataque al campamento de la empresa minera en 2001,la batalla de las ideas tom un curso nuevo, con la realizacin de unaconsulta vecinal convocada por la Municipalidad de Tambogrande en

    el marco de sus atribuciones legales, ubicando el rechazo al proyectominero en una perspectiva que transcienda la sola denuncia de losproblemas identificados. Como se ha reiterado, se trataba de la prime-ra vez en el mundo en que una poblacin local apelaba al voto secretoy libre de sus ciudadanos para pronunciarse respecto a la instalacinde una mina en su territorio.

    Aun cuando la consulta no formaba parte del proceso oficial para auto-rizar actividades mineras, la naturaleza democrtica y la contundencia

    de los resultados de la Consulta, ganada abrumadoramente por la opo-sicin al proyecto, marcaron decisivamente el curso del conflicto quetermina a fines del 2003 con la prdida de Manhattan de los derechosde explotacin.4

    Existe un nmero significativo de publicaciones impresas o ac-cesibles en la web sobre el caso Tambogrande: diagnsticos, infor-mes de consultora, manifiestos, ensayos y artculos, incluso algunospocos trabajos de ndole acadmica, muchos de ellos escritos al calordel conflicto. La mayora tiende a idealizar este movimiento social mi-

    nimizando u ocultando sus debilidades, divisiones, retrocesos y con-tradicciones. Otros, del bando contrario, lamentan que la poblacinno haya tenido acceso a informacin veraz, puesto que no se logrpresentar pblicamente y debatir el Estudio de Impacto Ambiental(EIA), o incriminan el actuar de las ONG que no den una opcin anadie,5 sin tomar en cuenta o subestimando los efectos del largo y

    4. Portugal (2005: 6).

    5. Ysaac Cruz Ramrez, presidente de la Sociedad Nacional de Minera, Petrleo yEnerga. Entrevista en El Comercio del 8 de marzo de 2007.

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    accidentado perodo de gestacin del conflicto, anterior al inicio, en1999, de las actividades de exploracin minera de la empresa MMC.

    Tanto en el segundo gobierno de Belaunde (1980-1985) como enel primer gobierno de Alan Garca (1985-1990) se definen los trminosdel conflicto; por un lado el carcter del proyecto minero (asociacinde una empresa privada y del Estado en la hipottica fase de explo-tacin del yacimiento ubicado bajo la villa de Tambogrande), por elotro la permanencia de una resistencia popular a su implementaciny donde aparecen actores (lderes, militantes polticos y dirigentes) yformas de organizacin (cabildos y frentes de defensa) que reapare-cern en 1999.

    La gran diferencia entre el perodo prefujimorista y los aos 1999-2000 es que en el primer caso las manifestaciones pblicas de re-chazo se dirigan primordialmente al Congreso de la Repblica paraincidir en sus decisiones, mientras que en el perodo fujimorista todoel marco legal, que promova y posibilitaba el arranque del proyectominero, se estableci en la sombra del Ejecutivo, a distancia del deba-te parlamentario y poltico: las movilizaciones populares, pacficas oviolentas, fueron predominantemente de confrontacin directa con la

    empresa minera.6

    Luego, con los gobiernos de Valentn Paniagua y deAlejandro Toledo, se abren ventanas democrticas y el Ministerio deEnerga y Minas (MEM), autoridad mxima del sector, utiliza los bue-nos oficios de la Defensora del Pueblo para intentar, sin mayor xito,abrir un espacio de dilogo con los representantes de la poblacin deTambogrande.

    Agricultura vs. minera: los primeros estallidos del conflicto

    La existencia de yacimientos de hierro en Tambogrande se conocedesde mediados del siglo XIX.7 Los proyectos y recomendaciones parasu explotacin por connotados especialistas y miembros de la elitepiurana eran conscientes de que este se hallaba bajo la superficie del

    6. Excepcin que confirma la regla, el ltimo enfrentamiento de la poblacin conla empresa se realiz en febrero de 2001, despus de la cada del rgimen deFujimori, aprovechando la oportunidad poltica que ofreca la proximidad de las

    elecciones generales.7. Duval (1872), Venturo (1909) y otros.

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    pueblo. Si antes de la irrigacin de San Lorenzo no parece haberse vis-to con malos ojos el proyecto de explotacin, el panorama es diferente

    luego del desarrollo agrcola del distrito.8

    Inversin pblica y creacin de la colonizacin San Lorenzo

    El hecho que marca la historia contempornea del distrito es, sin nin-guna duda, la irrigacin y colonizacin de San Lorenzo, que transfor-m esta zona desrtica en un valle agrcola importante. En tiempo delgobierno del general Odra, se concibe, con el apoyo del Banco Mun-dial, el ambicioso proyecto de crear ex nihilo un oasis en el despoblado

    de la margen derecha del ro Piura para incorporar a la agricultura cer-ca de 40,000 hectreas destinadas al cultivo de frutales.9 Entre 1955y 1959 se construy la represa de San Lorenzo, de 250,000,000 m 3,sobre el ri Chipilico, y alrededor de 500 km de canales secundariosrevestidos, asentndose a partir de 1961 los primeros colonos prove-nientes de todo el Per, a quienes se vendi la tierra. Pocos aos des-pus, Albert Hirschman, una de las grandes figuras mundiales de laeconoma del desarrollo, comisionado para visitar y evaluar en forma

    comparativa once proyectos de desarrollo financiados por el BancoMundial en frica, Asia, Europa y Amrica Latina, dictamin que elproyecto de riego de San Lorenzo se volvi en un momento dado unproyecto piloto para subdividir la tierra en granjas familiares peque-as pero viables, y para otorgar crdito y asistencia tcnica a agricul-tores que carecan de tierra. En consecuencia, el proyecto estableciun modelo enteramente nuevo en la agricultura peruana.10

    Luego, durante los aos de la Reforma Agraria, a raz del asediode campesinos sin tierra del Bajo Piura y del Chira que luchaban por

    ser incluidos en el proceso, se realizara una segunda oleada de adju-dicaciones, crendose Cooperativas Agrarias de Produccin (CAP) queempezaron a parcelarse desde 1976. Finalmente, es la forma parcela-ria de ocupacin la que predomina en todo el espacio de la coloniza-cin San Lorenzo. Existen diferentes grupos entre estos agricultores:

    8. Diez y Cruzado (1996).

    9. Revesz (1989: 46-47), Revesz, Aldana y Hurtado (1997: 304-305).10. Hirschman (1965: 11-12).

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    los pequeos (que poseen entre 1 y 10 hectreas), los medianos (entre11 y 50 hectreas) y los grandes (ms de 50 hectreas). Estos ltimos

    son alrededor de 80 propietarios individuales que controlan un 30%de las hectreas de todo el valle. La ausencia de formas de propiedadcomunal o asociativa no impide sin embargo la existencia de numero-sas asociaciones especializadas que agrupan a pequeos, medianosy grandes propietarios de Tambogrande: desde la Asociacin de Co-lonos del Valle de San Lorenzo hasta la Asociacin de Productores deMango, pasando por las Juntas de Regantes y los numerosos comitspor cultivos (arroz, limn, algodn, menestras, etc.) o crianzas.

    Cerca del 60% del rea irrigada del valle corresponde a cultivos

    permanentes, destacando el limn sutil y el mango de exportacin.Un 36% del hectareaje se siembra con cultivos transitorios como elalgodn, arroz y maz. Su produccin es significativa a nivel regionaly nacional, especialmente en el mango y el limn, que representanalrededor de la mitad de la produccin nacional.

    Es en este contexto socio-productivo que se estableci el primercontacto de los tambograndinos con una empresa minera.

    Las exploraciones del BRGMy el proyecto de constitucinde una empresa minera especial entre Minero Pery el BGRM(1978-1994)

    En el marco del Programa de Cooperacin Tcnica Franco-Peruanoiniciado en 1974, el Bureau de Recherches Gologiques et Minires(BRGM), empresa pblica francesa especializada en la investigacingeolgica y minera, en asociacin con el instituto peruano estatalINGEOMIN, prospecta la costa peruana y pone en evidencia en la zona

    de Tambogrande, a fines de 1978, indicios de pirita y metales bsicos.En 1979, en las postrimeras del gobierno militar, se constituy entreel MEM y el BRGM una Asociacin de Intereses Peruanos y Francesespara la exploracin, estudio, desarrollo y explotacin del ProspectoMinero Tambo Grande.11

    En el marco de este acuerdo de bases, y ya restablecido el r-gimen democrtico, el BRGM realiz un estudio de prefactibilidad, re-mitido al MEM el 14 de noviembre de 1980. Pedro Pablo Kuczynski,

    11. DSN021-79-EM/DGM.

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    ministro de Energa y Minas del 28 de julio de 1980 al 2 de agosto de1982, lo aprob y gestiona en 1981 ante el Poder Legislativo la pro-

    mulgacin de una ley que declare de necesidad nacional el ejerciciode toda actividad minera en el Derecho Especial del Estado TamboGrande12 y autorice expresamente al BRGM a participar con MineroPer en la Empresa Minera Especial Tambo Grande S. A., con el objetode ejercer en Tambogrande todas las actividades mineras sealadasen la ley.

    Hasta all, segn lo que cuentan los pobladores entrevistados, laconvivencia con los funcionarios de la empresa haba sido cordial.Pero en 1981, el anuncio de la visita de Kuczynski y de una delegacin

    parlamentaria provoc una reaccin hostil en contra de los represen-tantes del Estado y suscit la creacin de un primer frente de defensa.El 3 de mayo, los pobladores de Tambogrande, reunidos en cabildoabierto en la Plaza de Armas, forman una comisin organizadora. El12 de mayo de 1981, en la primera asamblea de delegados de 67 basesrepresentativas de la jurisdiccin del distrito, se constituy el FrenteCvico de Defensa y Desarrollo de Tambogrande (FRECIDET).

    En su dirigencia figuran un conjunto de personalidades que luego

    confirmarn su liderazgo poltico, y participarn activamente en elconflicto con la MMC. Por ejemplo, Francisco Celi Burneo, presidentedel frente, ser de 1987 a 1989 el alcalde (aprista) de Tambogrande yel profesor Csar Crisanto, militante de Patria Roja, ser elegido, enrepresentacin de la Izquierda Unida, alcalde para los perodos 1984-1986 y 1993-1995, y reelegido para el perodo 1996-1998.13

    12. Se trata de diez derechos de concesiones mineras que cubren un territorio de

    10,000 hectreas en Tambogrande, parte de este en reas urbanas y de expansinurbana. Son estas mismas concesiones que la empresa canadiense Manhattanser autorizada en mayo 1999 a adquirir de Minero Per S.A . La denominacinTambo Grande utilizada en los dispositivos legales por el Ministerio de Energiay Minas, y distinta del nombre del distrito y de su capital Tambogrande, se re-fiere a este Derecho Especial del Estado.

    13. En agosto de 1993 fue detenido por personal de Seguridad del Estado Contrael Terrorismo, acusado de tener presunta vinculacin con grupos subversivos.Como antecedente, el acusado figuraba como protagonista, en su primer perodocomo alcalde, de violentos disturbios, como saqueo de tiendas comerciales a razde las medidas econmicas dispuestas por el rgimen fujimorista (El Tiempo, 29

    de agosto de 1993). Cuarenta y ocho horas ms tarde, los tambograndinos remi-tieron al presidente de la repblica un memorial suscrito por 600 personas, entre

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    Otro directivo del FRECIDET, el ingeniero agrnomo GodofredoGarca Baca, tuvo una trayectoria singular. Despus de trabajar comodocente e investigador en la Universidad Agraria La Molina de Lima,llega en 1964 a San Lorenzo, donde adquiere como colono un terrenode 80 hectreas que cultivaba intentando obtener una mejor renta-bilidad agrcola con tcnicas sostenibles e innovadoras en la zona, y

    gan en 1993 el premio San Luis Pro Conservacin de la Naturaleza.En un conjunto de foros pblicos durante 1999 y 2000 ejerci un fuer-te liderazgo en la oposicin al proyecto de la MMC, demostrando unagran capacidad de comunicarse con los sectores populares, a fin de

    autoridades polticas, judiciales, religiosas, educativas, laborales, campesinas ypopulares, mediante el que que exigan la inmediata libertad de su alcalde (ElTiempo, 1 de septiembre de 1993). Se benefici tambin de una frrea defensade parte de los alcaldes de la subregin Piura y de la Asociacin de Municipali-

    dades de la regin Grau. Tras permanecer preso por cien das, fue exculpado deresponsabilidad subversiva y liberado en octubre de 1993.

    Cuadro 1

    ALCALDESDETAMBOGRANDE1981-2010

    * Reconstruccin y Desarrollo

    ** Unidos Pueblo Agro Tambogrande Caseros Unidos

    Fuente:Banco de Datos CEDIR-CIPCA. Elaboracin propia

    PERODO ALCALDEDISTRITALDETAMBOGRANDE ALCALDEPROVINCIALDEPIURA

    1981-1983 Isidoro Palacios Rosas (AP) F. Hilbck (AP)

    1984-1986 Csar Crisanto (IU) L. Paredes Maceda (APRA)

    1987-1989 Francisco Celi Burneo (APRA) F. Aponte (APRA)

    1990-1992 Manuel Reyes (IU) F. McLauchlan (FREDEMO-PPC)

    1993-1995 Csar Crisanto (IU) J. Aguilar (APRA)

    1996-1998 Csar Crisanto (Somos Piura) J. Aguilar (Obras + Obras)

    1999-2002 Alfredo Rengifo (RyD)* F. Hilbck (RyD)

    2003-2006 Francisco Ojeda (Agro S) E. Cceres (APRA)

    2007-2010 Segundo Moreno** J. Aguilar (Obras + Obras)

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    que conocieran los efectos de la minera ocultados por la empresa. Suasesinato, por desconocidos, en una emboscada, el 31 de marzo de

    2001, lo transform en mrtir de la lucha del pueblo tambograndino,y tuvo un fuerte impacto en la mediatizacin del conflicto.La poblacin movilizada por el FREDICET en 1981 acord, en caso

    de que se ponga en marcha la explotacin de los yacimientos cuprfe-ros, no moverse de su actual asentamiento mientras el gobierno nole garantice, previamente, la habilitacin de un nuevo centro urbanono muy alejado del actual.

    Los pocos autores que se refieren, en forma escueta, a este ante-cedente, suelen sobrevalorar los efectos de dicha movilizacin, al afir-

    mar de manera errnea que los colonos y pobladores organizados enel FREDICET lograron en 1982 que la empresa minera BGRM desistadel proyecto minero luego de una fuerte oposicin.14

    En realidad, el BGRM no desisti de nada. Lo que ocurri es quesi bien el proyecto de ley de Kuczynski de 1981 consigui en 1983la aprobacin de las comisiones de Minera y de Constitucin de laCmara de Diputados y del Senado, nunca fue presentado al plenopara su promulgacin. En consecuencia, el BRGM se encontr hasta

    1990 sin piso legal para operar y realizar las perforaciones necesa-rias a la elaboracin del estudio de factibilidad. Sin embargo, siguiactivo. El 26 noviembre de 1985, procede a un incremento del capitalde CEDIMIN,15 una de sus subsidiarias, adquiriendo Buenaventura unaparticipacin de 35%.16

    Por otra parte, en la ltima legislatura ordinaria del gobierno deAlan Garca, siendo Jos Carlos Carrasco Tvara y Mario Samam Bo-ggio ministros de Energa y Minas, el BRGM manifiesta su inters porla adopcin de un marco legal que le permitiese invertir y actuar. Al

    14. Por ejemplo, Diacona y otros (2006: 39).

    15. La Compaa de Exploraciones, Desarrollo e Inversiones Mineras S. A. (CEDIMIN),sociedad que el BRGM ha creado en el Per para desarrollar varios proyectos deexploracin, as como la explotacin de la Mina Shila en Arequipa, detena enforma autnoma los derechos de la concesin El Papayo, ubicada en el despobla-do al sur del pueblo de Tambogrande y de la colonizacin, en la margen izquier-da del ro Piura.

    16. Entrevista del 16 de enero de 2006 al Ing. Ral Benavides, gerente de la compa-a Buenaventura.

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    mismo tiempo proporciona nuevos elementos en torno al proyectominero Tambo Grande.17

    En el primer semestre de 1990, el debate parlamentario en tornoa esta nueva propuesta legislativa provoca la constitucin del Frentede Lucha por los Intereses de Tambogrande (FRELIT), cuyo coordina-dor es el nuevo alcalde de la Izquierda Unida (IU), Manuel Reyes. ElFRELIT organiza un exitoso paro regional de dos das y una marchade 10,000 personas hasta Piura en defensa y para la reactivacin dela agricultura, y en contra de la contaminacin ambiental en el vallede San Lorenzo y de Piura. Obtiene el respaldo del director de Agri-cultura y del presidente regional (aprista), as como de un conjunto

    de organizaciones. Diversas personalidades polticas plantearon quepreviamente a la aprobacin del proyecto de ley, se haga una consultapopular,18 una propuesta que se har efectiva, en otro contexto, doceaos mas tarde.

    En junio, el presidente Alan Garca no promulga ni observa la leyaprobada por el Congreso, abriendo la posibilidad de que este insistaen su aprobacin. En noviembre de 1990, por iniciativa de LourdesFlores, el nuevo Congreso promulg la Ley N 25284, por la que se

    declar de necesidad nacional el ejercicio de toda actividad mineraen el Derecho Especial del Estado Tambo Grande. Se autoriz alBRGM y/o a las entidades o sociedades a las que ceda sus derechos aparticipar en el proyecto Tambo Grande; se estipul que los mtodosde explotacin minera a utilizarse, a tajo abierto y/o subterrneo, noafectaran fsicamente al pueblo de Tambogrande ni causarn daosa su poblacin; y por otra parte, que el Derecho Especial del EstadoTambo Grande pasaba a pertenecer al Gobierno Regional Grau.

    En julio de 1994, el BGRM y el Consejo Transitorio de Adminis-

    tracin Regional-CTAR (que desde 1992 substitua al Gobierno Re-gional Grau elegido en 1989) acordaron a) constituir Minera TamboGrande S.A. (aportando respectivamente el 75% y el 25% del capitalsocial) y b) que, independientemente de los dividendos, se aplicaraun porcentaje al valor bruto de venta de mineral a distribuirse en un

    17. Explotacin a tajo abierto afuera del pueblo, y luego rampa y tnel debajo delpueblo.

    18. Correo (Piura), 3, 4 y 5 de mayo de 1990; Correo y El Tiempo del 6 de mayo de1990, Radio Cutival el 7 de mayo de 1990.

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    25% a favor del Gobierno Regional y un 75% a favor del pueblo deTambogrande.19

    Los primeros pasos de Manhattan Mineral Corp.en Tambogrande

    La decisin tomada en septiembre de 2004 por el gobierno francsde privatizar parte de los activos mineros del BGRM a favor del grupoaustraliano Normandy Poseidon gener un grave conflicto con Bue-naventura y Newmont, socios del BRGM en Yanacocha,20 y en el casode Buenaventura tambin en CEDIMIN. Las tensiones con el gobierno

    peruano bloquearon la tramitacin del proyecto acordado con el CTARGrau, que no obtuvo la aprobacin del MEM.21

    En 1996, el BGRM, si bien mantiene el control sobre Tambo Gran-de, acuerda ceder a futuro sus derechos en el proyecto a ManhattanMineral Corp. (MMC). Esta habr de esperar tres aos para que se saneela situacin legal en torno a este derecho, pero toma de inmediato unconjunto de medidas para preparar su instalacin en Tambogrande.

    Este mismo ao, MMC empieza a adquirir sistemticamente con-

    cesiones mineras en los alrededores del Derecho Especial del EstadoTambo Grande, en las dos mrgenes del ro Piura (la colonizacin al

    19. Sin relacin directa con esta propuesta, pero manifestando la permanencia dela preocupacin y de la capacidad de movilizacin de los pobladores de Tambo-grande, se lleva a cabo, en octubre de ese ao, una marcha de protesta contra lostrabajos de explotacin minera que viene realizando la empresa BuenaventuraS. A. en los alrededores del valle San Lorenzo. La marcha fue convocada por lamunicipalidad distrital y el FRELIT. El alcalde Csar Crisanto manifest que di-cho valle es un rea rica y productiva, donde se producen los mejores mangos del

    mundo, adems de contar con 35 mil hectreas de regado, lo cual se vera seria-mente afectado con la explotacin minera a tajo abierto que se piensa hacer.

    20. El yacimiento de Yanacocha fue descubierto en 1981 por los gelogos del BGRM.En 1985, el BGRM y Buenaventura se asocian para llevar a cabo los trabajos deexploracin. En 1992, se constituye Minera Yanacocha S. A. con participacin deBuenaventura (32.3%), Newmont (32%) y BRGM (24.7%,); el otro 5% qued enmanos de la Corporacin Financiera Internacional del Banco Mundial. Sobre esteconflicto de inters y los procesos judiciales en que se involucr Vladimiro Mon-tesinos, ver las interpretaciones contrastadas de Montaldo (1998) y Gawsewitch(2003).

    21. Entrevista del 2 de marzo de 2006 al ingeniero J. M. Georgiel, ex representantedel BGRMen el Per.

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    norte y el despoblado al sur), logrando tener en su posesin en 1999por cuenta propia un conjunto de aproximadamente 70,000 hectreas

    denominado genricamente Lancones (siete veces la superficie con-trolada por Minero Per).En noviembre de 1997, MMC firma con CEDIMIN un contrato de

    cesin por exploracin y de opcin de compra de derechos mineros entorno a siete concesiones (3,000 has), denominadas genricamente ElPapayo, mediante el compromiso de invertir en exploracin US$ 5 mi-llones y de pagar a CEDIMINUS$ 500,000 en un plazo de cinco aos.

    En julio y agosto de 1998, MMC firma con las comunidades cam-pesinas Jos Ignacio Tvara y Locuto (en la margen izquierda del ro y

    al sur de la colonizacin San Lorenzo y del pueblo de Tambogrande)acuerdos para acceso y la exploracin y beneficios para la comuni-dad, cuyo propsito explcito era conseguir el permiso para que se lle-ven a cabo las actividades exploratorias y otros estudios relacionadoscon la exploracin de los minerales y el estudio de factibilidad.22

    Las cosas se aceleran en 1999. En enero, la COPRI acuerda la ce-sin de posicin contractual efectuada por BGRMa MMC, y en marzo seopera el retroceso, algo opaco, de las concesiones mineras, detenidas

    desde 1990 (Ley N 25284) por el CTAR Piura, a favor de Minero Per.Mayo es el mes decisivo, el punto de partida de una nueva etapa delconflicto. Los piuranos y los tambograndinos se enteran por la prensalocal de que dos decretos supremos del MEM, elaborados y promulga-dos sin consulta o debate previo, otorgan operatividad a un proyectominero siempre anunciado, pero siempre suspendido a lo largo de dosdcadas, y conceden libertad de accin a la empresa MMC.

    El 6 de mayo, el MEM23 declara de necesidad pblica la inversinprivada en la actividad minera en un rea dentro de 50 kilmetros de

    las fronteras a efecto de que MMC, empresa constituida en Vancouver,Columbia Britnica, Canad, pueda adquirir concesiones, derechosy acciones en el distrito de Tambogrande, y autoriza a la empresa

    22. Las comunidades campesinas Apstol Juan Bautista de Locuto Tambogrande,Ignacio Tvara Pasapera y Seor de los Milagros de Cruz de Caa, ubicadas en lamargen izquierda del ro Piura, en zona semidesrtica fuera de la colonizacinSan Lorenzo, fueron reconocidas entre 1986 y 1990 a travs del proceso de adju-

    dicacin de la reforma agraria.23. DS 014-99-EM.

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    canadiense a adquirir de Minero Per S. A. sus diez derechos de conce-siones mineras que cubren un territorio de 10,000 hectreas en Tam-

    bogrande, parte de este en reas urbanas y de expansin urbana.El 14 de mayo, el MEM24 aprueba el Contrato de Opcin de Cons-titucin de Sociedad Annima respecto al proyecto minero TamboGrande, a celebrarse entre Minero Per S. A. y MMC. Esta tiene tresaos para producir un estudio de factibilidad y plan de financiamien-to para el desarrollo y construccin de un complejo minero, y paraejercer la opcin de compra tiene que operar con una produccin de10,000 toneladas por da y debe acreditar 100 millones de dlares decapital. Este ltimo requisito puede ser superado con otra empresa

    que comparta el proyecto con MMC.El conflicto era previsible, pero el gobierno, hasta la cada del r-

    gimen fujimorista, parece desinteresarse del asunto y no intervendrpara mediar en la confrontacin que se desarrollar entre los pobla-dores y la empresa minera.25 En los das siguientes, MMC llega consu maquinaria, instala su campamiento en Tambogrande y realiza laprimera perforacin. La reaccin de los tambograndinos no se haceesperar: el 30 de este mismo mes de mayo se publica en los diariosregionales el pronunciamiento de la Junta de Usuarios del Distrito deRiego de San Lorenzo, exigiendo en nombre de la agricultura, gana-dera, agroindustria y todas las actividades socioeconmicas relacio-nadas y afectadas por ese proyecto, una inmediata y transparenteinformacin. Una suspicacia y una preocupacin a las cuales la empre-sa no supo o no pudo responder en forma convincente.

    Si bien la empresa demostr una cierta eficacia y eficiencia en elplaneamiento de sus operaciones, el procesamiento y el anlisis de lasmuestras de sus perforaciones diamantinas, y en todo lo que concier-

    ne a la viabilidad tcnica del proyecto,26

    no tena ni implement una

    24. DS 015-99-EM.

    25. Exceptuando la visita fugaz a Tambogrande del ministro de Energa y Minas delgobierno de Fujimori, Jorge Chamot Sarmiento, el 13 de noviembre de 1999. Ha-ba sido invitado por el alcalde, pero lleg en el helicptero de los directivos deMMC y no fue a la municipalidad, quedndose en las oficinas de la empresa (en-trevista a Alfredo Rengifo, ex alcalde de Tambogrande, el 9 de enero de 2006).

    26. Luego, en 2003, su viabilidad ambiental fue cuestionada por observaciones del

    INRENA y de otros especialistas en torno a las deficiencias del estudio de impactoambiental.

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    estrategia de entrada para con la poblacin sustentada en el anlisisde la realidad socioeconmica27 y especialmente de la idiosincrasia de

    las familias de esta zona, que tuviera como objetivo la construccin derelaciones horizontales, con mecanismos y procedimientos formalesy seguros que las garanticen en el corto y mediano plazo. Negaba laexistencia de un conflicto de intereses y no tom como interlocutoresa la poblacin organizada de Tambogrande.28

    Ms bien la poltica de relaciones comunitarias que desarroll pri-vilegiaba el trato directo e individual con las familias de la zona a ex-plotarse (sustentada en oportunidades laborales limitadas, campaasde convencimiento de las ventajas de la actividad minera y algunos

    beneficios materiales directos), complementado con acciones pocoefectivas con algunos grupos de la ciudad y del campo. Estas inicia-tivas tenan como denominador comn la falta de transparencia enrelacin con los criterios de asignacin de los recursos y la seleccinde los beneficiarios, y tambin una actitud inmediatista, al priorizar lasolucin de problemas coyunturales.

    Pese a sus esfuerzos para cambiar su imagen,29 la empresa nolograr ganarse la confianza de la mayora de la poblacin, e incluso

    de quienes, por diversas razones, tuvieron un acercamiento a ella.30

    27. A pesar de disponer de varios diagnsticos del distrito y sondeos de opininrealizados por diversos consultores, entre ellos el Centro de Investigacin y Pro-mocin del Campesinado (CIPCA).

    28. Si bien luego, en una reunin de concertacin llevada a cabo el 12 de junio de2000, Graham Clow, presidente de MMC, reconoci al Frente de Defensa del Vallede San Lorenzo y Tambogrande como un interlocutor natural y legtimo, estadeclaracin no tuvo efectos prcticos.

    29. Cambiando en diversas oportunidades sus planas directivas, tanto en Canad(como Chief Executive Officer se sucedieron Graham G. Clow, Lawrence M. Gla-ser y Charles B. Smith) como en Per (los gerentes generales fueron sucesiva-mente John Maliza, Jorge Lanza Villacorta y Americo Villafuerte). La marcadainestabilidad que iba a la par con estos cambios no le result favorable a laempresa.

    30. Entre otros, el propio alcalde de Tambogrande. En el mbito regional, se puedemencionar a monseor scar Cantuarias, arzobispo de Piura, quien durante untiempo acept la demanda de la empresa de participar en diferentes iniciativas afavor del dilogo que no prosperaron; o al CIPCA, que durante algunos meses de

    2001 realiz para MMC una consultora cuyo objeto era monitorear las relacionesentre la empresa y la poblacin de Tambogrande.

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    Esto se agudiz con la poca claridad y certeza que tena la poblacinsobre los plazos y las caractersticas de las diferentes fases del proyec-

    to y con la presin a la cual era sumisa la MMC por cumplir con susplazos de operacin, que no coincidan con los de la dinmica socialconcreta.

    De nuevo el Frente de Defensa

    Pocos das despus de la instalacin de la MMC, el 18 de junio de 1999,la comisin organizadora del Frente de Defensa de los Intereses deTambogrande (conformada por Napolen Nathals, Bruno Fossa, C-

    sar Crisanto y Segundo Moreno31) propone su presidencia al alcaldeAlfredo Rengifo. Este no acept la oferta, oponindose a que, al igualque en oportunidades anteriores, el asunto minero sea politizadopara provecho personal por dirigentes que quieren mantenerse comolderes.32 El alcalde haba establecido coordinaciones con la empresacon la esperanza de canalizar recursos para su gestin, y considerabanecesario esperar los resultados de la fase de exploracin y del estu-dio de factibilidad para conocer de una vez por todas el potencial

    minero y poder pronunciarse a favor o en contra del proyecto. Estadecisin marc el inicio de una fractura entre el Frente y el municipioque dur hasta el principio de 2001 y debilit a uno y otro. La autoriza-cin que el alcalde otorgara el 18 de noviembre de 199933 a la minerapara realizar perforaciones en la zona urbana del distrito envenenarms sus relaciones y dar pie, de parte del Frente, a una campaapara su revocacin. Esta no logr su propsito. La gestin del alcaldegozaba de un buen nivel de aceptacin.

    En agosto de 1999, se constituye el Frente de Defensa del Valle de

    San Lorenzo y Tambogrande (FDVSLT), cuya presidencia colegiada estconformada por Napolen Nathals Jurez (colono de San Lorenzo),

    31. Respectivamente directivos de la Asociacin de Colonos de la Irrigacin de SanLorenzo y de la Junta de Usuarios del Distrito de Riego de San Lorenzo, ex alcal-de y futuro alcalde de Tambogrande.

    32. Entrevista a Alfredo Rengifo.

    33. Decreto de Alcalda No. 010-99-MDT-A. Fue otorgado de manera irregular, sin

    cumplir con los requisitos establecidos en la ley. No existe la opinin tcnicafavorable de la municipalidad provincial y la poblacin no fue informada.

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    Eduardo Monteza Alama (del Consejo Pastoral de la parroquia de SanAndrs) y el Lic. Francisco Ojeda Riofro (agricultor del Valle de los

    Incas). Una de sus primeras acciones ser la organizacin, el 25 deseptiembre, de una marcha y un mitin popular en la Plaza de Armasde Tambogrande.

    El enfrentamiento con MMC se agudiz rpidamente, producin-dose en varias oportunidades (22 septiembre, 15 octubre y 22 noviem-bre 1999) ataques de grupos de pobladores a vehculos de la empresay a algunas de sus instalaciones cuya autora no ha sido totalmenteesclarecida, habiendo sealado pblicamente el Frente de Defensa notener vinculacin con estos hechos.

    Frente a estos desbordes de violencia, y en vista a promover unmejor equilibrio de poder entre las partes y propiciar las condicionesde un dilogo ms igualado, Diacona para la Justicia y la Paz, insti-tucin del Arzobispado de Piura y Tumbes, toma la iniciativa de con-tactar con diferentes ONG de Lima especializadas en la defensa de losderechos humanos, la resolucin de conflictos, el derecho ambiental yel desarrollo econmico local, para constituir un grupo de apoyo tc-nico y legal a la poblacin de Tambogrande. Otra vez el alcalde recha-

    z asociarse a la iniciativa,34

    y a principios de 2000, se formaliza unacuerdo entre el FDVSLT y la Mesa Tcnica de Apoyo a Tambogrande,con Diacona jugando un papel de enlace entre Lima y Tambograndepor su ubicacin geogrfica en Piura.35

    A pesar de que el Frente tena desde el inicio suficiente fuerzay legitimidad para ser un interlocutor ineludible de la empresa y delEstado, sus bases reales de apoyo eran en esta primera etapa relati-vamente reducidas, principalmente pequeos parceleros de la colo-nizacin San Lorenzo, organizados por sector de riego,36 y algunas

    34. Entrevista del 30 de enero de 2006 al padre Francisco Muguiro SJ, quien era en1999 el secretario ejecutivo de Diacona.

    35. La Mesa Tcnica estaba conformada por Diacona para la Justicia y la Paz dePiura, APRODEH, la Comisin Episcopal de Accin Social, CEPES, CooperAccin,ECO, FEDEPAZ, la Asociacin Civil Labor, la Coordinadora Nacional de DerechosHumanos y la SPDA.

    36. Principalmente los sectores de Pedregal, San Martn CP3, Malingas, La Pala,

    Hualtaco I, II, II, IV y Valle de los Incas (entrevista del 26 de enero de 2006 a LuisRiofro, directivo del FDVSLT).

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    organizaciones urbanas (comerciantes del mercado y asentamientoshumanos).37 Progresivamente, las alianzas que estableci con la Mesa

    Tcnica y otras instituciones de la sociedad civil38

    le permitieron desa-rrollar acciones orientadas a la formacin de capacidades y de cons-truccin de ciudadana, con lo que logra, poco a poco, que la mayorade la poblacin se identifique con sus posiciones. En su ncleo dirigen-te participaba una pequea cpula de profesionales, mayoritariamen-te maestros, formados en centros superiores pblicos; intelectualesformados acadmicamente en diversas vertientes de la tradicin mar-xista y ex militantes de izquierda, ms propensos a la confrontacinque al dilogo. Sin embargo, no fue la faccin ms radical, percibida

    por la poblacin como poltica, la que hegemoniz la conduccindel Frente. Ella recay en la faccin de Francisco Ojeda Riofro, 39 queagrupaba a la mayor parte de las bases y que contaba con una estrate-gia ms flexible y con una poltica de alianzas con otras instituciones,medio por el que logr cohesionar a la mayora de la poblacin y unaamplia difusin de sus posiciones.

    MMC avanza en sus actividades de exploracin y concentra suatencin sobre un depsito de xidos de oro cercano a la superficie,40

    lo que hace de la reubicacin parcial del pueblo de Tambogrande unimperativo para la puesta en marcha del proyecto. El 21 julio de 2000presenta su Estudio de Lnea de Base Ambiental en Tambogrande,afirmando que son estos estudios tcnicos y el futuro Estudio de Im-pacto Ambiental (EIA) requisito administrativo para pasar de la fase de

    37. Los grandes colonos advertan que el proyecto minero amenazaba sus intereses,en particular por incrementar sus costos de mano de obra. Sin embargo, por

    su condicin social y por vivir muchos de ellos en la capital departamental, semostraron al inicio poco proclives a asociarse a manifestaciones de carcterradical.

    38. Como el Grupo Piura, Vida y Agro, y el Colectivo Tambogrande (en Piura y enLima). Tambin el Frente establecer vnculos con la recin creada CONACAMI,organizando conjuntamente en enero de 2000 un congreso departamental enTambogrande, en el cual particip MMC, pero no el Estado.

    39. Logrando esta superar la fractura temporal del Frente en septiembre-octubre de2000.

    40. MMC prevea obtener durante los cuatros primeros aos 250,000 onzas de oro,

    cuya exportacin por el puerto de Paita hubiera financiado la etapa siguiente(extraccin de sulfuros de cobre y zinc durante 17 aos).

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    exploracin a la de explotacin, los que servirn para determinar laviabilidad del proyecto y establecer las bases para negociar cmo se

    realiza este. Es refutado pblicamente con argumentos tantos tcnicosy ambientales como jurdicos y constitucionales por el Ing. GodofredoGarca Baca, que concluye que aqu no hay nada que negociar.

    La desconfianza del FDVSLT hacia la empresa lo induce a percibirestos pasos como avances en el proceso de aprobacin del proyecto,proyecto que cuestiona en su totalidad, en particular porque conside-raba que negociaciones en torno a su realizacin en el rea urbanao de expansin urbana de Tambogrande abriran las puertas a la ex-plotacin de las dems concesiones (Lancones) de MMC que compro-

    metan la mayor parte del valle San Lorenzo.41 Convoca para el 23 deagosto de 2000 el primer paro distrital, que se realiza pacficamente.Por su lado, la empresa busca transmitir el mensaje de que mineray agricultura son perfectamente compatibles42 y desarrolla una cam-paa puerta por puerta en la ciudad de Tambogrande, visitando ala poblacin que sera reubicada en caso de prosperar el proyecto. Supresencia es cada vez ms notoria (contratacin de personal, charlas,construccin de las casas modelo para el reasentamiento del pueblo),

    lo que se traduce en un aumento de las tensiones.La situacin se desborda durante el nuevo paro que la poblacinde Tambogrande realiza los das 27 y 28 de febrero de 2001, cuandoya estaba en el poder el gobierno de transicin, en protesta por la pre-tensin de Manhattan de desarrollar el proyecto a como d lugar y encontra de la voluntad de la gran mayora de los pobladores de esta loca-lidad. En las reas urbanas del distrito, la manifestacin se convirtien un enfrentamiento con los 300 policas apostados para proteger lasinstalaciones de la compaa, generndose un clima de violencia nun-

    ca antes vivido en la zona. Quince habitantes y 25 policas resultaron

    41. Segn Pulgar-Vidal y Aurazo (2003: 176), la Mesa Tcnica, o por lo menos unsector mayoritario de ella, planteaba que como base para dialogar con el go-bierno se debe eliminar las concesiones otorgadas en el valle y, de ser necesario,declarar la intangibilidad del mismo.

    42. En mayo, la empresa MMC invita a Chile a un grupo de profesionales de la reginy de dirigentes de Tambogrande, entre ellos el alcalde y el presidente del Frente

    de Defensa, para que visitaran la mina Candelaria cerca de Copiap, y demostrarque agricultura y actividad minera podan convivir.

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    heridos y muchos habitantes fueron detenidos. Luego, en la noche,individuos no identificados incendiaron las casas modelo construidas

    por MMC, saquearon su campamento y el de una de sus empresas sub-contratistas, destruyendo equipos y material. Los daos se calcularonen unos US$ 600,000. El resultado son 56 procesos penales abiertoscontra dirigentes del Frente acusados de responsabilidad intelectualpor los daos sufridos y la retirada de las oficinas e instalaciones deMMC del pueblo de Tambogrande.43 Un mes ms tarde se produce elasesinato de Godofredo Garca Baca, elevando el conflicto a su puntoms alto de tensin.

    Estos hechos marcan un punto de inflexin en el desarrollo del

    conflicto y conllevan la entrada de nuevos actores, regionales, nacio-nales e internacionales.

    La bsqueda de una salida pacfica al conflictoy la consulta popular

    El impacto de la paralizacin y el peligro de un mayor agravamientodel conflicto tuvieron como resultado una vasta movilizacin y pro-

    nunciamientos de un conjunto de organizaciones, autoridades civilesy eclesisticas del departamento de Piura y regiones vecinas, pidin-dole a la empresa Manhattan que se retire de Tambogrande, y buscan-do propiciar una salida pacfica al conflicto.

    El punto de partida fue una campaa de recoleccin de firmas encontra de la explotacin minera y a favor de la agricultura. El 31 abrilde 2001, en un acto presidido por el alcalde Alfredo Rengifo, acompa-ado por monseor scar Cantuarias, arzobispo de Piura y Tumbes,y monseor Daniel Turley, obispo de la dicesis de Chulucanas, se

    presentaron 28,374 firmas certificadas notarialmente (76.8% de los36,027 electores), solicitando la derogacin de los decretos supremospromulgados en mayo de 1999. Fueron enviadas al presidente de la

    43. Frente a la imposibilidad de garantizar la seguridad de sus oficinas y equipos,la compaa acept, a peticin del gobierno peruano, retirarse del distrito deTambogrande y reabre su oficina en la ciudad de Piura. Sin embargo, en mediodel agravamiento del conflicto, MMC comunica en diversos medios de prensa quecontinuar sus planes de trabajo previstos, pensando acabar el estudio de impac-

    to ambiental en junio de 2001 y el estudio de factibilidad en agosto. En realidad,el EIA se present a las autoridades mineras 18 meses ms tarde.

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    repblica, Valentn Paniagua, al del Congreso, al MEM y a autoridadesy organizaciones canadienses.

    Estas firmas fueron desmerecidas tanto por la empresa como porel gobierno, alegando que los planillones no eran vlidos o que lasfirmas eran duplicadas o falsas. En respuesta a este entrampamientoy al malestar que suscita, surge a raz de una solicitud del alcalde ala Mesa Tcnica la propuesta de realizar una consulta pblica comoalternativa para conocer de manera indubitable la opinin de la gentesobre el proyecto minero.44

    Por su lado, la Defensora del Pueblo adopta un rol protagni-co, posicionndose como mediador y promoviendo el dilogo entre

    MMC, el arzobispado, el MEM, el Ministerio de Agricultura y el FDVSLT.45Carlos Herrera Descalzi, ministro de Energa y Minas del gobierno detransicin de Valentn Paniagua, viaja a Piura en mayo de 2001 para lainstalacin de esta Mesa de Dilogo y fijar la posicin del gobierno.

    La ambivalencia de su discurso pone en evidencia la impotenciareguladora del Estado frente a lgicas que l mismo ha ayudado aintroducir (la promocin de inversiones de empresas internacionalesen el sector minero) o que presume dominar (la de los derechos del

    ciudadano). Se refiere conjunta y paralelamente a dos dimensiones dela realidad. Por un lado, el compromiso de orden poltico y constitu-cional con la poblacin que el gobierno declara asumir y el reconoci-miento de su derecho a ser consultada. Por otro lado, el compromiso

    jurdico y financiero con la empresa establecido mediante contrato.Afirma que est descartado que un gobierno democrtico impongapor la fuerza el desarrollo de un proyecto minero, declarando que ladecisin final la tomar la poblacin, pero precisa al mismo tiempoque, por el momento, era indispensable que las cosas siguieran su

    curso de tal manera que la empresa pueda presentar su EIA, confor-me al orden legal vigente que el Per no puede transgredir, puestoque esto daara gravemente su imagen frente a los inversionistasextranjeros.

    44. Pulgar-Vidal y Aurazo (2003: 181).

    45. La Defensora del Pueblo transgredi las reglas de la mediacin, pues no inter-

    vino a pedido de las partes, sino a peticin del ministro de Energa y Minas. Envarias oportunidades el Frente cuestion su neutralidad.

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    Aparece as la polmica en torno a lo que Roco vila (2002) de-nomina la doble significacin de la consulta. Si bien para el gobierno

    central, as como para la municipalidad, la participacin ciudadanaes importante y necesaria, se diferencian en el modo de entender elsentido de esta participacin. El gobierno la entiende a travs de laaudiencia pblica, nico espacio de participacin reconocido por lalegislacin minera, y donde despus de haberse presentado el Estudiode Impacto Ambiental, representantes de la poblacin manifiestansus dudas y objeciones que, hasta ahora, no tienen carcter vinculan-te. El municipio la concibe como un referndum donde cada vecinode Tambogrande puede expresar su acuerdo o desacuerdo con el de-

    sarrollo de la actividad minera en su territorio.46En este perodo, la Mesa Tcnica se consolida y pasa a jugar un

    papel crucial en la generacin de informacin legal, econmica y tc-nica, y en el desarrollo de la iniciativa de la consulta vecinal.47 Con elaporte financiero de Oxfam Amrica y Oxfam Gran Bretaa, encargaestudios concretos a expertos.48

    La cobertura meditica del conflicto se ampla en diversas di-recciones. En Piura, predomina el enfrentamiento diario entre las l-

    neas editoriales de los dos ms importantes peridicos regionales: ElTiempo, a favor del cuidado del medio ambiente y del futuro agrcoladel valle, y El Correo, con una clara postura a favor de la inversinminera.49 En Lima, del lado de los colectivos que apoyaban el rechazoal proyecto Tambogrande, se desata una campaa meditica por ladefensa del limn y del cebiche, mientras que instituciones de Europa

    46. Entrevista a Luis Riofro.

    47. La Municipalidad Distrital de Tambogrande implementar un mecanismo deconsulta mediante Ordenanza Municipal N. 012-2001, aprobndose la realiza-cin de una consulta vecinal mediante Acuerdo de Concejo (A. C. N 020-200-MDT-CM).

    48. Vase Aste (2001, 2002, 2004) y la evaluacin crtica del estudio de lnea de basepor Robert Moran, hidrogelogo y consultor internacional, publicada en El Tiem-po del 19 de agosto de 2001. Por su parte, y en forma independiente, el grupo detrabajo de profesionales e intelectuales de la regin Piura, Vida y Agro, tuvo unimpacto significativo al presentar en julio de 2001 su pronunciamiento adversoa la empresa: Tambogrande: Dispensa o minera?.

    49. Lo que reconocieron sin ambigedad sus respectivos directores en entrevistasparalelas realizadas en enero de 2007 por Lorena Lisboa y Fiorela Sevedn.

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    y de Amrica del Norte empiezan a difundir fuera de las fronteras lostrminos de la antinomia: una inversin privada que pretenda anular

    los efectos benficos de una inversin pblica (la colonizacin SanLorenzo), un yacimiento minero que expulsa a los pobladores de suvivienda, un desarrollo minero que debilita una agricultura de expor-tacin rentable y ms inclusiva en trminos de empleo.50

    El 2 de junio de 2002, en presencia de observadores nacionales51e internacionales, y con una concurrencia masiva de la poblacin deTambogrande, se lleva a cabo la consulta vecinal convocada en abrilpor la alcalda.52 Dicha consulta, que moviliz al 73% del electorado,arroj un rechazo al proyecto minero de alrededor del 98% de los

    votantes, consiguiendo en el Per y fuera de sus fronteras una ampliaaudiencia.53 La MMC, por su lado, se abstuvo de mencionar la exis-tencia de la consulta en sus informes trimestrales a sus accionistas,mientras que el gremio minero, la Sociedad Nacional de Minera, Pe-trleo y Energa (SNMPE), multiplic las presiones sobre el gobierno yel Congreso para evitar a toda costa que se siente un precedente parala resolucin de conflictos mineros en el Per.54 El Ministerio de Ener-ga y Minas, ajustndose a la ley, consider los resultados como no

    vinculantes y mantuvo los derechos de explotacin de la compaa,

    50. Bebbington et al. (2007).

    51. Las presiones del Ministerio de Energa y Minas indujeron a instituciones pres-tigiosas, tales como la Defensora del Pueblo, Transparencia o la ONPE, a noasumir la funcin de vigilancia y control que el Municipio de Tambogrande lesofreci.

    52. Segn el reportaje de Willer (2002), este da el pueblo parece de fiesta nacional.La gente hace cola delante de los seis centros de votacin. Muchos pobladores

    han venido de caseros lejanos. Policas velan por el orden, miembros de mesabuscan los nombres de los votantes en el padrn electoral y no falta ni la tintapara el dedo, signo visible de haber cumplido con el deber ciudadano [] havenido ms gente que el da de las elecciones presidenciales, comenta una co-merciante.

    53. El desarrollo de la consulta est reseado en el informe de la misin de observa-dores canadienses (Rousseau y Meloche 2002). En este informe se recomiendaal gobierno peruano, a la empresa MMC y al gobierno canadiense que reconozcanpblicamente la validez y la legitimidad del resultado de la consulta vecinal deTambogrande.

    54. Ver comentarios de estas intervenciones en Actualidad Minera del Per N 38,junio de 2002, y en DESCO(2002: 7).

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    permitindole seguir hasta finales de 2003 con los procedimientos deaprobacin del EIA.

    En octubre de 2002, los ministros de Agricultura y de Energa yMinas del gobierno de Alejandro Toledo, hermanos de sangre, vienena Piura. En una nueva reunin de dilogo convocada por la Defensoradel Pueblo, ofrecen ampliar el nmero de audiencias pblicas paraevaluar el EIA, y retoman la propuesta que hicieran con anterioridad alas organizaciones de Tambogrande de contratar una empresa inter-nacional independiente para que revise el EIA.55 Por su lado, la muni-cipalidad y el Frente exigen del MEM el reconocimiento de la consultay la suspensin de las actividades de la MMC. Cada uno de los campos

    reafirma sus posiciones, acordando estudiar las propuestas del otro.La posicin de la Mesa Tcnica es que uno de los errores cometidospor el MEM es haber limitado los procesos de dilogo entre la pobla-cin y las autoridades al marco exclusivo del proceso de revisin delEIA, sin haber generado un espacio alternativo e independiente paraconstruir salidas al conflicto.

    El tramo final: el rechazo al proceso de revisin del EIA

    Al final del ao 2002, un conjunto de declaraciones y acontecimien-tos de diferente ndole redefine el horizonte de accin de la MMC, delEstado y de los tambograndinos, mantenindose la posicin de losactores implicados.

    En primer lugar, el Lic. Francisco Ojeda, presidente del Frente,adquiere una innegable capacidad de decisin de carcter legal al serelegido en noviembre alcalde de Tambogrande para el perodo 2003-2006. Adems, los candidatos que llegaron en segunda y tercera posi-

    cin eran igualmente directivos de esta misma organizacin. Situacinque confirmaba el reconocimiento por la poblacin de la legitimidaddel Frente, pero manifestaba tambin de manera cruda la fuerza de larivalidad entre sus dirigentes para ejercer liderazgo poltico y utilizarel rechazo al proyecto minero como un trampoln electoral.

    Entre los mensajes de solidaridad y apoyo que el pueblo deTambogrande recibe de parte de instituciones regionales, limeas o

    55. Esta consultora sera financiada por el Estado y sus resultados no seran vinculantes.

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    internacionales, destaca el Premio Nacional de Derechos HumanosAngel Escobar Jurado, que la Coordinadora Nacional de Derechos Hu-

    manos le otorga en reconocimiento al esfuerzo y la lucha desplegadapor la defensa de sus derechos a una vida digna en armona con el me-dio ambiente y el respeto a la libre determinacin. El nuevo alcalde ypresidente del Frente ir a recibir el premio en ceremonia pblica enLima el 10 de diciembre de 2002.

    En segundo lugar, y el da anterior a esta ceremonia, los tambo-grandinos se enteran por los medios de comunicacin de que la em-presa MMC haba presentado para su revisin el Estudio de ImpactoAmbiental. El 20 del mismo mes, el MEM aprueba mediante resolucin

    ministerial un nuevo Reglamento de Consulta y Participacin Ciuda-dana en el Procedimiento de Aprobacin de los Estudios Ambientalesen el sector de Energa y Minas,56 confirmando una vez ms que laposicin del ministerio es moverse en el marco restrictivo y formal delproceso administrativo del EIA.

    Este mismo da, 20 diciembre de 2002, se produce un nuevoenfrentamiento violento en Tambogrande, provocado esta vez por laempresa o los que la apoyaban.57 Alumnos de la Facultad de Minerade la Universidad Nacional de Piura que acudieron a una marcha a

    favor de la minera, convocada por un grupo denominado Juntas Ve-cinales y Comits de Desarrollo de Tambogrande, fueron apedreados,despojados de sus banderas y pancartas, desalojados de la Plaza deArmas y perseguidos por alrededor de 500 tambograndinos, casi ensu totalidad jvenes.58

    56. RM N 596-2002-EM-DE. El nuevo reglamento ampli los plazos de convocatoriapara las audiencias de 20 a 40 das calendario y estableci un plazo de 30 das

    para la presentacin de observaciones, propuestas y sugerencias, as como laposibilidad de realizar ms de una audiencia pblica, dependiendo de la enver-gadura del proyecto.

    57. El Correo, en su edicin del 21 de diciembre de 2002, seala que el respaldo dela compaa minera era evidente, dijeron algunos observadores que explicaronas la profusa propaganda aparecida en los medios locales [], de hecho algunosbuses fueron contratados para llevar desde Piura a buena parte de la gente quese supone avivara la manifestacin pro minera.

    58. Al principio de enero de 2003, otra organizacin, denominada Coordinadorapara el Desarrollo de Tambogrande, hace entrega de 10 mil firmas de quienes

    apoyan el proyecto minero al presidente de la regin Piura y a la municipalidadprovincial. El 21 de abril, la Defensora del Pueblo en Piura declarar que hay

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    En enero de 2003, las organizaciones sociales del Frente de De-fensa y la Municipalidad de Tambogrande envan una carta al defen-

    sor del pueblo en la que sealan que en las condiciones del momentono tena sentido continuar con el dilogo ni designar la consultorapara que revise el EIA. Ms de 7,000 tambograndinos se desplazan aPiura para dar a conocer que la opcin de los pobladores de Tambo-grande sigue siendo la actividad agrcola y no la actividad minera. Ensu recorrido por la capital departamental, entre cantos y cargandolimones y mangos, los acompaan congresistas piuranos y el alcaldeprovincial.

    El apoyo de los alcaldes distritales y provinciales de Piura conso-

    lida la posicin del movimiento social en la regin. Estos se renen el27 de febrero en la ciudad de Tambogrande y emiten una declaracindonde sealan que el conflicto de Tambogrande involucra a toda laregin, ya que de darse este primer proyecto minero se iniciara la re-conversin de una regin eminentemente agrcola en una nueva zonaminera, y exigen el respeto a los resultados de la consulta vecinalrealizada el 2 de junio de 2002.

    Del lado de la empresa, la situacin es ms contrastada. La revi-

    sin del EIA conoce varios contratiempos de carcter administrativo.En dos ocasiones el MEM devuelve el EIA a la empresa MMC, sealan-do que la informacin sustentatoria se encuentra incompleta, lo queimposibilita iniciar el proceso de evaluacin, y dispone la suspensinindefinida de los plazos de ley hasta que se complete el documentocon la informacin faltante,59 perdiendo la oportunidad de cerrar elasunto.

    Por otra parte, la viabilidad ambiental del proyecto es cuestionadapor el Instituto Nacional de Recursos Naturales. El jefe del INRENA vi-

    sit Tambogrande del 17 al 19 de abril con un equipo tcnico, identifi-cando los lugares donde sern ubicadas las canchas de relaves y otroscomponentes del proyecto. En su informe a la Direccin General deAsuntos Ambientales del MEM, alerta contra el peligro de filtracionesde sustancias txicas de la cancha de relaves al subsuelo, afectando

    indicios suficientes que podran determinar la presencia de un delito en el caso

    de las firmas de dicha coordinadora.59. El EIArectificado y completado se presentar de nuevo en marzo.

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    directamente los cultivos del valle de San Lorenzo, y sobre el hecho deque la prdida de los bosques secos naturales de la zona y la variacin

    del cauce del ro Piura producirn alteraciones en el microclima.60

    En abril, a solicitud de la MMC, el gobierno peruano le concede ala empresa una extensin del plazo de un ao (hasta el 31 de mayo de2004) para ejercer su derecho de opcin en las concesiones de Tambo-grande. Sin embargo, fija el 1 de diciembre de 2003 como fecha topepara que la empresa resuelva los aspectos referidos en dicho contratoal estudio de factibilidad y al Plan de Financiamiento del Desarrollodel Proyecto Minero.61

    En los meses siguientes, el Frente concentra sus acciones en tor-

    no al Congreso, donde consigue el respaldo de varios congresistas yque se presente el proyecto de Ley N 5438, que declara la intangibi-lidad de la agricultura en Tambogrande.62

    Poniendo trmino a una serie de postergaciones, el MEM convocaen septiembre, a travs del diario oficial El Peruano y otros medios,a las audiencias pblicas como parte del proceso de evaluacin delEstudio de Impacto Ambiental, debiendo realizarse en Lima el 5 denoviembre, el 6 de noviembre en Piura y el 7 de noviembre en Tam-bogrande. El Frente, amparndose en los resultados de la consulta

    popular, rechaza participar en las reuniones de dilogo, talleres infor-mativos y audiencias pblicas organizados por el MEM, considerandoque, dado que en el Per ningn EIA haba sido desaprobado, la cul-minacin del proceso de revisin del EIA llevara inexorablemente a laaprobacin del proyecto minero.

    60. En su informe del 21 de abril a la DGAA del MEM, el INRENA presenta 191 observa-ciones al EIA. El riesgo ecolgico est sustentado en toda su amplitud en el librodel bilogo Fidel Torres, integrante del Grupo Piura, Vida y Agro, presentado enPiura el 3 de septiembre de 2003 (Torres Guevara 2003).

    61. En el Manhattan Minerals Corp. Second Quarter Report del 30 de junio de 2003, serecalca que adicionalmente (conforme a los trminos del contrato), la compaadebe demostrar para esta fecha que dispone de un capital de US$ 100 millonesy de una explotacin que procesa 10,000 toneladas al da, o alternativamenteque una compaa que cumple con estas condiciones posea el 25% o ms deMMC.

    62. Foro pblico del 30 de junio, Tambogrande y sus alternativas, organizado en elCongreso por la Mesa Tcnica de Tambogrande, conjuntamente con la vicepre-sidenta de la Comisin de Ambiente y Ecologa. Conferencia de prensa realizada

    el 27 de octubre en el Congreso por el alcalde del distrito de Tambogrande, Fran-cisco Ojeda.

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    Como consecuencia de las movilizaciones realizadas por la po-blacin de Tambogrande y sus aliados en Piura y Lima, las tres au-

    diencias fueron suspendidas antes de que se intenten instalar. Lasautoridades del MEM, en el Congreso, en sesin de la Subcomisin deEcologa y Medio Ambiente del 25 de noviembre, indican que esta-ran pensando en una nueva convocatoria a la audiencia pblica, quetendra un carcter especial, y dejan abierta la posibilidad de que elcaso se someta a un proceso de arbitraje que podra durar aproxima-damente un ao.

    El 11 diciembre de 2003, en forma sorpresiva, la empresa estatalCentromin63 comunica mediante nota de prensa que MMC no cumple

    con los requisitos establecidos en el contrato para el ejercicio de laopcin, y por lo tanto pierde su derecho de opcin sobre el proyectominero Tambo Grande.64 De esta manera se cerraba un captulo im-portante de uno de los conflictos ms emblemticos que haba enfren-tado a la actividad minera con los intereses de una poblacin. 65

    Es posible, por cierto, considerar como lo hace Aste (2004)que si bien el gobierno central ha decidido que Manhattan se retiredel proyecto Tambogrande, formalmente, por no demostrar la capa-cidad econmico-financiera requerida, polticamente es un triunfo

    del pueblo organizado de Tambogrande y su estrategia de hacer valerla Consulta Vecinal de junio del 2002 frente al procedimiento de lasaudiencias pblicas y al intento de la Defensora de propiciar una sali-da negociada.66 Sin embargo, el hecho que conviene recalcar es que

    63. Heredera de los derechos de Minero Per.

    64. MMC no pudo acreditar de manera directa (por la propia empresa) o indirecta (atravs de una empresa vinculada a ella), para la fecha lmite del 1 de diciembre

    de 2003, el cumplimiento de dos requisitos: a) tener en operacin un complejominero con una capacidad de tratamiento promedio equivalente a 10,000 tone-ladas de mineral por da, y b) tener un patrimonio neto (activos netos) superior aUS$ 100 millones.

    65. El 1 de julio de 2004, MMC cierra sus oficinas en Piura y pone fin a sus activida-des. El 10 de febrero 2005, MMC se retira del Per. El 13 de junio de 2005, el MEMarchiva definitivamente el EIAdel Proyecto Minero Tambo Grande.

    66. En febrero de 2005, Peter Guest, presidente de MMC, declar en Vancouver quela compaa realiz grandes esfuerzos para encontrar un socio mayor que nospermitiera cumplir con esas condiciones. El problema para nosotros fue que no

    pudimos hallar un socio as debido a que las condiciones sociales eran tan anti-minera que nadie quera participar (BN Americas del 7 de marzo de 2005).

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    esta salida al conflicto dej inconcluso y frustrado el debate sobre lostemas de fondo en torno al cual giraba: las implicancias econmicas

    del proyecto minero, su viabilidad ambiental y, ms que todo, el in-adecuado sistema de participacin ciudadana.67

    Prospectiva

    La cancelacin del proyecto minero Tambo Grande no significa queel distrito permanezca como zona protegida contra las actividadesmineras. La Compaa Buenaventura, que ha comprado los denun-cios mineros de Manhattan ubicados en el despoblado de la margen

    izquierda del ro Piura,68

    ha manifestado tener inters en realizar tra-bajos de exploracin en dicha concesiones. Segn sus declaraciones,en caso se encontraran reservas minerales de inters, el proyectosupondra una operacin de minera subterrnea.69

    Por el momento, las amenazas contra la intangibilidad del va-lle no parecen provenir tanto de la gran minera como del reciente,acelerado y anrquico desarrollo de la explotacin minero artesanalde oro en los alrededores de la colonizacin. En los distritos de LasLomas, Suyo y Paimas existen ahora alrededor de 3,500 a 4,000 mi-

    neros artesanales informales que utilizan el mercurio para procesarel mineral. Segn alcaldes y dirigentes agrarios, excavaciones, relavesy pozas de cianuracin comprometen en el corto y el mediano plazoel estado de la infraestructura del sistema de riego regulado de SanLorenzo y la calidad del agua.70

    El Frente, hasta el principio de 2007, no haba liderado ningunaaccin de envergadura para enfrentar este nuevo conflicto de inters.Quizs es el sntoma de un cierto desgaste, manifestado en el ordenpoltico por la derrota de su ex presidente al presentarse en 2006 a lareeleccin a la alcalda de Tambogrande.

    67. Actualidad Minera del Per N 56.

    68. Fusionndolos con las concesiones de CEDIMINque eran de su propiedad.

    69. Comunicado de la Compaa Buenaventura del 24 de marzo de 2007.

    70. Paneles en Radio Cutival del 3 de junio de 2006 (Suyo, un paraso de oro?) ydel 17 de marzo de 2007 (Minera artesanal, con cianuro o con futuro?).

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    Disputas por la legalidad, los derechos de propiedad y

    el futuro agrcola o minero de la sierra de Piura.

    El caso Majaz

    LA COLINA DE HENRYS HILL,1 en la sierra de Piura, se halla en el medio

    de una disputa que involucra desde comunidades campesinas hasta

    agencias internacionales. Una compaa internacional planea cons-tituir ah un proyecto minero de gran envergadura, un tajo abierto

    para la explotacin de cobre y molibdeno. La colina se encuentra en

    la sierra de Huancabamba, en el distrito de Carmen de la Frontera,

    prxima al rea de expansin agrcola y ganadera de la comunidad de

    Segunda y Cajas, por donde se accede a la zona, y cuyos caseros de

    Pan de Azcar y Rosarios Bajo son las zonas ocupadas ms prximas.

    El terreno sobre el que se sita el yacimiento pertenece a la comuni-

    dad de Yanta, ubicada a su vez en el distrito y provincia de Ayabaca. A

    los pies de la colina, discurre el ro Blanco, que aguas abajo alcanza laprovincia de San Ignacio, en el departamento de Cajamarca, y el rea

    reservada Tabaconas Namballe. En el plano local, Henrys Hill se halla

    en un punto de confluencia de tres provincias.

    1. El yacimiento principal del proyecto Ro Blanco se encuentra ubicado a una al-

    tura de entre 2,200 y 2,800 metros sobre el nivel del mar, en las coordenadas

    geogrficas 452 40 de latitud sur y 7921 9 de longitud occidental, en el

    cerro Henrys Hill, en cuya cumbre se ha establecido el campamento RB7. Verwww.rioblanco.com.pe/dp_ubicacion.shtml

  • 7/26/2019 1.Mineria y Conflicto Social de Echave

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    J. De Echave, A. Diez, L. Huber, B. Revesz, X. Ricard Lanata y M. Tanaka46

    De implementarse el proyecto minero, afectara y transformara,

    sin duda alguna, la vida de las zonas adyacentes, 2 pero tambin re-

    percutira en el mbito regional y nacional, por lo que alrededor delproyecto se concentran los esfuerzos de una serie de actores adiciona-

    les a las localidades cercanas. En el mbito regional, el Obispado de

    Chulucanas, algunas ONG, grupos y colegios profesionales, las univer-

    sidades, los medios de comunicacin y ciertamente tambin el gobier-

    no regional se encuentran implicados de una u otra manera alrededor

    del llamado proyecto Ro Blanco, ms conocido como Majaz. Est an

    fresca la memoria y perduran mltiples organizaciones y colectivos

    movilizados hace slo algunos pocos aos contra el proyecto mine-

    ro Tambogrande, que pretendi explotar un yacimiento polimetlicobajo el pueblo del mismo nombre y prximo al valle agrcola de San

    Lorenzo, uno de los ms ricos de Piura. Ms all del rea de la regin,

    el tema interesa al gobierno central, a mltiples colectivos empresaria-

    les y tambin a grupos de defensores de derechos humanos y grupos

    ecologistas en el mbito nacional, pero tambin en mbitos globales.

    Y es que las consecuencias de la explotacin del yacimiento van

    mucho ms all de la implementacin y el desarrollo de una mina a

    tajo abierto en la sierra de Piura. Por el desarrollo del conflicto y lasposiciones y accionar de diversos actores involucrados, el tema Majaz

    es slo una escaramuza o una batalla en la disputa mayor sobre la

    posibilidad o no de desarrollar actividad minera, o si se quiere, de

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